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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2023-00945-02

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2023-00945-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 16 de junio de 2025, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 76001-23-33-000-2023-00945-02

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

4 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00945-02 (Principal)
76001-23-33-000-2023-00917-00 (Acumulado)
76001-23-33-000-2024-00183-00 (Acumulado)
Demandantes: Héctor Pérez Contreras, Nubia Cosme Palacios y Leydi Patricia
Torres Montaño
Demandado: Dimas Antonio Martínez Toro, como alcalde de Florida (Valle del
Cauca), para el periodo 2024-2027

Tema: Doble militancia política en la modalidad de apoyo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por los demandantes
Héctor Pérez Contreras y Leydi Patricia Torres Montaño, contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 16 de junio de 2025, mediante la cual
negó las pretensiones de las demandas.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demandas

1. Los ciudadanos Nubia Cosme Palacios1, Héctor Pérez Contreras2 y Leydi Patricia
Torres Montaño3, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control
consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, presentaron demandas
pretendiendo la nulidad del acto mediante el cual se declaró la elección del señor Dimas
Antonio Martínez Toro como alcalde del municipio de Florida (Valle del Cauca) para el
periodo constitucional 2024-2027, contenida en el Formulario E-26 ALC del 3 de
noviembre de 2023, por presuntamente estar incurso en la prohibición contenida en el
artículo 107 de la Constitución Política, en el numeral 8º del artículo 275 de la Ley 1437
de 2011 y en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.

1.2. Hechos

2. Los demandantes, de manera similar, sostuvieron lo siguiente:

3. El señor Dimas Antonio Martínez Toro, en su condición de candidato a la Alcaldía de
Florida (Valle del Cauca) postulado por el partido ADA «adelantó su campaña política,
dándose apoyo político mutuo, con tres candidatos más a la alcaldía de dicho municipio, estando
inscritos por diferentes partidos políticos» esto es, Julián Alzate quien participó en la

1
Demandante dentro del proceso 76001-23-33-000-2023-00917-00
2
Demandante dentro del proceso 76001-23-33-000-2023-00945-00
3
Demandante dentro del proceso 76001-23-33-000-2024-00183-00 (Originalmente: Radicado 76001-33-33-015-2023-00348-00 del
Juzgado 15 Administrativo de Cali)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Héctor Pérez Contreras y otros
Demandado: Dimas Antonio Martínez Toro,
alcalde del municipio de Florida (Valle del Cauda) periodo 2024-2027
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00945-02 (Principal)

contienda por el Partido Conservador, Aníbal Cano por Colombia Humana y Helia Edith
Cañaveral por Liga de Gobernantes Anticorrupción.

4. En las distintas fotos y en los audios aportados, se puede observar que el demandado
les da instrucciones a los demás candidatos a la alcaldía de ser cautelosos y no hacer
política juntos, ya que todos estaban aspirando a dicha elección y podían ser acusados
de doble militancia, por lo que sugirió modificar colores, eslogan, camisetas, etc.,
asimismo que se reunieran sigilosamente para tratar de engañar a los posibles votantes
y así evitar una eventual demanda.

5. El demandado, también apoyó a aspirantes al Concejo Municipal de Florida (Valle del
Cauca), avalados por otras colectividades distintas a la suya, como es el caso de William
Belalcázar Hurtado del Partido Conservador y Diego Molina del Partido de la U, a quienes
acompañó de forma abierta y contraria a la ley, como se acredita con los distintos
elementos materiales probatorios aportados.

6. El elegido, debía apoyar a los candidatos del movimiento ADA que aspiraban al
Concejo Municipal de Florida (Valle del Cauca), esto es, a los señores: Sandra Marcela
Caicedo Henao, Balmes Asmed Moreno Buitrago, Julio Alberto Borja Basridas, Alexander
Urresta Duarte, Sainim Daniela Hernández Gaviria, Libardo Antonio Mariaca Moreno,
Joiver Rivera Quiguana, Luis Gonzaga Granada, Mauro Muñoz Rodríguez, Julián Camilo
Hurtado, Amalfi Villada Conta, Yessica Lorena Arboleda y María Inés Montaño Núñez,
pero, favoreció a otros candidatos, como se explicó en precedencia.

1.3. Normas violadas

7. Los demandantes citan como vulnerados los artículos 107 de la Constitución Política;
275.8 de la Ley 1437 de 2011 y 2 de la Ley 1475 de 2011 que contemplan la prohibición
de la doble militancia, en especial la referida a la modalidad de apoyo.

1.4. Trámite procesal de primera instancia

8. Mediante providencias del 15 de enero de 2024 (2023-00945-00)4 y 18 de enero de
2024 (2023-00917-00)5, se admitieron las demandas, se ordenó su notificación al
demandado y se dispuso la vinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y
del Consejo Nacional Electoral. En proveído del 21 de marzo de 2024, se remitió el
expediente 76001-23-33-000-2024-00183-00 para su acumulación al proceso principal6.

9. En el expediente con radicado 2023-00917-00, dentro del auto admisorio de la
demanda, se resolvió negativamente la medida cautelar invocada por la señora Nubia
Cosme Palacios7. Por su parte, en el proceso con radicación 2023-00945-008, frente a

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Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00005
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Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00024
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Expediente digital SAMAI (Primera Instancia 2024-00183-00) – Índice 00006 «6AUTOREMITEAO_AUTO7600123330002024(.pdf)»
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Para tomar la decisión dijo: «(…) no se advierte que el acto demandado haya sido expedido en contraposición a lo dispuesto por el
artículo 42 de la Ley 1952 de 2012. Lo anterior, por cuanto la norma establece que se genera una inhabilidad para ejercer un cargo
público cuando en contra de la persona electa se haya emitido una sanción disciplinaria o penal, sin embargo, en el caso de marras
no se advierte probatoriamente que haya sido expedida alguna clase de decisión definitiva mediante la cual se haya impuesto sanción
alguna al alcalde electo del municipio de Florida el señor Dimas Antonio Martínez Toro. // Amén de lo anterior, es importante resaltar
que los argumentos adicionales puestos de presente en la correspondiente demanda respecto al cargo de doble militancia, no cuentan
a la fecha con soporte probatorio sólido que permita inferir de manera ostensible la configuración en el caso en concreto de la doble
militancia.»
8
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) – Índice 00023
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Demandantes: Héctor Pérez Contreras y otros
Demandado: Dimas Antonio Martínez Toro,
alcalde del municipio de Florida (Valle del Cauda) periodo 2024-2027
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00945-02 (Principal)

petición similar del señor Héctor Pérez Contreras, se negó en auto del 2 de febrero de
20249.

10. Surtidas las notificaciones de rigor, el demandado y los vinculados se pronunciaron
de la siguiente forma:

11. El demandado10 se opuso a las pretensiones y dijo que no es cierto que brindó apoyo
a otros candidatos a la alcaldía ni a aspirantes al Concejo Municipal de grupos políticos
ajenos al suyo; además, las afirmaciones de los demandantes no se encuentran
acreditadas, porque las imágenes, los videos y las grabaciones a que se hace alusión,
no puede dársele ningún valor probatorio, porque no existe certeza sobre el momento en
que fueron captados, así como tampoco su autenticidad.

11.1. La doble militancia que se le endilga, desde el punto de vista normativo y
jurisprudencial, corresponde a brindar una ayuda, asistencia, respaldo o
acompañamiento de cualquier forma a un candidato distinto al avalado o apoyado por la
respectiva organización política; pero, en este caso particular, no puede confundirse con
el hecho de haber recibido respaldo de aspirantes de otras colectividades y en ningún
momento brindó apoyo directo a otros aspirantes.

11.2. Propuso la excepción previa de «INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS
REQUISITOS FORMALES» y las excepciones de mérito que denominó «FALTA DE
ACREDITACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA DOBLE
MILITANCIA EN SU MODALIDAD DE APOYO» y la «GENÉRICA O INNOMINADA».

12. La Registraduría Nacional del Estado Civil11 alegó la falta de legitimación en la
causa por pasiva, ya que la entidad solo puede negar la inscripción de candidatos en los
casos que taxativamente contemplan los artículos 31 y siguientes de la Ley 1475 de 2011,
dentro de los cuales no se encuentra el análisis sobre la prohibición de la doble militancia
imputada al demandado.

13. El Consejo Nacional Electoral12 indicó que frente a las pretensiones se atiene a lo
que resulte probado, sin embargo, en este caso, no se encuentra acreditado que existiera
un apoyo del demandado a candidatos de otra colectividad, toda vez que lo único que se
observa son apreciaciones personales de los demandantes, las cuales deben probarse
dentro del proceso.

13.1 Precisó que las pruebas aportadas no son suficientes para acreditar la presunta
doble militancia, ya que no existe plena certeza que el demandado asista, respalde o
acompañe de cualquier forma o en cualquier medida a un candidato distinto al avalado o
apoyado por la respectiva organización política.

9
Dijo que «La Sala negará la suspensión provisional del acto de elección del señor DIMAS ANTONIO MARTÍNEZ TORO como Alcalde
del Municipio de Florida (V), teniendo en cuenta que la solicitud de la medida cautelar no tiene relación alguna con las pretensiones
de la demanda. // Efectivamente, en la demanda se alegó como causal de nulidad del acto de elección la presunta doble militancia
en que incurrió el citado señor en la campaña política, situación que difiere del contenido de la solicitud de suspensión provisional, en
la que simplemente se cuestionaron las calidades del elegido para desempeñar el cargo de Alcalde Municipal debido a las
investigaciones que actualmente se adelantan en su contra, según las cuales, en concepto del actor, imposibilitan al citado señor para
manejar los recursos públicos del Municipio de Florida. (…) la solicitud de suspensión provisional del acto administrativo acusado no
se encuentra en relación directa con las pretensiones de la demanda y tampoco se cumplió con la carga argumentativa suficiente
para su procedencia, razones suficientes para negar el decreto de la medida cautelar.»
10
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia): Radicado 2023-00917-00 – Índice 00037 / Radicado 2023-00945-00 – Índice 00030
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Expediente digital SAMAI (Primera Instancia): Radicado 2023-00917-00 – Índice 00030 / Radicado 2023-00945-00 – Índice 00029
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Expediente digital SAMAI (Primera Instancia): Radicado 2023-00917-00 – Índice 00036
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Demandantes: Héctor Pérez Contreras y otros
Demandado: Dimas Antonio Martínez Toro,
alcalde del municipio de Florida (Valle del Cauda) periodo 2024-2027
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00945-02 (Principal)

13.2 Sostuvo que ante la entidad no se presentó solicitud de revocatoria de la inscripción
del señor Dimas Antonio Martínez Toro y, por lo tanto, no tuvo conocimiento en sede
administrativa del asunto, por lo que le corresponde a la jurisdicción contencioso
administrativa decidir de fondo sobre las pretensiones, siendo procedente entonces,
desvincular al CNE por no estar legitimado en la causa por pasiva.

