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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2024-00260-01

Fecha
17 de junio de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2024-00260-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 14 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2024-00260-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

17 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 76001-23-33-000-2024-00260-01
Accionante: Luis Armando Victoria Medina
Accionado: Juzgado Tercero Civil Municipal de Jamundí y otros
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / Confirma
improcedencia / Subsidiariedad – existencia de otro mecanismo judicial idóneo y
eficaz – no se probó perjuicio irremediable

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 14 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. LuisArmando Victoria Medina instauró demanda de tutela contra el Juzgado
Tercero Civil Municipal de Jamundí, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, salud, seguridad social, debido
proceso, “subsistencia en condiciones dignas” y “estabilidad laboral reforzada de
personas padres cabeza de familia y a los prepensionados”.

2. Considera que estos fueron vulnerados con ocasión del nombramiento, en
propiedad, del señor José Jonathan Martínez Restrepo en el cargo de Citador Grado
III en el Juzgado Tercero Civil Municipal de Jamundí, que antes ocupaba en
provisionalidad el accionante.

3. Mediante el Acuerdo PCSJA23-12124 del 19 de diciembre del 2023, el Consejo

Superior de la Judicatura dispuso, entre otras cosas, la creación del Juzgado Tercero
Civil Municipal de Jamundí. Allí se determinó que el Juzgado Segundo Civil Municipal
de Jamundí debía trasladar con carácter permanente el cargo de citador grado III a
ese nuevo despacho judicial.

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Radicación: 76001-23-33-000-2024-00260-01
Accionante: Luis Armando Victoria Medina
Accionado: Juzgado Tercero Civil Municipal de Jamundí y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

4. En razón de lo anterior, mediante Resolución número 5 del 1° de marzo de 2024,

el accionante, quien para ese entonces ocupaba el cargo de Citador Grado III en
provisionalidad, fue trasladado al Juzgado Tercero Civil Municipal de Jamundí. En
ese mismo acto, se informó que el 2 de agosto de 2023, se recibió en la Secretaría
del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, la Resolución
CSJVAR23-718 del 13 de julio de ese mismo año, por medio de la cual se formuló la
lista de elegibles para proveer -en propiedad- el cargo de Citador de Juzgado
Municipal Grado III y que el 22 de febrero de 2024 se le notificó a la quinta persona
en la lista sobre la designación para ocupar dicha plaza, encontrándose en ese
momento dentro del término para aceptar o rehusar el nombramiento.

5. Vencido el mencionado plazo y ante el silencio de la nombrada, el Juzgado Tercero

Civil Municipal de Jamundí, a través de la Resolución número 4 del 7 de marzo de
2024, revocó la designación. En su lugar, procedió a nombrar al siguiente en la lista
de elegibles: el señor José Jonathan Martínez Restrepo, quien aceptó la designación
el 15 de marzo siguiente, siendo posesionado en el cargo el 5 de abril posterior.

6. El accionante cuestionó que dicho nombramiento se sustentó bajo el argumento

de estar dando aplicación a la referida lista de elegibles, cuando lo cierto es que esta
última se conformó para proveer una vacante que existía en el Juzgado Segundo
Civil Municipal de Jamundí y no en el Juzgado Tercero Civil Municipal de Jamundí,
ya que para ese momento todavía no había sido creada esa célula judicial.

7. Por lo tanto, considera que esa actuación comporta una vulneración a sus derechos

fundamentales, pues hasta tanto no se realice un nuevo concurso para la provisión
del cargo de Citador Grado III en el Juzgado Tercero Civil Municipal de Jamundí y
se designe la persona respectiva para ocupar el cargo en propiedad, aquel debe
continuar nombrado en provisionalidad en esa plaza.

8. Alegó que en la actualidad cuenta con el número de semanas requerido para

acceder a la pensión y que únicamente le resta cumplir el requisito de edad,
faltándole 2 años y 1 mes, lo que le otorga la calidad de prepensionado y, en esa
medida, debe ser considerado sujeto de especial protección constitucional.

