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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2024-00249-01

Fecha
30 de abril de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2024-00249-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO.- CONFÍRMASE la providencia de 24 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró improcedente la acción de Habeas Corpus presentada por el señor Edgardo Sánchez Arcos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- Por conducto de la Secretaría,

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2024-00249-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: Acción de Habeas Corpus
Radicado: 76001-23-33-000-2024-00249-01
Accionante: Edgardo Sánchez Arcos
Accionado: Fiscalía 28 Especializada de Cali - Juzgado Tercero Penal
del Circuito Especializado de Cali y otros
Decisión: Confirmar fallo de primera instancia

Habeas Corpus – providencia de segunda instancia

La Sala Unitaria resuelve la impugnación presentada por el señor Edgardo
Sánchez Arcos, en contra de la providencia de 24 de abril de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró improcedente la
acción de Habeas Corpus de la referencia.

I. Solicitud de Hábeas Corpus

En el escrito contentivo de la solicitud de Habeas Corpus, la parte accionante
sostiene que, en el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali,
cursa actualmente un proceso penal en su contra por delitos de tráfico de
estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas
armadas y otras de uso personal.

Relata que el 23 de enero de 2024, en desarrollo de la audiencia preparatoria, el
juzgado en turno negó la solicitud de pruebas testimoniales y documentales, y la
solicitud de exclusión probatoria. Decisión que fue apelada por la parte
defensora1.

Posteriormente, el 17 de abril del año corriente, el apoderado del accionante
presentó ante el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales y del
Circuito, solicitud de libertad por vencimiento de términos, argumentando que el
11 de abril de 2024 se cumplieron los 240 días que trata el artículo 317, numeral
5°, parágrafo 1° del Código de Procedimiento Administrativo, y no se ha llevado
la audiencia de juicio oral. La referida petición le correspondió por reparto al
Juzgado 8° Penal Municipal de Control de Garantías de Cali, célula judicial que
programó la audiencia para estudiar la aludida petición de libertad el 22 de abril
de 2024 a las 10:30 am.

Manifiesta que, sin tener competencia para ello, y sin haberse concluido la
audiencia preparatoria, la jueza de conocimiento profirió auto de sustanciación,
reconociendo que por no haberse resuelto el recurso de apelación, no podía
realizar la audiencia de juicio oral que estaba programada para el 11 de abril de

1 Se concedió la apelación en efecto suspensivo.

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Accionante: EDGARDO SÁNCHEZ ARCOS

2024, por lo que ordenó su reprogramación para los días 18 y 19 de abril del
mismo año.

Sostiene que la juez en comento, hora y media antes de la audiencia programada
-el 18 de abril del año en curso-, mediante correo electrónico reiteró la realización
de la audiencia de juicio oral y notificó la decisión de segunda instancia del
Tribunal Superior de Cali, la cual adiciona unas pruebas testimoniales a favor del
acusado.

Indica que, el 22 de abril del año en curso, el Fiscal 28 Especializado en el inicio
de la audiencia de libertad por vencimiento de términos, planteó un conflicto de
competencias por considerar que el señor Edgardo Sánchez Arcos pertenece a
un Grupo Delictivo Organizado –en adelante G.D.O- y por tal motivo, la
competencia para avocar, tramitar y decidir la solicitud de libertad, le corresponde
al Juzgado Ambulante de Buga. Lo anterior, sustenta que es desleal ya que la
situación de los G.D.O estaba definida al interior del proceso.

Finalmente, alega que no le queda otro camino distinto que recurrir a la acción
de la referencia, la cual es de manera excepcional, por cuanto el juez de control
de garantías no puede pronunciarse sobre la petición, pues no cuenta con otro
mecanismo que le permita acceder a la libertad.

