Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2024-00041-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 76001-23-33-000-2024-00041-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 76001-23-33-000-2024-00041-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
17 de octubre de 2024
Demandante: Samuel Antonio González Cortés
Demandado: Rodrigo Salazar Sarmiento – concejal Santiago de Cali
Radicado: 76001-23-33-000-2024-00041-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00041-01
Demandante: SAMUEL ANTONIO GONZÁLEZ CORTÉS
Demandado: RODRIGO SALAZAR SARMIENTO – CONCEJAL DE
SANTIAGO DE CALI, PERÍODO 2024-2027
Tema: Inhabilidad por ejercicio de autoridad administrativa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por el demandante y el
agente del Ministerio Público, contra la sentencia del 5 de julio de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle de Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad electoral presentada en contra de la elección del señor Rodrigo
Salazar Sarmiento como concejal de Santiago de Cali, período 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda1
El señor Samuel Antonio González Cortés, en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral, consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que se declare la nulidad
del acto de elección del señor Rodrigo Salazar Sarmiento como concejal de
Santiago de Cali, para el período 2024-2027.
1.2 Hechos
Señaló que el señor Rodrigo Salazar Sarmiento fue elegido con 16.566 votos como
concejal de Santiago de Cali el 29 de octubre de 2023, con el aval del Partido
Alianza Verde.
1 Anotación 3 del expediente de primera instancia visible en la Sede electrónica para la gestión
judicial, Samai.
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Demandante: Samuel Antonio González Cortés
Demandado: Rodrigo Salazar Sarmiento – concejal Santiago de Cali
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Indicó que, mediante Decreto 4112.010.20.0822 del 22 de octubre de 2021, el
demandado fue nombrado en un empleo de libre nombramiento y remoción en el
cargo de asesor para cumplir sus funciones administrativas en una unidad
organizativa adscrita al despacho del alcalde de esa misma ciudad.
Manifestó que el señor Salazar Sarmiento renunció al referido cargo de asesor a
partir del 1° de marzo de 2023.
Adujo que el demandado dentro del año anterior a las elecciones del 29 de octubre
de 2023 incurrió en la inhabilidad consagrada para concejales, relacionada con el
ejercicio de autoridad administrativa y política dentro de los 12 meses anteriores a
su elección como concejal.
Refirió las funciones asignadas al cargo de asesor, código 105, grado 02 que
desempeñó el señor Salazar Sarmiento durante el período inhabilitante, con el fin
de destacar que, entre aquellas, estaba la de asesorar al alcalde «en los diferentes
requerimientos y peticiones en temas relacionados con planes, programas y
proyectos de la dependencia central, así como ejercer la representación del ente
territorial cuando así se disponga, además de orientar las políticas y lineamientos
en el cumplimiento de las líneas estratégicas y gestionar las posibilidades de
consecución de recursos para el desarrollo del componente temático.»
Adujo que, en consecuencia, es claro que el demandado intervino en la gestión de
negocios2 y ejerció autoridad administrativa y política.
Agregó que en la segunda evaluación definitiva de desempeño laboral 2022-2023
del demandado se reportaron 85 compromisos ejecutados por él en esos años
según consta en documento firmado por el entonces, alcalde de Santiago de Cali3.
1.3 Concepto de la violación
El demandante consideró que en el caso concreto se desconoció el numeral 2 del
artículo 40 de la Ley 617 de 2000 y los artículos 188, 189 y 190 de la Ley 136 de
1994.
Señaló que la autoridad administrativa se puede definir como el desempeño de un
cargo que otorga a su titular poder de mando, facultad decisoria y dirección de
asuntos propios de la función administrativa; es decir, se relaciona con la posibilidad
de imponer, decretar, mandar y exigir obediencia, que fueron las atribuciones del
demandado en su condición de asesor del alcalde de Cali.
2 Si bien hizo esta referencia no desarrolló en el concepto de violación ni en ninguna otra actuación
procesal lo relacionado con la gestión de negocios.
3 Sin embargo, tampoco desarrolló este punto en el concepto de la violación.
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Demandante: Samuel Antonio González Cortés
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Indicó que es de conocimiento popular el poder que ostentaba el señor Salazar
Sarmiento al tener a su cargo más de 2.000 contratistas de lo que se derivó que
obtuviera 15.566 votos en su aspiración al concejo de esa ciudad.
1.4 Contestación de la demanda
1.4.1 Demandado
Por conducto de apoderado judicial, el señor Rodrigo Salazar Sarmiento contestó la
demanda en los siguientes términos:
Precisó que renunció al cargo de asesor, código 105, grado 02 de libre
nombramiento y remoción adscrito al despacho del alcalde de Cali el 28 de febrero
de 2023.
Formuló la excepción previa de inepta demanda4 por cuanto consideró que en el
libelo no se indicaron las pretensiones y, además, el demandante omitió enviarle
copia de aquel en los términos del numeral 8 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Además, la de no haber integrado debidamente el litis consorcio necesario, por
cuanto, en su criterio debió haberse demandado también al Consejo Nacional
Electoral, entidad que a través de Resolución 11036 del 26 de septiembre de 2023
negó la solicitud de revocatoria de su inscripción como candidato al Concejo de Cali
por los mismos hechos de la demanda.
Como excepción de mérito propuso la inexistencia de la inhabilidad endilgada, bajo
el argumento de que la naturaleza de las funciones del empleo por él desempeñado
no implican el ejercicio de autoridad civil, administrativa ni política.
Adujo que no se configura ninguno de los supuestos invocados en la demanda ni
desde el punto de vista orgánico ni funcional a la luz de lo establecido por la
jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Precisó que autoridad civil y administrativa en este caso fue ejercida por el alcalde
de Cali, los secretarios del despacho y los jefes de departamento administrativo de
la ciudad, dignidades que no ocupó el demandado dentro del período inhabilitante.
Aclaró que no tuvo facultad nominadora ni potestad disciplinaria sobre los
empleados del Distrito de Cali, así como tampoco fue alcalde encargado ni miembro
del gobierno distrital.
4 Dicha excepción fue declarada no probada en la audiencia inicial del 2 de mayo de 2024.
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Agregó que tampoco celebró contratos, ordenó el gasto, confirió comisiones,
licencias no remuneradas, autorizó vacaciones ni las suspendió, no autorizó
traslados de funcionarios, no reconoció horas extras ni vinculó personal de ninguna
naturaleza.
Explicó que no recibió ninguna otra función por parte del alcalde por delegación ni
en virtud de ninguna otra figura jurídica.
Afirmó que, del solo hecho de que su empleo perteneciera al nivel directivo, no
puede derivarse el ejercicio de autoridad administrativa.
Reiteró que el ejercicio de sus funciones siempre correspondió a la naturaleza del
empleo en los términos del artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 1083 de 2015 y el
respectivo manual de funciones.
Invocó la sentencia SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional según la cual «la
inhabilidad no se aplica solamente con el cargo, sino desde el ejercicio de funciones
con capacidad de afectar la voluntad democrática, producir desigualdad entre los
competidores y la utilización de la cosa pública para desequilibrar el debate
electoral.»
Reiteró que el Consejo Nacional Electoral ya analizó el caso concreto y concluyó
que no se encontraba inhabilitado para acceder al cargo de concejal; en
consecuencia, solicitó denegar las pretensiones de las demandas.
1.4.2 Registraduría Nacional del Estado Civil:
Su intervención se limitó a formular la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva de esa entidad5.
1.4.3 Consejo Nacional Electoral
A través de apoderado, recordó las funciones de esa entidad en lo que respecta a
la revocatoria de inscripciones de candidatos a cargos de elección popular.
Manifestó que en el caso concreto se presentó una solicitud de revocatoria respecto
de la aspiración del señor Rodrigo Salazar Sarmiento al Concejo de Cali por los
mismos hechos objeto de demanda, la cual fue resuelta a través de la Resolución
11036 del 26 de septiembre de 2023 en el sentido de negarla.
Mencionó que en curso de dicho proceso administrativo se encontró probado que el
ciudadano Rodrigo Salazar Sarmiento, materializó su inscripción como candidato el
5 Dicha excepción fue declarada no probada en la audiencia inicial del 2 de mayo de 2024.
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29 de julio de 2023, con el aval del Partido Político Alianza Verde al Concejo de
Santiago de Cali. Además, que mediante Decreto 4112.010.20.0822 del 22 de
octubre de 2022, el candidato en mención fue nombrado en la Administración
Distrital de esa ciudad, en el empleo de libre nombramiento y remoción, denominado
asesor, código 105, grado 02 en la Unidad Organizativa 10000515, adscrito al
despacho del alcalde y que mediante Decreto4137.010.21.0.395 del 28 de febrero
de 2023, se aceptó su renuncia a dicho cargo.
Así mismo, que al analizar el tema de autoridad administrativa por parte del
demandado se concluyó que este no la había ejercido desde el punto de vista
orgánico ni funcional.
