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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00240-01

Fecha
15 de mayo de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00240-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Revocar la sentencia de 10 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Alfredo Illera López, por las razones expuestas. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2025-00240-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

15 de mayo de 2025

Radicación: 76001-23-33-000-2025-00240-01
Demandante: Alfredo Illera López

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 76001-23-33-000-2025-00240-01
Demandante: ALFREDO ILLERA LÓPEZ
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Temas: Tutela contra acto administrativo que dejó sin efecto la inscripción de
la cédula de ciudadanía por trashumancia electoral. Requisito de
subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el accionante, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia de
10 de abril de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la
que negó las pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 1 de abril de 2025, el señor Alfredo Illera López, quien actúa en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral con el fin de que el
juez constitucional accediera a la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad y de participación política.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

1. “Que se me ampare el derecho fundamental al debido proceso.

2. Que se ordene al Consejo Nacional Electoral revocar la decisión de exclusión
del censo electoral y permitirme la inscripción de la cédula en Cali, Valle del
Cauca. Adoptando las medidas necesarias para garantizar mi derecho al
sufragio en las próximas elecciones en Santiago de Cali.

3. Que se ordene la revisión de mi caso con base en las pruebas que acreditan mi
residencia en la ciudad de Santiago de Cali.

4. Que se ordene la suspensión de cualquier acto administrativo que impida mi
derecho a sufragar en mi lugar de residencia, ubicada en la ciudad de Santiago
de Cali.

5. Que se ordene la inaplicabilidad de la Resolución No. 00518 de 2025, y se me
restituya en el censo electoral de Santiago de Cali.

6. Que se protejan mis derechos fundamentales al voto y a la participación política.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00240-01
Demandante: Alfredo Illera López

2. Hechos

El demandante manifestó que nació, estudió, trabajó y vivió gran parte de su vida
en la ciudad de Popayán, pero que desde el nacimiento de su hija en el año 2008
estableció su residencia en el municipio de Cali – Valle del Cauca, sin embargo,
debido a que sus compromisos laborales se encontraban en la ciudad de Popayán,
se desplazaba a esa ciudad frecuentemente.

Agregó que todas sus actividades personales, familiares y médicas las ha
desarrollado en Cali, consolidando su arraigo, pues lo anterior puede acreditarse
con documentos tales como contratos de arrendamiento, facturas de servicios
públicos y certificaciones médicas.

Indicó que para las elecciones territoriales del año 2023, tenía 78 años y su estado
de salud era delicado, por lo que le resultaba difícil el traslado a otra ciudad, no
obstante, señaló que siempre viajaba a su ciudad natal para cumplir con su derecho
al voto, pero su “arraigo fue desvaneciéndose debido a múltiples factores,
incluyendo el fallecimiento de mis padres, hermano, amigos y allegados”.

Expresó que mediante Resolución No. 8975 de 2023, el Consejo Nacional Electoral
dejó sin efecto la inscripción de su cédula de ciudadanía para ejercer su derecho al
voto en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023 argumentando una
presunta trashumancia electoral. Frente a la anterior decisión interpuso recurso de
reposición, el cual fue rechazado por extemporáneo.

Concluyó que la parte demandada vulneró su derecho fundamental al debido
proceso, toda vez que ha sido residente permanente en la ciudad de Cali desde el
2008, por lo tanto, cumple con los requisitos para votar en dicho municipio.

Por último, solicitó como medida provisional la suspensión de la decisión
impugnada, con el fin de evitar un perjuicio irremediable que afecte su derecho al
voto en las próximas elecciones.

3. Fundamentos de la acción

El accionante sustentó el escrito de tutela en el artículo 13, 29, 40 y 258 de la
Constitución Política de Colombia y en la sentencia C-337 de 1997.

4. Oposición

4.1. Respuesta del Consejo Nacional Electoral

El apoderado judicial adscrito a la Oficina Asesora Jurídica y Defensa Nacional del
Consejo Nacional Electoral rindió informe en el que solicitó que se negara el amparo
constitucional, al considerar que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, pues
existen otros medios de defensa, toda vez que el accionante pudo presentar recurso
de reposición contra la decisión tomada en la Resolución No. 00518 de 6 de febrero
de 2025, mediante la cual se dejó sin efecto la inscripción de su cédula de ciudadanía
en el municipio de Cali para las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023.