9. Por otra parte, adujo que su nominador no tuvo en cuenta que al momento de su

desvinculación se encontraba incapacitado en razón de una lesión causada por un
accidente de tránsito que, además, le ha disminuido su capacidad laboral, por lo que
se encontraba en un proceso de valoración para establecer la pérdida de su
capacidad laboral. Otra razón por la que tampoco podía ser desvinculado del cargo
que ocupaba en provisionalidad, pues su retiro requería previa autorización del
Ministerio de Trabajo.

10. Manifestó que es padre cabeza de familia y que tiene a su cargo de manera

permanente y exclusiva la manutención de sus dos hijos. Uno de ellos mayor de
edad, quien se encuentra cursando sus estudios superiores y, la otra, quien es menor
de edad y en la actualidad cursa la primaria. Que no percibe una mesada pensional,

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Radicación: 76001-23-33-000-2024-00260-01
Accionante: Luis Armando Victoria Medina
Accionado: Juzgado Tercero Civil Municipal de Jamundí y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

ni algún otro ingreso económico diferente al salario como servidor en la Rama
Judicial, ni cuenta con una ayuda económica por parte de algún familiar. Por lo que,
al ser desvinculado del cargo que ocupaba en provisionalidad, no solo se puso en
riesgo el mínimo vital para su subsistencia, sino también su salud, porque no cuenta
con los recursos económicos para sufragar los tratamientos médicos que requiere.

11. De esta manera, con la demanda de tutela pretende que se ordene a las
accionadas: (i) su reintegro en un cargo igual o equivalente al cargo que ocupaba en
provisionalidad y; (ii) el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de
percibir desde la fecha del retiro hasta la fecha del reintegro.

12. Aseveró que la solicitud de amparo resulta procedente, puesto que no tiene a su

alcance otro mecanismo judicial idóneo, eficaz y oportuno, a través del cual pueda
obtener la protección inmediata y urgente de los derechos fundamentales que invoca,
“sin tener que someterse a un largo proceso judicial”.

B. Sentencia de primera instancia

13. Mediante sentencia del 14 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle

del Cauca declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no acreditar el
cumplimiento del requisito de subsidiariedad. Por un lado, sostuvo que el
demandante cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para debatir la legalidad del acto administrativo por el que se efectuó el
nombramiento del señor Martínez Restrepo.

14. Explicóque la eventual demanda contenciosa administrativa, resulta ser el
mecanismo idóneo y eficaz para obtener el fin perseguido por el accionante, pues
puede resolverse mediante la figura de la sentencia anticipada, sin necesidad de
agotar ninguna audiencia pública, bajo un trámite célere. Ello, aunado a las medidas
cautelares que tiene a su alcance para requerir formas de protección inmediata
desde la presentación de la demanda.

15. Por otra parte, señaló que tampoco se probó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que habilitara la intervención del juez constitucional. Estimó que los
elementos probatorios aportados por el accionante no resultan idóneos para
acreditar que en la actualidad se encuentra en una condición de desamparo
económico que ponga en riesgo sus derechos fundamentales. Menos aún
considerando que cuenta con sus prestaciones sociales.

C. La impugnación

16. El actor insistió en que la acción de tutela es procedente, dada su calidad de

prepensionado y padre cabeza de familia, lo que implica que la acción de tutela sea
el medio idóneo y eficaz que tiene a su alcance para obtener la protección de sus
derechos, pues es de público conocimiento “el dispendioso y largo lapso de tiempo
que conlleva un proceso judicial”.
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Radicación: 76001-23-33-000-2024-00260-01
Accionante: Luis Armando Victoria Medina
Accionado: Juzgado Tercero Civil Municipal de Jamundí y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

17. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar

su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

E. Análisis del caso concreto

18. La Sala confirmará el fallo impugnado, dado que una revisión de los elementos

de juicio obrantes en el expediente permite advertir que la solicitud de amparo
carece de subsidiariedad ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
idóneo y eficaz para obtener la protección de los derechos fundamentales que se
invocan. Conclusión que no muta frente a los planteamientos expuestos por la parte
actora en su escrito de impugnación.

19. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela

únicamente procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una
solicitud de tutela, el interesado debió haber agotado todos los recursos -idóneos y
eficaces- que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación que
amenaza o lesiona sus derechos. De lo contrario, la tutela deviene improcedente.

20. Tratándose de la acción de tutela contra actos administrativos, la Corte
Constitucional ha indicado que la excepcionalidad del recurso de amparo se torna
especialmente estricta, en tanto no es el mecanismo idóneo para atacarlos ya que,
por su propia naturaleza, se encuentran amparados por el principio de legalidad. Ese
presupuesto parte de considerar que la administración, al momento de manifestarse
a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las
que se encuentra subordinada. De allí que la legalidad de un acto administrativo se
presuma, obligando a demostrar a quien pretende controvertirlo que aquel se apartó,
sin justificación alguna, del ordenamiento jurídico. Debate que se debe adelantar
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo1.

21. En esa línea, la jurisprudencia constitucional2 ha señalado que, por regla general,

la improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos obedece a: (i)
la existencia de mecanismos judiciales ordinarios previstos por el legislador para
controvertir las actuaciones de la administración; (ii) la presunción de legalidad que
las cobija; y (iii) la posibilidad de adoptar medidas cautelares a fin de proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

1 Corte Constitucional, Sentencia T -332 de 2018.
2 Corte Constitucional, Sentencia T-253 de 2020, MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Radicación: 76001-23-33-000-2024-00260-01
Accionante: Luis Armando Victoria Medina
Accionado: Juzgado Tercero Civil Municipal de Jamundí y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

22. Ahora, cuando lo que se pretende es debatir asuntos relacionados con
desvinculaciones de trabajadores, el Alto Tribunal3 ha puntualizado que, aún en el
evento en que concurran otros medios de defensa, la intervención del juez
constitucional se habilita siempre que el empleado se encuentre en entornos de
vulnerabilidad manifiesta que hagan necesaria la adopción de medidas urgentes
tendientes a evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, esto es, que tenga la
condición de sujeto de especial protección, la cual le otorga una estabilidad laboral
reforzada.

23. Según lo ha sostenido la Corte, las personas que se encuentran en unas
circunstancias de tales características son: (i) las mujeres en estado de embarazo;
(ii) los padres o madres cabeza de familia; (iii) los aforados sindicales; (iv) los que
están próximos a pensionarse, también llamados prepensionados y; (v) quienes
padecen graves afectaciones de salud.

24.Considerando que los servidores públicos que ocupan en provisionalidad un
cargo de carrera pueden verse inmersos en situaciones como las descritas
anteriormente, la Corte también les ha reconocido una estabilidad laboral relativa,
que supone que aquellos únicamente pueden ser removidos del cargo por causales
legales que deben ser expresadas de manera clara en el acto de desvinculación.
Pero, además, también implica que en los eventos en que emerja la obligación de
proveer la vacante ofertada en el concurso de méritos a partir de la lista de elegibles
conformada para tales efectos, los nominadores, previo a efectuar los respectivos
nombramientos, deben evaluar la posibilidad de adoptar medidas afirmativas a favor
de aquel que ocupaba el cargo en provisionalidad4.

25. En el caso objeto de estudio,
el accionante le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales a la Resolución número 4 del 7 de marzo de 2024, por
medio de la cual se nombró -en propiedad- al señor José Jonathan Martínez
Restrepo en un cargo que venía siendo ocupado por el accionante en
provisionalidad.