Agregó que esa entidad carece de legitimación en la causa por pasiva en este
asunto judicial, por cuanto su competencia se agotó al resolver la precitada solicitud
de revocatoria de inscripción, por lo que solicitó que así se declarara6.
1.5 Actuaciones relevantes de primera instancia
La demanda fue admitida a través de auto del 19 de enero de 2024, providencia en
que se ordenó notificar al demandado, a la Registraduría Nacional del Estado Civil
y al Ministerio Público.
Mediante auto del 5 de marzo de 2024 se dispuso la vinculación del Consejo
Nacional Electoral al proceso.
La audiencia inicial tuvo lugar el 2 de mayo de 2024, en ella se fijó el litigio en los
siguientes términos:
¿Se encuentra viciado de nulidad el acto enjuiciado Acta de Escrutinio E26-CON de
noviembre 14 de 2023, emanada de la RNEC, habida cuenta que presuntamente el
concejal electo, señor Rodrigo Salazar Sarmiento adscrito al Concejo del Distrito de
Cali se encuentra inmerso en la inhabilidad establecida en el artículo 40 de la Ley
617 de 2000 que modificó el artículo 43 numeral 2º de la Ley 136 de 1994?
¿Ejerció el demandado, en el cargo de asesor del alcalde del municipio de Santiago
de Cali dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección un empleo
público con jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar?
En el evento de prosperar la nulidad del acto enjuiciado, deberá determinarse:
¿Se debe ordenar la correspondiente cancelación de la credencial?
Además, se decretaron las pruebas solicitadas por las partes y las que de oficio,
consideró pertinentes el a quo.
6 Dicha excepción fue declarada no probada en la audiencia inicial del 2 de mayo de 2024.
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Igualmente, se declararon no probadas las excepciones de falta de legitimación en
la causa propuestas por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo
Nacional Electoral.
1.6 La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle de Cauca a través de sentencia del 5 de julio de
2024 negó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:
Recordó la naturaleza y alcance de la inhabilidad por ejercicio de autoridad civil y
administrativa para el cargo de concejal a la luz de la ley y la jurisprudencia.7
Adujo que está demostrado que el señor Rodrigo Salazar Sarmiento fue nombrado
en el cargo de asesor, código 105, grado 02 posición 20001952 Unidad Organizativa
10000515 adscrito al despacho del alcalde de Santiago de Cali, mediante Decreto
4112.010.20.0822 del 22 de octubre de 2021; cargo en el cual se posesionó el 3 de
noviembre de ese mismo año.
Indicó que, en consecuencia están acreditados los elementos subjetivo y territorial
de la inhabilidad consagrada en el numeral 2 de la Ley 136 de 1994 modificado por
el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.
Sostuvo que, no obstante, del análisis de las funciones asignadas a dicho cargo no
se encontró ninguna con potestad de mando o dirección, por lo que es claro que el
demandado no ejerció autoridad civil desde aquel.
Agregó que tampoco se probó que el señor Salazar Sarmiento hubiera ejercido
autoridad administrativa desde el criterio orgánico, dada la naturaleza del cargo; ni
desde el punto de vista funcional, por cuanto dentro de sus atribuciones no estaban
las de i) celebrar contratos o convenios, ii) ordenar gastos con cargo a fondos
municipales, iii) conferir comisiones o licencias no remuneradas, iv) decretar
vacaciones y suspenderlas, v) trasladar horizontal o verticalmente funcionarios
subordinados, vi) reconocer horas extras, vii) vincular personal supernumerario, viii)
fijarle nueva sede al personal de planta, ix) ejercer funciones de control interno o x)
investigar faltas disciplinarias.
En consecuencia, concluyó que no se encontraba acreditado el elemento objetivo o
material de la inhabilidad, razón suficiente para negar las pretensiones de la
demanda.
7 Descartó tácitamente como pruebas una serie de fotografías aportadas al proceso por el actor, por
cuanto, consideró que habían sido incorporadas de manera extemporánea en el escrito de alegatos
de conclusión.
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1.7 Los recursos de apelación
1.7.1 Demandante:
Inconforme con esta decisión, el demandante interpuso recurso de apelación, con
fundamento en los siguientes argumentos:
Acusó al a quo de no tener en cuenta todo el material probatorio obrante en el
expediente, específicamente los documentos aportados por el actor junto con el
escrito a través del cual descorrió el traslado de las excepciones formuladas por el
demandado que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo constituye una
oportunidad probatoria en primera instancia.
Destacó que dentro de dicha documental, entre otros, obraba el reporte de
evaluación de desempeño laboral 2022-2023, concertación de compromisos 2023-
2024 en el que se describen las actividades de la función y el porcentaje de
compromisos funcionales; además, la respuesta a una petición elevada al nuevo
alcalde de Cali en la que se solicitan pruebas de las actividades administrativas
desarrolladas por el demandado.
Asimismo, evidencia de la participación del señor Salazar Sarmiento en distintos
eventos de la Alcaldía de Cali que demuestra que representaba la institucionalidad
ante la ciudadanía, por lo que pudo tener contacto directo con la comunidad e influir
en el electorado específicamente los días 11 y 19 de noviembre de 2022, 5, 18 y 22
de diciembre de ese mismo año y 7 y 15 de enero de 2023.
Destacó que el listado de funciones al que hace alusión el tribunal en su sentencia
para descartar el ejercicio de autoridad administrativo no es taxativo y afirmó que,
en este caso está demostrado que el demandado sí ejerció dicha prerrogativa.
Manifestó que se echa de menos en la sentencia recurrida un análisis adecuado de
las funciones atribuidas al cargo que ostentaba el demandado, que contemplara en
su integridad el marco normativo aplicable al caso y el prolijo material probatorio
que obra en el plenario. Respecto de éste último, el ineludible análisis en conjunto
de las pruebas, en particular del Manual Específico de Funciones y Competencias,
el reporte de evaluación de desempeño laboral 2022-2023 y la respuesta a la
petición radicada en enero 17 de 2024 dirigida al alcalde de Cali, en su criterio, no
podían llevar a conclusión distinta a que el demandado sí ejerció autoridad
administrativa en dicha ciudad, en tanto que el propósito de las funciones atribuidas
a él era el cumplimiento de los fines esenciales del órgano administrativo.
Resaltó la función de «asistir y participar, en representación del organismo o
entidad, en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, cuando sea
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convocado o delegado». Afirmó que el a quo desconoce que esta atribución
funcional implica, de cara a la ciudadanía, el ejercicio de autoridad administrativa.
Así, insistió en que el material probatorio al que se hizo referencia en el acápite
anterior da cuenta de que el demandado representó a la administración municipal
en distintos espacios, y en el marco de sus intervenciones ante la comunidad
tomaba decisiones que comprometían a la administración.
Solicitó tener en cuenta que el Decreto 815 del 8 de mayo de 2018 «por el cual se
modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función
Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los
empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos» indicó que para identificar las
responsabilidades y competencias exigidas al titular de un empleo deben
considerarse las funciones esenciales del mismo, con las cuales se garantice el
cumplimiento de su propósito principal (Artículo 2.2.4.4). Además, que la misma
normatividad establece los criterios para definir las competencias funcionales y
comportamentales.
Aseveró que con ocasión de las funciones del cargo, el demandado contó con
autonomía y poder decisorio, lo cual, a su vez, le otorgó la probabilidad real de incidir
sobre la intención de voto del elector y obtener ventaja sobre los demás candidatos
al concejo municipal del Distrito de Cali.
Comentó que en la evaluación de compromisos funcionales del 14 de febrero de
2023 se incluyeron los siguientes aspectos: i) brindar atención presencial a las
exigencias y problemáticas sociales de la comunidad y organizaciones sociales y
gremiales; ii) asesorar a los organismos para que los requerimientos y propuestas
de las comunidades sean reconocidas y valoradas en coherencia con el Plan de
Desarrollo Cali, Unida por la Vida; y iii) asesorar a los organismos en estrategias y
acciones dirigidas a fortalecer la gobernanza y gobernabilidad.
Enfatizó que del examen de dichos elementos se extrae que el ahora concejal sí
ejerció de manera efectiva autoridad administrativa, pues, a través del cumplimiento
de las funciones asignadas a su cargo, con plena autonomía, se le permitió
relacionarse de manera directa con los servidores públicos del ente territorial, con
la comunidad y organizaciones sociales y gremiales, a efectos de contribuir al
funcionamiento efectivo de la administración pública.
Agregó que el señor Salazar Sarmiento, durante el período en que ejerció las
funciones del cargo, asistió, en representación de la alcaldía, a reuniones
presenciales con la comunidad. En el marco de dichos escenarios tenía la facultad
de establecer de forma autónoma los mecanismos para recibir las inquietudes y
peticiones de los ciudadanos e incorporarlas en los proyectos institucionales y
planes de inversión. Ello le permitió, en últimas, hacer compromisos a nombre del
municipio con la población y generarles expectativas de cumplimiento, lo cual
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evidentemente benefició su posterior aspiración proselitista.