14. En auto del 21 de febrero de 202413, se decretó la acumulación de los procesos
76001-23-33-000-2023-00917-00 y 76001-23-33-000-2023-00945-00 y se tuvo como
expediente principal el segundo de los citados. Posteriormente, en proveído del 25 de
marzo de 202514 se dispuso la acumulación a los anteriores, del proceso con radicación
76001-23-33-000-2024-00183-00.

15. En esta última providencia15 se dio aplicación al numeral 1º del artículo 182A de la
Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 con el ánimo de
dictar sentencia anticipada. Se declaró no probada la excepción de inepta demanda
formulada por el demandado y declaró probada la de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta tanto por la RNEC como por el CNE. Se fijó el litigio16, decretó las
pruebas invocadas por las partes17 y finalmente ordenó correr traslado para presentar
alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir su concepto.

16. El demandado interpuso recurso de apelación contra el decreto de pruebas18, el cual
fue resuelto negativamente por esta corporación19. En auto del 25 de abril de 202520 se
dispuso cerrar el debate probatorio y correr traslado para alegar de conclusión, decisión
recurrida por la parte actora con el fin de que, no se concluyera el recaudo pues se
encontraba pendiente la prueba solicitada a la RNEC. Mediante auto del 19 de mayo
siguiente21 de dispuso reponer la providencia recurrida, incorporar la documentación
remitida por la RNEC y correr traslado común por el término de diez (10) días para que
las partes alegaran de conclusión y el Ministerio Público conceptuara si a bien lo tenía.

1.5. Sentencia de primera instancia22

17. El 16 de junio de 2025 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que no se acreditaron los elementos
constitutivos de doble militancia, concretamente, lo referente a la manifestación de actos
de apoyo a campañas electorales diferentes a las de la colectividad que avaló al
demandado.

18. Para llegar a la anterior conclusión, inicialmente precisó que las pruebas aportadas
con las demandas, relativas a las capturas de pantallas -fotos- y los archivos de audio y
13
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia): Radicado 2023-00945-00 – Índice 00034
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Expediente digital SAMAI (Primera Instancia): Radicado 2023-00945-00 – Índice 00059
15
Auto del 25 de marzo de 2025 - Expediente digital SAMAI (Primera Instancia): Radicado 2023-00945-00 – Índice 00059
16
Se indicó que consistía en determinar si debe declararse la nulidad del acto de elección del señor DIMAS ANTONIO MARTÍNEZ
TORO como Alcalde del Municipio de Florida para el periodo 2024 - 2027, contenido en el formulario E-26 ALC del 3 de noviembre
de 2023, por presuntamente haber incurrido en la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo consagrada en el numeral 8°
del artículo 275 del CPACA, como se alegó en la demanda.
17
Secretó la prueba documental aportada por las partes. Además, se decretó la prueba por exhorto solicitada por la parte demandante
con destino a la RNEC y se negó el interrogatorio de parte pedido por el demandado.
18
En cuanto a la denegatoria del decreto de la prueba de interrogatorio de parte.
19
Expediente digital SAMAI 76001-23-33-000-2023-00945-01 – Índice 00005. Auto del 29 de abril de 2025.
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Expediente digital SAMAI (Primera Instancia): Radicado 2023-00945-00 – Índice 00077
21
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia): Radicado 2023-00945-00 – Índice 00093
22
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia): Radicado 2023-00945-00 – Índice 00105
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Demandantes: Héctor Pérez Contreras y otros
Demandado: Dimas Antonio Martínez Toro,
alcalde del municipio de Florida (Valle del Cauda) periodo 2024-2027
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00945-02 (Principal)

videos en formato mp4, serían apreciadas bajo los presupuestos de la prueba documental
y no como mensaje de datos, pues aunque en las demandas se indició que dichos
elementos fueron extraídos de las redes sociales del demandado, no se registraron los
enlaces con acceso efectivo y por ello no cumplen los parámetros para ser considerados
mensajes de datos, en concreto, accesibilidad, información e integridad de su
contenido23.

19. Precisó que no se tendrían en cuenta los pantallazos y publicidad adicional
incorporados en el escrito de alegatos de conclusión por la señora Leydi Patricia Torres
Montaño, quien adujo que fueron extraídos del perfil de Instagram y Facebook del
demandado, ya que esa no es la etapa procesal pertinente para incorporar pruebas.

20. Luego de relacionar algunas fotografías, videos y audios aportados por los
demandantes, para establecer el presunto apoyo del demandado a candidatos de otras
colectividades que aspiraron tanto a la alcaldía24 como al Concejo Municipal25 de Florida
(Valle del Cauca), concluyó que de dichas pruebas no es posible establecer su contexto,
origen y de dónde fueron extraídas, y, tampoco existen otros medios de convicción que
acrediten que la voz registrada en los audios y videos es la del señor Dimas Antonio
Martínez Toro, o el nombre de las personas a quienes se dirige el locutor.

21. Estimó que de admitirse que corresponde a la voz del demandado, esos elementos
probatorios no acreditan una conducta prohibitiva constitutiva de doble militancia, pues
no se establece el tiempo de la locución, algún ofrecimiento de apoyo a campañas de
candidatos de otros grupos políticos, ya que lo que de allí se extrae, es un acto de
agradecimiento por respaldo a su campaña.

22. Sobre las fotografías resaltó que se desconocen las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que fueron tomadas y tampoco obra una identificación de las personas que
aparecen en ellas; no obstante, de admitirse que allí aparece el demandado y que
corresponden a la contienda electoral para las elecciones de octubre de 2023, tampoco
se observan conductas proselitistas de su parte, ya que no se avizora un ofrecimiento o
respaldo a campañas políticas de otros candidatos, comoquiera que la asistencia a
reuniones conjuntas entre el demandado y otros candidatos, no configuran la prohibición
alegada26.

23. En proveído del 18 de julio de 202527, el Tribunal de instancia negó las solicitudes de
aclaración y adición de la sentencia presentadas por la demandante Leydi Patricia Torres
Montaño28, respecto de lo cual precisó que la petición de aclaración correspondía a
inconformidades puntuales frente a la valoración probatoria hecha en el fallo y no
constituyen conceptos, frases o motivos de duda que se encuentren en la parte resolutiva
o que influyan en ella.

23
Citó: Consejo de Estado-Sección Quinta. Providencia del 20 de agosto de 2024. MP Gloria María Gómez Montoya. Radicación:
11001-03-28-000-2024-00008-00.
24
Frente a los señores José Julián Álzate (Partido Conservador), Luis Aníbal Cano (Movimiento Político Colombia Humana) y Helia
Edith Cañaveral (Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción).
25
Respecto de William Belalcázar Hurtado (Partido Conservador) y Diego Armando Molina (Partido de la U).
26
Citó: Sentencia del 18 de julio de 2024. MP Pedro Pablo Vanegas Gil. Radicación: 52001-23-33-000-2023-00387-02.
27
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia): Radicado 2023-00945-00 – Índice 00115
28
La solicitud de aclaración consistió en especificar concretamente cuáles pruebas fueron tenidas en cuenta en la valoración hecha
en la sentencia y cuales fueron descartadas. Y la petición de adición, consistió en que se verificara la conducta prohibida frente a
Emerson Antonio Montaño Rengifo y Héctor Ortiz González, como lo expuso en los alegatos de conclusión.
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Demandantes: Héctor Pérez Contreras y otros
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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00945-02 (Principal)

24. Sobre la solicitud de adición dijo que no resultaba procedente, ya que las demandas
únicamente centraron sus argumentos frente a los concejales William Belalcázar Hurtado
y Diego Armando Molina, lo que no ocurrió frente a los señores Emerson Montaño
Rengifo y Héctor Ortiz González, pues en los escritos introductores no se encuentran
señalamientos sobre aquellos candidatos, respecto de los cuales se imponía su estudio
en la sentencia.

1.6. Recursos de apelación

25. Los demandantes Héctor Pérez Contreras y Leydi Patricia Torres Montaño apelaron
la sentencia mediante escritos presentados el 26 de junio y 29 de julio de 2025,
respectivamente29. Al respecto, consideraron lo siguiente:

26. El señor Héctor Pérez Contreras cuestionó la valoración probatoria hecha por el a
quo, la que calificó de excesiva por exigir el cumplimiento de estrictos protocolos de
autenticidad digital, trazabilidad y cadena de custodia, lo que contradice abiertamente la
jurisprudencia reciente del Consejo de Estado30, por lo que considera que el material
digital y audiovisual aportado por la parte actora debe valorarse como documental plena,
pues sobre ella no existió tacha de falsedad, prueba de adulteración o grave
cuestionamiento sobre su autenticidad, la cual lleva ineludiblemente a concluir que el
señor Dimas Antonio Martínez Toro incurrió en doble militancia política en la modalidad
de apoyo durante la campaña electoral de 2023.

26.1. Resaltó que los videos y fotografías extraídas directamente de las cuentas oficiales
de redes sociales del demandado y de sus co-candidatos; los registros audiovisuales de
eventos masivos, las publicaciones en Facebook y WhatsApp y los audios allegados,
prueban debidamente que el señor Martínez Toro participó activamente, de manera
pública, consciente y reiterada, en la campaña política «Hagamos Que Pase», la cual se
articuló y promovió de forma conjunta con otros candidatos inscritos a la alcaldía y al
Concejo de Florida (Valle del Cauca) pertenecientes a diferentes partidos políticos.

