Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00351-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00351-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2025-00351-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
10 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00351-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JORGE HERNÁN HERNÁNDEZ GUEVARA
TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, PERO POR NO CUMPLIR
CON EL REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA EDUCACIÓN.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 4 de junio de 2025, mediante la cual el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1 denegó la solicitud de
amparo de la referencia.
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En adelante el Tribunal
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Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00351-01
Actor: JORGE HERNÁN HERNÁNDEZ GUEVARA
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor JORGE HERNÁN HERNÁNDEZ GUEVARA, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la educación, los cuales estima
vulnerados por la UNIVERSIDAD DEL VALLE2 y el JUZGADO
OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
CALI3, al haber proferido esta última autoridad la providencia de 19
de mayo de 2025 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2025-00091-00.
I.2.- Hechos
Señaló que mientras cursaba el cuarto año de la especialización en
ortopedia y traumatología en la Facultad de Salud de la
2
En adelante la Universidad.
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En adelante el Juzgado Octavo.
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Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00351-01
Actor: JORGE HERNÁN HERNÁNDEZ GUEVARA
UNIVERSIDAD, fue expulsado mediante la Resolución núm. 048 de
25 de octubre de 2024, expedida por el Consejo Superior
Universitario.
Afirmó que dicha decisión se adoptó en el marco de un proceso
disciplinario iniciado con ocasión de la queja presentada el 30 de
noviembre de 2021 por la señora XXXXX4, estudiante de medicina,
quien lo señaló como presunto responsable de actos de acoso y abuso
sexual.
Sostuvo que el proceso disciplinario adelantado en su contra vulneró
garantías esenciales del debido proceso, en la medida en que la
sanción impuesta no correspondía con la conducta que le fue
endilgada durante la investigación y, además, tampoco fue notificado
de manera adecuada de la decisión lo que le impidió ejercer
oportunamente los recursos que le permitieran hacer uso de su
derecho de defensa y principio de contradicción.
Mencionó que, inconforme con lo anterior, promovió acción de tutela
a la que le correspondió el número único de radicación 2025-00138-
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Se omite el nombre de la quejosa por protección a su derecho a la intimidad.
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Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00351-01
Actor: JORGE HERNÁN HERNÁNDEZ GUEVARA
00, siendo asignada por reparto al JUZGADO TREINTA Y CINCO
CIVIL MUNICIPAL ORAL DEL CIRCUITO DE CALI que, mediante
sentencia de 20 de febrero de 2025, tuteló sus derechos a la
educación y al debido proceso y, en consecuencia, declaró la nulidad
de todo lo actuado en el proceso disciplinario seguido en su contra,
a partir del auto de apertura proferido el día 3 de marzo de 2022 y
dejó sin efectos la Resolución 048 de 25 de octubre de 2024.
Indicó que dicha decisión fue impugnada por la UNIVERSIDAD y
resuelta por el JUZGADO DIECIOCHO CIVIL DEL CIRCUITO DE
CALI que, mediante providencia de 28 de marzo de 2025, revocó la
sentencia de primer grado y, en su lugar, declaró la improcedencia
de la solicitud bajo el argumento de que no se había ejercido el medio
de defensa judicial idóneo, esto es, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los actos disciplinarios
desfavorables a los intereses del actor.
Relató que, en cumplimiento de dicha decisión, promovió demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual se identificó con el
número único de radicación 2025-00091-00, siendo asignada por
reparto al JUZGADO OCTAVO que, mediante auto de 19 de mayo
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de 2025, rechazó la demanda al considerar que la expulsión
constituía un acto de naturaleza estrictamente académica y, por
ende, no susceptible de control judicial.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, se encuentra desprovisto de un mecanismo judicial
efectivo para controvertir el acto administrativo que dispuso su
expulsión de la UNIVERSIDAD.
Agregó que la acción de tutela que promovió con anterioridad fue
declarada improcedente bajo el argumento de que existía un medio
de defensa judicial ordinario para ejercer su defensa, esto es, la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo,
fue rechazada al considerarse que el acto que ordenó su expulsión
de la UNIVERSIDAD no era pasible de control judicial.
