Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2025-00218-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2025-00218-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2025-00218-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
27 de febrero de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 76001-23-33-000-2025-00218-01 (73.511)
Actor: JULIÁN FERNANDO SANABRIA OTERO Y OTRO
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
– EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
Medio de control: PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES
COLECTIVOS
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – MORALIDAD
ADMINISTRATIVA Y OTROS
Síntesis del caso: la demanda busca que se declare la vulneración de los derechos colectivos
a la moralidad administrativa, la paz y la seguridad pública por la omisión de las demandadas
de sus deberes de mantenimiento y preservación del orden público. El Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca negó las súplicas de la demanda por cuanto no se acreditó la transgresión
de los derechos colectivos invocados. Apela la parte demandante. Se mantiene la decisión
impugnada.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 11 de agosto de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca - Sala Segunda de Decisión (SAMAI índice
47, gestión en otros despachos) que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 21 de marzo de 20251, los señores Julián
Fernando Sanabria Otero y John Édward Sotelo Velásquez interpusieron
demanda de acción popular2 en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
1 SAMAI índice 3, gestión en otros despachos, archivo digital denominado
“1_Expedientedigi_01ActaReparto_0_20250321150659986.pdf”.
2 SAMAI índice 3, gestión en otros despachos, archivo digital denominado
“2_Expedientedigi_02Demanda_1_2025 0321150700236.pdf”.
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Expediente 76001-23-33-000-2025-00218-01 (73.511)
Demandante: Julián Fernando Sanabria Otero y otro
Medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
Apelación de sentencia
Nacional – Ejército Nacional - Policía Nacional y el municipio de Florida (Valle
del Cauca) para que se amparen los derechos a la seguridad pública, la paz y
la moralidad administrativa y, en consecuencia, se acceda a las siguientes
súplicas:
“PRIMERO: Ordenar a la Alcaldía Municipal de Florida, Ministerio
de Defensa Nacional, a la Policía y Ejército Nacional, realizar
acciones urgentes de manera articulada que conlleven al ejercer
control territorial en el Municipio de Florida e implementar todas las
acciones, estrategias, programas, planes y proyectos, con el objeto
de superar las irregularidades aquí denunciadas y tome los
correctivos del caso, para así, de esta manera hacer cesar el
agravio, peligro contingente e inminente sobre la vida e integridad
personal de los habitantes del territorio Municipal, garantizando con
ello la protección de los derechos e intereses colectivos a la
seguridad, la paz y la moralidad administrativa y la mitigación de los
actos de violencia, así como conjurar la grave situación de orden
público en el Municipio de Florida.
SEGUNDO: Que se ordene a la Alcaldía Municipal de Florida,
Policía y Ejército Nacional, que de manera articulada y dentro de
sus competencias, diseñe, desarrolle y ejecute un plan de corto,
mediano y largo plazo, que tenga como objeto el combate,
mitigación y erradicación, del incremento inusitado de los
fenómenos delincuenciales entre ellos, el hurto, extorsión,
microtráfico, homicidios, reclutamiento forzado, secuestros,
presencia e invasión de grupos al margen de la ley, efectuando las
acciones, actividades y estrategias para su plena ejecución.
TERCERO: Que se ordene a la Alcaldía Municipal de Florida,
Mindefensa, la Policía Nacional Y Ejercito Nacional, que de manera
articulada lleven un plan que contemplen acciones periódicas y
constantes de revisión, redadas, decomiso de armas
cortopunzantes, decomiso de alucinógenos y estupefacientes,
trabajo de infiltración e inteligencia, judicialización de presuntos
delincuentes y demás necesarias de combate, erradicación y
mitigación de los fenómenos delictivos mentados.
CUARTO: Que se ordene a la Alcaldía de Florida, Mindefensa,
Policía y Ejército Nacional, de manera articulada la implementación
de planes estratégicos de seguimiento, control y términos
perentorios, que garanticen y hagan efectivo el accionar de la
autoridad policial, aumentado el número de pie de fuerza pública,
al servicio del municipio de Florida, instalación de CAI en los barrios
más críticos del municipio; paralelamente, se acometan y ejerzan
las labores y ejecutorias indispensables, hasta entregar al juzgado
y el municipio, resultados tangibles, cualitativos que garanticen una
labor de seguridad ciudadana fructífera, eficaz y efectiva en favor
del municipio de Florida, con permanencia en el tiempo. Con el
restablecimiento y control de la seguridad en el municipio de Florida
y hacer imperar el orden.
QUINTO: Que se ordene a la Personería Municipal y a la
Defensoría del Pueblo a través de sus delegados y dentro del
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Expediente 76001-23-33-000-2025-00218-01 (73.511)
Demandante: Julián Fernando Sanabria Otero y otro
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Apelación de sentencia
marco de sus competencias Constitucionales y Legales, realizar
seguimiento a las acciones, estrategias, programas, planes y
proyectos, con el objeto de superar las irregularidades aquí
denunciadas, que diseñen e implementen las entidades aquí
enjuiciadas en esta acción Constitucional, como garantes de las
protección y promoción de los DDHH de toda la población civil
afectada.
SEXTO: Las demás que de oficio su despacho considere
necesarias de conformidad con el caso concreto y medios de
pruebas obrantes en el plenario.
SÉPTIMO: Condénese en costas procesales conforme al Art. 364
del CGP a los accionados” (SAMAI índice 3, gestión en otros
despachos, fls. 6 a 8 archivo digital denominado “2_Expedientedigi_
02Demanda_1_20250321150700236.pdf” - negrillas y mayúsculas
sostenidas del original).
2. Hechos
Como fundamentos fácticos de la demanda el extremo activo expuso, en
síntesis, los siguientes:
1) El municipio de Florida (Valle del Cauca) ha sido epicentro de combates
entre la fuerza pública y grupos al margen de la ley, así como también de
incursiones y ataques guerrilleros que han causado desplazamientos forzados,
secuestros, desapariciones y daños a bienes materiales.
2) La descrita situación de orden público se agudizó luego de la firma del
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera, pues, la inactividad de la Fuerza Pública favoreció la
actuación de grupos de delincuencia común y de disidencias de las FARC.
3) El alcalde del municipio de Florida (Valle del Cauca) ha omitido el
cumplimiento de las funciones propias de su cargo en lo que concierne a la
conservación y restablecimiento del orden público, lo cual ha propiciado el
incremento de la inseguridad manifestada en hurtos en vías de acceso al ente
territorial, actos de extorsión en contra de los comerciantes de la zona,
reclutamiento de menores, tráfico de estupefacientes, presencia de actores
armados, un ataque sicarial en contra de un funcionario del municipio y el
secuestro de la señora Carmen Cotillo el día 14 de octubre de 2024.