26.2. Seguidamente se refiere al sujeto activo, a la conducta prohibida y a los elementos
objetivo, temporal y subjetivo y dijo que es claro que el señor Dimas Antonio Martínez
Toro ostentó la calidad de candidato inscrito a la alcaldía de Florida (Valle del Cauca) por
el partido ADA; el robusto acervo de pruebas documentales, audiovisuales y digitales
demuestran que participó activamente en la campaña con candidatos pertenecientes a
otras colectividades mediante la entrega conjunta de publicidad y mención expresa de
apoyo a otros aspirantes (Helia Edith Cañaveral, Julián Álzate, Aníbal Cano, William
Belalcázar y Diego Molina), los cuales no se tratan de actos aislados, sino de conductas
persistentes y coordinadas, que trascienden la simple cortesía o la presencia casual.

26.3. Sobre el aspecto temporal, precisó que la confluencia de los candidatos
mencionados –tanto a la alcaldía como al Concejo Municipal– solo pudo haberse
producido en el marco del proceso electoral territorial del año 2023, en tanto no existe
antecedente alguno de una contienda previa o posterior en la que dichos actores políticos
hayan coincidido como aspirantes con aval de sus respectivas colectividades, lo que
además se prueba con los formularios E6 expedidos por la Registraduría Nacional del

29
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia): Radicado 2023-00945-00 – Índices 00109 y 000121, en su orden.
30
Trajo a colación Sentencia del 7 de noviembre de 2024, radicación: 47001-23-33-000-2023-00293-03.
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Demandantes: Héctor Pérez Contreras y otros
Demandado: Dimas Antonio Martínez Toro,
alcalde del municipio de Florida (Valle del Cauda) periodo 2024-2027
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00945-02 (Principal)

Estado Civil, en los que consta que dichos candidatos pertenecían a partidos políticos
distintos al del demandado.

26.4. Finalmente, en cuanto al aspecto subjetivo, indicó que los audios allegados dan
cuenta que el demandado advierte a los demás miembros del grupo «Hagamos Que
Pase» que deben ser cautelosos para no exponerse a una demanda por doble militancia,
lo que prueba de manera directa e irrefutable la conciencia de la ilicitud y la deliberación
de la conducta.

26.5. Por lo anterior, pide revocar la decisión de primera instancia y en su lugar se acceda
a las pretensiones de la demanda.

27. La señora Leydi Patricia Torres Montaño indicó que contrario a lo concluido en la
sentencia, en el presente proceso se logró probar que el señor Dimas Antonio Martínez
Toro incurrió en la causal de doble militancia, ya que brindó apoyo directo y concreto al
candidato al concejo Diego Armando Molina Ramírez inscrito por el Partido de la Unión
por la Gente y a otros candidatos de diferentes colectividades, pues no solo la presencia
en el evento31 sino el mensaje que acompañaba las publicaciones y fotografías en redes
sociales, permiten identificar el acompañamiento político positivo, claro y preciso que se
enmarca en la prohibición.

27.1. Indicó que si bien el Tribunal desconoce las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en que fueron tomados los elementos probatorios, no observa la conducta proselitista y
que la sola presencia en una reunión pública no constituye un acto positivo y concreto
que configure la doble militancia, en su criterio, las publicaciones realizadas por el
demandado en sus plataformas de Facebook e Instagram, se realizaron en el período
comprendido entre el 29 de julio y el 29 de octubre de 2023, es decir, durante el tiempo
de campaña para las elecciones territoriales de 2023.

27.2. Igualmente, en todas las pruebas allegadas se puede observar e identificar con
claridad a las personas que allí aparecen, no solo porque en ellas se hace mención
expresa a sus nombres, sino porque todos los candidatos al concejo aparecen
identificados con su número electoral, como ocurre con Diego Molina que figura con el
número «U8» junto al alcalde electo Martínez Toro, frente a quien, además, expresó actos
positivos y concretos tendientes a modificar la intención del electorado, como ocurre en
la publicación del 14 de octubre de 2023 en la que aparecen dos fotografías con el
siguiente texto: «nuestro futuro concejal Diego Molina».

27.3. Insistió en que el Tribunal vulneró el «principio de integralidad en la apreciación
probatoria», ya que con el escrito de oposición a las excepciones32 se aportaron elementos
probatorios adicionales que acreditan el apoyo del demandado frente a los señores
Emerson Antonio Montaño Rengifo y Héctor Ortiz González, documentos que fueron
aportados dentro de la oportunidad procesal prevista en el artículo 212 del CPACA, por
lo que debieron ser analizados.

31
No precisó a cuál evento se refiere.
32
«043_MemorialWeb_PeticiOn-CONTESTACIONDEEXCE»
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Demandantes: Héctor Pérez Contreras y otros
Demandado: Dimas Antonio Martínez Toro,
alcalde del municipio de Florida (Valle del Cauda) periodo 2024-2027
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00945-02 (Principal)

27.4. Que conforme a las reglas procesales, el demandado tenía la carga de controvertir
oportuna y específicamente las pruebas documentales allegadas, concretamente las que
reproducen su imagen en contextos de apoyo a tercero candidatos; sin embargo, este
guardó silencio y centró sus esfuerzos en cuestionar aspectos técnicos relacionados con
la apreciación de mensajes de datos, sin formular tacha de falsedad desvirtuar la
autenticidad de las imágenes, razón por la que las capturas aportadas con la demanda
gozan de presunción de autenticidad y deben ser valoradas como medios de convicción
idóneos y eficaces.

27.5. Expuso que esta Corporación ha indicado que una actividad proselitista propia
publicada en un medio púbico como una red social, con el propósito de poner de presente
ante un número indeterminado de personas la candidatura de un tercero, constituye un
acto de apoyo y no se trata de la literalidad del mensaje, sino del conjunto de elementos
visuales, textuales y contextuales que conforman el acto comunicativo, de allí que el
análisis del apoyo proscrito en redes sociales, exige valorar el contexto proselitista y no
limitarse a buscar fórmulas expresas de la solicitud de voto33.

27.6. Finalmente insistió en que la violación no se fundamenta en que Martínez Toro
hubiese estado presente en los mismos espacios que los candidatos Molina, Belalcázar,
Montaño u Ortiz, sino que él mismo promovió, de manera explícita y comunicativa, desde
sus redes sociales, esas candidaturas mediante publicaciones diseñadas con fines
electorales, al compartir fotografías en compañía de dichos candidatos, al utilizar frases
con fuerte carga política como «nuestro» o «unidos para sanar a Florida» y al incluir logos y
elementos visuales asociados a partidos distintos, incitó de manera directa una
identificación política que trascendió la mera asistencia a un evento34.

1.7. Autos que concedieron los recursos de apelación

28. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en proveídos del 1835 y 3136 de julio
de 2025, en su orden, concedió los recursos interpuestos por los señores Héctor Pérez
Contreras y Leydi Patricia Torres Montaño.

1.8. Actuaciones en segunda instancia

29. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del
12 de agosto de 202537, admitió los recursos de apelación y corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegaciones finales. En ese término se allegaron los siguientes
escritos:

30. El demandante Héctor Pérez Contreras38, reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de apelación sobre el supuesto error en la valoración probatoria por parte del a
quo.

33
Citó: Sentencia del 27 de marzo de 2025. MP Gloria María Gómez Montoya. Radicación: 05001-23-33-000-2023-01215-01.
34
Citó los radicados 11001-03-28-000-2024-00057-00 y 25000-23-41-000-2015-02347-01.
35
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia): Radicado 2023-00945-00 – Índice 00115
36
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia): Radicado 2023-00945-00 – Índice 00124
37
Expediente digital SAMAI – Índice 00005
38
Expediente digital SAMAI – Índice 00009 a 00011
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Demandantes: Héctor Pérez Contreras y otros
Demandado: Dimas Antonio Martínez Toro,
alcalde del municipio de Florida (Valle del Cauda) periodo 2024-2027
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00945-02 (Principal)

30.1. Insistió en que desestimar las pruebas aportada con la demanda porque carecen de
metadatos o archivo original, conlleva a que se traslade a los demandantes una carga
probatoria que la ley no prevé, impidiendo injustificadamente la acreditación de conductas
prohibidas en el contexto electoral.

30.2. Expuso que la sentencia apelada descartó pruebas digitales y omitió valorar
documentos esenciales que fueron aportaros con el escrito de oposición a las
excepciones presentado por la señora Leydi Patricia Torres Montaño39, en el cual se
relacionan enlaces directos a videos, fotografías y publicaciones de redes sociales que
coinciden con los aportados con la demanda, lo que considera un defecto fáctico en la
apreciación de la prueba, por no valorar todo el acervo probatorio y desconocer el
principio de integración del expediente en procesos acumulados.

30.3. Resaltó que el Tribunal desconoció el precedente de esta Sección, contenido en la
sentencia del 7 de noviembre de 2024 «Caso Sitionuevo», dentro del radicado 47001-23-
33-000-2023-00293-03, en el cual se ha advertido que en materia electoral, las pruebas
digitales se valoran bajo el régimen general de la prueba documental y con sujeción a la
sana crítica, salvo que exista tacha de falsedad, prueba de adulteración o
cuestionamiento serio sobre su autenticidad, sin embargo, en el presente caso, el
demandado no discutió su originalidad.

30.4. Como en este caso están acreditados los elementos que configuran la prohibición
de doble militancia en la modalidad de apoyo, debe revocarse la sentencia de primer
grado y en su lugar, conceder las pretensiones de la demanda.

