Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00748-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00748-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2023-00748-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
2 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., dos (02) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00748-01
Accionante: María Isabel Arango Secker
Accionados: Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional del Estado Civil
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia
Tema: Acción de tutela. Subtema 1: Requisitos generales de procedibilidad – subsidiariedad.
Decisión: Se modifica el fallo de primera instancia.
La Sala decide la impugnación1 presentada por María Isabel Arango Secker en contra del
fallo de tutela proferido el 7 de noviembre de 20232 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.
I.- ANTECEDENTES
1.1.- La solicitud de amparo constitucional
La accionante presentó tutela3, a nombre propio, en procura de la protección de sus
garantías fundamentales al voto, a la libre locomoción y fijación de residencia, a la
participación democrática, al debido proceso, a la defensa y a la presunción de buena fe,
las que considera vulneradas con el trámite y notificación de la Resolución No. 8975 de
2023, mediante la cual se dejó sin efectos la inscripción de su cédula de ciudadanía en
el municipio de Santiago de Cali.
1
Obra impugnación en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 1C76B297F6437A3E 39B2973380B63590
F729997382D5ED7D 5AD50DFA9BA5ED2F.
2
Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 6D72C2209B5157FD 6606AF7056F09AED
44E083452B223FF2 7132F6CCA57AA7B3.
3
Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 5AFB2F9A6939D192
0B814D9AC7562B6F 56157A41C6FF4520 DF53B912896B5D3A.
2
Acción de Tutela – Segunda instancia
Expediente: 76001-23-33-000-2023-00748-01
Accionante: María Isabel Arango Secker
Accionados: Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional del Estado Civil
1.2.- Hechos
1.2.1.- Afirma Arango Secker que, por motivos laborales, regresó a residir en el municipio
de Santiago de Cali en febrero de 2023. Así, con el fin de ejercer su derecho al voto,
inscribió su cédula de ciudadanía en la referida ciudad4.
1.2.2.- Asevera la peticionaria que, el 20 de octubre de 2023, ingresó a la página de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y advirtió que, por Resolución No. 8975 de 2023,
notificada supuestamente el 18 de septiembre de 2023, se había anulado el aludido
registro por trashumancia5.
1.3.- Fundamentos de la acción de tutela
La tutelante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales, textualmente,
porque:
“NOVENO: Al no haberme enterado siquiera que mi legítimo derecho a cambiar de
residencia por motivos de trabajo, el que conlleva el cambio de lugar de votación fue
tenido – INENTENDIBLEMENTE – por una falsedad, ni supe de la mentada resolución
ni interpuse recurso alguno contra la misma.
DÉCIMO: Lo anterior, es un desconocimiento de mis derechos fundamentales al voto,
a la libre locomoción y fijación de residencia y sobre todo parte de haber sido
presumida en mala fe (…)
(…) es decir, la Registraduría debió comunicarme como titular del derecho por
cualquier medio idóneo, dentro de los 5 días siguientes a la correspondiente anotación
que había anulado mi inscripción, y no lo hizo. Pongo de presente, que la
Registraduría tenía mi correo electrónico maria.arangosecker@gmail.com pues fue a
esa dirección a la cual sí me llegó la validación de mi inscripción en Cali, más no se
me notificó – reitero – la anulación de la misma por trashumancia.
DÉCIMO SEGUNDO: En el presente caso, no fui vinculada de ninguna manera a la
investigación para la anulación de la inscripción de mi cédula de ciudadanía en mi
ciudad de Cali, ello a pesar que sí se me notificó al correo electrónico la validez de mi
inscripción, violándose así el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción
de buena fe de los actos que realicé ante la autoridad pública. Adicionalmente,
conforme el contenido del art. 70 de CPCA y a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, no se cumplió la notificación de la Resolución No. 8975 de 2023, pues
no fui vinculada como directamente afectada y titular del derecho fundamental al
sufragio del art. 40 constitucional. (…)”6.
4
A folio 1 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 5AFB2F9A6939D192 0B814D9AC7562B6F
56157A41C6FF4520 DF53B912896B5D3A.
5
A folio 2 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 5AFB2F9A6939D192 0B814D9AC7562B6F
56157A41C6FF4520 DF53B912896B5D3A.
6
A folios 2-3 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 5AFB2F9A6939D192 0B814D9AC7562B6F
56157A41C6FF4520 DF53B912896B5D3A.
3
Acción de Tutela – Segunda instancia
Expediente: 76001-23-33-000-2023-00748-01
Accionante: María Isabel Arango Secker
Accionados: Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional del Estado Civil
1.4.- Pretensiones de la acción de tutela
Se solicitó (i) tutelar los derechos fundamentales alegados; (ii) dejar sin efectos la
Resolución No. 8975 de 2023; y (iii) que se acepte el cambio de lugar de votación que
solicitó.
2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia
2.1.- Mediante auto del 26 de octubre de 2023 el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca admitió la tutela, dispuso notificar a las partes y decretó, provisionalmente, la
suspensión de la resolución cuestionada.
2.2.- La Registraduría Nacional del Estado Civil manifestó que la tutela es improcedente
y que el acto administrativo criticado es competencia del Consejo Nacional Electoral.
Explicó las directrices del procedimiento de anulación de inscripción de cédulas fijadas
por el aludido consejo. Explicó que, en virtud de la medida provisional decretada por el
juez de primera instancia, había dispuesto lo necesario para que la convocante pudiera
ejercer su derecho al voto en el municipio de Santiago de Cali.
