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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00669-01

Fecha
27 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00669-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2025-00669-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

27 de noviembre de 2025

Radicado: 76001-23-33-000-2025-00669-01
Demandante: Yoseth Manuel Carrión Ospina

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 76001-23-33-000-2025-00669-01
Demandante: Yoseth Manuel Carrión Ospina
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo de Buga

Tema: Mora judicial, medio de control de simple nulidad. Hecho superado.
Impugnación plantea nuevas pretensiones y argumentos.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de
tutela del 20 de octubre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que resolvió:

PRIMERO: RECHAZAR por improcedente el escrito de adición a la demanda identificado
como «refuerzo tutela» presentada por el señor Yoseth Manuel Carrión Ospina, por los
motivos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto del
amparo solicitado por el señor Yoseth Manuel Carrión Ospina, ante la respuesta del
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buga.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 2 de octubre de 2025, el señor Yoseth Manuel Carrión Ospina interpuso acción de
tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo de Buga, por estimar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y tutela judicial efectiva. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia y tutela
judicial efectiva.

2. Ordenar al Juzgado Segundo Administrativo de Buga que, en un plazo no superior a 48
horas, resuelva la solicitud de aclaración/corrección presentada por el Municipio y la
oposición presentada por el accionante, dentro del proceso radicado No. 76111-33-33-
002-2025-00139-00.

3. Disponer como medida provisional (art. 7, Decreto 2591/91) la suspensión inmediata del
proceso de licitación pública adelantado por el Municipio de Riofrío, hasta que se defina
de fondo el recurso de apelación, para evitar un perjuicio irremediable.

2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

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Radicado: 76001-23-33-000-2025-00669-01
Demandante: Yoseth Manuel Carrión Ospina

El señor Yoseth Manuel Carrión Ospina promovió el medio de control de nulidad contra
los Acuerdos 005-2025 y 006-2025 de 28 de febrero de 2025, expedidos por el
Concejo Municipal de Riofrío, por los cuales se otorgan facultades a la alcaldesa
municipal de Riofrío (Valle del Cauca) para la asunción presupuestal de vigencias
futuras excepcionales para la financiación del sistema de alumbrado público y para la
contratación mediante concesión, de la prestación integral del servicio de alumbrado
público en el municipio. En la demanda se solicitó como medida cautelar la suspensión
provisional de los efectos de los actos demandados.

Por reparto correspondió conocer del proceso al Juzgado Segundo Administrativo
de Buga, con radicado 76111-33-33-002-2025-00139-001. En autos separados de 17
de julio de 2025 se admitió de la demanda y se corrió traslado a la demandada
(municipio de Riofrío y Concejo Municipal de Riofrío) de la medida cautelar.

Por auto de 14 de agosto de 2025, el juzgado negó el decreto de la medida cautelar
pedida. El 20 de agosto siguiente, el demandante interpuso recurso de apelación
contra la anterior providencia. Y por auto de 2 de septiembre de 2025 se concedió el
recurso en el efecto suspensivo, a pesar de que en la parte considerativa se anunció
que se haría en el efecto devolutivo.

El municipio de Riofrío solicitó aclaración y corrección de la anterior providencia, en la
que expuso la necesidad de que el recurso se concediera en el efecto devolutivo,
conforme con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 243 del CPACA. La parte
actora se opuso a la solicitud interpuesta.

En escrito de 24 de septiembre de 2025, el señor Carrión Ospina pidió al juzgado
impulso procesal.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora sustentó la solicitud de tutela con los siguientes argumentos:

En el proceso de simple nulidad con radicado 76111-33-33-002-2025-00139-00 está
pendiente de que el Juzgado Segundo Administrativo de Buga resuelva la solicitud de
aclaración y corrección del auto que concedió el recurso de apelación contra la
providencia que negó la medida cautelar.

Han transcurrido 20 días sin que el citado juzgado se pronuncie, circunstancia que
suspende la ejecutoria del auto que concedió el recurso de apelación y paraliza el
trámite de este.

Como fundamentos jurisprudenciales se refirió a algunas sentencias de la Corte
Constitucional (T-264/2009 y T-634/2017) sobre la vulneración del derecho al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia cuando se presenta una inactividad
judicial o dilación injustificada al resolver asuntos procesales.