Destacó que “[…] esto me deja sin ningún mecanismo judicial
efectivo, pues la tutela fue declarada improcedente por existir otro
medio judicial, y ese otro medio fue rechazado por supuesta
incompetencia, negándose el conocimiento del fondo del asunto por
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parte de ambas jurisdicciones. […] Se me ha cerrado el acceso a toda
vía judicial para controvertir un acto que afecta de manera grave mis
derechos fundamentales y mi proyecto de vida académico y
profesional, en contravía del principio de subsidiariedad de la acción
de tutela y del derecho de acceso a la justicia consagrado en el
artículo 229 de la Constitución […]”.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] a. Que se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso, educación y acceso a la justicia.
b. Que se ordene dejar sin efectos el Auto Interlocutorio No.
324 del 19 de mayo de 2025, y se ordene a la jurisdicción
contencioso administrativo admitir la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.
c. En subsidio, que se ordene a la autoridad competente
asumir el conocimiento del caso o remitirlo a la instancia
correspondiente, a fin de garantizar el acceso efectivo a la
administración de justicia.
d. Como medida provisional, que se ordene la suspensión de
los efectos de la Resolución 048 de 2024, mientras se
resuelve el fondo del presente amparo […]”.
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I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO OCTAVO rindió informe en el trámite de la
presente acción, en el que señaló que, en efecto, el 8 de abril de
2025 el actor, actuando por intermedio de apoderada judicial,
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la UNIVERSIDAD, con el propósito de obtener la declaratoria de
nulidad de la Resolución núm. 048 de 25 de octubre de 2024,
expedida por el Consejo Superior Universitario, mediante la cual se
le impuso la sanción de expulsión.
Precisó que mediante auto de 19 de mayo de 2025 rechazó la
demanda al considerar que el acto que dispuso la expulsión carecía
de la naturaleza de acto administrativo y, en consecuencia, no era
susceptible de control judicial.
Señaló que tal decisión fue notificada por estado el 20 de mayo de
2025 y el término para interponer los recursos correspondientes
vencía el 23 de ese mes y año; y que el actor interpuso recurso de
apelación el 21 de mayo, razón por la que el proceso será remitido
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al superior jerárquico para que se pronuncie sobre la procedencia del
rechazo de la demanda.
Concluyó que el ejercicio de la acción de tutela resulta improcedente
como mecanismo para controvertir decisiones judiciales adoptadas
en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que se encuentra en curso.
I.5.2.- La UNIVERSIDAD sostuvo que la acción de tutela no puede
convertirse en un mecanismo paralelo ni simultáneo al control judicial
que se encuentra en curso, dado que el accionante dispone del
escenario procesal idóneo y específico para controvertir la decisión
adoptada por el juez de primera instancia, que rechazó la demanda.
Asimismo, indicó que la acción de tutela no constituye el medio
adecuado para discutir la naturaleza académica o no de la sanción de
expulsión, máxime si se trata de una medida adoptada en ejercicio
de su función formativa.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
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El TRIBUNAL, mediante sentencia de 4 de junio de 2025, denegó la
solicitud de amparo al considerar que no se encontró satisfecho el
requisito general de la relevancia constitucional y, además, por
cuanto no se evidenció la vulneración de los derechos fundamentales
del actor con ocasión del proceso disciplinario adelantado en su
contra.
Indicó que la acción de tutela objeto de análisis no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, toda vez que: (i) se
circunscribe a un asunto estrictamente legal, de carácter privado; y
(ii) pretende reabrir un debate que ya se ventila ante el juez
ordinario, sin que, de manera inicial, se advierta una actuación
arbitraria o manifiestamente ilegítima atribuible a la autoridad
judicial accionada.
Igualmente, aseguró que el núcleo de la discusión propuesta por el
accionante es si el JUZGADO OCTAVO incurrió en un yerro al
rechazar la demanda.
