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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00496-01

Fecha
3 de octubre de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00496-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: MODIFICAR la sentencia del 11 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y en su lugar se dispone: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela invocada por Oscar Fernando Quintero Mesa, contra los Juzgados Segundo y Quince Administrativos del Circuito Judicial de Cali, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2025-00496-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

3 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 76001-23-33-000-2025-00496-01

Accionante: OSCAR FERNANDO QUINTERO MESA

Autoridad: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE CALI Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de
procedencia. . INMEDIATEZ-Su desconocimiento desvirtúa el carácter urgente de la protección por tutela.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra el fallo proferido
el 11 de agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
rechazó por improcedente la tutela contra los Juzgados Segundo y Quince
Administrativos del Circuito Judicial de Cali.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 25 de julio de 2025, Oscar Fernando Quintero Mesa, actuando en nombre propio,
formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que alegó vulnerados por los
Juzgados Segundo Administrativo del Circuito de Cali, con la expedición del auto
interlocutorio No. 1528 del 18 de diciembre de 2017, con ocasión del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. No. 76001-33-33-002-2017-00262-00 y
por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali, al proferir la sentencia de

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Expediente nº. 76001-23-33-007-2025-00496-01
Accionante: Oscar Fernando Quintero Mesa y otro
Deniega la acción de tutela

tutela No. 123 del 19 de julio de 2019, dentro del proceso No. 76001-33-33-015-
2019-00187-00.

2. Hechos relevantes

Mediante auto de sustanciación del 23 de julio de 2025 de la Corte Suprema de
Justicia se dispuso escindir y remitir a los competentes la acción constitucional,
debido a que el mecanismo interpuesto buscaba la protección de derechos
fundamentales presuntamente afectados por varias autoridades, entre las cuales
están los Juzgados Segundo y Quince Administrativo de Circuito de Cali.

El señor Oscar Fernando Quintero Mesa, a nombre propio, presentó acción de tutela
contra la Universidad Autónoma de Occidente, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio
de Salud, la Nueva E.P.S., Cosmitet Ltda. y la Organización Internacional del
Trabajo, solicitando la protección de los derechos fundamentales de petición, a la
salud y conexos, al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al buen nombre, al
mínimo vital, a la vivienda, a la vida digna y la recreación.

Señaló que, laboró para la Universidad antes mencionada entre el 25 de enero de
2016 y el 29 de mayo del mismo año, mediante contrato a término fijo, como docente
hora cátedra, hasta que le terminaron unilateralmente y sin justa causa el
mencionado vinculo sin indemnización, circunstancia que le generó un trastorno
mixto de ansiedad y depresión. Solicitó a través de la acción constitucional la
estabilidad laboral reforzada, declarar la ineficacia del despido al no pedirse permiso
al Ministerio del Trabajo.

El asunto correspondió por reparto al Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito
de Cali, bajo el radicado antes mencionado y lo que pretendía con este amparo el
accionante es el reintegro como docente a la Universidad Autónoma de Occidente
en condiciones especiales, que se mantenga sin carga académica con comisión de
estudios permanentes.

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Accionante: Oscar Fernando Quintero Mesa y otro
Deniega la acción de tutela

El 19 de julio de 2019, en la sentencia de tutela No. 123 se negó por improcedente
la acción, frente al derecho de estabilidad reforzada y le tuteló el derecho de petición
quebrantado por la nueva E.P.S. y Cosmitet.

El 31 de julio de 2019, el accionante manifestó a través de mensaje de datos que
impugnaba la sentencia emitida en primera instancia, luego de manifestar que
Cosmitet LTDA no le había hecho entrega de la historia clínica, en la cual está
consignado un largo historial de antecedentes clínicos que demuestran su estado de
salud.

En consecuencia, el 26 de agosto de 2019, la Sala Segunda de Decisión Oral del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de segunda
instancia No. 242, revocó la orden dada Cosmitet para que diera una respuesta de
fondo en relación con el suministro de la historia clínica, pues estableció que existe
una decisión de la misma Corporación en sede de tutela que ya ordenó a favor del
accionante la expedición de dicho documento de manera completa.

