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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2024-00825-01

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2024-00825-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Revocar la sentencia del 11 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar: SEGUNDO. Declarar improcedente el amparo solicitado por el señor Luis Hernando Ceballos, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2024-00825-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

21 de febrero de 2025

Radicado: 76001-23-33-000-2024-00825-01
Demandante: Luis Hernando Ceballos

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 76001-23-33-000-2024-00825-01
Demandante: LUIS HERNANDO CEBALLOS
Demandado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE CARTAGO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES - No procede estudio de fondo
porque no se cumplió el requisito de subsidiariedad / SUBSIDIARIEDAD – Requisito de
procedibilidad de la acción de tutela. Exige probar que se agotaron los mecanismos legales
disponibles para controvertir la decisión judicial cuestionada – De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 245 del CPACA cuando no se conceda, se rechace o se declare desierta la
apelación la parte interesada cuenta con el recurso de queja, para que aquella se conceda, de
ser procedente.

La Sala1 decide la impugnación interpuesta por el Municipio de Toro contra la sentencia
del 11 de diciembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. A N T E C E D E N T E S

Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela

1. El 29 de noviembre de 2024, el señor Luis Hernando Ceballos interpuso acción de
tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago, Valle del Cauca, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión de las providencias proferidas el 30 de agosto y
el 15 de octubre de 2024, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 76147-3340-002-2016-00600-00. Formuló las siguientes
pretensiones:

PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de
defensa, acceso a la Administración de justicia y al principio de legalidad, toda vez
que el juzgado segundo Administrativo oral de Cartago-Valle, en interlocutorio # 413
de agosto 13 del 2024 y auto interlocutorio # 521 del 15 de octubre del 2024, incurrió
en un defecto sustantivo pues se observa que, de manera errada, desconoció las
pruebas aportadas durante el debate procesal y el precedente judicial.

1 Se advierte que el 21 de enero de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,

para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
1

Radicado: 76001-23-33-000-2024-00825-01
Demandante: Luis Hernando Ceballos

SEGUNDO: Que se deje sin efectos los autos 413 de agosto 30 del 2024 y auto
interlocutorio #521 del 15 de octubre del 2024 proferidos por el juzgado segundo
Administrativo oral de Cartago - Valle, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicación 76-147-33-40-002-2016-00600-00.

TERCERO: Ordenar al juzgado segundo Administrativo oral de Cartago - Valle que
en el término de esta providencia profiera una nueva decisión interlocutoria dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho aludido, teniendo en cuenta
los lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la
presente Litis.

Las anteriores pretensiones encuentran su fundamento en los hechos arriba ya
mencionados.

2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos y jurídicos relevantes:

3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Luis Hernando Ceballos demandó al Municipio y al Concejo de Toro, Valle del Cauca,
con el fin de que se ejerciera control de legalidad de los siguientes actos administrativos:
i) acta de sesión de elección del 7 de enero de 2016, ii) acta No. 5 de sesión
extraordinaria del 29 de marzo de 2016, iii) Resolución No. 11 del 29 de marzo de 2016,
iv) Resolución No. 16 del 28 de abril de 2016 y v) Resolución No. 17 del 4 de mayo de
2016. A título de restablecimiento de derecho, solicitó que se declarara la legalidad y
firmeza de la Resolución No. 5 del 2 de febrero de 2016 y que se ordenara el
reconocimiento y pago de los sueldos, primas, cesantías, vacaciones y demás
emolumentos dejados de percibir.

4. Según se narró en la demanda, el señor Luis Hernando Ceballos participó en el
concurso abierto de méritos para proveer el cargo de Personero del Municipio de Toro,
Valle del Cauca, y obtuvo un puntaje de 75.7%; no obstante, pese a que quedó en el
primer lugar de la lista de elegibles, en sesión de elección del 7 de enero de 2016, el
Concejo Municipal se abstuvo de designarlo en el cargo, por considerar que estaba
incurso en una causal de inhabilidad.

5. Inconforme con lo anterior, el demandante interpuso acción de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso y de acceso a
cargos públicos, por lo que, el 29 de enero de 2016, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Buga ordenó al Concejo Municipal del Toro que en el término de 48 horas siguientes a
la notificación profiriera el acto administrativo de nombramiento del accionante en el
cargo de Personero Municipal de Toro. Tal decisión fue impugnada por la entidad
accionada.

