Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2024-00171-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-000-2024-00171-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 76001-23-33-000-2024-00171-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
4 de junio de 2026
Radicado: 76001-23-33-000-2024-00171-01 (30781)
Demandante: Hospital Departamental Centenario de Sevilla ESE
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00171-01 (30781)
Demandante: Hospital Departamental Centenario de Sevilla ESE
Demandado: Municipio de Sevilla
Temas: Impuesto predial. Factura. Motivación.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por la demandante contra la
sentencia del 5 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que dispuso lo siguiente2:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Factura nro. 817704 del 29 de mayo de 2023 y
la nulidad parcial de la Resolución 1597 del 20 de noviembre de 2023, conforme a las
consideraciones expuestas.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRESE que el Hospital
Departamental Centenario de Sevilla E.S.E. no está obligado a pagar el impuesto predial,
sobretasas e intereses respecto a los años gravables 2007 a 2020 del inmueble con matrícula
inmobiliaria 382-25144 y código catastral 0100000001520112000000000, de acuerdo con los
argumentos de la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: SIN CONDENA EN COSTAS, conforme lo expuesto.
ANTECEDENTES
Actuación administrativa
Mediante la Factura nro. 817704 del 29 de mayo de 2023 el municipio de Sevilla liquidó
el impuesto predial, la sobretasa ambiental y la sobretasa bomberil por los años 2007
a 2023. Este acto fue confirmado mediante la Resolución 1597 del 20 de noviembre
de 2023.
Demanda y contestación de la demanda
En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el
demandante formuló las siguientes pretensiones3:
1
Ingresó al despacho para fallo el 18 de febrero de 2026.
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Samai Tribunal, índice 43.
3
Samai Tribunal, índice 3.
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Radicado: 76001-23-33-000-2024-00171-01 (30781)
Demandante: Hospital Departamental Centenario de Sevilla ESE
PRIMERA. - Que se declare la nulidad de la Factura nro. 817704 del 29 de mayo de 2023
mediante la cual el Municipio de Sevilla profirió liquidación oficial del impuesto predial, sobretasa
ambiental y sobretasa bomberil correspondientes a los años gravables 2007 a 2023 del inmueble
identificado en la referencia de esta demanda, a cargo del Hospital Departamental Centenario de
Sevilla ESE.
SEGUNDA. - Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1597 del 20 de noviembre de 2023
mediante la cual el Municipio de Sevilla resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra
la liquidación oficial contenida en la factura citada en el ordinal anterior.
TERCERA. - Como restablecimiento del derecho, (i) que se declare que el Hospital
Departamental Centenario de Sevilla ESE no está obligado a declarar ni a pagar el impuesto
predial ni sus respectivas sobretasas, correspondientes a los años gravables 2007 a 2023 del
inmueble identificado en la referencia, y (ii) que se ordene a el Municipio de Sevilla, actualizar el
estado de cuenta corriente de mi representado con el fin de que ya no aparezca como deudor de
dichas obligaciones.
CUARTA. - Que se condene a la parte demandada, al pago de las costas del juicio y las agencias
en derecho que correspondan.
QUINTA. - Que se ordene a la parte demandada, dar cumplimiento a la sentencia dentro del
término de los treinta (30) días siguientes a su notificación.
SEXTA. - Que se ordene a la parte demandada, el pago de intereses comerciales sobre cualquier
suma reconocida en la sentencia por cualquier concepto, durante los seis (6) meses siguientes a
su ejecutoria, y el pago de intereses moratorios después de dicho término.
La parte demandante invocó como normas violadas, los artículos 67 del CPACA;
570, 712 y 730 del Estatuto Tributario (ET), y 354 del Acuerdo 013 de 2020.
En la demanda4, el actor desarrolló el respectivo concepto de violación. La
contestación de la demanda fue extemporánea. Los cargos de la demanda se
sintetizan así:
Cargo uno. Falta de motivación y violación del debido proceso
La demandante sostuvo que la factura del impuesto predial adolece de ausencia de
motivación, en la medida en que no contiene los elementos mínimos exigidos para
una liquidación oficial, pues omite indicar las bases gravables (avalúos catastrales)
correspondientes a cada periodo facturado, no precisa las tarifas aplicadas, ni el uso
o destino catastral del inmueble, ni expone el procedimiento seguido para la
determinación del impuesto predial y de las sobretasas, ni informa acerca de los
recursos procedentes. Esta ausencia de información impidió el ejercicio real y efectivo
del derecho de contradicción, lo que conllevó a una vulneración del debido proceso.
