Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2023-00593-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2023-00593-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2023-00593-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
24 de agosto de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 76001-23-33-000-2023-00593-01 (72.965)
Demandante: AREAM JOHNY MOLANO
Demandado: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI Y OTROS
Medio de control: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES
COLECTIVOS
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – MORALIDAD
ADMINISTRATIVA – SEGURIDAD PÚBLICA – DEFENSA
DEL PATRIMONIO PÚBLICO
Síntesis del caso: la demanda busca que se declare la vulneración de los derechos colectivos a
la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de
uso público; la defensa del patrimonio público y, la seguridad pública por la omisión de las
entidades públicas demandadas por no poner en marcha, de manera oportuna, programas y
procedimientos de seguridad adecuados y suficientes. El Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y, por lo tanto, amparó el interés
colectivo a la seguridad pública. Apelan la parte actora y el distrito de Santiago de Cali. Se
adiciona la decisión impugnada para confirmar el amparo del derecho colectivo y las órdenes
impartidas pero, adicionalmente, se integra el comité de verificación.
Temas: medio de control de protección de derechos e intereses colectivos – moralidad
administrativa – defensa del patrimonio público – seguridad pública – cámaras de videovigilancia.
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y el
demandado, Distrito de Santiago de Cali en contra de la sentencia de 23 de abril de 2025
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que resolvió:
“FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho colectivo a la seguridad pública, para lo cual
se ordena al Distrito de Santiago de Cali que en la siguientes anualidades
incluya dentro del presupuesto, el rubro correspondiente al monto que se
destinará al circuito de videovigilancia en la ciudad, incluyendo a la apropiación
para adelantar un estudio que establezca los sitios neurálgicos en donde deben
estar ubicadas, el número faltante para cubrir las vías de la ciudad y de cada
comuna, los sitios de interés cultural y de afluencia masiva, las cualidades
específicas del circuito de vigilancia (cámaras de seguridad solar para
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Expediente: 76001-23-33-000-2023-00593-01 (72.965)
Demandante: Arean Johny Molano
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Apelación de sentencia
exteriores con reconocimiento facial, con visión nocturna a color, domo o
rotación de 360 grados, solares, inalámbricas, detención humana pir, con o sin
batería, fijas, memorias de grabación, monitoreo 24 horas, requisitos del
sistema operativo y demás especificaciones de última tecnología), el cual
deberá ser efectuado directamente por el Distrito o a través de un contratista
consultor que seleccione para esos fines. Para el efecto se confiere el plazo de
un (1) año a partir de la ejecutoria de la presente providencia, para que el
Distrito de Santiago de Cali inicie los estudios o la consultoría así a fin de
actualizar, reparar, adecuar y complementar el circuito de videovigilancia en la
Ciudad conforme a los estándares internacionales. Para la implementar (sic)
el nuevo sistema de cámaras se seguridad de la ciudad se le concede el
término de tres (3) años una vez culminado los estudios y finalizado el termino
de selección del contratista por licitación pública.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: SIN condena en costas en esta instancia.
QUINTO. INFORMAR a las partes que el canal oficial para recibir memoriales y
escritos será la VENTANILLA VIRTUAL de SAMAI, como se explica en el
capítulo de publicidad de esta providencia”. (índice 59 SAMAI, primera instancia
– negrillas y mayúsculas fijas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 18 de agosto de 2023, el ciudadano Arean Johny Molano
presentó demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de protección de los
derechos e intereses colectivos para que se amparen la moralidad administrativa, el goce
del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; la defensa del
patrimonio público y, la seguridad pública previstos en los literales b), d) e) y g) del artículo
4 de la Ley 472 de 1998, respectivamente y, por lo tanto, se acceda a las siguientes
súplicas:
“PRIMERA. Que se declare responsable de la falla del servicio a la alcaldía del
distrito de Santiago de Cali y a la Policía Nacional sobre la dotación de cámaras
de seguridad de la población del distrito de Cali e incluido el personal de la
Policía para el transporte masivo, ya que como entidades deben actuar
conjuntamente y tienen obligaciones constitucionales bajo el principio de
comunicación armónica (sic).
SEGUNDA. Se declare la responsabilidad por falla de la moralidad
administrativa sobre el manejo de los dineros destinados y recaudados para la
inversión en cámaras de vigilancia e infraestructura para la seguridad y
vigilancia por parte de la Policía, la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali,
la Gobernación del Valle del Cauca frente a la moralidad administrativa por la
destinación de los recursos sobre la tasa de seguridad frente a las políticas
sobre la REDUCCIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGURIDAD – continuidad
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Expediente: 76001-23-33-000-2023-00593-01 (72.965)
Demandante: Arean Johny Molano
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de los programas y operaciones tendientes a reducir los riesgos de los sectores
más vulnerables y peligrosos de Cali y la falta de inversión de las cámaras de
seguridad.