II. Pretensiones

La parte accionante, solicita lo siguiente:

«Sírvase señor Magistrado, concederme de manera excepcional y de manera
urgente mi libertad, toda vez que actualmente me encuentro ilegalmente
privado de la misma, petición que la elevo de manera excepcional debido a
que el Juzgado de Control de Garantías número 8 de Cali no pudo realizar la
audiencia de libertad por peticiones alejadas de la ilegalidad por parte del
señor Fiscal que adelanta la representación de la Fiscalía General de la
Nación y la decisión que se pueda tomar duraría meses, obstaculizando con
ello mi libertad de manera arbitraria y maquillada con formalidades legales
inexistentes».

III. Intervenciones

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto del 23 de abril de
20242, admitió la presente acción de Habeas Corpus contra la Fiscalía 28
Especializada de Cali y el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Cali. En el mencionado auto admisorio, se ordenó la vinculación del Juzgado
Octavo Penal Municipal de Cali con Función de Control de Garantías, el Centro
de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Cali y el Complejo Carcelario
y Penitenciario de Jamundí -COJAM.

Posteriormente, se ordenó a los accionados y vinculados para que rindieran
informe sobre los hechos que dieron origen a la interposición de esta acción.

2 Actuación visible en el índice 05 de la plataforma SAMAI.

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De igual manera, se requirió al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado
de Cali para que remitiera el link contentivo de las actuaciones adelantadas en el
proceso 76001-60-00-193-2023-07698-00 (incluidas las actuaciones de la Sala
Penal del Tribunal Superior de Cali); al Juzgado Octavo Penal Municipal de Cali
con Función de Control de Garantías para que, remitiera el link contentivo de las
actuaciones adelantadas relacionadas con la solicitud de libertad presentada por
el accionante y al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Cali
para que remitiera el link de las actuaciones relacionadas con la solicitud de
libertad presentada por el accionante.

3.1 Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí -COJAM 3. A través de
la asesora jurídica, se señaló que el señor Edgardo Sánchez Arcos se encuentra
con medida de aseguramiento en el centro carcelario desde el 12 de agosto de
2023, debido a lo ordenado por el Juzgado 27 Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Cali dentro del proceso bajo radicado 76001-60-00-193-
2023-07698-00, por el delito de fabricación-tráfico o porte de armas de uso
privativo.

3.2 Juzgado Octavo Penal Municipal de Cali con Función de Control de
Garantías 4. La titular del despacho informó que por reparto le correspondió el
pasado 17 de abril de 2024, conocer de la solicitud de libertad por vencimiento
de términos presentada por el abogado Fabio Leonardo Ortega Mejía dentro del
proceso 76001-60-00-193-2023-07698-00; sin embargo, la Fiscalía impugnó la
competencia del juzgado, argumentando que la investigación se adelantaba en
contra de un G.D.O., circunstancia que según la Ley 1908 de 2018, le
correspondía resolver al Juzgado con Funciones de Control Ambulante de Buga,
frente a lo cual la defensa estuvo en desacuerdo.

Expuso que a su consideración, el juzgado era competente para conocer la
solicitud de libertad; no obstante, frente a la insistencia de la Fiscalía respecto a
la falta de competencia, se ordenó la remisión a la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia para que dirimiera el conflicto de competencia
suscitado, sin que ello constituya vía de hecho, toda vez que la remisión se ajustó
al procedimiento legal y jurisprudencialmente establecido, por lo que no se
requiere la intervención excepcional del Juez constitucional.

Indicó que no se realizó el conteo objetivo respectivo, ni mucho menos se verificó
si se presentaban situaciones por descontar según lo dispuesto en el parágrafo
3° del artículo 317 del C.P.P, siendo que, precisamente la competencia para
resolver este tipo de solicitudes recae en los jueces con funciones de control de
garantías.

Finalmente, manifestó que la presente acción constitucional se utiliza como una
vía alterna para acceder a la libertad sin que se haya definido por el superior
quien es el competente para resolver la solicitud de libertad.

3.3 Fiscalía 28 Especializada de Cali 5. El Fiscal 28 Especializado, después de
relacionar las actuaciones adelantadas, indicó que la acción de la referencia es
3 Actuación visible en el índice 09 de la plataforma SAMAI.
4 Actuación visible en el índice 11 de la plataforma SAMAI.
5 Actuación visible en el índice 14 de la plataforma SAMAI.

