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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00351-01

Fecha
10 de julio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00351-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por falta de relevancia Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00351-01 Actor: JORGE HERNÁN HERNÁNDEZ GUEVARA constitucional para, en su lugar, declarar la falta del requisito de procedencia de la subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2025-00351-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

10 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00351-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JORGE HERNÁN HERNÁNDEZ GUEVARA

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, PERO POR NO CUMPLIR
CON EL REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA EDUCACIÓN.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 4 de junio de 2025, mediante la cual el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1 denegó la solicitud de

amparo de la referencia.

1
En adelante el Tribunal

2

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00351-01
Actor: JORGE HERNÁN HERNÁNDEZ GUEVARA

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor JORGE HERNÁN HERNÁNDEZ GUEVARA, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y a la educación, los cuales estima

vulnerados por la UNIVERSIDAD DEL VALLE2 y el JUZGADO

OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE

CALI3, al haber proferido esta última autoridad la providencia de 19

de mayo de 2025 dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2025-00091-00.

I.2.- Hechos

Señaló que mientras cursaba el cuarto año de la especialización en

ortopedia y traumatología en la Facultad de Salud de la

2
En adelante la Universidad.
3
En adelante el Juzgado Octavo.

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3

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00351-01
Actor: JORGE HERNÁN HERNÁNDEZ GUEVARA

UNIVERSIDAD, fue expulsado mediante la Resolución núm. 048 de

25 de octubre de 2024, expedida por el Consejo Superior

Universitario.

Afirmó que dicha decisión se adoptó en el marco de un proceso

disciplinario iniciado con ocasión de la queja presentada el 30 de

noviembre de 2021 por la señora XXXXX4, estudiante de medicina,

quien lo señaló como presunto responsable de actos de acoso y abuso

sexual.

Sostuvo que el proceso disciplinario adelantado en su contra vulneró

garantías esenciales del debido proceso, en la medida en que la

sanción impuesta no correspondía con la conducta que le fue

endilgada durante la investigación y, además, tampoco fue notificado

de manera adecuada de la decisión lo que le impidió ejercer

oportunamente los recursos que le permitieran hacer uso de su

derecho de defensa y principio de contradicción.

Mencionó que, inconforme con lo anterior, promovió acción de tutela

a la que le correspondió el número único de radicación 2025-00138-

4
Se omite el nombre de la quejosa por protección a su derecho a la intimidad.

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Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00351-01
Actor: JORGE HERNÁN HERNÁNDEZ GUEVARA

00, siendo asignada por reparto al JUZGADO TREINTA Y CINCO

CIVIL MUNICIPAL ORAL DEL CIRCUITO DE CALI que, mediante

sentencia de 20 de febrero de 2025, tuteló sus derechos a la

educación y al debido proceso y, en consecuencia, declaró la nulidad

de todo lo actuado en el proceso disciplinario seguido en su contra,

a partir del auto de apertura proferido el día 3 de marzo de 2022 y

dejó sin efectos la Resolución 048 de 25 de octubre de 2024.

Indicó que dicha decisión fue impugnada por la UNIVERSIDAD y

resuelta por el JUZGADO DIECIOCHO CIVIL DEL CIRCUITO DE

CALI que, mediante providencia de 28 de marzo de 2025, revocó la

sentencia de primer grado y, en su lugar, declaró la improcedencia

de la solicitud bajo el argumento de que no se había ejercido el medio

de defensa judicial idóneo, esto es, el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho contra los actos disciplinarios

desfavorables a los intereses del actor.

Relató que, en cumplimiento de dicha decisión, promovió demanda

de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual se identificó con el

número único de radicación 2025-00091-00, siendo asignada por

reparto al JUZGADO OCTAVO que, mediante auto de 19 de mayo

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de 2025, rechazó la demanda al considerar que la expulsión

constituía un acto de naturaleza estrictamente académica y, por

ende, no susceptible de control judicial.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, se encuentra desprovisto de un mecanismo judicial

efectivo para controvertir el acto administrativo que dispuso su

expulsión de la UNIVERSIDAD.