31. La demandante Leydi Patricia Torres Montaño se pronunció en esta ocasión40 y
afirmó que los argumentos desarrollados a lo largo del proceso y en particular, en la
demanda, en el escrito que descorre el traslado de las excepciones de mérito y en los
alegatos de conclusión, demuestran de manera clara, precisa y objetiva que el
demandado Dimas Antonio Martínez Toro realizó múltiples actos de apoyo directo y
concreto a favor de candidatos al Concejo Municipal de Florida (Valle del Cauca) que
fueron inscritos por otras colectividades políticas, así como a otros aspirantes a la alcaldía
del mismo municipio.

31.1. Insistió en que de las pruebas allegadas al proceso como capturas de pantalla y
publicaciones en redes sociales, entre otros documentos, es posible identificar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar bajo las cuales el demandado apoyó de forma
positiva a Diego Armando Molina Ramírez, William Belalcázar Hurtado, Emerson Antonio
Montaño Rengifo y Héctor Ortiz González, quienes fueron inscritos por partidos políticos
diferentes al que avaló su candidatura, lo que permite colegir que incurrió en la doble
militancia alegada.

31.2. Reiteró que el Tribunal incurrió en un error sustancial al omitir, sin justificación
alguna, valorar dichas pruebas y no existe dentro de la sentencia una referencia explícita,
razonada o siquiera tangencial, al contenido de los documentos allegados dentro de las
oportunidades procesales previstas en el artículo 212 del CPACA, lo que considera

39
Anexó copia – Expediente digital SAMAI – Índice 00010
40
Expediente digital SAMAI – Índice 00014
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Demandado: Dimas Antonio Martínez Toro,
alcalde del municipio de Florida (Valle del Cauda) periodo 2024-2027
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00945-02 (Principal)

violatorio del derecho fundamental al debido proceso como lo dijo la Corte Constitucional
en la Sentencia C-580 de 2012.

31.3. La consecuencia de ese yerro procesal es la revocatoria de la sentencia de primera
instancia y en su lugar debe accederse a las pretensiones y declarar la nulidad del acto
administrativo que declaró la elección del señor Dimas Antonio Martínez Toro, por cuanto
se configuró la causal de nulidad prevista en el numeral 8º del artículo 275 de la Ley 1437
de 2011.

32. El demandado Dimas Antonio Martínez Toro en sus alegatos41 expresó que no se
acreditaron los presupuestos normativos y jurisprudenciales para la configuración de la
doble militancia en la modalidad de apoyo que se le imputa.

32.1. Dijo que las pruebas valoradas en conjunto, que carecen de valor probatorio ante el
desconocimiento de su procedencia, autenticidad, originalidad y demás elementos
exigidos, no demuestran actos positivos y concretos de apoyo hacia otros candidatos al
Concejo Municipal o a la alcaldía municipal de Florida (Valle del Cauca), inscritos por
movimientos políticos distintos al que avaló su aspiración.

32.2. Que aunque hubiera asistido a actos de campaña de candidatos al Concejo de
movimientos políticos distintos al suyo para recibir adhesiones y apoyos de estos, esa
situación, por sí sola, no constituye una conducta reprochable, ya que la democracia se
funda en lograr la mayor cantidad de votos y para eso, quien los procura, bien puede
aceptar apoyos de grupos o personas que no pertenezcan a su partido, y la sola
presencia en eventos políticos ajenos, no conlleva a la configuración de los actos
positivos y concretos de apoyo42.

32.3. Finalmente pidió tener en cuenta el salvamento de voto del magistrado Óscar
Alonso Valero Nisimblat frente a la sentencia proferida dentro del proceso 76001-23-33-
000-2023-00855-00 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la sentencia de
única instancia de fecha 27 de febrero de 2025 proferida por esta Sala Electoral dentro
del expediente 11001-03-28-000-2024-00008-00, MP Gloria María Gómez Montoya, a
través de la cual se negó la nulidad de la elección pretendida, al no acreditarse los
elementos constitutivos de la doble militancia en la modalidad de apoyo.

33. La procuradora séptima delegada ante esta corporación rindió concepto43, en el
cual se refiere a los hechos de la demanda, a la decisión de primera instancia y los
recursos interpuestos en su contra.

33.1. Precisó que no pueden tenerse en cuenta los nuevos hechos y las pruebas
adicionales que aportó la demandante Torres Montaño en el escrito de oposición a las
excepciones, porque esa etapa no constituye una segunda oportunidad para adicionar
los fundamentos fácticos de la demanda ni para incorporar nuevos elementos de prueba,
razón por la que no observa que la sentencia cuestionada adolezca de defecto fáctico.

41
Expediente digital SAMAI – Índice 00012
42
Citó: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 3 de diciembre de 2020. Expediente 11001-03-28-000-2020-00016-00 y
11001-03-28-000-2020-00017-00 MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
43
Expediente digital SAMAI – Índice 00016
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Demandado: Dimas Antonio Martínez Toro,
alcalde del municipio de Florida (Valle del Cauda) periodo 2024-2027
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00945-02 (Principal)

33.2. Indicó que acertó la primera instancia en valorar las pruebas conforme al régimen
general previsto en el CGP para los documentos y no por las reglas de la Ley 527 de
1999, ya que constituyen una reproducción impresa de ilustraciones que, presuntamente
se encontraban en las redes sociales del demandado y en internet; por lo tanto, deben
desestimarse los argumentos del apelante que sostienen que el Tribunal fue excesivo a
la hora de establecer el tratamiento jurídico del material probatorio aportado.

33.3. Se refirió a las generalidades de la doble militancia en la modalidad de apoyo44 y al
descender al caso concreto precisó que no existe controversia sobre la filiación política
del demandado, así como que aquel aspiraba a la alcaldía de Florida (Valle del Cauca),
pero al verificar los videos y audios allegados, en su criterio, no se logra identificar a
plenitud la voz ni los sujetos que aparecen en los mismos, razón por la que las pruebas
no son suficientes para configurar el elemento objetivo de la prohibición.

33.4. Frente a las imágenes allegadas, indicó que no observa ningún acto positivo y
concreto de apoyo por parte del demandado, pues sólo se observan palabras de
agradecimiento y de esas pruebas simplemente se ve que está compartiendo escenario,
lo cual, según la jurisprudencia de la Sala Electoral del Consejo de Estado 45, no
configuran el elemento objetivo de la doble militancia en su modalidad de apoyo.

33.5. Concluyó que no están dados los elementos de juicio para que prosperen los
argumentos de los apelantes, ya que no se acreditó cada uno de los requisitos exigidos
para la configuración de la doble militancia en su modalidad de apoyo, por lo tanto, la
sentencia de primera instancia debe ser confirmada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

34. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos
de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo
dispuesto en los artículos 15046 y 152.7.a)47 de la Ley 1437 del 2011, en concordancia
con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado48.

2.2. Cuestiones previas

35. Antes de emprender el análisis de fondo en este asunto, la Sala advierte que la
señora Leydi Patricia Torres Montaño en el recurso de alzada y en los alegatos de

44
Citó: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 4 de agosto de 2016, radicación Nº 63001-23- 33-000- 2016-00008- 01
M.P. Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 27 de octubre de 2016, radicación Nº 68001-23-33-
000-2016-00043-01 M.P. Rocío Araujo Oñate.
45
Trajo a colación: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 52001-23-33-000-2015-
00841-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2016 - Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001- 03-28-000-2018- 00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia de 31 de
octubre de 2018 - Sentencia del veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 68001-23-33-000-2020-
00015-01 (68001-23-33-000-2019-00920-00). Entre otras, en sentencia del dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024),
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL, Radicación 52001-23-33-000-2023-00387-02.
46
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…).».
47
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos relativos a la
nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, (…), de los concejales
del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios
y distritos, (…)»
48
Modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado
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conclusión en esta instancia, reprocha la supuesta indebida valoración probatoria en la
que incurrió el a quo, porque no tuvo en cuenta para tomar la decisión las pruebas y
argumentos expuestos en el escrito de oposición a las excepciones y en el de alegaciones
finales, específicamente frente a los señores Emerson Antonio Montaño Rengifo y Héctor
Ortiz González49, sobre los que pide, además, que esta Corporación analice la doble
militancia imputada al señor Dimas Antonio Martínez Toro.

36. En igual sentido, el señor Héctor Pérez Contreras, en el memorial de alegaciones
presentado ante esta Sala Electoral, cuestionó la supuesta omisión del a quo de valorar
los elementos de juicio que allegó la señora Torres Montaño con su escrito de oposición
a las excepciones, presentado dentro del expediente que se tramitaba ante el Juzgado
15 Administrativo Oral de Cali50, consistentes en enlaces directos a videos, fotografías y
publicaciones de redes sociales que coinciden con los aportados en su demanda,
además de las manifestaciones adicionales que contextualizan y refuerzan la
configuración de la causal de doble militancia.

37. Al respecto, resalta esta Sección, que a través de la demanda se materializa el
derecho de quien promueve el medio de control, marca el punto de partida para que el
demandado ejerza su derecho de defensa y a la vez, delimita el campo de acción del juez
de conocimiento. En el presente asunto, los demandantes, entre ellos la señora Leydi
Patricia Torres Montaño51, desde el punto de vista fáctico, sobre el supuesto apoyo que
brindó el demandado a los aspirantes al Concejo Municipal de Florida (Valle del Cauca),
centraron los argumentos frente a los señores William Belalcázar Hurtado y Diego
Armando Molina y no hicieron referencia a Emerson Antonio Montaño Rengifo ni a Héctor
Ortiz González.

38. Con fundamento en las demandas y en las contestaciones, el Tribunal de instancia,
cuando delimitó el problema jurídico y fijó el litigio, dijo que consistía en «(…) determinar si
debe declararse la nulidad del acto de elección del señor DIMAS ANTONIO MARTÍNEZ TORO
como Alcalde del Municipio de Florida para el periodo 2024 - 2027, contenido en el formulario E-
26 ALC del 3 de noviembre de 2023, por presuntamente haber incurrido en la causal de doble
militancia en la modalidad de apoyo consagrada en el numeral 8° del artículo 275 del CPACA,
como se alegó en la demanda.» (Negrillas fuera de texto).

