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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2024-00855-01

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2024-00855-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones expuestas. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente digital al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 76001-23-33-000-2024-00855-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

12 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 760012333000202400855011
Recurso de apelación contra la sentencia de 5 de marzo de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Cundinamarca
Solicitante: ÁLVARO GARCÍA AGUIRRE

TESIS: EL CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) QUE
FUNGE COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO
SAN PEDRO DE PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) NO INCURRIÓ EN LA
INHABILIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 43, NUMERAL 2, DE LA LEY 136 DE
1994, PORQUE DICHA CALIDAD NO ES LA DE EMPLEADO PÚBLICO, POR SER
ESTE UNO DE LOS ELEMENTOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA LA
ESTRUCTURACIÓN DE DICHA INHABILIDAD. TAMPOCO INCURRIÓ EN LA
CAUSAL DE INCOMPATIBILIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 45, NUMERAL 5,
DE ESA MISMA LEY, PORQUE LA MENCIONADA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
NO ES EMPRESA QUE PRESTE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS O
SERVICIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA,
PUESTO QUE EL EJERCICIO SIMULTÁNEO QUE DA LUGAR A LA
INCOMPATIBILIDAD, ES EL DE REPRESENTANTE LEGAL O MIEMBRO DE JUNTA
O CONSEJO DIRECTIVO DE UNA EMPRESA QUE PRESTA TALES SERVICIOS EN
EL MUNICIPIO DE LA ELECCIÓN. EN CONSECUENCIA, NO SE CONFIGURA EL
ELEMENTO OBJETIVO DE LA CAUSAL DE PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA POR
VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 55, NUMERAL 2, DE LA LEY 136.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las

providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 76001 23 33 000 2024 00855 01
Solicitante: ÁLVARO GARCÍA AGUIRRE

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor
ÁLVARO GARCÍA AGUIRRE contra la sentencia de 5 de marzo de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
por medio de la cual denegó la pérdida de investidura del concejal
del municipio de Palmira (Valle del Cauca), señor GUSTAVO
ADOLFO DÍAZ GÓMEZ, elegido por el período constitucional 2024-
2027.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El señor ÁLVARO GARCÍA AGUIRRE, actuando en nombre
propio, solicitó decretar la pérdida de investidura del señor
GUSTAVO ADOLFO DÍAZ GÓMEZ, concejal elegido del municipio
de Palmira (Valle del Cauca) por el período constitucional 2024-2027,
al considerar que incurrió en la causal de pérdida de la investidura
prevista en el artículo 55, numeral 2, de la Ley 136 de 2 de junio de
19942, y en el artículo 48, numeral 2, de la Ley 617 de 6 de octubre
de 20003, por violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades de los concejales.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, lo
siguiente:

Que el señor GUSTAVO ADOLFO DÍAZ GÓMEZ ha ostentado el
cargo de presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San

2 “[…] por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de

los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.

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Solicitante: ÁLVARO GARCÍA AGUIRRE

Pedro del municipio de Palmira (Valle del Cauca), desde el año 2022;
no obstante, a pesar de su inscripción como candidato al concejo de
ese municipio y su elección el 29 de octubre de 2023, continúa
ejerciendo las funciones de presidente de la mencionada junta,
administrando recursos públicos provenientes de programas del
Estado.

Agregó que siendo presidente de la Junta de Acción Comunal,
participó de programas como el de “[…] Campañas Comunales -
Acción 2.6 […]” del Ministerio del Interior, del que recibió $2.000.000
en el año 2022, y el programa de la alcaldía municipal de Palmira
“[…] Yo cuido mi barrio […]”, organizado en octubre de 2022, en el
que la Junta de Acción Comunal tuvo un rol central en actividades
financiadas con recursos públicos.

Que, por lo anterior, se encuentra incurso en la inhabilidad prevista
en el artículo 40, numeral 2, de la Ley 617, que prohíbe ser elegido
concejal a quien, dentro de los 12 meses anteriores a la elección,
haya ejercido la representación legal de una entidad que administre
o gestione recursos públicos en el municipio.

Y que debido a su ejercicio simultáneo como concejal del municipio
de Palmira (Valle del Cauca) y como presidente de la Junta de Acción
Comuna del barrio San Pedro de ese mismo municipio, está incurso
en la incompatibilidad prevista en el artículo 45, numeral 5, de la Ley
136, adicionado por el artículo 41 de la Ley 617, que prohíbe a los
concejales ser miembros de juntas y otras organizaciones.

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Solicitante: ÁLVARO GARCÍA AGUIRRE

I.3.- El concejal GUSTAVO ADOLFO DÍAZ GÓMEZ, obrando por
conducto de apoderado judicial, contestó la demanda y se opuso a la
pretensión de pérdida de la investidura, en esencia, con los
siguientes argumentos:

En primer lugar, indicó que los supuestos fácticos en que se funda la
solicitud no configuran las causales de inhabilidad e incompatibilidad
que se le endilgan por el accionante, fundamentalmente, porque las
juntas de acción comunal, hoy organizaciones de acción comunal,
conforme a los artículos 38 de la Constitución Política y 7° de la Ley
2166 de 2021, son entidades privadas, sin ánimo de lucro, cuyos
integrantes no son servidores públicos, de manera que su cargo
como presidente no le impide ser elegido concejal.

Señaló que aun cuando el actor no definió, sustentó, ni probó las
causales de inhabilidad e incompatibilidad alegadas, en su defensa,
acudía a las consideraciones de la sentencia de 26 de enero de 2017
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado4, que denegó
una demanda de nulidad electoral por considerar que ejercer como
presidente de una junta de acción comunal, en forma concomitante
con el cargo de edil de la misma comuna, no configura inhabilidad
alguna.

En segundo orden, afirmó que en el proceso denominado “[…]
Campañas Comunales – Acción 2.6 […] del Ministerio del Interior, la
junta de acción comunal participó de distintas asesorías y asistencias
técnicas, y en julio de 2022 postuló su propuesta “[…] Talentos de

4 MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E), expediente con número único de radicación

08001-23-33-000-2015-90054- 01(NE).

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mi Barrio […] en julio de 2022, la cual fue favorecida con el giro
directo de dos millones de pesos a la cuenta bancaria de la junta,
recursos con los que, en conjunto con la Junta Directiva, se
adquirieron insumos deportivos.