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Expediente 76001-23-33-000-2025-00218-01 (73.511)
Demandante: Julián Fernando Sanabria Otero y otro
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4) Mediante invitación ATI no. 002-25 de 4 de febrero de 2025 para los
municipios de Pradera y Florida (Valle del Cauca), la Defensoría del Pueblo
convocó a diferentes organizaciones civiles y comunitarias a la socialización de
la alerta temprana por la grave situación de orden público en la zona, reunión
que tuvo lugar el 6 de febrero de 2024 sin la asistencia del alcalde municipal.
La parte demandante sostuvo que “…las entidades públicas competentes de
diferente orden, no han intervenido de manera contundente, en especial la
actual Administración Municipal y con el pasar de los días se afectarán en grave
forma los derechos colectivos de “el derecho a la seguridad, a la moralidad
administrativa”, derechos colectivos que, de no protegerse, desencadenarán en
la violación de derechos fundamentales de los pobladores del municipio de
Florida como lo son la a la locomoción, la vida y la paz, crítica situación que es
actual y de peligro inminente para toda la comunidad y en especial los
niños, niñas y adolescentes”3 (negrillas propias del texto).
3. Trámite procesal en primera instancia
1) Por auto del 26 de marzo de 2025 el tribunal de primera instancia admitió
la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas4; la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional interpuso recurso de reposición
contra el auto admisorio de la demanda por considerar que no se satisfacía el
requisito de procedibilidad de reclamación previa5 y, en proveído del 5 de mayo
de 2025 el tribunal aquo decidió no reponer el auto admisorio por cuanto se
acreditó “la excepcionalidad establecida en el artículo 144 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en cuanto al
requisito previo en el presente medio de control, al sustentarse la existencia de
un inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los
derechos e intereses colectivos ante la grave situación de orden público” 6
presentada en el municipio de Florida.
3 SAMAI índice 3, gestión en otros despachos, fl. 5, archivo digital denominado
“2_Expedientedigi_02Demanda_1_2025 0321150700236.pdf”.
4 SAMAI índice 5, gestión en otros despachos.
5 SAMAI índice 11, gestión en otros despachos.
6 SAMAI índice 20, gestión en otros despachos.
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Expediente 76001-23-33-000-2025-00218-01 (73.511)
Demandante: Julián Fernando Sanabria Otero y otro
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Apelación de sentencia
2) El 11 de junio de 2025 se declaró fallida la audiencia de pacto de
cumplimiento, se decretó la práctica de una prueba testimonial solicitada por el
extremo demandante y se incorporaron como medios probatorios los
documentos aportados con la demanda y los escritos de contestación a esta,
asimismo, se fijó fecha para la celebración de la audiencia de pruebas7, la cual
se llevó a cabo el 9 de julio de 20258.
4. Posición de las entidades demandadas
4.1 La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
1) Esta entidad accionada9 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda por considerar que no ha omitido el cumplimiento de las funciones
que le han sido legal y constitucionalmente asignadas, sino que, por el
contrario, ha prestado la actividad de policía de acuerdo con sus capacidades
institucionales mediante labores de patrullaje y de ejecución de medidas de
control prevención y atención de motivos de policía encaminadas a mitigar la
comisión de delitos y de comportamientos contrarios a la convivencia
ciudadana en la jurisdicción del departamento del Valle del Cauca.
En esa dirección, añadió que no existe nexo de causalidad entre el hecho
generador del daño y el daño alegado en la demanda porque el Departamento
de Policía del Valle del Cauca a través del Modelo Nacional de Vigilancia por
Cuadrantes ha garantizado la seguridad de los habitantes del ente territorial.
2) Por último, insistió en que los hechos y pretensiones de la demanda se
fundan en apreciaciones subjetivas de los demandantes las cuales se intentan
respaldar mediante unas fotografías y videos no susceptibles de apreciación
judicial por ser nulas de pleno derecho en tanto que carecen de los requisitos
de inalterabilidad, autenticidad, durabilidad y seguridad propios de los
documentos electrónicos, sumado al hecho de que las fotografías, por sí solas,
no acreditan que la imagen capturada corresponda a aquello que se pretende
probar.
7 SAMAI índice 37, gestión en otros despachos.
8 SAMAI índice 38, gestión en otros despachos.
9 SAMAI índice 14, gestión en otros despachos, archivo digital denominado “10_760012333000
202500218002MemorialWeb202542121644.pdf”.
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4.2 Municipio de Florida (Valle del Cauca)
1) El municipio de Florida (Valle del Cauca) 10 solicitó denegar las súplicas de
la demanda por cuanto, de manera seria y permanente, ha desplegado diversas
actuaciones de carácter administrativo, técnico, operativo y presupuestal
tendientes a la protección y garantía de los derechos colectivos invocados en
la demanda con el fin de superar las problemáticas de orden público que
afectan el territorio municipal.
2) En ese contexto, explicó que desde el año 2024 implementó el Plan de
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC 2024-2027) el cual incluye
estrategias como aumento del pie de fuerza, jornadas de acompañamiento
escolar instalación de centro automático de despacho y cámaras de seguridad,
adecuación de inmuebles públicos con fines institucionales, recuperación del
CAI Nuevo Horizonte y trabajos de articulación con la Policía Nacional, el
Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF-; además, desarrolló más de 250 campañas de
prevención del delito en el año 2024 y 182 en 2025, y en acatamiento a las
recomendaciones de la Defensoría de Pueblo diseñó rutas de atención
urgentes para menores en riesgo de reclutamiento, firmantes de paz y líderes
sociales.
3) Por otra parte, refirió que la parte accionante no probó la existencia de un
perjuicio irremediable que lo relevara de acreditar el requisito de renuencia
consagrado en el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011; de modo que, se
configura una causal de improcedencia procesal.
4) Al tiempo, como medios exceptivos invocó los que denominó: i) inexistencia
de vulneración de derechos colectivos, ii) cumplimiento del deber funcional, iii)
falta de legitimación en la causa por pasiva, iv) inexistencia de vulneración de
derechos colectivo – gestión con resultados verificables y, v) falta de
procedibilidad de la acción.
10 SAMAI índice 15, gestión en otros despachos, archivo digital denominado
“17_Contestacionde_ContestacionALVAROER_1_20250424161826249.pdf”.
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4.3 La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional
1) Esta otra entidad demandada controvirtió las súplicas de la demanda11 por
considerar que no se acreditó una amenaza o vulneración de los derechos
colectivos a la paz, a la seguridad y a la moralidad administrativa, circunstancia
que se refleja en que los demandantes no efectuaron ante las autoridades
demandadas una solicitud o denuncia concreta sobre situaciones de violencia
o de inseguridad en la zona.