39. Como se indicó, el cuestionamiento que se expuso en las demandas, entre ellas la
de la señora Torres Montaño, relacionado con el presunto apoyo brindado por el
demandado a los aspirantes a la duma municipal, se concretó en los señores William
Belalcázar Hurtado y Diego Armando Molina, y ningún reparo formularon respecto de
otros candidatos a esa corporación, que fueron referidos con posterioridad.

40. Esos argumentos, constituyen un planteamiento nuevo que impide su análisis al
momento de resolver la litis, pues producto de la comparación de la demanda, con los
alegatos de conclusión de ambas instancias y con el escrito de alzada de la señora Leydi
Patricia Torres Montaño, de manera palmaria se infiere que están solicitando el estudio

49
Alusivas a fotografías y links adicionales a las de la demanda que presuntamente prueba la doble militancia.
50
Recuérdese que originalmente su demanda correspondió al Juzgado 15 Administrativo de Cali con el radicado 76001-33-33-015-
2023-00348-00 y cuando se remitió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se radicó con el número 76001-23-33-000-2024-
00183-00.
51
Demandante dentro del proceso 76001-23-33-000-2024-00183-00 (Originalmente: Radicado 76001-33-33-015-2023-00348-00 del
Juzgado 15 Administrativo de Cali)
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de un aspecto que no constituyó el objeto del litigio, lo que implica que, introducen una
adición de elementos que amplían el fundamento fáctico del reproche de legalidad
contenido en el escrito introductor, aspectos que no podrán ser analizados por esta
Corporación, porque implicaría un desconocimiento del principio al debido proceso del
extremo pasivo de la relación procesal.

41. En consecuencia, no es procedente que en los alegatos de conclusión y mucho
menos en el recurso de apelación, se propongan fundamentos nuevos sobre los cuales
el demandado no tuvo la oportunidad de controvertir o la posibilidad material de presentar
sus razones en contra, motivo por el que la Sala no los analizará.

42. Adicionalmente, en lo que hace a las pruebas que al parecer introdujo con el escrito
de oposición a las excepciones la señora Leydi Patricia Torres Montaño, se advierte, que
el Tribunal de instancia al momento de adecuar el trámite procesal con el ánimo de dictar
sentencia anticipada52, cuando se pronunció sobre la solicitud probatoria frente a la parte
demandante, resolvió: «Se tendrán como pruebas en su alcance legal los documentos
allegados con la demanda.» y nada dijo frente a las pruebas que aportó con dicha
intervención; sin embargo, la parte interesada no formuló reparo alguno frente a esa
decisión y tampoco solicitó ante esta Corporación, el decreto de las citadas pruebas bajo
el amparo de la disposición normativa que regula la materia en esta etapa procesal53.

43. Así las cosas, tampoco se tendrán en cuenta las pruebas adosadas por la señora
Leydi Patricia Torres Montaño con el escrito de oposición a las excepciones y con los
alegatos de conclusión, por no haber sido decretadas en su oportunidad por el magistrado
instructor del proceso y por no haberse solicitado como tal ante esta Corporación,
conforme al artículo 212 del CPACA.

2.3. Problema jurídico

44. Corresponde a la Sala determinar, si de conformidad con los argumentos de los
recursos de apelación, revoca, modifica o confirma la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 16 de junio de 2025, mediante la cual negó las
pretensiones de las demandas, para lo cual deberá resolver si el demandado incurrió en
la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, proscrita en los artículos 107
de la Constitución Política y en los artículos 275.8 de la Ley 1437 de 2011 y 2 de la Ley
1475 de 2011.

45. Para resolver el cuestionamiento planteado, la Sala abordará los siguientes tópicos:
(i) el marco general de la doble militancia en la modalidad de apoyo, y (ii) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la doble militancia en la modalidad de apoyo54

46. La prohibición de doble militancia se consagró en el ordenamiento jurídico
colombiano, con el fin de imprimir seriedad y fortalecer las instituciones de las

52
Auto del 25 de marzo de 2025 - Expediente digital SAMAI (Primera Instancia): Radicado 2023-00945-00 – Índice 00059
53
Artículo 212 de la Ley 1437 de 2011
54
Se reiteran las consideraciones expuestas en los siguientes fallos: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 27 de febrero
del 2025. Radicación 11001-03-28-000-2023-00153-00, M.P. Gloria María Gómez Montoya. Consejo de Estado. Sección Quinta.
Sentencia del 27 de febrero del 2025. Radicación 11001-03-28-000-2024-00008-00, M.P. Gloria María Gómez Montoya.
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agrupaciones políticas, para evitar que sus militantes desplegaran conductas contrarias
a los principios y lineamientos propios de cada uno de ellos.

47. En respuesta a la necesidad de contar con un régimen de partidos y movimientos
políticos fortalecido y alejado de las decisiones personalistas de sus militantes, el
legislador ha establecido tanto a nivel constitucional como legal la prohibición de doble
militancia como una forma de contribuir al funcionamiento organizado de estas
colectividades y buscar que aquellas sean sólidas, consistentes y con vocación de
permanencia.

48. El artículo 107 de la Constitución Política al respecto, dispone:

ARTICULO 107. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2009>. Se
garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y
movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido
o movimiento político con personería jurídica. (…).

49. Por su lado, el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011, indica:

ARTÍCULO 2o. PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA. <Artículo CONDICIONALMENTE
exequible> En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más
de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento
político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva
organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto
el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de
los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o
corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los
inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los
candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento
político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si
deciden presentarse a la |siguiente elección por un partido o movimiento político distinto,
deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.

(…) El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de
conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria
de la inscripción. (…). (Negrillas fuera de texto).

50. De la disposición normativa antes transcrita, es posible derivar la existencia de unos
elementos necesarios para la configuración de la conducta reprochada, y, con ello, la
consecuente anulación del acto de elección, en los términos del numeral 8º del artículo
275 de la Ley 1437 del 2011. Estos son:

a) Un sujeto calificado, que, en los términos específicos de la legislación, se dirige a
quienes desempeñen cargos de dirección, gobierno, administrativos o control dentro de
los partidos y movimientos políticos, e incluso, aquellos que hayan sido o pretendan ser
elegidos en cargos o corporaciones de elección popular.

b) La necesaria inscripción de candidatos por parte de la colectividad en la cual se es
militante (elemento modal).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 14
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Demandantes: Héctor Pérez Contreras y otros
Demandado: Dimas Antonio Martínez Toro,
alcalde del municipio de Florida (Valle del Cauda) periodo 2024-2027
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00945-02 (Principal)

c) Una conducta prohibida (elemento objetivo), consistente en el apoyo a candidatos
diferentes de los inscritos por la organización política en la cual se milita.

d) Un elemento temporal que, aunque no está expreso en la redacción de la norma,
de una interpretación sistemática y con efecto útil de esta disposición, impone colegir que
la modalidad de apoyo de doble militancia solo puede ejercerse en época de campaña
electoral, la cual comprende desde el momento en el que la persona inscribe su
candidatura hasta el día de las elecciones. Esto es así, porque solo durante ese lapso
se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra, y, por ende, solo en
este espacio de tiempo se podría ejecutar la conducta que la norma reprocha, es decir,
el apoyo a las candidaturas55.

51. En cuanto al elemento modal, esta Corporación, en sentencia del 1º de agosto del
202456, reiterada en fallo del 22 siguiente57, señaló que «el deber de lealtad partidista surge
en el momento en que la colectividad política a la que pertenece el elegido acusado i) inscriba
un candidato propio a un cargo de elección popular, o ii) decida apoyar al de otra
organización política, o bien ii) imparta la orden de abstenerse de respaldar candidaturas
específicas» (Se resalta).

52. A su vez, esta Sala58, puntualizó que para acreditar el presupuesto modal de la
prohibición «es necesario que el partido o movimiento político que avaló la postulación del
acusado haya inscrito una candidatura propia al cargo de elección popular
correspondiente, pues solo en este evento es que puede exigírsele al demandado una lealtad
hacia su colectividad» (Se resalta).

53. La interpretación contenida en la providencia citada, precisó que la prohibición de
doble militancia se circunscribe a los precisos eventos de la norma que la consagra, así:

La Sala ha reiterado que el objetivo constitucional de la prohibición de doble militancia, que
apunta a auspiciar una disciplina partidista, se puede asegurar en los términos en que han
sido previstas en la ley las diferentes modalidades de la conducta que se estudia y, por tanto,
no puede extenderse el alcance del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 a situaciones ajenas a
las allí reguladas.

Lo anterior, en consideración a que no puede darse un alcance mayor a la prohibición, sino
que su interpretación debe ser restringida a los supuestos que consagra la norma.

En virtud de lo expuesto, es claro que se incurre en la prohibición por doble militancia
cuando para un determinado cargo hay candidatos inscritos respaldados por la
agrupación que avaló al demandado. (Se resalta).

54. Ahora, sobre la conducta prohibida (elemento objetivo), resultan ilustrativas las
siguientes consideraciones del fallo del 3 de diciembre de 2020 59 de esta Sala de
Decisión, a través de las cuales se precisaron aspectos tales como que: (i) la
55
En este mismo sentido consultar, entre otras: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad.
730001-23-33-000-2015-00806-01. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 29 de septiembre de 2016. Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2016-00077-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Sentencia de 6 de octubre de 2016.
56
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 1° de agosto de 2024. Radicación 63001-23-33-000-2023- 00103-01, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra.
57
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 22 de agosto del 2024. Radicación 11001-03-28-000-2023-00154-00. M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra.
58
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 8 de agosto de 2024. Radicación 08001-23-33-000-2023-00463-01. M.P. Omar
Joaquín Barreto Suárez.
59
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00 (Acum.). M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 3 de diciembre de 2020.
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estructuración del apoyo exige necesariamente la ejecución de actos positivos y
concretos en favor del candidato perteneciente a otro partido político; (ii) el
acompañamiento político puede provenir de una sola actuación, manifestación o de
actividades concatenadas; (ii) el apoyo indebido se configura independiente al resultado
electoral obtenido por el candidato asistido; (iv) la probanza del comportamiento
prohibido debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir, revistiendo al operador
judicial de elementos de juicio que permitan superar toda duda razonable; (v) el actuar
objeto de sanción se centra en el ofrecimiento de apoyos, y no en el recibimiento de
respaldos por parte de un aspirante.

