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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2024-00858-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2024-00858-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 20 de enero de 2025 y, en su lugar, DECLARAR la 27 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. 18 Núm. único de radicación: 760012333000202400858-01 Actor: Joan Sebastián Díaz Mazuera improcedencia del amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2024-00858-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 760012333000202400858-01
Actor: Joan Sebastián Díaz Mazuera
Demandado: Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad y ii) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por Joan Sebastián Díaz Mazuera contra
la sentencia de tutela de 20 de enero de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó el amparo de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito de Cali, porque, a su juicio, al proferir el auto 598 de 4 de
diciembre de 2024 en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de

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Núm. único de radicación: 760012333000202400858-01
Actor: Joan Sebastián Díaz Mazuera

protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el número único
de radicación 760013333015202400257-00, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, presentó una demanda en ejercicio del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con unas obras
inconclusas en el Municipio de Candelaria, Valle del Cauca, que fue admitida por el
Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali, proceso que se identifica con el
número único de radicación 760013333015202400257-00, que se encuentra en curso.

4. Señaló que, en el marco del proceso de acción popular, solicitó como medida
cautelar, modificar el Plan de Desarrollo Municipal para que quedaran incluidas en
él, las obras, recursos para su terminación y un cronograma.

5. Manifestó que, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali, mediante
auto 598 de 4 de diciembre de 2024, resolvió:

“[…] 1. NO REPONER el auto interlocutorio nro. 550 del 7 de noviembre de 2024,
atendiendo los argumentos expuestos en la presente providencia.

2. Rechazar el recurso de apelación formulado, por las razones expuestas en la
parte motiva de este proveído. […]”.

5.1 Como fundamento de decisión consideró:

“[…] Aunque el accionante aportó peticiones y respuestas de las entidades
demandadas, el Despacho considera que, al confundirse la medida cautelar
solicitada con el fondo del asunto, se requiere un mayor respaldo probatorio para
tomar una decisión.

Decretar la medida cautelar con fundamento en la posibilidad de que el dinero no
pueda ser recuperado y/o se arguya una regla fiscal para no cumplir con los
compromisos pactados anteriormente, constituye una vulneración al principio de la
buena fe.

[…]

“[…] Conforme lo anterior, para que se configure la vulneración del derecho colectivo
a la moralidad administrativa se debe presentar un quebrantamiento del

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Núm. único de radicación: 760012333000202400858-01
Actor: Joan Sebastián Díaz Mazuera

ordenamiento jurídico y la demostración de conductas amañadas, corruptas,
arbitrarias o alejadas de la correcta función pública, aspecto que no se vislumbra en
esta etapa procesal.

[…] Respecto del recurso de apelación, se debe señalar que no resulta procedente
como quiera que de conformidad con el artículo 26 de la Ley 472 de 1998, el recurso
de apelación procede únicamente respecto del auto que decreta la medida cautelar
y no el que la niega. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se admita la presente acción de tutela.

2. Se ordene como medida provisional la suspensión del trámite de aprobación del
proyecto de acuerdo presentado por la Alcaldía Municipal ante el Concejo de
Candelaria.

3. Se declare la vulneración de mis derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, legalidad y seguridad jurídica.

4. Se ordene al Juzgado Quince Administrativo reconsiderar las medidas cautelares
solicitadas en la acción popular. En vista de las actuaciones de la alcaldía presentando
este proyecto de acuerdo. […]”.

7. El actor adujo que la autoridad demandada vulneró sus derechos al considerar1:

“[…] El primer requisito (fumus boni iuris), remite a un principio de veracidad en cuanto
a la afectación del derecho o a la protección del interés público invocado como
fundamento de la pretensión principal de la demanda de amparo.Aunque, como es
apenas obvio en la fase inicial del proceso, no se espera un nivel total de certeza sobre
el derecho en disputa, sí es necesario un estándar de veracidad apenas mínimo. Esta
conclusión debe estar soportada en las circunstancias fácticas presentes en el
expediente y en apreciaciones jurídicas razonables, sustentadas en la jurisprudencia
de la Corte Constitucional.