2) A su vez, propuso como excepciones las siguientes: i) el alcalde como
primera autoridad de policía del municipio de Florida, ii) finalidad de las
acciones populares, iii) carga de la prueba, iv) la actividad que desarrolla la
fuerza pública es de medio y no de resultado y, v) el Ejército Nacional ha venido
cumpliendo con sus funciones de defensa de la soberanía y del territorio
nacional de forma permanente con todas sus capacidades.
3) Finalmente, resaltó que la parte demandante no acreditó la existencia de una
vulneración o amenaza de los derechos colectivos invocados en el libelo inicial,
al tiempo que, insistió en que el Ejército Nacional ha cumplido de manera eficaz
el componente funcional y misional constitucionalmente asignado, con el
propósito de reducir la acción de los grupos delincuenciales.
5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca - Sala Segunda de Decisión en
sentencia del 11 de agosto de 202512 negó las pretensiones de la demanda con
sustento en el siguiente razonamiento:
1) El extremo accionante incumplió la carga de argumentar y probar la
transgresión o amenaza del derecho colectivo a la moralidad administrativa,
pues, no aportó elementos de convicción que demuestren que los servidores
11 SAMAI índice 16, gestión en otros despachos, archivo digital denominado
“18_760012333000202500218002MemorialWeb202542522102.pdf”.
12 SAMAI índice 47, documento electrónico denominado “51_Sentencia_Sentencia_
20250021800POPULARse_0_20250811153257448.pdf”.
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públicos de las entidades demandadas actuaron en función de un fin particular
y en detrimento del interés general.
2) Tampoco se acreditó la vulneración de los derechos colectivos a la paz y a
la seguridad pública en tanto que el testimonio de la señora Andrea Morán si
bien alude a unos eventos de inseguridad y criminalidad, también reconoce
acciones y medidas gubernamentales y de la Fuerza Pública encaminadas a
controlar acciones delincuenciales y de alteración del orden público en el
municipio, por lo cual, la declaración de la testigo por sí sola carece de la fuerza
de convicción requerida para establecer la omisión atribuida a las autoridades
accionadas.
3) Las notas periodísticas y publicaciones en medios de comunicación
aportados con la demanda evidencian la divulgación de determinadas
informaciones, pero no la veracidad de los hechos allí difundidos; de modo que,
esos medios probatorios resultan insuficientes para acceder a las pretensiones
de la demanda, más aún si se toma en consideración que las entidades
demandadas aportaron elementos de convicción que acreditan acciones
concretas para controlar la problemática de inseguridad en el municipio y
garantizar la preservación del orden público.
4) La actividad policial y de seguridad pública constituye una obligación de
medios y no de resultados, por ende, el hecho de que la parte pasiva de la
relación jurídico procesal probara la adopción de medidas razonables en el
marco de sus competencias para la preservación de las condiciones de
seguridad y mantenimiento del orden público en el municipio de Florida excluye
la posibilidad jurídica de atribuirles responsabilidad, debido a que no se
demostró que las deficiencias de seguridad sean consecuencia exclusiva de la
inacción institucional alegada por los demandantes.
6. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación a
través del cual solicitó revocar la decisión de primera instancia y acceder a las
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Expediente 76001-23-33-000-2025-00218-01 (73.511)
Demandante: Julián Fernando Sanabria Otero y otro
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Apelación de sentencia
súplicas de la demanda13. Los argumentos del recurso son, en síntesis, los
siguientes:
1) Los actos de inseguridad ocurridos en el municipio de Florida (Valle del
Cauca) constituyen hechos notorios, reportados en diversos medios de
comunicación y redes sociales de comunicación y en las alertas tempranas
emitidas por la Defensoría del Pueblo.
2) El municipio demandado no aportó datos estadísticos del estado de
seguridad de la zona ni del éxito de los planes implementados, sino que, se
limitó a enunciar algunas estrategias previstas en el Plan Integral de Seguridad
Ciudadana (PISCC-2024-2027) sin especificar de qué manera las aludidas
medidas contribuyen al mejoramiento del orden público y de la calidad de vida
de los residentes del sector, por lo cual la falta de demostración de la existencia
de políticas públicas concretas, ejecutables y verificables torna evidente el
incumplimiento de la autoridad territorial de su obligación de cumplir y hacer
cumplir la Constitución a través de planes y estrategias encaminados a la
preservación del orden público.
3) No es admisible restar valor probatorio a las publicaciones de prensa
efectuadas en medios de comunicación y redes sociales porque su contenido
guarda conexidad con otros elementos de convicción practicados en el proceso,
como lo son el testimonio de la señora Andrea Morán Mateus y la alerta
temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en los cuales se evidencia la
situación de riesgo en el municipio por la presencia de grupos armados ilegales;
además, de conformidad con el artículo 247 del CGP es posible presentar
documentos electrónicos en formato impreso, los cuales son susceptibles de
valoración siempre que su contenido no haya sido tachado o desconocido.
7. Actuación surtida en segunda instancia
1) Por auto del 20 de noviembre de 202514 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el extremo activo del litigio.
13 SAMAI índice 49, documento electrónico denominado “52_760012333000202500218002
MemorialWeb2025815143210.pdf”.
14 SAMAI índice 3.
10
Expediente 76001-23-33-000-2025-00218-01 (73.511)
Demandante: Julián Fernando Sanabria Otero y otro
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Apelación de sentencia
2) La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional15 se pronunció en
relación con el recurso de apelación, solicitó confirmar la decisión de primera
instancia porque se acreditó la realización de labores encaminadas a garantizar
las condiciones de seguridad en las zonas aledañas al municipio.
3) La representante del Ministerio Público rindió concepto a través del cual
recomendó confirmar la sentencia de primera instancia, por estimar que “la
parte actora no demostró que los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, la seguridad y la paz, hubieran sido vulnerados o amenazados
por las entidades demandadas por no ejercer sus funciones en materia de
prevención y control de la inseguridad”16.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve el asunto sometido a
consideración17 con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y
anuncio de la decisión, 2) análisis del caso concreto y, 3) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
La demanda, presentada por particulares en ejercicio de la acción popular, está
dirigida a que se declare que las entidades demandadas vulneraron los
derechos colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad pública y la paz.
El tribunal de primera instancia negó las pretensiones de la demanda por
considerar que no se demostró una omisión en materia de preservación del
15 SAMAI índice 9.
16 SAMAI índice 11, fl. 15 archivo digital denominado “12_12_760012333000202500218011
YYY12160933.pdf”.
17 Esta Corporación es competente para conocer de las acciones populares originadas en actos
u omisiones de las entidades públicas o privadas que desempeñen funciones administrativas
de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 472 de 1998. En este caso concreto
la acción está formulada contra el municipio de Florida (Valle del Cauca) y la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional y Ejército Nacional por la vulneración de los derechos
colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad pública y la paz; en consecuencia, de
acuerdo con lo dispuesto por el numeral 13 del artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 la Sección
Tercera de esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia de la apelación
de las sentencias proferidas por los tribunales administrativos frente a las acciones populares
en que se invoque vulneración o amenaza del derecho a la moralidad administrativa.