Adujo que, en todo caso, las actividades se cumplieron antes de los
12 meses que determina la norma para la configuración de la
inhabilidad, pues dicho período transcurrió entre el 29 de octubre de
2022 y el 29 de octubre de 2023, fecha esta última en la que se llevó
a cabo su elección como concejal.

Sobre el programa social “[…] Yo cuido mi barrio […], organizado por
la alcaldía municipal de Palmira, manifestó que a través de él se llevó
la oferta de servicios institucionales a distintos barrios y
corregimientos, bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad y
Convivencia en articulación con el Programa PAZOS, cuyo objetivo
era buscar herramientas culturales, deportivas y sociales para alejar
la niñez y la juventud de los problemas como violencia, consumo de
sustancias psicoactivas, y otros.

Aseveró que el único papel de la Junta de Acción Comunal del barrio
San Pedro fue apoyar la iniciativa mediante la convocatoria y el
préstamo de sillas.

Afirmó que no realizó contrato alguno, ni tampoco ejecutó o manejó
dineros del erario, lo que se corrobora con un oficio remitido por la
mencionada secretaría del municipio, y con la consulta en el SECOP,
en la que consta que GUSTAVO ADOLFO DÍAZ GÓMEZ no ha

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Solicitante: ÁLVARO GARCÍA AGUIRRE

celebrado contratos estatales como representante legal de la
organización comunal.

Adujo que el hecho de tener la calidad de presidente de la Junta de
Acción Comunal del barrio San Pedro de Palmira, y ser
simultáneamente concejal de ese mismo municipio, no es supuesto
fáctico que esté establecido como incompatibilidad en ninguno de los
presupuestos previstos en el artículo 45 de la Ley 136, adicionado
por el artículo 41 de la Ley 617.

Indicó que no se configura el elemento subjetivo de la causal de
pérdida de la investidura, sobre la base de haber buscado asesoría
con varios abogados y contar con el concepto de uno de ellos,
descartando que estuviera inhabilitado para inscribirse y ser elegido
concejal del municipio de Palmira por las situaciones indicadas.

Por último, propuso la excepción de inepta demanda, por no haberse
allegado con la demanda la prueba de la organización electoral que
acreditara su elección como concejal de Palmira, período 2024-2027.

I.4.- El agente del Ministerio Público guardó silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia
proferida el 5 de marzo de 2025, denegó la pérdida de investidura
del señor GUSTAVO ADOLFO DÍAZ GÓMEZ, concejal del municipio
de Palmira (Valle del Cauca), porque no se demostró la configuración
objetiva de la inhabilidad e incompatibilidad aducidas por el actor,

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que resulta indispensable para que se estructure la causal de pérdida
de la investidura prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley
136, por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

A dicha conclusión arribó luego de valorar los medios de convicción
que reposan en el proceso, a partir de los cuales si bien encontró
probada la calidad de concejal del municipio de Palmira (Valle del
Cauca) del señor GUSTAVO ADOLFO DÍAZ GÓMEZ, así como su
calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San
Pedro de ese mismo municipio desde el 9 de febrero de 2022, no
halló acreditado que esta última condición constituya ejercicio como
empleado público, elemento que resulta indispensable para
estructurar la inhabilidad prevista en el artículo 43, numeral 2, de la
Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, en la
que se dispone:

“[…] No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
municipal o distrital: […] 2. Quien dentro de los doce (12)
meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido
como empleado público, jurisdicción o autoridad política,
civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o
distrito, o quien, como empleado público del orden
nacional, departamental o municipal, haya intervenido como
ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión
o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse
en el respectivo municipio o distrito […]”.

Consideró que dada la naturaleza jurídica y la finalidad de las juntas
de acción comunal, previstas en los artículos 6° y 7° de la Ley 2166
de 18 de diciembre de 20215, se trata de personas jurídicas de

5 “[…] Por la cual se deroga la Ley 743 de 2002, se desarrolla el Artículo 38 de la Constitución

Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal y se establecen

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derecho privado y de naturaleza solidaria, integradas en forma
voluntaria por los residentes de un lugar, quienes aúnan esfuerzos y
recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y
sustentable y respecto de su integrantes no media ninguna relación
legal y reglamentaria que los vincule como empleados públicos.

De igual forma, atendiendo la literalidad del artículo 45, numeral 5,
de la Ley 136, adicionado por el artículo 41 de la Ley 617, consideró
que según los ingredientes normativos que configuran la
incompatibilidad prevista en esa norma, el ejercicio simultáneo como
concejal y como miembro de junta se prohíbe en cuanto se trate de
empresas de la seguridad social y de servicios públicos domiciliarios,
así:

“[…] Los concejales no podrán: […] Ser representantes
legales, miembros de juntas o consejos directivos, auditores
o revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas
que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad
social en el respectivo municipio […]”.

En ese orden, señaló que como las juntas de acción comunal,
regladas en la Ley 2166, no pertenecen a ninguna de dichas
categorías, el supuesto fáctico que se planteó en la demanda no
acredita la estructuración de la incompatibilidad invocada.

Por último, ante la ausencia de acreditación del elemento objetivo
propio de los procesos sancionatorios de pérdida de la investidura,
se relevó de estudiar el elemento subjetivo, referido a la culpabilidad
del concejal.

lineamientos para la formulación e implementación de la política pública de los organismos
de acción comunal y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones […]

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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

III.1.- El solicitante, obrando en nombre propio, interpuso recurso
de apelación contra la sentencia de 5 de marzo de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que en
segunda instancia se decrete la pérdida de la investidura del concejal,
planteando, en síntesis, lo siguiente:

La sentencia tiene graves errores de interpretación y aplicación de la
jurisprudencia vigente, así como en la omisión de análisis de hechos
expuestos y debidamente probados.

Lo anterior, debido a que la demanda no tiene por objeto probar la
calidad de servidor público del señor GUSTAVO ADOLFO DÍAZ
GÓMEZ sino la ventaja indebida que obtuvo frente a los demás
candidatos al ejecutar recursos públicos como presidente de la
mencionada junta, con lo cual obtuvo ventajas electorales frente a
los demás candidatos a ser elegidos concejales del municipio de
Palmira Valle del Cauca.