2.3.- Arango Secker, en escrito posterior, señaló que pudo votar en las elecciones del 29
de octubre de 2023, no obstante, pidió que se estudiaran de fondo los argumentos de la
tutela y se le restara efectos a la resolución motivo de queja. Reiteró las censuras sobre
el trámite y la indebida notificación del acto mencionado.
3.- Fallo de tutela de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante fallo del 7 de noviembre de 2023,
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, como la urgencia de la tutela se
basaba en la imposibilidad de ejercer el voto en las elecciones del 29 de octubre de 2023,
se configuraba un hecho superado, en tanto Arango Secker pudo acudir a las urnas en
ese ejercicio electoral.
4
Acción de Tutela – Segunda instancia
Expediente: 76001-23-33-000-2023-00748-01
Accionante: María Isabel Arango Secker
Accionados: Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional del Estado Civil
4.- Razones de la impugnación
4.1.- Inconforme con el fallo aludido, la accionante reiteró que lo que persigue es la
anulación definitiva de la resolución atacada y que la declaración de un hecho superado
implica que quede incursa en una investigación por trashumancia y que se perpetúe la
vulneración de sus prerrogativas. Acotó que el Consejo Nacional Electoral incurrió en
múltiples irregularidades e incumplió sus funciones. Insistió en que debió ser vinculada al
trámite administrativo que concluyó con la expedición del acto anulativo y que no fue
notificada de este.
II.- CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 7 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado.
2.- Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se vulneraron los derechos fundamentales de la
parte actora o si, por el contrario, el pedido es improcedente.
3.- El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
3.1.- Este requisito aparece claramente expresado en el inciso 3º del artículo 86 de la
Carta Política, conforme al cual la acción de tutela resulta plausible cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa. No obstante, la Corte Constitucional ha señalado
que la acción de tutela procede de forma excepcional i) cuando a pesar de existir otros
mecanismos, estos no resultan idóneos o eficaces, o ii) cuando se ejerce para evitar la
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Acción de Tutela – Segunda instancia
Expediente: 76001-23-33-000-2023-00748-01
Accionante: María Isabel Arango Secker
Accionados: Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional del Estado Civil
causación de un perjuicio irremediable7. De haber lugar al amparo, en el primero de los
casos la orden de protección sería definitiva y, en el segundo, transitoria.
3.2.- En este caso, la convocante alega que la expedición de la Resolución 8975 de 2023,
mediante la cual se anuló la inscripción de su cédula en el municipio de Santiago de Cali,
fue irregular, en la medida en que no se la vinculó al trámite ni fue notificada de ella en
debida forma.
3.3.- Pues bien, estima la Sala que la acción tuitiva no cumple con el requisito de
subsidiariedad, en razón a que Arango Secker debe acudir al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho para proponer los reproches referidos y llevar ante el juez
natural de la causa los argumentos que expone en este depreco.
3.4.- Ahora bien, no se advierte demostrado la configuración o riesgo de materialización
de algún perjuicio irremediable que haga urgente la intervención del juez constitucional
y, en consecuencia, que torne procedente esta acción de tutela. En punto de lo anterior,
se debe destacar que no se arribó prueba de algún proceso o investigación seguida en
contra de la tutelante con base en la supuesta trashumancia, además, en caso de
presentarse tal circunstancia, la afectada tendría que agotar primero, por regla general,
las vías legales establecidas en el ordenamiento jurídico y no una acción de esta
naturaleza.
3.5.- Es así como esta sala de subsección ha sostenido que la acción constitucional 8, en
virtud de su carácter residual y subsidiario, no puede ser empleada para suplantar las
falencias o deberes propios de la parte interesada, ni para desplazar a los funcionarios
que naturalmente deben conocer de los asuntos, de modo que los argumentos
7
Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013. Al respecto, el alto tribunal ha precisado que el perjuicio irremediable “se configura
cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su
subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo neutralicen”. Corte Constitucional, sentencia T- 634 de 2006.
Sobre las características del perjuicio irremediable, ver Corte Constitucional, sentencia T-1316 de 2011: “En primer lugar, el perjuicio
debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo
demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga
un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble
perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de
oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable. En consecuencia, no todo perjuicio puede
ser considerado como irremediable, sino solo aquel que por sus características de inminencia y gravedad, requiera de medidas de
protección urgentes e impostergables. Con todo, esta previsión del artículo 86 de la Carta debe ser analizada en forma sistemática,
pues no puede olvidarse que existen ciertas personas que por sus condiciones particulares, físicas, mentales o económicas, requieren
especial protección del Estado”.
8
Ver, entre otras, las sentencias del 21 de septiembre de 2020, radicado No. 11001-03-15-000-2020-02376-01, C.P. Nicolás Yepes
Corrales; del 07 de septiembre de 2020, radicado No. 23001-23-33-000-2020-00034-01, C.P. Guillermo Sánchez Luque; y del 31 de
agosto de 2020, radicado No. 11001-03-15-000-2020-01732-01, C.P. Jaime Enrique Navas Rodríguez.
6
Acción de Tutela – Segunda instancia
Expediente: 76001-23-33-000-2023-00748-01
Accionante: María Isabel Arango Secker
Accionados: Consejo Nacional Electoral y Registraduría Nacional del Estado Civil
esgrimidos devienen en improcedentes, en tanto se están utilizando para suplantar la
competencia de los jueces naturales.
4.- Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala modificará la sentencia
recurrida y, en su lugar, declarará improcedente el amparo constitucional objeto de
estudio.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III.- RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 7 de noviembre 2023 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, DECLARAR improcedente el depreco
constitucional, de conformidad con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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