El segundo requisito (periculum in mora) tiene que ver con el riesgo de que, al no
adoptarse la medida cautelar, sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que se expone
en la demanda, que de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. Tiene
igualmente que ver con un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra
menoscabo durante la sustanciación del proceso.Este análisis recoge así los criterios
(ii) y (iii) del juicio inicialmente formulado por la jurisprudencia constitucional. Implica
tener un alto grado de convencimiento de que la amenaza de perjuicio es cierta, y que
el daño, por su gravedad e inminencia, requieran medidas urgentes e impostergables
para evitarlo.

1 Transcripción literal del texto

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Núm. único de radicación: 760012333000202400858-01
Actor: Joan Sebastián Díaz Mazuera

Los dos pasos descritos deben operar conjuntamente. Precisamente, el segundo
requisito (periculum in mora) impide que el juez de tutela profiera una orden ante la
simple apariencia de verdad (fumus bonis iuris) de la solicitud de amparo. La medida
provisional no es el escenario procesal para resolver el asunto de fondo, así se cuente
con todos los elementos para tomar una decisión. El Artículo 7 del Decreto 2591 de
1991 solo se activa cuando, además de la apariencia de verdad, se requiera la
intervención urgente del juez. A su vez, esto supone la amenaza de un perjuicio
irremediable a un derecho fundamental o al interés público, que no podría ser corregido
en la sentencia final.

El tercer requisito incorpora el concepto de la proporcionalidad al análisis. Si bien en
esta fase inicial no es dable desarrollar plenamente el juicio de proporcionalidad, sí es
necesario ponderar entre los derechos que podrían verse afectados con la medida. La
ponderación que esta etapa demanda funge como una última salvaguarda en favor del
ciudadano. Evita que se tomen medidas que, aunque podrían estar justificadas
legalmente, ocasionarían un perjuicio grave e irreparable. La proporcionalidad no
supone un estándar universal y a priori de corrección, sino que exige una valoración
que atienda las particularidades de cada caso concreto.

En síntesis, una determinación provisional tiene que ser una decisión “razonada,
sopesada y proporcionada a la situación planteada.” Para ello, el juez de tutela debe
constatar que el derecho o interés público que se busque proteger transitoriamente
tenga vocación de veracidad (fumus boni iuris), pero además, que su protección resulte
impostergable ante la gravedad e inminencia del perjuicio irremediable que se cierne
(periculum in mora). Luego de esto, el juez debe verificar que la medida adoptada no
comporte resultados o efectos desproporcionados para quien resulte afectado por la
decisión. […]”.

Actuación

8. El Despacho sustanciador del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante auto de 12 de diciembre 2024: i) admitió la acción de tutela; y ii) ordenó
tener como accionado al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali, y iii)
vinculó, como terceros con interés legítimo, al Municipio de Candelaria – Valle del
Cauca y al Concejo Municipal del Municipio de Candelaria- Valle del Cauca,
concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el
particular.

Intervención de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

9. El Municipio de Candelaria- Valle del Cauca solicitó su desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que2 “[…] no le corresponde al
Municipio de Candelaria, materializar ni ordenar la suspensión del trámite de
aprobación del proyecto de acuerdo presentado por este ente territorial ante el

2 Transcripción literal del texto

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Núm. único de radicación: 760012333000202400858-01
Actor: Joan Sebastián Díaz Mazuera

Concejo de Candelaria, que dicho sea de paso, cumple con los requisitos legales y
goza de presunción de legalidad y buena fe. […]” y que “[…] no se nos es atribuible
la amenaza o la vulneración de derechos fundamentales alegados por el accionante.
[…]”.

10. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali y el Concejo Municipal del
Municipio de Candelaria guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

11. Indicó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia
núm. 3 de 20 de enero de 2025, resolvió:

“[…] PRIMERO: NEGAR la vulneración de los derechos deprecados por el señor
JOAN SEBASTIAN DÍAZ MAZUERA.

SEGUNDO: DESVINCULAR de la presente acción al Municipio y Concejo municipal
de Candelaria […]”.

11.1. Como fundamento de su decisión expresó que3:

“[…] 47. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta
en una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen
de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.

48. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales

49. La providencia en comento negó la medida porque no se demostró en esa etapa
procesal el riesgo de afectación de los derechos colectivos objeto de protección pues,
aunque el demandante señaló que no fue construido un centro de salud dentro del
municipio de Candelaria se desconoce el contexto de la comunidad, si se cuenta con
otros centros de salud que cubran sus necesidades o por el contrario si se han visto
afectados los derechos colectivos, razón por la cual prevé que es la sentencia

3 Transcripción literal del texto

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Núm. único de radicación: 760012333000202400858-01
Actor: Joan Sebastián Díaz Mazuera

después de agotar todo el proceso probatorio donde se podrá definir la afectación o
no de los derechos colectivos haciendo la salvedad que la decisión de medida
cautelar no significa prejuzgamiento.

[…]

“[…] 52. Por otra parte, el auto atacado no viola el derecho a la legalidad del
demandante. En la presente acción aquél expone la falta la planeación o
incumplimiento de un contrato estatal; sin embargo, esos no fueron los argumentos
discutidos en la solicitud de medida génesis de la providencia judicial dictada en su
momento por el Juzgado Administrativo, por lo tanto, no se observa la vulneración
alegada.

53. Respecto a la vulneración al derecho a la igualdad, se enmarca en el “defecto
fáctico”, sin embargo la Sala no encuentra acreditada su configuración porque no es
cierto que la providencia atacada afecta el derecho a la igualdad del actor dado que
el auto que negó la medida se resolvió en la admisión de la demanda26 de acción
popular únicamente con las pruebas que presentó el demandante, razón por la cual
es contrario a la realidad el razonamiento del actor al indicar que ”el Juzgado solo
valoró las pruebas y la contestación del municipio de Candelaria”, sin embargo, el
ente territorial solo tuvo conocimiento de la providencia que resolvió la medida
cautelar cuando fue notificado del auto admisorio de la demanda.

54. Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela no constituye una tercera instancia
en la que la intervención del juez constitucional conlleve la realización de un nuevo
estudio de los elementos probatorios y de los fundamentos jurídicos que sirvieron de
soporte a la decisión que se pretende controvertir.

55. No es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión judicial se
transgredieron determinados derechos constitucionales, sino que es necesario que la
afectación o transgresión logre: i) cumplir con la carga de argumentativa derivada de
una providencia judicial en abierta contradicción de los mandatos constitucionales y,
ii) que implique la intervención del juez constitucional.

56. De modo que, un desacuerdo en relación con las conclusiones a las que arribó la
autoridad judicial no puede ser razón para que el juez constitucional intervenga en la
protección de los derechos fundamentales, puesto que, aceptar lo contrario, sería
invadir la facultad o potestad del competente natural.

57. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales deprecados por cuanto no se configuró ninguna causal
especifica de procedencia de acción de tutela contra providencia judicial.

58. Por último, esta instancia estima pertinente desvincular de la presente acción al
Municipio y Concejo municipal de Candelaria por cuanto dichas entidades no
expidieron la providencia objeto de tutela. […]”.

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Núm. único de radicación: 760012333000202400858-01
Actor: Joan Sebastián Díaz Mazuera

La impugnación

12. El actor impugnó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, al considerar lo siguiente4:

“[…] Lo primero que hay que mencionar, es que la acción de tutela se interpuso en
contra del auto que negó las medidas cautelares solicitadas, en virtud de la manera
como fue planteada la acción popular. Ergo, los derecho aducidos fueron los
siguientes: La moralidad administrativa; El goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público; La defensa del patrimonio público; La seguridad
y salubridad públicas; El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública; El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna. […]”.

[…]

“[…] corregimiento de San Joaquín, el centro de salud del Cabuyal, el coliseo de
halterofilia y el centro de innovación en la cabecera municipal. Estas obras,
inicialmente proyectadas para mejorar el acceso a la salud, fomentar el deporte y
promover la innovación en la comunidad, representaban beneficios tangibles para el
desarrollo social y económico de la región. Sin embargo, los recursos asignados a
estos proyectos no se ejecutaron de manera adecuada, dejando a la comunidad
desprovista de estas soluciones esenciales.

Por otra parte, la administración decidió modificar abruptamente los proyectos
iniciales a través de un nuevo acuerdo municipal, sin presentar un análisis claro ni
justificar cómo estos cambios responderían a las necesidades prioritarias de la
población. Esta sustitución de proyectos, realizada sin la debida consulta a la
comunidad, los entes de control ni las veedurías ciudadanas, plantea serias dudas
sobre la legalidad y transparencia del procedimiento. Además, los nuevos proyectos
propuestos carecen del impacto social que las obras originales prometían, dejando
entrever una disminución en los beneficios colectivos y un incumplimiento en la
destinación efectiva de los recursos públicos.