Cargo dos. Violación de norma superior. Expedición de doble liquidación oficial
El demandado vulneró el artículo 702 del ET, que prohíbe expedir más de una
liquidación oficial respecto del mismo tributo y periodo, porque por los periodos 2007
a 2020 expidió una nueva liquidación (factura), siendo que esos periodos ya habían
sido objeto de liquidación oficial previa, contenida en las Resoluciones nros. 0053 y
0057 de 2021, actualmente demandadas ante esta misma jurisdicción.
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Samai Tribunal, índice 3.
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Demandante: Hospital Departamental Centenario de Sevilla ESE
Cargo tres. Inexistencia de la condición de sujeto pasivo en el año gravable 2007
y exención o no sujeción al impuesto predial (años 2007 a 2023)
Por el año gravable 2007, el Hospital demandante no era propietario ni poseedor del
inmueble a 1.º de enero de ese año, fecha de causación del impuesto predial. En
consecuencia, no se configuró el hecho generador del impuesto a su cargo y, por
ende, por ese periodo no puede ser sujeto pasivo del tributo.
Por otro lado, durante los periodos 2007 a 2023, el inmueble estuvo exento o no sujeto
al impuesto predial, en virtud de los artículos 167 del Acuerdo 034 de 2001, vigente
hasta 2020, y 31 del Acuerdo 013 de 2020, actualmente vigente. Ambas normas
establecen expresamente la exención o no sujeción respecto de inmuebles de
propiedad de entidades de derecho público del orden departamental, condición que
cumple el Hospital Departamental Centenario de Sevilla ESE.
La administración aplicó indebidamente el artículo 61 de la Ley 55 de 1985, norma
que solo autoriza gravar con impuesto predial a inmuebles de entidades públicas del
orden nacional y el Hospital es una entidad pública del orden departamental, por lo
que dicha norma no le resulta aplicable.
Cargo cuatro. Prescripción de la acción de cobro para los años 2007 a 2017
Si aún se considerara válida la liquidación del tributo hecha a través de los actos
demandados, la «acción de cobro» del impuesto predial y de sus sobretasas
correspondientes a los años gravables 2007 a 2017 está «prescrita», pues la factura no
se emitió dentro de los cinco 5 años siguientes a la fecha en que cada obligación se
hizo exigible, es decir, desde el 1 de enero de cada año gravable. Al momento de
expedirse la factura demandada (2023), el término legal de prescripción ya había
transcurrido ampliamente.
Sentencia apelada y recurso de apelación
En sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
declaró la nulidad parcial de los actos demandados y no condenó en costas5, decisión
que fue apelada por la parte demandante6. Los motivos del fallo impugnado y los
argumentos de la apelación se resumen así:
Sobre el impuesto predial unificado por los periodos 2007 a 2020
1. El Tribunal consideró que, en virtud del artículo 702 del ET, el municipio no podía
expedir una nueva liquidación del impuesto predial mediante facturación respecto de
los años gravables 2007 a 2020, pues ya existía una determinación previa para esos
mismos periodos contenida en las Resoluciones 0053 y 0057 de 2021, las cuales
fueron demandadas y posteriormente anuladas por este mismo Tribunal7. En ese
contexto, la nueva facturación implicaba reiterar la exigibilidad de una obligación
previamente definida, configurando un doble cobro contrario a los principios de
seguridad jurídica y legalidad tributaria.
5
Samai Tribuna., índice 43.
6
Samai Tribuna., índice 47.
7
Sentencia del 31 de julio de 2024, exp. 76001233300020220037300, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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Agregó que, aunque la sentencia que declaró la nulidad de dichos actos no se
encuentra en firme por haber sido apelada ante el Consejo de Estado 8, lo cierto es
que el objeto del presente proceso coincide parcialmente con el ya analizado por el
Tribunal, en relación con los mismos hechos, actos administrativos y periodos
gravables. Desde esta perspectiva, abordar nuevamente la legalidad de la factura
implicaría duplicar el control judicial sobre una controversia ya sometida a decisión en
esta jurisdicción, sin que exista una justificación suficiente para ello. En consecuencia,
el Tribunal consideró que no resultaba procedente extender el examen de legalidad
en este proceso respecto de los periodos previamente analizados, sin perjuicio de lo
que en definitiva resuelva el Consejo de Estado en sede de apelación.