Adujo que, en las intervenciones ante la comunidad, el señor Rodrigo Salazar
Sarmiento empleó los canales de comunicación y digitales de la administración, usó
los emblemas e hizo compromisos con la comunidad a través de las inversiones
sujetas a los proyectos del Plan de Desarrollo de la entidad territorial. Esta
posibilidad no le fue brindada a los demás candidatos que se presentaron en la
contienda electoral por una curul en el concejo del Distrito de Cali, por lo cual
claramente generó un desequilibrio que favoreció al hoy concejal Rodrigo Salazar
Sarmiento, desconociendo con ello el principio democrático.
Por lo tanto, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, acceder
a las pretensiones de la demanda.
1.7.2 Ministerio Público:
El procurador 18 judicial II administrativo de Cali, en su condición de agente del
Ministerio Público, apeló la sentencia de primera instancia con base en los
siguientes argumentos:
Señaló que en el expediente obran fotografías extraídas de redes sociales que
muestran al demandado ejerciendo actividades públicas propias de una autoridad
administrativa que no fueron aportadas únicamente en el escrito de alegatos de
conclusión.
Precisó que dicho material fotográfico fue aportado por el demandante junto con el
escrito a través del cual descorrió el traslado de la excepciones formuladas por el
demandado.
Recordó que el listado de funciones al que ha hecho referencia la Sección Quinta
del Consejo de Estado para analizar el criterio funcional de la autoridad
administrativa no es taxativo.
Planteó que es válido entonces preguntarse si con esas actividades ejercidas por el
hoy demandado en el periodo inhabilitante de los 12 meses anteriores, so pretexto
que formalmente tenía un cargo de asesor del despacho, inane en materia civil o
administrativa según la providencia impugnada, se está ante comportamientos que
afectan la moralidad, la transparencia y la imparcialidad, ello sin dejar de resaltar
que a ese funcionario público se le están dando prerrogativas que no tendrían otros
candidatos a la misma corporación pública.
Cuestionó que que los demás ciudadanos con las mismas aspiraciones electorales
del demandado, no tuvieron las mismas oportunidades de generar espacios
publicitarios a costa de la gestión pública distrital durante los 12 meses anteriores a
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la elección, donde se acudió a las plataformas de convocatoria pública y de eventos
institucionales para mostrarse como una persona que apoyaba las causas
populares.
Aseveró que, si bien el cargo de asesor del Despacho no se encuentra enlistado
como uno de aquellos que en forma clara y expresa ejerza autoridad civil o
administrativa (criterio orgánico), no hay duda de que su relacionamiento directo
para con el mandatario distrital sí permite, como en efecto tuvo ocurrencia, incidir
en las decisiones administrativas que se pudieren asumir, lo cual no puede pasar
por desapercibido con la sola excusa de un listado formal de cargos y una
transcripción de funciones.
Concluyó que el demandado se encontraba inhabilitado para acceder al cargo de
concejal de Cali, razón por la cual solicitó revocar la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, acceder las pretensiones de la demanda.
1.8 Actuaciones de segunda instancia
Mediante auto del 5 de agosto de 20248 se admitieron los recursos de apelación
interpuestos por el demandante y el agente del Ministerio Público en contra de la
sentencia de primera instancia.
La magistrada Gloria María Gómez Montoya mediante escrito del 9 de octubre de
2024 manifestó impedimento para conocer del presente asunto con fundamento en
la causal consagrada en el numeral 9 del artículo 141 del Código General del
Proceso.
A su turno el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez a través de escrito del 8 de
octubre de 2024 manifestó impedimento con el mismo efecto con base en la misma
causal, pero con fundamento diferente.
Ante la disminución del cuórum decisorio de la Sección Quinta del Consejo de
Estado fue necesario sortear conjuez para decidir dichos impedimentos a través de
auto del 9 de octubre de 2024.
Una vez realizado el sorteo respectivo el 10 de octubre siguiente, correspondió el
conocimiento del asunto al conjuez Juan Camilo Morales Trujillo con cuya
participación se declararon infundados los referidos impedimentos a través de auto
de la fecha9.
8 Anotación 6 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
9 17 de octubre de 2024.
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1.9 Alegatos de conclusión
1.9.1 Demandante10:
Reiteró íntegramente los argumentos esgrimidos en el escrito de apelación.
1.9.2 Demandado11:
Por conducto de apoderada, el demandado, sostuvo que el recurso de apelación
del demandante se basa en apreciaciones subjetivas alejadas de la realidad de los
hechos.
Recordó el principio de interpretación restrictiva que rige el tema de las inhabilidades
como talanqueras para el acceso y ejercicio de cargos públicos.
Adujo que, si en gracia de discusión se tuviera en cuenta el material probatorio, en
especial las fotografías a las que se refieren los recursos, deben tenerse en cuenta
las reglas de valoración propias de los documentos y analizarse en conjunto junto
con el resto del material probatorio con base en las reglas de la sana crítica.
Reiteró que no ejerció autoridad civil ni administrativa, razón por la cual no se
configura el elemento objetivo de la inhabilidad, razón suficiente para confirmar la
sentencia de primera instancia.
1.10 Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante esta corporación no rindió concepto dentro
de este asunto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos
de apelación interpuestos por el demandante y el agente del Ministerio Público
contra la sentencia de 5 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en los artículos 15012 y 152
numeral 7.a del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
10 Anotación 14 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
11 Anotaciones 11 y 13 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
12 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 150.
Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. «El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación…»
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Administrativo13.
2.2. Problema jurídico
En el marco de los argumentos expuestos en los recursos de apelación,
corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 5 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que negó la nulidad de la elección del señor Rodrigo Salazar Sarmiento como
concejal de Cali, período 2024-2027.
Para el efecto, se debe establecer si hay lugar a tener en cuenta en esta instancia
las pruebas aportadas por el demandante en el escrito a través del cual descorrió el
traslado de las excepciones formuladas por el demandado.
En caso afirmativo, si aquellas demuestran si el señor Salazar Sarmiento ejerció
autoridad administrativa o no dentro de los 12 meses anteriores a su elección como
concejal en Cali.
Así entonces, con el fin de emitir un pronunciamiento, la Sala abordará la segunda
instancia desde los siguientes ejes temáticos: (i) el marco jurídico y jurisprudencial
de la inhabilidad por ejercicio de autoridad administrativa y; (ii) el caso concreto.
2.3. La causal de inhabilidad por ejercicio de autoridad del artículo 43, numeral
2 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000
Las inhabilidades están erigidas como especiales condiciones objetivas que pueden
recaer sobre una persona y que tienen como único fin que quienes accedan o estén
en la función pública, desempeñen su cargo bajo los criterios de igualdad, eficiencia,
moralidad e imparcialidad, garantizando de esta forma la prevalencia de los
intereses generales de la comunidad sobre los personales14.
En este sentido, las diferentes circunstancias que configuran una inhabilidad
examinan la órbita personal del aspirante o servidor en ejercicio, de manera que
13 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 152.
Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
a. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, de los… miembros
de corporaciones públicas de los municipios y distritos…»
14 Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también
sentencias C-558 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz, Sentencia C-483 de 1998 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
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«auscultan en los antecedentes personales, las relaciones familiares, el ejercicio
profesional y las actividades lucrativas del interesado»15.
Acorde con lo anterior, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de
acceso a cargos públicos, la Constitución Política de 1991 dispuso que el desarrollo
de su régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual ha sido enfatizado
por parte de esta Corporación, estableciéndose en diferentes oportunidades que el
único facultado para estructurar las circunstancias especiales que limitan el referido
derecho es el legislador.16
Precisamente, tratándose de los concejales municipales y distritales, fue con la Ley
136 de 1994 que se enlistaron las causales inhabilitantes de estos servidores
públicos para inscribirse o ser elegidos como tales. En relación con el supuesto de
hecho objeto de estudio, se tiene que el mismo fue dispuesto con el siguiente tenor
literal:
ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley
617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato
ni elegido concejal municipal o distrital:
(…)
2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya
ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa
o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien, como empleado público del
orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de
gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.
En lo que interesa a este caso, de la norma que se aduce desconocida, se pueden
extraer los siguientes elementos estructuradores, a saber17:
a. Un elemento objetivo dado por el ejercicio de un empleo público de jurisdicción,
con autoridad política, civil, administrativa o militar.
b. Un elemento temporal que está dado por los 12 meses anteriores a la elección
cuestionada.
c. Un elemento espacial o territorial que se refiere al respectivo municipio o distrito
donde es elegida la persona de quien se predica la inhabilidad, el cual debe
15 OSORIO CALDERÍN, Ana Carolina, Manual de Inhabilidades Electorales, 2ª Edición, Grupo
Editorial Ibáñez, 2014, p. 24.