Además, que si la imposibilidad de la ejecución de estos proyectos obedece a falta
de recursos, en la contestación de la acción popular no enunciaban cómo pretendían
subsanar estos errores, ahora bien, en el nuevo acuerdo municipal donde se plantean
otros proyectos, tampoco en el trámite de esta tutela se expuso cómo no caer en la
desfinanciación o si se habían contratado nuevos diseños para la ejecución de los
mismos.

El problema con la sentencia de tutela No.003 del 20 de enero de 2025 y el auto
interlocutorio No. 598 del 4 de diciembre de 2024 que negó el recurso de reposición
del juzgado 15 administrativo del circuito de Cali, es que indican despectivamente
“aquel pueblito necesita unos centros de salud o cualquier proyecto planteado, y eso
hay que probarlo”, con lo que estoy de acuerdo, y para ello en la acción popular se
solicitaron peritajes. Pero otra cosa, muy distinta, es que la administración del
municipio de Candelaria pública en cabeza de […] y los 15 concejales del municipio,
digan que se van a realizar unas obras, pidan dinero para los estudios, luego se pidan
más recursos para su construcción y finalmente no realizarlos y además pretendan
volver a empezar desde el principio. Al iniciar con procesos nuevos, la administración
incurre en un gasto adicional de recursos públicos sin responder por los ya utilizados

4 Transcripción literal del texto

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Núm. único de radicación: 760012333000202400858-01
Actor: Joan Sebastián Díaz Mazuera

en los proyectos previamente prometidos y financiados. Esta situación genera una
doble afectación: por un lado, se desperdician los recursos ya invertidos que no
cumplieron con su objetivo, y por otro, se comprometen nuevas inversiones sin
garantizar su ejecución efectiva. En un municipio como Candelaria, que cuenta con
una población de aproximadamente 150 mil habitantes, es imprescindible asegurar la
transparencia en el uso de los recursos y la culminación de las obras previamente
iniciadas antes de embarcarse en nuevas iniciativas.

Además, resulta necesario cuestionar qué tipo de garantías puede ofrecer la
administración a la comunidad para asegurar la ejecución de los nuevos proyectos,
considerando que adeudan el cumplimiento de los anteriores. La falta de confianza
generada por estos incumplimientos previos pone en entredicho la credibilidad del
gobierno local y su compromiso con las necesidades de los ciudadanos. Sin una
justificación clara y mecanismos que garanticen la transparencia y participación
ciudadana, los nuevos proyectos podrían repetir los mismos errores, perpetuando el
ciclo de desconfianza y mal manejo de los recursos públicos

El daño que se le produce a la sociedad, en donde los tiempos legales no son
respetados, donde presuntamente el gobernante de turno hace y dispone de los
derechos colectivos por conveniencia política, y no técnica, ni jurídicamente. También
deben ser motivos que entren en consideración en la argumentación del juez
pertinente, que estudia la tutelacion de los derechos contenidos en esta acción
popular. Y encontrando la ausencia de evidencia, donde el juzgado requiriera a la
administración municipal de candelaria para que respondiera sobre los hechos
cuestionados en la acción interpuesta, notándose una evidente falla constitucional
indicada en el art 29 de la carta magna, una presunta violación al debido proceso,
que no solo perjudica a una persona si no a una comunidad. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 760012333000202400858-01
Actor: Joan Sebastián Díaz Mazuera

Generalidades de la acción de tutela

14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

15. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de procedencia de la subsidiariedad.

16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; procediendo posteriormente a v) resolver el
caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan
los requisitos generales.

Requisito general de procedencia de subsidiariedad de la solicitud de tutela

17. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos 86
superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 8, indica que la
solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

8 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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Núm. único de radicación: 760012333000202400858-01
Actor: Joan Sebastián Díaz Mazuera

18. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela es el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios que
existen en el ordenamiento jurídico para controvertir la causa de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales, teniendo en cuenta que la acción de
tutela es un mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se
encuentra en presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso
concreto que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de
sus derechos.

