Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2024-00387-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2024-00387-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2024-00387-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
8 de agosto de 2024
Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
Radicación No.: 76001-23-33-000-2024-00387-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00387-01
Accionante: WILSON ALFONSO ANDRADE
Accionados: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y
OTRO
Tema: Revoca decisión de negar las pretensiones y, en su lugar, rechaza
la acción por no acreditar el cumplimiento del requisito de la
renuencia.
.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 16 de julio de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. El señor Wilson Alfonso Andrade, actuando en nombre propio, promovió
acción de cumplimiento contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Consejo Nacional Electoral (en adelante CNE). Su solicitud tiene como fin que se
ordene a las accionadas el acatamiento de lo establecido en el artículo 33 del
Decreto 721 de 19781 y en el inciso 12 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019.
2. Adicionalmente, el actor solicitó como pretensión especifica contra el
Consejo Nacional Electoral el cumplimiento del numeral 2 del artículo 7 de la Ley
1437 de 2011, sobre la atención personal al público de mínimo 40 horas a la
semana. Como consecuencia de lo anterior, el accionante solicitó lo siguiente:
PRETENSIONES PARA LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL
1
Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a
dichos empleos, y se dictan otras disposiciones.
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Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
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1): De la manera más respetuosa le solicito a los servidores públicos de la
Registraduría Nacional del Estado Civil en cabeza del doctor, HERNAN
PENAGOS GIRALDO como su máximo representante, el cumplimiento de la
jornada laboral de tiempo completo establecido en el artículo 33 del Decreto Ley
721 de 1978.
2): De igual manera solicito también el cumplimiento del mandato establecido
en el numeral 12 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 “Dedicar la totalidad del
tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas,
salvo las excepciones legales”.
PRETENSIONES PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE)
1): De la manera más respetuosa le solicito a los servidores públicos del
Consejo Nacional Electoral en cabeza de la doctora, MARITZA MARTÍNEZ
ARISTIZABAL como su máxima representante, el cumplimiento de la jornada
laboral de tiempo completo establecido en el artículo 33 del Decreto Ley 721 de
1978.
2): De igual manera solicito también el cumplimiento del mandato establecido
en el numeral 12 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 “Dedicar la totalidad del
tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas,
salvo las excepciones legales”.
3): De igual manera también solicito el cumplimiento del mandato establecido
en el numeral 2 del artículo 7 de la Ley 1437 de 2011 (Nuevo Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). “Garantizar
atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) horas a la
semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades
del servicio”.
1.2. Hechos y fundamento de la acción de cumplimiento
3. La parte actora considera que las entidades accionadas incumplen lo
establecido en el artículo 33 del Decreto Ley 721 de 1978, en lo que respecta a
la jornada laboral de 44 horas semanales que, a su juicio, deben cumplir los
servidores públicos. Igualmente, sostiene que las demandadas no acatan el
mandato establecido en el numeral 12 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 que
impone a los funcionarios dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo
al desempeño de las funciones encomendadas.
4. Por último, el accionante afirma que el CNE incumple la regla establecida
en el numeral 2 del artículo 7 de la Ley 1437 de 2011 en la que se dispone que
todas las autoridades deben garantizar atención personal al público, como
mínimo durante 40 horas a la semana, las cuales se distribuirán en horarios que
satisfagan las necesidades del servicio.
1.3. Actuaciones procesales
5. Mediante auto de 20 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca admitió la presente acción de cumplimiento. En consecuencia, ordenó
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Demandante: Wilson Alfonso Andrade
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil y otro
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notificar como autoridades accionadas a la Registraduría Nacional del Estado
Civil y al CNE.
1.4. Consejo Nacional Electoral
6. La entidad remitió informe en el que se opuso a las pretensiones de la
demanda, argumentando que no ha violado la normativa alegada por el
accionante. Por el contrario, sostuvo que ha propendido por garantizar los
servicios a la ciudadanía bajo los principios de transparencia y acceso a la
administración pública, en concordancia con su política de acercamiento a las
regiones.
7. En ese sentido, indicó que no se aportó ninguna prueba que logre
demostrar que los funcionarios de la entidad han incumplido con sus funciones o
no han dedicado el tiempo de la jornada laboral al cumplimiento de sus deberes.
8. En este orden, sostuvo que expidió la Circular No. 0012 CNE-DGC-2024
del 20 de febrero de 2024, en la que estableció la jornada laboral para los
funcionarios de dicha entidad de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, con una
hora de almuerzo.