Señaló que el Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio del Interior, con el
objetivo de brindar garantías de transparencia en los procesos electorales estableció
mecanismos para facilitar la coordinación interinstitucional y permitir un control
oportuno por parte del CNE en los temas relacionados con la inscripción irregular de
cédulas de ciudadanía, por lo tanto, incluyó un mecanismo preventivo de naturaleza
policiva que permite dejar sin efectos la inscripción de las cédulas para votar que haga
un ciudadano en un municipio distinto al de su residencia.

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Demandante: Alfredo Illera López

Indicó que la resolución que deja sin efectos la inscripción de cédulas no atenta contra
el debido proceso, toda vez que frente a esta decisión existe la posibilidad de
controvertir las pruebas y presentar recurso de reposición. Adicionalmente, agregó
que existen diferentes medios de notificación de la resolución mencionada, pues no
solo se surte de conformidad con lo previsto en el artículo 70 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), sino que
según lo estipulado en el artículo decimo primero de la Resolución 2857 de 2018, las
decisiones que se adopten deberán ser también publicadas en la página web de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral, y se debe
fijar un aviso con copia de la parte resolutiva por el término de 5 días en la
correspondiente Registraduría del Estado Civil.

Manifestó que la Resolución No. 8975 de 8 de septiembre de 2023, mediante la cual
se dejó sin efecto la inscripción de la cédula de ciudadanía del accionante en el
municipio de Cali para las elecciones realizadas el 29 de octubre de 2023, fue
debidamente notificada. La parte actora presentó recurso de reposición, pero de
manera extemporánea, por lo que fue rechazado.

Resaltó que con la decisión de dejar sin efectos la inscripción de las cédulas de
ciudadanía no se niega el derecho al voto, con tal decisión se ordena regresarlo al
censo electoral del municipio donde estuvo inscrito en las elecciones anteriores, en el
que podrá ejercer su derecho al voto.

Expresó que tal decisión tiene un procedimiento garantista, pues previamente se
despliega una actividad probatoria que incluye el cruce de bases de datos con aquellas
relacionadas con el Sisbén y los regímenes de seguridad social en salud, para poder
establecer si las cédulas figuran como residentes en determinado municipio.

Por último, concluyó que “el Consejo Nacional Electoral no vulneró, menos aún, puso
en peligro los derechos fundamentales de elegir y ser elegido del demandante, en
tanto que: Tuvo la oportunidad de enterarse de la actuación administrativa que se
adelantaba, a través de un aviso, publicación en página web; tuvo la oportunidad de
hacerse parte de tal actuación para hacer valer sus derechos y aportar y controvertir
pruebas, a lo cual es pertinente indicar que las accionantes, interpusieron recurso
extemporáneo frente a la Resolución No. 00518 del 06 de febrero de 2025, a través
de los medios indicados para hacerlo”.

5. Escrito allegado por el demandante

El 8 de abril de 2025, el señor Alfredo Illera López allegó memorial en el que indicó
que la entidad accionada justificaba su decisión en el cruce de bases de datos, sin
embargo, ese procedimiento tiene falencias en la valoración de los datos y,
adicionalmente, insistió en que las pruebas aportadas en el escrito de tutela
demostraban su arraigo en la ciudad de Cali. Por último, agregó que no fue
debidamente notificado del acto administrativo demandado para poder presentar los
recursos de manera oportuna.

6. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia de 10 de abril de
2025, resolvió lo siguiente:

1. “PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado.

2. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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3. TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.”

La autoridad judicial de primera instancia indicó que los hechos de la acción de
tutela ocurrieron en el año 2023 cuando se dejó sin efecto la inscripción de su cédula
de ciudadanía para las elecciones, no obstante, el acto administrativo que rechazó
el recurso de reposición presentado por el accionante se profirió el 6 de febrero de
2025, por lo tanto, se entiende superado el requisito de inmediatez.

Ahora bien, sostuvo que de la revisión del expediente y de la consulta que realizó la
Sala a la página web del Consejo Nacional Electoral se evidencia que a través del
procedimiento breve y sumario establecido en la Resolución No. 2857 de 2018,
dicho organismo expidió la Resolución No. 8975 de 8 de septiembre de 2023,
mediante la cual se dejó sin efectos la inscripción de la cédula de ciudadanía del
accionante para las elecciones realizadas el 29 de octubre del mismo año.