26. La Sección Segunda de esta Corporación ha sostenido que el nombramiento de

un empleado de carrera en el cargo que ocupa otro servidor en provisionalidad
implica para este último un acto tácito de insubsistencia. De manera que el acto de
desvinculación de un servidor con ocasión de la designación de otra persona en el
cargo que desempeñaba es susceptible de ser controvertido ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, a partir de la figura denominada “insubsistencia
tácita”5.

3 En sentencia T-849 de 2010, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
4 Al respecto, ver sentencias T-063 de 2022 y T-253 de 2023, entre otras.
5 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias del 4 de noviembre de 2021 (Exp. 25000-23-42-000-2013-01558-

02, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter) y 5 de mayo de 2022 (Exp. 25000-23-42-000-2013-04276-01, C. P. César
Palomino Cortés.)
5

Radicación: 76001-23-33-000-2024-00260-01
Accionante: Luis Armando Victoria Medina
Accionado: Juzgado Tercero Civil Municipal de Jamundí y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

27. En tales condiciones se hace evidente que el presente asunto no satisface el

presupuesto de subsidiariedad, toda vez que la parte actora cuenta con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho6 y, con este, la posibilidad de
solicitar medidas cautelares en cualquier estado del proceso, incluso desde antes
de ser notificado el auto admisorio de la demanda7.

28. Tales mecanismos le otorgan al actor la posibilidad, no sólo de debatir la
presunción de legalidad del acto administrativo objeto de reproche y obtener el
restablecimiento de sus derechos presuntamente vulnerados a causa de su
expedición, sino también de solicitar su suspensión provisional o la adopción de
cualquier otra medida cautelar que considere necesaria, con el fin de garantizar -
provisionalmente- el objeto del proceso.

29. Por consiguiente, el eventual tiempo que pueda llegar a tardar en decidirse ese

asunto no resulta suficiente para cuestionar la eficacia del medio de control, pues,
se insiste, durante el curso del proceso, el demandante tiene a su disposición
diferentes instrumentos jurídicos que le permiten evitar la consumación o agravación
de los daños que estima provienen de la presunta transgresión de los derechos
invocados, hasta tanto se profiera una decisión definitiva.

30. Con las precisiones anteriormente anotadas, la Sala coincide con el A quo en que

el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho resulta ser el
mecanismo judicial idóneo y eficaz que tiene a su alcance la parte actora para
obtener el fin que persigue, sin que ante el mismo quepa oponer un carácter de
insuficiencia ante las eventuales dificultades que impone el curso normal y ordinario
de un proceso. No obstante, el accionante no ha hecho uso del mecanismo
señalado. Tampoco ofreció razones válidas que justifiquen saltarse las vías
ordinarias que ha dispuesto el legislador para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos.

31. Una vez determinada la existencia de otro medio de defensa judicial idóneo y

eficaz, la Sala pasará a examinar si se encuentran acreditadas las circunstancias
que alega el actor relativas a la condición de prepensionado y padre de cabeza de
familia, en aras de verificar la posible ocurrencia un perjuicio irremediable que
amerite la intervención del juez de tutela.

32. Por un lado, el demandante alegó que debe ser considerado sujeto de especial

protección constitucional dada su calidad de prepensionado. Ello, sobre la base de
que en la actualidad ya cuenta con el número de semanas requerido para acceder

6 El artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, establece que “Toda persona que se crea lesionada en un derecho

subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular,
expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño (…)”.
7 De conformidad con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 “En todos los procesos declarativos que se adelanten

ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso,
a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el
objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (...)”.
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Radicación: 76001-23-33-000-2024-00260-01
Accionante: Luis Armando Victoria Medina
Accionado: Juzgado Tercero Civil Municipal de Jamundí y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

a la pensión de jubilación y que únicamente le resta cumplir el requisito de edad,
faltándole 2 años y 1 mes.