16 Sentencia Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de septiembre de 2013, radicado
Nº 110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00 110010328000201200057-00
Acumulado. CP. Alberto Yepes Barreiro Dte: Eduardo Carmelo Padilla Hernández y otros
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 29 de
abril de 2021. Expediente 23001-23-33-000-2019-00461-01. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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coincidir con aquel en el cual se ejerció anteriormente un empleo público con
autoridad.
En otras palabras, y en lo que concierne a este evento, quien haya fungido como
empleado público con jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar
dentro de los 12 meses anteriores a la elección en el respectivo municipio o distrito,
no puede ser inscrito como candidato ni elegido como concejal municipal o distrital.
De igual forma, conviene precisar que para que se configure la inhabilidad se deben
reunir todos y cada uno de los elementos anteriormente señalados, por cuanto, la
ausencia de uno solo de ellos hace inviable la materialización de la figura.
Para el efecto, resulta del caso recordar qué se entiende por empleado público,
ejercicio de jurisdicción, autoridad política, civil, administrativa o militar.
En primer lugar, en lo que tiene que ver con el ejercicio de un empleo público, debe
tenerse en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la
Carta Política, los servidores públicos se clasifican en miembros de las
corporaciones públicas y empleados y trabajadores del Estado, entiéndase
empleados públicos y trabajadores oficiales.
Es decir, los empleados públicos son una especie de servidores públicos que se
encuentran vinculados con el Estado, por regla general, a través de una relación
legal y reglamentaria.18
Precisado lo anterior, frente al ejercicio de jurisdicción, se advierte que conforme la
Constitución Política y la Ley 270 de 1996, la jurisdicción se ejerce por aquellas
personas envestidas de la facultad de administrar justicia, bien sea de manera
permanente o transitoria. Permanente, como el caso de los jueces y magistrados y
algunas autoridades administrativas a las cuales expresamente la ley ha facultado
para el efecto; o transitoria, como lo que ocurre con los particulares a quienes se les
otorga la atribución de manera temporal.
Ahora bien19, la Sala Plena del Consejo de Estado y esta Sección20 han acudido,
«para efectos de precisar los elementos que caracterizan este poder (…) no con
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 11
de marzo de 2021. Expediente 05001-23-33-000-2019-03154-01. M.P. Dr. Luis Alberto Álvarez
Parra.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
23001233300020230019101. Providencia del 7 de marzo de 2024. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra
(e).
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00800.
M.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencias del 20 de febrero de 2009 y Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00704-02. M.P. Susana Buitrago Valencia
Sentencia de 19 de marzo de 2009.
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carácter analógico sino a título de referente conceptual»21, a las definiciones
plasmadas en los artículos 188, 189 y 190 de la Ley 136 de 1994 que en su tenor
literal disponen:
ARTÍCULO 188. AUTORIDAD CIVIL. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se
entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un
empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:
1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta
Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con
facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.
2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por si o por
delegación.
3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones.
ARTÍCULO 189. AUTORIDAD POLÍTICA. Es la que ejerce el alcalde como jefe del
municipio. Del mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de departamento
administrativo, como miembros del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la
autoridad política.
Tal autoridad también se predica de quienes ejerzan temporalmente los cargos
señalados en este artículo.
ARTÍCULO 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde,
la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los
gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades
administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios
municipales.
También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o
convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.
Conforme con lo anterior, la autoridad civil se relaciona por el ejercicio de poder de
mando, así como para el nombramiento y remoción de subalternos y sus
respectivas sanciones.
Al respecto, la Sala la ha concebido como una «potestad de dirección o mando que
tiene determinado servidor público sobre los civiles o particulares, la cual puede
hacer cumplir incluso recurriendo a la coacción, esto es, incluso contra la voluntad
de los mismos»22.
21 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 23001-23-31-000-2008-
00087-03(IJ). M.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencia de 30 de noviembre de 2010.
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 7 de
febrero de 2019, MP Alberto Yepes Barreiro, Rad. 11001-03-28-000-2018-00048-00.
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Por su parte, la autoridad política se ejerce por los alcaldes, los secretarios y jefes
de departamento administrativo así como por los miembros del gobierno municipal
con poder de mando y decisión.
Ahora bien, frente a la autoridad administrativa, la Sección Quinta del Consejo de
Estado23 ha aceptado que a esta noción puede arribarse a través de un criterio
funcional que, a partir del análisis casuístico de las competencias atribuidas a un
cargo, permita obtener la certeza de que el titular de la función detenta la autonomía
decisoria requerida; o mediante el uso de un criterio orgánico que se ocupa de
desentrañar, tomando como base la ubicación jerárquica del empleo, el ejercicio de
la dirección administrativa que la caracteriza, cristalizada, se itera, en poderes de
mando.
Lo anterior, en consonancia con la decisión de 9 de septiembre de 200524, mediante
la cual esta Sala dispuso:
Es claro, entonces, que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público
implica el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio
orgánico, o bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender
que el ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad administrativa
por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley, implican dirección
administrativa, por ser ésta es (sic) una manifestación de dicha autoridad. Y,
acudiendo al segundo, será posible concluir que las funciones propias de un
determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al análisis que
de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso concreto». (Negrilla fuera de texto)
Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia25 ha admitido que comportan
autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem:
• La celebración de contratos o convenios.
• La ordenación de gastos u horas extras.
• La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de vacaciones
y su suspensión.
• El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados.
• La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una nueva sede
al personal de planta.
• Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas disciplinarias.
Lo anterior, sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de funciones
que implican el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado, siempre
y cuando, las competencias analizadas cumplan con las condiciones hasta aquí
23 En reciente decisión, esta Sección ratificó el uso de los denominados criterios: Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-01
acumulado. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 1° de octubre de 2020.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°. 41001-23-
31-000-2003-01299-02(3657). M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-
000-2020-00035-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020.
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referidas, esto es, que se constituyan en manifestaciones propias de la facultad
decisoria atribuida al cargo, y cuyo propósito sea el cumplimiento de los fines
esenciales del órgano administrativo al que se encuentra adscrito, ya que, como lo
ha advertido la Sala Plena de esta Corporación, la autoridad administrativa es:
…aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional,
departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen
poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La
autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas
de una connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a
tener esa importancia».26 (Se resalta)
Frente a la autoridad política, esta Corporación ha dicho que debe entenderse como
la capacidad para «presentar proyectos de Ley [en sentido amplio] y sancionarlos,
manejar las relaciones con los otros poderes y con otros Estados, gestionar, trazar y
apalancar el rumbo de la Nación [entendido también para departamentos y municipios]27»28
Finalmente, frente al ejercicio de autoridad militar, se ha establecido que es aquella
«ejercida por medio de las armas y la fuerza pública»29.
Con miras a analizar la configuración de esta causal de inelegibilidad, en todo caso
se debe examinar que los elementos anteriormente señalados se presenten de
manera concurrente y, en caso de que no sea así se entenderá que no se
materializó. Teniendo claros los requisitos estructuradores de la inhabilidad
endilgada al demandado, se entrará a revisar el caso particular.30
2.4 Caso concreto
Como viene de explicarse, en este asunto el acto acusado es el de elección del
señor Rodrigo Salazar Sarmiento como concejal de Santiago de Cali, para el
período 2024-2027. El fundamento de la demanda, es que dicho acto se encuentra
viciado de nulidad, por cuanto el demandado está inhabilitado en los términos del
numeral 2 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la
Ley 617 de 2000, toda vez que ejerció autoridad administrativa en ese municipio
dentro de los 12 meses previos a su elección.
26 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2001-
0161-01(PI-025). M.P. Darío Quiñones Pinilla. Sentencia del 27 de agosto de 2002.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de junio 9 de 1.998. Exp.
AC–5779. M.P Germán Rodríguez Villamizar.
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
4400103234000020190019501. Providencia del 19 de marzo de 2020. M.P. Dra. Rocío Araújo
Oñate.
29 Ibídem.
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
23001233300020230019101. Providencia del 7 de marzo de 2024. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra
(e).
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En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca negó las
pretensiones de la demanda al no encontrar configurado el elemento objetivo de
aquella, es decir, que el demandado haya ejercido autoridad civil o administrativa.
Inconformes con la decisión, el demandante y el agente del Ministerio Público ante
el a quo la apelaron con base en los mismos argumentos.
Al respecto, resulta del caso recordar que la competencia del juez de segunda
instancia se encuentra limitada a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso31 aplicables por remisión de los artículos 296 y 306 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto, la
Sala se pronunciará exclusivamente en relación con los reparos concretos
formulados por los recurrentes.
En tales condiciones, no hace parte de la controversia en esta instancia la
configuración de los demás elementos de la inhabilidad, por cuanto aquellos no
fueron objeto de apelación, esto es no se discute que el señor Rodrigo Salazar
Sarmiento ejerció el cargo de asesor, código 105, grado 02 posición 20001952
Unidad Organizativa 10000515 adscrito al despacho del alcalde de Santiago de Cali
desde el 3 de noviembre de 2021 (fecha en la cual tomó posesión del mismo) hasta
el 28 de febrero de 2023 (fecha en la cual renunció a aquel).
