Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00047-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00047-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2025-00047-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 76001-23-33-000-2025-00047-01
Accionante: Graciela Hernández Cedeño
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTO INTERLOCUTORIO / Improcedencia
/ Subsidiariedad – no se agotaron los recursos idóneos y eficaces previstos por el
legislador para controvertir la decisión objeto de reproche constitucional
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida el 31 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 24 de enero del año en curso, la señora Graciela Hernández Cedeño instauró
demanda de tutela en busca de que se dejara sin efectos el auto del 17 de enero de
2025, proferido por la autoridad accionada al interior del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho1 que promovió en contra de las Empresas
Municipales de Cali – EMCALI EICE E.S.P., con el fin de que se declarara la nulidad
del oficio No. 603.19.1-29779622 del 20 de mayo de 2024, por medio del cual la
entidad le negó la solicitud de reclamación por el valor de la facturación del servicio
público de acueducto y alcantarillado.
2. Através del proveído en cuestión, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del
Circuito de Cali rechazó la demanda por haber operado la caducidad del medio de
control y por tratarse de un asunto que no es susceptible de control judicial.
3. En primer lugar, señaló que el acto acusado fue notificado el 20 de mayo de 2024,
por lo que el término de caducidad, en principio, fenecía el 21 de septiembre
siguiente. No obstante, este se interrumpió el 29 de agosto próximo, fecha en la cual
se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial, y se reanudó el 15 de noviembre
posterior, cuando se expidió la constancia de conciliación. Por lo tanto, el término
1 Identificado con número de radicado: 76001-33-33-008-2024-00304-00.
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Radicación: 76001-23-33-000-2025-00047-01
Accionante: Graciela Hernández Cedeño
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
para acudir a la jurisdicción se extendió hasta el 9 de diciembre de 2024. Sin
embargo, la demanda se presentó el 18 de diciembre siguiente.
4. En segundo término, indicó que si bien la accionante interpuso los recursos de
reposición y apelación contra el acto demandado, estos fueron rechazados por
extemporáneos, lo cual tiene los mismos efectos de no haberlo recurrido. Por
consiguiente, concluyó que la decisión enjuiciada no era pasible de control
jurisdiccional, debido a que no se agotó en debida forma la actuación administrativa,
lo cual constituye un presupuesto de procedibilidad para el ejercicio del medio de
control y representa un yerro insubsanable.
5. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora alegó que la autoridad
demandada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, ya que erró en el
conteo del término de caducidad al desconocer que la constancia de conciliación que
se expidió el 14 de noviembre de 2024 estaba errada. La constancia correcta se
expidió solo hasta el 13 de diciembre de ese mismo año, por lo que fue a partir de
ese momento que se reanudó el término de la caducidad y se suspendió nuevamente
durante la vacancia judicial. Lo cual permitía llegar a la conclusión de que la demanda
fue presentada oportunamente.
B. Sentencia de primera instancia
6. Mediante sentencia del 31 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad, dado que la parte actora no interpuso ningún recurso
contra el auto cuestionado, a pesar de que era susceptible de reposición y apelación.
A lo que se suma que no se probó la existencia de un perjuicio irremediable que
justificara la intervención del juez constitucional.
C. Impugnación
7. La parte accionante sostuvo que el A quo desconoció que no fue posible formular
algún recurso contra la decisión acusada, comoquiera que en dicha providencia el
Juzgado no concedió ningún término para la interposición de recursos, ni informó
sobre su procedencia, omitiendo su deber de indicar los que procedían, conforme lo
establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.
8. Afirmó que la Corte Constitucional, en sentencia T-593 de 2007, se pronunció en
ese sentido y señaló que “Cuando un juez omite indicar los recursos procedentes
contra una decisión judicial, no solo desconoce un deber procesal, sino que limita
injustificadamente el acceso a la administración de justicia, afectando el núcleo
esencial del debido proceso.”
9. Por otro lado, esgrimió que la decisión de haber rechazado la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho impide su acceso a la administración de justicia, lo
que genera un perjuicio irremediable, ya que se priva la posibilidad de que se
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Radicación: 76001-23-33-000-2025-00047-01
Accionante: Graciela Hernández Cedeño
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
resuelva de fondo el asunto.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
10. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
E. Análisis del caso concreto
11. Esta Subsección confirmará el fallo impugnado, pues los elementos de juicio
obrantes en el expediente permiten advertir que la solicitud de amparo no satisface
el requisito general de subsidiariedad, conclusión que no muta de cara a los
argumentos expuestos en el escrito de impugnación.
12. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, previo acudir al juez
constitucional, el interesado debe haber agotado todos los instrumentos idóneos y
eficaces que tenía a su alcance para remediar la situación que amenaza o lesiona
sus derechos, salvo que la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.