Agregó que la acción de tutela que promovió con anterioridad fue

declarada improcedente bajo el argumento de que existía un medio

de defensa judicial ordinario para ejercer su defensa, esto es, la

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo,

fue rechazada al considerarse que el acto que ordenó su expulsión

de la UNIVERSIDAD no era pasible de control judicial.

Destacó que “[…] esto me deja sin ningún mecanismo judicial

efectivo, pues la tutela fue declarada improcedente por existir otro

medio judicial, y ese otro medio fue rechazado por supuesta

incompetencia, negándose el conocimiento del fondo del asunto por

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parte de ambas jurisdicciones. […] Se me ha cerrado el acceso a toda

vía judicial para controvertir un acto que afecta de manera grave mis

derechos fundamentales y mi proyecto de vida académico y

profesional, en contravía del principio de subsidiariedad de la acción

de tutela y del derecho de acceso a la justicia consagrado en el

artículo 229 de la Constitución […]”.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] a. Que se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, educación y acceso a la justicia.

b. Que se ordene dejar sin efectos el Auto Interlocutorio No.
324 del 19 de mayo de 2025, y se ordene a la jurisdicción
contencioso administrativo admitir la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.

c. En subsidio, que se ordene a la autoridad competente
asumir el conocimiento del caso o remitirlo a la instancia
correspondiente, a fin de garantizar el acceso efectivo a la
administración de justicia.

d. Como medida provisional, que se ordene la suspensión de
los efectos de la Resolución 048 de 2024, mientras se
resuelve el fondo del presente amparo […]”.

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Actor: JORGE HERNÁN HERNÁNDEZ GUEVARA

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO OCTAVO rindió informe en el trámite de la

presente acción, en el que señaló que, en efecto, el 8 de abril de

2025 el actor, actuando por intermedio de apoderada judicial,

presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra

la UNIVERSIDAD, con el propósito de obtener la declaratoria de

nulidad de la Resolución núm. 048 de 25 de octubre de 2024,

expedida por el Consejo Superior Universitario, mediante la cual se

le impuso la sanción de expulsión.

Precisó que mediante auto de 19 de mayo de 2025 rechazó la

demanda al considerar que el acto que dispuso la expulsión carecía

de la naturaleza de acto administrativo y, en consecuencia, no era

susceptible de control judicial.

Señaló que tal decisión fue notificada por estado el 20 de mayo de

2025 y el término para interponer los recursos correspondientes

vencía el 23 de ese mes y año; y que el actor interpuso recurso de

apelación el 21 de mayo, razón por la que el proceso será remitido

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al superior jerárquico para que se pronuncie sobre la procedencia del

rechazo de la demanda.

Concluyó que el ejercicio de la acción de tutela resulta improcedente

como mecanismo para controvertir decisiones judiciales adoptadas

en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

que se encuentra en curso.

I.5.2.- La UNIVERSIDAD sostuvo que la acción de tutela no puede

convertirse en un mecanismo paralelo ni simultáneo al control judicial

que se encuentra en curso, dado que el accionante dispone del

escenario procesal idóneo y específico para controvertir la decisión

adoptada por el juez de primera instancia, que rechazó la demanda.

Asimismo, indicó que la acción de tutela no constituye el medio

adecuado para discutir la naturaleza académica o no de la sanción de

expulsión, máxime si se trata de una medida adoptada en ejercicio

de su función formativa.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

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El TRIBUNAL, mediante sentencia de 4 de junio de 2025, denegó la

solicitud de amparo al considerar que no se encontró satisfecho el

requisito general de la relevancia constitucional y, además, por

cuanto no se evidenció la vulneración de los derechos fundamentales

del actor con ocasión del proceso disciplinario adelantado en su

contra.

Indicó que la acción de tutela objeto de análisis no cumple con el

requisito de relevancia constitucional, toda vez que: (i) se

circunscribe a un asunto estrictamente legal, de carácter privado; y

(ii) pretende reabrir un debate que ya se ventila ante el juez

ordinario, sin que, de manera inicial, se advierta una actuación

arbitraria o manifiestamente ilegítima atribuible a la autoridad

judicial accionada.