Precisado lo anterior, corresponde a la Sala analizar cada uno de los argumentos
esgrimidos por los apelantes en los recursos, de cara a la providencia recurrida.
31 ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión… (Se resalta).
ARTÍCULO 328 COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
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Según se tiene el primer motivo común de inconformidad de los recurrentes es que
el a quo no tuvo en cuenta las pruebas aportadas por el demandante junto con el
escrito a través del cual descorrió el traslado de las excepciones formuladas por el
demandado.
Pues bien, revisado el escrito de la demanda se advierte que el actor pidió las
siguientes:
De la manera más atenta solicito al despacho realizar una inspección judicial al
sistema ORFEO (archivo) de la alcaldía de la alcaldía (sic) de Santiago de Cali, para
recuperar la información en físico o virtual de las 85 actividades administrativas que
cumplió el señor Rodrigo Salazar Sarmiento en el desarrollo de sus funciones
públicas para constatar que si (sic) cumplió funciones administrativas para que se
incorporen al expediente.
Igualmente solicito al despacho requerir a la alcaldía de Cali una copia del Decreto
4112.010.20.0822 del 22 de octubre de 2021 por medio del cual se hizo el
nombramiento de mi demandado.
Solicitar copia de los Decretos 271 de 2018 y 822 de 2022 por medio del cual se
modificó y adicionó el Manual de Funciones y Competencias de los Empleos (sic)
adscritos a la Planta de Personal de la Administración Central en los que se
determina que los asesores pueden cumplir funciones administrativas y ejercer
autoridad política.
Sino se consiguen los documentos de las actividades desarrolladas por el
funcionario público asesor nombrado por el alcalde de Cali y le pagaron un alto
sueldo durante 14 meses que permaneció en el cargo, puede catalogarse esto un
peculado por apropiación y sería más delicado.
Ahora bien, en el escrito a través del cual se descorrió el traslado de las excepciones
formuladas por el demandado, el actor incluyó unas fotografías y unos enlaces que
parecen corresponder a la red social Facebook, sin elevar ninguna petición
probatoria adicional.
Frente al punto, es claro que, tal como lo mencionan los recurrentes esa es una
oportunidad procesal en primera instancia, en los términos del artículo 212 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ahora bien, en la audiencia inicial celebrada el 2 de mayo de 2024 se decretaron
como pruebas las siguientes:
8.1. PRUEBAS POR LA PARTE DEMANDANTE
8.1.1. Las documentales aportadas. En los términos y condiciones que establece
la ley, se tendrán como pruebas al momento de fallar y aquí se incorporan, los
documentos aportados con la demanda enunciados en el acápite “ANEXOS”
(índices 3 y 13 SAMAI), al considerarlos pertinentes, conducentes, necesarios y
útiles para el esclarecimiento de la controversia jurídica planteada y su valoración
se hará en la sentencia. Ellas son:
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-Copia de la carta de renuncia del asesor del alcalde de Cali, señor Rodrigo Salazar
Sarmiento.
• Copia de la Resolución No. 4137.010.21.0.395 que acepta la renuncia al señor
Rodrigo Salazar Sarmiento.
-Oficio de la segunda y definitiva evaluación 2022-2023 firmada por el alcalde de
Cali indicando que cumplió 85 compromisos funcionales en desempeño del cargo
de Asesor.
-Petición dirigida al alcalde de Cali, por las actividades cumplidas por el Asesor del
Despacho, Rodrigo Salazar Sarmiento, en el desempeño de sus funciones: copia
del Decreto 4112.010.20.0822 de octubre 22 de 2021 por el cual se nombra Asesor
a Rodrigo Salazar Sarmiento y copias de los decretos 271 de 2018 y 822 de 2022
por los cuales se modificó y adicionó el manual de funciones y competencias de los
empleos adscritos a la planta de personal de la administración central.
• Copia de la cédula de ciudadanía del señor Rodrigo Salazar Sarmiento.
-Copia del Acta del Escrutinio General Formulario E 26 CON para Concejo de Cali,
donde se declaró elegido el señor Salazar Sarmiento.
-Copia de la Resolución 11036 de septiembre 26 de 2023 emanada del Consejo
Nacional Electoral.
-Copia del Decreto No. 4112.010.20.0261 de 2017, que adiciona y modifica el
manual específico de funciones y competencias laborales de las distintas
denominaciones de empleos adscritos a la Planta de Personal de la Administración
Central del Municipio de Santiago de Cali, adoptado mediante Decreto No.
411.0.20.0673 de 2016.
-Copia de las páginas 1 a la 11 y de la 31 a la 49 y la página 210 del Decreto No.
4112.010.20.0271. Por el cual se Modifica y Adiciona el Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales de las Distintas Denominaciones de Empleos
Adscritos a la Planta de Personal de la Administración Central del Municipio de
Santiago de Cali, adoptado mediante Decreto No. 411.0.20.0673 de 2016.
-Copia del Decreto No. 4112.010.20.0822 de 2021. "Por el cual se realiza un
nombramiento ordinario en la Administración Distrital de Santiago de Cali y se dictan
otras disposiciones". En este Decreto se nombró al señor Rodrigo Salazar
Sarmiento, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.789.913 en el empleo
denominado Asesor, Código 105, grado 02, adscrito al despacho del señor alcalde.
-Copia del certificado firmado por Claudia Patricia Charria Rivera, subdirectora de
Departamento Administrativo, Subdirección de Gestión Estratégica del Talento
Humano, asegurando que el señor Rodrigo Salazar Sarmiento, estuvo vinculado en
la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali en el interregno de los años 2022 y 2023 en
el empleo de Asesor Código 105, grado 02.
-Copia del certificado de experiencia firmado por Claudia Patricia Charria Rivera,
subdirectora de Departamento Administrativo, Subdirección de Gestión Estratégica
del Talento Humano, indicando las funciones administrativas que cumplió el señor
Rodrigo Salazar en el tiempo que se desempeñó como Asesor código 105, grado
02.
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No obstante, se advierte que en el video de la audiencia inicial (1:07:23) el
apoderado del demandante puso de presente que en el decreto de pruebas no
fueron incluidos los documentos aportados con el escrito a través del cual se
descorrió el traslado de las excepciones, a lo que el magistrado ponente en primera
instancia contestó: «no están quedando excluidos»; de lo que se deduce que,
aunque no fueron expresamente relacionados por el a quo sí fueron decretados
como prueba dentro de este proceso.
Frente al valor probatorio de las fotografías, videos e impresiones de pantalla se
advierte, en primer lugar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 del
Código General del Proceso:
Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de
datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas,
videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y,
en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y
las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares…
Es decir, las fotografías, videograbaciones y capturas de pantalla son documentos;
en lo que tiene que ver con su autenticidad el artículo 244 del mismo estatuto
procesal establece:
Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha
elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a
quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en
original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la
reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan
sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen
parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen
disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos
para ser título ejecutivo.
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con
ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su
falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las
jurisdicciones.
Así las cosas, los documentos se presumen auténticos siempre y cuando no hayan
sido tachados de falsos o desconocidos. No obstante, deben analizarse en
contexto, conforme con las reglas de la sana crítica.
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Demandado: Rodrigo Salazar Sarmiento – concejal Santiago de Cali
Radicado: 76001-23-33-000-2024-00041-01
En este mismo sentido, esta Sección, en decisiones recientes32, ha considerado
que en lo que corresponde a los mensajes de datos, la Ley 52733 de 1999, en
armonía con las directrices fijadas por la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional34, los definió como toda aquella información
«…generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios
electrónicos, ópticos o similares…»35, y los reconoció como medios de prueba en
el marco de cualquier actuación administrativa y judicial36, cobijando, por ende, los
procesos de nulidad electoral.
Así, la Ley 527 de 1999 consideró que el mensaje de datos podía tener el mismo
valor probatorio de un documento físico cuando (i) su contenido resultaba accesible
para posteriores consultas (artículo 6°37 ejusdem); (ii) se conocía la identidad de su
generador (artículo 7°38 ejusdem); (iii) se garantizaba su integridad, excluyendo
cualquier tipo de alteración (artículo 8°39 ejusdem). Todo ello, con el propósito de
reafirmar la validez probatoria de estos medios de convicción digitales, –entiéndase
correos electrónicos, fotos y videos subidos a las redes sociales, leyendas que
acompañan los “post” de Instagram y Facebook–, como requisitos ineludibles para
su apreciación, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y sus particularidades
propias40.
32 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 1º de julio del 2021. Radicación 050001-23-33-
000-2020-00006-01. M.P. Rocío Araújo Oñate (E).
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 10 de
agosto de 2023. Expediente 11001032800020220019800. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
33 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del
comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se
dictan otras disposiciones.”
34 Para conocer los antecedentes normativos de la Ley 527 de 1999, puede consultarse: Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección “B”. Rad. 25000-23-26-
000-2000-00082-01. M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Sentencia de 13 de diciembre de 2017.