TERCERA. En ese orden de ideas, en el caso concreto se acredita una omisión
de las entidades demandadas al momento de los hechos, la amenaza y
vulneración del derecho o interés colectivo a la seguridad, y una relación de
causalidad entre la omisión y la afectación de dicho derecho, demostrada en el
presente proceso por no existir coherencia entre las entidades para
salvaguardar los derechos de los administrados a la seguridad pública y a la
eficiente aplicación de la política pública de seguridad.
CUARTA. Solicito se designe una agencia especial de la Procuraduría y la
Contraloría para la revisión de los destinos de los recursos destinados a la
infraestructura de la seguridad y monitorización de las cámaras en tiempo real
del distrito de Cali.
QUINTA. Solicito señor Juez se sirva reconocer en calidad de demandado el
amparo de pobreza por la magnitud de esta acción constitucional y por carecer
de los recursos económicos propios para subsidiarla.
SEXTA. Solicitamos se ordene por parte del juez como prueba anticipada los
datos de monitorización y cámaras de seguridad informando su estado,
antigüedad y su necesidad de cambio de tecnología.
SÉPTIMA. Solicitamos se ordene como medidas previas el fortalecimiento con
efectivos de las Fuerzas Militares para brindar apoyo en la vigilancia del distrito
de Agua Blanca y Siloé siendo las zonas con más problemas de seguridad.
OCTAVA. Solicitamos se prohíba la permanencia de más de 3 meses la
internación de privados de la libertad en estaciones de la Policía Nacional, ya
que por mandato constitucional se ha evidenciado el estado de
inconstitucionalidad sobre estas reclusiones y así se libere al personal de la
Policía Nacional que debe estar protegiendo a la sociedad civil.
NOVENA. Solicitamos el uso de drones para apoyar la vigilancia en las
comunas, instalación de alarmas comunitarias en conexión con las estaciones
de Policía.
DÉCIMA. Solicitamos que se realice una agencia especial por parte de la
Procuraduría y la Contraloría al plan Neón y cuáles son sus debilidades y cuánto
cuesta a los contribuyentes.
DÉCIMA PRIMERA. Solicitamos que se declare la falta al principio de la
moralidad administrativa en el manejo de los recursos de la seguridad de Cali”
(índice 2 SAMAI – negrillas y mayúsculas sostenidas del original)1.
2. Hechos
Como fundamento fáctico la parte actora expuso, en síntesis, lo siguiente:
1) El problema de inseguridad del Distrito de Santiago de Cali (Valle del Cauca) se ve
agravado por la omisión de las entidades públicas demandadas por el hecho de no poner
1 Archivo: “6ED_001_ED_01PRIMERAINST(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
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en marcha, de manera oportuna, programas y procedimientos de seguridad adecuados y
suficientes en la ciudad.
2) La Defensoría del Pueblo ha advertido que la ciudad es un epicentro de operaciones
y actividades ilícitas como el lavado de activos de los grupos de delincuencia organizada
y del narcotráfico, así como también la actividad de préstamo económico denominado
“gota a gota”.
3) De las 1745 cámaras de seguridad existentes en la entidad territorial tan solo 510 están
en funcionamiento, es decir, el 26%, lo que genera una ceguera institucional que dinamiza
el crimen en la ciudad; igualmente, la ausencia de estructuración de cámaras y de
dispositivos de vigilancia de última tecnología permite inferir que la política de seguridad
del distrito no es acorde ni corresponde al nivel de ingresos que percibe la Gobernación
del Valle del Cauca por el cobro de la tasa de seguridad pública desde el año 2017.
3. El trámite de primera instancia y contestaciones de la demanda
Por auto del 1º de septiembre de 2023 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas (índice 2 SAMAI)2.
3.1 Policía Nacional
Se opuso a las pretensiones formuladas por el actor popular (índice 2 SAMAI)3, adujo
que ha cumplido con todas sus obligaciones institucionales con los recursos
presupuestales, técnicos, tecnológicos y humanos asignados para tal efecto, por lo cual
considera que no se le puede atribuir una omisión en relación con sus deberes
constitucionales; agregó que en el distrito de Santiago de Cali ha adelantado labores de
patrullaje, control, prevención y atención de motivos de policía en toda la jurisdicción del
área metropolitana de conformidad con la obligación prevista en el artículo 218 de la
Constitución Política y las Leyes 62 de 1993 y 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía
y Convivencia.