Igualmente, aseguró que el núcleo de la discusión propuesta por el

accionante es si el JUZGADO OCTAVO incurrió en un yerro al

rechazar la demanda.

Al respecto, aclaró que le asistió razón al JUZGADO OCTAVO al

rechazar la demanda habida cuenta que los actos académicos, como

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el cuestionado, no son susceptibles de control ante la Jurisdicción de

lo Contencioso Administrativo.

Precisó que la decisión controvertida se encuentra ajustada al

precedente vertical aplicable y no comporta la vulneración de los

derechos fundamentales invocados, en la medida en que tanto la

jurisprudencia del Consejo de Estado como la de la Corte

Constitucional, han sostenido que la expulsión de un estudiante,

cuando es resultado de un proceso disciplinario, constituye un acto

de naturaleza académica que no admite contradicción en sede

contencioso administrativo.

Sostuvo que el actor pretende reabrir un debate de orden legal que

aún se encuentra en trámite ante su juez natural, pues, mediante

providencia de 19 de mayo de 2025, el Juzgado accionado rechazó

la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, decisión que

fue objeto de recurso de apelación, el que se encuentra pendiente de

ser resuelto.

Señaló que el actor intenta controvertir nuevamente y por los mismos

motivos las decisiones judiciales que le fueron desfavorables, sin que

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se advierta una actuación arbitraria que justifique la intervención

excepcional del juez de tutela, por lo que el asunto carece del

requisito de procedencia de relevancia constitucional.

Adujo que, sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a que el actor

invocó el derecho a la educación y que el único medio de defensa

judicial con el que contaba para cuestionar actos académicos era la

acción de tutela, abordó de fondo el asunto planteado en relación con

la sanción de expulsión impuesta al señor HERNÁNDEZ GUEVARA.

Resaltó que, pese a lo manifestado por el actor, -quien alegó

desconocer la investigación preliminar al no contar con acceso a su

correo institucional-, en el expediente quedó demostrado que sí tuvo

conocimiento del proceso disciplinario adelantado en su contra, lo

cual se evidenciaba en diversas actuaciones, tales como: las excusas

que presentó para justificar su inasistencia a la diligencia de

descargos, la solicitud que elevó para fijar una nueva fecha -a la cual

tampoco compareció-, su aceptación del nombramiento de un

defensor de oficio designado por la UNIVERSIDAD y,

posteriormente, la representación que asumió una abogada de su

confianza. En ese orden, concluyó que dichas actuaciones reflejaban

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que el señor HERNÁNDEZ GUEVARA tenía conocimiento del

proceso disciplinario en su contra y de su trámite, en el que ejerció

de manera libre y efectiva su derecho de defensa y principio de

contradicción.

Efectuó un relato de los hechos que dieron origen al proceso

disciplinario, el que se inició a partir de una queja presentada

mediante correo electrónico por el director del programa de Medicina

de la UNIVERSIDAD, en la que se informaba sobre un caso de

violencia de género, en las modalidades de acoso y abuso sexual, del

que presuntamente habría sido víctima una estudiante de la Facultad

de Medicina, quien señaló al actor como su agresor.

Sostuvo que, contrario a lo manifestado por el accionante, no era

posible concluir que existió una incongruencia entre los cargos

formulados y la decisión de fondo adoptada en el proceso

disciplinario, puesto que la conducta descrita en el Acuerdo 009 de

1997, esto es, el Estatuto Estudiantil, consistente en «cometer actos

que atenten contra la integridad física de los miembros de la

comunidad universitaria», se encuentra expresamente prevista como

una falta que puede dar lugar a la sanción de expulsión, sanción que,

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a su vez, se encuentra establecida en el Acuerdo 007 de 1996 del

Consejo Superior Universitario, dentro del acápite de sanciones, en

los siguientes términos: «d. Expulsión de la Universidad: La

impondrá el Consejo Superior a petición del Consejo Académico

cuando la gravedad de la falta así lo amerite»”.

