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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00908-01

Fecha
14 de marzo de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2023-00908-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmase la sentencia del 17 de enero de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, pero por las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2023-00908-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

14 de marzo de 2024

Demandante: Brandon Alexis Bolaños Nery
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil y otros
Rad: 76001-23-33-000-2023-00908-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00908-01
Demandante: BRANDON ALEXIS BOLAÑOS NERY
Demandados: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y OTROS

Temas: Tutela contra acto de elección de ediles. No supera el
presupuesto de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el señor Brandon Alexis
Bolaños Nery contra la sentencia del 17 de enero de 2024, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 12 de diciembre de 2023, el señor Brandon Alexis
Bolaños Nery, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra la
Registraduría Nacional del Estado Civil - Registradurías Especiales de Santiago
de Cali y Cartagena y Consejo Nacional Electoral, con el fin de obtener el amparo
de sus derechos fundamentales a la participación política, la igualdad y el debido
proceso.

1.2. Pretensiones

El actor solicita la protección de los derechos invocados, y como consecuencia de
ello, que se ordene a las entidades demandadas:

i) Se declare la vulneración de sus derechos por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, al no haberlo inscrito como candidato para la JAL de la Comuna 18 de
Cali, en armonía con el acuerdo de coalición del 29 de julio de 2023 modificado por
el del 4 de agosto de 2023.

ii) Cumplir y garantizar el debido proceso de inscripción y hacer los cambios
pertinentes conforme los acuerdos de coalición del 29 de julio y 4 de agosto de
2023, al igual que la parametrización del E-8 JA Comuna 18 de Cali y demás
acciones pertinentes para que se declare su elección como edil para la JAL de la
Comuna 18 de Cali por la coalición Pacto Histórico Colombia Puede.

1

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Demandante: Brandon Alexis Bolaños Nery
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil y otros
Rad: 76001-23-33-000-2023-00908-01

iii) Modificar el acta de escrutinio de la JAL Comuna 18 de Cali, siendo incluido
como edil electo por la coalición Pacto Histórico Colombia Puede y se le expida su
credencial.

Como sustento fáctico de las pretensiones, el accionante narró los siguientes,

1.3. Hechos

El actor integraba la lista de candidatos por la circunscripción territorial a la Junta
Administradora Local (JAL) del distrito de Santiago de Cali para las elecciones del
29 de octubre de 2023, período constitucional 2024-2027 en la Comuna 18,
dentro de la coalición Pacto Histórico Colombia Puede.

El aval le fue otorgado por el partido Polo Democrático Alternativo, el cual se
emitió en un mismo documento para dos personas: el actor en la posición N.° 4 y
el señor Luis Carlos Agudelo Cardozo en la posición N.° 2.

El candidato Luis Carlos Agudelo Cardozo radicó el mencionado aval ante la
Registraduría, de manera que, el actor sólo debía entregar la biometría y la
fotocopia de la cedula de ciudadanía, sin embargo, no alcanzó a realizar la
biometría y se le venció el termino de aceptación de la candidatura.

El 4 de agosto de 2023 se radicó ante el Registrador Especial de Cali un nuevo
acuerdo, modificatorio de la coalición Pacto Histórico Colombia Puede, para
subsanar las novedades presentadas en el acuerdo inicialmente referido, en el
cual se mantuvo su postulación.

En la misma fecha, el accionante aceptó su candidatura ante los registradores de
la Registraduría Especial de Cartagena, con la respectiva nota de presentación y
el proceso biométrico con EIS No. 21873573, anexando los documentos que para
el trámite le exigieron. En la nota de presentación ante los registradores
especiales de Cartagena se dejó constancia de haberse adjuntado los soportes
(biometría, fotocopia de la cedula y el aval respectivo), pese a que el aval ya
había sido puesto a disposición junto a los dos acuerdos referidos, radicados ante
el Registrador Especial de Cali.

Mediante la respectiva acta final de escrutinio E-26 y una vez aplicado el umbral y
cifra repartidora se determinó que el Pacto Histórico ganó cinco (5) escaños para
la JAL de la comuna 18.

La Comisión del Escrutinio le informó que sólo había tres (03) candidatos inscritos
en la lista, entre los cuales él no se encontraba y no le fue otorgada la credencial
como edil electo.

El registrador especial de Cali indicó en respuesta brindada a otro ciudadano, que
la inscripción del tutelante no fue tramitada porque no presentó el nuevo coaval
expedido por el partido Polo Democrático Alternativo.