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Demandante: Luis Hernando Ceballos

6. En cumplimiento de la referida orden judicial, el Concejo Municipal de Toro expidió la
Resolución No. 5 del 2 de febrero de 2016, a través de la cual designó al señor Ceballos
como personero del referido municipio.

7. No obstante, al resolver la alzada, el Juzgado Penal del Circuito de Roldanillo —no se
especificó el número del juzgado— revocó la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, declaró improcedente la petición de amparo, al no encontrar acreditado el requisito
de subsidiariedad. Por tal motivo, en sesión extraordinaria del 29 de marzo de 2016, el
Concejo Municipal de Toro expidió la Resolución No. 11, por medio de la cual dejó sin
efectos el nombramiento efectuado mediante la Resolución No. 05 del 2 de febrero
anterior.

8. En desacuerdo con lo resuelto, el accionante interpuso recurso de reposición contra
el referido acto administrativo y, el 28 de abril de 2016, el Concejo Municipal de Toro
expidió la Resolución No. 016, en la que confirmó en su integridad la Resolución No. 11
del 29 de marzo de 2016.

9. Finalmente, el Concejo Municipal de Toro expidió la Resolución No. 17 del 4 de mayo
de 2016, mediante la cual convocó a concurso público y abierto de méritos para proveer
el cargo de personero municipal de Toro.

10. En criterio del señor Luis Hernando Ceballos, los actos administrativos demandados
adolecen de falsa motivación, pues en ellos el Concejo Municipal del Toro afirmó sin
fundamento alguno que se encontraba incurso en una causal de inhabilidad para ejercer
el cargo y decidió convocar nuevamente al concurso de méritos sin haber declarado
formalmente la terminación del otro proceso de selección.

11. Al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se le asignó el radicado 76001-
23-33-000-2024-00825-00 y correspondió, por reparto, al Juzgado Segundo
Administrativo de Cartago, el que, mediante providencia del 1° de junio de 2018, declaró
probadas de oficio las excepciones previas de caducidad e ineptitud sustantiva de la
demanda, respecto de la pretensión de declarar la nulidad del acta de sesión de elección
del 7 de enero de 2016, en la medida en que no se agotó el requisito de procedibilidad
de la conciliación extrajudicial y que la demanda, respecto de tal pretensión, fue
presentada extemporáneamente.

12. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, por lo que, el 31 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca confirmó la providencia impugnada, pero por razones distintas a las que
condujeron al a quo a declarar probadas las excepciones de inepta demanda y
caducidad.
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Radicado: 76001-23-33-000-2024-00825-01
Demandante: Luis Hernando Ceballos

13. Precisó que se declaraba la «terminación del proceso», porque no se allegó
constancia de conciliación respecto de la pretensión de nulidad del acta de sesión de
elección del 7 de enero de 2016 y, en cuanto a la caducidad, sostuvo que la demanda
fue presentada extemporáneamente, dado que el accionante recibió respuesta en la que
se le ratificó lo decidido en la sesión, el 15 de enero de 2016, por lo cual el término para
interponer oportunamente la demanda transcurrió entre el 16 de enero y el 26 de mayo
de 2016.

14. En el ordinal segundo de la parte resolutiva de la providencia del 31 de mayo de
2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dispuso: «DAR POR TERMINADO
el presente medio de control».

15. En consecuencia, el 24 de julio de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo de
Cartago ordenó obedecer y cumplir lo resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en la providencia del 31 de mayo de 2024, y fijar fecha y hora para la celebración
de audiencia inicial respecto de las pretensiones de la demanda frente a las cuales no
se declaró terminado el proceso.

16. Sin embargo, el 30 de agosto siguiente, autoridad judicial accionada profirió «auto de
saneamiento», por medio del cual dejó sin efectos lo resuelto en los ordinales primero y
segundo de la providencia del 24 de julio de 2024 y ordenó el archivo definitivo del
proceso. Esta providencia fue impugnada por la parte demandante; no obstante,
mediante auto del 15 de octubre de 2024, la autoridad judicial accionada rechazó por
improcedente el recurso de apelación, por considerar que, en los términos del artículo
243 del CPACA, la providencia que sanea el proceso no es susceptible de tal recurso.