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improcedente porque el accionante se encuentra cobijado con una medida de
aseguramiento vigente, y por cuanto la competencia para decidir la petición de
vencimiento de términos fue remitida a la Corte Suprema de Justicia.

De igual manera, sostuvo que no se ha vencido el término para dar inicio a la
audiencia de juicio oral, ya que no han transcurrido más de 240 días; además,
que se está en presencia frente a hechos de un G.D.O, y de acuerdo a ello, los
términos de para la audiencia del juicio oral, son 500 días.

3.4 Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali 6. La jueza titular
señaló que le fue asignado por reparto del 17 de agosto de 2023, el proceso penal
nro. 76001-60-00-193-2023-07698-00 llevado en contra de Edgardo Sánchez
Arcos, por la presunta comisión de los delitos de fabricación, tráfico y porte de
armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o
explosivos y fabricación o porte de estupefacientes agravado, y que en el
mencionado proceso se tiene programada audiencia de inicio de juicio oral para
el 26 de abril de 2024 a las 8:30 horas.

Arguyó que, el 12 de agosto de 2023 ante el Juzgado Veintisiete Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Cali, se celebraron las audiencias
preliminares, donde se imputaron los cargos por los cuales actualmente es
procesado y se le impuso medida de aseguramiento consistente en la detención
preventiva en establecimiento penitenciario. Por ello, es claro que el accionante
se encuentra privado de la libertad por cuenta de una orden proferida por un juez
de la República.

Expuso que no es competente para pronunciarse de fondo sobre la solicitud de
libertad por vencimiento de términos, sino que dicho asunto le corresponde a los
jueces de control de garantías.

Alegó que la decisión de reprogramar la diligencia de juicio oral, por encontrarse
el proceso surtiendo la alzada, es una cuestión que debe dilucidarse al interior
del proceso penal, ya que tal decisión tiene su sustento en jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, de ahí que no se puede calificar de lesiva la decisión
adoptada.

Finalmente, precisó que el acusado pretende acudir a la acción constitucional sin
antes haber agotado las vías ordinarias y que para la fecha del 17 de abril de
2024 -solicitud de libertad por vencimiento de términos-, no se encontraban
vencidos los términos.

IV. Providencia Impugnada

Mediante providencia de 24 de abril de 20247, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca declaró improcedente la presente acción de Habeas Corpus. En
sustento de su decisión, el juez de instancia indicó que el aplazamiento o la
tardanza en la celebración de la audiencia de libertad por vencimiento de
términos no habilita automáticamente la procedencia de dicha acción

6 Actuación visible en el índice 15 de la plataforma SAMAI.
7 Actuación visible en el índice 16 de la plataforma SAMAI.

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constitucional, pues, lo habilitaría eventualmente en los casos en los que se
advierta una vía de hecho o una arbitrariedad evidente que justifique que el juez
constitucional desplace al juez natural.

En consecuencia, encontró que la audiencia de libertad por vencimiento de
términos no se celebró debido a la necesidad de establecer quién es el juez
competente para atender la solicitud de la defensa y no por una razón arbitraria.

IV. Sustentación de la impugnación

El señor Edgardo Sánchez Arcos presentó impugnación contra la decisión
expuesta en líneas anteriores. Así, manifiesta que debió accederse a lo
pretendido.

Afirma que en el pronunciamiento de primera instancia prevalece lo formal sobre
lo sustancial, desconociendo que a la luz de la norma y la jurisprudencia, el
derecho a la libertad debe privilegiarse sobre las formas y trámites meramente
instrumentales establecidas en el Código de Procedimiento Penal.

