Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2024-00229-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2024-00229-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2024-00229-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
18 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 18 de junio de 2024
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00229-01
Demandante: Danilo Usma Laguna
Demandado: Juzgado 7 Administrativo de Cali
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto sustantivo |
Desconocimiento del precedente – no se configuran
Síntesis del caso: La parte demandante enjuició las providencias mediante las cuales la
autoridad judicial demandada (1) rechazó la solicitud de nulidad por falta de
competencia, y (2) no repuso la anterior decisión y rechazó por improcedente el recurso
de apelación, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a
resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
Sentencia de 29 de abril de 2024, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca negó el amparo solicitado en la
presente acción de tutela2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 1 de abril de 2024, Danilo Usma Laguna, mediante apoderada,
presentó acción de tutela contra el Juzgado 7 Administrativo de Cali, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso
(defensa) y acceso a la administración de justicia, junto con el principio de
legalidad, con ocasión de los Autos de 14 de diciembre de 2023 y 4 de
marzo de 20243 proferidos dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 76001-33-33-007-2022-00063-00.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado en la presente acción de tutela, por las razones expuestas en esta
providencia.”.
3 Se precisa que en el referido auto no se indicó el día. Sin embargo, en la parte inferior de dicha providencia
aparece la siguiente anotación (se trascribe) “Documento generado en 04/03/2024 01:58:22 PM”, por lo que se
tomará tal fecha.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 76001-23-33-000-2024-00229-01
Demandante: Danilo Usma Laguna
Demandado: Juzgado 7 Administrativo de Cali
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma -niega
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“Que se amparen los derechos fundamentales a la legalidad, defensa, debido
proceso y acceso a la justicia y se ordene al juzgado séptimo administrativo de
Cali, enviar la demanda presentada ante su despacho a la jurisdicción
ordinaria.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron narrados los siguientes:
4. 1) Mediante Decreto 216 de 1991, el Distrito de Santiago de Cali
compiló unos actos administrativos que reconocían, desde 1989, ciertas
primas y otros beneficios laborales a los funcionarios que allí trabajaban. Sin
embargo, en 1999, el aludido distrito dejó de pagarlos.
5. 2) El Ministerio de Educación Nacional demandó el Decreto 216 de
1991 y, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
declaró su nulidad, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado4,
el cual agregó que, pese a que los efectos eran “ex tunc”, o sea, desde el
momento mismo de la expedición del acto administrativo, (se trascribe) “se
respetarán los derechos adquiridos por los servidores públicos del Municipio
de Santiago de Cali, inclusive sobre las doceavas causadas al momento
de notificación de esta providencia”; sin embargo, el Distrito de Santiago
de Cali se negó a pagar.
6. 3) Por lo anterior, el 28 de marzo de 2022, Danilo Usma Laguna
presentó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, la cual le correspondió al Juzgado 7
Administrativo de Cali, pero, el 13 de septiembre de 2023, formuló una
solicitud de nulidad, con fundamento en que la demanda debía ser
remitida a la Jurisdicción Ordinaria, en vista de que, en los Autos No. 613 de
2021 y 258 de 2022, la Corte Constitucional estableció que, frente a las
acreencias laborales contenidas en actos administrativos, el competente
era dicha jurisdicción, a través de un proceso ejecutivo laboral.
7. 4) En el Auto de 14 de diciembre de 2023, el Juzgado 7 Administrativo
de Cali rechazó la solicitud de nulidad, tras considerar que no se
enmarcaba en ninguna de las causales previstas en el artículo 133 del
CGP.
8. 5) Contra la anterior providencia, el señor Usma Laguna interpuso
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Argumentó que las
nulidades no eran solo las del artículo 133 del CGP, pues también se
encontraba la del artículo 16 del CGP.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 8 de agosto de 2019, radicado No. 76001-23-
31-000-2010-01485-01 y No. interno 0046-13.
