RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2023-00728-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00728-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00728-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y Colfondos S.A. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de octubre de 2023, por medio de cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Sandra Sofía Martínez Caicedo. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2023-00728-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

6 de marzo de 2025

Demandante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00728-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00728-01
Demandante: SANDRA SOFÍA MARTÍNEZ CAICEDO
Demandados: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTROS

Temas: Tutela de fondo. Estabilidad laboral reforzada. Confirma
negativa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 27 de octubre de 2023, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la acción de tutela
presentada por la accionante.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Sandra Sofía Martínez Caicedo, en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra la «JUEZ TERCERA PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADA DE
CALI y Coordinadora del CENTRO DE SERVICIOS DE LOS JUZGADOS
PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO de esta ciudad»2, con el fin de que
se protejan sus derechos fundamentales «AL DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO
POR ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA LIGADO A LA SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD, DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, MINIMO VITAL»3.

Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión al
nombramiento en propiedad que realizó la juez Tercera Penal del Circuito
Especializada de Cali, en el cargo de citador grado 3 del Centro de Servicios de
los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Cali que ella ocupaba en
provisionalidad, y desconocer la estabilidad laboral reforzada que adujo tener por
ser prepensionada.

1 Mediante escrito asignado por reparto al magistrado de la Sala de Decisión Penal del Tribunal

Superior de Distrito Judicial de Cali, doctor Orlando de Jesús Pérez Bedoya, autoridad judicial que
mediante auto de 18 de octubre de 2023 ordenó su remisión al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
2 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
3 Transcripción literal del texto original con posibles errores.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00728-01

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, AL
TRABAJO POR ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA LIGADO A LA
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, MINIMO
VITAL y demás derechos fundamentales conexos, pues me encuentro en situación
de vulnerabilidad manifiesta.

SEGUNDO: Disponer en un lapso perentorio el reintegro al cargo que venía
desempeñando o a otro igual o similar, cancelando los salarios y demás
prestaciones dejadas de recibir durante el retiro irregular y arbitrario, pues no medio
acto administrativo alguno para ello en un evidente abuso de la posición dominante.

TERCERO: Prevenir a la funcionaria accionada para que en adelante se abstenga
de incurrir en excesos de esta naturaleza.

CUARTO: Se allegue constancia del cumplimiento de la decisión y evitar así que
tramitar INCIDENTE DE DESACATO.

QUINTO: Determinar si lo decidido por la accionada - en ausencia de acto
administrativo - da lugar a solicitar a quien corresponda, el inicio de la acción
administrativa disciplinaria.4

1.3. Hechos

La accionante fundó su escrito de tutela, en síntesis, así:

Señaló que nació el 8 de octubre de 1965 y que desde febrero de 1998 se vinculó
a la Rama Judicial.

Expuso que el último cargo que ocupó fue el de citador grado 3, del Centro de
Servicios de los Juzgados Especializados de Cali, donde fungía como
coordinadora y jefe la señora Sandra Liliana Portilla López.

Destacó que de manera verbal la secretaria del juzgado le informó que a partir del
6 de septiembre de 2023 no podía continuar laborando en el mencionado cargo,
razón por la cual el 13 de septiembre siguiente radicó una petición, a través de la
cual solicitó lo siguiente:

PRIMERO. Hacerme entrega del acto administrativo por medio del cual se ordenó
mi desvinculación del cargo a partir del día miércoles 6 de septiembre de 2023,
pues a la fecha no he sido notificada formalmente y desconozco tal decisión. -
SEGUNDO. Certificar si tiene o no conocimiento de que cuento actualmente con
RESTRICCIONES LABORALES vigentes expedidas por el médico laboral de la
EPS COMFENALCO. -- TERCERO. Precisar si tenía o no conocimiento de mi
calidad de PRE PENSIONADA, con estabilidad laboral reforzada, no sólo por
asuntos de salud, sino también por contar con 25 años de servicio al Estado - Rama
Judicial - y haber nacido octubre 8 de 1965, es decir que tengo 57 años de edad. --
CUARTO. Tenía o no conocimiento de la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE
PRIMERA INSTANCIA en contra de PORVENIR S.A. Y COLPENSIONES E./.C.E.,
para la nulidad de traslado, proceso actualmente en trámite de segunda instancia
ante la SALA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI.5

4 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.
5 Transcripción de conformidad con el texto original, con posibles errores.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00728-01

Alegó que mediante oficio C.S.A. 429 de 25 de septiembre de 2023 se le informó
que no existía un acto administrativo emitido por la entidad, dado que la
culminación de su periodo laboral obedecía a la posesión en propiedad de la
persona que ganó el concurso de méritos.

Puso de presente que interpuso una acción de tutela para obtener su reintegro sin
solución de continuidad hasta tanto reuniera los requisitos de la pensión, en el
evento en el que alguien se posesionara en su cargo.

Comunicó que mediante la Resolución 011 de 21 de febrero de 2022, suscrita por
el juez coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados Especializados de
Cali de ese momento, el señor Hugo Fernando Rodríguez Escamilla, se le
concedió estabilidad laboral reforzada porque le faltaban menos de 3 años para
cumplir los requisitos de edad y semanas cotizadas para obtener el
reconocimiento de su derecho pensional.

Indicó que presentó una demanda laboral con el fin de obtener la nulidad del
traslado al régimen de ahorro individual y su consecuente reintegro al régimen de
prima media con prestación definida de la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones)6.