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Expediente 76001-23-33-000-2025-00218-01 (73.511)
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Apelación de sentencia
orden público y seguridad atribuible a las autoridades demandadas. Por su
parte, el extremo demandante cuestionó la decisión de primer nivel porque, en
su criterio, el acervo probatorio es demostrativo de la inacción estatal que
conllevó a la transgresión de los derechos colectivos cuya protección se
reclama en la demanda.
En ese orden, el centro de la controversia planteada radica en establecer si la
parte actora demostró la violación de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, a la paz y a la seguridad pública. La Sala confirmará la sentencia
impugnada porque los elementos de convicción resultan insuficientes para
acreditar la omisión estatal atribuida en materia de conservación y preservación
de las condiciones de seguridad en el municipio de Florida (Valle del Cauca).
2. Análisis del caso concreto
2.1 La acción popular y los derechos colectivos invocados
El artículo 88 de la Constitución Política consagró la acción popular como un
mecanismo para la protección de los derechos e intereses colectivos
relacionados con el espacio, el patrimonio, la seguridad y la salubridad públicas,
el ambiente, la moralidad administrativa, la libre competencia económica y otros
de similar naturaleza.
En desarrollo de su función reguladora, el legislador expidió la Ley 472 de
199818, la cual en el artículo 2 definió las acciones populares como “los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos”, cuyo
ejercicio tiene como finalidad “evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro,
la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos,
o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.
De este modo, la acción popular se erige como un mecanismo expedito de
protección de los derechos colectivos, caracterizada por su naturaleza pública,
18 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
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Expediente 76001-23-33-000-2025-00218-01 (73.511)
Demandante: Julián Fernando Sanabria Otero y otro
Medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
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que implica que puede ser ejercida por toda persona natural o jurídica, así como
también por organizaciones no gubernamentales, cívicas o populares, por
entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención y vigilancia
y, por el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los
Personeros Distritales y Municipales, en lo relacionado con sus competencias;
igualmente, se distingue por su carácter principal y autónomo en tanto que su
procedencia no está supedita a la inexistencia de otros mecanismos de defensa
judicial.
2.1.1 Derecho a la moralidad administrativa
1) El derecho colectivo cuya protección judicial reclaman en sede de apelación
los actores de la acción popular está consagrado en el literal b) del artículo 4
de la ley 472 de 1998, el texto es el siguiente: “[a]rtículo 4. Derechos e intereses
colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros los relacionados
con: (…) b) [l]a moralidad administrativa”.
2) En ese contexto, en relación con el contenido y alcance del concepto de
moralidad administrativa como interés colectivo susceptible de protección
judicial a través de la denominada acción popular, la Sección Tercera del
Consejo de Estado19 ha sostenido que la razón de ser de este interés colectivo
radica en la función administrativa, la cual está sujeta a una serie de principios
dirigidos a garantizar el cumplimiento de los fines del Estado, especialmente
los que se refieren al patrimonio público.
3) Adicionalmente, para que pueda hablarse de lesión a este derecho e interés
colectivo debe existir, necesariamente, una trasgresión al ordenamiento
jurídico, al tiempo que debe acreditarse la mala fe de la administración.
La actuación de la administración debe ser de tal magnitud que desnaturalice
la función pública ejecutada y la corrupción debe desembocar en la satisfacción
de intereses particulares.
19 Al respecto, pueden consultarse las sentencias de 16 de marzo de 2006, expediente 2004-
00118-02 (AP), MP María Elena Giraldo Gómez; de 21 de mayo de 2008, expediente AP-01415,
MP Ramiro Saavedra Becerra y, de 23 de enero de 2009, expediente AP-2003-0013, MP Ruth
Stella Correa Palacio.
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Expediente 76001-23-33-000-2025-00218-01 (73.511)
Demandante: Julián Fernando Sanabria Otero y otro
Medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
Apelación de sentencia
Por lo tanto, no toda irregularidad administrativa, como tampoco no cualquier
incumplimiento o quebranto de la normatividad que rija o regule determinado
procedimiento administrativo constituye, per se, violación de la moralidad
administrativa, pues, para ello se requiere la existencia o presencia de un
elemento que denote un propósito o finalidad contrario a los cometidos para los
cuales están instituidos los procedimientos y atribuidas las competencias
administrativas, como por ejemplo, el ánimo o interés de satisfacer o alcanzar
un interés personal, de grupo o de terceros, que, resulta opuesto o diferente al
preestablecido, en cada caso, por el constituyente y el legislador.
En ese sentido se ha pronunciado la Sala Plena del Consejo de Estado,
además de los elementos objetivos que deben analizarse para establecer la
vulneración de ese derecho colectivo es necesario que concurra el elemento
subjetivo que, implica un juicio sobre la conducta del funcionario para
establecer el ánimo o interés de satisfacer o alcanzar un interés personal
indebido o ilegítimo para sí con terceras personas, al respecto ha puesto de
presente lo siguiente:
“No se puede considerar vulnerado el derecho colectivo a la
moralidad pública sin hacer el juicio de moralidad de la actuación
del funcionario para establecer si incurrió en conductas amañadas,
corruptas o arbitrarias y alejadas de los fines de la correcta función
pública.
Aquí es donde se concreta el segundo elemento. Consiste en que
esa acción u omisión del funcionario en el desempeño de las
funciones administrativas debe acusarse de ser inmoral; debe
evidenciarse que el propósito particular del servidor se apartó del
cumplimiento del interés general, en aras de su propio
favorecimiento o del de un tercero.
Este presupuesto está representado en factores de carácter
subjetivo opuestos a los fines y principios de la administración,
traducidos en comportamientos deshonestos, corruptos, o
cualquier denominación que se les dé; en todo caso, conductas
alejadas del interés general y de los principios de una recta
administración de la cosa pública, en provecho particular”20
(negrillas adicionales).
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1 de diciembre
de 2015, expediente 11001-33-31-035-2007-00033-01, MP Luis Rafael Vergara Quintero.
Asimismo, esta Subsección en reiteradas providencias se ha pronunciado sobre el contenido y
alcance del derecho a la oralidad administrativa, al respecto ver sentencia de 26 de marzo de
2025, expediente 17001-23-33-000-2017-00866-01 (70.933), MP Fredy Ibarra Martínez, con
aclaración de voto del Dr. Alberto Montaña Plata.
