República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2025-00684-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
2 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 73001-23-33-000-2025-00684-01 (11231)
Accionante: María Josefina Mendoza de Piarpuzán, en calidad de agente
oficiosa del señor Orlando Martínez Murcia
Accionado: Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: incidente de desacato. Subtema
2: falta de legitimación en la causa por activa de agente oficioso.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 20 de enero de
2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
1. Síntesis del Caso
La señora María Josefina Mendoza de Piarpuzán, actuando en calidad de agente
oficiosa del señor Orlando Martínez Murcia, presentó acción de tutela con la pretensión
de amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, que consideró vulnerados por
el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali, con ocasión de la providencia del 10 de
septiembre de 2025, mediante la cual dejó sin efecto la sanción impuesta al
representante legal de la Nueva EPS dentro de un trámite de desacato, así como del
auto del 1.º de octubre de 2025, por el cual se rechazó por improcedentes los recursos
de reposición y apelación que interpuso la parte actora contra dicha decisión en el
proceso con radicado núm. 76001-33-33-005-2025-00213-03.
Radicado: 73001-23-33-000-2025-00684-01 (11231)
Accionantes: María Josefina Mendoza de Piarpuzán, actuando como agente oficiosa del
señor Orlando Martínez Murcia
Accionado: Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. La señora María Josefina Mendoza de Piarpuzán, en calidad de agente oficiosa
de su esposo Orlando Martínez Murcia, presentó acción de tutela para que se
ampararan los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la dignidad humana,
que consideró vulnerados por la Nueva EPS y el Consorcio Nueva Clínica Rafael Uribe
Uribe S.A.S., debido a que su agenciado no había sido trasladado a una institución de
mayor nivel para recibir el procedimiento especializado que requería
«revascularización: angioplastia + stent», ni se le había garantizado tratamiento
integral por su estado de salud.
3. Mediante sentencia de tutela del 12 de agosto de 2025, el Juzgado Quinto
Administrativo de Cali amparó los derechos fundamentales a la salud, a la vida y a la
dignidad humana del señor Orlando Martínez Murcia y ordenó a la Nueva EPS y a la
Clínica Rafael Uribe Uribe autorizar y gestionar su traslado a una clínica de cuarto
nivel, practicar la angioplastia, realizar exámenes diagnósticos, suministrar los
insumos de higiene y garantizar el tratamiento integral.
4. El Consorcio Nueva Clínica Rafael Uribe Uribe y la parte accionante impugnaron
la anterior decisión.
5. El 14 de agosto de 2025, ante el incumplimiento de la orden judicial y previo a
que se resolviera la segunda instancia de la acción de tutela, la agente oficiosa radicó
incidente de desacato frente a la sentencia del 12 de agosto de 2025.
6. Mediante providencia del 29 de agosto de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo
Oral de Cali sancionó al señor Luis Fernando Bernal Jaramillo, en su calidad de
representante legal para asuntos judiciales y de tutela de la Nueva EPS, con multa
equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, por el incumplimiento de lo
ordenado en el fallo del 12 de agosto de 2025.
7. La anterior decisión fue confirmada en sede de consulta por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto del 5 de septiembre de 2025.
8. El 5 de septiembre de 2025, la agente oficiosa informó que el señor Orlando
Martínez Murcia falleció el 1.º de septiembre de 2025 y aportó como prueba el
certificado de defunción núm. 25096020213473.
9. El 9 de septiembre de 2025, la Nueva EPS solicitó la inaplicación de la sanción
1 Samai, exp. 73001-23-33-000-2025-00684-00, índice 2.
2
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Accionantes: María Josefina Mendoza de Piarpuzán, actuando como agente oficiosa del
señor Orlando Martínez Murcia
Accionado: Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali
impuesta al señor Bernal Jaramillo, con fundamento en que para la fecha en que le fue
impuesta (29 de agosto de 2025) él ya no ostentaba la calidad de representante legal
para asuntos judiciales y de tutela de la entidad, dado que su contrato finalizó el 18 de
agosto de 2025.