3.2 Santiago de Cali Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y
de Servicios
2 Archivo: “8ED_003_AUTOADMITEDEMAND(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
3 Archivo: “15ED_010_MemorialWeb_Cont(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
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La entidad impugnó las súplicas de la demanda (índice 2 SAMAI)4para lo cual propuso
las excepciones de (i) “inexistencia de vulneración a los derechos e intereses colectivos”
y (ii) “falta de legitimación en la causa por pasiva” por no ser la entidad responsable de la
actividad operativa de la seguridad reclamada; puntualizó que sí ha desplegado una
gestión activa y eficiente en materia de seguridad con lo cual se descarta cualquier
omisión que configure la vulneración alegada; asimismo, manifestó que la garantía de la
seguridad corresponde primordialmente a la Policía Nacional, institución de naturaleza
jurídica distinta al distrito y sobre cuya actividad operativa este no tiene injerencia;
igualmente, invocó el principio de relatividad de la falla del servicio, pues, en su criterio,
el Estado no es un “asegurador general” contra todo daño y sus deberes de protección
encuentran límite en los recursos materiales y humanos disponibles; finalmente, sobre la
moralidad administrativa, con apoyo en la sentencia C-643 de 2012 de la Corte
Constitucional y la jurisprudencia de esta corporación, señaló que su vulneración exige
demostrar una desviación en el ejercicio de la función pública que lesione el principio de
legalidad y favorezca a un servidor o a un tercero, elementos que el demandante no
acredita en este caso concreto.
De otra parte, estimó que el sustento fáctico de las pretensiones no son más que
apreciaciones subjetivas del demandante y enumeró las medidas que actualmente ha
adoptado para solventar ese problema, como es la intervención de estaciones y
subestaciones de policía, así como también la coordinación con diferentes entidades
(INPEC, MINJUSTICIA), para mejorar la infraestructura carcelaria; asimismo, informó las
gestiones realizadas en desarrollo del denominado plan Neón, el cual tiene como objetivo
la disuasión y control en las noches a través de operativos conjuntos mediante la
microfocalización, generando percepción de seguridad los fines de semana.
3.3 Departamento del Valle del Cauca
Esta otra entidad territorial, por su parte, sostiene que ha cumplido a cabalidad todas sus
obligaciones constitucionales y legales y que no ha vulnerado ningún derecho colectivo
por acción o por omisión (índice 2 SAMAI) 5; explicó que la tasa especial de seguridad y
convivencia ciudadana adoptada mediante las Ordenanzas nos. 425 de 2016 y 474 de
2017 nutre el Fondo Cuenta Territorial de Seguridad (FONSET) de carácter
departamental -no exclusivo del distrito de Cali-, y que sus parámetros de inversión se
4 Archivo: “20ed_013_memorialweb_cont(.pdf) nroactua 2”.
5 Archivo: “41ED_037_CONTESTACIONDEDE(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
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rigen por el artículo 119 de la Ley 418 de 1997; respecto de la información específica
sobre número, estado y ubicación de las cámaras y demás dispositivos electrónicos
invocó la reserva de la información pública relativa a la seguridad prevista en el literal b)
del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, en tanto que entregar esos datos comprometería
la seguridad pública; añadió que la dirección y el control de la seguridad de la población
en cada municipio corresponde a los alcaldes de acuerdo con el numeral 2 del artículo
315 de la Constitución Política, por lo cual el departamento no es competente para
informar sobre el estado de los dispositivos instalados en los municipios, circunstancia
por la cual no está legitimado en la causa por pasiva.
4. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en providencia del 23 de abril de 2025
(índice 2 SAMAI)6 accedió parcialmente a las súplicas de la demanda con base en el
siguiente razonamiento:
1) En cuanto a la moralidad administrativa es evidente que no se cumple con la
acreditación del elemento objetivo consistente en la trasgresión del ordenamiento jurídico
aplicable, pues, las entidades responsables de la seguridad en Santiago de Cali
demuestran una articulación en el manejo de los recursos humanos, asistenciales y
económicos que integran el plan de seguridad distrital.
2) Sin perjuicio de lo anterior, el acervo probatorio permite establecer que existe un déficit
de 224 efectivos policiales y que de la totalidad de las cámaras de vigilancia instaladas
en el distrito especial de Santiago de Cali solo operan el 80.5%, por lo que actualmente
la administración adelanta varios procesos contractuales para el mantenimiento y gestión
del sistema de videovigilancia, lo mismo que inversiones por un valor de $65.490´230.125
en materia de seguridad, y de mantenimiento de estaciones y subestaciones de policía;
en ese contexto fáctico y probatorio no es posible afirmar que la violación de los derechos
colectivos invocados tenga génesis en alguna actuación u omisión de las entidades
accionadas, más aún si del Estado no se puede predicar las características de
omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia ya que, respecto de este también es
predicable el aforismo “ad imposibilium nulla obligatio”, esto es, que a lo imposible nadie
está obligado.