Asimismo, porque el tribunal no tuvo en cuenta lo admitido por el
concejal en la contestación de la demanda ni el cronograma
adjuntado por este, a partir de los cuales se probó que,
efectivamente, la Junta de Acción Comunal del barrio San Pedro de
Palmira, presidida por GUSTAVO ADOLFO DÍAZ GÓMEZ, recibió en
sus cuentas bancarias dos millones de pesos, con los que se
compraron insumos deportivos, y recursos del programa “[…]
CAMPAÑAS COMUNALES […] del Ministerio del Interior; tampoco tuvo
en cuenta que de acuerdo a ese cronograma, la gestión de los

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recursos ocurrió desde mayo de 2022 y hasta el 12 de diciembre de
2022, dentro del año anterior a su elección que lo fue el 29 de octubre
de 2023.

Conforme con lo anterior, afirma que GUSTAVO ADOLFO DÍAZ
GÓMEZ, como presidente de la junta, administró, gestionó y utilizó
recursos públicos para posicionarse en un lugar preponderante frente
a sus competidores y ante la comunidad de Palmira, todo ello dentro
del año anterior a su elección.

Aduce que se omitió analizar la jurisprudencia de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, proferida en el proceso identificado con el
número único de radicación 68001-23-33-000-2024-00043-02,
relevante en el presente asunto por estar referida a “[…] la
inhabilidad por celebración de contratos, encaminada a preservar la
igualdad entre los candidatos que participan en una contienda
electoral, en el supuesto de existir un vínculo contractual,
jurídicamente relevante con el Estado y potencialmente ventajoso, y
que sin duda genera un desequilibrio para acceder a los cargos de
elección popular […].

En ese orden, luego de transcribir apartes de ella, concluye que el
Tribunal omitió analizar la sentencia mencionada, máxime cuando
esa jurisprudencia estuvo presente en los alegatos de conclusión, y
conforme a ella, en el caso sub examine, la celebración indebida de
contratos cumple todos los elementos desarrollados por la sección
quinta y se encuentran demostrados.

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Por último, manifiesta que solamente se consideró el origen privado
de las juntas de acción comunal, dejando de lado que su participación
en la gestión de recursos públicos las vincula directamente con el
Estado, como administrador del gasto, para efectos de lo previsto en
el artículo 40, numeral 3, de la Ley 617.

Insistió en que la inhabilidad está prevista para quien, dentro del año
anterior a la elección, haya sido representante legal de entidades que
administren tributos, tasas o contribuciones, y quienes hayan sido
representantes de las entidades que presten servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El traslado del recurso de apelación, previsto en el numeral 3 del
artículo 14 de la Ley 1881 de 15 de enero de 20186, fue descorrido
así:

IV.1.- El concejal, obrando mediante apoderado, solicita confirmar
la sentencia proferida el 5 de marzo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. Manifestó que el actor solicitó la
pérdida de investidura del concejal, señor GUSTAVO ADOLFO DÍAZ
GÓMEZ, con fundamento en “[…] la causal de inhabilidad contenida
en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por
el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, e igualmente la causal de
incompatibilidad contenida en el numeral 5 del artículo 45 de la Ley

6 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”

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136 de 1994, adicionado por el artículo 41 de la Ley 617 de 2000
[…]”.

Considera que el apelante comete un gravísimo error cuando
manifiesta “[…] que el objeto de esta demanda no es la de probar la
calidad de servidor público del concejal […]“, puesto que ese es el
elemento normativo que está previsto en la norma inhabilitante; en
consecuencia, desconoce que la inhabilidad se aplica al empleado
público siempre que haya ejercido autoridad; entonces, sólo si se
cumple esa circunstancia, es posible entrar a revisar si celebró
contratos o ejecutó recursos dentro del período inhabilitante; por
esta razón, concluyó que no había lugar a revisar las actuaciones del
presidente de la junta de acción comunal, en lo material y temporal.

En cuanto a la incompatibilidad por la que se acusa al concejal, indica
que la claridad de la norma no permite llegar a una conclusión
distinta a la vertida en la sentencia de 5 de marzo de 2025; y que,
en este punto, el apelante no realiza ninguna argumentación para
controvertir el fallo.

Dice que no hay omisión del Tribunal sobre el estudio de la sentencia
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, debido a que
es inaplicable al presente asunto, pues dicho pronunciamiento está
circunscrito a la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del
artículo 40 de la Ley 617, de manera que la jurisprudencia allí
desarrollada se refiere a una causal de inhabilidad muy diferente a la
que se demandó, discutió y decidió en este proceso.

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Sobre esa misma base, señala que la argumentación frente a la
condición de “[…] administrador del gasto […] a la que se refiere el
apelante, resulta ajena al debate de este proceso, toda vez que los
planteamientos se derivan de la misma sentencia proferida por la
Sección Quinta, a la que se aludió anteriormente; y reitera que dicha
decisión se ocupó de una inhabilidad diferente a la endilgada en la
demanda.

En ese orden, solicita desestimar el recurso de apelación, puesto que
con él no se controvierte la sentencia impugnada, toda vez que hace
referencia al artículo 40, numeral 3, de la Ley 617, que no fue
propuesto en la demanda ni hizo parte del debate procesal, misma
razón por la cual el a quo no podía pronunciarse al respecto.

IV.2.- El agente del Ministerio Público rindió concepto, mediante el
cual solicitó confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, proferida el 5 de marzo de 2025, en primera
instancia, en síntesis, con los siguientes argumentos:

Los supuestos fácticos por los que se solicitó la pérdida de investidura
del concejal GUSTAVO ADOLFO DÍAZ GÓMEZ, por violación del
régimen de inhabilidades e incompatibilidades, son dos: (i) que
desde el año 2022 se desempeñaba como presidente de la Junta de
Acción Comunal del barrio San Pedro del municipio de Palmira (Valle
del Cauca) y que, pese a ello, se inscribió y, posteriormente, resultó
elegido concejal de ese mismo municipio; (ii) que mientras se
desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal del
barrio San Pedro de Palmira, administró recursos públicos
provenientes del Ministerio del Interior y de la alcaldía de ese mismo

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municipio, en ejecución de los programas “[…] Campañas Comunales
[…]” y “[…] Yo cuido mi barrio […]”, respectivamente.