Indicó que la aclaración y corrección de una providencia no puede usarse para alterar
lo decidido, ni convertirse en un recurso para revocar lo resuelto en la parte
considerativa, según lo ha establecido el Consejo de Estado (auto de 6/09/2018, exp.
2017-00326-00) y la Corte Suprema de Justicia (Auto AC—1347/2018).

1 Este proceso puede consultarse en la plataforma de Samai del Juzgado Segundo Administrativo de

Buga.
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Radicado: 76001-23-33-000-2025-00669-01
Demandante: Yoseth Manuel Carrión Ospina

Explicó que, de manera paralela al trámite del medio de control de nulidad, el municipio
de Riofrío adelanta proceso licitatorio para la concesión de alumbrado público. Con
fundamento en lo cual afirmó que la mora judicial presentada en este caso genera un
perjuicio irremediable, porque puede tornarse nugatorio el objeto del proceso de
nulidad si la licitación pública avanza hasta la adjudicación, momento en el que se
consolidan derechos contractuales de terceros de buena fe.

En general, insistió en que la acción de tutela es el único mecanismo idóneo para
prevenir la consumación de un daño que comprometería el patrimonio público y la
legalidad administrativa.

4. Trámite procesal de la acción de tutela

En auto del 3 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante y al Juzgado
Segundo Administrativo de Buga, en calidad de demandado. En la misma providencia
negó la medida provisional solicitada por el actor.

5. La respuesta del demandado

El Juzgado Segundo Administrativo de Buga advirtió que la solicitud de tutela
promovida es improcedente, porque el actor tiene a su alcance otro medio de defensa
judicial. En concreto expuso los siguientes argumentos de defensa:

El actor busca que el juzgado se pronuncie sobre el auto de 2 de septiembre de 2025
para que se corrija o aclare el efecto en que fue concedida la apelación, para lo cual
debió interponer el recurso de queja regulado en el artículo 245 del CPACA.

La tutela no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un
servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una
actuación reglada que está sometida a la ley procesal.

De todas formas, la presente acción de tutela perdió sentido al estar superado el hecho
que le dio origen. En concreto, en el proceso de nulidad ese juzgado dictó auto de 6
de octubre de 2025, en el que se corrigió el auto de 2 de septiembre de 2025, respecto
al efecto en que se concedió el recurso de apelación interpuesto contra el auto que
negó la medida cautelar pedida por el demandante.

En consecuencia, el juzgado solicitó que en caso de no acogerse la tesis que
demuestra la improcedencia de la presente acción de tutela, se disponga que se ha
configurado el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado.

6. Intervención adicional de la parte actora

En escrito de 8 de octubre de 2025, denominado «refuerzo tutela», el actor pone en
conocimiento los hechos sobrevinientes que, a su juicio, agravan la vulneración de los
derechos fundamentales invocados, derivados del auto de 6 de octubre de 2025,
dictado por el juzgado demandado. En concreto, el actor advirtió lo siguiente:

En el auto de 6 de octubre de 2025 el juzgado, aunque declaró improcedente las
solicitudes de aclaración y corrección presentadas por el municipio de Riofrío, modificó
de oficio el auto de 2 de septiembre de 2025, en el sentido de cambiar el efecto del
recurso de apelación de suspensivo a devolutivo.

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Demandante: Yoseth Manuel Carrión Ospina

El juzgado carecía de competencia para alterar el contenido sustancial por una vía no
prevista en la ley, porque terminó por sustituir indebidamente el trámite del recurso de
queja (art. 245 CPACA) y usurpó las funciones del tribunal.

Afirmó que la actuación del juzgado constituyó una «vía de hecho» porque incurre en
los defectos orgánico, sustantivo, material y procedimental. En consecuencia, el actor
formuló nuevas peticiones, así:

1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia y tutela
judicial efectiva.

2. Declarar que el Auto 523 constituye vía de hecho judicial y dejarlo sin efectos.

3. Restablecer la vigencia del Auto 391 del 2 de septiembre de 2025, que concedió el
recurso en efecto suspensivo.

4. Ordenar al Juzgado Segundo Administrativo de Buga remitir el expediente al Tribunal
Administrativo del Valle en un término de 48 horas.