En relación con la supuesta imposibilidad de recurrir el fallo

disciplinario por una indebida notificación, aclaró que en el

expediente reposaba la constancia de ejecutoria, en la que se dejó

registrado que el contenido de la Resolución núm. 048 de 2024, fue

notificado al accionante a través de su correo electrónico

institucional, en el que, además, se le informó que contaba con un

término de 10 días hábiles para interponer los recursos

correspondientes, sin que hubiera hecho uso de ellos.

Relató que lo anterior ponía de manifiesto que en el marco de las

actuaciones del proceso disciplinario al actor se le respetaron los

derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, ello por

cuanto: «i) hubo una comunicación formal de la apertura del proceso

disciplinario; ii) en la formulación de cargos se constaron de manera

clara y precisa las conductas cometidas; iii) se dio traslado de las

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pruebas que fundamentaban los cargos formulados y se garantizó el

derecho de defensa del investigado; iv) no se vulneró la presunción

de inocencia; v) la decisión final de expulsión respetó el principio de

congruencia; y, (vi) la sanción aplicada fue proporcionada. Todo ello

dentro del marco de la perspectiva de género en el recaudo y la

valoración probatoria».

Concluyó que se debían denegar las pretensiones de la acción de

tutela, no solo porque la solicitud de amparo presentada por el señor

HERNÁNDEZ GUEVARA carecía de una relevancia constitucional

evidente que justificara la intervención del juez de tutela en un

asunto propio de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,

sino también porque no se evidenció vulneración alguna de su

derechos al debido proceso y a la educación en el marco del proceso

disciplinario adelantado por la UNIVERSIDAD.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor al impugnar la sentencia proferida por el TRIBUNAL solicitó

revocar el fallo de primera instancia, por cuanto se desestimó la

relevancia constitucional del asunto reduciéndolo a un caso

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meramente legal y privado.

Recalcó que lo que realmente plantea es «una denegación de justicia

estructural, la afectación directa a derechos fundamentales y la falta

de respuesta jurisdiccional efectiva, todo lo cual hace que el caso

tenga una relevancia constitucional incuestionable. Por tanto, el juez

constitucional no solo está habilitado, sino obligado a intervenir para

restablecer el acceso a la justicia, proteger el debido proceso y evitar

un perjuicio irreparable en el derecho a la educación del accionante».

Asimismo, resaltó que la acción constitucional de la referencia no

pretende reabrir un debate judicial, habida cuenta que el mismo

«jamás ha tenido lugar porque ninguna jurisdicción lo ha asumido,

toda vez que la tutela anterior fue declarada improcedente bajo el

argumento de que existía otro medio judicial (acción contenciosa) y

el juez contencioso rechazó ese medio por supuesta incompetencia.

Así las cosas, ninguna jurisdicción ha conocido el fondo del asunto, o

se discutieron los hechos ni se valoraron las pruebas».

Destacó que el presente asunto trasciende el ámbito de un mero

debate legal y privado, en la medida en que la expulsión de un

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estudiante universitario conlleva la interrupción forzosa de su

formación académica y vulnera derechos fundamentales como el

derecho a la educación y afecta su proyecto de vida, generando

consecuencias laborales, sociales y psicológicas irreparables.

Resaltó que mediante las sentencias T-226 de 2020, C-829 de 2002

y C-590 de 2005, la Corte Constitucional ha reconocido que cuando

el medio ordinario resulta inexistente o ineficaz la tutela es

procedente de forma principal o transitoria.

Sostuvo que se le impuso una sanción por una conducta distinta a la

que se le formuló en los cargos, con base en una norma diferente y

mucho más gravosa, desconociendo el principio de congruencia y

vulnerando el debido proceso, pues, inicialmente se le imputó una

falta prevista en el literal c) del artículo 65 del Acuerdo 007 de 1996,

que establecía como sanción la cancelación de matrícula por uno o

varios semestres, pero finalmente se le sancionó con la expulsión,

aplicando el literal a) del artículo 112 del Acuerdo 009 de 1997, que

establece una conducta diferente y no había sido enunciada en el

trámite del proceso.