Ninguna de esas dos conductas encaja en la inhabilidad prevista en
el artículo 43, numeral 2, de la Ley 136, modificado por el artículo 40
de la Ley 617, en tanto que los presidentes de las juntas de acción
comunal no son empleados públicos, y, en esa medida, no son
destinatarios de la prohibición.

Un razonamiento similar cabe en cuanto a la incompatibilidad del
artículo 45, numeral 5, de la Ley 136, adicionado por el artículo 41
de la Ley 617, pues esa prohibición está dirigida a que los concejales
no puedan ser representantes legales y directivos de las empresas
de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social que presten
sus servicios en el mismo municipio, circunstancia que se hace
extensiva a las juntas de acción comunal.

Concluye en que en el proceso quedó establecido que el señor
GUSTAVO ADOLFO DIAZ GOMEZ no se desempeñó como
empleado público, ni tampoco como representante legal o directivo
de una empresa que preste servicios públicos domiciliarios o servicios
de la seguridad social en el municipio de Palmira, del que fue elegido
concejal; por esta razón, estima que los cargos de la demanda y del
recurso son infundados y que la sentencia proferida por el a quo debe
permanecer incólume.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

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De conformidad con los términos en que fue presentado el recurso
de apelación, así como la oposición al recurso presentada por el
concejal y el concepto rendido por el Ministerio Público, le
corresponde a la Sala establecer si la sentencia de primera instancia,
de 5 de marzo de 2025, en la que se denegó la pérdida de investidura
del concejal por violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, desconoció los hechos probados en el proceso y
no tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Sección Quinta, en especial
la sentencia proferida el 30 de enero de 20257.

V.2.- Sobre la pérdida de investidura de los concejales

La pérdida de investidura es una acción pública de carácter
jurisdiccional, de naturaleza sancionatoria y propósito ético, que se
adelanta con estricta sujeción a las garantías del debido proceso
previstas en el artículo 29 de la Constitución Política; su objeto es
reprochar los comportamientos que la Constitución y el legislador
previó como contrarios a la dignidad del cargo que ejercen por virtud
del voto ciudadano y del principio de representación democrática,
razón por la cual la sanción de pérdida de investidura origina un
impacto directo sobre los derechos políticos de quien resulta
sancionado, pues si se remueve la investidura del concejal debido a
su comportamiento indigno y defraudatorio del interés general
democrático, se produce su inhabilidad permanente para ocupar
cargos de elección popular.

7 MP. Gloria María Gómez Montoya, expediente 68001-23-33-000-2024-00043-02,
adelantado en el ejercicio del medio de control de nulidad electora.

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Solicitante: ÁLVARO GARCÍA AGUIRRE

En consideración a lo anterior, el juez de la pérdida de investidura
debe determinar, objetivamente, si la conducta del concejal se
adecua o no a las causales taxativas que fijó el Constituyente de
1991 o legislador según el caso, y, subjetivamente, si su conducta
resulta culpable, en términos de una actuación dolosa o gravemente
culposa.

En ese orden, el estudio del elemento objetivo de la conducta saldrá
avante cuando el comportamiento del concejal quede precisamente
subsumido en el supuesto previsto como causal de pérdida de
investidura, en aplicación de los principios de taxatividad e
interpretación restrictiva, propios de la legalidad de los procesos
sancionatorios. Consecuentemente, solo en caso de superarse el
estudio objetivo o de tipicidad de la conducta del concejal, se abre
paso al análisis del elemento subjetivo de la pérdida de la investidura,
con el fin de establecer si esta fue realizada con culpabilidad.

En lo que respecta a los principios de taxatividad e
interpretación restrictiva de las causales de pérdida de
investidura, la jurisprudencia8 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado y de la Sección Primera han
considerado que al ser la pérdida de investidura una sanción que
limita la libertad y los derechos constitucionales de las personas, es
de origen constitucional y legal; y, en consecuencia, la tipificación de
sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa y su

8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 21 de julio

de 2015. MP. María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación:
110010315000201200059-00(PI). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de noviembre de 2016. MP. Guillermo
Vargas Ayala número único de radicación: 230012333004201500489-01(PI).

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aplicación es restrictiva, de manera que se excluye la analogía y la
interpretación extensiva.

En igual sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional9, al
considerar que, dado el carácter sancionatorio del proceso de pérdida
de investidura, la entidad del castigo, así como los contenidos
constitucionales que se encuentran en juego, a él le son aplicables la
totalidad de garantías del debido proceso sancionatorio, dentro de
las cuales tienen una importancia categórica los principios de reserva
legal, taxatividad y favorabilidad.

En lo que es relevante al caso sub examine, lo anterior supone, entre
otras cuestiones, que las normas en las que se prevén las causales
que dan lugar a la pérdida de investidura son de orden público, y,
respecto de ellas, el legislador está obligado a describir la conducta
o comportamiento de forma clara y precisa, de modo que no quede
duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que
da lugar a imponer la sanción.

V.3.- Sobre la causal de pérdida de investidura por violación
del régimen de inhabilidades e incompatibilidades invocada
por el accionante

La causal de pérdida de investidura que se le endilga al concejal del
municipio de Palmira (Valle del Cauca) para el período constitucional
2024-2027, es la prevista en el artículo 55, numeral 2, de la Ley 136,
cuyo texto es el siguiente:

9 SU-515 de 2013.

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“[…] Los concejales perderán su investidura:
(…)
2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o
de conflicto de intereses. […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La Sección Primera10 ha sostenido que las inhabilidades se definen
como “[…] el conjunto de hipótesis, situaciones o condiciones
prohibitivas para garantizar que quien acceda a un cargo público sea
la persona más idónea […]”, y su propósito es “[…] lograr la
moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de la labor
de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos
públicos, garantizando de esta forma la prevalencia de los intereses
generales de la comunidad sobre los personales del aspirante […]”.
Por su parte, las incompatibilidades han sido definidas por la misma
sección11, como “[…] la prohibición de ejercer dos actividades o
realizar dos roles de manera simultánea, taxativamente señaladas
en la Constitución o en la ley, de modo que para el caso de los
servidores públicos se traduce en la prohibición de desempeñar o
ejercer otros cargos o realizar otras actividades distintas a las que
corresponde a las funciones del cargo de que son titulares […]”.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha considerado12 que,
las inhabilidades son restricciones que exigen el cumplimiento de
requisitos o condiciones, positivas o negativas, para acceder a un

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de

diciembre de 2024, número único de radicación 08001-2333-000-2024-00181-01 (PI), MP. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera: sentencia de

17 de julio de 2008. MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, número único de radicación
440012331000200800005-01(PI); sentencia de 9 de agosto de 2024, 01. MP. Hernando
Sánchez Sánchez, número único de radicación 680012333000202400242-01(PI).
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación

jurisprudencial de 29 de enero de 2019. MP. Rocío Araújo Oñate, número único de radicación
44001-23-31-000-2008-00005-01.11001-03-28-000-2018-00031-00(NE).