6 Archivo: “80ED_076Sentenciadepr_084(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
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3) Ahora bien, lo que sí se demostró son las falencias estructurales en la implementación
del circuito de cámaras de vigilancia en el distrito especial de Santiago de Cali debido a
que, como se indicó, su operatividad es solo del 80.5% con un cubrimiento insuficiente
en atención al crecimiento de los índices delictivos.
4) En ese orden de ideas, se confiere un plazo de un año (1) para que el distrito especial
de Santiago de Cali inicie los estudios necesarios con el fin de actualizar, reparar, adecuar
y complementar el circuito de videovigilancia de la ciudad de conformidad con estándares
internacionales; de otra parte, para implementar el nuevo sistema de cámaras de
seguridad se otorga un plazo máximo de tres (3) años una vez finalizados los respectivos
estudios y concluido el proceso de selección del contratista.
5) Finalmente, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 se advierte que
está acreditada la falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento del Valle
del Cauca por no ser la entidad pública encargada de la seguridad en el distrito de
Santiago de Cali.
5. Los recursos de apelación
Inconformes con la decisión, la parte actora y el distrito de Santiago de Cali interpusieron
sendos recursos de apelación (índice 2 SAMAI)7 los cuales fueron concedidos por auto
del 12 de mayo de 2025 (índice 2 SAMAI)8.
5.1 Parte actora
El actor popular cuestiona tres aspectos de la decisión de primera instancia: (i)
abstenerse de condenar en costas y en agencias en derecho, a pesar de que el distrito
demandado fue vencido en juicio, motivo por el cual se desconoció el contenido y alcance
del artículo 365 del CGP; (ii) el hecho de haber guardado silencio frente a la petición de
intervención -a través de agencias especiales- de la Procuraduría General de la Nación
y la Contraloría General de la República, en desatención de lo previsto en los artículos
34 y 40 de la Ley 472 de 1998 y, (iii) no realizar una valoración integral, profunda y
7 Archivos: “81ED_077_MemorialWeb_Recu(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2” y
“83ED_078_MemorialWeb_Recu(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
8 Archivo: “3ED_87_Autoconcedeap_266(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
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coherente del acervo probatorio, lo cual hubiese permitido ordenar medidas eficientes y
estructurales tendientes a garantizar el pleno goce de los derechos colectivos.
5.2 Distrito Especial de Santiago de Cali
La entidad territorial controvierte la decisión de primera instancia, para lo cual aduce que
se desconocieron todas las acciones y actuaciones desplegadas por el distrito a través
de sus diferentes organismos para fortalecer la seguridad de la población, así como
también el sistema de videovigilancia; agregó que la orden de adelantar una consultoría
que realice un estudio de análisis situacional y estrategias de seguridad y ubicación del
sistema de video vigilancia resulta innecesario toda vez que para ello se cuenta con
instancias locales gubernamentales y de policía que realizan las labores analíticas y de
fortalecimiento de las zonas críticas; asimismo, aceptó que a pesar de los múltiples
esfuerzos tanto de la Policía como del propio distrito el sistema presenta fallas, en tanto
que la ciudad tiene un tendido de fibra que no tiene una planimetría o diseño de red que
permita conocer el estado real de la fibra ni su trazado, lo que dificulta ampliamente poder
realizar el mantenimiento correctivo y preventivo.
6. Trámite del recurso
Por auto de 24 de julio de 2026 (índice 9 SAMAI) se admitieron los recursos de apelación
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 472 de 1998, y 321 y 327
del CGP.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis de
las impugnaciones, 3) conclusión y, 4) condena en costas en segunda instancia.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
El centro de la discusión planteada consiste en determinar si el distrito especial de
Santiago de Cali ha lesionado o vulnerado el derecho a la seguridad pública como lo
concluyó el tribunal de primera instancia y, por lo tanto, si es procedente confirmar o
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modificar las medidas adoptadas por el a quo para amparar la protección del referido
interés colectivo; de igual manera, en caso de que se confirme la decisión apelada, la
Sala deberá establecer si era procedente la solicitud de intervención especial de la
Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República elevada
por la parte actora, lo mismo que la condena en costas que se reclama con el recurso de
apelación.
