Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00521-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00521-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2025-00521-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
9 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 76001-23-33-000-2025-00521-01
Accionante: JOSÉ ALEXANDER RUÍZ HERNÁNDEZ
Accionados: MINISTERIO DE JUSTIDIA Y DEL DERECHO Y OTRO
Tema: Trámite de insolvencia de persona natural no comerciante.
Revoca.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte demandante contra la
sentencia del 8 de septiembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como en el Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado por el
Acuerdo 434 de 2024).
Por auto del 15 de agosto de 20255, la referida autoridad judicial admitió la acción
constitucional y, mediante providencia del 17 de septiembre de 2025 concedió la
apelación. Por lo anterior, la Sala procede a proferir sentencia en los términos
previstos en la Ley 393 de 1997.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]
5 Índice 13 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia
notificó en calidad de demandados al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Centro de
Arbitramento y Conciliación de la Universidad Santiago de Cali. A su vez, ordenó la vinculación
de la Procuraduría General de la Nación y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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Accionante: José Alexander Ruíz Hernández
Accionados: Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
Radicación: 76001-23-33-000-2025-00521-01
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor José Alexander Ruíz
Hernández presentó demanda contra el Ministerio de Justicia y del Derecho y el
Centro de Conciliación y Arbitramento de la Universidad Santiago de Cali, con el
fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en los artículos 18 de la Ley 640 de
2001 y 4 de la Ley 2445 de 2025, así como el Decreto 1069 de 2015.
2. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
Solicito que mediante sentencia en el término de 10 días ordenar al Ministerio de
Justicia el cumplimiento de los artículo 18 de la Ley 640 de 2001 y el Decreto
1069 de 2015, (por omisión en el ejercicio del control, inspección y vigilancia) y,
a la Universidad Santiago de Cali- Centro de arbitraje y conciliación el
incumplimiento del l artículo 4 de la Ley 2445 de 2005, que determina el límite de
activos a (1.000) para el proceso de insolvencia de personas naturales no
comerciantes y naturales comerciantes.
1.2. Posición de la parte demandante
3. El señor José Alexander Ruíz Hernández señaló que el artículo 4 de la Ley
2445 de 2025 modificó el artículo 532 de la Ley 1564 de 2012, el cual dispone
que serán denominados «pequeños comerciantes» todas aquellas personas
naturales que cuenten con activos totales inferiores a 1.000 salarios mínimos,
excluido el valor de la vivienda da su familia y el vehículo que utiliza como
instrumento de trabajo.
4. A su vez, refirió que los centros de arbitraje y conciliación, de conformidad
con el artículo 116 de la Constitución Política, pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia como conciliadores o
árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad,
como ocurre con el Centro de Conciliación y Arbitramento de la Universidad
Santiago de Cali.
5. Bajo ese contexto, indicó que la mencionada universidad «vulnera la ley al
darle trámite al procedimiento de aceptar la solicitud de negociación de deudas
de persona natural no comerciante al señor Jorge Enrique Hinestroza Mejía, dado
que posee un patrimonio superior al señalado por la ley.
6. En consecuencia, consideró que el Ministerio de Justicia y del Derecho, al
tener funciones de inspección, vigilancia y control sobre los centros de
conciliación y arbitraje, «según lo establece el artículo 18 de la Ley 640 de 2001
y el Decreto 1069 de 2015», debía imponerle sanciones a la universidad.
1.4. Posición de la parte demandada
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7. El Ministerio de Justicia y del Derecho señaló que sus funciones de
inspección, vigilancia y control sobre los centros de conciliación y arbitraje se
materializan a través de procedimientos administrativos sancionatorios, en los
que se debe garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, por lo que no
puede «revisar, anular o impedir de forma anticipada las decisiones que adoptan
los centros».
8. Por otra parte, señaló que las normas cuyo cumplimiento persigue el
accionante no contienen un mandato claro, expreso, exigible e inobjetable a
cargo de la entidad, ya que «las normas señalas en la demanda no le imponen
un deber directo de revisar cada caso en particular, ni de sancionar de manera
instantánea las decisiones que adopten los centros de conciliación».