1.4. Sustento de la petición

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El actor señaló que, al momento de inscribir su candidatura no se le indicó que su
documentación estaba incompleta y tampoco se le dio ninguna información antes
de las elecciones, pese a que la entidad cuenta con su dirección de residencia
para notificarlo.

Sostuvo que el otro candidato que conformaba la misma lista para las JAL, había
entregado el aval con antelación y que, al momento de su inscripción lo entregó
nuevamente junto con el nuevo acuerdo.

Afirma que el acuerdo de coalición contiene la información necesaria para
acreditar el aval y, por tanto, no es exigible otro documento como lo considera la
Registraduría, pues aquel contiene la voluntad de los representantes de los
partidos políticos que otorgan el aval al candidato.

Relata que en la sentencia SU-213 de 2022, la Corte Constitucional hizo uso de
los términos aval y coaval indistintamente, es decir, sin hacer diferencia entre uno
y otro, haciendo referencia en todo momento al apoyo que da el partido político o
coalición al candidato en cuestión, lo que en su criterio deja claro que lo
importante es, que el apoyo sea expreso y táctico mediante la firma del
representante legal del partido y/o movimiento político que conforma la coalición.

Refiere que, la coalición del Pacto Histórico al presentar un documento único con
el aval de todos los partidos que la integran no desconoció las garantías o
propósitos para las cuales fueron establecidos esos requisitos.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto del 14 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca admitió la solicitud de tutela, ordenó notificar al actor y a las autoridades
demandadas.

1.6. Informes presentados

Remitidas las respectivas comunicaciones, se recibieron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Registraduría Especial de Cali

Manifestó que, conforme la Resolución No. 28229 del 14 de octubre de 2023 “Por
la cual se establece el calendario electoral para las elecciones de autoridades
territoriales (gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de
las juntas administradoras locales) que se realizarán el 29 de octubre de 2023”,
entre el 29 de junio y el 29 de julio de 2023 se realizó la inscripción de candidatos y
listas de candidatos.

Explicó que el actor se presentó el día 4 de agosto del 2023, a la Registraduría
Especial de Cartagena de Indias, para la nota de presentación personal
(aceptación de la postulación) pero no presentó el nuevo coaval correspondiente al
partido que lo postuló, en este caso el Polo Democrático Alternativo, toda vez que
la primera postulación no fue aceptada puesto que no realizó la firma digital (firma
EIS) como se evidencia en el Formato E6.
3

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Expuso que de conformidad con la Ley 1475 de 2011 y con las directrices
emanadas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría
Nacional del Estado Civil, era obligación de los partidos políticos y los grupos
significativos de ciudadanos, la postulación de los candidatos, el cargue de los
documentos a través del aplicativo de inscripción de candidatos (IDECAN) creado
para tal fin y la presentación de los documentos de manera manual como lo
hicieron los demás candidatos que acudieron al certamen electoral.

Finalmente dijo que ha cumplido con todo lo correspondiente a su competencia y
ha actuado de conformidad con la ley y con los postulados que rigen la materia.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró improcedente la acción de
amparo por considerar que no superaba el requisito de subsidiariedad dado que el
accionante contaba con otro mecanismo judicial para solicitar la protección
deprecada.

Indicó que el Formulario E-8 JA contentivo de la lista definitiva de candidatos
inscritos a la JAL de la Comuna 18 por la coalición Pacto Histórico Colombia
Puede, para la opción de voto no preferente a las elecciones del 29 de octubre de
2023, constituía un acto administrativo definitivo para los efectos del aspirante a
candidato Brandon Alexis Bolaños Nery, puesto que le impidió participar en la
contienda electoral y por tanto era susceptible de control judicial a través del medio
de control de nulidad electoral.

1.8. Impugnación

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 25 de enero de 2024, el
demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia1, con
fundamento en que, en ningún momento se le exigió un nuevo aval, requisito que
no se explica en ninguna norma y la llamada a pedirlo es la misma entidad
encargada del proceso, en el mismo momento de la diligencia de autenticación
biométrica, no posteriormente, para orientar al ciudadano en su inscripción.

Afirma que la Registraduría aceptó los documentos entregados a la hora de la
presentación personal y la realización del trámite de aceptación de la candidatura a
la JAL de la comuna 18 de Cali, por lo que se configuró un silencio administrativo
positivo.