Al respecto, aclaró que le asistió razón al JUZGADO OCTAVO al
rechazar la demanda habida cuenta que los actos académicos, como
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el cuestionado, no son susceptibles de control ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo.
Precisó que la decisión controvertida se encuentra ajustada al
precedente vertical aplicable y no comporta la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, en la medida en que tanto la
jurisprudencia del Consejo de Estado como la de la Corte
Constitucional, han sostenido que la expulsión de un estudiante,
cuando es resultado de un proceso disciplinario, constituye un acto
de naturaleza académica que no admite contradicción en sede
contencioso administrativo.
Sostuvo que el actor pretende reabrir un debate de orden legal que
aún se encuentra en trámite ante su juez natural, pues, mediante
providencia de 19 de mayo de 2025, el Juzgado accionado rechazó
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, decisión que
fue objeto de recurso de apelación, el que se encuentra pendiente de
ser resuelto.
Señaló que el actor intenta controvertir nuevamente y por los mismos
motivos las decisiones judiciales que le fueron desfavorables, sin que
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se advierta una actuación arbitraria que justifique la intervención
excepcional del juez de tutela, por lo que el asunto carece del
requisito de procedencia de relevancia constitucional.
Adujo que, sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a que el actor
invocó el derecho a la educación y que el único medio de defensa
judicial con el que contaba para cuestionar actos académicos era la
acción de tutela, abordó de fondo el asunto planteado en relación con
la sanción de expulsión impuesta al señor HERNÁNDEZ GUEVARA.
Resaltó que, pese a lo manifestado por el actor, -quien alegó
desconocer la investigación preliminar al no contar con acceso a su
correo institucional-, en el expediente quedó demostrado que sí tuvo
conocimiento del proceso disciplinario adelantado en su contra, lo
cual se evidenciaba en diversas actuaciones, tales como: las excusas
que presentó para justificar su inasistencia a la diligencia de
descargos, la solicitud que elevó para fijar una nueva fecha -a la cual
tampoco compareció-, su aceptación del nombramiento de un
defensor de oficio designado por la UNIVERSIDAD y,
posteriormente, la representación que asumió una abogada de su
confianza. En ese orden, concluyó que dichas actuaciones reflejaban
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que el señor HERNÁNDEZ GUEVARA tenía conocimiento del
proceso disciplinario en su contra y de su trámite, en el que ejerció
de manera libre y efectiva su derecho de defensa y principio de
contradicción.
Efectuó un relato de los hechos que dieron origen al proceso
disciplinario, el que se inició a partir de una queja presentada
mediante correo electrónico por el director del programa de Medicina
de la UNIVERSIDAD, en la que se informaba sobre un caso de
violencia de género, en las modalidades de acoso y abuso sexual, del
que presuntamente habría sido víctima una estudiante de la Facultad
de Medicina, quien señaló al actor como su agresor.
Sostuvo que, contrario a lo manifestado por el accionante, no era
posible concluir que existió una incongruencia entre los cargos
formulados y la decisión de fondo adoptada en el proceso
disciplinario, puesto que la conducta descrita en el Acuerdo 009 de
1997, esto es, el Estatuto Estudiantil, consistente en «cometer actos
que atenten contra la integridad física de los miembros de la
comunidad universitaria», se encuentra expresamente prevista como
una falta que puede dar lugar a la sanción de expulsión, sanción que,
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a su vez, se encuentra establecida en el Acuerdo 007 de 1996 del
Consejo Superior Universitario, dentro del acápite de sanciones, en
los siguientes términos: «d. Expulsión de la Universidad: La
impondrá el Consejo Superior a petición del Consejo Académico
cuando la gravedad de la falta así lo amerite»”.
En relación con la supuesta imposibilidad de recurrir el fallo
disciplinario por una indebida notificación, aclaró que en el
expediente reposaba la constancia de ejecutoria, en la que se dejó
registrado que el contenido de la Resolución núm. 048 de 2024, fue
notificado al accionante a través de su correo electrónico
institucional, en el que, además, se le informó que contaba con un
término de 10 días hábiles para interponer los recursos
correspondientes, sin que hubiera hecho uso de ellos.