33. Sin embargo, las condiciones que alega no son suficientes para acreditar la
condición de prepensionado. De acuerdo con la regla de unificación jurisprudencial
fijada en la sentencia SU-003 de 2018, quienes son considerados beneficiarios del
fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable, son aquellas personas
vinculadas al servicio que les falten lo equivalente a tres años o menos para acreditar
el requisito de semanas en el régimen de prima media o el capital necesario en el
régimen de ahorro individual con solidaridad para acceder a la pensión de vejez.

34. Dando alcance a ese concepto, la Corte precisó que cuando el único requisito

faltante para acceder a la pensión de vejez sea el relativo a la edad, debido a que
ya se acredita el cumplimento del número mínimo de semanas de cotización (como
el caso del aquí accionante), no hay lugar a considerar que la persona sea titular de
la garantía de prepensionable. Esto, en la medida que el requisito de edad puede
ser cumplido de manera posterior, con o sin vinculación laboral vigente.

35. En lo relativo a la condición de padre cabeza de familia alegada, se observa que

el accionante únicamente se limitó a aportar los registros civiles de nacimiento de
sus hijos para acreditar tal situación. Sin embargo, dichos elementos no resultan
suficientes para probar que tiene la responsabilidad permanente y exclusiva de sus
descendientes, que no cuenta con ayuda económica de otros miembros de su
familia, ni que la madre de sus hijos carece de condiciones para asumir dicha
responsabilidad por motivos de incapacidad física, sensorial, síquica o mental.
Presupuestos que han sido fijados jurisprudencialmente para que un hombre sea
considerado como tal8.

36. Aunado a lo anterior, el accionante también alegó una afectación a su salud que,

según aduce, lo ha llevado a disminuir su pérdida de capacidad laboral. Como
soporte de sus afirmaciones, allegó copia de su historia clínica, así como un
concepto médico de recomendaciones laborales emitido el 5 de octubre de 2023.

37. Según la jurisprudencia constitucional, para determinar si una persona cumple los

presupuestos para que sea beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada por
razones de salud, se debe acreditar: (i) una condición médica grave, esto es, que el
empleado pueda considerarse como una persona discapacitada o con reducciones
físicas que lo sometan a un estado de debilidad manifiesta que impide el desarrollo
de sus labores; (ii) que el empleador tenga conocimiento de la situación y; (iii) que
se demuestre el nexo causal entre el despido y el estado de salud9.

38. De acuerdo con la historia clínica del accionante, aquel padece de una lesión en

su hombro debido a un accidente de tránsito en el 2015, frente a la cual se le
otorgaron las siguientes recomendaciones laborales:

8 Al respecto, ver sentencia T-003 de 2018.
9 Ver sentencias T-317 de 2017, SU-040 de 2018, T-118 de 2019, entre otras.
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Radicación: 76001-23-33-000-2024-00260-01
Accionante: Luis Armando Victoria Medina
Accionado: Juzgado Tercero Civil Municipal de Jamundí y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

<< *EL EMPLEADO DEBE EVITAR MANIPULACION DE PESO DE MAS DE 3KG
CON LAS DOS MANOS NI LLEVAR BRAZOS POR ENCIMA DE HOMBROS
*SE LE DEBE PERMITIR REALIZAR PERIODOS DE DESCANSO CADA 2 HORAS
POR 5 MINUTOS PARA RECUPERACION FUNDIONAL Y REALIZAR EJERCICIOS
DE ESTIRAMIENTO
*SE LE INDICA CONSULTAR POR EPS PARA RETOMAR CONTROLES POR
ESPECIALIDAD DISIATRIA/ OTROPEDIA PARA DETERMINAR NUEVOS MANEJOS
Y CONDUCTAS
*SE LE INDICA CUMPLIR CON MANEOS MEDICOS Y CONTROLES
**SE DEBE INGRESAR A SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICO DEL
SISTEMA OSTEOMUSUCULAR
*SE LE INDICA A EMPLEADO ABSTENERSE DE REALIZAR ACTIVIDADES
EXTRALBORALES O DEPORTIVAS DE CHOQUE COMO BALONCESTO,
VOLEIBOL U OTRAS ACTIVIDADES O ATARDAS COTIDIANAS DE LA CASA QUE
GENEREN SOBREEFUERZO DE MIEMBROS SUPERIORES.>>