A su vez, Oscar Fernando Quintero Mesa, el 21 de septiembre de 2017 presentó
demanda dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho
laboral contra la Institución Universitaria Antonio José Camacho, la que fue
inadmitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
el 18 de diciembre de 2017, para que fuera subsanada en el término de diez días. El
expediente fue remitido a esa jurisdicción por el Juzgado Diecisiete Laboral del
Circuito de Cali mediante Auto No. 1468 del 11 de septiembre de 2017, tras obedecer
y cumplir lo ordenado por el Tribunal Superior de Cali, Sala Laboral en Auto No. 84
del 31 de julio de 2017, que declaró la nulidad de lo actuado en el proceso desde la
sentencia No. 71 del 25 de julio de 2016, inclusive, proferida por el Juzgado
Diecisiete Laboral del Circuito de Cali, dejando incólumes las pruebas practicadas, y
devolviendo el expediente al juzgado de origen para que remitiera a la jurisdicción
contencioso administrativa las diligencias, por considerarla competente para llevarlo
hasta su decisión de mérito.

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Expediente nº. 76001-23-33-007-2025-00496-01
Accionante: Oscar Fernando Quintero Mesa y otro
Deniega la acción de tutela

El 25 de enero de 2018, el apoderado del señor Quintero Mesa presentó escrito
solicitando el retiro de la demanda la cual fue entregada el 14 de marzo de 2018.

3. Fundamentos de la solicitud

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca expidió el auto interlocutorio No. 313
de 25 de julio de 2025, con el objeto que el accionante enunciara de manera clara
sus pretensiones en contra de los Juzgados Segundo y Quince Administrativos del
Circuito de Cali.

Luego del análisis de la solicitud y de los documentos allegados a esa Corporación,
se establece que, el accionante pretende que se aplique en su solicitud la sentencia
SL 1052-2025 del 19 de marzo de 2025 radicación No. 05360- 31-05-001-2021-00041-
01, proferida por la Corte Suprema de Justicia, sala de Casación Laboral, Magistrada
Marjorie Zúñiga Romero y en consecuencia, se deje sin efectos parciales la sentencia
de tutela No. 123 del 19 de julio de 2019 proferida por el Juez 15 Administrativo de
Cali dentro del proceso 76001-33-33-015-2019-00187-00 y el auto interlocutorio No. 1528
del 18 de diciembre de 2017 proferido por la Juez 2 Administrativo de Cali dentro del
proceso No. 76001-33-33-002-2017- 00262-00.

“(…)
PRETENSIONES

De manera respetuosa solicito a usted:

1. TUTELAR mis derechos fundamentales a la igualdad de la sentencia
MARJORIE ZÚÑIGA ROMERO, Magistrada ponente, SL1052 2025, Radicación
n.° 05360-31-05-001-2021-00041-01, Acta 09 Bogotá D. C., diecinueve (19) de
marzo de dos mil veinticinco (2025).

(…)

5. ORDENAR, DEJAR SIN EFECTOS parciales, la sentencia del JUZGADO
QUINCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI, que negó por
improcedente la tutela y solo tutelo el derecho de petición quebrantado por
Cosmitet y la nueva eps.

6. ORDENAR, DEJAR SIN EFECTOS, la apelación de procedencia del

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Accionante: Oscar Fernando Quintero Mesa y otro
Deniega la acción de tutela

JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI, que
fue por reparto asignada al juez del JUZGADO 3º CIVIL DEL CIRCUITO DE
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 02-2019 00042-01, que confirmó la
sentencia de primera instancia