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Expediente 76001-23-33-000-2025-00218-01 (73.511)
Demandante: Julián Fernando Sanabria Otero y otro
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Apelación de sentencia
4) En ese marco conceptual y jurisprudencial la Sala encuentra que en el
presente asunto los elementos subjetivo y objetivo requeridos para la
configuración de la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa
no se encuentran acreditados.
En efecto, esta Corporación en decisiones de unificación ha determinado que
para la configuración de la trasgresión del derecho colectivo de la moralidad
administrativa “desde el punto de vista del interés colectivo tutelable a través
de la acción popular, es necesario que se demuestre el elemento objetivo que
alude al quebrantamiento del ordenamiento jurídico y el elemento subjetivo
relacionado a la comprobación de conductas amañadas, corruptas, arbitrarias,
alejadas de la correcta función pública”21.
Ahora bien, en cuanto a la prueba de los elementos requeridos para tener por
configurada la violación del derecho colectivo de la moralidad administrativa
esta Corporación ha determinado lo siguiente:
“De aquí que, la prueba del elemento subjetivo referido a la disposición o
el ánimo materializado a través de conductas deshonestas en función de
anteponer los intereses particulares, en detrimento de los intereses
generales, le corresponde a la parte actora, en tanto le incumbe probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que
ellas persiguen22 y sin que tal conducta se presuma ante una acusación
de haberse pretermitido iniciar un proceso de fiscalización tributaria en un
contexto como el que se ha explicado”23.
2.1.2 Derechos colectivos a la paz y a la seguridad
1) En el preámbulo de la Constitución Política de Colombia se consagró la
noción jurídica de paz como un pilar fundamental del Estado Colombiano; a su
vez, el artículo 2 de la Carta Superior consagró como uno de los fines
esenciales del Estado asegurar la convivencia pacífica, por lo cual las
autoridades públicas están instituidas para la protección de todas las personas
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 13 de febrero
de 2018, expediente 25000-23-15-000-2002-02704-01(SU), MP William Hernández Gómez.
22 Cita tomada del texto original “Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
de 27 de marzo de 2014, expediente, 201002404 AP”.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de septiembre de 2021,
expediente 25000-23-24-000-2010-00734-01, MP José Roberto Sáchica Méndez.
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Expediente 76001-23-33-000-2025-00218-01 (73.511)
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residentes en el país y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares; a su vez, en el artículo 22 se reconoció a la
paz la jerarquía de derecho y deber de obligatorio cumplimiento y en el numeral
6 del artículo 95 se consagró como uno de los deberes a cargo de las personas
y los ciudadanos propender al logro y mantenimiento de la paz.
En ese orden es claro que la paz tiene una triple connotación en el
ordenamiento jurídico nacional, en cuanto constituye un fin del Estado, un
derecho fundamental y un deber que debe dirigir tanto la acción de las
autoridades públicas como la de los particulares.
2) Sobre este derecho la Corte Constitucional ha puesto de presente que “…
la paz es un objetivo de primer orden dentro del modelo de organización política
adoptado por la Constitución. Para ello, se reconoce la triple condición de la
paz como derecho, deber y valor fundante de dicho modelo, lo cual conlleva a
obligaciones directas en, al menos, tres aspectos definidos: (i) un deber estatal
de diseño e implementación de acciones, normativas y de política pública,
dirigidas a la superación del conflicto armado y, en general, el logro de la
convivencia pacífica; (ii) un deber social de preferir a la solución pacífica como
mecanismo exclusivo y constitucionalmente admisible de resolución de las
controversias; y (iii) el logro progresivo de la plena vigencia de los derechos
fundamentales, lo cual es un presupuesto tanto para la paz como para la
vigencia del orden democrático, concebido desde una perspectiva materia”24l.
Igualmente, esa misma alta Corporación ha destacado que el reconocimiento
de la paz como derecho humano individual y colectivo del que son titulares
todas las personas se cimenta en el derecho internacional, “…Concretamente,
en normas de derecho internacional de los derechos humanos que al haber
sido ratificadas por el Estado colombiano hacen parte del bloque de
constitucionalidad en sentido estricto”25.
24 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-379 de 18 de julio de 2016, MP Luis Ernesto
Vargas Silva.
25 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-630 de 11 de octubre de 2017, MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez y Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Expediente 76001-23-33-000-2025-00218-01 (73.511)
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3) En idéntica dirección, la Sección Primera de esta Corporación de tiempo
atrás ha reconocido que la paz reviste naturaleza de derecho colectivo26
susceptible de amparo por vía de la acción popular, al respectó esgrimió:
“Así pues, la doble configuración de la paz como derecho
(colectivo y fundamental) supone que no toda vulneración o
amenaza merezca el amparo de tutela sino únicamente en
aquellos casos en que sea vulnerado su contenido prestacional
definido, pues de lo contrario nos encontraríamos en uno de dos
escenarios: (i) que no exista ninguna vulneración, caso en el cual
el actor carecería de legitimación en la causa puesto que no es
titular de ningún derecho subjetivo que merezca el amparo
constitucional; o (ii) la vulneración corresponde a su dimensión
como derecho colectivo, caso en el cual la acción de tutela
resultaría improcedente pues el actor no cumpliría el principio de
subsidiariedad en cuanto que eventualmente podría ejercer la
acción popular como mecanismo de defensa judicial idóneo de
los derechos colectivos, salvo en aquellos casos en que se
pretenda evitar un perjuicio irremediable”27.
4) En similar sentido, en relación con la seguridad pública el máximo tribunal
constitucional ha precisado que “presenta tres connotaciones jurídicas
relevantes: (i) es un valor constitucional, (ii) es un derecho colectivo, y (iii) es
un derecho fundamental”28
Por su parte, esta Corporación en cuanto a la seguridad pública en su
dimensión de derecho colectivo ha indicado que es una de las condiciones que
integra el concepto jurídico de orden público y que, junto a los demás
elementos, a saber, salubridad, tranquilidad, moralidad y ecología, hace posible
el ejercicio y goce de los derechos, así como el desarrollo de la vida en
comunidad, además, “…[su] contenido general implica, en el caso de la
seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes
naturales y las calamidades humanas (…). En esa perspectiva, los derechos
colectivos a la seguridad y salubridad públicas son derechos subjetivos que se
pueden garantizar desde una perspectiva de abstención (negativa o de impedir
una conducta) o de promoción (activa o de realización de un comportamiento)
en aras de asegurar las condiciones esenciales de salud pública y de
26 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 30 de mayo de 2019,
expediente 19001-23-33-000-2014-00258-02 (AP), MP Hernando Sánchez Sánchez.
27 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, expediente 25000-
23-42-000-2014-020774-01 (AC), MP Guillermo Vargas Ayala.
28 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-123 de 19 de marzo de 2019, MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
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tranquilidad que permitan la vida en comunidad y, por consiguiente, faciliten la
convivencia pacífica entre los miembros de la sociedad”29.