Por otro lado, la primera instancia observó que el 6 de octubre de 2022 se realizó el
reparto de una queja interpuesta por presuntas irregularidades en las inscripciones
de cédulas en el departamento del Valle del Cauca, en ese caso, se realizó todo el
trámite correspondiente, y por medio del Oficio RNEC-S-2023-0093174 de 5 de
septiembre de 2023, el director del Censo Electoral de la Registraduría entregó los
resultados obtenidos del cruce de las bases de datos y, en consecuencia, se profirió
la Resolución No. 8975 de 2023.

Así mismo, el 19 de septiembre de 2023, el acto administrativo reprochado se
publicó en la página web del Consejo Nacional Electoral, por lo que se entendía
superada la notificación. Por lo tanto, en relación con la notificación personal
alegada por el demandante se advertía que está solo se contemplaba siempre y
cuando se contara con la información disponible para tal fin.

De conformidad con lo anterior, concluyó que la parte actora tuvo la oportunidad de
controvertir la decisión de manera oportuna, sin embargo, presentó el recurso por
fuera del término establecido y, por tanto, fue rechazado.

7. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, al considerar
que la primera instancia omitió valorar las pruebas aportadas que demuestran que
desde el año 2008 reside en la ciudad de Cali, pues se basó en una presunción de
trashumancia electoral sin atender a la realidad fáctica y probatoria.

Señaló que si bien es cierto, puede acudir a la jurisdicción ordinaria, no obstante, la
acción de tutela es procedente como un mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable como lo es su afectación del derecho al voto en las futuras
elecciones.

Indicó que “la exclusión injustificada del censo electoral, frente a la proximidad de
las elecciones, representa un perjuicio irreparable a mis derechos fundamentales.
En consecuencia, la tutela sí es procedente como mecanismo transitorio para evitar
dicho perjuicio, en concordancia con la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional. Soy un hombre mayor, respetuoso de la ley y con una trayectoria
intachable. A lo largo de mi vida he sido valorado y respetado por mi comunidad.
Actualmente resido en la ciudad de Cali, en el barrio Santa Anita. Me he
desempeñado como síndico del paso del Cristo en Agonía en la ciudad de Popayán

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y también como profesor universitario. Nunca he cometido un delito y no tengo
intención alguna de hacerlo en esta etapa de mi vida, en el otoño de mi existencia.”

Así mismo, agregó que la resolución atacada no fue notificada en debida forma,
aunque la sentencia impugnada reconoce que la notificación se realizó de
conformidad con la normativa aplicable, lo cierto es que no se hizo de manera
eficiente para que se garantizara su conocimiento real y efectivo, especialmente,
cuando es una persona de 80 de años y con un estado de salud delicado.

Adicionalmente, indicó que la publicación de la resolución en la página web del
Consejo Nacional Electoral no era suficiente para entenderse notificada, pues la
entidad demandada contaba con su correo electrónico y número de teléfono para
poderlo notificar de manera personal.

Por último, insistió en que “la Resolución 2857 de 2018 obliga al envío de
notificaciones por medios electrónicos si la información se encuentra disponible. En
mi caso, el correo electrónico y el teléfono celular están asociados a mí inscripción
electoral”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si debe revocar la sentencia de 10 de abril de
2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las
pretensiones de la solicitud de amparo, con ocasión de la Resolución No. 8975 de
2023 proferida por el Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se dejó sin efecto
la inscripción de la cédula de ciudadanía del accionante para las elecciones
territoriales realizadas en el 2023 en el municipio de Cali – Valle del Cauca.

3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos

El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado dispone
de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo constitucional
de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin de evitar un
perjuicio irremediable.

En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para evitar
un perjuicio irremediable.

En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de la
subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.

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En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”,
toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes
medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen
idóneos para restablecer el derecho conculcado.

No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso.

En el caso de las acciones de tutela interpuestas contra actos administrativos, la
Corte Constitucional ha considerado que los actos administrativos de carácter
particular y concreto “pueden ser controvertidos con otros mecanismos, tanto
administrativos como judiciales, para conseguir la protección de los derechos
fundamentales, principalmente al debido proceso”1.

Por consiguiente, esa corporación judicial ha resaltado que, “conforme al carácter
residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para
controvertir las actuaciones administrativas”2. Esto, en atención a “i) los
mecanismos judiciales ordinarios para controvertir las actuaciones de la
administración establecidos en el ordenamiento jurídico; ii) la presunción de
legalidad que las reviste; y, iii) la posibilidad de que, a través de las medidas
cautelares, se adopten remedios idóneos y eficaces de protección de los derechos
en ejercicio de los mecanismos ordinarios”3.