7. ORDENAR, TUTELAR el derecho fundamental de acceso a la administración
de justicia del demandante.

En consecuencia, se dispone,

I. ORDÉNASE al Tribunal Administrativo del Atlántico que dentro del término
improrrogable de cuarenta y ocho (48) contadas a partir de la notificación de esta
providencia, DEJE SIN EFECTOS el proveído de del 18 de diciembre de 2017, que
dispuso, la inadmisión y luego el rechazo de la demanda laboral instaurada por
OSCAR FERNANDO QUINTERO MESA Y LUZ DIVIA BECERRA RESTREPO,
contra la Universidad AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, identificada con la
radicación No.76001-33-33-002-2017 00262-00. De Medio de Control Nulidad de
los actos administrativos, con los cuales se desvinculó al Señor OSCAR
FERNANDO QUINTERO MESA, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE, que fue inadmitida y rechazada por la juez Adréa Delgado
Perdomo, juez del Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cali, La anterior
decisión será notificada personalmente al actor.
II. ORDÉNASE al juzgado segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Cal, que dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48), contadas a
partir de la notificación de esta providencia, HABILITE LOS TÉRMINOS del auto
del auto interlocutorio No. 1528 y por medio de un abogado de la defensoría del
pueblo, asignado para el caso había sido asignada la abogada Ana Lucero
Muñoz, abogada de la defensoría del pueblo, y no tuvo en cuenta la demanda
laboral en los recursos que hizo ante los jueces en que actuó, dejar sin efectos
los poderes otorgados a los abogados Hernando Morales Plaza e Irving
Fernando Macias, abogados laborales, que renunciaron al proceso sin mi
autorización y sean asignados abogados de reemplazo de la defensoría del
pueblo para que se proceda a subsanar los defectos formales, decisión que le
será notificada de forma personal.
III. ORDÉNASE a la Juez Andrea Delgado Perdomo, juez del Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito judicial de Cali, que una vez establecida la litis
contestatio, le de orden de prioridad al trámite del expediente, con estricta
observancia y cumplimiento de los términos procesales establecidos en el
Código Contencioso Administrativo, de conformidad con la parte motiva de este
proveído”.

Trámite de primera instancia

El 5 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la
acción de tutela, ordenó su notificación a la totalidad de intervinientes. Concedió a

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Expediente nº. 76001-23-33-007-2025-00496-01
Accionante: Oscar Fernando Quintero Mesa y otro
Deniega la acción de tutela

las autoridades judiciales accionadas el término de cuarenta y ocho horas para dar
respuesta a la solicitud de amparo.

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cali, manifestó que le dio trámite
a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado No.
760013333002-2017-00262-00, presentada el 21 de septiembre de 2017 por Oscar
Fernando Quintero Mesa contra la Institución Universitaria Antonio José Camacho.

Igualmente, expresó que, a través del auto interlocutorio No. 1528 del 18 de
diciembre de 2017, la demanda fue inadmitida. Que el 25 de enero de 2018, el
apoderado del demandante presentó escrito solicitando el retiro de la demanda la
cual fue entregada el 14 de marzo de 2018.

De otra parte, mediante sentencia del 11 de agosto de 2025 el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, rechazó la acción de tutela dirigida contra los
Juzgados Segundo y Quince Administrativos del Circuito judicial de Cali, toda vez
que no se acreditó el cumplimiento del requisito de inmediatez, circunstancia que
releva a la Sala de realizar el estudio de los demás presupuestos de procedencia.

La parte accionante impugnó la decisión. Reiteró los argumentos expuestos en la
acción de tutela. El 21 de febrero de 2025, se concedió la impugnación interpuesta
el 13 de agosto de 2025 por el accionante.

CONSIDERACIONES

4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 11 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que rechazó por improcedente la acción de tutela frente a los juzgados Segundo y
Quince Administrativos del Circuito Judicial de Cali. .

5. Análisis de la Sala

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Expediente nº. 76001-23-33-007-2025-00496-01
Accionante: Oscar Fernando Quintero Mesa y otro
Deniega la acción de tutela

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la
Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental1. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que ésta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela2.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Inmediatez

1 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

2 Ibidem.

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Expediente nº. 76001-23-33-007-2025-00496-01
Accionante: Oscar Fernando Quintero Mesa y otro
Deniega la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo residual para la protección inmediata de
derechos fundamentales y un remedio de aplicación urgente. Si el amparo se dirige
contra una providencia judicial, en cumplimiento del requisito de inmediatez, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que se debe interponer dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia que se impugna en tutela3.

En consecuencia, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los
criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y
reiteró que 6 meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los
derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias
judiciales.

Caso concreto

La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela promovida por Oscar
Fernando Quintero Mesa, al no encontrarse satisfecho el presupuesto antes
estudiado, toda vez que, entre la expedición de las sentencias cuestionadas y la
interposición de la demanda de tutela, transcurrieron más de seis meses.

De la revisión de los expedientes ordinarios Nos. 76001-33-33-002-2017-00262-00,
se verificó que las sentencias del 18 de diciembre de 2017, proferida por el Juez
Segundo Administrativo de Cali y 76001-33-33-015-2019-00187-00, expedida el 19
de julio de 2019 por el Juez Quince Administrativo de Cali se pudo establecer que
han transcurrido ocho años desde la primer fecha y la instauración del presente
amparo constitucional, en el primer caso; y seis años, entre la fecha que se profirió
la segunda y la radicación de la acción de tutela según el acta de reparto que reposa
en el aplicativo SAMAI.