2. La decisión fue favorable a la apelante única, y por tanto no recurrió este punto.
Sobre el impuesto predial unificado por los años gravables 2021 a 2023
1. Respecto a los periodos 2021 a 2023, el Tribunal consideró que la factura contenía
los elementos esenciales del tributo: sujeto activo, sujeto pasivo, inmueble, vigencia y
base gravable. Con ello, halló cumplidas las exigencias del artículo 69 de la Ley 1111
de 2006, modificado por los 354 de la Ley 1819 de 2016 y 58 de la Ley 1430 de 2010,
de acuerdo con el cual, la factura como acto de liquidación, «deberá contener la correcta
identificación del sujeto pasivo y del bien objeto del impuesto (predio o vehículo), así como los
conceptos que permiten calcular el monto de la obligación».
Finalizó diciendo que, aunque la parte actora alegó falta de motivación y ausencia de
información sobre recursos, no desvirtuó técnicamente los valores liquidados ni la
tarifa aplicada. En consecuencia, consideró que los actos administrativos eran válidos
y ajustados al marco normativo vigente, por lo que no prosperó la pretensión de
nulidad para estas vigencias.
2. La demandante cuestionó esta decisión, insistiendo en que la factura adolecía de
falta de motivación porque no ofrecía una explicación de la obligación determinada,
en concreto, lo referente a bases gravables, tarifas aplicadas, uso y/o destino catastral,
forma en que se obtuvo el tributo, ni los recursos procedentes contra la decisión.
Agregó que es inexplicable que el tribunal haya exigido que la contribuyente no
hubiera desvirtuado de forma técnica los valores determinados por la administración,
cuando ello era imposible dada la falta de motivación del acto.
Sobre la exención del inmueble
1. El Tribunal determinó que, contrario a lo aducido por la demandante, el inmueble
no estaba cobijado con la exención prevista en los artículos 167 del Acuerdo 034 de
2001 y 31 del Acuerdo 013 de 2020, que disponen que no están sujetos al gravamen
los bienes de propiedad de entidades públicas del orden departamental o en las que
estas tengan participación igual o superior al 50%. Ello por cuanto el inmueble no es
de uso público, sino que es un bien fiscal sometido a una actividad económica. Aun
cuando en el bien se presta un servicio público esencial y es propiedad de una entidad
pública, no está exento del impuesto, pues, conforme al artículo 61 de la Ley 55 de
1985, estos inmuebles pueden ser gravados con el impuesto predial, a menos que en
ejercicio de su autonomía fiscal los municipios puedan exonerarlos del tributo.
8
El proceso se encuentra actualmente al despacho para sentencia de segunda instancia en el despacho del magistrado Wilson
Ramos Girón, exp. 29514.
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2. La demandante apeló esta decisión señalando que el artículo 31 del Acuerdo 013
de 2020, expresamente dispone que se consideran no sujetos o no gravados con el
impuesto los bienes inmuebles de propiedad de las entidades de derecho público de
los órdenes municipal, departamental y nacional y en las que estas tengan una
participación igual o superior al 50%, condiciones que diáfanamente cumple el
inmueble en discusión. Por otra parte, alegó que el artículo 61 de la Ley 55 de 1985
traído a colación por el Tribunal no sirve para dirimir el debate, ya que, si bien, por
regla general, los inmuebles públicos están gravados, existe norma local, expedida en
ejercicio de la autonomía fiscal del municipio, que expresamente otorga la exención al
Hospital.
Sobre la contestación extemporánea de la demanda
1. El Tribunal consideró que, si bien en virtud del artículo 97 del CGP la falta de
contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y
pretensiones de ella, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión
contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto, es lo cierto que el
Consejo de Estado, al interpretar esta norma, ha dicho que la confesión de los
representantes de entidades públicas es inviable por mandato de los artículos 217 del
CPACA y 195 del CGP (sentencia del 4 de noviembre de 2021, exp. 76001-23-33-
000-2014-01134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto).
2. Frente a esta decisión, la demandante sostuvo que, en todo caso, el Tribunal omitió
considerar que de conformidad con los artículos 240 a 242 del CGP, la falta de
contestación de la demanda en forma oportuna es un indicio grave en contra de la
demandada, como lo ha señalado el Consejo de Estado (sentencias del 17 de mayo
de 2018, exp. 20718 y del 25 de julio de 2019, exp. 21683, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto).