5. Decretar medida provisional de suspensión del proceso de licitación pública del
Municipio de Riofrío para la concesión de alumbrado público, hasta que el Tribunal
decida la apelación.

Por último, el actor indicó que «Este escrito se formula con fundamento en el principio
de buena fe procesal (art. 83 C.P.), en defensa legítima de los derechos
fundamentales invocados, sin pretender interferir ni desconocer la función
jurisdiccional del despacho o de sus superiores.»

7. Sentencia de primera instancia

El 20 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia de primera instancia, en la cual rechazó por improcedente el escrito de
adición de la demanda, denominado «refuerzo tutela» y declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado.

Como cuestión previa se refirió al escrito identificado como «refuerzo tutela»
presentado por el actor en el que adicionó los hechos y pretensiones de la acción de
amparo, lo que constituye una reforma de esta, que no es compatible con su trámite.
Así lo ha considerado el Consejo de Estado2 en atención al carácter preferente y
sumario propio de la acción de tutela al que no se aplican las figuras procesales típicas
de los asuntos ordinarios.

En lo atinente a la medida provisional de suspensión del proceso de licitación pública,
afirmó que guarda identidad y coincidencia con la solicitud de medida cautelar
formulada con el escrito de la demanda, la que se resolvió en auto de 3 de octubre de
2025, por lo que consideró que no era procedente hacer pronunciamiento al respecto.
En esos términos, rechazó el escrito presentado.

Frente a la solicitud de amparo inicial, se declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado al encontrar que el juzgado demandado satisfizo en forma integral las
pretensiones perseguidas.

2
Sentencias de 22 de octubre de 2024, exp. 11001-03-15-000-2024-04969-00, Sección Tercera, CP Jaime Enrique Rodríguez y
de Sentencia del 31 de marzo de 2023,exp. 11001-03-15-000-2023-00801-00, Sección Tercera, CP José Roberto Sáchica
Méndez.
4
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Demandante: Yoseth Manuel Carrión Ospina

Para llegar a la anterior conclusión, el Tribunal acudió a las actuaciones adelantadas
en el proceso de nulidad tramitado ante el Juzgado Segundo Administrativo de Buga
y encontró que por auto de 6 de octubre de 2025 se resolvió la solicitud de aclaración
y corrección presentada por el municipio de Riofrío y la de la oposición a la aclaración
presentada por el actor, respecto del auto del 2 de septiembre de 2025.

Como la anterior decisión se dictó antes del fallo de primera instancia, sin mediar
orden judicial, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.

8. Impugnación

El señor Carrión Ospina impugnó el fallo de primera instancia por considerar que, al
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, el Tribunal incurrió en un
«error sustancial». En este caso, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no
verificó el cumplimiento de los dos requisitos jurisprudenciales para su configuración,
si se tiene en cuenta lo siguiente:

En primer lugar, porque no se cumplió íntegramente la pretensión de tutela, que era
que el Juzgado Segundo Administrativo de Buga resolviera las solicitudes pendientes
con respeto del ordenamiento jurídico. El auto de 6 de octubre de 2025 la autoridad
judicial demandada declaró improcedentes las solicitudes de aclaración/corrección, lo
que fue acertado, pero modificó de oficio el efecto del recurso, con lo que considera,
se desconocieron los derechos fundamentales invocados.

Señaló que antes de resolver las solicitudes se estaba ante una omisión y que, una
vez el juzgado demandado resolvió, incurrió en una irregularidad al modificar sin
competencia el efecto en el que se concedió el recurso. Agregó que el mecanismo
legal para tal corrección es la interposición del recurso de queja ante el superior.

En segundo lugar, porque el juzgado no actuó voluntariamente, sino que lo hizo como
consecuencia de un memorial de impulso procesal (24 de septiembre), la interposición
de la acción de tutela (2 de octubre) y la admisión de la tutela por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca (3 de octubre).