La Sala confirmará la decisión de primera instancia que amparó el derecho colectivo a la
seguridad pública por cuanto se estableció y, además, fue aceptado expresamente por
la entidad territorial de Santiago de Cali, que existen falencias en el sistema de
videovigilancia de la ciudad las cuales denotan una amenaza y vulneración al referido
interés colectivo; de otra parte, la adicionará para ordenar la integración del comité de
verificación, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472 de 1998.
2. Análisis de las impugnaciones
1) El medio de control judicial de protección de derechos e intereses colectivos tiene como
propósito el amparo de los derechos o intereses colectivos, esto es, aquellos derechos
que se radican en cabeza de todos los integrantes de la sociedad o frente a grupos
sociales específicos y determinados, es decir, que no son derechos individuales o
particulares.
En ese orden de ideas, la acción popular -ahora denominado medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos- procura evitar el daño contingente, hacer
cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio que recae, precisamente, sobre
un derecho o interés de naturaleza colectiva.
2) En este caso concreto, la parte actora alegó la violación del derecho colectivo regulado
en el literal g) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, es decir, la seguridad y salubridad
públicas; es particularmente relevante advertir que este interés colectivo para el caso de
la seguridad pública consiste en la prevención de delitos, de contravenciones, de
accidentes naturales y de calamidades humanas, en tanto que en el caso de la salubridad
pública la garantía recae o versa sobre la vida, la salud y la integridad psicofísica de los
ciudadanos.
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Apelación de sentencia
En esa perspectiva, los referidos derechos colectivos hacen parte integral de la noción
de orden público entendido este como el conjunto de condiciones de seguridad,
tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general, la satisfacción del interés
general y el goce efectivo de los derechos de las personas9.
Por consiguiente, el interés colectivo materia de análisis exige que el Estado adelante
una labor preventiva que haga efectivas las condiciones de seguridad y de tranquilidad
de los asociados, en orden a salvaguardar la vida, integridad y bienes de los ciudadanos
(artículo 2º CP).
3) En este caso concreto, el distrito de Santiago de Cali sostiene en el recurso de
apelación (i) que ha adelantado diferentes acciones encaminadas a fortalecer la
seguridad de la población, al igual que el sistema de videovigilancia de la ciudad; (ii) que
la orden de adelantar una consultoría para que se realice un estudio de análisis
situacional y estrategias de seguridad y ubicación del sistema de videovigilancia resulta
innecesaria, y, finalmente, (iii) que a pesar de los múltiples esfuerzos tanto de la Policía
como del propio distrito el sistema de cámaras de video presenta fallas, en tanto que no
se cuenta con la planimetría o el diseño de red que permita conocer el estado real de la
fibra ni su trazado.
4) La Secretaría de Seguridad y Justicia del distrito especial de Santiago de Cali a través
del oficio no. 4161.040.13.1.953.000242 del 18 de marzo de 2024 (índice 2 SAMAI)10
informó que la funcionalidad de las cámaras de videovigilancia de esa entidad territorial
asciende al 80.5%, para un total de 1977 cámaras distribuidas entre las 22 comunas que
integran la ciudad; asimismo, con dicho documento se entregaron las cifras de homicidios
y hurtos cometidos durante el año 2023 para un total de 1.013 y 13.894, respectivamente;
con fundamento en el anterior medio de convicción el tribunal de primera instancia
amparó el derecho colectivo a la seguridad pública sobre la base de considerar que
existen fallas estructurales en el sistema de videovigilancia.
Sobre este punto, es particularmente relevante advertir que el distrito demandado en el
recurso de apelación lejos de cuestionar la conclusión del a quo aceptó, expresa e
inequívocamente, que existen problemas en el sistema de cámaras de videovigilancia,
por cuanto la ciudad tiene un tendido de fibra que no tiene una planimetría o diseño de
9 Cf. Corte Constitucional, sentencia C-825 de 2004, MP Rodrigo Uprimny Yepes (E).
10 Archivo: “42ED_037_MemorialWeb_Anex(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
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red que permita conocer el estado real de la fibra ni su trazado, lo cual dificulta poder
realizar el mantenimiento correctivo y preventivo.
5) En ese contexto fáctico y probatorio, la Sala precisa que sí está demostrada la
amenaza del derecho colectivo a la seguridad pública, en tanto que la ciudad no cuenta
con una planimetría ni diseño de red que permita conocer el estado real de la red de
videovigilancia, así como tampoco se tiene información detallada que permita intervenir
en labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras, circunstancia que
puede explicar la razón por la cual el porcentaje de funcionalidad de esos instrumentos
de seguridad es del 80.5%.