PRONUNCIAMIENTOS FINALES DE LAS PARTES
Ni la demandada ni el Ministerio Público hicieron uso de esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
De acuerdo con los cargos de apelación formulados por la demandante en calidad de
apelante única, en los términos de los artículos 320 y 328 del CGP, corresponde a la
Sala decidir, en primer término, el siguiente interrogante:
(i) ¿La factura por medio de la cual el municipio demandado liquidó el impuesto predial,
la sobretasa ambiental y la sobretasa bomberil por los años 2021, 2022 y 2023 adolece
de ausencia o de falta de motivación?
De no ser así, se pasará a estudiar:
(ii) ¿el inmueble objeto de gravamen a través de los actos demandados es exento del
impuesto predial por los años 2021 a 2023?
(iii) ¿debe considerarse indicio grave el que la demandada no haya contestado la
demanda?
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Análisis del caso
1. Sobre la motivación de las facturas del impuesto predial
Sobre el particular, debe señalarse que el artículo 69 de la Ley 1111 de 2006 autorizó
a los municipios para adoptar el sistema de facturación en el impuesto predial, el cual
constituye la «determinación oficial del tributo» y presta mérito ejecutivo, sin que ello
implique la eliminación del sistema declarativo, pues la misma disposición previó su
convivencia al establecer que dicho mecanismo operaría «sin perjuicio de que se conserve
el sistema declarativo de los impuestos sobre la propiedad». Posteriormente, esta norma fue
modificada por el artículo 58 de la Ley 1430 de 2010, con el propósito de regular los
mecanismos de notificación de tales actos, manteniendo en esencia un sistema mixto,
esto es, la coexistencia de la facturación oficial con el sistema autodeclarativo.
A su vez, el artículo 69 de la Ley 1111 de 2006, modificado por el artículo 58 de la Ley
1430 de 2010, fue nuevamente objeto de modificación mediante el artículo 354 de la
Ley 1819 de 2016, disposición que reiteró la validez del sistema de facturación «sin
perjuicio de la utilización del sistema de declaración» e introdujo elementos sustanciales para
su aplicación.
En efecto, esta última reforma incorporó: (i) el contenido mínimo de la factura,
consistente en la identificación del contribuyente y del bien objeto del impuesto, así
como los conceptos necesarios para calcular el monto del tributo; (ii) la obligación de
presentar declaración cuando el contribuyente no esté de acuerdo con la factura, caso
en el cual «la factura expedida no producirá efecto legal alguno»; (iii) la posibilidad de interponer
recurso de reconsideración cuando en el respectivo municipio no opere el sistema
autodeclarativo.
En este sentido, en relación con el contenido de la factura, el artículo 354 de la Ley
1819 de 2016 dispuso expresamente que:
Este acto de liquidación deberá contener la correcta identificación del sujeto pasivo y del bien
objeto del impuesto (predio o vehículo), así como los conceptos que permiten calcular el monto
de la obligación.
En concordancia con la normativa nacional, el artículo 39 del Acuerdo 013 de 2020
estableció lo siguiente:
Facturación y/o liquidación oficial del impuesto predial unificado. El valor del Impuesto
Predial Unificado se cobrará al propietario y/o poseedor del inmueble, a través del sistema de
facturación-liquidación oficial. Dentro del primer trimestre se realizará la labor de facturación de
los periodos de pago. A partir del primer día del periodo fiscal siguiente, la Secretaría de Hacienda
podrá expedir la liquidación oficial del Impuesto Predial Unificado, la que contendrá los valores
en mora. Esta liquidación oficial constituye el título ejecutivo y contra ella procederá el recurso
de reconsideración.
De lo anterior se desprende que el ordenamiento jurídico no solo faculta a los
municipios para adoptar el sistema de facturación como mecanismo de determinación
del impuesto predial, sino que además establece de manera expresa el contenido
mínimo de dichos actos. En particular, la exigencia de incluir «los conceptos que permiten
calcular el monto del tributo» implica que la factura debe contener los elementos necesarios
para reconstruir la operación de liquidación, lo cual, en el ámbito del impuesto predial,
necesariamente involucra la base gravable y la tarifa (que se asigna en función del
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uso o destinación del predio), en tanto son los componentes esenciales que permiten
cuantificar la obligación tributaria.