A partir de lo anterior sostuvo que el juzgado al expedir el auto de 6 de octubre incurrió
en los defectos orgánico, sustantivo, material y procedimental.

Adicionalmente, señaló que el a quo erró al rechazar el escrito de 8 de octubre de
2025, porque ese escrito no fue una reforma, sino la comunicación de un hecho
sobreviniente ocurrido después de la presentación de la demanda de tutela. Así que,
en este caso, conforme con la postura jurisprudencial de la Corte Constitucional, era
deber del juez de tutela considerar los hechos sobrevinientes que surgieran durante
el trámite y modifiquen la situación fáctica inicial e incidan en la decisión que debe
adoptar el juez de tutela.

A su juicio, aunque rechazara el escrito de 8 de octubre de 2025, el fallador de primera
instancia no podía ignorar la manifiesta «vía de hecho» que agrava la vulneración del
debido proceso.

En esta oportunidad, el actor insistió en la existencia de un perjuicio irremediable,
porque la licitación está en fase de adjudicación, según el cronograma de SECOP I,
de manera que la consolidación contractual impedirá el ejercicio efectivo de la
veeduría ciudadana y hará nugatorio el proceso de nulidad.

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Como peticiones formuladas en la impugnación relacionó las siguientes:

1. REVOCAR LA SENTENCIA
REVOCAR la Sentencia No. 292 del 20 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por los errores jurídicos demostrados.

2. CONCEDER EL AMPARO CONSTITUCIONAL
TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia y tutela
judicial efectiva del accionante.

De conformidad con el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, el juez de tutela está
facultado para dejar sin efectos las actuaciones judiciales o administrativas que vulneren
derechos fundamentales.

3. DEJAR SIN EFECTOS EL AUTO 523
DECLARAR que el Auto Interlocutorio No. 523 del 6 de octubre de 2025 proferido por el
Juzgado Segundo Administrativo de Buga constituye vía de hecho judicial por defectos
orgánico, sustantivo, procedimental y material, y en consecuencia DEJARLO SIN
EFECTOS JURÍDICOS.

4. RESTABLECER EL AUTO 391 ORIGINAL
ORDENAR al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga restablecer la plena
vigencia del Auto Interlocutorio No. 391 del 2 de septiembre de 2025 en su versión
original, que concedió el recurso de apelación en efecto suspensivo.

5. REMISIÓN DEL EXPEDIENTE
ORDENAR al citado Juzgado que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de esta sentencia, remita el expediente electrónico del proceso Rad.
76111-33-33-002-2025-00139-00 al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en
efecto suspensivo, para que decida el recurso de apelación.

El fundamento de esta medida encuentra respaldo en el artículo 7 del mismo decreto y
en la Sentencia T-066 de 2022, en la cual la Corte Constitucional avaló la suspensión
temporal de actos o procesos administrativos para prevenir un perjuicio irremediable
mientras se decide de fondo la acción de tutela.

6. MEDIDA PROVISIONAL (subsidiaria)
Subsidiariamente, y en caso de considerarlo procedente, ORDENAR como medida
provisional de protección (art. 7 Decreto 2591/91) la suspensión inmediata del proceso
de licitación pública adelantado por el Municipio de Riofrío para la concesión de
alumbrado público, hasta que el Tribunal Administrativo resuelva el recurso de apelación,
evitando así la consolidación de un perjuicio irremediable y la pérdida del objeto del
proceso de nulidad.

Como manifestaciones finales, el impugnante sostuvo que actúa de buena fe, no
desiste de ninguna de las pretensiones formuladas en la acción de tutela y que no ha
presentado otra acción de tutela ni recurso por los mismos hechos y derechos.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
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Demandante: Yoseth Manuel Carrión Ospina

Problema jurídico

En los términos del escrito de impugnación a la Sala le corresponde determinar si se
debe confirmar, modificar o revocar la decisión de primera instancia, que declaró
configurada la figura de carencia de objeto por hecho superado, al considerar que
quedó satisfecha la pretensión de amparo sin mediar orden judicial que así lo
impusiera al juzgado.