10. Por auto del 10 de septiembre de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo Oral de
Cali inaplicó la sanción impuesta al señor Luis Fernando Bernal Jaramillo en auto del
29 de agosto de 2025 y dio por terminado el trámite incidental, al advertir que: (i) para
la fecha en que lo sancionó, ya no ostentaba la calidad de representante legal para
asuntos judiciales y de tutela de la Nueva EPS, y (ii) el agenciado había fallecido.
11. Contra la anterior decisión, la señora María Josefina Mendoza de Piarpuzán
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, al considerar que no
existían fundamentos para levantar la sanción impuesta al representante legal de la
Nueva EPS, pues, a su juicio, la omisión de esa entidad incidió en el fallecimiento de
su esposo, Orlando Martínez Murcia.
12. Mediante auto del 1.º de octubre de 2025, el despacho judicial rechazó por
improcedentes los recursos interpuestos.
13. Entre tanto, en relación con la impugnación presentada contra la sentencia de
tutela del 12 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante sentencia del 18 de septiembre de 2025, la revocó y, en su lugar, declaró la
carencia actual de objeto por daño consumado «consistente en la muerte del titular de
los derechos protegidos mediante la sentencia impugnada».
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
14. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
1. AMPARE los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia, eficacia y supremacía de la acción de tutela, seguridad jurídica y confianza
legítima, vulnerados por los Autos No. 659 del 10 de septiembre de 2025 y No. 716 del
1 de octubre de 2025.
2. DECLARE la nulidad de los Autos No. 659 del 10 de septiembre de 2025 y No. 716
del 1 de octubre de 2025, por configurarse en ellos defectos sustantivo, fáctico, orgánico,
desconocimiento del precedente y exceso ritual manifiesto.
3. ORDENE mantener en firme y hacer efectiva la sanción impuesta mediante Auto No.
596 del 29 de agosto de 2025, confirmada en grado de consulta por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en Auto No. 140 del 5 de septiembre de 2025.
4. SUBSIDIARIAMENTE, y para el evento en que no se acoja la pretensión anterior, se
disponga la aplicación de la sanción frente al funcionario competente de la Nueva EPS
que ostentaba la representación legal para asuntos judiciales y de tutela al momento del
incumplimiento o, en su defecto, frente al actual representante legal.
3
Radicado: 73001-23-33-000-2025-00684-01 (11231)
Accionantes: María Josefina Mendoza de Piarpuzán, actuando como agente oficiosa del
señor Orlando Martínez Murcia
Accionado: Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali
5. EXHORTE a la Nueva EPS y a la Clínica Rafael Uribe Uribe para que adopten
medidas institucionales eficaces destinadas a prevenir la reiteración de conductas
omisivas frente a las órdenes impartidas por los jueces de tutela.
6. COMPULSE COPIAS a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General
de la Nación y a la Superintendencia Nacional de Salud, a fin de que adelanten las
investigaciones penales, disciplinarias y administrativas que correspondan frente a los
hechos narrados.
7. RECONOZCA expresamente la legitimación procesal de la accionante para actuar
como agente oficiosa del fallecido Orlando Martínez Murcia, en los términos del artículo
10 del Decreto 2591 de 1991, dado que en vida aquel se encontraba en imposibilidad
material de promover por sí mismo la acción de tutela, y en aras de preservar la eficacia
de las órdenes constitucionales y la autoridad del juez de tutela. 2.
15. Para sustentar sus pretensiones, la señora María Josefina Mendoza de
Piarpuzán señaló, en primer lugar, que actúa como agente oficiosa del señor Orlando
Martínez Murcia, conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, calidad que le fue
reconocida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en las sentencias del 12 de agosto de 2025 y 18
de septiembre de 2025, respetivamente. En consecuencia, sostuvo que, al haberse
verificado dicha condición por los jueces constitucionales, esta se encontraba
consolidada y debía mantenerse incólume en el presente trámite, incluso tras el
fallecimiento del titular de los derechos.