Igualmente, esta Subsección ha considerado como una función inherente al
Estado la de garantizar la protección de todas las personas residentes en el
país; no obstante, ha precisado igualmente que las obligaciones estatales en
materia de seguridad tienen un alcance relativo, en la medida en que se
encuentran circunscritas a las capacidades de atención y respuesta existentes
en cada caso concreto; asimismo, en reiterados pronunciamientos ha señalado
que dicha relatividad, por sí sola, no excusa el incumplimiento de sus deberes,
sino que, debe examinarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir con
los estándares funcionales exigibles30.
Además, frente a las obligaciones que le corresponden al Estado debe
precisarse que este no tiene ni goza de las propiedades de ser omnipresente
(no puede estar en todo sitio), omnipotente (no lo puede hacer todo) ni tampoco
es omnisciente (no lo sabe ni lo conoce todo), por lo tanto, debe advertirse que
sus obligaciones son apenas de medio y no de resultado.
2.2 Hechos probados
Con las anteriores precisiones de índole normativo, con el propósito de resolver
los cargos de la alzada resulta indispensable el examen de los medios de
convicción aportados, con los cuales se encuentran debidamente probados los
siguientes hechos relevantes para la adopción de la decisión:
1) A través de comunicación identificada con radicación GS-2025-069153-
DEVAL del 11 de abril de 202531 el comandante de la estación de policía del
municipio de Florida adscrita al Departamento de Policía del Valle del Cauca
reportó la estadística operativa del 1 de enero al 9 de abril de 2025 en la que
consta, entre otras actividades, la realización de 67 capturas en flagrancia, 3
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de noviembre de 2013,
expediente 25000-23-24-000-2011-00227-01 AP, MP Enrique Gil Botero.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 3 de abril de 2020, expediente no.
47.334, MP Ramiro Pazos Guerrero.
31 SAMAI índice 14, gestión en otros despachos, archivo digital denominado
“13_760012333000202500218005MemorialWeb202542121644.pdf”.
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capturas por orden judicial, la incautación de 24 armas de fuego y de 85 armas
cortopunzantes, la recuperación de 23 motocicletas y 10 celulares hurtados, y
el decomiso de varios kilogramos de sustancias alucinógenas (cocaína,
marihuana y bazuco).
Asimismo, en la mencionada comunicación se expusieron los resultados
operativos de mayor impacto, en los cuales se registraron capturas por la
presunta comisión de las conductas punibles de porte ilegal de armas de fuego;
receptación; tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; del mismo modo,
se resaltó la disminución de la criminalidad durante el año 2025 frente a 2024,
particularmente en los delitos de hurto a personas, residencias y
establecimientos de comercio, así como también en la tasa de homicidios a
partir del mes de marzo de 2025 y, finalmente, se informó acerca de la ejecución
de actividades y campañas de prevención del homicidio, el secuestro, la
extorción, el reclutamiento ilícito y el consumo de estupefacientes.
2) Igualmente, el 1 de mayo de 2025, el comandante del Batallón de
Ingenieros de Combate no. 3 “Cr. Agustín Codazzi”32 comunicó que durante el
año 2024 se realizaron 29 operaciones militares (de estabilidad, de ofensa y de
defensa) y en lo transcurrido del 2025 otras 12 operaciones, así como también,
que se desarrollaron planes de trabajo interinstitucional encaminadas a
implementar medidas de protección y seguridad en la zona y actividades como
presencia constante de unidades militares en los límites geográficos con el
departamento del Tolima, acompañamientos en caravanas de seguridad y
movilidad y, jornadas de prevención de la extorsión y el secuestro.
Al propio tiempo, en la referida comunicación se refiere la existencia de
información de inteligencia sobre la presencia de actores al margen de la Ley
en el sector, frente a los cuales “No se descarta que en los próximos días se
presenten posibles confrontaciones armadas entre dicha estructura y la fuerza
pública con el fin de poder tener el control territorial para realizar sus actividades
delictivas, así como también posibles acciones terroristas en contra de la fuerza
32 SAMAI índice 19, gestión en otros despachos, archivo digital denominado
“21_760012333000202500218002Memorial Web20255513463.pdf”.
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pública, la población civil o activos estratégicos del estado” (SAMAI índice 19,
gestión en otros despachos).
Por último, en relación con las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del
Pueblo se destacó que se han desarrollado mesas técnicas con el
acompañamiento del departamento del Valle del Cauca, la alcaldía municipal,
la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Procuraduría General de la Nación
y lideres sociales, con el fin de reforzar la seguridad en el sector.
3) Además, al proceso se allegó el oficio no, SGCS 7-2012.02.186.2025 del
22 de abril de 202533 suscrito por el secretario de gobierno municipal de Florida
(Valle del Cauca) a través del cual informó las gestiones realizadas en materia
de seguridad ciudadana a partir del año 2024.
En ese contexto, precisó que en el marco del proyecto denominado
“Fortalecimiento de la Convivencia y la Seguridad Ciudadana” se incluyó la
elaboración, implementación y seguimiento del Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana (PISCC 2024-2027) desarrollado con la participación
de diversos actores institucionales y comunitarios, en el que se fijaron, entre
otras actividades y medidas, estrategias de seguridad para el desplazamiento
y bienestar de estudiantes y docentes y de prevención del delito mediante el
aumento de la presencia policial, el fortalecimiento de la participación
comunitaria a través de jornadas de educación y concienciación, la instalación
de cámaras de seguridad en puntos estratégicos del municipio, entrega de un
centro de monitoreo , suministro de material a la Fuerza Pública del Ejército
Nacional y recompensas a la ciudadanía por proporcionar información verídica
y eficaz sobre la comisión de punibles.
También resaltó que como medidas para erradicar y mitigar los problemas de
inseguridad relacionados con hurtos, extorciones, homicidios, microtráfico,
reclutamiento forzado y presencia de grupos al margen de la ley se realizaron
251 campañas preventivas en el año 2024 y 182 en el año 2025.
33SAMAI índice 15, gestión en otros despachos, archivo digital denominado “INFORME
SECRETARIA DE GOBIERNO.pdf”.