De manera adicional a la inconformidad con la anterior declaratoria, el actor señala
que el Juzgado Segundo Administrativo de Buga incurrió en una «vía de hecho» en el
auto de 6 de octubre de 2025, lo que califica como un hecho sobreviniente, que debe
ser estudiado por el juez constitucional, a su juicio, la vulneración de los derechos
invocados se agravó.

La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, porque, en efecto la
pretensión que se perseguía mediante el ejercicio de la presente acción de tutela fue
satisfecha antes de que se profiriera decisión de primera instancia, sin que los
argumentos que el actor alega como «hecho sobreviniente» puedan ser estudiados a
instancias de esta acción constitucional, porque reforman el objeto del escrito inicial,
como se pasa a explicar.

(i) De la carencia de objeto

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la
Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto se materializa en
las siguientes circunstancias: el daño consumado; el hecho superado y el
acaecimiento de una situación sobreviniente.

Daño consumado, es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la
afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que, el juez
no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o
impedir que se materialice el peligro. Así, al existir la imposibilidad de evitar la
vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento del daño causado por la
violación de derecho. No obstante, la Corte ha indicado que, por regla general, la
acción constitucional es improcedente cuando se ha consumado la vulneración pues,
esta acción fue concebida como preventiva mas no indemnizatoria3.

Hecho superado, este escenario se presenta cuando entre el momento de
interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del
obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la
conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando
inocuo cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho
fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado4.

La situación sobreviniente, que, a diferencia del escenario anterior, no debe tener
origen en una actuación de la accionada y que hace que ya la protección solicitada no

3
Ver, sentencia SU-225 de 2013 de la Corte Constitucional.
4
Ver, entre otras, las sentencias: T-970 de 2014, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018.
7
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sea necesaria, ya sea porque el accionante asumió la carga que no le correspondía,
o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho5.

(ii) Caso concreto

El señor Yoseth Manuel Carrión Ospina solicitó la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y tutela
judicial efectiva que consideró vulnerados por la presunta mora judicial en la que
incurrió el Juzgado Segundo Administrativo de Buga al no pronunciarse sobre la
solicitud de corrección y aclaración presentada por el municipio de Riofrío, respecto
del auto de 2 de septiembre de 2025 que concedió en el efecto suspensivo el recurso
de apelación interpuesto contra la providencia que negó la medida cautelar pedida, en
el proceso de nulidad rad. 76111-33-33-002-2025-00139-00, promovido por el ahora
actor contra unos acuerdos municipales.

Además del amparo de los derechos invocados y de la medida cautelar provisional, el
actor formuló como pretensión la de «Ordenar al Juzgado Segundo Administrativo de Buga
que, en un plazo no superior a 48 horas, resuelva la solicitud de aclaración/corrección
presentada por el Municipio y la oposición presentada por el accionante, dentro del proceso
radicado 76111-33-33-002-2025-00139-00.»

Después de admitida la demanda, el juzgado demandado informó que mediante auto
de 6 de octubre de 2025 resolvió la solicitud de corrección y aclaración del auto de 2
de septiembre de 2025.

En efecto, al consultar el proceso con radicado 76111-33-33-002-2025-00139-00 en
Samai del Juzgado Segundo Administrativo de Buga, se constata en el índice 19 que
se dictó auto de 6 de octubre de 2025, en el que se resolvió lo siguiente:

PRIMERO. - Negar las solicitudes de aclaración y corrección propuestas por el
apoderado judicial del municipio de Riofrio, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de este proveído.

SEGUNDO. - Dejar sin efectos la palabra “suspensivo” contenida en el numeral primero
del Auto Interlocutorio No. 391 del 02 de septiembre de 2025, de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa de este proveído, y en su lugar el numeral quedará
así:

“PRIMERO. - Conceder en el efecto devolutivo y ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el recurso de apelación interpuesto por la
apoderada judicial de la parte demandante, en contra del Auto Interlocutorio
No. 350 del 14 de agosto de 2025, mediante el cual se negó una medida
cautelar.”

[…]

De la decisión anterior, no cabe duda de que quedó satisfecha la pretensión contenida
en el escrito de tutela presentado el 2 de octubre de 2025, toda vez que lo que buscaba
el actor al promoverla en esa fecha era la resolución de la solicitud de corrección y
aclaración del auto de 2 de septiembre de 2025, en el menor tiempo posible.