La Sala pone de presente que las pruebas aportadas por el distrito demandado permiten
inferir que ha celebrado distintos contratos para el fortalecimiento de los planes de
seguridad ciudadana (v gr Plan Neón); sin embargo, el recurso de apelación se
circunscribió a cuestionar o censurar la decisión del tribunal de amparar la seguridad
pública por el hecho del estado del sistema de cámaras de seguridad en la entidad
territorial.
6) En ese entendimiento, la Sala confirmará la sentencia apelada que amparó el derecho
colectivo a la seguridad pública, así como también la orden impartida para que se
adelanten los estudios y procedimientos de selección contractual idóneos y necesarios
para actualizar, reparar, adecuar y complementar el circuito de videovigilancia del distrito,
toda vez que los medios de convicción aportados demuestran que las cámaras de
seguridad no tienen una cobertura del cien por ciento (100%) y, además, que no existe
un diseño de la red que permita ejecutar actividades de mantenimiento preventivo y
correctivo.
7) Por su parte, el ciudadano actor del proceso impugnó la decisión de primera instancia
con el propósito que (i) se condene en costas y agencias en derecho; (ii) se ordene una
agencia especial a cargo de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría
General de la República de acuerdo con lo previsto en los artículos 34 y 40 de la Ley 472
de 1998 y, (iii) se realice una valoración integral, profunda y coherente del acervo
probatorio, para ordenar medidas eficientes y estructurales tendientes a garantizar el
pleno goce de los derechos colectivos.
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Expediente: 76001-23-33-000-2023-00593-01 (72.965)
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Apelación de sentencia
8) En primer lugar, es oportuno indicar que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
de esta Corporación, a través de la Sala 27 Especial de Decisión, unificó jurisprudencia
en relación con la condena en costas en este tipo de asuntos y procesos en los siguientes
términos11:
“PRIMERO: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar el alcance de la interpretación del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y
su armonización con las disposiciones que regulan el reconocimiento, la
condena y la liquidación de las costas, así:
2.1 El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las
costas procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte
demandada, siempre que la sentencia le resulte favorable a las
pretensiones protectorias de los derechos colectivos, y la condena en
costas, a la luz del artículo 361 del Código General del proceso, incorpora
tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el de las
agencias en derecho.
2.2 También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en los
componentes de expensas y gastos procesales y de agencias en derecho,
cuando haya obrado con temeridad o mala fe. En este último evento, también
habrá lugar a condenarlo al pago de la multa prevista en la disposición 38
ibidem.
2.3 Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo del
actor popular, cuando este último actuó temerariamente o de mala fe, caso en
el cual también habrá lugar a imponer la multa prevista en el artículo 38 de la
Ley 472 de 1998. No hay lugar a condenarlo cuando la demanda le sea decidida
en contra. En este evento la condena en costas sólo admite el reconocimiento
de los honorarios y de las expensas, pues al tenor del artículo 364 del Código
general del Proceso, es claro que las agencias en derecho no corresponden a
los honorarios a los que se refiere la norma, pues ellos se señalan- n relación
con los auxiliares de la justicia.
2.4 Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, armonizado con
el artículo 361 del Código General del Proceso, en las acciones populares la
condena en costas a favor del actor popular incluye las expensas, gastos y
agencias en derecho con independencia de que la parte actora haya promovido
y/o concurrido al proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho
directamente.
2.5 En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas
procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las
agencias en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte
demandada, la condena se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo
365 del Código General del Proceso, de forma que sólo se condenará al pago
de aquellas que se encuentren causadas y se liquidarán en la medida de su
comprobación, conforme con lo previsto en el artículo 366 del Código general
del Proceso.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, sentencia
del 6 de agosto de 2019, exp. 15001-33-33-007-2017-00036-01, MP Rocío Araújo Oñate.
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Expediente: 76001-23-33-000-2023-00593-01 (72.965)
Demandante: Arean Johny Molano
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Apelación de sentencia
2.6 Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además,
la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el actor popular,
con independencia de si actuó directamente o mediante apoderado, u otras
circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”
(destaca la Sala).
Así las cosas, erró el tribunal de primera instancia al aplicar el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011 (CPACA) para definir si era o no procedente la condena en costas por tratarse
de un asunto en el cual se ventila un interés público; sin perjuicio de lo anterior, la Sala
se abstendrá de condenar en costas con apoyo en el siguiente razonamiento:
a) El artículo 38 de la Ley 472 de 1998, norma especial y preferente12, regula
expresamente la materia de la condena en costas en las acciones populares, así:
“ARTÍCULO 38. COSTAS. El juez aplicará las normas de procedimiento civil
relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los
honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción
presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las
partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos
mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que
haya lugar”.
b) Como se indicó previamente, la sentencia de unificación aplicable determinó lo
siguiente en relación con el contenido y alcance de la referida disposición en aquellas
hipótesis en las cuales se accede a las pretensiones de la demanda:
“2.1 El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las
costas procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte
demandada, siempre que la sentencia le resulte favorable a las
pretensiones protectorias de los derechos colectivos, y la condena en
costas, a la luz del artículo 361 del Código General del proceso, incorpora
tanto el concepto de expensas y gastos procesales como el de las
agencias en derecho.