Explicó que el proceso correspondió por reparto al Juzgado Sexto Laboral del
Circuito Judicial de Cali, autoridad judicial que en sentencia de primera instancia
accedió a las súplicas de la demanda7.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada vulneró sus garantías
constitucionales, al despedirla sin que mediara un acto administrativo motivado y
al desconocer que tiene reconocida una situación de estabilidad laboral reforzada
por tener la calidad de prepensionada.

Explicó que no había podido solicitar el reconocimiento de su derecho pensional,
comoquiera que existía un proceso ordinario en curso para obtener su traslado a
la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Para fundamentar sus pretensiones, citó el artículo 12 de la Ley 790 de 2022, así
como apartes de la sentencia T-464 de 2019 de la Corte Constitucional,
relacionados con la estabilidad laboral reforzada y el deber de motivación de los
actos administrativos por medio de los cuales se desvincula a un funcionario.

Por último, señaló lo siguiente:

6 De conformidad con la consulta realizada en el Sistema de Consulta de Procesos Nacional
Unificada, se observa que a dicho proceso le correspondió el número de radicado 76001-31-05-
006-2022-00216-00.
7 Según se observa en el Sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada, el proceso

correspondió en segunda instancia al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, magistrado
ponente Álvaro Muñiz Afanador, autoridad judicial que en providencia de 30 de noviembre de 2023,
confirmó la decisión recurrida.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00728-01

Se tiene igualmente, que para la fecha en que me comunica verbalmente el despido
era de pleno conocimiento de la accionada que contaba con recomendaciones
laborales vigentes, expedidas Junio 30 de 2023 expedidas por el médico
especialista en seguridad y salud en el trabajo a través de mi EPS COMFENALCO
VALLE DE LA GENTE. Dichas recomendaciones fueron igualmente enviadas a mi
empleador.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 18 de octubre de 2023, la magistrada ponente del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca admitió la tutela de la referencia y ordenó la
notificación de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Administración
Judicial del Valle del Cauca, el Consejo Superior de la Judicatura del Valle del
Cauca8, la juez Tercera Penal del Circuito Especializada de Cali y del Centro de
Servicios de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cali, en calidad
de partes accionadas. Además, negó la medida provisional invocada por la parte
actora.

1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los
siguientes pronunciamientos:

1.6.1. Juez Tercera Penal del Circuito Especializada de Cali

La titular de ese despacho9, en primer lugar, indicó que esta es la segunda acción
de tutela10 que la accionante interpone con la pretensión de continuar laborando
en el cargo de citador grado 3 del Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cali, cuyo trámite correspondió
al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, bajo el radicado 76001-23-33-000-
2023-00584-0011.

Destacó que aunque la accionante trae a colación un hecho nuevo como lo es la
radicación de la petición de 13 de septiembre de 2023, lo cierto es que su
pretensión principal sigue siendo que se deje sin efectos el nombramiento en
propiedad en el cargo que ocupaba.

En ese sentido, consideró que la tutelante está incurriendo en temeridad y está
faltando a la verdad al jurar que no ha instaurado una acción constitucional por los
mismos hechos y al señalar que le faltan 100 semanas para cumplir con las 1.300,
comoquiera que en el primer trámite de tutela quedó probado que tiene 1.311
semanas cotizadas.

8 Notificado al correo ssadmvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9 Con funciones de juez coordinadora del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
Penales del Circuito Especializados de Cali.
10 La autoridad judicial informó que en sentencia de 1. ° de septiembre de 2023, el magistrado

Omar Edgar Borja Soto negó las pretensiones de la accionante.
11 Según se observa en el Sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada, el proceso

correspondió en segunda instancia a la Sección Primera del Consejo de Estado, autoridad judicial
que en providencia de 26 de octubre de 2023 revocó la decisión y, en su lugar, declaró la
improcedencia de la acción de tutela.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00728-01

Afirmó que en efecto en la historia laboral de la accionante obra la Resolución 011
de 21 de febrero del año 2022, proferida por el anterior juez coordinador, el señor
Hugo Fernando Rodríguez Escamilla, en el que se reconoció «EL DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL DE LA EMPLEADA SANDRA SOFÍA MARTÍNEZ
CAICEDO». Sin embargo, alegó que en ese acto administrativo no se dispuso «el
tiempo por el que estaría vigente, o las condiciones bajo las cuales permanecerían
o cesarían sus efectos».

Comentó que con el fin de determinar el tiempo por el cual se debía mantener la
protección que fue reconocida, mediante los oficios C.S.A. – 068 de 20 de febrero
y C.S.A. – 091 de 27 de febrero de 2023 le explicó a la actora la necesidad de
conocer su situación pensional actualizada, no obstante, se obtuvieron breves
respuestas en las que la tutelante aportó su historia clínica y un documento del
Juzgado Sexto Laboral del Circuito Judicial de Cali en el que se refiere a un
proceso que ella adelantaba para obtener la nulidad de su traslado a un fondo de
pensiones privado, pero nada dijo sobre las semanas cotizadas.

Manifestó que, ante el silencio de la actora, con los oficios C.S.A. 102 de 10 de
marzo de 2023 y C.S.A. 140 de 21 de marzo de 2023 puso en conocimiento del
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca la situación de la
accionante y, además, reportó la vacante que ella estaba ocupando en
provisionalidad; ante lo cual recibió como respuesta que el consejo no tiene
competencia para definir asuntos relacionados con la estabilidad laboral reforzada,
sino que ello compete al nominador.