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Demandante: Danilo Usma Laguna
Demandado: Juzgado 7 Administrativo de Cali
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma -niega
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9. 6) En Auto de 4 de marzo de 2024, el Juzgado 7 Administrativo de Cali
indicó que, si bien podía solicitarse la nulidad por el artículo 16 del CGP, lo
cierto era que como no se presentó desde un principio una demanda
ejecutiva sino de nulidad y restablecimiento del derecho, esta no
procedía. Respecto del recurso de apelación, determinó que tampoco era
procedente.
10. El fundamento de la vulneración, para la parte actora, radicó en
que, de manera arbitraria y sin justificación alguna, el juzgado demandado
negó la nulidad solicitada en el proceso No. 76001-33-33-007-2022-00063-00
y, por el contrario, continuó actuando sin competencia, con lo cual
desconoció el artículo 16 del CGP, así como los Autos No. 613 de 2021 y
258 de 2022 de la Corte Constitucional, en donde se indicó, según la parte
demandante, que correspondía a la Jurisdicción Ordinaria, en su
especialidad laboral, conocer de las demandas en las que se reclamaran
acreencias laborales reconocidas mediante actos administrativos.
11. En esa medida, la parte demandante indicó que era deber del juez
adecuar la demanda de nulidad y restablecimiento que, por error
presentó, a una ejecutiva, ya que lo que pretendía era el pago de las
acreencias laborales establecidas en el Decreto 216 de 1991, acto
administrativo expedido en su momento por el alcalde de Cali y no la
declaración del derecho. Adicionalmente, dicho título ejecutivo no se
enmarca en los previstos por el artículo 104.6 del CPACA como ejecutables
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
12. Mediante Sentencia de 29 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca negó el amparo solicitado. Su decisión se sustentó en
que la nulidad establecida en el artículo 16 del CGP que, a su vez, se
replica en el artículo 133 del CGP, se configura cuando el juez, pese a
haber declarado la falta de jurisdicción o competencia por los factores
subjetivo y funcional, sigue actuando en el proceso sin ningún reparo e,
incluso, emite la respectiva sentencia. Supuesto que, a su juicio, no se dio
en el presente caso, debido a que el juzgado accionado no ha declarado,
de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción.
13. En ese orden, frente al reparo de que debía ser la Jurisdicción
Ordinaria y no la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la que
conociera de su demanda, advirtió que el accionante pretendía, a través
de la nulidad procesal y de la acción de tutela, modificar o reformar
completamente su demanda declarativa a una de carácter ejecutivo,
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Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma -niega
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buscando, así, la ejecución de un derecho establecido en el Decreto 216
de 1991, lo cual no configuraba la causal de nulidad invocada y tampoco
la afectación del debido proceso.
14. Agregó que la autoridad judicial demandada aplicó de manera
adecuada el trámite establecido en el CPACA, ya que la apelación contra
el auto que niega una nulidad no es procedente y, además, el asunto no
se adecuaba a los presupuestos establecidos en el Auto No. 258 de 2022
de la Corte Constitucional por tratarse de un proceso declarativo, en el
que se atacó la legalidad del acto presunto de 10 de febrero de 2021 y se
solicitó el reconocimiento y pago de las primas extra legales que fueron
negadas por el ente territorial, y no un proceso ejecutivo respecto del
Decreto 216 de 1991, por lo que las providencias que rechazaron la
solicitud de nulidad procesal no incurrieron en defecto alguno.
15. La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia.
En su escrito reiteró la falta de competencia de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativa y reprochó que la autoridad judicial
demandada no hubiera declarado la nulidad procesal formulada ni
tampoco le hubiera dado el trámite que le correspondía al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, pese a que hubo
indebida escogencia del mecanismo judicial, ello no saneaba la falta de
competencia de la jurisdicción, referida en el Auto No. 613 de 2021 de la
Corte Constitucional.