2.5. Caso concreto

55. Como se indicó en los antecedentes, el Tribunal de instancia negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que no se acreditaron los elementos constitutivos de doble
militancia, concretamente, lo referente a la manifestación de actos de apoyo a campañas
electorales diferentes a las de la colectividad que avaló al señor Dimas Antonio Martínez
Toro como candidato a la alcaldía de Florida (Valle del Cauca).

56. Por el contrario, los demandantes Héctor Pérez Contreras y Leydi Patricia Torres
Montaño, en sus apelaciones, indican que el material probatorio allegado al expediente
por el extremo activo, es contundente y suficiente para acreditar las manifestaciones
claras e inequívocas de apoyo del demandado hacia otros candidatos a la alcaldía de
Florida (Valle del Cauca) y frente a los señores William Belalcázar Hurtado y Diego
Armando Molina Ramírez, como candidatos al concejo del mismo municipio, avalados
por movimientos políticos distintos al suyo, las cuales ocurrieron dentro del período de
campaña electoral, por lo que sus pretensiones están llamadas a prosperar.

57. Es pertinente advertir, que el inciso 1º del artículo 320 del Código General del
Proceso indica que «el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que
el superior revoque o reforme la decisión».

58. Además, el artículo 322 ibidem, frente a los requisitos del mencionado medio de
impugnación, dice que el apelante deberá precisar «los reparos concretos que le hace a la
decisión, sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior» y que «será
suficiente que el recurrente exprese, las razones de su inconformidad con la providencia
apelada».

59. En consonancia con lo anterior, el inciso 1º del artículo 328 del mismo estatuto
procesal, dispone que «el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos previstos por la ley».

60. De conformidad con lo expuesto, la Sección precisa que la decisión de primera
instancia tuvo en cuenta la totalidad de elementos probatorios arrimados con las
demandadas y sus contestaciones60 para arribar a la conclusión cuestionada, pues
aunque dijo que las pruebas aportadas, como capturas de pantallas -fotos- y los archivos

60
Conforme al decreto de las pruebas hecho por el Tribunal en Auto del 25 de marzo de 2025 - Expediente digital SAMAI (Primera
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de audio y videos en formato mp4 no podía valorarlas como mensajes de datos, sí serían
apreciadas bajo los presupuestos de la prueba documental, porque pese a que en las
demandas se indició que dichos elementos fueron extraídos de las redes sociales del
demandado, no se registraron los enlaces con acceso efectivo y por ello no cumplían los
requisitos para ser considerados bajo los parámetros de la Ley 527 de 1999.

61. En esa misma línea, en condición de prueba documental, esta decisión se
sustentará en una valoración conjunta de todos los elementos de convicción oportuna y
legalmente allegados por las partes61, tal y como lo impone el artículo 176 del Código
General del Proceso, pues para que dichas probanzas sean consideradas como
mensajes de datos al interior de las actuaciones judiciales, se exige: (i) que la información
contenida en el mensaje de datos sea accesible para su posterior consulta; (ii) la
identificación del iniciador del mensaje –quien lo genera– artículo 7°; (iii) la integralidad
de su contenido, esto es, que no haya sido alterado a partir del momento en que se
generó por primera vez en su forma definitiva –artículos. 8° y 9°, como lo ha indicado esta
Sala Electoral62 y, en el presente asunto, no se cumplen dichos presupuestos.

62. En efecto, según la Ley 527 de 199963, en armonía con las directrices fijadas por la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional64, se entiende
por mensaje de datos, toda información «generada, enviada, recibida, almacenada o
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares»65, y, además, dicha norma los
reconoció como medios de prueba en el marco de cualquier actuación administrativa y
judicial66, con lo que cobijó, por ende, los procesos de nulidad electoral.

63. El propósito de la Ley 527 fue crear una plataforma digital homóloga que permitiera
garantizar que los mensajes de datos cumplieran las mismas funciones del documento
en papel, a saber, su inalterabilidad, su reproducción y autenticación67, mediante la
implementación de los equivalentes funcionales68 entre el documento tradicional y el
digital.

64. En palabras de la Corte Constitucional, el reconocimiento del valor probatorio de los
mensajes de datos se traduce en la obligación de demostrar los equivalentes funcionales
referidos que permitan asemejarlo al documento escrito:

«El primer inciso del artículo 247, interpretado conjuntamente con el artículo 2 de la Ley 527
de 1999, comporta que si una información generada, enviada o recibida a través de medios
electrónicos, ópticos o similares, como el EDI, el Internet, el correo electrónico, el telegrama,
el télex o el telefax, es allegada al proceso en el mismo formato o en uno que reproduzca con
exactitud la modalidad en que fue transmitida o creada, ese contenido deberá valorarse como
61
Esto es, los aportados con las demandas y la contestación, los cuales fueron decretados en Auto del 25 de marzo de 2025 -
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia): Radicado 2023-00945-00 – Índice 00059.
62
Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 1 de agosto de 2024. MP Gloria María
Gómez Montoya. Radicación: 27001-23-33-000-2023-00118-02.
63
“Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas
digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.”
64
Para conocer los antecedentes normativos de la Ley 527 de 1999, puede consultarse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. Subsección “B”. Rad. 25000-23-26-000-2000-00082-01. M.P. Stella Conto Diaz del Castillo.
Sentencia de 13 de diciembre de 2017.
65
Art. 2° de la Ley 527 de 1999.
66
Art. 10 de la Ley 527 de 1999. “ADMISIBILIDAD Y FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES DE DATOS. Los mensajes de
datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título
XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. En toda actuación administrativa o judicial, no se negará
eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que
se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original.”
67
Exposición de motivos de la Ley.
68
Corte Constitucional. Sentencia C-831 de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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un mensaje de datos. Más exactamente, esto quiere decir que solo si el mensaje electrónico
es aportado en el mismo formato en que fue remitido o generado, de un lado, se considerará
un mensaje de datos y, del otro, deberá ser probatoriamente valorado como tal.

Lo anterior, a su vez, supone dos elementos. En primer lugar, debido a que la norma hace
referencia a la incorporación de verdaderos mensajes de datos, como pruebas, al proceso, su
introducción a la actuación presupone los «equivalentes funcionales» a los que se hizo
referencia con anterioridad, previstos en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 527 de 1999, que
reemplazan la exigencia escritural del documento, la necesidad de la firma y la obligación de
su aportación en original»69.

65. Al verificar los medios de convicción aportados con cada una de las demandas de la
referencia70, se observa que en ninguna de ellas se aportan los links o URL71 que permita
el acceso a cada una de las imágenes, a los videos o a los audios que sustentan los
supuestos fácticos de las pretensiones para su consulta dentro del presente proceso, y
así establecer el origen de los mismos y confrontar la integralidad de su contenido, por lo
tanto, no es posible su tratamiento como mensajes de datos como lo piden los
demandantes.

66. Pese a lo anterior y aunque esos medios de convicción no cumplen las exigencias
para darles la connotación de mensajes de datos como lo pretenden los apelantes, su
valoración integral se hará bajo la égida de prueba documental, conforme a los
parámetros de los artículos 243 y siguientes del Código General del Proceso.

2.5.1 De los apoyos endilgados al señor Dimas Antonio Martínez Toro

67. En las demandas se afirma que el señor Martínez Toro inscribió su candidatura a la
alcaldía de Florida (Valle del Cauca), avalado por el Movimiento Alianza Democrática
Amplia – ADA y, por lo tanto, solo le era permitido apoyar a candidatos inscritos por esa
colectividad.

68. En efecto, para contextualizar el asunto objeto de debate, se destaca que la primera
instancia, con fundamento en el formulario E-6 AL72, encontró acreditada la inscripción
del demandado como aspirante a la alcaldía de Florida (Valle del Cauca) por el
Movimiento Alianza Democrática Amplia, aceptada el 26 de julio de 2023, a las 15:20, y
que, conforme al formulario E-8 CO73, esa colectividad inscribió quince aspirantes al
Concejo Municipal del mismo ente territorial.

69. Los apelantes indican que el señor Dimas Antonio Martínez Toro, debía manifestar
su apoyo a candidatos inscritos por su mismo partido; sin embargo, lo hizo frente a los
candidatos a la alcaldía municipal Helia Edith Cañaveral Cañaveral, José Julián Alzate
Flórez y Luis Aníbal Cano Moreno, inscritos por el Partido Liga Gobernantes
Anticorrupción – LIGA; Partido Conservador Colombiano y Movimiento Político Colombia
Humana, respectivamente, y también a los aspirantes a la duma municipal William
Belalcázar Hurtado del Partido Conservador y Diego Armando Molina Ramírez del Partido
de la U, aspectos que se logran inferir de los formularios E-6 AL y E-6 CO aportados al

69
Corte Constitucional. Sentencia C-604 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
70
Nubia Cosme Palacios (2023-00917-00), Héctor Pérez Contreras (2023-00945-00) y Leydi Patricia Torres Montaño (2024-00183-
00).
71
Localizador de Recursos Uniforme.
72
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia): Radicado 2023-00945-00 – Índice 00089 «77_MemorialWeb_Otro-
E6ALDIMASANTONIO(.pdf)»
73
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia): Radicado 2023-00945-00 – Índice 00089 «76_MemorialWeb_Otro-E6COADA(.pdf)»
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expediente por la Registraduría Nacional del Estado Civil 74, como se muestra a
continuación:

1) Helia Edith Cañaveral Cañaveral (Partido Liga 2) José Julián Alzate Flórez (Partido Conservador Colombiano)
Gobernantes Anticorrupción – LIGA)

3) Luis Aníbal Cano Moreno (Movimiento Político Colombia
Humana) 4) William Belalcázar Hurtado (Partido Conservador Colombiano)

74
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5) Diego Armando Molina Ramírez (Partido de la Unión por la Gente – Partido de la U)

70. Precisado lo anterior y como en la apelación se discute la supuesta indebida
valoración de los elementos de convicción por parte del a quo, se procederá a analizar
si, en efecto, las imágenes, audios y videos allegados por los demandantes, acreditan las
manifestaciones de apoyo endilgadas al demandado, o si, por el contrario, tal y como lo
concluyó la sentencia cuestionada, de dichas pruebas no se evidencian tales conductas
por parte del señor Dimas Antonio Martínez Toro hacia los citados candidatos, ya que de
allí no se infieren actos positivos y concretos que le sean atribuibles y que permitan
concluir dicho respaldo.