Informó que la accionante interpuso una queja en su contra por un presunto acoso
laboral ante el Comité de Convivencia Laboral y que el 11 de mayo de 2023 se
celebró una audiencia en la que se informó sobre la referida situación.

Destacó que el 6 de junio de 2023 recibió el listado de elegibles conformado
mediante la Resolución CSJVAR23-547 de 26 de mayo de 2023 para que se
efectuara el nombramiento en carrera del citador.

Puso de presente que con la Resolución 016 de 20 de junio de 2023 se nombró a
la primera persona, el señor Jhon Gilberto Giraldo Rodríguez. Luego, por medio de
la Resolución 021 de 05 de junio de 2023 se revocó el primer nombramiento y se
nombró al segundo en la lista, el señor Andrés Alberto Parra Ortegón. Finalmente,
mediante la Resolución 029 de 11 de agosto de 2023 se revocó el último
nombramiento y se nombró a la tercera en la lista, la señora Maricela Moreno
Cortés.

Consideró que actuó conforme lo establece la Ley 270 de 1996 al tratar de
ponderar los derechos de la persona que goza de estabilidad laboral reforzada,
con el derecho al mérito. Por esta razón, pidió que se niegue el amparo de tutela,
comoquiera que no se ha desconocido ni vulnerado algún derecho fundamental de
la actora.

Por último, expresó lo siguiente:

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00728-01

Con lo acontecido, respetuosamente le indico que, en el eventual caso que su
Despacho considere viable ordenar el reintegro de la accionante en un cargo de
igual categoría o una mejor, esa facultad se halla única y exclusivamente en cabeza
del Consejo Seccional de la Judicatura, que ha sido conocedor de lo arriba narrado,
pues el C.S.A. cuenta solamente con tres cargos de Citador Grado 3, los cuales se
encuentran ocupados en propiedad, el último por la vacante tan discutida, donde se
posesionó desde el 06 de septiembre MARICELA MORENO CORTÉS identificada
con cédula de ciudadanía No. 1.107´049.837, a quien pido se vincule a la presente
acción constitucional, tal y como ocurrió con la anterior tutela, en la que al hacer el
ejercicio de ponderación entre sus derechos y los de la accionante, resultaron
privilegiados los de esta última funcionaria.

1.6.2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del
Cauca

La directora ejecutiva de esa Seccional solicitó que se le desvincule de la acción
constitucional, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

Sobre los hechos de la acción de tutela, informó que la señora Martínez Caicedo
estuvo nombrada en provisionalidad con la Rama Judicial hasta el 5 de septiembre
de 2023 y que su desvinculación se produjo por la aplicación de la lista de
elegibles, toda vez que se nombró en propiedad a la señora Maricela Moreno
Cortes mediante la Resolución 029 de 11 de agosto de 2023, quien se posesionó
a partir del 6 de septiembre de ese año.

Explicó que las funciones de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial se contraen a dar cumplimiento a los actos administrativos que emiten los
nominadores, por lo que corresponde a ellos la definición de las situaciones
administrativas, dentro de las cuales se encuentra la de reconocer estabilidad
laboral reforzada a los empleados en provisionalidad, como sucede en el presente
caso. En consecuencia, consideró que carece de competencia para decidir sobre
las pretensiones de la accionante.

De otro lado, pidió que no se tutelen los derechos fundamentales incoados por la
señora Martínez Caicedo, teniendo en cuenta que el nombramiento que reclama
es en provisionalidad y, en ese sentido, no se puede considerar que hay una
vulneración a sus garantías constitucionales por meras expectativas. Por ello,
alegó que la acción de tutela no es procedente para estudiar la terminación del
cargo en provisionalidad.

1.7. Sentencia de primera instancia

En providencia de 27 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca negó las pretensiones de la acción de tutela impetrada por la señora
Sandra Sofía Martínez Caicedo.

Como fundamento de la decisión, tuvo por probado que la accionante interpuso
una primera acción constitucional12 en la que esa misma Corporación encontró
que no tenía la calidad de prepensionada, dado que contaba con 57 años y con
más de 1.300 semanas de cotización ante Porvenir S.A.

12 A la que le correspondió el radicado 76001-23-33-000-2023-00584-00.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00728-01

Señaló que se encontraba demostrado que la coordinadora del Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados Penales Especializados de Cali actuó
conforme a las funciones que le fueron conferidas por la ley, al ponderar de
manera correcta los derechos de la accionante y los de la persona que debía
nombrarse en propiedad, para determinar que en el momento en el que se ofertó
el cargo que ocupada la tutelante ya no tenía el beneficio de la estabilidad laboral,
puesto que no era prepensionada.

Explicó que aunque la actora aún no contaba con su derecho pensional,
eventualmente podía acceder a la «pensión de garantía mínima de que trata el
artículo 65 en concordancia con el 35 de la Ley 100 de 1993, aplicable para el
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad RAIS».

Puso de presente que a la luz de la sentencia SU-897 de 2013 de la Corte
Constitucional, la accionante no era beneficiaria del retén social, puesto que a la
fecha de expedición de ese fallo cumplía con los requisitos para acceder a la
prestación de vejez.