9. Por su parte, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Universidad
Santiago de Cali señaló que la demanda, «más allá de ser difusa y de presentar
confusión con su lectura», está soportada en una apreciación subjetiva. Refirió
que actuó de buena fe, ya que ajustó «sus procedimientos conforme a lo
dispuesto por la ley 2445 de 2025 y el decreto 2677 de 2012, habida cuenta de
los insumos que les fueron aportados y con los que contaba para la aceptación
de la solicitud de insolvencia elevada por el señor Hinestroza Mejía a través de
su apoderado judicial, de modo que ninguna norma se incumplió».
10. Finalmente, la Procuraduría General de la Nación manifestó que no ha
incumplido la ley frente a la presunta actuación irregular de la universidad, por lo
que solicitó su desvinculación del proceso por carecer de legitimación en la causa
por pasiva.
1.4. Fallo de primera instancia
11. En sentencia del 8 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca resolvió «rechazar por improcedente» la acción de cumplimiento,
ya que las normas señaladas como incumplidas no contienen un mandato. Esto,
debido a que su contenido es «una prescripción general relativa a los
presupuestos para ser admitido como parte de un proceso de insolvencia».
12. Además, consideró que el actor cuestiona el trámite que se le ha impartido
al proceso de insolvencia adelantado por la Universidad Santiago de Cali, cuya
revisión, de conformidad con la Sección Quinta del Consejo de Estado, resulta
abiertamente improcedente.
1.5. Impugnación
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13. La parte accionante señaló que las nomas incumplidas «están dirigidas no
solo a una supuesta función jurisdiccional de un trámite de negociación de
deudas, sino en la omisión del Ministerio de Justicia y del Derecho que ha sido
renuente en el ejercicio de las funciones de inspección, control y vigilancia de las
[sic] sobre los centros de arbitramento y conciliación del país, conforme lo
dispone el artículo 18 de la Ley 640 de 2001».
14. Por otra parte, refirió que, en cuanto al Centro de Arbitraje y Conciliación
de la Universidad Santiago de Cali, reprocha que no dio cumplimiento a lo
establecido en el artículo 4 de la Ley 2445 de 2025.
II. CONSIDERACIONES
15. La Sala revocará la sentencia del 8 de septiembre de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, rechazará la demanda
respecto del Decreto 1069 de 2015 y declarará la improcedencia frente a lo
demás. Para ello, se analizarán los siguientes aspectos: i) la constitución en
renuencia y, ii) los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La accionante no agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia frente a Colpensiones
16. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o
al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en un acto administrativo. Para
ello, es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la
cual versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días
siguientes a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el
pretendido incumplimiento6.
17. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»7. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de
la demanda.
6 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con
el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
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18. En el caso concreto, el accionante aportó constancia del escrito de
renuencia de fecha del 18 de julio de 2025 dirigido a las autoridades
demandadas, en el que solicitó lo siguiente: i) frente al Ministerio de Justicia y del
Derecho, requirió el cumplimiento del artículo 18 de la Ley 640 de 2001 y lo
dispuesto en el Decreto 1069 de 2015 y ii) frente al Centro de Conciliación de la
Universidad Santiago de Cali, pidió el acatamiento del artículo 4 de la Ley 2445
de 2025, dado que «vulnera la ley al darle tramite al siguiente procedimiento al
aceptar la solicitud de negociación de deudas de persona natural no
comerciante» del señor Jorge Enrique Hinestroza Mejía.
19. Se evidencia que el señor Ruíz Hernández solicitó el cumplimiento del
Decreto 1069 de 2015, el cual consagra diferentes deberes en cabeza del
Ministerio de Justicia y del Derecho, junto con las entidades que se encuentran
adscritas a dicha cartera, relativas al funcionamiento y administración del sector
justicia, lo cual impide determinar sobre qué norma se exige el cumplimiento.
20. En ese sentido, la Sala considera que la accionante no agotó el requisito
de la renuencia frente al mencionado decreto, dado que no solicitó ni identificó
expresamente los deberes incumplidos cuyo acatamiento solicita por esta vía8.
Por tanto, rechazará la demanda respecto del cumplimiento del Decreto 1069 de
2015.
21. Caso contrario ocurre frente a los artículos 18 de la Ley 640 de 2001 y 4
de la Ley 2445 de 2025, pues tanto en la constitución en renuencia como en la
demanda, el accionante delimitó las normas cuyo cumplimiento persigue
mediante esta vía.