16. Cuestionó que el juez de tutela de primera instancia hubiera
sostenido que la demanda atacaba el acto presunto de 10 de febrero de
2021 y no el Decreto 216 de 1991, cuando lo que se pretendió, como
consecuencia de la nulidad del primero, fue el pago de acreencias
laborales reconocidas en el segundo.
17. Por otra parte, reprochó el rechazo del recurso de apelación
interpuesto contra el Auto de 14 de diciembre de 2013, en atención a que
el parágrafo 2 del artículo 243 del CPACA dispone que en el proceso
ejecutivo la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas
especiales que lo regulan. En ese orden, refirió que el numeral 5 del artículo
321 del CGP preveía la apelación contra el auto que niega el trámite de
una nulidad procesal y el que la resuelva.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de defectos. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4. Verificación de
defectos y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.
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2.1. Identificación de defectos
18. Pese a que la parte actora no expuso, de manera expresa, en qué
defectos incurrió la providencia judicial cuestionada, ni el juez de tutela de
primera instancia los identificó, la Sala abordará el estudio del presente
asunto desde la óptica de los defectos (1) sustantivo para verificar si con el
rechazo de la solicitud de nulidad y del recurso de apelación se
desconoció, presuntamente, lo dispuesto sobre ello en el CGP; y (2)
desconocimiento del precedente, en atención a que el demandante
consideró que la medida adoptada por la autoridad judicial no observó lo
dispuesto por la Corte Constitucional en los Autos 613 de 2021 y 258 de
2022.
2.2. Fijación de la controversia
19. Determinar, una vez verificados los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, si el Juzgado 7 Administrativo
de Cali vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia del demandante por proferir las providencias
enjuiciadas y con estas, presuntamente, incurrir en un defecto sustantivo,
por desconocer lo dispuesto en el CGP sobre nulidades y recurso de
apelación y/o en desconocimiento del precedente por inobservar lo
dispuesto en los Autos No. 613 de 2021 y 258 de 2022 de la Corte
Constitucional. Como consecuencia de lo anterior, se procederá a
confirmar, revocar o modificar la sentencia impugnada.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial5
20. La Sala advierte que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe recurso idóneo y
eficaz que permita a la parte demandante alegar los reparos planteados
vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados.
Sobre este punto, no puede perderse de vista que no resultaba exigible el
recurso de queja, comoquiera que la apelación presentada por la parte
era improcedente de cara a las reglas que sobre ese recurso prevé el
CPACA. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la
segunda providencia enjuiciada - Auto de 4 de marzo de 2024 - (7/3/246) y
la de interposición de la presente acción de tutela (1/4/247). No se enjuició
un fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con 2 autos proferidos
en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Se identificaron
de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos.
5 Este análisis se hace conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-66 de 2019.
6 Providencia que fue notificada mediante mensaje de datos enviado el 5 de marzo de 2024.
7 Tal como consta en los documentos que obran en SAMAI.
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21. Por último, se estima que la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
del señor Usma Laguna, con ocasión de unas providencias judiciales, frente
a las cuales el debate central gira entorno a la configuración, o no, de la
nulidad formulada por falta de competencia. Asimismo, no se advierte que
se trate de una reiteración de los argumentos planteados en el proceso
ordinario, comoquiera que se enjuicia el auto que rechazó una solicitad de
nulidad, así como el auto que no repuso tal decisión y, además, rechazó
por improcedente el recurso de apelación formulado.
2.4. Verificación de defectos y/o afectación de derechos fundamentales
22. La Sala confirmará el fallo impugnado, tras corroborar que no se
vulneraron los derechos fundamentales invocados ni se configuraron los
defectos identificados (sustantivo y desconocimiento del precedente), por
las razones que pasan a exponerse.