Así mismo, dejó claro que si bien los hechos que originaban la acción de tutela
76001-23-33-000-2023-00584-00 eran similares a los de este proceso, lo cierto es
que las pretensiones eran diferentes, toda vez que en la primera se pidió que se
ordenara al Consejo Superior de la Judicatura del Valle del Cauca que se
abstuviera de posesionar en propiedad a la persona que ganó el concurso en el
empleo de citador grado 3 o, que en caso contrario, se le nombrara en un cargo de
igual o superior jerarquía mientras se le otorgaba su derecho pensional.

De otro lado, destacó lo siguiente:

Ahora bien, otra cosa es que la accionante pretenda seguir ocupando el cargo en
provisionalidad hasta que sea resuelta su demanda de nulidad del traslado de
afiliación del fondo privado al público, donde aspira retornar a Colpensiones. Dicha
situación no impide su desvinculación, puesto que su condición, no ha sido
señalada por la Corte Constitucional como merecedora de estabilidad reforzada
laboral, y por el contrario si generaría una vulneración al derecho fundamental al
trabajo que tiene la persona que ganó el concurso de méritos.

Por otra parte, se puede concluir que si la accionante logra trasladarse al régimen
de prima media – RAIS, a la fecha ya cuenta con más de 1.300 semanas de tal
manera que, conseguiría el respectivo derecho pensional al tener los dos requisitos
edad y número de semanas cotizadas.

Por último, accedió a la solicitud de desvinculación de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cali, puesto que sus funciones no
contemplan la de realizar los nombramientos de los servidores judiciales.

1.8. Impugnación

El 3 de noviembre de 202313, la tutelante impugnó la decisión de 27 de octubre de
2023 para que se revoque, puesto que desconoce sus derechos fundamentales.

13 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley

2591 de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 31 de octubre de
2023 y el recurso se interpuso el 3 de noviembre de ese mismo año.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00728-01

Al respecto, indicó que no comparte las razones del a quo constitucional para
negar el amparo, dado que a su juicio sí cuenta con estabilidad laboral reforzada,
pese a que para esa fecha cuenta con la edad y al parecer con las semanas de
cotización.

Lo anterior, lo fundamentó en que existe un proceso de nulidad de traslado
pendiente de ser resuelto por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali 14, por
lo que hasta que no se defina tal asunto y sea trasladada al régimen de prima
media con prestación definida no puede tramitar el reconocimiento de su pensión.

Alegó que en el fallo de primer grado no se estudió lo relacionado con su despido
indirecto, ante la falta de expedición de un acto administrativo de retiro por parte
de la juez coordinadora del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
Penales del Circuito Especializados de Cali, quien solo dio una orden a la
secretaria del juzgado para que le informara que «no regresara a la secretaría
común».

Resaltó que no cuenta con alguna investigación disciplinaria por faltar a sus
deberes y responsabilidades.

1.9. Trámite en segunda instancia

Mediante auto de 12 de febrero de 2025, el despacho sustanciador observó la
necesidad de adelantar algunas actuaciones procesales tendientes a vincular a
terceros con interés directo y a obtener información actualizada sobre los hechos
que dieron lugar a la presente acción de tutela15.

Por lo tanto, requirió a las partes y terceros interesados para que allegaran un
informe sobre las circunstancias actuales que rodean los hechos que
fundamentaron esta acción constitucional.

Así mismo, vinculó en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso,
a Porvenir S.A., a Colfondos, a la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) y a la señora Maricela Moreno Cortés, o a quien en la actualidad
ocupe en propiedad el cargo de citador grado 3 del Centro de Servicios de los
Juzgados Especializados de Cali, que ostentaba la señora Sandra Sofía Martínez
Caicedo.

Además, requirió a Porvenir S.A., a Colfondos, a la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones) y a la señora Sandra Sofía Martínez Caicedo para que
informaran si a la actora le había sido reconocida algún tipo de pensión o, en caso
negativo, para que allegaran el reporte de semanas cotizadas en pensiones de la
actora.

14 Para la Sala resulta oportuno señalar que para la fecha en la que la actora presentó la
impugnación se encontraba pendiente de resolver la segunda instancia del mencionado proceso
laboral. Sin embargo, según se observa en el Sistema de Consulta de Procesos Nacional
Unificada, mediante sentencia de 30 de noviembre de 2023 el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Cali confirmó la decisión recurrida.
15 Ello, en virtud de lo consagrado en los artículos 13 y 32 del Decreto 2591 de 1991 y a que el fallo

de primera instancia data del 27 de octubre de 2023, mientras que el expediente de tutela solo fue
remitido a esta Corporación hasta el 31 de enero de 2025.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00728-01

Igualmente, requirió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y a la Sección
Primera del Consejo de Estado para que remitieran copia digital del proceso
76001-23-33-000-2023-00584-00/01.

Finalmente, requirió al Juzgado Sexto Laboral del Circuito Judicial de Cali y al
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali para que remitieran copia digital del
proceso 76001-31-05-006-2022-00216-00/01.

1.10. Intervenciones

Realizadas las notificaciones correspondientes, se presentaron los siguientes
pronunciamientos:

1.10.1. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali

El magistrado sustanciador del proceso 76001-31-05-006-2022-00216-00/01
afirmó que no ha transgredido los derechos de la actora, dado que las decisiones
que se tomaron en el marco de esa demanda fueron dictadas con fundamento en
la ley y la jurisprudencia y con el soporte de los documentos que obraban en el
expediente, del cual allegó el enlace de consulta.

1.10.2. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Esta entidad remitió copia digital del proceso identificado con el radicado 76001-
23-33-000-2023-00584-00/01.