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Manifestó que, además, hubo una indebida notificación del fallo

disciplinario, pues no se le comunicó personalmente ni se acreditó en

el expediente su autorización expresa para notificación electrónica,

como lo exige el artículo 67 del CPACA, lo cual le impidió ejercer los

recursos correspondientes y configuró una vulneración de su derecho

de defensa.

Asimismo, solicitó como pretensiones de la impugnación:

«1. Declarar la nulidad de lo actuado desde la formulación de
cargos, la cual no es coherente con la sanción determinada en
el fallo disciplinario.

2. Realizar la notificación personal de la Resolución No. 048 del
25 de octubre de 2024, mediante la cual se profiere el fallo
disciplinario en mi contra.

3. Se ordene la SUSPENSIÓN de la ejecución de la sanción
impuesta, hasta que se resuelva de fondo por parte de las
autoridades competentes las irregularidades presentadas».

Concluyó que acude a la acción de tutela como el único mecanismo

idóneo y eficaz para obtener la protección inmediata de sus derechos,

pues cualquier otra vía ordinaria resultaría ineficaz o inoportuna

frente a la gravedad de los hechos.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

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Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

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afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,

de acceso a la administración de justicia y a la educación, los cuales

estima vulnerados por la UNIVERSIDAD y el JUZGADO OCTAVO,

al haber proferido esta última autoridad la providencia de 19 de mayo

de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 2025-

00091-00, que fue promovido contra la Resolución núm. 048 de 25

de octubre de 2024 expedida por el ente universitario, mediante la

cual se le impuso la sanción de expulsión.

El accionante adujo ser estudiante de cuarto año de la especialización

en ortopedia y traumatología de la UNIVERSIDAD, la que ordenó

su expulsión mediante la Resolución núm. 048 de 25 de octubre de

2024, proferida por el Consejo Superior Universitario, como

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consecuencia de un proceso disciplinario iniciado por la queja de una

estudiante por presunto acoso y abuso sexual. Alega que el trámite

vulneró su derecho al debido proceso, pues la sanción impuesta no

correspondía a la conducta atribuida y tampoco fue debidamente

notificado del fallo lo que le impidió ejercer los recursos legales, por

lo cual, en defensa de sus derechos, promovió una acción de tutela

primigenia, que fue declarada improcedente por incumplimiento del

requisito de subsidiariedad, ante la existencia de otro medio de

defensa judicial.

Posteriormente, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del

derecho que fue rechazada mediante providencia de 19 de mayo de

2025, por considerar que el acto de expulsión tenía carácter

meramente académico y, por tanto, no era susceptible de control

judicial, decisión que se encuentra pendiente de resolver el recurso

de alzada.

Los disensos del actor radican en que, a su juicio, las autoridades

accionadas han incurrido en la vulneración de sus derechos

fundamentales, por cuanto se le ha cerrado todo acceso efectivo a la

justicia para controvertir el acto que dispuso su expulsión de la

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UNIVERSIDAD, toda vez que la demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho que promovió fue rechazada y, además,

porque las actuaciones adelantadas dentro del proceso disciplinario

desconocieron sus derechos.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, mediante sentencia de 4 de junio de 2025, denegó

la solicitud de amparo al considerar que no cumplía con el requisito

de relevancia constitucional, pues se dirigía a cuestionar un asunto

de naturaleza legal que ya era objeto de debate en sede judicial, sin

que se evidenciara una actuación arbitraria o ilegítima del Juzgado

accionado. Además, concluyó que el proceso disciplinario adelantado

por la UNIVERSIDAD respetó las garantías del debido proceso y de

defensa del actor, quien fue debidamente notificado, ejerció el

principio de contradicción y recibió una sanción congruente y

proporcional conforme al estatuto estudiantil, lo cual evidenciaba que

no hubo vulneración de derecho fundamental alguno.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, solicitando su revocatoria, alegando

que su reclamo plantea una denegación estructural de justicia, pues

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ningún juez ha conocido el fondo del asunto, habida cuenta que la

tutela previa fue declarada improcedente por existir otro medio

judicial; y el JUZGADO OCTAVO rechazó el medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho, por supuesta incompetencia.

Por ello, afirmó que el caso amerita la intervención del juez

constitucional para proteger su acceso a la justicia, al debido proceso

y evitar un perjuicio irremediable en su derecho a la educación y su

proyecto de vida.