2.2 También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en los
componentes de expensas y gastos procesales y de agencias en derecho,
cuando haya obrado con temeridad o mala fe. En este último evento, también
habrá lugar a condenarlo al pago de la multa prevista en la disposición 38
ibidem.
(…)” (resaltado adicional).
12 Por aplicación de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 57 de 1887.
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c) La remisión de la Ley 472 de 1998 no es al Decreto-ley 01 de 1984 (CCA) ni a la Ley
1437 de 2011 (CPACA) sino a las normas de la Ley 1564 de 2012 (Código General del
Proceso), motivo por el cual para definir la condena en costas son aplicables los artículos
361, 365 y 366 del CGP.
d) El artículo 361 del CGP prevé que las costas están integradas por la totalidad de
expensas y gastos sufragados durante el proceso, lo mismo que por las agencias en
derecho.
e) De otra parte, el artículo 365 ibidem preceptúa lo siguiente:
“ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las
actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en
costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable
un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o
de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad
o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio
lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior,
la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá
abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial,
expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez
los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al
respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada
uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán
por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación.
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9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los
casos de desistimiento o transacción” (negrillas adicionales).
f) En el asunto materia de análisis, la Sala se abstendrá de condenar en costas en favor
de la parte actora, por cuanto se configuran varios de los supuestos regulados por el
legislador que permiten arribar a esa conclusión; en primer término, el numeral 5 del
artículo 365 del CGP dispone que el juez podrá prescindir de la condena en costas
cuando la demanda prospera de manera parcial, tal como ocurrió en este proceso, pues,
de los cuatro (4) derechos colectivos alegados en la demanda solo se amparó uno de
ellos, específicamente, la seguridad pública; en segundo lugar, el tribunal de primera
instancia advirtió que el distrito de Santiago de Cali ha adelantado varias acciones y
conductas tendientes a la protección de los intereses colectivos cuya protección fue
reclamada, incluida la seguridad pública, por manera que el acceso a las súplicas de la
demanda se circunscribió a los problemas acreditados con la infraestructura y
operatividad de las cámaras de videovigilancia y, finalmente, en el expediente no hay
prueba de que se hayan causado gastos que debieran ser sufragados por la parte actora.
9) Igualmente, la parte actora controvierte la sentencia de primera instancia por el hecho
de no haber ordenado una intervención o agencia especial de la Procuraduría General
de la Nación y de la Contraloría General de la República dentro de las órdenes impartidas
en la sentencia encaminadas a salvaguardar el derecho colectivo a la seguridad pública,
de conformidad con lo previsto en los artículos 34 y 40 de la Ley 472 de 1998.
Sobre este punto debe advertirse, en primer término, que el artículo 40 ibidem que
regulaba el incentivo económico en acciones populares fue derogado expresamente por
el artículo 1º de la Ley 1425 de 2010; adicionalmente, el artículo 34 de la misma
normatividad prevé que la sentencia que acoja las pretensiones podrá contener órdenes
de hacer o de no hacer con el fin de proteger el derecho colectivo o el interés colectivo
amenazado y prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones; sin embargo,
en este caso concreto la Sala no encuentra razones válidas y fundadas por las cuales
habría lugar a ordenar agencias especiales de los órganos de control para la protección
y salvaguarda de la seguridad pública.
Al propio tiempo, debe observarse que en este caso concreto no se demostró una
vulneración o amenaza de los derechos colectivos a la moralidad administrativa o al
patrimonio público, lo cual haría viable estudiar y analizar la procedencia de la petición
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del actor popular en aras de salvaguardar los principios de la función administrativa, y los
bienes y recursos públicos.
10) Por último, el tercer motivo de apelación tiene que ver con la supuesta falta de
valoración integral del acervo probatorio, lo que hubiera permitido adoptar medidas
eficientes y estructurales tendientes a garantizar el pleno goce de los derechos colectivos;
al respecto, la Sala pone de presente que el reproche o censura del actor popular es
abstracto y genérico, con lo cual no se cumple con una de las exigencias del artículo 320
del CGP13 -aplicable por la vía de la integración normativa de que trata el artículo 44 de
la Ley 472 de 199814 y el artículo 306 del CPACA15-, esto es, que se formulen reparos
concretos frente a la sentencia objeto de apelación.