17. El accionante afirmó que la providencia censurada incurrió en vía de hecho, por haber
declarado terminado el proceso con base en una indebida interpretación del auto
interlocutorio del 31 de mayo de 2024. A su modo de ver, la orden proferida en la referida
providencia se refería exclusivamente a la pretensión de nulidad del acta de sesión del
7 de enero de 2016 y no a la totalidad de las pretensiones, como erróneamente lo
consideró el juzgado.

Trámite impartido e intervenciones

18. Mediante auto del 29 de noviembre de 20242, el despacho sustanciador del proceso
en primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar al juez Segundo
Administrativo de Cartago, en calidad de demandado, y al alcalde y al personero del
Municipio de Toro, como terceros con interés.

2 SAMAI, índice 5 del expediente digital del proceso de tutela en primera instancia.

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Demandante: Luis Hernando Ceballos

19. El Juzgado Segundo Administrativo de Cartago3 allegó el expediente del proceso
de reparación directa con radicado 76147-33-33-002-2016-00600-00, pero no se
pronunció respecto de la solicitud de amparo.

20. El Municipio de Toro4 solicitó que se negara el amparo solicitado, pues la acción de
tutela no es el mecanismo idóneo para revivir recursos administrativos ni términos.

21. Los demás vinculados guardaron silencio, pese a haber sido notificados del auto
admisorio de la demanda.

Fallo impugnado

22. En sentencia del 11 de diciembre de 20245, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca amparó los derechos fundamentales del accionante, para lo cual dejó sin efectos
las actuaciones surtidas a partir del auto 413 del 30 de agosto de 2024, proferido en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76147-3340-
002-2016-00600-00, y ordenó al Juzgado Segundo Administrativo de Cartago que, en el
término de cinco días siguientes la notificación de la providencia, profiriera una nueva
decisión en la que continuara con el trámite del proceso.

23. Para sustentar su decisión, el a quo argumentó que la autoridad judicial accionada,
so pretexto de cumplir con una orden proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, se apartó completamente del procedimiento legalmente establecido, pues
realizó una interpretación restrictiva y aislada de la providencia del 31 de mayo de 2024,
lo que imposibilitó continuar el estudio de legalidad de los demás actos administrativos
demandados y cercenó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia del señor Luis Hernando Ceballos.

Impugnación

24. En la impugnación, el Municipio de Toro señaló que el a quo omitió pronunciarse
frente a los argumentos que expuso en la contestación de la demanda y que su decisión
se fundamentó en un análisis deficiente de la providencia del 31 de mayo de 2024.

25. Insistió en que, en la providencia censurada, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca encontró probada la excepción de caducidad del medio de control y dio por

3
SAMAI, índice 9 del expediente digital del proceso de tutela en primera instancia.
4
SAMAI, índice 10 del expediente digital del proceso de tutela en primera instancia.
5 SAMAI, índice 14 del expediente digital del proceso de tutela en primera instancia.

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Demandante: Luis Hernando Ceballos

terminado el proceso, al tiempo que precisó que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para «revivir recursos administrativos ni términos».

II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 11 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que amparó los derechos fundamentales del accionante.

27. Para ello, en primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
requisitos generales de tutela contra providencia judicial. De ser así, se abordará el
estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si se configura el defecto
procedimental absoluto endilgado por el a quo a las providencias proferidas el 30 de
agosto y el 15 de octubre de 2024 por el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago.

Análisis de la Sala

Requisitos generales de procedibilidad

28. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que las providencias censuradas
fueron proferidas el 30 de agosto y el 15 de octubre de 2024, y notificadas el 2 de
septiembre y el 16 de octubre de 2024, respectivamente, mientras que la solicitud de
amparo se presentó el 29 de noviembre de 2024, esto es, dentro de los seis meses
siguientes. Este término resulta razonable.

29. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

30. De la subsidiariedad6. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe
ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado,
pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y,
de concurrir, concederá el amparo impetrado.

31. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los

6 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación,

expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de junio de 2016
(expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia del 1º de junio de
2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
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Demandante: Luis Hernando Ceballos

derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

32. No en vano los artículos 867 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 19918 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia
de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera
que el amparo sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos ordinarios
de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y
eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional
manifestó9:

La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión
o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico
no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a
objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías
judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir
según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico
ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque
siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de
tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario
para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último
recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la
de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de
llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las
personas una plena protección de sus derechos esenciales.

33. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario,
la tutela deviene improcedente.

34. Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se
puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o
violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría
ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización del
perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,
pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de
acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados a los derechos
fundamentales.

7 «Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y

lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)». (se destaca).
8 «Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)».
9 Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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Radicado: 76001-23-33-000-2024-00825-01
Demandante: Luis Hernando Ceballos

35. La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio
irremediable, así10: «es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un
derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma
de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que
el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad
de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela
como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales».

Análisis de la subsidiariedad en el caso concreto

36. En el caso particular, el señor Luis Hernando Ceballos cuestionó las providencias
proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago, el 30 de agosto y el 15
de octubre de 2024, por considerar que se interpretó de manera restrictiva la orden de
dar por terminado el proceso, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
mediante auto del 31 de mayo de 2024.

37. A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en lo que denominó
«vía de hecho», al dar por terminado el proceso respecto de la totalidad de las súplicas
de la demanda, sin tener en cuenta que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
sólo se pronunció frente a la pretensión de nulidad del acta de sesión del 7 de enero de
2016.

38. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca amparó los
derechos fundamentales del accionante, por considerar que el accionado realizó una
interpretación restrictiva y aislada de la orden proferida en el auto del 31 de mayo de
2024. Que, so pretexto de cumplir con el numeral segundo de la parte resolutiva de la
referida providencia, se apartó completamente del procedimiento legal y, en lugar de
continuar el proceso frente a la pretensión de nulidad de los demás actos acusados,
como inicialmente se ordenó, dejó sin efectos la providencia y siguió un trámite
totalmente ajeno al previsto en la ley.

39. Revisado el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la
Sala observa que, mediante auto del 15 de octubre de 2024, el Juzgado accionado
rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra
la decisión que dejó sin efectos los ordinales primero y segundo del auto del 24 de julio
de 2024 y, en su lugar, declaró terminado el proceso, por considerar que la providencia
de saneamiento del proceso del 30 de agosto de 2024 no es susceptible de alzada.

10 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a: Corte

Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.
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Demandante: Luis Hernando Ceballos

40. Así, de entrada, la Sala advierte que no procede efectuar un análisis de fondo, pues,
como se explicará, la petición de amparo carece del requisito de subsidiariedad.

41. En el presente caso, se observa que el accionante contaba con los recursos de
reposición y de queja, subsidiariamente, para impugnar la decisión del Juzgado Segundo
Administrativo de Cartago, mecanismos judiciales idóneos para proteger eficazmente
sus derechos fundamentales; sin embargo, como se verificó en el Sistema de
Información Judicial SAMAI del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor Luis Hernando Ceballos no ejerció los referidos medios de impugnación y, por
tanto, no puede ahora utilizar la acción de tutela para corregir dicha falencia.

42. El recurso de queja permite que el superior funcional determine el acierto o no del
funcionario de primer grado al no conceder, rechazar, o declarar desierto un recurso de
apelación e, incluso, cuando se concede en un efecto distinto al previsto por el legislador,
entre otras variables. En ese sentido, conviene citar el artículo 245 del CPACA,
modificado por el artículo 65 de la Ley 2080 de 2021, y vigente para el momento en que
se dictó la providencia cuestionada, que dispone:

Artículo 245. Queja. Este recurso se interpondrá ante el superior cuando no se
conceda, se rechace o se declare desierta la apelación, para que esta se conceda,
de ser procedente.

Asimismo, cuando el recurso de apelación se conceda en un efecto diferente al
señalado en la ley y cuando no se concedan los recursos extraordinarios de
revisión y unificación de jurisprudencia previstos en este código.

Para su trámite e interposición se aplicará lo establecido en el artículo 353 del
Código General del Proceso.