Recalcó que acude a la acción de tutela como el único mecanismo

idóneo y eficaz para obtener protección inmediata de sus derechos,

pues cualquier otra vía ordinaria resultaría ineficaz frente a la

imposibilidad de acceder a la justicia, habida cuenta que fue

sancionado por una conducta distinta a la formulada en los cargos,

sin respeto al principio de congruencia ni al debido proceso, y que no

fue notificado debidamente, lo que le impidió ejercer recursos, por lo

que solicitó la nulidad de lo actuado, la notificación personal del fallo

disciplinario y la suspensión de la sanción.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

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resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si se vulneraron

los derechos deprecados.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de

improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa

judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia

de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,

atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante»

(Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

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tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»5 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Dicho lo anterior, la Sala evidencia que las inconformidades

5 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.

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planteadas por el actor en este trámite constitucional, recaen en que

la parte demandada vulneró sus derechos fundamentales al debido

proceso, a la educación y al acceso a la administración de justicia, ya

que, a su juicio, ninguna autoridad judicial ha conocido el fondo del

asunto, habida cuenta que el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho que promovió contra el acto que ordenó

su expulsión de la UNIVERSIDAD fue rechazado y, además, por las

presuntas irregularidades que se presentaron en el proceso

disciplinario cursado en su contra.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, contrario a lo

consideró el a quo, la presente acción de tutela es

improcedente, pero, por carencia del requisito de

subsidiariedad, habida cuenta que el medio de control de

nulidad y restablecimiento derecho que promovió el actor contra

la resolución que dispuso su expulsión de la UNIVERSIDAD se

encuentra actualmente en trámite de segunda instancia ante el

TRIBUNAL, pendiente de resolver el recurso de apelación

interpuesto por el hoy tutelante contra la decisión que rechazó la

demanda, conforme se evidencia en la sede electrónica para la

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gestión judicial -SAMAI-6, en la cual se observa que el proceso fue

radicado el 4 de junio de 2025 y pasó de la Secretaría al despacho el

día 23 de junio de este año, en espera de la correspondiente decisión

de alzada, así:

En ese contexto, es claro que el proceso judicial ordinario promovido

por el actor no ha concluido y que el recurso de apelación interpuesto

frente al rechazo de su demanda está pendiente de decisión por parte

del juez. Por ello, no puede predicarse la inexistencia o ineficacia del

6
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760013333008202500
091017600123

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medio de control previsto por el ordenamiento jurídico, ni

corresponde al juez de tutela anticiparse al pronunciamiento de dicha

autoridad.

En efecto, la existencia de ese trámite judicial pendiente demuestra

que el actor dispone aún de un mecanismo ordinario para obtener la

protección de los derechos que considera vulnerados, pues no ha sido

agotado. Conforme al principio de subsidiariedad que rige la acción

de tutela, el juez constitucional solo debe intervenir de manera

excepcional cuando los mecanismos ordinarios resulten inexistentes

o ineficaces para evitar un perjuicio irremediable, circunstancia que

no se configura en el caso bajo estudio.

Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se

configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga

procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala

se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 7 que, frente al

tema, ha sostenido lo siguiente:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes características:
“debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un

7
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del
daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por
último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto
es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la

existencia de un perjuicio irremediable que habilite la acción de tutela

de la referencia como mecanismo transitorio, en la medida en que de

las circunstancias fácticas acreditadas no se desprende una

afectación que justifique la intervención excepcional y urgente del

juez constitucional.

Aunado a lo anterior, es preciso reiterar que si bien la sanción de

expulsión impuesta al actor representa una afectación relevante para

su proyecto de vida académica y profesional, dicho acto está siendo

actualmente objeto de debate en el escenario judicial ordinario, en el

que se pueden adoptar las medidas correspondientes para garantizar

la protección de sus derechos, de considerarse procedente.