9. Finalmente, respecto al cumplimiento del inciso 12 del artículo 38 de la Ley
1952 de 2019, señaló que de conformidad con la Circular CNE-DGC-0027-2024,
el horario de atención de la entidad es de 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua.
Así, adujo que cumple con el numeral 2° del artículo 7° de la Ley 1437 de 2011
al prestar atención a la ciudadanía un total de 45 horas a la semana en su sede
principal y 42.5 horas en otra sede.
1.5. Registraduría Nacional del Estado Civil
10. En el informe rendido la autoridad accionada se opuso a las pretensiones
de la demanda, indicando que está facultada para adecuar la jornada laboral de
los servidores de esa entidad de acuerdo con las necesidades de la institución.
Por ende, considera que puede establecer los horarios dentro de los que se
prestan los servicios, siempre y cuando, se respete la jornada máxima de 44
horas semanales, como lo dispone el Decreto 1042 de 1978.
11. Puso de presente que la Corte Constitucional, en sentencia C-1063 de
2000, unificó la jornada laboral para los empleados públicos de los órdenes
nacional y territorial de conformidad con el artículo 6° del Decreto 1010 de 2000.
Por tanto, la Registraduría al ser una entidad con autonomía administrativa,
puede definir su jornada laboral siempre y cuando cumpla con los mínimos
establecidos en el marco normativo vigente.
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Demandante: Wilson Alfonso Andrade
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12. En este orden, expuso que la entidad al tener un horario de trabajo para
labores administrativas de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes, cumple con 40
horas laborales a la semana, lo que evidencia que la cumple con lo establecido
en el artículo 33 del Decreto 721 de 1978, pues no se supera la jornada máxima
de 44 horas laborales.
13. Finalmente, respecto del horario de atención al público, indicó que la
entidad estableció un horario en las sedes de las Delegaciones y Registraduría
Distrital, Registradurías Especiales, auxiliares y municipales, una jornada
continua de 8:00 am a 4:00 pm y una hora de 4 pm a 5 pm para atender labores
administrativas, garantizando un mínimo de 40 horas, por lo que se cumple con
lo establecido en el artículo 7-2 de la Ley 1437 de 2011.
1.6. Fallo de primera instancia
14. En sentencia del 16 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca negó las pretensiones solicitadas por la parte actora respecto de las
dos entidades accionadas. Para fundamentar su decisión, el a quo señaló que en
el índice 3 del expediente de primera instancia está el oficio que prueba que el
actor el 24 de mayo requirió a las accionadas el cumplimiento de las normas que
se aducen desconocidas en esta acción de cumplimiento. Por ende, se determinó
que se cumplió con el requisito de la constitución en renuencia.
15. Respecto del fondo de la decisión, el Tribunal explicó que el artículo 33 del
Decreto Ley 721 de 1978 establece una jornada máxima laboral de 44 horas
semanales. Es decir, que las accionadas pueden determinar una jornada laboral
de hasta 44 horas a la semana, lo que el mandato invocado como desconocido
no implica que al establecer una jornada inferior se esté desatendiendo la norma
en cuestión.
16. Por otra parte, respecto el numeral 12 del artículo 38 de la Ley 1952 de
2019, el Tribunal explicó que esa disposición no establece un deber a cargo de
las entidades públicas, sino de los servidores públicos que prestan allí sus
servicios. Por lo tanto, no es un mandato imponible a las accionadas.
17. Finalmente, respecto del reproche dirigido únicamente contra el CNE
sostuvo que consultada la página web de la entidad accionada se constató que
dicha entidad dispuso como horario de atención al público de lunes a viernes
entre las 8:00 am a 5:00 pm en jornada continua. En consecuencia, es claro que
la accionada acata el horario de atención personal al público de 40 horas
semanales establecido en el artículo 7-2 de la Ley 1437 de 2011.
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1.7. Impugnación
18. El señor Wilson Alfonso Andrade impugnó la sentencia de primera
instancia en escrito en el que reiteró cada uno de los argumentos que sustentaron
la demanda. Igualmente, enfatizó que no está de acuerdo con la premisa de que
las normas invocadas no cuentan con un mandato imperativo y, por tanto, adujo
que el artículo 33 del Decreto Ley 721 de 1978, como los pronunciamientos de
los altos tribunales y del Departamento Administrativo de la Función Pública (en
adelante DAFP), contienen conceptos que distinguen lo que es jornada laboral y
el horario de trabajo y que los jefes de los organismos o entidades tienen la
competencia para establecer el horario en cumplimiento de la jornada laboral.