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A la par, explicó que la alerta temprana no. 002 de 2025 emitida por la
Defensoría del Pueblo contiene 22 recomendaciones, de las cuales 3 vinculan
a la administración municipal como entidad principal y 6 como autoridad
asociada; en acatamiento de dichas recomendaciones el municipio: i) diseñó
rutas especiales de protección urgente en sus planes integrales de prevención
y contingencia; ii) solicitó al departamento del Valle del Cauca el registro de los
casos de riesgo o de reclutamiento en el municipio de Florida, socializó la alerta
temprana con los padres, docentes y estudiantes de las Instituciones
Educativas Santa Infancia, Atanasio Girardot y Las Américas; también, realizó
un acto conmemorativo simbólico de las “Manos Rojas” con el fin de generar
conciencia sobre la reconciliación, la inclusión social y la prevención del
reclutamiento forzado; iii) efectuó visitas a los sitios de albergue contemplados
en el Plan de contingencia con el propósito de definir su adecuación física y
dotación, iv) participó en diversas mesas de trabajo en relación con las
recomendaciones asociadas y socializó la alerta temprana con los secretarios
de despacho, los concejales y la población firmante de paz y, v) realizó un
evento denominado Feria de Servicios en asocio con la Fiscalía General de la
Nación y la Policía Nacional en la cual se recibieron denuncias y se llevaron a
cabo rutas de apoyo psicosocial y de mecanismos alternativos de solución de
conflictos.
4) De otra parte, en el escrito de la demanda se incorporaron cinco (5) enlaces
de acceso a reportajes periodísticos publicados en medios de comunicación
digital cuyos titulares son: “Radiografía de la difícil situación de orden público
en el sur del Valle del Cauca que podría convertirse en otro Catatumbo” 34,
“Indepaz indica que en 2024 han ocurrido 28 masacres”35, “Los grupos al
margen de la ley no tienen derechos, los tienen los ciudadanos: Gobernadora
del Valle frente a surgimiento de disidencia”36, “Alerta temprana en el Valle del
Cauca. ¡qué está pasando con Pradera y Florida?”37 y “Secretario de
Planeación de Florida, Valle, resultó herido en atentado sicarial”38.
34 Publicación digital del periódico El Tiempo del 4 de febrero de 2025.
35 Publicación digital del Diario Occidente del 18 de junio de 2024.
36 Publicación digital de la Gobernación del Valle del Cauca del 2 de abril de 2024.
37 Publicación digital de 90minutos del 3 de febrero de 2025.
38 Publicación digital de WRadio del 8 de enero de 2025.
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Asimismo, se anexaron siete (7) enlaces electrónicos de contenidos difundidos
en la red social Facebook en la cuenta denominada “Hechos y sucesos” y
algunas imágenes de capturas de pantalla en las que se alude a situaciones de
violencia en el municipio de Florida y a un secuestro ocurrido en la misma zona.
5) Además, consta que el 4 de febrero de 2025 la Defensoría del Pueblo
convocó a las organizaciones de la sociedad civil – colectivos y organizaciones
sociales, comunitarias e interétnicas a la pedagogía de la alerta temprana ATI
no. 002-25 para los municipios de Pradera y Florida (Valle del Cauca), emitida
“con el fin de evidenciar lo escenarios de riesgo en ambos municipios,
destacando factores de amenaza, esto con el objetivo que se generen acciones
de prevención urgente, protección y atención desde las entidades competentes,
en una sinergia entre las mismas, que puedan de manera articulada trabajar de
la mano con las comunidades y colectivos que se puedan ver en riesgo”39.
6) Finalmente, en el curso de la primera instancia de este proceso, en audiencia
de pruebas celebrada el 9 de julio de 2025 se recibió el testimonio de la señora
Juliana Andrea Morán Mateus40, quien relató que reside en el municipio de
Florida desde hace 10 años y que, en su condición de líder social del territorio,
recibió invitación a participar en la socialización de la alerta temprana emitida
por la Defensoría del Pueblo, reunión que se desarrolló sin presencia
institucional de las entidades demandadas y, que le permitió darse cuenta de
la compleja situación de seguridad del municipio.
También destacó que tuvo conocimiento de la ocurrencia de dos hechos de
secuestro en el municipio de Florida, uno en el que la víctima del flagelo fue un
médico veterinario y otro en el que resultó afectada la esposa de un docente
del municipio; al tiempo, manifestó que en un establecimiento educativo
cercano a su lugar de residencia integrantes de grupos al margen de la ley se
acercan a los menores con el propósito de ofrecerles dinero para inducir su
vinculación a dichas organizaciones; asimismo, que se presentan hechos de
extorsión, de hurto de motocicletas de manera constante y algunos homicidios,
por lo cual los habitantes permanecen con zozobra y temor de denunciar.
39 SAMAI índice 3, gestión en otros despachos, fl. 22, archivo digital denominado
“2_Expedientedigi_02Demanda_1_2025 0321150700236.pdf”.
40 SAMAI índice 38, gestión en otros despachos, archivo audiovisual denominado
“40_Actadeaudienc_Videoaud_20250021800AUDPRUEBA_0_20250710160908732.mp4”.
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La apoderada del municipio demandado tachó el testimonio practicado por
considerar que su versión no goza de imparcialidad por pertenecer a una
ideología política de oposición al gobierno municipal de turno.
7) Sobre el alcance probatorio de las notas periodísticas, esta Subsección ha
sostenido que deben ser valoradas en conjunto con las demás evidencias que
obren en el expediente, toda vez que esos medios informativos son meramente
representativos del hecho que registran; de modo que, por sí mismos, estos no
sirven para demostrar la existencia de lo que en ellos se plasma, dice, narra o
publicita, salvo cuando reproducen hechos públicos o notorios o declaraciones
de servidores públicos, eventos en los cuales adquieren valor acreditativo
autónomo41.
8) Por otra parte, es importante resaltar la distinción existente entre los
conceptos de “captura de pantalla” y “mensaje de datos en sí mismo”, por
cuanto, el primero corresponde a un archivo digital generado por un sistema
informático o dispositivo electrónico que reproduce el contenido visual o
auditivo de un mensaje de datos y que se almacena en un formato digital
41
Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 29 de
mayo de 2012, exp. 11001-03-15-000-2011-01378-00 (PI), señaló:
“Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la
doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de
comunicación puede ser considerada prueba documental. Sin embargo, en principio solo
representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente
demuestra el registro mediático de los hechos.
Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la
situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y
su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto,
individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la
decisión del juez.
En la jurisprudencia de esta Corporación existen precedentes que concuerdan con esta posición.
Se ha estimado que las publicaciones periodísticas ‘…son indicadores solo de la percepción
del hecho por parte de la persona que escribió la noticia’, y que si bien ‘…son susceptibles
de ser apreciadas como medio probatorio, en cuanto a la existencia de la noticia y de su
inserción en medio representativo (periódico, televisión, Internet, etc.) no dan fe de la
veracidad y certidumbre de la información que contienen’41.
Lo anterior equivale a que cualquier género periodístico que relate un hecho (reportajes, noticias,
crónicas, etc.), en el campo probatorio puede servir solo como indicador para el juez, quien a
partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso, podría llegar a constatar la certeza de los hechos.
Consecuentemente, a las noticias o informaciones que obtengan los medios de comunicación y que
publiquen como reportaje de una declaración, no pueden considerarse por sí solas con el carácter
de testimonio sobre la materia que es motivo del respectivo proceso” (resalta la Sala).