13. Este presupuesto de procedencia se torna aún más excepcional tratándose de
acciones de tutela contra autos interlocutorios, habida cuenta que los sujetos
procesales cuentan con diversos recursos jurídicos para controvertir tales
decisiones en el marco del proceso judicial en el cual fueron proferidas, que
precisamente es el escenario natural para ventilar ese tipo de controversias.
14. En tal sentido, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que cuando el
interesado no ha hecho uso de todos los medios de defensa judicial que ha puesto
a su disposición el ordenamiento jurídico para debatir el proveído que pretende
cuestionar en sede de tutela, la solicitud de amparo deviene improcedente2.
15. De acuerdo con lo expuesto, la Sala coincide con el A quo en que el presente
asunto carece por completo de subsidiariedad, comoquiera que la accionante no
agotó los mecanismos judiciales idóneos y eficaces con los que contaba para
ventilar el debate planteado en sede de tutela.
16. De la revisión del acervo probatorio, se encontró que el auto cuestionado no fue
objeto de recurso alguno, muy a pesar de que era susceptible de reposición y
apelación, conforme lo previsto en los artículos 2423 y 2434 de la Ley 1437 de 20115,
2 Al respecto, ver sentencias SU-695 de 2015, T-511 de 2020 y T-575 de 2023, entre otras.
3 “El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario (…)”
4 “Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia: 1.
El que rechace la demanda (…)”.
5 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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Accionado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
si se tiene en cuenta que la decisión allí adoptada consistió en el rechazo de la
demanda.
17. Sin embargo, la demandante no ejerció ninguno de los recursos señalados en
precedencia, que resultaban ser los medios aptos para discutir los reparos
expuestos ante el juez constitucional, en tanto le ofrecían la posibilidad de que la
decisión fuera corregida en caso de constatarse los yerros endilgados.
18. Además, no ofreció alguna razón que justificara tal abstención. Si bien alegó que
la falta de interposición de los recursos obedeció a que la autoridad judicial
accionada omitió el deber consagrado en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 de
señalar expresamente los recursos que procedían contra esa providencia, lo cierto
es que dicha disposición únicamente se limita a establecer lo relativo a la
oportunidad y la forma en que deben presentarse los recursos que se interpongan
contra actos administrativos.
19. La obligación que refiere la parte actora está contenida en el artículo 67 de la
norma en cita, pero únicamente cobija el caso de los actos administrativos. El
legislador no estableció ese deber respecto de las providencias judiciales, por lo que
el hecho de que en la misma no se haga mención al recurso procedente no implica
que se niegue la posibilidad a los interesados de ejercer los recursos
correspondientes.
20. Lo anterior, cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que en el proceso
ordinario, al igual que en el presente asunto, la actora actuó a través de un
profesional del derecho, respecto de quien se presume su conocimiento sobre la ley
y las normas propias de cada juicio. Aunado al deber que le asiste de actualizar los
conocimientos inherentes al ejercicio de la profesión, conforme lo establecido en la
Ley 1123 de 20076.
21. No puede pretenderse trasladar al juez de la causa el deber de diligencia que le
asistía en el marco del proceso cuestionado, so pretexto de que el funcionario tenía
la obligación de informarle los recursos que procedían contra la providencia
enjuiciada. Si tenía una inconformidad con la decisión adoptada, su deber era
desplegar todos los mecanismos de defensa previstos por el legislador para hacer
valer la protección de sus derechos, previo acudir a la acción de tutela, pues esta no
fue concebida como un medio alternativo para discutir situaciones jurídicas
consolidadas que adquirieron firmeza por no haberse empleado los recursos
procedentes.
22. La afirmación orientada a demostrar que la Corte Constitucional ha defendido una
postura según la cual los jueces tienen la obligación de informar los recursos que
proceden contra las providencias que adoptan también carece de asidero, pues, al
consultar la providencia a la que se hizo referencia en el escrito de impugnación, no
se encontró el texto citado por la accionante para sustentar que el Alto Tribunal
6 Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado.
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Accionante: Graciela Hernández Cedeño
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
supuestamente ha sostenido esa tesis, ni mucho menos una consideración en ese
sentido.
23. El perjuicio alegado por la parte actora tampoco resulta suficiente para habilitar la
intervención del juez constitucional, pues lo cierto es que este se originó por su
propia negligencia. De esta manera, se hace evidente que el objeto de la tutela es
revivir etapas procesales en las que se dejaron de emplear los recursos idóneos y
eficaces previstos por el ordenamiento jurídico, lo que conlleva a su improcedencia.
24. Por lo expuesto anteriormente, la Sala confirmará la sentencia del 31 de enero de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
25.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR fallo dictado el 31 de enero de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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