En consecuencia, la Sala observa que en el caso objeto de estudio existe carencia
actual de objeto, porque con ocasión a la interposición de la presente acción de tutela,
el Juzgado Segundo Administrativo de Buga se pronunció sobre la referida solicitud
de aclaración y corrección.

5
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-038 de 2019.
8
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Radicado: 76001-23-33-000-2025-00669-01
Demandante: Yoseth Manuel Carrión Ospina

En este caso están cumplidos los requisitos, dado que la pretensión de tutela se
superó, es decir quedó cumplida, sin que mediara orden judicial.

Ahora bien, es pertinente precisar que no son aceptables los argumentos del actor
expuestos en el escrito «refuerzo tutela» de 8 de octubre de 2025 ni en la
impugnación, pues estos son distintos a los planteados en el escrito inicial.

De la lectura de dichos escritos se advierte que el actor está planteando una nueva
solicitud de tutela con la que ahora pretende controvertir una providencia judicial,
puesto que expone razones de inconformidad frente al auto de 6 de octubre de 2025
y las pretensiones, entre otras, las dirige a dejar sin efecto la citada providencia y
restablecer el auto de 2 de septiembre del año en curso, en el que se concedió el
recurso de apelación en el efecto suspensivo. Además, concluyó que el Juzgado
incurrió en vía de hecho por defectos orgánico, sustantivo, material y procedimental.

Significa que el impugnante formula una nueva controversia jurídica que no es posible
estudiar en esta instancia, dado que la discusión puesta en conocimiento de esta
jurisdicción el 2 de octubre de 2025 se refería a una presunta mora judicial. Si bien, el
actor insiste en que se vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, realmente está
planteando una solicitud de amparo diferente que, como se indicó, es contra
providencia judicial.

Aunado a lo anterior, tampoco es aceptable el argumento traído en la impugnación de
que la expedición del auto de 6 de octubre de 2025 constituye un hecho sobreviniente
y, en ese entendido, es procedente en esta instancia pronunciarse sobre las nuevas
pretensiones de amparo. Aceptar lo contrario constituiría una violación de los
derechos de contradicción, debido proceso y defensa de la autoridad judicial
demandada.

Por último, vale la pena indicar que el demandante en el proceso ordinario de simple
nulidad el mismo día en que presentó el escrito de «refuerzo tutela» interpuso
oportunamente recurso de reposición y, en subsidio, queja6 contra el auto de 6 de
octubre de 2025.

De manera que, las inconformidades de la parte actora en relación con la providencia
que resolvió sobre el efecto en que se concedió el recurso de apelación es un asunto
nuevo, respecto del que no puede emitirse pronunciamiento en esta oportunidad,
máxime si es en la actualidad se encuentra en trámite y pendiente por resolver.

Ese asunto será objeto de pronunciamiento al interior del proceso ordinario y por la
autoridad a la que corresponda el conocimiento de la segunda instancia, es decir, por
el juez natural de conocimiento, sin que le sea posible al juez de tutela inmiscuirse en
un asunto propio del proceso de nulidad, en el entendido que la razón por la que se
ejerció el presente mecanismo fue la presunta mora en resolver las solicitudes de
adición y aclaración del auto que concedió el recurso de apelación, situación que como
se vio, ya se agotó.

Por las mismas razones, el posible perjuicio irremediable en el que se insiste en la
impugnación no puede ser estudiado en esta oportunidad, porque, precisamente, será
en el marco del medio de control de nulidad que se resuelvan los recursos que ejerció

6
Samai, Juzgado Segundo Administrativo de Buga, exp. 76111-33-33-002-2025-00139-00, índice 21.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2025-00669-01
Demandante: Yoseth Manuel Carrión Ospina

contra la decisión del 6 de octubre de 2025, asunto que, se insiste, escapa de la órbita
de esta acción de tutela.

Lo expuesto es suficiente para que la Sala confirme la providencia impugnada que
rechazó por improcedente el escrito de «refuerzo tutela» y declaró la carencia actual
de objeto, por hecho superado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, conforme con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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