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cargo, con el fin de asegurar la primacía del interés general sobre el
interés particular del aspirante; mientras que, las incompatibilidades
son restricciones impuestas por razón del cargo y se instituye para
prevenir que por el ejercicio de éste, se afecten valores y principios
de protección superior.

V.4.- El caso concreto

V.4.1.- La inhabilidad prevista en el numeral 2 del artículo 43
de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617

De acuerdo con la demanda de pérdida de investidura, en concreto,
al concejal GUSTAVO ADOLFO DIAZ GOMEZ se le endilgó la
violación del régimen de inhabilidades, conforme con la causal del
siguiente tenor literal:

“[…] No podrá ser inscrito como candidato ni elegido
concejal municipal o distrital: […] 2. Quien dentro de los
doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección
haya ejercido como empleado público, jurisdicción o
autoridad política, civil, administrativa o militar, en el
respectivo municipio o distrito, o quien como empleado
público del orden nacional, departamental o municipal,
haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de
recursos de inversión o celebración de contratos, que deban
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.

Según el texto de la norma, como lo ha considerado la jurisprudencia
del Consejo de Estado13, esta inhabilidad contiene dos supuestos de

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta: sentencia de

13.10.2016. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, expediente 05001-23-33-000-2015-
02447-01(NE); sentencia de 22.07.2004. MP. Darío Quiñones Pinilla, expediente76001-23-
31-000-2004-0024-01(3362 NE); sentencia de 10.07.2009. MP. Mauricio Torres Cuervo.
expediente 08001-23-31-000-2008-00965-01.

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hecho sobre los que se estructura la causal de inelegibilidad para los
empleados públicos. El primero de los supuestos, surge para el
empleado público que dentro de los doce meses anteriores a su
elección como concejal haya ejercido jurisdicción o autoridad en
el mismo municipio en el que resultó elegido. El segundo, se dirige
al empleado público que, dentro de ese mismo espacio de tiempo,
haya intervenido como ordenador del gasto o en la celebración
de contratos respecto de recursos o contratos que se ejecuten
dentro del municipio en el que fue elegido concejal.

Para que se configure esta causal de inhabilidad se requiere la
concurrencia de las siguientes hipótesis: (i) la elección, esto es, que
el demandado fue elegido concejal; (ii) la calidad de empleado
público del elegido; (iii) que en esa calidad de empleado público
haya ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar, o haya
intervenido como ordenador del gasto o en la celebración de
contratos; (iv) que esa autoridad la haya ejercido en el municipio en
el cual fue elegido, o que esa intervención la hubiera realizado
respecto de recursos o contratos que se ejecuten en el municipio en
que fue elegido; y, finalmente, (v) que esa autoridad o esta
intervención haya ocurrido dentro de los doce meses anteriores a la
elección.

En suma, la inhabilidad solo se encontrará configurada
objetivamente, cuando todos y cada uno de sus ingredientes
normativos se encuentren acreditados; por el contrario, la falta de
cualquiera de ellos impide la estructuración de la inhabilidad, y, por

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ende, impone una decisión denegatoria de la pretensión de pérdida
de la investidura.

Ahora bien, con fundamento en los artículos 12214 y 12315 de la
Constitución Política, así como en la Ley 909 de 23 de septiembre de
200416, en especial el artículo 1°17, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha considerado que son empleados públicos las personas
naturales vinculadas a la administración pública en virtud de una
relación legal y reglamentaria, es decir, a través de un acto
administrativo de nombramiento en el respectivo empleo, para cuyo
ejercicio es necesario el cumplimiento de la solemnidad del
juramento.

En ese orden, revisado el expediente, la Sala encuentra que, en lo
relevante a esta causal de inhabilidad, en el proceso se probó:

En primer lugar, la calidad de presidente de la Junta de Acción
Comunal de San Pedro del municipio de Palmira (Valle del Cauca) del

14 “[…] No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y

para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la
respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente […]”.
15 “[…] Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados

y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por
servicios. //Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán
sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento […]”.
16 “[…] Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera

administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones […]”.
17 “[…] La presente ley tiene por objeto la regulación del sistema de empleo público y el

establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia
pública. // Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y
reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración pública, conforman la
función pública. En desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de sus diferentes
cometidos, la función pública asegurará la atención y satisfacción de los intereses generales
de la comunidad. // De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen
parte de la función pública los siguientes empleos públicos: a) Empleos públicos de carrera;
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción; c) Empleos de período fijo; d)
Empleos temporales.

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señor GUSTAVO ADOLFO DÍAZ GÓMEZ desde el 9 de febrero de
2022, según consta en la Resolución núm. 2022.240.13.3.54 de 7 de
febrero de 2022, de la Secretaría de Participación Comunitaria de la
Alcaldía Municipal de Palmira18.

En segundo lugar, que el señor GUSTAVO ADOLFO DÍAZ GÓMEZ
fue elegido concejal del municipio de palmira (Valle del Cauca), para
el período constitucional 2024-2027, conforme obra en el formulario
E-26-CON de 29 de octubre de 2023 (acta del escrutinio municipal al
Concejo Municipal de Palmira); y que tomó posesión del cargo el 2
de enero de 2024, según consta en el Acta No. 001 de la sesión de
instalación de esa corporación, realizada en la misma fecha.

Así las cosas, como la inhabilidad que se viene estudiando exige que
el concejal haya sido empleado público dentro de los doce meses
anteriores a la elección, para la Sala resulta evidente que esa
condición no se probó por el actor, debido a que, como lo señaló
acertadamente el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, las
juntas de acción comunal no hacen parte de la estructura del Estado,
y, en esa medida, quien funge como presidente de ellas o sus
miembros no gozan de vinculación legal o reglamentaria con éste, y,
por ende, no ostentan la calidad de empleados públicos.