22. Por lo anterior, solo se tendrá por acreditada la constitución en renuencia
de respecto de los artículos 18 de la Ley 640 de 2001 y 4 de la Ley 2445 de 2025.
2.1.3. La acción no supera los requisitos de procedencia
23. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)9.
8 Al respecto, ver sentencia del 20 de enero de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado en el proceso con radicado 76001-23-33-000-2024-00672-01.
9 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).
(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).
(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).
24. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad conlleva la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.
25. En este caso, la Sala advierte que la acción sub examine es improcedente,
por las razones que pasan a explicarse.
26. En primer lugar, la Sala advierte que la pretensión del accionante de
ordenarle al Ministerio de Justicia y del Derecho el acatamiento de lo dispuesto
en el artículo 18 la Ley 640 de 2001 es abiertamente improcedente, dado que la
mencionada ley fue derogada por el artículo 146 de la Ley 2220 de 2022, por
medio de la cual se expidió el estatuto de conciliación, el cual dispuso lo siguiente:
ARTÍCULO 146. DEROGATORIAS. La presente ley deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias y especialmente los artículos 24, 25, 35,
47, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 61, 62, 63, 64, 65A, 65B, 66, 67, 76, 81, 82, 83,
84, 85, 86, y 89 de la Ley 23 de 1991; 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77,
80, 81, 83, 84, 86, 91, 92, 94, 96, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y
110 de la Ley 446 de 1998; la Ley 640 de 2001; el artículo 2o de la Ley 1367
de 2009; los artículos 51 y 52 de la Ley 1395 de 2010. El inciso 2 del numeral
6 del artículo 384 y los artículos 620 y 621 de la Ley 1564 de 2012; el
parágrafo 1 del artículo 4o de la Ley 1579 de 2012. (Negrilla y subrayado de
la Sala)
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27. En segundo lugar, la discusión que propone el accionante no supera el
requisito de subsidiariedad, dado que este mecanismo constitucional no es un
instrumento paralelo para reconocer derechos subjetivos10 o resolver
controversias que cuentan con otros medios de defensa. Es decir, la acción de
cumplimiento «no tiene dentro de su objeto el de dirimir controversias jurídicas,
ni el de reconocer derecho subjetivo alguno»11.
28. De lo contrario, «si se autoriza al juez constitucional a que resuelva de
fondo todas las controversias jurídicas en torno a la aplicación del derecho en el
caso concreto, se anularía el principio de separación funcional de jurisdicciones
y se dejaría sin sentido la existencia de los mecanismos procesales ordinarios y
contencioso administrativos»12.
29. En efecto, se evidencia que el accionante, más allá de pretender el
cumplimiento de las normas enunciadas en la demanda, cuestiona el trámite que
se le ha impartido al proceso de insolvencia adelantado por el señor Jorge
Enrique Hinestroza Mejía en el Centro de Conciliación y Arbitramento de la
Universidad Santiago de Cali.
30. Por lo tanto, esta Sala de decisión advierte que excede de la órbita del juez
de cumplimiento determinar la legalidad del trámite que el Centro de Conciliación
y Arbitraje le ha impartido al proceso de insolvencia que inició a favor del señor
Hinestroza Mejía. Esto, debido a que le corresponde al conciliador determinar si,
en el caso en concreto, se encuentran acreditados los supuestos del ámbito de
aplicación de los procedimientos de insolvencia de persona natural no
comerciante.
2.2. Conclusión
31. Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia del 8 de septiembre de 2025,
dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, rechazará
la demanda respecto del Decreto 1069 de 2015, por no agotar el requisito de
constitución en renuencia; y declarará la improcedencia frente a lo demás, por
las razones aquí expuestas.
10 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-
41- 000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01. Consejo de Estado,
Sección Quinta, Sentencia de 1 de noviembre de 2012. Rad. 76001-23-31-000-2012-00499-01.
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 14 de octubre de 2021. Rad. 19001-23-33-000-
2021-00086-01. Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 10 de abril de 2025. Rad.
68001-23-33-000-2025-00074-01.
11 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-
41- 000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01.
12 Id.
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Accionados: Ministerio de Justicia y del Derecho y otro
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, RECHAZAR la demanda
respecto del Decreto 1069 de 2015 y DECLARAR la improcedencia frente a lo
demás.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
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