En efecto, la parte actora no identificó ni explicó qué pruebas o medios de convicción se
dejaron de valorar por el a quo; tampoco justificó o señaló qué medidas más idóneas o
eficientes pudo haber adoptado el tribunal de primera instancia para conjurar la amenaza
o lesión del derecho colectivo amparado y, finalmente, no indicó si compartía o
discrepaba de la decisión del a quo de amparar única y exclusivamente el derecho e
interés colectivo a la seguridad pública.
En síntesis, no es factible estudiar ese reparo de la impugnación debido a su generalidad
y abstracción, pues, se insiste, el hecho de afirmar que se dejó de valorar el acervo
probatorio no supone un reproche concreto o específico que fije el derrotero del superior
y, por ende, el ámbito de su competencia.
11) De otra parte, la Sala advierte que el tribunal de primera instancia no constituyó el
comité de verificación establecido en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998; por tal motivo,
se adicionará la sentencia de primera instancia con ese propósito; en consecuencia, el
comité estará integrado por el magistrado ponente en primera instancia, el actor popular,
13 “ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. // Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya
sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 71”.
14 “ARTÍCULO 44. ASPECTOS NO REGULADOS. En los procesos por acciones populares se aplicarán
las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo dependiendo
de la jurisdicción que le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se
opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones”.
15 “ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
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el secretario de seguridad del Distrito de Santiago de Cali o quien haga sus veces y el
agente delegado del Ministerio Público en primera instancia.
3. Conclusión
La Sala adicionará la sentencia apelada que accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda de acción popular y, por lo tanto, amparó el derecho colectivo a la seguridad
pública por las fallas y problemas que fueron acreditados y aceptados expresamente por
el distrito de Santiago de Cali en relación con la infraestructura de la red de las cámaras
de videovigilancia, pues, se hace necesario mantener las órdenes impartidas pero,
además, integrar el comité de verificación del artículo 34 de la Ley 472 de 1998.
4. Condena en costas en segunda instancia
En los términos de los 38 de la Ley 472 de 1998 y 365 del CGP, la Sala se abstendrá de
condenar en costas en tanto que los dos extremos de la controversia impugnaron la
sentencia de primera instancia que será confirmada.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Adiciónase la sentencia proferida el 23 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia; en consecuencia
queda así:
“PRIMERO: Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones.
SEGUNDO: Amparar el derecho colectivo a la seguridad pública, para lo cual
se ordena al Distrito de Santiago de Cali que en la siguientes anualidades
incluya dentro del presupuesto, el rubro correspondiente al monto que se
destinará al circuito de videovigilancia en la ciudad, incluyendo a la apropiación
para adelantar un estudio que establezca los sitios neurálgicos en donde deben
estar ubicadas, el número faltante para cubrir las vías de la ciudad y de cada
comuna, los sitios de interés cultural y de afluencia masiva, las cualidades
específicas del circuito de vigilancia (cámaras de seguridad solar para
exteriores con reconocimiento facial, con visión nocturna a color, domo o
rotación de 360 grados, solares, inalámbricas, detención humana pir, con o sin
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Expediente: 76001-23-33-000-2023-00593-01 (72.965)
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batería, fijas, memorias de grabación, monitoreo 24 horas, requisitos del
sistema operativo y demás especificaciones de última tecnología), el cual
deberá ser efectuado directamente por el Distrito o a través de un contratista
consultor que seleccione para esos fines. Para el efecto se confiere el plazo de
un (1) año a partir de la ejecutoria de la presente providencia, para que el
Distrito de Santiago de Cali inicie los estudios o la consultoría así a fin de
actualizar, reparar, adecuar y complementar el circuito de videovigilancia en la
Ciudad conforme a los estándares internacionales. Para la implementación del
nuevo sistema de cámaras se seguridad de la ciudad se le concede el término
de tres (3) años una vez culminado los estudios y finalizado el termino de
selección del contratista por licitación pública.
TERCERO: Negar las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.
QUINTO. Informar a las partes que el canal oficial para recibir memoriales y
escritos será la ventanilla virtual de SAMAI, como se explica en el capítulo de
publicidad de esta providencia.
SEXTO. Integrar el comité de verificación del artículo 34 de la Ley 472 de 1998,
el cual estará conformado por el magistrado ponente de la decisión en primera
instancia, el actor popular, el secretario de seguridad del Distrito de Santiago de
Cali o quien haga sus veces y el agente delegado del Ministerio Público en
primera instancia.”
2º) Abstiénese de condenar en costas.
3º) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las
respectivas constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
Salvamento parcial de voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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