Así lo dispone el artículo 36 del Acuerdo 013 de 2020, sobre «liquidación del impuesto»,
que al efecto dispone que «el impuesto predial lo liquidará anualmente la Secretaría de Hacienda
Municipal sobre el avalúo catastral» y que dicho cálculo «se hará de acuerdo con la clasificación y
tarifas señaladas en este Estatuto». La clasificación de los predios y las tarifas se encuentra
reguladas en dicho acuerdo de la siguiente manera:
Artículo 29. Tarifa. Corresponde al porcentaje, milaje o unidad de medida que el sujeto pasivo
debe pagar por la existencia del hecho generador. La tarifa se ajusta a una clasificación como lo
indican los artículos siguientes.
(…)
Artículo 33. Clasificación de los predios. Para los efectos de liquidación del Impuesto Predial
Unificado, los predios se clasifican en rurales y urbanos, determinados así:
Predios Rurales: Son los que están ubicados fuera del área urbana del Municipio, inclusive los
suburbanos o de expansión urbana, identificados mediante el Plan Básico de Ordenamiento
Territorial - PBOT vigente.
Predios Urbanos: Son los que se encuentran dentro de las áreas urbanas determinadas en el
Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT vigente.
Predios Urbanos Edificados: Son aquellas construcciones cuya estructura es de carácter
permanente, se utilizan para el abrigo o servicio del hombre y/o sus pertenencias y tienen un
área construida no inferior a un diez (10%) del área del lote.
Predios Urbanos No Edificados: Son los lotes sin construir ubicados dentro del perímetro
urbano del Municipio y se clasifican en urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados.
Terrenos Urbanizables No Urbanizados: Son todos aquellos que, teniendo posibilidad de
dotación de servicios de alcantarillado, agua potable y energía, no hayan iniciado el proceso de
urbanización ante la Oficina Asesora de Planeación.
Terrenos Urbanizados No Edificados: Se consideran como tales, a todos aquellos que,
estando dotados de servicios de alcantarillado, agua potable y energía, no tengan edificación o
esta se encuentre en proceso de construcción y no reúna las condiciones de los predios urbanos
edificados.
De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 38 de la Ley 60 de 1994, “Se entiende por Unidad
Agrícola Familiar (UAF), la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal
cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología
adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que
coadyuve a la formación de su patrimonio, lo anterior teniendo en cuenta la excepción
contemplada en el artículo 7 del Decreto 2664 de 1994.”
Artículo 34. Tarifas. Las tarifas anuales aplicables para liquidar el impuesto predial unificado
son las siguientes.
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Ahora bien, a efectos de verificar si la factura del impuesto predial objeto de discusión
cumple con las exigencias previstas en el artículo 354 de la Ley 1819 de 2016, se
procede al análisis de su contenido:
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Del examen del documento se advierte que, si bien la factura incorpora algunos
elementos relacionados con la base gravable del tributo – en particular, el avalúo
actual y el avalúo anterior –, así como el monto de la obligación para cada uno de los
periodos objeto de cobro (2021, 2022 y 2023), tales datos resultan insuficientes para
cumplir con la exigencia legal de incluir los conceptos que permitan calcular el
impuesto. De hecho, como la base es el avalúo catastral vigente a 1 de enero del
respectivo año, el acto debió identificar el avalúo para cada vigencia al primero de
enero (de 2021 a 2023), como lo dispone el artículo 36 del Acuerdo 013 de 2020, lo
cual es imprescindible para la debida comprensión de la cuantificación del tributo.
En efecto, aunque es posible inferir que los conceptos de «avalúo actual» y «avalúo
anterior» corresponden a las bases gravables de los periodos 2023 y 2022,
respectivamente, la factura no indica la tarifa aplicada para la determinación del
impuesto, la cual, conforme al régimen legal y municipal, depende de variables como
la destinación del inmueble, su clasificación o, en algunos casos, su estratificación.
Esta omisión impide verificar la forma en que se obtuvo el monto liquidado, lo cual se
agrava respecto del periodo gravable 2021, en el que ni siquiera se identifica el avalúo
correspondiente. Adicionalmente, si bien en la factura se indica que el uso del
inmueble corresponde a «predios urbanos no estratificados», al revisar el Acuerdo 013 de
2020 no se encuentra una tarifa específica asociada a dicha clasificación, tal como se
evidencia en las normas del Acuerdo 013 transcritas con anterioridad.
Lo anterior pone de relieve una inconsistencia relevante, pues no solo se omite la tarifa
aplicable en la factura, sino que tampoco es posible identificarla de manera indirecta
a partir de la normativa municipal, lo cual dificulta aún más la verificación de la
liquidación del tributo.