23. 1) Respecto del Auto de 14 de diciembre de 2023, mediante el cual
el Juzgado 7 Administrativo de Cali rechazó la solicitud de nulidad que
formuló la apoderada del señor Usma Laguna, la Sala estima pertinente
traer a colación los argumentos que fundamentaron tal decisión (se
trascribe):
“(…) los argumentos que sirven de fundamento a la solicitud de nulidad
procesal elevada no permiten enmarcarla dentro de la causal primera del
referido artículo 133, mucho menos en cualquier otra de las previstas en los
demás numerales, pues se insiste, en el sub judice no existe actuación o
providencia en virtud de la cual este Juzgador haya declarado su falta de
competencia o jurisdicción.
En todo caso, debe anotarse que la solicitante omitió invocar y determinar
expresamente la causal de nulidad que a su juicio genera la irregularidad del
proceso, conforme se exige en el art. 135 del CGP, por lo que dicha omisión
conlleva al rechazo de plano de la solicitud8.
Pese a que lo anterior es suficiente para desestimar la solicitud, encuentra
oportuno esta Judicatura aclarar9 que el argumento de la incidentalista
carece de fundamento, toda vez que el proveído de la Corte Constitucional
que le da sustento se refiere a un proceso ejecutivo con base en un acto
administrativo, cuando es claro que este proceso es de naturaleza
declarativa, en el que se busca la nulidad de un acto administrativo ficto de
carácter negativo surgido del silencio de la Entidad demandada a una
petición presentada por el actor, y en consecuencia se ordené el
reconocimiento y pago de las primas extralegales, además de las cesantías
consagradas en el Decreto Municipal 0216 de 1991.”
8 “Sobre el tema ver Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Providencia del 19 de
diciembre de 2018, Radicación número 11001-03-15-000-2018-01294-01(A), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.”
9 “Atendiendo que, de cualquier forma, la jurisdicción es improrrogable (Art. 16 CGP).”
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24. De lo anterior, se advierte que la providencia citada no desconoció
el artículo 16 del CGP, pues, pese a que la parte actora no identificó
expresamente la causal de nulidad, el juzgado demandado enmarcó lo
alegado en la causal 1 del artículo 133 del CGP y, tras su estudio, concluyó
que no se configuraba porque no existió actuación o providencia en virtud
de la cual ese despacho hubiera declarado su falta de competencia o
jurisdicción.
25. Es más, la Sala observó que, precisamente, con fundamento en el
artículo 16 del CGP, invocado como desconocido, la autoridad judicial
demandada se pronunció sobre el reparo alusivo al Auto No. 258 (CJU-
1255) de 2022, con fundamento en el cual la parte actora solicitó la
declaratoria de nulidad y la consecuente remisión de la demanda a la
Jurisdicción Ordinaria, para señalar que dicha providencia se refirió a un
proceso ejecutivo y no a uno de nulidad y restablecimiento del derecho,
por lo que prescindió de este.
26. Por lo expuesto, la Sala no encuentra que el razonamiento del
Juzgado 7 Administrativo de Cali haya sido infundado y/o arbitrario; al
contrario, estuvo motivado y se emitió en concordancia con lo dispuesto
en el CGP, pues tal y como lo indicó el juez de tutela de primera instancia,
al no haberse declarado la falta de jurisdicción en el proceso ordinario No.
2022-00063-00, carece de sentido asegurar que se configuró una nulidad
procesal con fundamento en los artículos 16 y 133 del CGP, y, por ende, no
se configuró defecto sustantivo alguno.
27. Igualmente, la Sala considera que la referida providencia tampoco
desconoció los Autos No. 613 de 2021 y 258 de 2022 de la Corte
Constitucional, toda vez que el supuesto fáctico de aquellos difiere del
caso bajo estudio. Lo anterior obedece a que, mientras en los autos
referidos se dirimió un conflicto negativo de competencia entre las
Jurisdicciones Ordinaria y la de lo Contencioso Administrativo respecto de
un proceso ejecutivo laboral, el caso del señor Usma Laguna versa sobre
un genuino proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, frente al
cual, en primer lugar no hay conflicto de jurisdicción y, en segundo lugar,
tampoco existe fundamento para pretender que, con base en esos autos,
se declare la falta de jurisdicción, cuando lo cierto es que, así el actor
considere lo contrario, el conocimiento de dicho medio de control
corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo10.