39. Si bien los documentos aportados por el actor dan cuenta de la existencia de una

serie de afecciones físicas en su hombro, lo cierto es que no prueban en forma
alguna que en la actualidad esa condición de salud lo pone en un estado de debilidad
manifiesta que le impida el desarrollo de sus labores. La existencia de una situación
médica, que puede ser predicada de cualquier persona a cualquier edad, no
determina necesariamente la imposibilidad de desempeñarse laboralmente. La
evidencia más clara de ello es que el accionante indicó que desde la fecha de su
accidente siguió desempeñando sus funciones, de manera que no se advierte una
razón válida por la cual se pueda pensar que no podrá hacer uso de su fuerza laboral
en un cargo diferente al que desempeñaba, o incluso en un escenario laboral
diferentes, bien sea como empleado en el sector privado o en el público, o de manera
independiente.

40. Ciertamente, en el expediente no hay evidencia de que el accionante presente

alguna limitación que le impida ejercer alguna actividad laboral y así lograr obtener
ingresos económicos para suplir las necesidades económicas de su hogar, la
manutención de sus hijos o los tratamientos médicos que requiera.

41.En los términos expuestos, el tutelante no acreditó los presupuestos necesarios

para considerar que su afección de salud lo ponga en un estado de debilidad
manifiesta, que amerite medidas de protección urgente por ser sujeto de especial
protección. En suma, la parte actora no logró acreditar que la desvinculación del
cargo que ocupaba en provisionalidad comporte un perjuicio irremediable, que se
traduzca en un obstáculo para su acceso a la pensión o que afecte su mínimo vital.

42. Finalmente, la Sala considera importante resaltar que el accionante se encontraba

designado en provisionalidad en un cargo de carrera. Ese tipo de vinculación, por su
naturaleza, es de carácter excepcional y transitorio, por cuanto tiene como fin
atender las necesidades del servicio, así como garantizar la correcta administración

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Radicación: 76001-23-33-000-2024-00260-01
Accionante: Luis Armando Victoria Medina
Accionado: Juzgado Tercero Civil Municipal de Jamundí y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de justicia, mientras se realizan los procedimientos respectivos para cubrir la
vacante respectiva10.

43. De manera que, al no encontrarse amparado por el régimen de carrera y las

prerrogativas que el mismo otorga, el demandante no puede pretender gozar de
tales beneficios. Máxime considerando que al momento en que aceptó la
designación en provisionalidad, conocía el carácter de su nombramiento y las
condiciones del empleo.

44. De ahí que no pueda decirse que su retiro del servicio se dio de forma
intempestiva, arbitraria o sorpresiva, sino que tuvo lugar en cumplimiento del mérito,
que prima como criterio objetivo para determinar el acceso al servicio público. Los
derechos de quienes ganan el concurso de méritos prevalecen sobre los de las
personas que se encuentran en provisionalidad. Ello, sin desconocer que cuando
estos últimos se encuentran en situación de debilidad manifiesta merecen un trato
especial, que debe propender por la adopción de medidas afirmativas a su favor
que, en todo caso, no implican de ninguna manera su permanencia inamovible en
un cargo y menos cuando ni siquiera se acreditan las condiciones para ser
considerado sujeto de especial protección constitucional, como en el caso que nos
ocupa.

45. Por lo expuesto anteriormente, la Sala confirmará la sentencia del 14 de mayo de

2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

46. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo dictado el 14 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

10 Corte Constitucional, Sentencia T-147 de 2013.

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Radicación: 76001-23-33-000-2024-00260-01
Accionante: Luis Armando Victoria Medina
Accionado: Juzgado Tercero Civil Municipal de Jamundí y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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