35 Art. 2° de la Ley 527 de 1999.
36 Art. 10 de la Ley 527 de 1999. “ADMISIBILIDAD Y FUERZA PROBATORIA DE LOS MENSAJES
DE DATOS. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria
es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo
del Código de Procedimiento Civil. En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia,
validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos,
por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en
su forma original.”
37 “Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará
satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su
posterior consulta.”
38 “Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en
ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho
requerimiento si: a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de
datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación…”.
39 “Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y conservada en su forma
original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si: a) Existe alguna garantía
confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a partir del momento en que se
generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma…”.
40 Art. 11 de la Ley 527 de 1999.
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A pesar de lo anterior, la legislación procesal ha distinguido los mensajes de datos
como medio de prueba, de las reproducciones de su contenido. Así las cosas, se
ha diferenciado el primero en su formato original -compréndase correos
electrónicos, vínculos de internet, fotografías publicadas en redes sociales con su
respectivo enlace-, de la presentación de lo que aquellos contienen, pero no en
estas condiciones iniciales.
Frente a los últimos, la legislación y la jurisprudencia constitucional han reconocido
que es procedente entonces dar aplicación a las reglas de valoración de los
documentos41. El artículo 247 del precitado Código General del Proceso, preceptúa:
Valoración de mensajes de datos. Serán valorados como mensajes de datos los
documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron
generados, enviados, o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con
exactitud.
La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de
conformidad con las reglas generales de los documentos”. (Se resalta)
Por lo anterior, se tiene que los requisitos de equivalencia funcional –que se deben
verificar para los documentos electrónicos y físicos–, contenidos en los artículos 6°,
7°, 8° y 9° de la Ley 527 de 1999 –como se vio– solo serán exigibles cuando los
extremos procesales arrimen a las causas en las que participan verdaderos
mensajes de datos –compréndase correos electrónicos, vínculos de internet,
fotografías publicadas en redes sociales con su respectivo enlace–; pero no sus
reproducciones físicas, pues en dichos eventos el régimen aplicable será el general
de los documentos que, en principio, se presumen auténticos, a las voces del
artículo 24442 de la Ley 1564 de 2012.
Así, se ha dicho43:
Bajo la égida de las glosas que preceden, y teniendo en cuenta que las pruebas
sobre las que gira el debate propuesto con la alzada se constituyen en capturas de
pantalla tomadas de las redes sociales Instagram y Facebook –y no a mensajes de
41 Al respecto, la Corte Constitucional expuso en sentencia C-604 de 2016, señaló: :“Como se indicó,
el inciso demandado –2° del artículo 247 del CGP– regula aquellos casos en que el contenido
originalmente creado, enviado o recibido mediante canales electrónicos, ópticos u otros de la misma
naturaleza, no es aportado al proceso en el mismo formato en que se transmitió o en uno, de carácter
electrónico, que lo reproduzca con exactitud, sino en una impresión en papel y, como consecuencia,
se prevé la aplicación de las reglas general de valoración sobre los documentos. No se está en
presencia de un mensaje de datos propiamente dicho, como interpretan los demandantes, sino de
una copia de su contenido y, por ende, de un documento ordinario de papel que el legislador, para
su valoración, sujeta a las reglas generales de los documentos” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
42 “Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en
copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la
imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según
el caso.”
43 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 1º de julio del 2021. Radicación 050001-23-33-
000-2020-00006-01. M.P. Rocío Araújo Oñate (E).
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datos allegados en los formatos creados, como en otras oportunidades ha
ocurrido44–, la Sala especializada en asuntos electoral estima que, contrario a lo
pregonado por el recurrente, no se hacía exigible para la demandante el
cumplimiento de las exigencias plasmadas en los artículos 6°, 7°, 8° y 9° de la Ley
527 de 1999, comoquiera que sus esfuerzos probatorios se circunscribieron a aducir
documentos físicos, mas no pruebas de índole electrónico, que obligaran a observar
los presupuestos de la equivalencia funcional erigidos en las referidas disposiciones
normativas.
Precisado lo anterior, reitera la Sala que este tipo de documentos son «meramente
representativos que por sí solos no demuestran fehacientemente un hecho o acción
determinada»45, por lo que su valor probatorio depende de su análisis en conjunto
con los demás medios de prueba obrantes en el expediente.
Las imágenes a las que aluden los recurrentes, las cuales valga mencionar no
fueron controvertidas por el demandado y, por ende, se presumen auténticas en los
términos de la normativa anteriormente expuesta, son las siguientes:
44 Por ejemplo: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad.
11001-03-28-000-2020-00016-00 (Acum.). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de
3 de diciembre de 2020.
45 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de septiembre de 2020, Rad. 11001-03-28-
000-2019-00074-00, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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Según se tiene, dichas fotografías corresponden al perfil del señor Rodrigo Salazar
Sarmiento en la red social Facebook. Las publicaciones datan del 11 y 19 de
noviembre de 2022, 5 y 22 de diciembre de ese mismo año, 7 y 15 de enero de 2023
-de lo que se desprende que corresponden al período inhabilitante- y se acompañan
de mensajes de los que se deriva que él estuvo presente en reuniones públicas en
la ciudad de Cali relacionadas con iniciativas comunitarias y gestores de paz; no
obstante, dichos documentos por sí solos no demuestran que el demandado haya
ejercido autoridad administrativa o que, por lo menos, hubiere representado a esa
alcaldía.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con los enlaces de la red social Facebook
aportados con el mismo escrito, se advierte que el primero de ellos también conduce
al perfil del demandado, específicamente a un video corto o reel en el que se
observa una serie de imágenes con música instrumental de fondo, de lo que parece
ser reuniones públicas en el que presuntamente aparece el demandado y que se
acompaña del siguiente mensaje46:
#GobiernoAlBarrio. Adelantamos una nueva jornada de #GobiernoAlBarrio, en esta
oportunidad desde el barrio Berlín, perteneciente a la comuna 4 de #CaliCo, gracias
a la Alcaldía de Cali por brindar estos espacios y escuchar a la comunidad.
#calicolombia.
No obstante, no se puede establecer la fecha de publicación de aquel.
El segundo enlace conduce a otro video de 1:31 de duración, publicado el 26 de
septiembre de 2022, que se acompaña del siguiente mensaje47:
Recorrimos las calles del lindo corregimiento de Montebello en la comuna para
escuchar de su propia comunidad cuáles son sus necesidades y darles soluciones
reales. Gracias Alcaldía de Cali por gestar #GobiernoAlBarrio y acercar la
institución a la gente.
Además, aparece el demandado saludando a personas de la comunidad y diciendo:
Participamos de Gobierno al barrio. Desde este hermoso territorio de Monte Bello
donde el alcalde Jorge Iván Ospina lidera un consejo comunitario con todo el
gabinete distrital, escuchando a la comunidad, recorriendo sus calles, viendo estos
hermosos paisajes, encontrando cuáles son las problemáticas más sentidas de su
comunidad y las soluciones para resolverlas. En conjunto y en creación. Todos
unidos por la vida.
Asimismo, aparecen dos mujeres quienes sostienen:
46 https://www.facebook.com/share/r/CL8xXV7BRxDDmm8J/?
47 https://www.facebook.com/share/wNUtn9yyj8NarPbv/?
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Me parece excelente, no sabía que se iba a presentar esta jornada, pero vine de
improviso, pero me parece increíble.
Vivo en Montebello hace más de 40 años, y estoy muy contenta de estar acá pues
han venido pues de varios entes, de las entidades que vinieron son importantes
dentro de nuestro corregimiento, para que conozcan nuestras necesidades y para
buscarle solución, por lo que me parece importante que nos hayan visitado y ojalá
no se olviden del corregimiento.
El tercer enlace corresponde a otro video corto o reel, en el que aparece una voz de
fondo que dice48:
Nos encontramos en Gobierno al barrio, desde la comuna 10, barrio El Guabal con
todos sus habitantes haciendo un ejercicio de escucha, de diálogo, de
reconocimiento de las problemáticas que hay en esta comuna y en este sector, de
acercamiento de las autoridades locales con la comunidad para construir soluciones
conjuntas a las problemáticas. Un ejercicio democrático en esencia.
Hoy 15 de septiembre donde conmemoramos el día internacional de la democracia,
decimos que la democracia no es solo un contenido formal, también es un ejercicio
real de participación, de construcción de reconocer la diferencia, de poder incluir a
las comunidades en la solución e identificación de sus problemáticas. Hoy estamos
desde Gobierno al barrio, ratificando nuestro compromiso con nuestra democracia.
Además, el video se acompaña del siguiente mensaje escrito:
Productiva jornada la que tuvimos en 🏘 recorriendo las calles del B/ El Guabal,
gracias sus habitantes por apoyar y apropiarse de estos espacios de encuentro
participativo. 🙋🏻♀️🙋🏻♂️✅ El diálogo es el camino a la democracia y la paz. 🕊
Alcaldía de Cali
No obstante, estas dos últimas publicaciones están por fuera de los 12 meses
anteriores a la elección cuestionada, razón por la cual no puede ser tenidos en
cuenta.