19. Señaló que el DAFP ha expedido varios conceptos en los que ha
estipulado que la jornada de los servidores públicos en Colombia es de 44 horas
semanales, las cuales pueden ser cumplidas bajo los horarios que los
nominadores consideren, de acuerdo a las necesidades del servicio2. Adicionó
que en la sentencia con radicado 11001-03-25-000-2017-00146-00 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, se diferenció la jornada laboral del horario de
trabajo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
20. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
el señor Wilson Alfonso Andrade contra la sentencia del 16 de julio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Lo anterior de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1253, 1504 y 2435 de la Ley 1437
de 20116, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena
del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de
esta corporación para conocer de «las apelaciones contra las providencias
2
Refirió en particular el Concepto 007881 de 2021, expedido con fundamento en la Sentencia de
la Corte Constitucional No. 1063 del año 2000, en el que se precisó: «En conclusión, los jefes de
las entidades pueden establecer los horarios de trabajo (sean horarios flexibles o no) para sus
empleados de acuerdo con las necesidades del servicio, evitando afectar el cumplimiento de la
jornada laboral. De esta forma, de acuerdo con lo observado en el Decreto del municipio por el
cual se fija la jornada laboral, se fijó una jornada de lunes a viernes correspondiente a 42 horas
semanales. Por tanto, y en todo caso corresponde a los empleados cumplir con la jornada laboral
de 44 horas semanales conforme a la normativa que se ha dejado indicada».
3
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
4
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
5
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
6
«Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código. [..]».
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susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en
primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
21. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
22. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad «la renuencia»
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
23. Para que la demanda proceda, se requiere:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (artículo
1.º)7.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5.º y 6.º).
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda. Excepcionalmente,
se puede prescindir de este requisito «(…) cuando el cumplirlo a cabalidad
genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable (…)» caso en el
cual deberá ser sustentado en la demanda (artículo 8.º).
(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(v) No pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela (artículo 9.º).
7
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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(vi) El acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
(artículo 9.º).
2.3. De la renuencia
24. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad. Esta consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo y que ésta se ratifique en el incumplimiento o no conteste en
el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud.
25. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad, la Sala ha
señalado que «el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino
una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.
26. Sobre este tema, esta Sección9 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener
en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la
norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de
cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el
señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del
sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa,
puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el
incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad
o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que
el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma
a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar
tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber omitido,
puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y, para demostrar
la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que
previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto
jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de
normas con fuerza material de ley o actos administrativos10. (Negrillas fuera de texto).
27. En efecto, el inciso 2.° del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
10
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla.
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que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud.
28. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa de que su objetivo
es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997
no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
29. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia11.
30. Sobre el requisito en cuestión en este asunto, la Sala no comparte lo
decidido por el juez colegiado de primera instancia sobre el cumplimiento de la
renuencia. Lo anterior porque, si bien es cierto, en la demanda el actor aduce que
requirió en renuencia a las entidades accionadas, lo cierto es que solo aportó una
constancia en la que se evidencia que su solicitud fue radicada
satisfactoriamente. Sin embargo, no existe prueba del contenido de ese
requerimiento, por lo que la sala no puede verificar en concreto que solicitó el
señor Wilson Alfonso Andrade.
31. En efecto, el actor pretende probar que cumplió con la carga procesal del
requerimiento en renuencia de las entidades accionadas con la siguiente
constancia:
(Folio 109 de la demanda digital).
11
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
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32. Para la Sala el anterior oficio no prueba el cumplimiento del requisito de la
renuncia porque no existe certeza de las normas que el actor solicitó a las
autoridades accionadas cumplir. En este sentido, no basta con allegar una
constancia de radicación de una petición o constitución en renuencia, sino que la
Sala considera que el actor tiene la carga procesal de demostrar el contenido de
la solicitud. Es importante resaltar que no se encontró en el expediente
documento que contenga el contenido del oficio mediante el cual el actor
pretendió constituir en renuencia a las accionadas.
33. Lo anterior es necesario para efectos de que el juez de cumplimiento
pueda realizar un debido análisis de la constitución en renuencia y determinar
que la misma fue realizada según los criterios que ha establecido esta Sala de
Decisión.
34. Así las cosas, la Sala revocará el fallo del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, se rechazará
la presente acción de cumplimiento por no cumplir con el requisito de la
constitución en renuencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 16 de julio de 2024 dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, RECHAZAR la demanda por no
agotar en debida forma el requisito de la renuencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUAREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Salvamento parcial de voto
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GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
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