10 “ARTÍCULO 155 del CPACA. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. <Artículo
modificado por el artículo 30 de la Ley 2080 de 2021. Los juzgados administrativos conocerán en primera
instancia de los siguientes asuntos: 2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que
no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier
autoridad, sin atención a su cuantía.” En concordancia con lo dispuesto en el artículo 138 del CPACA.
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28. Pretender, como lo exige la parte accionante, que la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho sea adecuada por el Juzgado 7
Administrativo de Cali a una demanda ejecutiva, desdibuja y altera
completamente las pretensiones formuladas inicialmente11 e, incluso,
desconoce que, con ello, se estaría cambiando la naturaleza del proceso,
al querer que un proceso iniciado y tramitado como declarativo se
modifique a uno ejecutivo y se remita a la Jurisdicción Ordinaria por
tratarse, según lo alegado, del pago de acreencias laborales establecidas
en actos administrativos.
29. 2) En relación con el Auto de 4 de marzo de 2024, en el que el
Juzgado 7 Administrativo de Cali decidió no reponer el Auto de 14 de
diciembre de 2023 y rechazar por improcedente el recurso de apelación
que, subsidiariamente, interpuso la parte demandante, la Sala no
encuentra que se haya configurado un defecto sustantivo, pues, como allí
lo reiteró la autoridad judicial demandada, los pronunciamientos de la
Corte Constitucional no resultaban aplicables porque en el caso del señor
Usma Laguna no se ejerció una acción ejecutiva sino la de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la que jamás se hizo referencia a que se
librara mandamiento de pago alguno.
30. Sobre el rechazo del recurso de apelación, la Sala, con fundamento
en lo anterior, es decir, la existencia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, advierte que lo aplicable, como en efecto
ocurrió, es lo dispuesto en el CPACA, y no el CGP, como pidió la parte
demandante en su impugnación, insistiendo que el proceso debe ser
ejecutivo laboral, pese a que así no lo presentó. En esa medida, no hay
reproche alguno frente a la conclusión del juzgado de que (se trascribe)
“no resulta procedente [el recurso de apelación], como quiera ni los autos
que resuelven nulidades ni los que se refieren a competencia y jurisdicción
se encuentran enlistados en el artículo 243 del CPACA”.
2.5. Conclusión
31. La Sala confirmará la sentencia impugnada que negó el amparo
solicitado, por no encontrar configurados los defectos sustantivo y
11 “1. Solicito que se declare que existe una respuesta ficta o presunta negativa por parte del distrito especial de
Santiago de Cali, por no haber dado respuesta al oficio con radicado número 202141730100203382 de fecha 10
de febrero de 2021, dirigido al señor alcalde del distrito especial de Santiago de Cali. 2. Que, como
consecuencia de la anterior declaración de respuesta ficta o presunta negativa, se declare su nulidad. 3. Que
como consecuencia de anterior declaración y, nulidad, el distrito Santiago de Cali, le reliquide y pague a mi
poderdante las primas de junio; prima de antigüedad, prima de diciembre y se reliquide las cesantías conforme
lo establecido en el decreto 0216 de 1991, con retroactividad al año 1999 hasta el día 19 de noviembre de 2020
fecha en que fue notificada la sentencia del Consejo de Estado. A la fecha de la demanda estimo las
pretensiones en la suma de Ciento Treinta y Nueve Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos pesos ($139
666 666). 4. Que se paguen las costas y demás gastos procesales.” Extracto tomado de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que obra como anexo en el proceso de la referencia.
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desconocimiento del precedente, pero por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de tutela proferida el 29 de abril de
2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
negó el amparo solicitado por Danilo Usma Laguna, pero por las razones
aquí expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin12.
TERCERO: Por Secretaría General, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
12 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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