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Adicionalmente, resulta oportuno recordar que el juez de tutela

interviene cuando advierte una irregularidad procesal o sustancial de

tal magnitud que coarta un derecho fundamental o garantía con la

que cuentan las partes y, que, por demás, tiene una incidencia

directa en la decisión, situación que aquí no se demostró́, pues, muy

por el contrario, se observa que en el proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho se han surtido todas las etapas

garantizando los derechos al debido proceso y a la defensa de las

partes e intervinientes, sin que se avizore la vulneración de derechos

fundamentales con la decisión de rechazar la demanda.

Ahora, respecto de las inconformidades del actor relacionadas con

presuntas irregularidades en el proceso disciplinario, -tales como la

supuesta incongruencia entre los cargos formulados y la sanción

impuesta, la indebida notificación del fallo o la vulneración de su

derecho de defensa-, es preciso advertir que dichos

cuestionamientos corresponden al ámbito del control de legalidad

cuya valoración ha sido solicitada por el propio accionante en sede

judicial a través del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho. Pronunciarse sobre estos aspectos en el marco de la

acción de tutela, cuando existe un proceso ordinario pendiente, no

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solo desbordaría el alcance subsidiario de este mecanismo

excepcional, sino que además desconocería el derecho de

contradicción y defensa de las partes e intervinientes, al sustraer el

asunto del conocimiento de dicha autoridad judicial.

En consecuencia, no le es dable al juez de tutela sustituir el juicio

propio judicial ni anticiparse a su pronunciamiento, máxime cuando

el actor ya activó el medio de control e interpuso el recurso de

apelación contra el rechazo de su demanda, el cual se encuentra

pendiente de decisión. Permitir que el juez constitucional asuma el

conocimiento de fondo sobre la legalidad de las actuaciones

disciplinarias, bajo el argumento de supuestas irregularidades

procesales desnaturalizaría el carácter subsidiario y excepcional de

la acción de tutela.

Así las cosas, el amparo solicitado resulta improcedente, en la

medida en que el actor cuenta con un medio de defensa judicial

idóneo y en curso, para la protección de sus derechos, cuya eficacia

no ha sido desvirtuada. Además, no se advierte la existencia de un

perjuicio irremediable que justifique la intervención transitoria y

excepcional del juez de tutela en esta instancia.

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Además, la Sala advierte que en el escrito de impugnación el actor

introdujo nuevas pretensiones, mediante las cuales solicitó: «1.

Declarar la nulidad de lo actuado desde la formulación de cargos, la

cual no es coherente con la sanción determinada en el fallo

disciplinario. 2. Realizar la notificación personal de la Resolución No.

048 del 25 de octubre de 2024, mediante la cual se profiere el fallo

disciplinario en mi contra. 3. Se ordene la SUSPENSIÓN de la

ejecución de la sanción impuesta, hasta que se resuelva de fondo por

parte de las autoridades competentes las irregularidades

presentadas».

Al respecto, resulta oportuno precisar que es improcedente que, en

sede de impugnación, el actor formule nuevas pretensiones o intente

modificar los fundamentos fácticos y jurídicos de su solicitud de

amparo, toda vez que la impugnación en el trámite de tutela tiene

como finalidad controvertir los argumentos y la decisión adoptada en

primera instancia, a partir de los mismos fundamentos fácticos y

jurídicos expuestos en la demanda inicial, mas no así modificar la

causa petendi o replantear el objeto del proceso. Permitir lo contrario

desbordaría los límites del recurso y desnaturalizaría la función

revisora del juez de segundo grado, en detrimento del principio de

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lealtad procesal y de la seguridad jurídica.

Consecuente con lo anterior, la Sala modificará la sentencia

impugnada, que declaró la improcedencia del amparo por ausencia

de relevancia constitucional, para, en su lugar, declarar su

improcedencia por incumplimiento del requisito de subsidiariedad,

como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Ello,

por cuanto, se reitera, la acción de tutela no constituye el mecanismo

idóneo para sustituir el trámite que se encuentra en curso ante la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a través del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el

hoy tutelante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada que declaró la

improcedencia de la solicitud de amparo por falta de relevancia

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constitucional para, en su lugar, declarar la falta del requisito de

procedencia de la subsidiariedad, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de julio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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