19. Asimismo, esta Sección9 respecto de este requisito de subsidiariedad ha
considerado:

“[…] la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201310, advirtió que al analizar
el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha culminado o
está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez constitucional está
en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo
alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio
irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.

La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de
tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite11; (ii) no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios12; y (iii) se usa
para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico”13”.14 […]”.

20. Al respecto la Corte Constitucional ha considerado15:

“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede
superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico
de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir
lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta
regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de

2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600
10 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
11 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de 2006,

T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
12 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos

judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de
esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla
jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre
otras.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
15 Sentencia T-030 26 de enero de 2015

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Núm. único de radicación: 760012333000202400858-01
Actor: Joan Sebastián Díaz Mazuera

procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se
han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional
esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un
perjuicio irremediable […]”.

21. Así las cosas, de acuerdo con el requisito general de subsidiariedad, la tutela
resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza los
medios ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla general
encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar que los
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o
amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

22. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

23. Atendiendo a que la Corte Constitucional16 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho

16 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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Actor: Joan Sebastián Díaz Mazuera

internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones
irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de
medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante
circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

24. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

25. Atendiendo a que, la Corte Constitucional17 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino
dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias
de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a
las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha resaltado que
el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación
del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado,
como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas
residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades
públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

17 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Núm. único de radicación: 760012333000202400858-01
Actor: Joan Sebastián Díaz Mazuera

Análisis del caso en concreto

26. El actor, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Quince
Administrativo del Circuito de Cali, porque, a su juicio, al proferir el auto 598 de 4 de
diciembre de 2024 en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos identificado con el número único
de radicación 760013333015202400257-00, vulneró sus derechos fundamentales
invocados supra.

27. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

28. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

29. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

29.1 Copia en medio digital del expediente del proceso del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos identificado bajo el radicado núm.
760013333015202400257-00.

Solución del caso concreto

30. El actor adujo, en su escrito de impugnación, que la autoridad demandada
vulneró los derechos fundamentales invocados, al señalar:18

18 Transcripción literal del texto

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Actor: Joan Sebastián Díaz Mazuera

“[…] “[…] El primer requisito (fumus boni iuris), remite a un principio de veracidad en
cuanto a la afectación del derecho o a la protección del interés público invocado como
fundamento de la pretensión principal de la demanda de amparo.Aunque, como es
apenas obvio en la fase inicial del proceso, no se espera un nivel total de certeza sobre
el derecho en disputa, sí es necesario un estándar de veracidad apenas mínimo. Esta
conclusión debe estar soportada en las circunstancias fácticas presentes en el
expediente y en apreciaciones jurídicas razonables, sustentadas en la jurisprudencia
de la Corte Constitucional.

El segundo requisito (periculum in mora) tiene que ver con el riesgo de que, al no
adoptarse la medida cautelar, sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que se expone
en la demanda, que de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. Tiene
igualmente que ver con un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra
menoscabo durante la sustanciación del proceso.Este análisis recoge así los criterios
(ii) y (iii) del juicio inicialmente formulado por la jurisprudencia constitucional. Implica
tener un alto grado de convencimiento de que la amenaza de perjuicio es cierta, y que
el daño, por su gravedad e inminencia, requieran medidas urgentes e impostergables
para evitarlo.

Los dos pasos descritos deben operar conjuntamente. Precisamente, el segundo
requisito (periculum in mora) impide que el juez de tutela profiera una orden ante la
simple apariencia de verdad (fumus bonis iuris) de la solicitud de amparo. La medida
provisional no es el escenario procesal para resolver el asunto de fondo, así se cuente
con todos los elementos para tomar una decisión. El Artículo 7 del Decreto 2591 de
1991 solo se activa cuando, además de la apariencia de verdad, se requiera la
intervención urgente del juez. A su vez, esto supone la amenaza de un perjuicio
irremediable a un derecho fundamental o al interés público, que no podría ser corregido
en la sentencia final.