Asegura que hubo una negligencia por parte de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, en tanto que, fue alertada del error existente en el E-8 de la JAL
comuna 18 de Cali, cuando el ciudadano Jairo Garcés, militante del Partido
Colombia Humana, los peticionó y los exhortó a corregir y, aun así, no enmendaron
su error.

1
La impugnación fue presentada dentro del término establecido por el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó
mediante correo electrónico enviado el 19 de enero de 2024.
4

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Finamente considera, que este mecanismo para la defensa de los derechos
fundamentales debe estar al alcance de los ciudadanos a título personal y no se
requiere de un abogado para interponerlo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por
Colpensiones contra la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, el 10 de octubre de 2023, según lo previsto en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 20152, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

En orden a decidir si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión
proferida en primera instancia, se determinará si en este caso se cumple el
requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.

En caso de superarse el examen de procedibilidad de la acción, se establecerá si
las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la participación
política, la igualdad y el debido proceso, al cometer irregularidades en el trámite de
la inscripción de su candidatura a la elección de la JAL de la Comuna 18 por la
coalición Pacto Histórico Colombia Puede, en las elecciones del 29 de octubre de
2023.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) generalidades de la
acción de tutela y la procedibilidad contra actos de contenido electoral; (ii) examen
del presupuesto de subsidiariedad en el caso concreto, (iii) el fondo del asunto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6.º ibid., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra actos de trámite de contenido
electoral

2
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
5

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Los actos administrativos crean, modifican o extinguen una situación jurídica que
produce efectos jurídicos en ejercicio de la función administrativa, mientras que los
actos preparatorios o de trámite son las actuaciones que se expiden en el trámite
de la adopción de tal decisión.

La Corte Constitucional ha señalado que dichos actos, “(…) no expresan en
conjunto la voluntad de la administración, pues simplemente constituyen el
conjunto de actuaciones intermedias, que preceden a la formación de la decisión
administrativa que se plasma en el acto definitivo y, en la mayoría de los casos, no
crean, definen, modifican o extinguen situaciones jurídicas.”3

La jurisprudencia constitucional ha señalado sobre dicha distinción4:

Los actos de trámite son ‘actos instrumentales’, que integran el
procedimiento anterior a la decisión que finalmente resuelva el asunto y sus
defectos jurídicos podrán cuestionarse cuando se impugne el acto definitivo,
el cual podrá ser inválido, v.gr., por haberse adoptado con desconocimiento
del procedimiento previo que constituye requisito formal del mismo acto. Por
lo tanto, es necesario esperar a que se produzca la resolución final del
procedimiento para poder plantear la invalidez del procedimiento por haberse
presentado anomalías en los actos de trámite.

La Corte Constitucional ha sostenido que contra los actos de la administración y,
en particular, la categoría de actos de trámite, por regla general la tutela es
improcedente para cuestionarlos, en la medida en que no expresan en concreto la
voluntad de la administración y son susceptibles de control por parte del juez
natural del asunto cuando se controvierta la legalidad del acto administrativo
definitivo.

Sin embargo, en la sentencia SU-201 de 1994, la Corte Constitucional indicó:

Corresponde al juez de tutela examinar en cada caso concreto, según las
especiales circunstancias que lo rodeen, si un determinado acto de trámite
tiene la virtud de definir una situación especial y sustancial dentro de la
actuación administrativa y, por consiguiente, sea susceptible de ocasionar la
vulneración de un derecho constitucional fundamental. Entonces, en caso de
ser así, la tutela es procedente como mecanismo definitivo destinado a
proteger un derecho fundamental vulnerado o amenazado por la acción de la
administración.

Significa lo anterior, que la tutela procede excepcionalmente para cuestionar actos
de trámite, cuando constituya una medida preventiva, “(…) encaminada a que la
autoridad encauce su actuación conforme a los preceptos constitucionales que
amparan los derechos fundamentales, y a que el desarrollo de su actividad sea
regular desde el punto de vista constitucional y, consecuencialmente, el acto
definitivo que expida sea legítimo, es decir, ajustado al principio de legalidad”.

En particular, frente al carácter definitivo o de trámite del acto que se pronuncia
sobre la inscripción efectuada ante la autoridad electoral, esta sección ha

3
Sentencia SU-077 de 2018.
4
Corte Constitucional, sentencia C-557 de 2001.
6

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señalado que su naturaleza varía, según se trate de si se acepta la inscripción o
se rechaza o simplemente no se acepta: Si el acto administrativo acepta la
inscripción del aspirante, este debe ser considerado un acto de trámite o
preparatorio, porque simplemente le da impulso a la actuación, y posibilita
participar del certamen electoral. En cambio, el que la rechaza, deniega o revoca
es un acto definitivo porque con él se hace imposible para el candidato afectado,
continuar con el procedimiento.