1.10.3. Sandra Sofía Martínez Caicedo

La accionante informó que hasta la fecha no recibe algún dinero por concepto
pensionales, dado que la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) le negó el reconocimiento de dicho derecho, para lo cual aportó
copia de la Resolución SUB 403693 de 20 de noviembre de 2024.

Alegó que la señora Sandra Liliana Portilla López afirmó que para el 6 de
septiembre de 2023 ella ya tenía satisfechos los requisitos para pensionarse, lo
que era equívoco porque, como lo mencionó previamente, la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) le indicó que no cuenta con las
semanas para el reconocimiento.

Recordó que a través de la Resolución 011 de 21 de febrero de 2022, que a su
juicio está vigente, el juez coordinador del Centro de Servicios Administrativos de
los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cali de ese momento le
reconoció estabilidad laboral reforzada, situación que fue desconocida por la
señora Sandra Liliana Portilla López.

Mencionó que en la actualidad su madre tiene demencia senil, su hermana tiene
cáncer en la cara y su esposo es una persona de la tercera edad con una falla
renal, todos ellos quienes dependen de su apoyo monetario. Así mismo, agregó
que estos aspectos han sido suplidos mínimamente por su hija, pero que ella es
una estudiante que también debe cumplir con sus propias deudas.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00728-01

Informó que contra la secretaria del Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cali, la señora María del Rosario
Colonia Miranda, interpuso una queja que en la actualidad se encuentra en
apelación ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Igualmente, explicó que contra la señora Sandra Liliana Portilla López presentó
una denuncia por prevaricato por acción y emisión de acto ilegal, toda vez que con
la expedición del acto administrativo de nombramiento de la señora Marcela
Moreno Cortés desconoció su situación de estabilidad laboral reforzada por
calidad de prepensionada y por razones de salud.

1.10.4. Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

La directora de Acciones Constitucionales de la sociedad solicitó que no se tutelen
los derechos fundamentales de la actora, dado que estos no han sido vulnerados
por esa entidad.

Informó que, en cumplimiento a lo dispuesto por el Juzgado Sexto Laboral del
Circuito Judicial de Cali, esa administradora de pensiones procedió a trasladar
todos los aportes y documentación de la tutelante a la Administradora Colombiana
de Pensiones (Colpensiones), por lo que en la actualidad la señora Martínez
Caicedo no se encuentra afiliada a Porvenir S.A.

Destacó que la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) es la
responsable de gestionar y garantizar la actualización de la historia laboral de la
actora y, en ese sentido, Porvenir S.A. no tiene legitimación en la causa por pasiva
para comparecer a este proceso.

1.10.5. Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca

El presidente de esa corporación solicitó que se confirme la sentencia de primera
instancia, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela, en
el sentido de precisar que la competencia para resolver las situaciones
administrativas frente a la aplicación de las listas de elegibles formuladas por el
Consejo Seccional de la Judicatura, corresponde a los nominadores de
conformidad con el artículo 131 de la Ley 270 de 1996.

De otro lado, citó la Circular CJC22-2 de 10 de febrero del 2022 dictada por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura en la que se señaló que «la decisión final sobre nombramiento en
propiedad en cada despacho corresponde exclusivamente a la autoridad
nominadora, así como también definir sobre las solicitudes de estabilidad laboral
reforzada de los empleados en provisionalidad, sin que en ello intervenga el
Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de la Carrera
Judicial o los Consejos Seccionales de la Judicatura».

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00728-01

Indicó que de conformidad con la información registrada en la Resolución 011 de
21 de febrero de 2022, así como con lo informado el 18 de febrero de 2025 por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, se puede inferir
que la accionante cuenta con 58 años y aproximadamente 1.307 semanas
cotizadas, por lo que cumple con las condiciones para ser pensionada.

1.10.6. Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

La directora de Acciones Constitucionales de la entidad solicitó la desvinculación
de la presente acción constitucional, al considerar que carece de legitimación en la
causa por pasiva, comoquiera que no es la competente para atender lo solicitado
por la accionante y en virtud a que no ha vulnerado sus derechos fundamentales.

Por otra parte, informó que mediante la Resolución SUB 436939 de 12 de
diciembre de 2024 se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución SUB 403693 de 20 de noviembre del 2024 y se decidió revocar la
resolución recurrida para, en su lugar, reconocer la pensión de vejez a la señora
Sandra Sofía Martínez Caicedo.

Así mismo, explicó lo siguiente:

Posteriormente mediante la SUB 446152 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2024, se
resuelve Reliquidar pensión de VEJEZ a favor de la señora MARTINEZ CAICEDO
SANDRA SOFIA, quedando en suspenso en cuanto a su ingreso a nómina hasta
tanto el pensionado allegue a esta entidad el acto administrativo de retiro definitivo
del servicio de la entidad pública con la que se encuentra activo.

1.10.7. Colfondos S.A.

El apoderado del fondo de pensiones pidió que se le desvincule del trámite
constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva y que se declare
la improcedencia de la acción de tutela, puesto que no es la llamada a resolver las
pretensiones de la tutelante.