Para el efecto, basta atender a lo previsto en el artículo 7° de la Ley
2166 de 18 de diciembre de 202119, sobre organismos de acción
comunal, en cuyo literal a) se determina:

18 En dicho acto consta que el periodo de los dignatarios inscritos va desde el 9 de febrero

de 2022 hasta el 30 de junio de 2026, y que se tendrá como tal, mientras no se solicite y
se obtenga una nueva inscripción.
19 “[…] Por la cual se deroga la Ley 743 de 2002, se desarrolla el Artículo 38 de la

Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal y se

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“[…] Son organismos de acción comunal de primer grado las
juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunal.
La junta de acción comunal es una organización cívica, social
y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de
naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio
propio, integrada voluntariamente por los residentes de un
lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un
desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento
en el ejercicio de la democracia participativa […]”.

De esta manera, ninguna persona, por el hecho de ser el presidente
de junta de acción comunal puede verse inmersa en la mencionada
causal de inelegibilidad, ya que, se reitera, la inhabilidad ha sido
prevista para aquellas personas que fungen como empleados
públicos no puedan hacerse elegir concejales, siempre que por dicho
empleo público, hayan ejercido autoridad o intervenido en la
ordenación del gasto o en la celebración de contratos que se ejecuten
en el mismo municipio, dentro de los doce meses anteriores a la
elección; por contera, violan el régimen de inhabilidades previsto en
el artículo 43, numeral 2, al que se viene aludiendo, cuando se hacen
elegir concejales estando inmersos en dichos supuestos.

Atendiendo a lo precisado anteriormente, la Sala insiste en que el
proceso sancionatorio de pérdida de la investidura responde a las
garantías fundamentales del debido proceso, entre las cuales se
encuentra el principio de legalidad; a partir de este principio no es
posible sancionar con pérdida de la investidura, comportamientos no
previstos en la norma como causal de desinvestidura, ni tampoco es
posible imponer la sanción cuando la norma no la establece como
consecuencia jurídica para la conducta prevista.

establecen lineamientos para la formulación e implementación de la política pública de los
organismos de acción comunal y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones […]”.

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En consecuencia, el planteamiento realizado en el recurso de
apelación no puede prosperar puesto que fungir simultáneamente
como presidente de una junta de acción comunal y como concejal no
es supuesto fáctico que se subsuma en la causal de inhabilidad
prevista en el artículo 43, numeral 2, del artículo 43 de la Ley 136,
modificado por el artículo 40 de la Ley 617, debido a que los
miembros de las juntas de acción comunal no tienen una vinculación
legal y reglamentaria con el Estado, y, por tanto, no son empleados
públicos. En consecuencia, no son los destinatarios a los que va
dirigida esa precisa causal de inhabilidad.

V.4.2-. La incompatibilidad del numeral 5 del artículo 45 de la
Ley 136, adicionado por el artículo 40 de la Ley 617

De acuerdo con la demanda de pérdida de investidura, al concejal
GUSTAVO ADOLFO DIAZ GOMEZ se le acusó de violar el régimen
de incompatibilidades, conforme con la siguiente causal:

“[…] Artículo 45. Incompatibilidades. Los concejales no
podrán: […] 5. Ser representantes legales, miembros de
juntas o consejos directivos, auditores o revisores fiscales,
empleados o contratistas de empresas que presten
servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en
el respectivo municipio […]”.

De acuerdo con el texto transcrito, así como con la jurisprudencia de
esta Corporación20, la incompatibilidad se estructura cuando se
cumplen, concurrentemente, los siguientes elementos: (i) tener la
condición de concejal; (ii) que ese concejal, simultáneamente, sea

20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera: sentencia de

8.03.2005. MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, expediente 2004-01571.

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representante legal, miembro de junta o consejo directivo, auditor,
revisor fiscal, empleado o contratista de empresas; y (iii) que dichas
empresas presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad
social en el respectivo municipio del que se es concejal.

Ahora bien, siguiendo la jurisprudencia constitucional en la materia,
en especial la sentencia C-179 de 1o. de marzo de 200521, la Sección
Primera22 ha dicho que el propósito de esta incompatibilidad se
sustenta en el hecho de que el concejal pueda incidir en materias
concernientes a la prestación de servicios públicos o de seguridad
social, debido a que el municipio tiene reservada una posición
protagónica en cuanto a dichos servicios se refiere. Sobre este
aspecto, en sentencia de 13 de julio de 201723, consideró:

“[…] Cabe precisar que el legislador al adicionar el artículo 45
de la Ley 136 con la causal 5, a través del artículo 41 de la
Ley 617, amplió el ámbito de incompatibilidad de los
Diputados y Concejales, fortaleciendo dicho régimen, en aras
de lograr la moralidad, transparencia e imparcialidad en el
ejercicio de tales cargos, para impedir “[…] la confluencia de
intereses personales y públicos en cabeza de un mismo
sujeto, en garantía de la recta administración de
entidades sometidas a un régimen especial por su
vinculación con sistemas de solidaridad, de subsidio y
de redistribución de ingresos […]”, criterio sostenido por

21 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, expediente D-5334. El caso se ocupó de una demanda

de inconstitucionalidad parcial del artículo 45 de la Ley 136 de 1994. La sentencia resolvió:
“[…] Declarar EXEQUIBLES las expresiones “empleados o contratistas” y “en el respectivo
municipio”, contenidas en el artículo 41 de la Ley 617 de 2000, que adicionó el artículo 45
de la Ley 136 de 1994 […]”.
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera: sentencia de

23.07.2002. MP. Gabriel Eduardo Mendoza martelo, expediente 2001-00183-01(PI);
sentencia de 16.08.2007. MP. Camilo Arciniegas Andrade, expediente 2005-02321(PI);
sentencia de 4 de agosto de 2011 Expediente 2010-02331-01(PI). MP. María Elizabet García
González, expediente 2010-02331-01(PI).
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera: sentencia de

13.07.2017. MP. María Elizabeth García González, expediente 05001-23-33-000-2016-
02008-01(PI)

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esta Corporación y la Corte Constitucional. (negrilla y
subrayas fuera de texto)

En punto de lo anterior, la Sección Primera, en esa misma
decisión, dio relevancia a los principios de taxatividad e
interpretación restrictiva, al señalar:

“[…] Por tal razón, como lo sostuvo la Sala en sentencia de 11
de diciembre de 2015, que ahora se reitera, por tratarse de
una regla que establece una incompatibilidad la misma
tiene carácter excepcional y los enunciados que la
determinan deben interpretarse y aplicarse con criterio
restrictivo; […] comoquiera que las reglas envuelven
mandatos definitivos, que por su estructura más precisa y
detallada, implican su aplicación mediante la subsunción
del caso bajo el enunciado fáctico que establece la
norma, sin consideración de aspectos teleológicos, de
la intencionalidad de la conducta o ponderación alguna.
[…] únicamente se configura la incompatibilidad si se
dan exactamente las situaciones jurídicas descritas en
abstracto por el respectivo precepto.