Así las cosas, dado que el control del acto de inscripción debe hacerse a partir del
acto definitivo, es necesario esperar a la decisión final para plantear la invalidez
del procedimiento5.

Frente al acto que revoca o niega la inscripción, esta sala electoral ha sostenido
que, pese a ser de trámite, se torna en definitivo en tanto impide continuar la
actuación, cerrando la posibilidad al interesado de acceder a un cargo de elección
popular, por lo que puede ser enjuiciado autónomamente:

“(…) el acto que rechaza o niega la inscripción es un acto definitivo porque su
expedición hace imposible para el candidato afectado participar en la contienda
electoral y, por lo tanto, continuar con el normal curso del procedimiento
administrativo electoral.6

Finalmente, ha dicho la sección que el acto por medio del cual se revoca o
deniega la inscripción de un candidato, como quiera que es un acto definitivo y de
contenido particular, en tanto impide a un ciudadano en concreto participar del
certamen electoral, el medio de control diseñado para su enjuiciamiento es el de
nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA7.

Este mecanismo judicial contempla la posibilidad de solicitar la adopción de
medidas cautelares de urgencia, como la suspensión provisional de los efectos del
acto administrativo ilegal, a fin de asegurar su participación en el certamen
democrático, cuando el medio de control se formula antes de las elecciones. Pero
si se pretende otro tipo de restablecimientos no asociados al derecho a la
participación política, como el restablecimiento de su buen nombre, o la reparación
del daño, también es procedente el medio de control, aún después de las
elecciones.

2.5. Estudio del caso concreto

El accionante cuestiona la omisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil de
en aceptar la inscripción de su candidatura a la elección de la JAL de la Comuna
18 por la coalición Pacto Histórico Colombia Puede, en las elecciones del 29 de
octubre de 2023, pues en su criterio, se exigen documentos que ya se
encontraban en poder de la entidad y no fue informado de la falta de los mismos.

5
Sentencia T-945 de diciembre 16 de 2009 de la Corte Constitucional, M.P Mauricio
González Cuervo.
6
Consejo de Estado, Auto del 23 de octubre de 2015, MP Alberto Yepes Barreiro, Rad.
11001-03-28-000-2015-00027-00.
7
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
QUINTA, consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA, sentencia del 29 de
octubre de 2020, radicación número: 11001-03-28-000-2019-00042-00.
7

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Pretende con el mecanismo de amparo, que se modifique el acta de escrutinio y
se declare su elección como edil de dicha comuna.

De acuerdo a lo señalado por la Registraduría Especial de Cartagena de Indias, el
actor acudió el 4 de agosto del 2023 y realizó nota de presentación personal
(aceptación de la postulación), pero no aportó el nuevo coaval correspondiente al
partido que lo postuló, en este caso el Polo Democrático Alternativo, toda vez que
la primera postulación no fue aceptada, puesto que no realizó la firma digital (firma
EIS) como se evidencia en el Formato E6, motivo por el cual no se dio trámite a su
presentación.

Revisados los documentos aportados al plenario se advierte que a través del
formulario E8-JA se expidió la lista de candidatos inscritos para la elección de la
JAL de la Comuna 18 por la coalición Pacto Histórico Colombia Puede, en las
elecciones del 29 de octubre de 2023, en el cual no aparece el nombre del
accionante.

También se encuentra la nota de presentación personal realizada por el tutelante
ante la Registraduría Especial de Cartagena, el 4 de agosto de 2023, mediante la
cual aceptó la candidatura realizada por el partido Polo Democrático Alternativo.

Por su parte, la registraduría aportó copia de la solicitud de candidatos a la JAL de
la Comuna 18 por la coalición Pacto Histórico Colombia Puede, en las elecciones
del 29 de octubre de 2023 en la que figura el actor, pero sin su firma digital (sin
aceptación).

En este punto debe precisarse que el artículo 28 de la ley 1475 de 2011, “Por la
cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y
movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”,
impuso a los partidos y movimientos políticos, la responsabilidad y el control de la
inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular.