Puso de presente que la señora Martínez Caicedo no se encuentra afiliada a ese
fondo, teniendo en cuenta que en el 2024 fue trasladada a la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

1.10.8. Maricela Moreno Cortés

La señora Moreno Cortés informó que el 6 de septiembre de 2023 se posesionó
como citador grado 3 en el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
Penales del Circuito Especializados de Cali, en virtud a que formó parte de la lista
de elegibles del concurso de méritos convocado mediante el Acuerdo CSJVAA 17-
71 de 6 de octubre de 2017. Así mismo, destacó que en la actualidad se encuentra
desempeñando dicho cargo.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00728-01

1.10.9. Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del
Circuito Especializados de Cali

La secretaria de dicha dependencia informó que a la fecha los hechos de la
presente acción constitucional no han sido modificados, toda vez que desde el 5
de septiembre de 2023 la accionante no labora allí, en virtud a que se hizo el
nombramiento en propiedad de la señora Maricela Moreno Cortés.

Además, agregó:

Se debe indicar que la accionante Sandra Sofia Martínez Caicedo, ocupaba en
provisionalidad 1 de los 3 cargos de citadores adscritos a este Centro de Servicios
especializados, pues los otros 2 cargos ya ostentan nombramiento en propiedad, y
por esta razón no procedía aplicar la lista de elegibles para esos cargos.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el
fallo de tutela de 27 de octubre de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991
y el 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
así como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado.

2.2. Cuestión previa

El Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., la Administradora Colombiana
de Pensiones (Colpensiones) y Colfondos S.A. solicitaron su desvinculación de la
presente acción constitucional al considerar que carecen de legitimación en la
causa por pasiva.

La Sala negará estas solicitudes, toda vez que dichas entidades fueron vinculadas
en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso, comoquiera que su
intervención resultaba necesaria para la verificación de los hechos traídos por la
accionante a este trámite constitucional.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 27 de octubre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, a través de la cual se negó el amparo solicitado por la señora
Sandra Sofía Martínez Caicedo.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela, (ii) la procedencia de la solicitud de amparo
frente a la estabilidad laboral reforzada, y (iii) el caso concreto.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00728-01

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable16.

2.5. Protección laboral constitucional por la calidad de prepensionados

La Corte Constitucional ha sido enfática en reiterar el amparo del cual gozan las
personas en situaciones particulares de protección por su condición vulnerable.

Al respecto, ha dicho que «[d]e los principios de igualdad y estabilidad en el
empleo –artículos 13 y 53 de la Carta– emana una protección preferente a favor
de los trabajadores que se hallan en estado de debilidad manifiesta, orientada a
conjurar los actos discriminatorios en su contra y a garantizarles cierto grado de
certidumbre en la ocupación a la cual se dedican».

Ahora bien, sobre la calidad de prepensionable, el alto tribunal de lo constitucional
en la sentencia SU-003 de 2018 unificó algunas reglas que se trascriben a
continuación:

59. Para la Sala Plena, con fines de unificación jurisprudencial, cuando el único
requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es el de edad, dado que se
acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de cotización, no hay
lugar a considerar que la persona es beneficiaria del fuero de estabilidad laboral
reforzada de prepensionable, dado que el requisito faltante de edad puede ser
cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente. En estos
casos, no se frustra el acceso a la pensión de vejez. Para fundamentar esta
segunda regla de unificación jurisprudencial se hace referencia a la
jurisprudencia constitucional que ha desarrollado la figura y a su finalidad
específica, en aras de determinar por qué, en el supuesto de unificación, no se
frustra el acceso a la pensión de vejez.
[…]

61. Así las cosas, en principio, acreditan la condición de “prepensionables” las
personas vinculadas laboralmente al sector público o privado, que están próximas
(dentro de los 3 años siguientes) a acreditar los dos requisitos necesarios para
obtener la pensión de vejez (la edad y el número de semanas -o tiempo de servicio-
requerido en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida o el capital
necesario en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad) y consolidar así su
derecho a la pensión.
[…]

16 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00728-01

64. En consecuencia, cuando el único requisito faltante para acceder a la pensión
de vejez es el de la edad, dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo
de semanas de cotización, en caso de desvinculación, no se frustra el acceso a la
pensión de vejez, de allí que no haya lugar a considerar que la persona sea
beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable, dado que
el requisito faltante, relativo a la edad, puede ser cumplido de manera posterior, con
o sin vinculación laboral vigente.

Ahora bien, sobre la competencia del Consejo Superior de la Judicatura y de los
Consejos Seccionales para resolver peticiones sobre el reconocimiento de la
estabilidad laboral, se observa que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado en el marco del conflicto de competencias identificado con el radicado
11001-03-06-000-2021-00183-00, dictó la providencia de 23 de febrero de 2022 en
la que determinó lo que se transcribe a continuación:

[…] el Consejo Superior de la Judicatura (Unidad de Administración de la Carrera
Judicial) o los consejos seccionales de la judicatura no tienen competencia o
injerencia alguna, en este caso, para responder la petición sobre el reconocimiento
del derecho a la estabilidad laboral reforzada que presentó la jueza primera
administrativa de Bucaramanga (en provisionalidad), pues ninguno de ellos es su
nominador. A tales corporaciones solo les corresponde expedir los conceptos que
se relacionan con las solicitudes de traslado presentadas por los servidores
judiciales de carrera.

2.6. Los cargos proveídos por concurso en relación con la estabilidad laboral
reforzada y la provisionalidad17

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado el trato preferencial que
las entidades deben observar en relación con la condición especial de algunas
personas, como es el caso de (i) las madres y padres cabeza de familia; (ii) las
personas próximas a pensionarse, y (iii) las personas en condición de
discapacidad.