Así las cosas, “la vía gubernativa o la vía judicial ordinaria constituyen medios
idóneos para la defensa de los derechos fundamentales con ocasión de
procedimientos administrativos, no así la acción de tutela”4. En consecuencia, “salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la
acción de tutela resulta improcedente contra este tipo de actos”5.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Alfredo Illera López, quien actúa en nombre propio, presentó acción de
tutela contra el Consejo Nacional Electoral con el fin de que el juez constitucional
acceda a la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y de participación política, vulnerados supuestamente con la
Resolución No. 8975 de 8 de septiembre 2023, mediante la cual se dejó sin efecto
la inscripción de la cédula de ciudadanía del accionante para las elecciones
territoriales realizadas el 29 de octubre de 2023.

En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por medio de
la sentencia de 10 de abril de 2025, negó las pretensiones de la acción de tutela,
pues consideró que se cumplieron los requisitos establecidos en la normatividad
para la notificación del acto administrativo que dejó sin efecto la inscripción de la
cédula de ciudadanía del demandante, pues se publicó en la página web del
Consejo Nacional Electoral, y aclaró que la notificación personal alegada por el

1 Sentencia T-264 de 2018.
2 Sentencia T-030 de 2015.
3 Sentencia T-146 de 2019.
4 Sentencia T-264 de 2018.
5 Ibidem.

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accionante solo se contemplaba en el evento que la Registraduría Nacional del
Estado Civil contara con la información disponible. Por lo tanto, el accionante tuvo
la oportunidad de controvertir la decisión de manera oportuna, sin embargo,
presentó el recurso de reposición por fuera del término estipulado y por ello fue
rechazado.

En el escrito de impugnación, el señor Alfredo Illera López solicitó revocar la
decisión de primera instancia para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la
demanda de tutela, al estimar que la entidad demandada no garantizó una
notificación efectiva de la resolución atacada, pues a su juicio, la simple publicación
en la página web no es por sí sola una garantía de notificación válida, toda vez que
no hay mecanismos que aseguren su efectivo conocimiento.

De las pruebas aportadas a este proceso constitucional, la Sala observa que el 6 de
octubre de 2022 se realizó el reparto de una queja interpuesta por presuntas
irregularidades en las inscripciones de cédulas de ciudadanía en el departamento
del Valle del Cauca para las elecciones territoriales que se realizarían el 29 de
octubre de 2023. El 24 de julio de 2023, el despacho sustanciador del Consejo
Nacional Electoral asumió el conocimiento del asunto y decretó como pruebas
realizar el cruce de las bases de datos, y ordenó al Registrador Municipal fijar un
aviso acerca del inicio de la actuación administrativa. Posteriormente, el 26 de julio
del mismo año, se publicó en la página web de la entidad demandada el auto que
asumió el conocimiento.

Así mismo, se realizó el cruce de las bases de datos con las cédulas de ciudadanía
inscritas para votar en el departamento del Valle del Cauca, y por medio del Oficio
RNEC-S-2023-0093174 de 5 de septiembre de 2023, el director del Censo Electoral
de la Registraduría entregó los resultados obtenidos, y el 8 de septiembre siguiente
se profirió la Resolución No. 8975 de 20236, la cual fue publicada en la página web
del Consejo Nacional Electoral el 19 de septiembre de 2023. Contra la anterior
decisión, el señor Illera López presentó recurso de reposición, el cual fue rechazado
por extemporáneo mediante la Resolución No. 00518 de 6 de febrero de 2025.

De conformidad con lo anterior, la Sala evidencia que contrario a la conclusión a la
que arribó el a quo, la solicitud de amparo constitucional es improcedente por falta
de cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en tanto el demandante cuenta con
otro medio de defensa judicial para exponer el reproche expuesto ante el juez
constitucional.

Para el efecto, se reitera que la génesis de la discusión radica en la Resolución No.
8975 de 2023, que dejó sin efecto la inscripción de la cédula de ciudadanía del
accionante para las elecciones territoriales realizadas el 29 de octubre de 2023,
controversia que, a juicio de la Sala, debe proponerse ante el juez natural a través
del medio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

No obstante, la parte actora omitió acudir ante la jurisdicción contencioso
administrativa para presentar su inconformidad, por el contrario, acudió
directamente al amparo constitucional en desconocimiento del requisito general de
procedencia relativo a la subsidiariedad, optando por presentar este medio especial
y sumario de manera supletiva a la petición que debió elevar ante el juez ordinario
natural.