43. Esta disposición debe estudiarse de manera complementaria con el artículo 353 del
Código General del Proceso, por la expresa remisión normativa que a él hace el artículo
245 del CPACA. En tal sentido, se observa que aquel estatuto procesal exige que el
recurso de queja se interponga en subsidio del de reposición11. Lo anterior significa que
la parte actora contaba con esos dos medios de impugnación: el recurso de reposición
y en subsidio el de queja. Así lo señala el artículo 353 del CGP:

ARTÍCULO 353. INTERPOSICIÓN Y TRÁMITE. El recurso de queja deberá
interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la apelación
o la casación, salvo cuando este sea consecuencia de la reposición interpuesta
por la parte contraria, caso en el cual deberá interponerse directamente dentro de
la ejecutoria.

Denegada la reposición, o interpuesta la queja, según el caso, el juez ordenará la
reproducción de las piezas procesales necesarias, para lo cual se procederá en la

11 Al respecto, ver, entre otras providencias de esta Corporación, los autos (i) del 11 de julio de 2017,

dictado por la Sección Tercera, Subsección A (M.P. Marta Nubia Velásquez Rico), dentro del expediente
con radicado 25000-23-36-000-2015-00576-01(57790), y (ii) del 19 de marzo de 2024, dictado por la
Sección Quinta (M.P. Luis Alberto Álvarez Parra [e]) dentro del expediente con radicado 76001-23-33-000-
2023-00813-01.
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Radicado: 76001-23-33-000-2024-00825-01
Demandante: Luis Hernando Ceballos

forma prevista para el trámite de la apelación. Expedidas las copias se remitirán al
superior, quien podrá ordenar al inferior que remita copias de otras piezas del
expediente.

El escrito se mantendrá en la secretaría por tres (3) días a disposición de la otra
parte para que manifieste lo que estime oportuno, y surtido el traslado se decidirá
el recurso.

Si el superior estima indebida la denegación de la apelación o de la casación, la
admitirá y comunicará su decisión al inferior, con indicación del efecto en que
corresponda en el primer caso

44. El ejercicio del recurso de queja está ligado a la formulación del recurso de
reposición, que, a voces del artículo 24212 de la Ley 1437 de 2011, procede contra todas
las providencias, salvo norma legal en contrario, y debe interponerse en la forma y
oportunidad que señala el artículo 318 del Código General del Proceso, así:

(…)
El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en
forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie
fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3)
días siguientes al de la notificación del auto. (…).

45. Así pues, de una interpretación sistemática de los artículos 242 y 245 de la Ley 1437
de 2011, en armonía los artículos 318 y 353 del Código General del Proceso, es claro
que si el accionante estaba en desacuerdo con la decisión del juzgado accionado de
rechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el auto que ordenó
el archivo definitivo del proceso, debió planear la censura como recurso de reposición y
en subsidio de queja contra aquella providencia.

46. En este caso, sin embargo, ninguna protesta se levantó en contra de la decisión del
accionado, de suerte que, al proponerse ese escrutinio en sede constitucional, lo que se
pretende es revivir una oportunidad que se dejó precluir o que se supla la finalidad de
otros recursos idóneos que no se formularon.

47. De ahí que, en criterio de la Sala, la acción de tutela se torne improcedente, pues,
de lo contrario, se estaría aceptando reemplazar los mecanismos previstos por el
legislador para la defensa de los derechos. La acción de tutela, se insiste, no procede
cuando el interesado deja de ejercer los mecanismos que el ordenamiento jurídico ha
previsto para proteger eficazmente los derechos fundamentales en los procesos
ordinarios13.

12 Artículo 242. Reposición. El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal
en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del
Proceso.
13
Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la sentencia T-520 de 1992, explicó que la persona que
«no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el
reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los
fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la
firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa
a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por tanto, apelar a la tutela,
10

Radicado: 76001-23-33-000-2024-00825-01
Demandante: Luis Hernando Ceballos

48. En definitiva, la Sala revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar,
declarará improcedente la presente acción de tutela, por incumplimiento del requisito
general de subsidiariedad. De esa manera queda resuelto el problema jurídico planteado.

49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Revocar la sentencia del 11 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar:

SEGUNDO. Declarar improcedente el amparo solicitado por el señor Luis Hernando
Ceballos, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con salvamento de voto

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados
por el propio descuido procesal».

11

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