La aceptación y rechazo de la inscripción de la candidatura a un cargo de elección
popular compete a la Registraduría, como lo dispone el artículo 32 ibidem:

ARTÍCULO 32. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE INSCRIPCIONES. La autoridad
electoral ante la cual se realiza la inscripción verificará el cumplimiento de los
requisitos formales exigidos para la misma y, en caso de encontrar que los reúnen,
aceptarán la solicitud suscribiendo el formulario de inscripción en la casilla
correspondiente.
La solicitud de inscripción se rechazará, mediante acto motivado, cuando se
inscriban candidatos distintos a los seleccionados mediante consultas populares o
internas, o cuando los candidatos hayan participado en la consulta de un partido,
movimiento político o coalición, distinto al que los inscribe. Contra este acto procede
el recurso de apelación de conformidad con las reglas señaladas en la presente ley.
En caso de inscripción de dos o más candidatos o listas se tendrá como válida la
primera inscripción, a menos que la segunda inscripción se realice expresamente
como una modificación de la primera.

Según las normas trascritas, el acto de inscripción para aspirar a un cargo o a una
corporación de elección popular, actualmente comporta una responsabilidad para
los partidos y movimientos políticos que los inscribe, en la medida en que deben
realizar la solicitud y aportar los documentos correspondientes.

8

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Frente a dicho acto puede producirse la aceptación, que viabiliza o instrumentaliza
dicha participación y constituye un acto de trámite o preparatorio, no susceptible
de ser demandado ante el contencioso, de forma independiente.

También puede ocurrir que la inscripción se rechace, dicha decisión debe
realizarse mediante un acto motivado, el cual puede ser enjuiciado
autónomamente, dado que con ello se consolida una situación jurídica particular,
al poner término al procedimiento administrativo frente a un sujeto específico.

Los supuestos facticos descritos permiten entender que en el presente caso no se
produjo un acto de rechazo o negación de la inscripción de la candidatura del
señor Brandon Alexis Bolaños Nery a la elección de la JAL de la Comuna 18,
realizada por la coalición Pacto Histórico Colombia Puede o el partido Polo
Democrático Alternativo, a cargo de quienes se encontraba dicho trámite.

Conclusión a la que se llega porque, en primer lugar, no se aportó la solicitud de
inscripción de la candidatura del actor por parte del partido o la coalición, con la
modificación correspondiente, la cual procedía porque aquel no aceptó la primera
inscripción realizada por la coalición Pacto Histórico Colombia Puede, dentro del
plazo establecido para ese efecto (como se indicó en los hechos de la demanda).

En segundo lugar, no obra en el plenario el acto mediante el cual se adoptó una
decisión que negara o rechazara la inscripción de su candidatura por parte de la
Registraduría.

De lo único que existe constancia en el expediente es de la presentación personal
del accionante para aceptar la postulación presuntamente realizada por el partido
político Polo Democrático Alternativo.

Vale la pena señalar que, aunque la Registraduría señaló no darle trámite a tal
presentación porque no se allegó el aval dado después de la modificación a la
inscripción, lo cierto es que, no obra una solicitud elevada por el actor frente al
trámite dado a su postulación, pese a que el partido contaba con la lista de
candidatos inscritos en el formulario E8-JA.

Como se viene diciendo, el actor pretende que a través de este mecanismo se
ordene la admisión de la inscripción de su candidatura y, como consecuencia, se
declare su elección como edil de las JAL en la ciudad de Cali, bajo el argumento
de que en el proceso de inscripción se cometieron irregularidades que le
impidieron ser incluido en la lista de candidatos.

Es decir, que sus reparos se dirigen a atacar la validez de la elección de los ediles
contenida en el acta final de escrutinio E-26, acto que es susceptible de control
judicial a través del medio de control de nulidad electoral pero no fue demandado
por el accionante dentro de la oportunidad legal.

Es importante señalar que las elecciones de los ediles que integran las JAL
tuvieron lugar el 29 de octubre de 2023, de forma que, para la fecha en que fue
radicada la presente acción de tutela (12 de diciembre de 2023) ya se encontraba
en firme el acta final de escrutinio E-26 que declaró la elección de los ediles.
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En consecuencia, no sería posible efectuar pronunciamiento alguno ni modificar
situaciones particulares en torno a la falta de inscripción de la candidatura del
tutelante.

Así las cosas, se confirmará el fallo impugnado por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, pero bajo la salvedad de que el acto que debió haber sido
controvertido fue el que declaró la elección de los ediles.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmase la sentencia del 17 de enero de 2024, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró improcedente la acción
de tutela de la referencia, pero por las razones señaladas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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