Resalta que el argumento de la magistrada de primer grado podría ser aplicable
para una audiencia diferente del proceso penal ordinario, que debe surtir diversas
etapas procesales de manera progresiva, pero no en cuanto a la libertad por
vencimiento de términos, precisamente por la relevancia del derecho en juego,
que en el caso concreto no se ha podido definir por maniobras del señor Fiscal,
el cual reitera que el acusado pertenece a un G.D.O., sin tener en cuenta que ese
argumento, claramente dilatorio, se derrumba con la negativa de la señora Juez
Tercera Penal del Circuito Especializada de Cali, quien en el momento de la
audiencia de acusación oral manifestó la improcedencia de una petición en ese
mismo sentido, por cuanto nunca ha sido objeto ni de imputación fáctica ni jurídica
y que los G.D.O., deben ser estructurados por 3 o más personas.

Expone que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, tiene sentada la
tesis contraria a la que expone la magistratura de primera instancia, por cuanto
el particular que propone la acción constitucional ya cumplió todas sus cargas y
no puede esperar indefinidamente trámites aleatorios o alternativos. En estos
casos, lo razonable y aconsejable es que el Juez de habeas corpus defina
directamente el derecho suplicado a la jurisdicción penal por la demora en el
trámite de libertad, cuya juez de control de garantías, Octava Penal Municipal de
Cali, no puede pronunciarse por la postulación de un trámite de definición de
competencias que produce dilación en el reconocimiento de la libertad.

Finalmente, sostiene que la jurisprudencia en la que se fundamenta el tribunal de
primera instancia en el auto impugnado, hace referencia a un asunto
completamente disímil al presente; aduce que no puede quedar indefinido un
derecho de aplicación inmediata como lo es la libertad y que han pasado más de
240 días y no se ha realizado la audiencia de juicio oral.

V. Consideraciones del despacho

1. Competencia

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Corresponde a este despacho conocer la presente acción de Habeas Corpus, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7°8 de la Ley 1095 de 2006, por medio
de la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política.

2. Problema jurídico

Corresponde a esta Sala Unitaria determinar si: ¿la privación de la libertad del
señor Edgardo Sánchez Arcos está violando sus garantías constitucionales o
legales, de tal forma que pudiera ser procedente la intervención del juez
constitucional a través de la acción Habeas Corpus?

3. Fundamentos de la decisión

3.1. La acción de Habeas Corpus

El Habeas Corpus es la principal institución de amparo de la libertad personal
contra las decisiones arbitrarias e ilegales de las autoridades públicas. En el
ordenamiento jurídico, esta garantía se encuentra consagrada en el artículo 30
de la Constitución Política y desarrollado en la Ley Estatutaria 1095 de 2006,
cuyo artículo 1° precisa:

«Artículo 1°. Definición. El Habeas Corpus es un derecho fundamental y, a la
vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es
privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o
esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o
incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine».

Ahora bien, teniendo clara su definición, se advierte que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, ha ilustrado los eventos en los cuales puede ser ejercida la
referida acción, entre otros:

«i) cuando se aprehende a una persona en contravención con lo dispuesto en el
artículo 28 superior, o ii) cuando la privación de la libertad, no obstante haberse
ceñido a los estrictos lineamientos de la norma citada, es ilegal, arbitraria o se ha
prolongado indebidamente, porque el derecho fundamental a la libertad es
susceptible de limitación, pero sus restricciones deben observar criterios de
razonabilidad y proporcionalidad que contribuyan a mantener inalterado el
necesario equilibrio entre el derecho y los límites del mismo».9

En concordancia con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia ha establecido la
oportunidad y procedencia del Habeas Corpus, en los siguientes escenarios:10:

8 Artículo 7°. Impugnación. La providencia que niegue el Hábeas Corpus (sic) podrá ser impugnada, dentro

de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación. La impugnación se someterá a las siguientes
reglas:
1. Presentada la impugnación, el juez remitirá las diligencias dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas
al superior jerárquico correspondiente. El expediente será repartido de manera inmediata y habrá de ser
fallado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.
2. Cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por
uno de los magistrados integrantes de la Corporación, sin requerir de la aprobación de la sala o sección
respectiva. Cada uno de los integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual para resolver las
impugnaciones del Hábeas Corpus (sic)
9 Corte Constitucional. Sentencia T – 839 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
10 Magistrado Ponente Dr. Gerardo Botero Zuluaga - AHL1744-2022 - Radicación N° 00020-2022,

providencia de fecha tres (3) de mayo de dos mil veintidós (2022).