Relató que lo anterior ponía de manifiesto que en el marco de las
actuaciones del proceso disciplinario al actor se le respetaron los
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, ello por
cuanto: «i) hubo una comunicación formal de la apertura del proceso
disciplinario; ii) en la formulación de cargos se constaron de manera
clara y precisa las conductas cometidas; iii) se dio traslado de las
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pruebas que fundamentaban los cargos formulados y se garantizó el
derecho de defensa del investigado; iv) no se vulneró la presunción
de inocencia; v) la decisión final de expulsión respetó el principio de
congruencia; y, (vi) la sanción aplicada fue proporcionada. Todo ello
dentro del marco de la perspectiva de género en el recaudo y la
valoración probatoria».
Concluyó que se debían denegar las pretensiones de la acción de
tutela, no solo porque la solicitud de amparo presentada por el señor
HERNÁNDEZ GUEVARA carecía de una relevancia constitucional
evidente que justificara la intervención del juez de tutela en un
asunto propio de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
sino también porque no se evidenció vulneración alguna de su
derechos al debido proceso y a la educación en el marco del proceso
disciplinario adelantado por la UNIVERSIDAD.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor al impugnar la sentencia proferida por el TRIBUNAL solicitó
revocar el fallo de primera instancia, por cuanto se desestimó la
relevancia constitucional del asunto reduciéndolo a un caso
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meramente legal y privado.
Recalcó que lo que realmente plantea es «una denegación de justicia
estructural, la afectación directa a derechos fundamentales y la falta
de respuesta jurisdiccional efectiva, todo lo cual hace que el caso
tenga una relevancia constitucional incuestionable. Por tanto, el juez
constitucional no solo está habilitado, sino obligado a intervenir para
restablecer el acceso a la justicia, proteger el debido proceso y evitar
un perjuicio irreparable en el derecho a la educación del accionante».
Asimismo, resaltó que la acción constitucional de la referencia no
pretende reabrir un debate judicial, habida cuenta que el mismo
«jamás ha tenido lugar porque ninguna jurisdicción lo ha asumido,
toda vez que la tutela anterior fue declarada improcedente bajo el
argumento de que existía otro medio judicial (acción contenciosa) y
el juez contencioso rechazó ese medio por supuesta incompetencia.
Así las cosas, ninguna jurisdicción ha conocido el fondo del asunto, o
se discutieron los hechos ni se valoraron las pruebas».
Destacó que el presente asunto trasciende el ámbito de un mero
debate legal y privado, en la medida en que la expulsión de un
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estudiante universitario conlleva la interrupción forzosa de su
formación académica y vulnera derechos fundamentales como el
derecho a la educación y afecta su proyecto de vida, generando
consecuencias laborales, sociales y psicológicas irreparables.
Resaltó que mediante las sentencias T-226 de 2020, C-829 de 2002
y C-590 de 2005, la Corte Constitucional ha reconocido que cuando
el medio ordinario resulta inexistente o ineficaz la tutela es
procedente de forma principal o transitoria.
Sostuvo que se le impuso una sanción por una conducta distinta a la
que se le formuló en los cargos, con base en una norma diferente y
mucho más gravosa, desconociendo el principio de congruencia y
vulnerando el debido proceso, pues, inicialmente se le imputó una
falta prevista en el literal c) del artículo 65 del Acuerdo 007 de 1996,
que establecía como sanción la cancelación de matrícula por uno o
varios semestres, pero finalmente se le sancionó con la expulsión,
aplicando el literal a) del artículo 112 del Acuerdo 009 de 1997, que
establece una conducta diferente y no había sido enunciada en el
trámite del proceso.
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Manifestó que, además, hubo una indebida notificación del fallo
disciplinario, pues no se le comunicó personalmente ni se acreditó en
el expediente su autorización expresa para notificación electrónica,
como lo exige el artículo 67 del CPACA, lo cual le impidió ejercer los
recursos correspondientes y configuró una vulneración de su derecho
de defensa.