El tercer requisito incorpora el concepto de la proporcionalidad al análisis. Si bien en
esta fase inicial no es dable desarrollar plenamente el juicio de proporcionalidad, sí es
necesario ponderar entre los derechos que podrían verse afectados con la medida. La
ponderación que esta etapa demanda funge como una última salvaguarda en favor del
ciudadano. Evita que se tomen medidas que, aunque podrían estar justificadas
legalmente, ocasionarían un perjuicio grave e irreparable. La proporcionalidad no
supone un estándar universal y a priori de corrección, sino que exige una valoración
que atienda las particularidades de cada caso concreto.

En síntesis, una determinación provisional tiene que ser una decisión “razonada,
sopesada y proporcionada a la situación planteada.”[16] Para ello, el juez de tutela debe
constatar que el derecho o interés público que se busque proteger transitoriamente
tenga vocación de veracidad (fumus boni iuris), pero además, que su protección resulte
impostergable ante la gravedad e inminencia del perjuicio irremediable que se cierne
(periculum in mora). Luego de esto, el juez debe verificar que la medida adoptada no
comporte resultados o efectos desproporcionados para quien resulte afectado por la
decisión. […]”.

31. La Sala considera que, la solicitud de tutela no cumple con el requisito general
de procedencia de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, en la medida
en que, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, se
observa que el proceso adelantado con el medio de control de protección de los

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Actor: Joan Sebastián Díaz Mazuera

derechos e intereses colectivos, identificado con el número único de radicación
760013333015202400257-00, se encuentra en trámite, es decir, este no ha sido
definido por el juez natural de la causa.

32. Al respecto, la Sala advierte que el proceso se encuentra pendiente para
proferir sentencia, por parte del Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali.

33. En ese orden de ideas, como lo ha señalado esta Sección19 no se cumple el
requisito general de procedencia de subsidiariedad, en la medida que el proceso se
encuentra en trámite:

“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se encuentra en
curso la acción de tutela no es procedente para cuestionar cualquier decisión adversa
las partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas proceden dentro del
proceso, si el desarrollo del medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se
puede tener certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la
decisión que pone fin al proceso.

Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela como
una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en el trámite de
los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos, y que, además, no
generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.

En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el curso
del proceso impidan el acceso a la administración de justicia y el derecho a la tutela
judicial efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios judiciales de
defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su estudio en sede de
tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice por cuanto, el medio de
control aún está en trámite. […]”.

34. Al respecto, esta Corporación20 ha considerado que:

“[…] Al respecto la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201321, advirtió que
al analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha
culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es
un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un
perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales”.

La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción de
tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite22; (ii) no se han agotado los

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
11001031500020170300600.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
21 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
22 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.

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medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios23; y (iii) se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico”24”.25 […]”.

[…]

Y, solo en el evento que la parte actora considere que éstas irregularidades
procesales subsisten luego de ejecutoriada la sentencia o la providencia que ponga
fin al proceso, es posible acudir de manera subsidiaria a la acción de tutela, se reitera,
luego de agotados los mecanismos ordinarios y extraordinarios al alcance de las
partes en el desarrollo del proceso judicial […]”. (Resaltado del texto original)

35. En ese orden de ideas, en el caso sub examine no se cumple el requisito
general de procedencia de subsidiariedad, en la medida en que aún se encuentra en
trámite proceso adelantado con el medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos cuestionado por el actor, por lo que se desconoce la incidencia
que eventualmente podría llegar a tener las presuntas irregularidades que advirtió en
el escrito de tutela y que, en principio, corresponde conocer al juez natural de la
causa.

Análisis del perjuicio irremediable

36. Ahora bien, debe preguntarse la Sala si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.

37. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la acción
de tutela ha dicho la Corte Constitucional26:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el

23 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de
esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla
jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre
otras.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
26 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Actor: Joan Sebastián Díaz Mazuera

daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a
fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable27[…]”.

38. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor
se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.

39. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que en el presente
caso no se cumple con uno de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, dado que el proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de derechos e intereses colectivos identificado con el número único de radicación
760013333015202400257-00, se encuentra en trámite.

Conclusiones de la Sala

40. Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la sentencia de tutela de 20 de
enero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
medio de la cual negó las pretensiones del amparo y, en su lugar, declarará la
improcedencia de la solicitud de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca el 20 de enero de 2025 y, en su lugar, DECLARAR la

27 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

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Actor: Joan Sebastián Díaz Mazuera

improcedencia del amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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