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(…)” Para el cumplimiento de dicha garantía, el Congreso de la República expidió
la Ley 1095 de 2006, que en su artículo 1.º, prevé que esta acción, además de
ser la vía adecuada para lograr la protección del derecho a la libertad, es un
derecho fundamental, de ahí que en su artículo 2° establezca la competencia
general de todos los jueces y tribunales que integran la Rama Judicial.

Conforme a la norma transcrita y al artículo 1.º de la citada Ley, es posible solicitar
mediante este mecanismo la concesión de la libertad de una persona retenida,
cuando (i) haya sido privada de la misma con violación de las garantías
constitucionales o legales o (ii) esta se prolongue ilegalmente.

El primer caso, tiene ocurrencia cuando a una persona se le restringe la libertad
sin el lleno de los requisitos que exige la ley al respecto, como lo es, verbigracia,
la falta de una orden previa de la autoridad competente cuando ello es necesario,
salvo el hecho de ser sorprendida en situación de flagrancia. El segundo, se
presenta cuando no se resuelve su situación jurídica dentro de los términos
legales o permanece detenida más del tiempo establecido en la
Constitución y la Ley.” (…)

Así mismo, conforme lo establecido por la Sección Tercera del Consejo de Estado
en sentencia del 14 de abril de 2020, la acción en cita procede en los siguientes
escenarios11:

(…) “Se tiene pues, que el Habeas Corpus procede en dos claros y específicos
supuestos, a saber:

i) Cuando la privación de la libertad es arbitraria, es decir, cuando se
transgreden las garantías constitucionales o legales; esto significa que si a
lo largo del procedimiento se han respetado las garantías que establece el
ordenamiento jurídico para la respectiva detención, la acción de Habeas Corpus
se torna improcedente.

ii) Cuando la privación de la libertad se prolonga indebidamente en el
tiempo pueden considerarse diversas hipótesis, como aquella en la cual se
detiene en flagrancia a una persona y no se le pone a disposición de la autoridad
judicial competente dentro de las 36 horas siguientes; también puede ocurrir
cuando la autoridad pública mantiene privada de la libertad a una persona
después de que se ha ordenado legalmente, por la autoridad judicial competente,
que le sea concedida su libertad; otra hipótesis puede configurarse en relación
con las detenciones legales que pueden tornarse ilegales, como cuando la propia
autoridad judicial prolonga la detención por un lapso superior al permitido por la
Constitución y la ley u omite resolver dentro de los términos legales la solicitud
de libertad presentada por quien tiene derecho a ello.

3.2. El juez constitucional y el juez natural de la causa penal

El habeas corpus como se mencionó en líneas anteriores, es el mecanismo
constitucional de protección de la libertad de una persona con ocasión de un acto
u omisión efectuado por las autoridades públicas, en consecuencia, dada la
naturaleza de la acción, no es posible que opere como instrumento sustitutivo de
los procedimientos de los cuales tienen competencia los jueces ordinarios. Al
11 Sala De Lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico, providencia

de catorce de abril (14) de dos mil veinte (2020), Radicación número: 52001-23-33-000-2020-00131-01(HC)

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respecto, la Corte Suprema de Justicia en reiterados y recientes
pronunciamientos12 ha sostenido que cuando existe un proceso judicial en
trámite, dicha acción no puede utilizarse para las siguientes finalidades: i)
reemplazar los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben
formularse las peticiones de libertad; ii) suplir los recursos ordinarios de
reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para
impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; iii)
desplazar al funcionario judicial competente; y iv) obtener una opinión diversa de
la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas, ello es
así, excepto cuando la decisión judicial que interfiere en el derecho a la libertad
personal pueda catalogarse como una vía de hecho; sin embargo, ello requiere
una argumentación superior, pues para entrar a examinar las decisiones
ordinarias cuestionadas, se debe desvirtuar la presunción de legalidad que las
reviste.