Asimismo, solicitó como pretensiones de la impugnación:
«1. Declarar la nulidad de lo actuado desde la formulación de
cargos, la cual no es coherente con la sanción determinada en
el fallo disciplinario.
2. Realizar la notificación personal de la Resolución No. 048 del
25 de octubre de 2024, mediante la cual se profiere el fallo
disciplinario en mi contra.
3. Se ordene la SUSPENSIÓN de la ejecución de la sanción
impuesta, hasta que se resuelva de fondo por parte de las
autoridades competentes las irregularidades presentadas».
Concluyó que acude a la acción de tutela como el único mecanismo
idóneo y eficaz para obtener la protección inmediata de sus derechos,
pues cualquier otra vía ordinaria resultaría ineficaz o inoportuna
frente a la gravedad de los hechos.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
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Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
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afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a la educación, los cuales
estima vulnerados por la UNIVERSIDAD y el JUZGADO OCTAVO,
al haber proferido esta última autoridad la providencia de 19 de mayo
de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 2025-
00091-00, que fue promovido contra la Resolución núm. 048 de 25
de octubre de 2024 expedida por el ente universitario, mediante la
cual se le impuso la sanción de expulsión.
El accionante adujo ser estudiante de cuarto año de la especialización
en ortopedia y traumatología de la UNIVERSIDAD, la que ordenó
su expulsión mediante la Resolución núm. 048 de 25 de octubre de
2024, proferida por el Consejo Superior Universitario, como
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consecuencia de un proceso disciplinario iniciado por la queja de una
estudiante por presunto acoso y abuso sexual. Alega que el trámite
vulneró su derecho al debido proceso, pues la sanción impuesta no
correspondía a la conducta atribuida y tampoco fue debidamente
notificado del fallo lo que le impidió ejercer los recursos legales, por
lo cual, en defensa de sus derechos, promovió una acción de tutela
primigenia, que fue declarada improcedente por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, ante la existencia de otro medio de
defensa judicial.
Posteriormente, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que fue rechazada mediante providencia de 19 de mayo de
2025, por considerar que el acto de expulsión tenía carácter
meramente académico y, por tanto, no era susceptible de control
judicial, decisión que se encuentra pendiente de resolver el recurso
de alzada.
Los disensos del actor radican en que, a su juicio, las autoridades
accionadas han incurrido en la vulneración de sus derechos
fundamentales, por cuanto se le ha cerrado todo acceso efectivo a la
justicia para controvertir el acto que dispuso su expulsión de la
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UNIVERSIDAD, toda vez que la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió fue rechazada y, además,
porque las actuaciones adelantadas dentro del proceso disciplinario
desconocieron sus derechos.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que, mediante sentencia de 4 de junio de 2025, denegó
la solicitud de amparo al considerar que no cumplía con el requisito
de relevancia constitucional, pues se dirigía a cuestionar un asunto
de naturaleza legal que ya era objeto de debate en sede judicial, sin
que se evidenciara una actuación arbitraria o ilegítima del Juzgado
accionado. Además, concluyó que el proceso disciplinario adelantado
por la UNIVERSIDAD respetó las garantías del debido proceso y de
defensa del actor, quien fue debidamente notificado, ejerció el
principio de contradicción y recibió una sanción congruente y
proporcional conforme al estatuto estudiantil, lo cual evidenciaba que
no hubo vulneración de derecho fundamental alguno.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia, solicitando su revocatoria, alegando
que su reclamo plantea una denegación estructural de justicia, pues
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ningún juez ha conocido el fondo del asunto, habida cuenta que la
tutela previa fue declarada improcedente por existir otro medio
judicial; y el JUZGADO OCTAVO rechazó el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, por supuesta incompetencia.
Por ello, afirmó que el caso amerita la intervención del juez
constitucional para proteger su acceso a la justicia, al debido proceso
y evitar un perjuicio irremediable en su derecho a la educación y su
proyecto de vida.