Las incompatibilidades lo son solamente en los
términos en que lo establezca la Carta Política o la ley,
con las características y dentro de las condiciones que
las normas hayan precisado, por lo cual quedan
excluidas las interpretaciones analógicas y extensivas
[…]”. (negrilla y subrayas fuera de texto)

Como se observa, la incompatibilidad prevista en el artículo 45,
numeral 5, de la Ley 136, adicionado por el artículo 41 de la Ley 617,
implica una prohibición para los concejales que, taxativamente, les
impide ser representantes legales, miembros de juntas o consejos
directivos, auditores o revisores fiscales, empleados o contratistas de
empresas que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad
social, como, por ejemplo, aquellas que prestan el servicio de salud

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o el servicio público domiciliario de luz, o el de agua, en el mismo
municipio donde el concejal ejerce como tal.

En el caso sub lite, al igual que ocurre con la inhabilidad analizada
previamente, los hechos en que se fundó la demanda y que fueron
probados en el proceso, no se subsumen en ninguno de los supuestos
previstos en la incompatibilidad del artículo 45, numeral 5, de la Ley
136, invocado como fundamento jurídico para la pérdida de la
investidura del concejal.

En efecto, encontrándose acreditado que el señor GUSTAVO
ADOLFO DIAZ GOMEZ ostenta simultáneamente el cargo de
concejal del municipio de Palmira (Valle del Cauca) y la condición de
presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Pedro de
ese mismo municipio, en el plenario no hay prueba alguna de que la
Junta de Acción Comunal del barrio San Pedro del municipio de
Palmira preste servicios públicos domiciliarios24 o servicios de la
seguridad social en ese municipio; la única conclusión a la que puede
arribarse, en aplicación del principio de legalidad, es la ausencia de
configuración de la incompatibilidad que se alega por el demandante.

24 De acuerdo con el artículo 15, numeral 15.4 de la Ley 142 de 11 de julio de
199424, reglamentado por el Decreto núm. 421 de 8 de marzo 2000 24, las
comunidades organizadas constituidas como personas jurídicas sin ánimo de lucro
pueden prestar los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en
municipios menores (municipios de 5ª y 6ª categorías), zonas rurales y áreas
urbanas específicas; sin embargo, para dicho efecto deben cumplir con lo exigido
en el artículo 3 del mencionado decreto reglamentario, esto es: (i) registrarse en
la Cámara de Comercio con jurisdicción en su respectivo domicilio; (ii) inscribirse
ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, y obtener las respectivas
concesiones, permisos y licencias a que se refieren los artículos 25 y 26 de la Ley
142 de 1994.

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Al respecto, la Sala advierte que aun cuando las comunidades
organizadas constituidas como personas jurídicas sin ánimo de lucro
pueden prestar algunos servicios públicos, como el de agua potable
y saneamiento básico, según los previsto en el artículo 15, numeral
15.4 de la Ley 142 de 11 de julio de 19941, reglamentado por el
Decreto núm. 421 de 8 de marzo 20001, en especial su artículo 3°,
lo cierto es que tal condición no fue probada en el proceso respecto
de la Junta de Acción Comunal del barrio San Pedro del municipio de
Palmira, presidida por el concejal de ese mismo ente territorial, señor
GUSTAVO ADOLFO DIAZ GOMEZ.

Sobre la prestación de servicios de la seguridad social, la Sala pone
de relieve que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993, las
empresas prestadoras de servicios de la seguridad social son aquellas
que se encargan de administrar y prestar los diferentes servicios que
hacen parte de los subsistemas existentes, entre los cuales se
incluyen las Empresas Promotoras de Salud, las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, los Fondos de Cesantías, las
Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y las
Administradoras de Riesgos Laborales, en especial, los artículos 52,
90, 180, 181, 185 y 194 de la mencionada ley, determinan qué tipo
de entidades y organizaciones pueden prestar dichos servicios, sin
que entre ellas se encuentren previstas las juntas de acción comunal,
lo que evidencia la ausencia de la configuración de la incompatibilidad
demandada.

Así las cosas, la apelación no tiene vocación de prosperidad, puesto
que los ingredientes normativos que estructuran la incompatibilidad
objeto de este proceso, no impiden que los concejales, elegidos y

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posesionados en el cargo, pertenezcan a las juntas de acción
comunal, ya sea en calidad de presidentes o como miembros de ella;
lo que les prohíbe es que, siendo concejales, simultáneamente sean
representantes legales o miembros de juntas o consejos directivos,
auditores, revisores fiscales, empleados o contratistas, de empresas
que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en
el respectivo municipio.

De acuerdo con todo lo anterior, la Sala no encuentra que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca hubiera desconocido los hechos
probados en el proceso. Por el contrario, lo que ocurre en este caso
es que los hechos probados no se adecuan a las causales de
inhabilidad e incompatibilidad por las que se acusó que el concejal
violó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, de manera
que el elemento objetivo de la causal no se estructuró.

En línea con lo anterior, no es admisible el planteamiento que realizó
el apelante en el sentido de que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca desconoció los hechos probados en el proceso, puesto que,
como ya se determinó, tales hechos no son relevantes para la
configuración de la inhabilidad prevista en el artículo 43, numeral 2,
de la Ley 136, ni tampoco para la configuración de la incompatibilidad
del artículo 45, numeral 5, de esa misma ley, por lo que no tienen la
virtualidad de incidir en la decisión del caso concreto.