De lo anterior se tiene que dicho mecanismo resulta procedente cuando se
demuestre que la decisión judicial que dio lugar a la detención es una auténtica
vía de hecho judicial y además, cuando los recursos ordinarios han sido agotados
respecto de la privación de la libertad que se acusa de ilegal.

Ahora, frente a la interposición de la acción constitucional por la libertad de
vencimiento de términos, esta Corporación en recientes pronunciamientos ha
establecido que13:

«Ante este escenario, el juez del hábeas corpus, en el presente caso, no tiene
competencia para decidir sobre la libertad del accionante, pues, tal y como se puso de
presente, aún no ha sido definido el asunto por el juez competente que deberá
reprogramar y celebrar la audiencia preliminar inmediata sobre el vencimiento de
términos, ante la solicitud efectuada por el apoderado del señor Yonier Teherán Pérez,
audiencia que se solicitó antes del sentido del fallo como lo indica el numeral 8 del artículo
12 de la Ley 1142 de 20078 que modificó el artículo 154 de la Ley 906 de 2004.

Por consiguiente, como bien lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en
pronunciamientos recientes:

(…) la autoridad constitucional no puede interferir en la marcha de una disputa en
desarrollo «emitiendo decisiones paralelas a las que en ejercicio de sus atribuciones, le
corresponde adoptar a la jurisdicción penal ordinaria, relacionadas con la garantía
superior que el actor estima vulnerada, dentro de la autonomía e independencia
funcionales que le reconocen la Constitución Política y la ley.

En síntesis, se reitera, el juez constitucional no puede interferir en este momento procesal,
sino que tiene que permitir que se resuelva el procedimiento legal al interior del proceso
y luego sí podrá ventilarse si existe una prolongación injustificada de la libertad del
procesado.»

4. Caso concreto

12 Ver entre otros, las providencias del 8 de agosto de 2019; del 16 de enero de 2020, radicado nro. 56840

y del 30 de agosto de 2022 con radicado nro. 62294.
13 Ver entre otras, las providencias del 12 y 19 de marzo, proferidas por las Secciones Segunda y Quinta del

Consejo de Estado, dentro de los radicado nro. 13001-23-33-2024-00146-01 y 13001-23-33-000-2024-
00162-01

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De acuerdo con las precisiones que anteceden, se observa que no es procedente
el amparo solicitado mediante la acción de Habeas Corpus de la referencia, por
lo que se confirmará el proveído de primera instancia, de conformidad con las
siguientes razones:

4.1. Teniendo en cuenta las pruebas obrantes en el expediente sobre la situación
jurídica del señor Edgardo Sánchez Arcos, se encuentra acreditado que:

• De la Cartilla Bibliográfica del interno14, se advierte que el señor Edgardo
Sánchez Arcos se encuentra recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario
de Jamundí – COJAM desde el 5 de abril de 2024, ostentando la calidad de
sindicado por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de
uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; fabricación,
tráfico y porte de armas de fuego o municiones y tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, dentro del proceso penal activo nro. 2023-07698 que tiene como
autoridad judicial a cargo el Juzgado 27 Penal Municipal de Cali.

• El Juzgado antes mencionado, el 12 de agosto de 202315 dentro de las
audiencias de legalización de captura y formulación de imputación, impuso la
medida de aseguramiento intramural en contra del señor Edgardo Sánchez Arcos
y en consecuencia, dispuso dejar bajo custodia al imputado, hasta el momento
de su ingreso al centro de reclusión Villahermosa.

• El 17 de agosto de 202316, el ente acusador presentó el escrito de
acusación dentro del proceso de la referencia.