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Finalmente, se observa que la factura incluye la determinación de la sobretasa
ambiental y la sobretasa bomberil; sin embargo, en ninguno de los casos se expone
la metodología empleada para calcular dichos valores, ni se indican los porcentajes o
bases utilizadas ni la norma que sustenta su determinación, lo que impide establecer
si su liquidación se ajusta a los parámetros legales aplicables, lo que se enmarca en
la causal de nulidad de infracción de las normas en que debería fundarse, esto es, los
artículos 354 de la Ley 1819 de 2016, 29, 33, 34 y 36 del Acuerdo 013 de 2020.
En consecuencia, la factura analizada no satisface las exigencias previstas en los
artículos 354 de la Ley 1819 de 2016, 29, 33, 34 y 36 del Acuerdo 013 de 2020, en la
medida en que no contiene – ni permite deducir de manera clara – los elementos
necesarios para calcular el monto del tributo, lo cual compromete la debida y suficiente
motivación del acto administrativo y limita el ejercicio efectivo del derecho de defensa
del contribuyente.
Como se indicó, el artículo 36 del Acuerdo 013 de 2020 dispone expresamente que la
liquidación del impuesto – incluso cuando se efectúe mediante factura – debe
realizarse con base en el avalúo catastral, el uso del suelo y/o la clasificación del
inmueble, así como en las tarifas fijadas en dicho acuerdo. En este contexto, se reitera,
son estos precisamente los elementos indispensables que deben reflejarse en la
factura, en la medida en que permiten comprender la forma en que se determinó la
obligación tributaria y, por ende, garantizan su debida motivación y verificabilidad. En
este caso, se advierte ausencia tanto de bases gravables como de tarifas.
Si bien, con el propósito de controvertir la advertida ausencia de motivación en la
factura, en la Resolución 1597 del 20 de noviembre de 2023, que resolvió el recurso
de reconsideración, el municipio demandado sostuvo que «lo consagrado 69 (sic) de la Ley
1430 de 2010 no se le ha dado aplicación» y que la factura «no se entiende como una liquidación
oficial sino como su nombre lo dice, una factura del impuesto predial unificado, el cual realiza una
descripción de los valores pertinentes y la carga fiscal a favor del Municipio», lo cierto es que tal
planteamiento carece de sustento jurídico.
En efecto, como se expuso previamente, para los periodos gravables 2021 a 2023 el
municipio ya había adoptado el sistema de facturación del impuesto predial, el cual,
conforme a la normativa nacional vigente – en particular el artículo 354 de la Ley 1819
de 2016 –, constituye una verdadera forma de determinación oficial del tributo. En ese
sentido, no resulta jurídicamente admisible sostener que la factura carece de dicha
naturaleza, ni reducir su alcance a una simple relación descriptiva de valores, pues
ello desconoce el marco legal que le atribuye efectos propios de un acto administrativo
de liquidación, incluidos su carácter vinculante y su aptitud para servir como título
ejecutivo.
En consecuencia, la Sala dará prosperidad al recurso de apelación y declarará la
nulidad de los actos demandados por los periodos 2021 a 2023, nulidad que se suma
a la ya declarada por el Tribunal por los periodos 2007 a 2020. Como la nulidad de los
actos debe ser total y no parcial, la Sala revocará el fallo apelado para adoptar en ese
sentido la decisión y ajustar el correspondiente restablecimiento del derecho a lo
decidido en esta sentencia.
Al prosperar este cargo de apelación, esta Sala de Decisión se sustrae de analizar los
demás fundamentos de la alzada.
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Radicado: 76001-23-33-000-2024-00171-01 (30781)
Demandante: Hospital Departamental Centenario de Sevilla ESE
Condena en costas a la parte demandada en esta instancia
La Sala condenará en agencias en derecho en ambas instancias a la parte
demandada, con un (1) salario mínimo legal mensual vigente por cada instancia, según
lo dispuesto por el Acuerdo nro. PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025 del
Consejo Superior de la Judicatura, y en atención a lo establecido por el artículo 365
[numeral 1] del CGP, en cuanto resultó vencida en juicio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia apelada. En su lugar dispone:
PRIMERO. Declarar la nulidad de los actos demandados.
SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, declarar que la parte
demandante no está obligada al pago del tributo determinado en los actos
demandados por ninguno de los periodos liquidados.
2. Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandada, en su modalidad
de agencias en derecho, con un (1) salario mínimo legal mensual vigente por cada
instancia, de acuerdo con el Acuerdo nro. PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de
2025 del Consejo Superior de la Judicatura y la parte motiva de esta providencia.
Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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