3 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-422 del 16 de octubre de 2018 [fundamento jurídico 49].

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad.

11001-03-15-000-2012-02201-01.

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Expediente nº. 76001-23-33-007-2025-00496-01
Accionante: Oscar Fernando Quintero Mesa y otro
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Además, es preciso subrayar que, junto con la demanda de tutela no se allegó
prueba sumaria alguna que dé cuenta que el accionante se encuentra en estado de
indefensión, interdicción, abandono o incapacidad física, o algún tipo de
circunstancia o situación particular que de manera eventual permita acceder a la
flexibilización del mencionado presupuesto, como tampoco se evidencia la existencia
de un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos que se invocan.

De acuerdo a lo explicado, es oportuno traer a colación que, conforme a las pautas
jurisprudenciales, la acción de tutela debe interponerse de manera oportuna y
razonable en relación con la ocurrencia de los hechos que originaron la afectación o
amenaza de los derechos fundamentales invocados, toda vez que la inactividad o la
demora del accionante para promover la referida acción impide que la misma resulte
procedente; sin embargo, la Corte Constitucional ha establecido que existen ciertas
circunstancias que el juez debe verificar cuando está frente a un caso de inmediatez.

Las anteriores se pueden agrupar en eventualidades tales como, si existe un motivo
válido para la inactividad de los accionantes; si esta inactividad injustificada vulnera
el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; si existe un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos
de los interesados; si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma,
en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.

A pesar de ello, no se acreditó ninguna de las anteriores circunstancias que pudiese
permitir se infiera la justificación de la inactividad del accionante, como tampoco se
puede considerar que la afectación de los derechos fundamentales que se invocan
continua.

De acuerdo con lo anterior, no es posible flexibilizar el requisito de inmediatez pues,
en casos como este, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial, existe

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una mayor protección y rigidez al requisito de inmediatez, el cual garantiza el
cumplimiento del principio de seguridad jurídica y cosa juzgada. Al respecto, la Corte
ha señalado que:

«El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela podrá
interponerse “en todo momento y lugar”. La Corte Constitucional ha entendido que
por esa razón no es posible establecer un término de caducidad de la acción de
tutela, pues ello sería contrario al artículo citado. Con todo, ha aclarado que lo
anterior no debe entenderse como una facultad para presentar la acción de tutela
en cualquier momento, ya que ello sería contrario a la seguridad jurídica y
desnaturalizaría la acción, concebida como un remedio de aplicación urgente que
demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados.

Por lo anterior, se ha entendido que la tutela debe presentarse en un término
razonable, pues de lo contrario podrá declararse improcedente. No existen reglas
estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo, sino que
es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, lo que constituye un término
razonable.

La jurisprudencia ha identificado criterios que orientan al juez de tutela a evaluar,
en cada caso, si se ha cumplido con el requisito de la inmediatez. Tales criterios se
relacionan con: (i) La situación personal del peticionario, (ii) el momento en el que
se produce la vulneración, (iii) la naturaleza de la vulneración, (iv) los efectos de la
tutela y (v) la actuación contra la que se dirige la tutela.

Sobre esta última, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la
inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como
vulneradora de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado
que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra
providencias judiciales. Al respecto, ha sostenido que “el requisito de inmediatez
tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra providencias judiciales,
de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en
otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse
en la incertidumbre indefinidamente (…)5»

En consecuencia, de acuerdo con el término adoptado como razonable por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y por el mismo Consejo de Estado 6 , la
presente acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez.

5 Corte Constitucional, Sentencia SU-391de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
6 Sala Plena del Consejo de Estado, Sentencia SU del 5 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez

Ramírez.

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Expediente nº. 76001-23-33-007-2025-00496-01
Accionante: Oscar Fernando Quintero Mesa y otro
Deniega la acción de tutela

Así las cosas, la Sala habrá de modificar la mencionada sentencia que rechazó por
improcedente la acción de tutela. En su lugar, declarará improcedente la solicitud de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia del 11 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y en su lugar se dispone:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela invocada por Oscar
Fernando Quintero Mesa, contra los Juzgados Segundo y Quince Administrativos del
Circuito Judicial de Cali, de conformidad con lo expuesto en esta decisión.

SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLAS YEPES CORRALES

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