• El 27 de octubre de 202317 se declaró fallida la audiencia de acusación,
reprogramándose para el 14 de noviembre de 2023. Posteriormente, una vez
agotada la respectiva diligencia, se convocó para audiencia preparatoria el 23 de
enero de 2024.

• En desarrollo de la audiencia preparatoria el día 23 de enero18, la parte
accionante presentó recurso de apelación contra la decisión de inadmitir las
pruebas testimoniales y documentales, por lo que el despacho concedió el
recurso en efecto suspensivo y ordenó la remisión del expediente a la Sala Penal
del Tribunal Superior de Cali para su conocimiento. Además, fijó como fecha para
la audiencia del juicio oral el 11 de abril de 2024.

• El 10 de abril de 202419, el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Cali profirió auto indicando la no realización de la audiencia de
juicio oral, debido a que no se ha resuelto el recurso de apelación contra el auto
que inadmitió algunas pruebas. En consecuencia, reprogramó la diligencia de
juicio oral para los días 18 y 19 de abril de 2024.

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HABEAS CORPUS
Radicado: 76001-23-33-000-2024-00249-01
Accionante: EDGARDO SÁNCHEZ ARCOS

• Frente a la solicitud de libertad por vencimiento de términos, el Juzgado
Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali, fijó fecha
para decidir el día 22 de abril de 2024.

• El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el día 18 de abril de 2024,
al resolver el recurso de apelación contra el auto que inadmitió las pruebas
documentales y testimoniales, decidió modificar la decisión, en el sentido de
admitir 4 de los 11 testimonios.

• El 18 de abril del año en curso, se inició con la audiencia del juicio oral,
pero la misma no se pudo terminar por causas atribuibles a la defensa y el 19 de
abril, no se realizó por la ausencia del acusado y su defensor de confianza,
reprogramándose para el 26 de abril de 2024.

• El Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías,
en desarrollo de la audiencia preliminar de libertad por vencimiento de términos
del día 22 de abril de 202420, determinó que era procedente para conocer de la
solicitud de libertad; sin embargo, frente a la insistencia del Fiscalía en cuanto a
la falta de competencia, dispuso remitir el expediente ante la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia a efectos de dirimir el conflicto de
competencia planteado.

• Por último, de la consulta oficiosa realizada por este despacho en la página
de consulta de procesos, se evidencia que la audiencia que estaba programada
para el 26 de abril de esta anualidad, fue reprogramada para el 7 de mayo de
2024, por causa atribuible a la defensa de confianza -incapacidad médica-.

Conforme con las premisas que se desprenden de la jurisprudencia relacionada
en los fundamentos de esta providencia y lo previamente acreditado, advierte la
Sala Unitaria que el Habeas Corpus de la referencia no cumple con ninguno de
los supuestos necesarios para su procedencia, estos son: i) cuando la persona
es privada de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales;
y ii) cuando la privación de la libertad se prolonga ilegalmente.

En el sub examine no se está frente a una privación de la libertad con violación
de garantías constitucionales o legales, dado que está plenamente acreditado
que el señor Edgardo Sánchez Arcos se encuentra privado de la libertad, en
virtud de la medida de aseguramiento impuesta por el Juzgado 27 Penal
Municipal de Cali con Función de Control de Garantías, proferida en el proceso
identificado con radicado nro. 76001-60-00-193-2023-07698-00.

En el mismo sentido, tampoco se está en presencia de una prolongación ilegal
de la privación de la libertad, pues conforme lo acreditado en el plenario, está
pendiente de resolverse la solicitud de libertad por vencimiento de términos
presentada por la parte accionante el día 17 de abril del año corriente; la cual, no
se ha llevado a cabo por razones fundadas, es decir, tal como lo advirtió el A quo,
por la necesidad de determinar cuál es el despacho judicial competente para
tramitar la solicitud incoada y no por cuestiones arbitrarias o dilatorias.