71. Para lo anterior, con el ánimo de facilitar la valoración probatoria, se advierte que las
tres demandas75 se fundamentan en elementos de prueba similares, razón por la que se
procede a su valoración conjunta; no obstante, frente a esos medios de convicción, el
demandado, al momento de contestar la demanda y en los alegatos de conclusión en
esta instancia, dijo que «(…) las imágenes fotográficas, videos y grabaciones a que se hace
alusión, no se les podrán otorgar ningún valor probatorio por parte del operador judicial, en la
medida que no existe certeza sobre el momento en que fueron captadas, así como tampoco sobre
su autenticidad. (…) pues existen serias dudas respecto a la fecha de la toma de las imágenes,
las captaciones de los videos y grabaciones y por supuesto y no menos importante, su contenido
real y auténtico.»; sin embargo, frente a dichas pruebas, dentro de la oportunidad procesal
pertinente, esto es, con la contestación de la demanda, no formuló tacha o
desconocimiento bajo los parámetros descritos en los artículos 269 y siguientes del CGP,
razón por la que, como se indicó en acápites previos, su valoración se hará como pruebas
documentales.

72. La conducta proscrita en los artículos 107 de la Constitución Política y en los artículos
275.8 de la Ley 1437 de 2011 y 2 de la Ley 1475 de 2011, contienen un elemento temporal
comprendido desde el momento en el que la persona inscribe su candidatura hasta el día
de las elecciones76. Así las cosas, los siguientes elementos probatorios no aportan
información concreta sobre la fecha a la que se refieren las imágenes que representan,

75
Nubia Cosme Palacios (2023-00917-00), Héctor Pérez Contreras (2023-00945-00) y Leydi Patricia Torres Montaño (2024-00183-
00).
76
Período comprendido entre el 26 de julio y 29 de octubre de 2023.
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y tampoco obran en el expediente otras pruebas que permitan constatarlo, pues la sola
afirmación hecha por los actores no resulta ser suficiente:

Imágenes Expediente y nombre dado por cada demandante:

2023-00917-00:
«WhatsApp Image 2023-12-04 at 2.48.58 PM (1).jpeg»

2023-00945-00:
«010_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_WHATSAPPIMAGE20
23.jpeg»

2024-00183-00:
«015_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_009_RADICACIONOA
EXPE»

2023-00917-00:
«WhatsApp Image 2023-12-04 at 2.48.59 PM (2).jpeg»

2023-00917-00:
«WhatsApp Image 2023-12-04 at 2.49.02 PM (1).jpeg»

2023-00945-00:
«008_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_WHATSAPPIMAGE20
23.jpeg»

73. Igualmente, la fotografía que data del «22 de julio» con el nombre de Julián Alzate77,
no puede tenerse en cuenta como sustento de la causal de nulidad alegada, por cuanto,
de admitirse que corresponde al año 2023, sería anterior a la inscripción del demandado
que ocurrió el 26 de julio siguiente78, como se observa a continuación:

77
2023-00917-00: «WhatsApp Image 2023-12-04 at 3.29.29 PM (3).jpeg» y 2024-00183-00:
«010_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_015_RADICACIONOAEXPE»
78
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia): Radicado 2023-00945-00 – Índice 00089 «77_MemorialWeb_Otro-
E6ALDIMASANTONIO(.pdf)»
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Imágenes Expediente y nombre dado por cada demandante:

2023-00917-00:
«WhatsApp Image 2023-12-04 at 3.29.29 PM (3).jpeg»

2024-00183-00:
«010_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_015_RADICACIONOAEXPE»

74. Ahora bien, los medios de convicción respecto de los cuales se emprenderá su
análisis, porque de ellos es posible inferir que corresponden al período prohibitivo de la
conducta endilgada, son los siguientes:

No. Imágenes Expediente y nombre dado por cada demandante:
2023-00917-00:
«WhatsApp Image 2023-12-04 at 2.47.09 PM (1).jpeg»

2023-00945-00:
«011_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_WHATSAPPIMA
GE2023.jpeg»

1 2024-00183-00:
«019_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_007_RADICACI
ONOAEXPE.jpeg»

2023-00917-00:
«WhatsApp Image 2023-12-04 at 2.48.59 PM (3).jpeg»

2024-00183-00:
«012_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_011_RADICACI
ONOAEXPE»

2

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2023-00917-00:
«WhatsApp Image 2023-12-04 at 2.49.00 PM (1).jpeg»

2023-00945-00:
«009_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_WHATSAPPIMA
GE2023.jpeg»

2024-00183-00:
«013_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_012_RADICACI
ONOAEXPE»
3

2023-00917-00:
«WhatsApp Image 2023-12-04 at 3.29.29 PM (2).jpeg»

2024-00183-00:
«014_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_014_RADICACI
ONOAEXPE»
4

75. En la primera y en la segunda fotografía del «26 de agosto», con el nombre de Dimas
Antonio Martínez, se lee: «Muy agradecido con el respaldo y participación de los amigos
del concejal Jhon Jaime Herrera que permitirán la continuidad de su proyecto político en William
Belalcazar Hurtado. A ellos y todos ustedes que con una masiva participación escucharon nuestro
mensaje para que UNIDOS SANEMOS A FLORIDA! mil GRACIAS. DIMAS ALCALDE 2024-
2027» (Subrayas y negrillas fuera de texto).

76. Al verificar dichos documentos, no es posible establecer en qué red social fueron
publicitadas las referidas imágenes, y de su contenido tampoco puede concluirse alguna
manifestación de apoyo del demandado hacia el señor William Belalcázar Hurtado como
lo afirman los demandantes, pues esa conducta impone que dichos actos sean claros,
directos e inequívocos de apoyo político a otros candidatos distintos a los de su
colectividad y en este caso, esos medios de convicción no llevan a inferir los actos
alegados por los demandantes, quienes, además, no aportaron otras pruebas que
sustenten sus afirmaciones.

77. De las fotografías 3 y 4, con fecha «14 de oct.» y «30 jul», que aparecen con el
nombre de Dimas Antonio Martínez, indican, en su orden: «Gracias a nuestro futuro concejal
Diego Molina, a su grupo político, a nuestro líde…» y «Hoy doy gracias a Dios por encontrar en
este camino a personas comprometidas con el desafío…»; al igual que las anteriores, tampoco
es posible denotar en qué red social fueron publicadas, como también no se puede
advertir de forma completa el mensaje que acompañó la publicación, por lo que de ellas
tampoco resulta viable concluir el supuesto apoyo imputado al demandado hacia el señor
Diego Molina o a otras personas, comoquiera que esas leyendas lo que muestran son
manifestaciones de agradecimiento por el presunto apoyo recibido y no del demandado
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hacia otros aspirantes, y mucho menos permiten inferir actos directos e inequívocos que
inviten al electorado a votar por una persona determinada.

78. El hecho que el demandado figure en una fotografía con otras personas, no constituye
por sí solo un acto positivo de apoyo hacia otros candidatos como lo ha concluido la
jurisprudencia de esta Sección79, y, además, de dichas pruebas resulta imposible
establecer quién era la persona que brindaba el supuesto apoyo político, es decir, si era
el demandado el que lo hacía u otras personas se lo brindaban a él.

79. De otro lado, los actores también allegaron algunos videos y audios, con los que
afirman que refuerzan las pruebas fotográficas. Esos medios de convicción se detallan
de la siguiente forma:

No. Videos Expediente y nombre dado por cada demandante:
2023-00917-00:
«WhatsApp Video 2023-12-04 at 2.45.03 PM»

2023-00945-00:
«001_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_WHATSAPPVIDE
O2023»

2024-00183-00:
«003_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_021_RADICACIO
1 NOAEXPE»

Contenido: «Pero estos errores hay que minimizarlos, rodeándonos de un equipo
maravilloso como el que hoy me acompaña. A Julián mil gracias por sus palabras;
a John Herrera mil gracias por sus palabras y por la invitación a esta maravillosa
reunión… a mi querido concejal… mi querido concejal William, bienvenido. No
tendrá necesidad de pasar a la oficina de al lado a decirme nada; todo lo contrario,
voy a necesitar de su cordura, voy a necesitar de su apoyo para que saquemos
adelante esto. A Helia Edith que ha hecho mucho».

Este evento se aportó en dos videos de la siguiente forma:

Video de 16 segundos:

2023-00917-00:
«WhatsApp Video 2023-12-04 at 2.38.57 PM.mp4»

2023-00945-00:
«005_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_WHATSAPPVIDE
O2023»

Contenido: «(…) me complace enormemente estar compartiendo con ustedes
esta noche, a esta mesa directiva que me acompaña, a Brayan desde siempre
atento, a la profe Helia Edith y a Diego, a don Gersaín (…)».