Recalcó que acude a la acción de tutela como el único mecanismo
idóneo y eficaz para obtener protección inmediata de sus derechos,
pues cualquier otra vía ordinaria resultaría ineficaz frente a la
imposibilidad de acceder a la justicia, habida cuenta que fue
sancionado por una conducta distinta a la formulada en los cargos,
sin respeto al principio de congruencia ni al debido proceso, y que no
fue notificado debidamente, lo que le impidió ejercer recursos, por lo
que solicitó la nulidad de lo actuado, la notificación personal del fallo
disciplinario y la suspensión de la sanción.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
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resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si se vulneraron
los derechos deprecados.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de
improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante»
(Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
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tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»5 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Dicho lo anterior, la Sala evidencia que las inconformidades
5 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.
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planteadas por el actor en este trámite constitucional, recaen en que
la parte demandada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la educación y al acceso a la administración de justicia, ya
que, a su juicio, ninguna autoridad judicial ha conocido el fondo del
asunto, habida cuenta que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra el acto que ordenó
su expulsión de la UNIVERSIDAD fue rechazado y, además, por las
presuntas irregularidades que se presentaron en el proceso
disciplinario cursado en su contra.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, contrario a lo
consideró el a quo, la presente acción de tutela es
improcedente, pero, por carencia del requisito de
subsidiariedad, habida cuenta que el medio de control de
nulidad y restablecimiento derecho que promovió el actor contra
la resolución que dispuso su expulsión de la UNIVERSIDAD se
encuentra actualmente en trámite de segunda instancia ante el
TRIBUNAL, pendiente de resolver el recurso de apelación
interpuesto por el hoy tutelante contra la decisión que rechazó la
demanda, conforme se evidencia en la sede electrónica para la
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gestión judicial -SAMAI-6, en la cual se observa que el proceso fue
radicado el 4 de junio de 2025 y pasó de la Secretaría al despacho el
día 23 de junio de este año, en espera de la correspondiente decisión
de alzada, así:
En ese contexto, es claro que el proceso judicial ordinario promovido
por el actor no ha concluido y que el recurso de apelación interpuesto
frente al rechazo de su demanda está pendiente de decisión por parte
del juez. Por ello, no puede predicarse la inexistencia o ineficacia del
6
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760013333008202500
091017600123
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medio de control previsto por el ordenamiento jurídico, ni
corresponde al juez de tutela anticiparse al pronunciamiento de dicha
autoridad.
En efecto, la existencia de ese trámite judicial pendiente demuestra
que el actor dispone aún de un mecanismo ordinario para obtener la
protección de los derechos que considera vulnerados, pues no ha sido
agotado. Conforme al principio de subsidiariedad que rige la acción
de tutela, el juez constitucional solo debe intervenir de manera
excepcional cuando los mecanismos ordinarios resulten inexistentes
o ineficaces para evitar un perjuicio irremediable, circunstancia que
no se configura en el caso bajo estudio.
Aunado a lo anterior, con el fin de analizar si en el presente caso se
configura la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala
se remite a lo dispuesto por la Corte Constitucional 7 que, frente al
tema, ha sostenido lo siguiente:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes características:
“debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un
7
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del
daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por
último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto
es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”.
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la
existencia de un perjuicio irremediable que habilite la acción de tutela
de la referencia como mecanismo transitorio, en la medida en que de
las circunstancias fácticas acreditadas no se desprende una
afectación que justifique la intervención excepcional y urgente del
juez constitucional.
Aunado a lo anterior, es preciso reiterar que si bien la sanción de
expulsión impuesta al actor representa una afectación relevante para
su proyecto de vida académica y profesional, dicho acto está siendo
actualmente objeto de debate en el escenario judicial ordinario, en el
que se pueden adoptar las medidas correspondientes para garantizar
la protección de sus derechos, de considerarse procedente.