Además, de los referidos videos se evidencia que el demandado efectivamente tuvo
una cercanía con algunos integrantes de la comunidad de la ciudad de Santiago de
Cali dentro del período inhabilitante a través del programa Gobierno al Barrio; sin
embargo, se desconocen los roles que tuvo dentro de aquel, por lo que no se puede
establecer si ejerció o no autoridad administrativa.
Frente al punto, debe tenerse en cuenta que la causal de inhabilidad invocada en la
demanda es la relacionada con el ejercicio de autoridad administrativa, civil y política
por parte del demandado durante los 12 meses anteriores a su elección, sin que
sea viable vía interpretación variar los elementos de aquella o ampliarlos a
situaciones e hipótesis no previstas por el legislador.
48 https://www.facebook.com/share/j8aoL3AcfRALjokz/?
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Las inhabilidades están erigidas como especiales condiciones objetivas que pueden
recaer sobre una persona y que tienen como único fin que quienes accedan o estén
en la función pública, desempeñen su cargo bajo los criterios de igualdad, eficiencia,
moralidad e imparcialidad, garantizando de esta forma la prevalencia de los
intereses generales de la comunidad sobre los personales49.
En este sentido, las diferentes circunstancias que configuran una inhabilidad
examinan la órbita personal del aspirante o servidor en ejercicio, de manera que
«auscultan en los antecedentes personales, las relaciones familiares, el ejercicio
profesional y las actividades lucrativas del interesado»50.
Acorde con lo anterior, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de
acceso a cargos públicos, la Constitución Política de 1991 dispuso que el desarrollo
de su régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual ha sido enfatizado
por parte de esta Corporación, estableciéndose en diferentes oportunidades que el
único facultado para estructurar las circunstancias especiales que limitan el referido
derecho es el legislador.51
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta el principio de interpretación restrictiva que
rige en materia electoral, según el cual las inhabilidades e incompatibilidades no
pueden aplicarse de manera genérica por extensión ni analogía, toda vez que
implican la restricción de derechos fundamentales y políticos.
Sobre la materia, la Sección Quinta de manera reiterada ha sostenido 52:
Por lo anterior, la Sala considera que, en atención con las limitaciones a los derechos
políticos que se derivan de las inhabilidades e incompatibilidades, se ha establecido
que, respecto de su aplicación, es necesario observar los criterios de interpretación
restrictiva y no la analógica o extensiva.
Este criterio fue reiterado, en la sentencia del 11 de julio del 201953 y retomado, entre
otros, en los fallos de 22 de abril y 5 de agosto de 202154, al indicar que “[l]a Sección
Quinta ha sido constante en reiterar que en la medida en que las inhabilidades
implican la afectación del derecho fundamental a la participación política, en sus
49 Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también sentencias C-558 de 1994
M.P. Carlos Gaviria Díaz, Sentencia C-483 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
50 OSORIO CALDERIN, Ana Carolina, Manual de Inhabilidades Electorales, 2ª Edición, Grupo
Editorial Ibáñez, 2014, p. 24.
51 Sentencia Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de septiembre de 2013, radicado
Nº 110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00 110010328000201200057-00
Acumulado. CP. Alberto Yepes Barreiro Dte: Eduardo Carmelo Padilla Hernández y otros
52 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 30 de
septiembre de 2021. Expediente: 66001233300020200049903. M.P. Dra. Rocío Araújo Oñate.
53 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo
Oñate. Sentencia de 11 de julio de 2019. radicación número 54001-23-33-000-2018-00220-02.
54 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo
Oñate. Sentencia del 22 de abril de 2021. Radicación Número 15001-23-33-000-2020-00120-01 y
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 5 de agosto de 2021. Rad. 70001-23-33-000-
2020-00035-02, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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modalidades de ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos,
la interpretación de su alcance es restrictiva55”.
Así, entendiendo el criterio de interpretación restrictiva como aquel que busca la
aplicación de la norma a casos concretos56, los jueces, al momento de determinar
la ocurrencia de una inhabilidad o incompatibilidad respecto de quien pretende
ocupar un cargo público, deben limitarse al alcance de los verbos rectores
empleados por el legislador “-por ejemplo, la gestión de negocios-, a las situaciones
de orden jurídico que la originan y su prueba plena -v. gr. el parentesco-, así como
a los límites de orden temporal -ejemplo, durante el año anterior a la elección-,
espacial -v.gr. a la jurisdicción donde se llevará a cabo la elección- y a las calidades
respecto de quienes se predican”57.
Esta línea de interpretación conlleva a que dichos condicionamientos se apliquen de
forma concreta a las situaciones o eventos que el constituyente y en su desarrollo
el legislador, según el caso, determinaron como circunstancias de inelegibilidad, sin
que para el efecto puedan considerarse otros distintos.
Así entonces, al momento de establecer la configuración de una inhabilidad, prima
el criterio interpretativo restrictivo, entendido en la forma como se señaló en
precedencia y, de ninguna manera, el estudio que emprenda el operador judicial
puede conllevar extensiones, analogías o interpretaciones amplias, que conlleven a
la aplicación del presupuesto normativo a situaciones diversas a las previstas por el
constituyente y/o el legislador, o a vaciar de contenido las mismas en detrimento de
su eficacia.
Criterio de interpretación que se predica respecto de inhabilidades e
incompatibilidades y que busca entonces, aumentar la eficacia y vigencia de las
garantías constitucionales respecto de quienes aspiran a ocupar cargos públicos,
pues solamente en los eventos y bajo las condiciones que ellas consagran, es
procedente predicar su configuración, máxime si se tiene en cuenta que, en todo
caso, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades ha sido concebido como un
límite legítimo y válido a los derechos políticos, conforme al cual, si se advierte la
configuración de alguna causal, ello no conlleva a que de allí se predique la
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30 de
mayo de 2019, M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicado No. 18001-23-33-000-2018-00194-01.
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 14 de marzo de 2019, Radicación 11001 - 03-28-
000-2018-00603-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. En cuanto a las condiciones que se deben verificar
cuando una persona pretenda el acceso a un cargo o empleo y su relación con las causales de
inhabilidad, consultar: Consejo De Estado, Sección Quinta, sentencia Del 29 de Septiembre de 2016,
Rad. 11001-03-28-000-2016-00001-00 (Acumulado), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. con
respecto a la distinción entre las calidades para acceder a un cargo y las causas de inhabilidad,
consultar entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 11 de Marzo de 1999,
Radicado 1847, M.P. Mario Alario Méndez. Acerca del otorgamiento del aval como requisito formal
para la inscripción de candidatos, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de
diciembre de 2013, Radicación 11001-03-28-000-2013-00037-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro. En
cuanto al principio democrático, Ver: Corte Constitucional, Sentencia de 3 de marzo de 1994, Exp.
C-089, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. acerca de la triple finalidad que cumple el requisito del aval,
consultar entre otros: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 11 de Julio de 2013, Rad.
60001-23-31-000-2012-00004-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro. En cuanto al otorgamiento del aval
y el responsable de ello, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 13 de Agosto
de 2009, Radicación 11001-03-28-000-2006-00011-00(3944-3957), M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
56 Criterio acogido por la sala plena de lo contencioso administrativo en: sentencia del 29 de enero
del 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(su).
57 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. M.P. Rocío Araújo
Oñate. Radicación número 15001-23-33-000-2020-00120-01, sentencia de 22 de abril de 2021.
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vulneración de estas prerrogativas superiores, sino que, por el contrario, evita el
desconocimiento de los intereses superiores respecto de quienes ocupan cargos
públicos.
Conforme con lo expuesto, es claro que no resulta acorde al ordenamiento jurídico
electoral dejar abierta y general una limitación de acceso a cargos públicos y mucho
menos ampliarla a hipótesis no consagradas por el legislador.
Por lo tanto, como en el presente caso la inhabilidad bajo estudio se configura por
el ejercicio de autoridad civil, administrativa y política, no es posible extender su
alcance al hecho de tener cercanía con la comunidad en ejercicio de funciones
propios del cargo.
Así las cosas, ni las fotografías ni los videos cuya valoración echan de menos los
recurrentes, demuestra el ejercicio de autoridad administrativa por parte del
demandado dentro de los 12 meses anteriores a su elección como concejal de Cali.
Ahora bien, en lo que respecta al argumento de los apelantes según el cual, el
listado de funciones con base en el cual decidió el a quo que el demandado no
ejerció autoridad administrativa, no es taxativo se advierte que, aunque
efectivamente así es, únicamente se refirieron a la función número 4 del respectivo
manual consistente en «asistir y participar, en representación del organismo o
entidad, en reuniones, consejos, juntas o comités de carácter oficial, cuando sea
convocado o delegado».