Razón similar cabe sobre el otro argumento de apelación, consistente
en que la sentencia proferida el 5 de marzo de 2025 no tuvo en
cuenta la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado,

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contenida en la sentencia de 30 de enero de 202525, por cuanto en
dicha providencia se resolvió una controversia distinta a la propuesta
en el presente asunto, tanto en lo fáctico como en lo jurídico.

En efecto, dicha sentencia se ocupó de resolver sobre la nulidad del
acto de elección de un concejal según la inhabilidad prevista en el
artículo 43, numeral 3, de la Ley 136, modificado por el artículo 40
de la Ley 617, en la que se señala:

“[…] No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
municipal o distrital: […] 3. Quien dentro del año anterior
a la elección haya intervenido en la gestión de negocios
ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la
celebración de contratos con entidades públicas de
cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre
que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro
del año anterior haya sido representante legal de entidades
que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las
entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de
seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo
municipio o distrito […]”.

A diferencia del mencionado asunto, en el asunto sub examine el
actor demandó la pérdida de la investidura del concejal por violación
del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, conforme a la
inhabilidad y a la incompatibilidad previstas en los artículos 43,
numeral 2, y 45, numeral 5, de la Ley 136, modificado y adicionado
por la Ley 617, respectivamente.

25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta,
sentencia de 30.01.2025. MP. Gloria María Gómez Montoya, expediente 68001-23-
33-000-2024-00043-02 y 68001-23-33-000-2024-00116-00 (acumulado).

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En lo fáctico, la Sección Quinta se ocupó de determinar si el
cabildante había incurrido, o no, en la causal de inhabilidad por
celebración de contratos; en especial, el problema jurídico planteado
en ese asunto consistió en determinar si la suscripción de una
modificación al contrato se subsumía, o no, en la hipótesis que da
lugar a la inhabilidad.

Así las cosas, en la sentencia de la Sección Quinta, proferida el 30 de
enero de 2025, los supuestos fácticos y jurídicos difieren de los
propuestos en la demanda del actor, y que fueron resueltos en la
sentencia apelada, proferida el 5 de marzo de 12025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

En consecuencia, la decisión de la sala electoral no constituye
antecedente jurisprudencial ni precedente judicial del asunto que
correspondió resolver al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
por lo que cualquier referencia a ella resultaba ajena al debate surtido
en este proceso y vulneraría el principio de congruencia, previsto en
el 281 de la Ley 1564, el cual ha sido definido por esta Corporación26
como:

“[…] el principio normativo que delimita el contenido de las
resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con
el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las
partes, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo
resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o
defensas oportunamente aducidas, a menos que la ley
otorgue facultades especiales para separarse de ellas […]”.

26Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de
noviembre de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 13001 23 31 000
2001 02023 01.

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Lo anterior quiere decir que el alcance y contenido de una providencia
está delimitado por las pretensiones, existiendo una correspondencia
entre esta y los hechos que se esgrimen en la demanda y en su
contestación, cuestión que, en el caso de los procesos de pérdida de
la investidura, cobra altísima relevancia por tratarse de un proceso
sancionatorio cuya consecuencia, de llegar a imponerse, es la
restricción perenne del ejercicio del derecho constitucional a ser
elegido popular y democráticamente, establecido en el artículo 40
de la Constitución Política.

En suma, de acuerdo con las razones expuestas, el argumento de la
apelación consistente en que la sentencia de primera instancia omitió
el análisis de la sentencia de 30 de enero de 2025, proferida por la
Sección Quinta, no tiene vocación de prosperidad.

Por último, la Sala considera improcedente estudiar los argumentos
de la apelación que se sustentan en la configuración de la causal de
pérdida de la investidura por la violación del régimen de inhabilidades
previsto en el artículo 43, numeral 3, de la Ley 136, modificado por
la Ley 617, precisamente, en aplicación del principio de congruencia
previsto en el artículo 281 de la Ley 1564, que, sobre congruencias,
en lo pertinente a este asunto, prevé:

“[…] Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia
con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas
si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa
diferente a la invocada en esta […]”.

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La jurisprudencia de la Sección Primera27 ha considerado que el juez
de segunda instancia no puede abordar materias o cuestiones que se
plantean en la apelación, pero que no hacen parte del concepto de
violación del libelo, ni que la sentencia de primera instancia estudió,
porque ello constituiría vulneración del principio de congruencia y, en
consecuencia, de los derechos al debido proceso, a la contradicción
y defensa de la parte que resulte afectada, en este caso, del concejal
del municipio de Palmira (Valle del Cauca), señor GUSTAVO
ADOLFO DIAZ GOMEZ.

En consecuencia, la Sala no hará ningún pronunciamiento de fondo
sobre los argumentos de la apelación según los cuales la sentencia
debe revocarse en atención a que se encuentra probado que el
concejal incurrió en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 43,
numeral 3, de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617,
porque administró, gestionó y utilizó recursos públicos que le
permitieron posicionarse ante los electores, rompiendo el equilibrio
de la contienda electoral.

V.4.3.- Sobre el estudio del elemento subjetivo

Atendiendo a que los supuestos fácticos por los que se demandó la
pérdida de la investidura del concejal del municipio de Palmira (Valle
del Cauca), señor GUSTAVO ADOLFO DIAZ GOMEZ, por la
violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades prevista
en el artículo 55, numeral 2, de la Ley 136, no se subsumen en la
inhabilidad e incompatibilidad que se le endilgaron al cabildante,

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo: Sentencia de 7 de mayo de 2015, Expediente: 2005-
00270 y Sentencia de 8 de junio de 2016, Expediente 2006-00234, C.P. Dra. MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO 23
Núm. Único de radicación: 680012333000202400242-01.

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previstas en los artículos 43, numeral 2, y 45, numeral 5, de la Ley
136, respectivamente, no se configura el elemento objetivo de la
causal acusada, y, en consecuencia, la Sala no estudiará el elemento
subjetivo de la pérdida de investidura.

V.4.4.- Conclusión

Al no configurarse el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura, por violación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades prevista en el artículo 55, numeral 2, de la Ley
136, se confirmará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en primera instancia, mediante la
cual se negó la pérdida de investidura del concejal del municipio de
Palmira (valle del Cauca), GUSTAVO ADOLFO DIAZ GOMEZ y así
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
expuestas.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente digital al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión de 12 de junio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley

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