La protección de los funcionarios que están en provisionalidad es relativa, toda vez
que ejercen su función con la posibilidad de ser desplazados cuando el cargo se
provea en concurso de méritos, debido a que la persona que ocupó el primer lugar
tiene un derecho preferente respecto a quienes no participaron en el mismo.

Ahora, cuando se trata de un funcionario que ejerce su función en provisionalidad
y además está en condiciones de debilidad manifiesta, como los grupos
poblacionales antes descritos, requiere el respeto de su derecho a la estabilidad
laboral reforzada, sin desconocer la posición de quien accedió al cargo por
aprobar el respectivo concurso de méritos.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-446 de 2011, precisó
algunas medidas en aras de no desconocer los derechos de quienes se
encuentran en las condiciones de vulnerabilidad y de especial protección, al
advertir que:

17 Ver antecedentes de la Sección Quinta en sentencia de 6 de abril de 2017, expediente: 68001-

23-33-000-2017-00161-01, M.P. Rocío Araújo Oñate, y en sentencia de 24 de febrero de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-00391-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. En este caso se
acoge el contenido de dichas providencias, en lo que resulta pertinente para resolver el asunto.

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00728-01

Los servidores en provisionalidad, tal como reiteradamente lo ha expuesto esta
Corporación18, gozan de una estabilidad relativa, en la medida en que sólo pueden
ser desvinculados para proveer el cargo que ocupan con una persona de carrera,
tal como ocurrió en el caso en estudio o por razones objetivas que deben ser
claramente expuestas en el acto de desvinculación19. En consecuencia, la
terminación de una vinculación en provisionalidad porque la plaza respectiva debe
ser provista con una persona que ganó el concurso, no desconoce los derechos de
esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha
reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor
derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de méritos.

Mas recientemente, en sentencia T-342 de 2021, el alto tribunal constitucional
reiteró que el derecho de quienes están vinculados en provisionalidad cede
respecto de quienes ganaron un concurso de méritos:

7.3. En este sentido, esta Corporación ha reiterado que cuando la terminación del
vínculo en provisionalidad ocurre como consecuencia del nombramiento en periodo
de prueba de la persona que ganó el concurso de méritos, no se “desconocen los
derechos de esta clase de funcionarios, pues precisamente la estabilidad relativa
que se le ha reconocido a quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede
frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público
de méritos”.20

7.4. Esto significa que el derecho a la estabilidad en el empleo para quien ha sido
vinculado a través de un nombramiento en provisionalidad está condicionado “al
lapso de duración del proceso de selección y hasta tanto sean reemplazados por
quien se haya hecho acreedor a ocupar el cargo en virtud de sus méritos evaluados
previamente”.21

[…]

8.1. Esta Corte ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en casos en los que la
persona que ocupaba un cargo con nombramiento provisional estaba en debilidad
manifiesta por razones de salud. En esas circunstancias, esta Corporación ha
definido que, si bien las personas que desempeñan un cargo público en
provisionalidad no tienen derecho a permanecer en el mismo de manera indefinida,
“si debe otorgárseles un trato preferencial como acción afirmativa antes de efectuar
el nombramiento de quienes ocuparon los primeros puestos en la lista de elegibles
del respectivo concurso de méritos, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus
derechos fundamentales”.22

8.2. De manera que “antes de proceder al nombramiento de quienes superaron el
concurso de méritos, los funcionarios que se encuentren en provisionalidad deberán
ser los últimos en removerse y en todo caso, en la medida de las posibilidades,
deben vincularse nuevamente de manera provisional en cargos vacantes de la
misma jerarquía o equivalencia de los que se venían ocupando”.23

18 La línea jurisprudencial en esta materia se encuentra recogida en la sentencia SU-917 de 2010.

M.P. Jorge Iván Palacios Palacios.
19 Cfr. Corte Constitucional T-1011 de 2003; T-951 de 2004; T-031 de 2005; T-267 de 2005; T-1059

de 2005; T-1117 de 2005; T-245 de 2007; T-887 de 2007; T-010 de 2008; T-437 de 2008; T-087 de
2009 y T-269 de 2009. Así mismo, la sentencia SU-917 de 2010, que recoge toda la jurisprudencia
sobre este particular y fija las órdenes que debe dar el juez de tutela en estos casos.
20 Corte Constitucional, SU-446 de 2011, MP. José Ignacio Pretelt Chaljub.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Corte Constitucional, sentencia T-464 de 2019, MP. José Antonio Lizarazo, que reiteró la

sentencia T-373 de 2017, MP. Cristina Pardo Schlesinger.

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00728-01

En el presente caso, la Sala advierte que la accionante contaba con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de
los actos administrativos que, a su juicio, lesionaron sus derechos subjetivos,
mecanismo judicial a través del cual, incluso, pudo solicitar el decreto de medidas
cautelares, en virtud de lo estipulado en el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

No obstante, dadas las particularidades del asunto que se analiza, según las
cuales la accionante contaba con una resolución que le concedió estabilidad
laboral reforzada y a que para el 12 de febrero de 2025, momento en el cual el
despacho sustanciador la requirió para que se pronunciara sobre los hechos de la
demanda, ella contaba con un acto administrativo que le negaba el reconocimiento
pensional por no tener el total de las semanas cotizadas, la Sala estima satisfecho
el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela y, por lo tanto, procederá a
analizar el asunto de fondo.