20 Memorial 014 del expediente digital

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Accionante: EDGARDO SÁNCHEZ ARCOS

Es de resaltar que, la falta de competencia planteada por el Fiscal del caso, es
un asunto que no corresponde analizar al juez constitucional, pues ello sería
pretermitir funciones propias juez de la causa.

En ese orden, se estima que, previo a resolver sobre la solicitud de vencimiento
de términos presentada por el actor en el proceso penal al que se ha venido
haciendo referencia, es necesario que se dirima lo relativo al conflicto de
competencia mencionado, decisión que es propia del proceso penal y en la que
le está dado al juez constitucional inmiscuirse.

En los términos anteriormente precisados, es claro que la privación de libertad
del accionante tiene lugar debido a una medida de aseguramiento impuesta por
el Juzgado 27 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali
dentro del proceso bajo radicado 76001-60-00-193-2023-07698-00, sindicado
por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso
restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos y fabricación o
porte de estupefacientes agravado, del que no se advierte alguna irregularidad
que amerite la intervención del juez constitucional.

Ahora, en cuanto a la decisión de remitir el proceso a la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, para dirimir el conflicto de competencias suscito, se advierte
que tal decisión obedeció a la falta de competencia señalada por el Fiscal del
caso, en la medida que el asunto debe ser tramitado por el Juzgado Ambulante
de Buga con Función de Control de Garantías, por estar en presencia de un
miembro de un G.D.O.

Tal decisión, tiene su sustento, en virtud de los preceptuado en el ordinal 3° del
artículo 32 de la Ley 906 de 2004; toda vez que en el sub examine, se involucran
autoridades judiciales de diferentes distritos.

Debido a lo anterior, itera la Sala que en este caso no resulta procedente la acción
constitucional incoada, dado que debe definirse el conflicto de competencias
planteado, para luego resolver la solicitud de libertad por vencimiento de
términos; y se insiste, la acción de Habeas Corpus no puede utilizarse para
reemplazar ni sustituir trámites propios del proceso penal, por lo que la solicitud
de libertad por vencimiento de términos, debe ser ventilada ante el juez natural.

Sumado a ello, no puede emitir pronunciamiento alguno la Sala mientras se
dirime el conflicto, ya que ello, desconocería los principios que orientan los
procesos penales, e irrespetaría el procedimiento establecido en el artículo 32
del Código de Procedimiento Penal. En consecuencia, esta Sala Unitaria
confirmará la providencia del 24 de abril de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que declaró improcedente la acción de
habeas corpus de la referencia.

Para efectos de la notificación en debida forma de la parte accionante, se
ordenará al Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – COJAM, realizar
las actuaciones administrativas necesarias para que comunique inmediatamente
de esta providencia al señor Edgardo Sánchez Arcos. Para el efecto, deberá
anexar constancia de la diligencia.

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Radicado: 76001-23-33-000-2024-00249-01
Accionante: EDGARDO SÁNCHEZ ARCOS

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el suscrito Consejero de Estado, en Sala Unitaria,
administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley, y siendo las 3:00 p.m. del treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro
(2024):

IV. RESUELVE

PRIMERO.- CONFÍRMASE la providencia de 24 de abril de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró improcedente la
acción de Habeas Corpus presentada por el señor Edgardo Sánchez Arcos, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Por conducto de la Secretaría, NOTIFÍQUESE de manera inmediata
al señor Edgardo Sánchez Arcos, a la Fiscalía 28 Especializada de Cali, al
Juzgado Tercero Penal Municipal del Circuito Especializado de Cali, al Juzgado
Octavo Penal Municipal de Cali con Función de Control de Garantías, al Centro
de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Cali y al Complejo Carcelario
y Penitenciario de Jamundí – COJAM.

TERCERO.- ORDÉNESE al Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí –
COJAM, realizar las actuaciones administrativas necesarias para que comunique
inmediatamente de esta providencia al señor Edgardo Sánchez Arcos. Para el
efecto, deberá anexar constancia de la diligencia.

CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al
despacho de origen.

QUINTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA

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