Al respecto, resulta del caso señalar que el solo hecho de que el demandado pudiera
asistir y participar en reuniones oficiales no implica per se el ejercicio de autoridad
administrativa, toda vez que se desconoce el tipo de juntas o comités a los que se
refiere, el rol específico que cumpliría el demandado y quiénes serían los asistentes
a aquellas.
Además, en el evento de que esa función se relacionara con las reuniones a las que
se refieren las fotografías y videos anteriormente analizados, se insiste, el hecho de
que fueran reuniones con la comunidad no quiere decir que constituyera ejercicio
de autoridad administrativa, civil ni política, dentro de los 12 meses anteriores a su
elección.
En todo caso, de aceptarse que el demandado detentó poder de mando o dirección
por asistir a dichas reuniones, debe tenerse en cuenta que la Sala ya ha dicho 58:
En las demandas se hizo referencia específicamente a una función, según la cual el
representante a la Cámara por Santander detentó un poder de mando y dirección,
al tener la facultad de representar al municipio de Floridablanca.
58
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 16 de
febrero de 2023. Expediente: 11001-03-28-000-2022-00053-00.
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Demandado: Rodrigo Salazar Sarmiento – concejal Santiago de Cali
Radicado: 76001-23-33-000-2024-00041-01
Sobre el particular, no encuentra la Sala que dicha función constituya el ejercicio de
autoridad administrativa, por sí sola, dado que la función atribuida al demandado
corresponde a “representar al municipio de Floridablanca, cuando le sea asignada
esa tarea”, lo que implica que de labor es potestativa y no permanente, pues
únicamente representará al municipio, siempre que le sea asignada esa tarea.
Es decir, no es una función que naturalmente desempeñe en su cargo, sino que, por
ostentar dicho empleo, puede llegar a ser designado para la representación del
municipio. Lo anterior necesariamente sugiere que, para determinar el alcance y
contenido de dicha función, deben estar expresamente definidos los momentos en
los que el asesor del despacho del alcalde le fue asignada la tarea de representar
al municipio de Floridablanca.
Así las cosas, ya se ha estipulado por esta sala electoral que el solo hecho de
detentar poder de mando -en el hipotético caso de que se acepte dicha circunstancia
en el caso concreto- no implica el ejercicio de autoridad administrativa.
De otra parte, en lo referente al análisis del artículo 2.2.4.4 del Decreto 1083 de
2015 modificado por el Decreto 815 de 2018 en lo que tiene que ver con el estudio
específico de las competencias funcionales y comportamentales del cargo ejercido
por el demandado; y el estudio de la evaluación de compromisos funcionales del 14
de febrero de 2023 del demandado, se advierte que dichos puntos no fueron objeto
de debate en la primera instancia, por cuanto ni siquiera se hizo mención a ellos en
la demanda y, por ende, no fueron incluidos en la fijación del litigio por el a quo, sin
que tampoco fuera cuestionado la decisión por la parte actora, razón por la cual no
es viable analizarlos en esta instancia so pena de afectar el derecho de defensa y
debido proceso del señor Salazar Sarmiento.
Asimismo, en lo que tiene que ver con el hecho de que se haya certificado que el
demandado cumplió con 85 compromisos en su período de evaluación 2022 – 2023
no se cuenta con prueba diferente al reporte de la segunda evaluación definitiva del
señor Salazar Sarmiento, suscrita por el entonces alcalde de Santiago de Cali, Jorge
Iván Ospina Gómez, en la que se hace constar que aquel cumplió con el 85% de
los compromisos funcionales del cargo, 12% de los compromisos
comportamentales y que obtuvo una calificación definitiva de 97 puntos, por lo que,
además, de que no se formuló un cargo concreto sobre el asunto en la demanda,
tampoco se cuentan con insumos para estudiar el punto en esta instancia.
Además, no encuentra la Sala que: i) brindar atención presencial a las exigencias y
problemáticas sociales de la comunidad y organizaciones sociales y gremiales; ii)
asesorar a los organismos para que los requerimientos y propuestas de las
comunidades sean reconocidas y valoradas en coherencia con el Plan de Desarrollo
Cali, Unida por la Vida; y iii) asesorar a los organismos en estrategias y acciones
dirigidas a fortalecer la gobernanza y gobernabilidad se encuentren en las funciones
atribuidas al cargo de de asesor, código 105, grado 02 posición 20001952 Unidad
Organizativa 10000515 adscrito al despacho del alcalde de Santiago de Cali
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desempeñado por el demandado y objeto de estudio, por lo que se extraña la fuente
de dichas atribuciones en el caso concreto.
Lo anterior por cuanto, la respuesta otorgada por la subdirectora del Departamento
Administrativo de Gestión Estratégica de Talento Humano el 29 de agosto de 2023
a la petición presentada por el señor Daimi Lindo Solano en referencia a las
atribuciones y funciones del demandado, aportada por el actor a través de memorial
posterior a la radicación de la demanda, se advierte que aquella reprodujo
íntegramente lo dispuesto en el manual de funciones aportado como prueba al
expediente tanto en lo que se refiere al nivel del cargo desempeñado por el señor
Salazar Sarmiento como a sus responsabilidades.
De manera concreta, el Decreto 4112.010.20.0261 del 4 de abril de 2017 «por el
cual se adiciona y modifica el Manual específico de funciones y competencias
Laborales de las distintas denominaciones de empleo adscritos a la planta de
personal de la administración central del Municipio de Santiago de Cali adoptado
mediante el Decreto 411.0.20.0673 de 2016» establece para el referido cargo las
siguientes atribuciones:
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Al respecto, resulta del caso recordar que de conformidad con lo dispuesto en
artículo 122 de la Constitución Política «no habrá empleo público que no tenga
funciones detalladas en la ley o reglamento». Asimismo, los servidores públicos
somos responsables por infringir la Carta Política y las leyes y, además, por la
omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones atribuidas por aquellas.
Así las cosas, constitucionalmente está establecido que las funciones de los
empleos públicos como el del demandado deben estar en la Constitución, la ley o
el reglamento, sin que sea viable que los superiores jerárquicos creen nuevas
atribuciones, salvo que haya un acto formal de delegación, por ejemplo. Sin
embargo, en este caso, más allá de la prueba aportada con el escrito que descorrió
el traslado de las excepciones, no obra en el plenario ninguna evidencia de que el
demandado haya ejercido funciones diferentes o ajenas a las asignadas en el
precitado manual de funciones.
En este mismo sentido, en lo que se refiere a la asistencia del señor Salazar
Sarmiento a reuniones presenciales con la comunidad de las que, en criterio del
actor, pudo obtener ventajas en las urnas, se precisa que no hay prueba alguna que
demuestre que aquello implicó ejercicio de autoridad administrativa, civil o política
de su parte. Además, estos cuestionamientos en específico, no fueron planteados
en la demanda ni incluidos en la fijación del litigio.
Conforme con lo anterior, concluye la Sala que ninguno de los argumentos
esbozados por lo apelantes tiene vocación de prosperidad por cuanto no
demuestran el ejercicio de autoridad administrativa por parte del demandado
durante los 12 meses anteriores a su elección como concejal en Santiago de Cali.
Tampoco se puede establecer con las fotografías y videos y en general con las
pruebas allegadas al expediente que el demandado haya ejercido poder público en
función de mando que implique acatamiento de particulares ni que, en caso de
desobediencia hubiese tenido facultad de compulsión o coacción a través de la
fuerza pública; así como tampoco haya tenido la facultad de nombrar y remover
empleados de su dependencia por sí o por delegación ni de sancionarlos, por lo que
no se acreditó que ejerciera autoridad civil.
Finalmente, no se demostró que el demandado hubiera ocupado el cargo de alcalde,
secretario de despacho ni jefe de departamento administrativo de lo que se pueda
deducir el ejercicio de autoridad política o que mediara un acto de delegación para
representar a la administración.
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En tales condiciones, hay lugar a confirmar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca el 5 de julio de 2024 dentro del presente asunto.
2.6 Otras decisiones
Observa la Sala que en las anotaciones 16 y 18 del expediente visible en la Sede
electrónica para la gestión judicial, Samai, obra poder otorgado por el jefe de la
Oficina Asesora Jurídica del Consejo Nacional Electoral a la abogada Elizabeth
González Mancilla con el fin de que aquella ejerza la representación judicial de esa
entidad en este proceso, junto con los respectivos anexos.
Al cumplir el poder los requisitos legales, se habrá de reconocer a la profesional del
derecho González Mancilla en los términos de dicho documento.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que negó las pretensiones de nulidad
de la elección del señor Rodrigo Salazar Sarmiento como concejal de Valle del
Cauca período 2024-2027.
SEGUNDO: RECONOCER a la abogada Elizabeth González Mancilla identificada
con cédula de ciudadanía 36.719.666 y tarjeta profesional de abogada 210559 del
Consejo Superior de la Judicatura como apoderada del Consejo Nacional Electoral
en los términos del poder otorgado para el efecto.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.
CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso ordinario alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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