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Adicionalmente, resulta oportuno recordar que el juez de tutela
interviene cuando advierte una irregularidad procesal o sustancial de
tal magnitud que coarta un derecho fundamental o garantía con la
que cuentan las partes y, que, por demás, tiene una incidencia
directa en la decisión, situación que aquí no se demostró́, pues, muy
por el contrario, se observa que en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se han surtido todas las etapas
garantizando los derechos al debido proceso y a la defensa de las
partes e intervinientes, sin que se avizore la vulneración de derechos
fundamentales con la decisión de rechazar la demanda.
Ahora, respecto de las inconformidades del actor relacionadas con
presuntas irregularidades en el proceso disciplinario, -tales como la
supuesta incongruencia entre los cargos formulados y la sanción
impuesta, la indebida notificación del fallo o la vulneración de su
derecho de defensa-, es preciso advertir que dichos
cuestionamientos corresponden al ámbito del control de legalidad
cuya valoración ha sido solicitada por el propio accionante en sede
judicial a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Pronunciarse sobre estos aspectos en el marco de la
acción de tutela, cuando existe un proceso ordinario pendiente, no
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solo desbordaría el alcance subsidiario de este mecanismo
excepcional, sino que además desconocería el derecho de
contradicción y defensa de las partes e intervinientes, al sustraer el
asunto del conocimiento de dicha autoridad judicial.
En consecuencia, no le es dable al juez de tutela sustituir el juicio
propio judicial ni anticiparse a su pronunciamiento, máxime cuando
el actor ya activó el medio de control e interpuso el recurso de
apelación contra el rechazo de su demanda, el cual se encuentra
pendiente de decisión. Permitir que el juez constitucional asuma el
conocimiento de fondo sobre la legalidad de las actuaciones
disciplinarias, bajo el argumento de supuestas irregularidades
procesales desnaturalizaría el carácter subsidiario y excepcional de
la acción de tutela.
Así las cosas, el amparo solicitado resulta improcedente, en la
medida en que el actor cuenta con un medio de defensa judicial
idóneo y en curso, para la protección de sus derechos, cuya eficacia
no ha sido desvirtuada. Además, no se advierte la existencia de un
perjuicio irremediable que justifique la intervención transitoria y
excepcional del juez de tutela en esta instancia.
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Además, la Sala advierte que en el escrito de impugnación el actor
introdujo nuevas pretensiones, mediante las cuales solicitó: «1.
Declarar la nulidad de lo actuado desde la formulación de cargos, la
cual no es coherente con la sanción determinada en el fallo
disciplinario. 2. Realizar la notificación personal de la Resolución No.
048 del 25 de octubre de 2024, mediante la cual se profiere el fallo
disciplinario en mi contra. 3. Se ordene la SUSPENSIÓN de la
ejecución de la sanción impuesta, hasta que se resuelva de fondo por
parte de las autoridades competentes las irregularidades
presentadas».
Al respecto, resulta oportuno precisar que es improcedente que, en
sede de impugnación, el actor formule nuevas pretensiones o intente
modificar los fundamentos fácticos y jurídicos de su solicitud de
amparo, toda vez que la impugnación en el trámite de tutela tiene
como finalidad controvertir los argumentos y la decisión adoptada en
primera instancia, a partir de los mismos fundamentos fácticos y
jurídicos expuestos en la demanda inicial, mas no así modificar la
causa petendi o replantear el objeto del proceso. Permitir lo contrario
desbordaría los límites del recurso y desnaturalizaría la función
revisora del juez de segundo grado, en detrimento del principio de
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lealtad procesal y de la seguridad jurídica.
Consecuente con lo anterior, la Sala modificará la sentencia
impugnada, que declaró la improcedencia del amparo por ausencia
de relevancia constitucional, para, en su lugar, declarar su
improcedencia por incumplimiento del requisito de subsidiariedad,
como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Ello,
por cuanto, se reitera, la acción de tutela no constituye el mecanismo
idóneo para sustituir el trámite que se encuentra en curso ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el
hoy tutelante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo por falta de relevancia
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constitucional para, en su lugar, declarar la falta del requisito de
procedencia de la subsidiariedad, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de julio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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