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Expediente 76001-23-33-000-2025-00218-01 (73.511)
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susceptible de conservación, reproducción y transmisión, mientras que el
mensaje de datos corresponde al contenido original de la información
generada, enviada, recibida o almacenada por medios electrónicos, de tal
forma que es posible comprobar su autenticidad por ser el “objeto digital
original”42.
En esa perspectiva, el mensaje de datos puede validarse a través del iniciador
y su fuerza probatoria dependerá de la cadena de custodia a la cual se haya
sometido ese archivo digital; contrario sensu, la reproducción de un mensaje
de datos (captura de pantalla) -y más aún publicado a través de un medio de
comunicación o de una red social como Facebook- no garantiza la integralidad,
veracidad y autenticidad de la información contenida, por lo cual el valor
probatorio será el de indicio contingente.
2.3 Caso concreto
1) En relación con el fondo de la controversia, estima la Sala que la
apreciación del acervo probatorio no permite concluir, fundada y válidamente,
que las actuaciones desplegadas por parte de las autoridades demandadas
hayan sido torticeras, engañosas, revestidas o teñidas de mala fe,
encaminadas a obtener provechos ilícitos o indebidos; por el contrario, lo que
se advierte es el desarrollo de estrategias, programas y medidas encaminadas
a preservar el orden público en el municipio, por tanto, mal podría afirmarse que
ha existido vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa
invocado en la demanda.
2) Similar situación acontece con la vulneración o amenaza de los derechos
colectivos a la seguridad pública y a la paz, pues, la parte actora no demostró
que los eventos de inseguridad presentados en el municipio de Florida
obedecieran a la omisión en el cumplimiento de las funciones asignadas a las
entidades públicas demandadas.
42Al respecto véanse, entre otras: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
sentencia del 12 de febrero de 2025, rad. 58275, SP248, MP Gerson Chaverra Castro y Corte
Constitucional, sentenciaT-043 de 2020, MP José Fernando Reyes Cuartas.
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Expediente 76001-23-33-000-2025-00218-01 (73.511)
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Si bien es cierto el testimonio practicado en el proceso da cuenta de algunas
situaciones de alteración del orden público en la circunscripción territorial del
municipio de Florida, también lo es que no resulta suficiente para tener por
acreditada la transgresión de los derechos colectivos invocados como
consecuencia del inacción estatal, no porque se trate de una única declaración,
sino, porque su contenido se ve rebatido por los demás elementos de
convicción obrantes en el expediente, de los cuales se advierte la existencia de
actividades, estrategias y planes orientados a mejorar la seguridad del sector,
con intervención desde distintos frentes y con medidas dirigidas a mitigar la
comisión de conductas punibles como homicidio, reclutamiento forzado, tráfico
de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.
3) Desde otro punto de vista, la parte apelante cuestiona que la información
suministrada por las entidades demandadas en relación con las gestiones
realizadas en procura del orden público no contiene datos estadísticos que
revelen el porcentaje de éxito de los planes implementados y que esta
circunstancia viabiliza la prosperidad de las súplicas de la demanda; sin
embargo, para la Sala tal argumentación no resulta de recibo, precisamente en
atención a la naturaleza de medios y no de resultado que reviste la función de
mantenimiento de la seguridad.
De otro lado, aunque los actores enfatizan en la existencia de una alerta
temprana emitida por la Defensoría del Pueblo a principios del año 2025 para
los municipios de Florida y Pradera en el Valle del Cauca, lo cierto es que, al
expediente no se incorporó el documento que contiene dicha alerta con la
inclusión de los posibles factores de amenaza, las eventuales
recomendaciones para conjurar o mitigar los riesgos y los destinatarios
concretos de cada una de ellas, sino que, se limitó a adjuntar la invitación
extendida a las organizaciones de la sociedad civil-colectivos y organizaciones
sociales, comunitarias e interétnicas para que acudieran a la pedagogía sobre
ese mecanismo; en ese contexto, la ausencia de la referida alerta temprana ATI
no. 02-2025 impide a la Sala verificar el contendido material de las
recomendaciones impartidas y su alcance específico frente a cada autoridad
demandada, así como también obstruye la posibilidad de calificar el índice de
cumplimiento o incumplimiento.
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Expediente 76001-23-33-000-2025-00218-01 (73.511)
Demandante: Julián Fernando Sanabria Otero y otro
Medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
Apelación de sentencia
En suma, para la Sala el acervo probatorio aunque da cuenta de algunos
hechos o situaciones particulares de inseguridad en el municipio no permite
tener por demostrada la violación, amenaza o agravio de los derechos
colectivos invocados a la paz y a la seguridad pública, como tampoco un daño
contingente, cierto y actual que justifique la intervención del juez popular, en la
medida que no se probó que se enmarcaran en un contexto general de
alteración del orden público atribuible de forma exclusiva a la inacción de las
entidades demandadas.
4) Así las cosas, teniendo en cuenta que en el presente evento no se
acreditaron los tres presupuestos jurisprudencialmente definidos para la
prosperidad de la acción popular, a saber: i) la acción u omisión atribuible a la
parte demandada, ii) un daño contingente, amenaza, vulneración o agravio de
un derecho o interés colectivo y, iii) la correspondiente relación de causalidad
entre esa conducta y la afectación alegada, se impone a esta Corporación
confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.
3. Condena en costas
En relación con este aspecto procesal el artículo 38 de la Ley 472 de 1998
dispone lo siguiente:
“Artículo 38.- Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento
civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a
sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al
demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala
fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer
una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales
serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.”
(negrillas adicionales).
Según dicho precepto en los procesos promovidos en ejercicio de la acción
popular únicamente hay lugar a condenar en costas, en este caso, al actor,
parte vencida a quien le fue resuelto desfavorablemente el recurso de apelación
que interpuso, cuando la valoración de la conducta de este permita establecer
que obró en forma temeraria o de mala fe.
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Expediente 76001-23-33-000-2025-00218-01 (73.511)
Demandante: Julián Fernando Sanabria Otero y otro
Medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
Apelación de sentencia
En ese marco legal entonces la Sala se abstendrá de condenar en costas al
actor en esta instancia por cuanto su conducta procesal no corresponde a las
condiciones que para ese efecto exige la norma que regula la materia, pues, no
está teñida de mala fe ni temeridad dado que no es constitutiva de abuso del
derecho ni puede calificarse como torticera, maliciosa ni malintencionada,
presupuesto este indispensable para adoptar aquel tipo de decisión.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia proferida el 11 de agosto de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca - Sala Segunda de Decisión.
2°) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
Aclara voto
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Subsección Magistrado
Magistrado
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma
SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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