Video de 49 segundos:
2 2023-00917-00:
«WhatsApp Video 2023-12-04 at 2.42.18 PM»

2023-00945-00:
«002_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_WHATSAPPVIDE
O2023.mp4»

2024-00183-00:
«007_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_020_RADICACIO
NOAEXPE»

Los tres videos son del siguiente contenido: «Quiero darles una nueva noticia,
recuerden que este proyecto se denomina hagamos que pase, y hagamos que
pase estaba conformado por cuatro mosqueteros, cuatro mosqueteros de los
cuales tres decidimos el once de agosto ponernos de acuerdo para recibir los
sueños de ellos y recibir esos sueños como propios. Hoy tengo que darles el gusto
y me da mucho gusto comentarles que el cuarto mosquetero… el cuarto

79
Sobre este tema pueden consultarse: Sentencia del 31 de octubre de 2018, dentro del expediente 11001-03-28-000-2018-00032-
00, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio. Sentencia del 13 de julio de 2023, radicado 11001-03-28-000-2022-
00267-00, con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate. Y Sentencia del 13 de febrero de 2025, radicado 08001-23-33-000-
2023-00444-01, con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez.
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Demandantes: Héctor Pérez Contreras y otros
Demandado: Dimas Antonio Martínez Toro,
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mosquetero que empezó a recorrer estas calles, que nos acompañó, que tuvo la
oportunidad de vibrar con nosotros recibiendo las opiniones de la gente, hoy se
sumó. Hoy tenemos un cuarto miembro dentro de este equipo, él se llama Aníbal
Cano y le damos muchas, muchas gracias.»

2023-00917-00:
«WhatsApp Video 2023-12-04 at 2.41.53 PM.mp4»

2023-00945-00:
«003_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_WHATSAPPVIDE
O2023.mp4»

2024-00183-00:
«006_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_019_RADICACIONOAEXPE
»

Los tres videos son del siguiente contenido: «Del partido de la U, hágamen
3 (sic) el favor.. bueno, ahí ya está: Emerson Montaño, donde están los amigos de
Emerson Montaño?. Judit Correa número catorce, los amigos de Judit Correa un
aplauso.. Diego Molina numero ocho, los amigos de Diego… donde están? esooo.
Vivian Velásquez número diez, y los amigos de Héctor Ortiz? numero dos… aquí
están, muchas gracias… un gran aplauso para los amigos del partido de la U,
muchas gracias. Hágamen (sic) el favor, el señor del video, con quién seguimos?
el partido Conservador. Vamos a nombrarlos y vamos a conocerlos… ahí en la
pantalla, son amigos nuestros y están hace rato con nosotros, somos los
conservadores de verdad no se preocupen… así que vamos a nombrarlos:
Claudio Osorio con el numero siete, los amigos de Claudio Osorio una bullaaaa,
partido Conservador, ahí esta en la pantalla número siete. Vamos a llamar también
y a saludar a William Belalcazar número cinco… los amigos de Williammmm
esooo. Vamos a llamar ahorita a los amigos de Juan Carlos Cardona, número
cuatro, dónde están?»

80. Con la demanda del expediente 2023-00917-00, se aportó un audio nombrado como
«WhatsApp Audio 2023-12-04 at 2.50.13 PM (1)», con el siguiente contenido:

«Amigos muy buenas tardes a todos, Dios le bendiga gracias por estar siempre atentos a cada
una de las cosas de nuestra campaña. Tengo que comentarles que el proceso de unión
continua, a pesar de que tiene una dinámica completamente diferente. Ehh, la dinámica tiene
que ser mucho más cuidadosa, toda vez que al habernos inscrito los cuatro candidatos que
hacemos parte del presente proceso de la fusión, ya cada uno ostenta un partido político. Si
en un momento determinado, ehh pues salimos a la calle en conjunto, tendríamos muy
probablemente una denuncia por doble militancia. Ehh por eso es que es necesario ser mucho
más cautelosos. Nuestro proceso continúa adelante, continúa adelante fortaleciéndose de
manera individual con cada uno de los soportes que ustedes tienen dentro de esta, de esta
gran empresa, de este gran proyecto. ¿Qué necesitamos? que la parte publicitaria, toda vez
que lo que habíamos utilizado antes de, ya no tiene la misma asertividad, ya tiene que haber
un cambio en colores, en esquemas, en el slogan, en todo lo que significa ello… pues continúe
generando unas piezas publicitarias para mandar a hacer las camisetas, las gorras, los
pasacalles, los pendones, todo el material publicitario que se necesite. Una vez que eso esté
definido, pues vamos a definir que, si hacemos una reunión formal para hacer una
presentación oficial de lo que significa ese logo, o si empezamos pues con una campaña
agresiva a través de las redes que son mucho más importantes que, de pronto, lo que se ve…
Hoy ve uno el derroche de pasacalles de las campañas que se ufanan en tener el recurso que
ustedes saben cuál es el origen, pero que finalmente no con ello están dando una imagen de
poderío. Realmente el poderío lo tenemos nosotros a partir de lo que significan las
experiencias con cada uno de nuestros líderes, con el trabajo que hemos venido sustentando
y que ahora amerita una campaña de mucha más, ehh de mucha más fortaleza… de mucha
más difusión a expensas de las reuniones individuales que seguimos haciendo con los líderes,
con cada uno de los líderes de nuestros sectores y cuando tengamos ya definida esa paleta
de colores, definido el mensaje final cuál va a ser el eslogan de la campaña, pues entonces
vamos a reprogramar lo que significa lo del sábado. Como todavía estamos en curso, no
queremos es salir como han salido algunas campañas que, respetuosamente señalamos que
no han tenido la asertividad necesaria y nosotros tenemos que sacarla del estadio. Así que,
esperemos un poquito que la parte publicitaria desarrolle toda esa idea. Una vez que tengamos
todo este material vamos a hacer una apertura, una subida masiva a las redes y ahí entonces
ya vamos a tener la oportunidad de identificarnos con el slogan, con el trabajo y que
empecemos a plantear las actividades que hemos venido realizando y que ahora serán a
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nombre de esta candidatura. Mil gracias muchachos, creo que les debía este comentario y
estamos pendientes para seguir adelante. Dios les pague por su compromiso. Dios les pague
por esa vehemencia que manifiestan en cada uno de los días y para mi me honra el saber que
tengo un maravilloso equipo como ustedes dándome el respaldo y dándome la comunicación
necesaria para que sigamos adelante. Dios les bendiga a todo y los estaremos… les
estaremos informando a partir de nuestro gerente de campaña, a partir de Jean Pier, o a partir
de un mensajito que les ponga, pero seguimos adelante luchando con ahínco para proyectar
lo que esta campaña significa un abrazo.».

81. Advierte la Sala que en los videos 1 y 2 y en el audio transcrito, no se advierten
manifestaciones directas, positivas e inequívocas de apoyo del demandado hacia otros
candidatos a la alcaldía municipal o al Concejo de Florida (Valle del Cauca), con el ánimo
de promocionar una aspiración política de un candidato distinto al de su partido y así
persuadir a los electores que respaldaran a otros candidatos.

82. Según lo ha sostenido pacíficamente la jurisprudencia de esta sección «la
demostración del presunto apoyo de un candidato a otro que pertenece a una colectividad política
distinta debe aflorar de manera evidente o de bulto, es decir, revistiendo al operador judicial tantos
elementos de juicio que permita superar toda duda razonable para que éste pueda colegir que en
el caso en concreto se presentó la causal de nulidad endilgada (doble militancia) y de esa forma
advertir que el candidato traicionó la voluntad de su electorado.»80.

83. Finalmente, el tercer video que corresponde a un evento público, en el que un locutor
hace la presentación de distintos aspirantes al Concejo Municipal, se observa a partir del
minuto 1:25 al señor Dimas Antonio Martínez Toro haciendo presencia en el evento; sin
embargo, ningún pronunciamiento hizo el demandado en esa ocasión y en todo momento
guardó silencio.

84. Al respecto, esta Sala ha señalado que81:

«En lo que respecta a la existencia de reuniones conjuntas entre el demandado y otros
candidatos: esta Judicatura expuso en acápites previos, que no se constituyen, en principio,
en situaciones que acrediten la existencia de respaldos indebidos, toda vez que en el
desarrollo de los debates electorales de la actualidad, la concurrencia de aspirantes
avalados por diferentes colectividades políticas en los actos de campaña responde a
actividades propias de la dinámica proselitista, en las que las convocatorias democráticas
conllevan, por regla general, la concomitancia de candidatos con el propósito de que, en una
misma plaza, difundan sus programas de gobierno, sostengan debates y presenten las
razones por las cuales deben ser designados como representantes de la ciudadanía. (…). De
conformidad con lo transcrito, la doble militancia en su modalidad de apoyo no excluye, prima
facie, la convergencia espacial de postulaciones proselitistas avaladas por movimientos
políticos diversos a los del demandado (…)» (énfasis de la Sala).

85. Por manera que, el hecho que el demandado haya coincidido en tarima con otros
candidatos a la alcaldía o a la duma municipal de Florida (Valle del Cauca), no se erige
de forma automática como una manifestación de apoyo a estos que pueda ser constitutiva
de la prohibición de doble militancia.

80
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 11001-03-28-000-2018-000032-00.
Providencia del 31 de octubre de 2018. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
81
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 29 de julio de 2021, M.P. Rocío Araújo
Oñate, radicado 47001-23-33-000-2019-00819-01, reiterada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, sentencia del 25 de julio de 2024, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, radicado 52001-23-33-000-2023-00426-01
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86. En conclusión, las pruebas aportadas no dan cuenta de manera fehaciente, que el
señor Dimas Antonio Martínez Toro expresara actos claros, directos e inequívocos de
apoyo político a otros candidatos distintos a los de su colectividad, en respaldo o
promoción a la alcaldía municipal o al Concejo de Florida (Valle del Cauca) como lo
afirman los demandantes; es decir, los elementos de convicción no acreditan que el
demandado efectuó manifestaciones, discursos, campañas o acompañamiento a los
señores Helia Edith Cañaveral Cañaveral, José Julián Alzate Flórez y Luis Aníbal Cano
Moreno, o a los señores William Belalcázar Hurtado o Diego Armando Molina Ramírez,
con el ánimo de ayudarlos e impulsarlos en sus candidaturas para los comicios que
tuvieron lugar el 29 de octubre de 2023.

87. En consecuencia, la parte actora no logró acreditar que el demandado incurrió en la
conducta de doble militancia en la modalidad de apoyo, proscrita en los artículos 107 de
la Constitución Política y 275.8 de la Ley 1437 de 2011 y 2 de la Ley 1475 de 2011 y por
consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca el 16 de junio de 2025, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda,
de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUIN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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