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“Por medio del cual se adoptan algunas decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario
que se adelanta para determinar la posible inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y extranjería en el
municipio de CALI del departamento de VALLE DEL CAUCA, con ocasión de las elecciones a realizarse el
próximo 29 de octubre de 2023.”

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En ese escenario, debe tenerse en cuenta que el juez constitucional de tutela no
puede arrogarse competencias que están dadas a otras autoridades ni realizar
valoraciones de fondo que, por expresa disposición del ordenamiento jurídico
competen al juez de la causa, salvo que su intervención se haga necesaria para
evitar la configuración de un perjuicio irremediable, supuesto último que no se
avizora en este caso, pues las próximas elecciones territoriales se realizarán en el
año 2027, y la cédula de ciudadanía del accionante se incorporó al censo electoral
inmediatamente anterior, es decir que contrario a lo planteado por la parte actora,
su afectación al derecho al voto en las futuras elecciones no será vulnerado.

Sobre el particular, se deben seguir los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-695 de 2015, según la cual debe comprobarse
que el perjuicio alegado sea (i) inminente, es decir, que amenaza o está por
suceder prontamente, esto es, tiende a un resultado cierto derivado de una causa
que está produciendo la inminencia; (ii) que las medidas que se requieren para
conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes, en el sentido de que se debe
precisar una medida o remedio de forma rápida que evite la configuración de la
lesión; (ii) grave, pues el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico
de la persona, debe ser de gran intensidad y, por último, que (iii) la urgencia y la
gravedad hagan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

En ese orden de ideas, es posible inferir razonablemente que el accionante
incumplió con el requisito de haber agotado el mecanismo de defensa judicial
ordinario que tenía a su alcance, circunstancia que desconoce el artículo 86 de la
Constitución Política, particularmente, el carácter residual, subsidiario y supletorio
de la acción constitucional, lo cual hace improcedente este medio de defensa,
aunado que tampoco demostró la configuración de un perjuicio irremediable.

En línea con lo anterior, es de anotar que el requisito de subsidiariedad entraña tres
supuestos que llevan a la improcedencia de la acción de tutela en el marco de un
proceso judicial, los cuales son: a) cuando el asunto está en trámite; b) cuando no
se hayan agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios y c)
cuando se usa para revivir etapas procesales, encausándose el presente asunto,
en el literal b citado, pues no se agotó la reclamación ante el competente.

Ahora bien, es del caso advertir que el accionante tiene la posibilidad de volver a
inscribir su cédula de ciudadanía para participar de las elecciones territoriales que
se realizarán en el año 2027, en el lugar que considere adecuado, siempre y cuando
cumpla con los requisitos establecidos para dicho proceso, de conformidad con lo
establecido en el artículo 76 del Código Electoral7.

En ese orden de ideas, la inscripción de la cédula deberá realizarse de manera
presencial y con la impresión de la huella del dedo índice derecho del inscrito ante
el funcionario electoral del municipio o lugar donde se desea sufragar, cuando se
cumplan con los requisitos establecidos. Posteriormente, las listas de ciudadanos
inscritos se entregarán a los funcionarios respectivos de la Registraduría del Estado
Civil para verificar el cumplimiento de los requisitos, y una vez concluidos los
escrutinios, se revisará los registros de los votantes para establecer si es viable la
inscripción de las cédulas de ciudadanía.

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ARTÍCULO 76. Modificado por el art. 7, Ley 6 de 1990. Derogado por el Artículo 14 de la Ley 6 de 1990. A
partir de 1988 el ciudadano sólo podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al
censo electoral. Permanecerán en el censo electoral del sitio respectivo, las cédulas que integraban el censo
de 1988, y las que con posterioridad allí se expidan o se inscriban, mientras no sean canceladas o se inscriban
en otro lugar.

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Demandante: Alfredo Illera López

Por lo anterior, la Sala concluye que la acción de tutela no supera el análisis de
subsidiariedad y, en esa medida, se debe revocar la sentencia de 10 de abril de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para, en su lugar,
declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Alfredo Illera
López.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Revocar la sentencia de 10 de abril de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar,

Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Alfredo Illera López, por las razones expuestas.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ
Presidente ARGÜELLO

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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