En cuanto al requisito de la inmediatez, la Sala considera que este también se
encuentra acreditado, toda vez que la desvinculación de la accionante se
materializó el 6 de septiembre de 2023, mientras que la acción de tutela se
presentó el 18 de octubre del mismo año.

2.7. Caso concreto

2.7.1. Como se ha mencionado, la señora Sandra Sofía Martínez Caicedo
consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a
la seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital y a la «ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA» con ocasión al nombramiento en propiedad que realizó la juez
Tercera Penal del Circuito Especializada de Cali en el cargo de citador grado 3 del
Centro de Servicios de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Cali,
que la actora ocupaba en provisionalidad y, de esa forma, desconocer la
estabilidad laboral reforzada que adujo tener por ser prepensionada.

En sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
negó las pretensiones de la acción de tutela impetrada, tras considerar que a la luz
de la sentencia SU 897 de 2013 de la Corte Constitucional, la accionante no era
beneficiaria de la calidad de prepensionada, puesto que a la fecha de expedición
de ese fallo cumplía con los requisitos para acceder a la prestación de vejez.

Inconforme con esta determinación, la parte actora la impugnó y solicitó que se
revoque, toda vez que esta desconoce sus derechos fundamentales, dado que a
su juicio sí cuenta con estabilidad laboral reforzada.

Para sustentar su dicho, explicó que para la fecha de presentación de la
impugnación aún se encontraba en trámite el proceso de nulidad de traslado ante
el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, por lo que hasta que no se
definiera tal asunto no podía solicitar el reconocimiento de su pensión.

Así mismo, reprochó que en el fallo de primer grado no se estudió lo relacionado
con su despido indirecto, ante la falta de expedición de un acto administrativo de
retiro por parte de la juez coordinadora del Centro de Servicios Administrativos de
los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Cali.

16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00728-01

2.7.2. Pues bien, revisado el material probatorio allegado al expediente, la Sala
observa que con ocasión a la vinculación y requerimiento realizado a la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), se aportó la Resolución
446152 de 20 de diciembre de 2024, a través de la cual el subdirector de
Determinación de la Dirección de Prestaciones Económicas de dicha entidad
resolvió:

ARTÍCULO PRIMERO: Reliquidar pensión de VEJEZ a favor de la señora
MARTÍNEZ CAICEDO SANDRA SOFÍA, ya identificada en los siguientes términos
y cuantías.

Valor de mesada año 2024= $2.299.207.

En consecuencia, para la Sala no hay lugar a considerar que la señora Sandra
Sofía Martínez Caicedo en la actualidad sea beneficiaria del fuero de estabilidad
laboral reforzada de prepensionable, toda vez que ya le fue reconocida la pensión
de vejez por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Recuérdese que la regla de unificación establecida por la Corte Constitucional en
la sentencia SU-003 de 2018, reiterada más recientemente en la sentencia T 374
de 2024, indica que «cuando el único requisito faltante para acceder a la pensión
de vejez es el de la edad, dado que se acredita el cumplimiento del número
mínimo de semanas de cotización, en caso de desvinculación, no se frustra el
acceso a la pensión de vejez, de allí que no haya lugar a considerar que la
persona sea beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada de
prepensionable, dado que el requisito faltante, relativo a la edad, puede ser
cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente».

En todo caso, de conformidad con los hechos expuestos por las partes, se tiene
que la decisión de desvinculación de la actora tuvo como fundamento el concurso
de mérito que se realizó para proveer el cargo de citador grado 5 del Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de
Cali, lo cual se acompasa con los criterios fijados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional para ser tenidos en cuenta al momento de la desvinculación de un
servidor nombrado en provisionalidad, según los cuales la «estabilidad laboral
reforzada a favor del prepensionado no otorga un fuero absoluto de protección que
le impida a la entidad nominadora la desvinculación del servicio público, por
razones objetivas tales como el desarrollo de un concurso de méritos» 24, como
ocurrió en el presente asunto que correspondió al cumplimiento de las listas de
elegibles y el consecuente nombramiento de la persona que ganó en el concurso.

De igual manera, para la Sala es oportuno citar lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-446 de 2011, reiterado en la sentencia T-253 de
2023, en la que señaló que «la terminación de una vinculación en provisionalidad
porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó el
concurso, no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues
precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están
vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las
personas que ganaron un concurso público de méritos».

24 Corte Constitucional, T-253 de 2023, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Sofía Martínez Caicedo
Demandados: Nación – Rama Judicial y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2023-00728-01

En conclusión, la Sala no encuentra acreditada la vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante, pues como quedó señalado previamente, la
accionante ya cuenta con el reconocimiento de una pensión de vejez y, en ese
sentido, no puede ser beneficiaria de la calidad de prepensionada, cuyo objetivo
es proteger a aquellos trabajadores que aún no han alcanzado los requisitos para
acceder a una pensión y que podrían verse afectados por una terminación laboral
durante los años previos a su jubilación.

2.8. Conclusiones

En consecuencia, esta Sala no encontró vulnerados los derechos al debido
proceso, al trabajo, a la seguridad social, a la igualdad y al mínimo vital de la
actora ni demostrado que goce de una estabilidad laboral reforzada como para ser
merecedora de acciones afirmativas en pro de una especial condición, razón por la
cual se confirmará la sentencia de primer grado que negó el amparo invocado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Fondo de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) y Colfondos S.A.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de octubre de 2023, por medio de
cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
acción de tutela presentada por la señora Sandra Sofía Martínez Caicedo.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.