16. En cuanto al fondo del asunto, afirmó que el Juzgado Quinto Administrativo Oral
de Cali, en las providencias objeto de tutela, incurrió en defecto sustantivo al aplicar
indebidamente la figura de «hechos sobrevinientes» para extinguir una sanción que ya
había sido confirmada en grado de consulta y que se encontraba ejecutoriada.
17. Asimismo, adujo que incurrió en defecto fáctico al omitir la valoración de pruebas
relevantes y determinantes, tales como la confirmación en sede de consulta del auto
que impuso la sanción por desacato y la certificación contractual que acreditaba la
responsabilidad personal del representante legal sancionado.
18. De igual manera, afirmó que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente constitucional relativo a la autonomía del desacato y la imposibilidad de
extinguirlo por el fallecimiento del accionante o por el relevo en la representación legal
de la entidad.
19. Finalmente, sostuvo que se configuró un exceso ritual manifiesto, en la medida
en que el despacho judicial invocó de manera formalista la muerte del accionante y la
terminación del vínculo contractual del representante legal como razones para dejar
sin efectos la sanción, desconociendo la finalidad material de la acción de tutela,
consistente en la protección efectiva de los derechos fundamentales.
2 Se transcribe con errores.
4
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señor Orlando Martínez Murcia
Accionado: Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali
2.3. Trámite procesal
20. El conocimiento de la acción de tutela correspondió al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que profirió el auto del 8 de octubre de 20253 mediante el cual ordenó
notificar al despacho judicial accionado y al Ministerio Público.
21. Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca había dictado la
sentencia del 27 de octubre de 2025, por la cual declaró improcedente la acción de
tutela, decisión contra la cual la parte tutelante presentó recurso de impugnación
concedido en auto del 7 de noviembre de 2025.
22. En sede de segunda instancia, el despacho ponente de esta Subsección,
mediante auto del 9 de diciembre de 2025, declaró la nulidad de lo actuado con
posterioridad al auto admisorio del 8 de octubre de 2025, al advertir que no se había
vinculado al trámite a la Nueva EPS, a Luis Fernando Bernal Jaramillo, a Bernardo
Armando Camacho Rodríguez, a la Clínica Rafael Uribe Uribe y a José Fernando
Huertas Gamboa. En consecuencia, ordenó al Tribunal que los vinculara.
23. En cumplimiento de la anterior orden, por auto del 15 de diciembre de 2025, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca avocó conocimiento de la acción de tutela
y ordenó vincular a la Nueva EPS, al señor José Fernando Huertas Gamboa, a Luis
Óscar Galves Mateus (agente interventor de la entidad) y a la Clínica Nueva Rafael
Uribe Uribe.
2.4. Intervenciones
24. El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali4 precisó que la sanción por
desacato impuesta recayó sobre el señor Luis Fernando Bernal Jaramillo, quien, para
la fecha de su imposición y de la correspondiente consulta ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, ya no ostentaba el cargo de representante legal
para asuntos judiciales y de tutela de la Nueva EPS, circunstancia que, según afirmó,
desconocía y de la que fue informado con la solicitud de inaplicación presentada por
esa entidad.
25. Indicó que lo anterior, sumado al carácter personalísimo que reviste el incidente
de desacato, fue suficiente para dejar sin efecto la sanción, en la medida en que esta
se dirige al funcionario responsable de cumplir la orden de amparo y no a la persona
jurídica contra la cual se promovió la acción de tutela. Por lo tanto, sostuvo que
resultaba indispensable identificar y vincular al trámite incidental a la persona natural
sobre quien recaía la obligación de ejecutar la orden, para que pudiera ejercer su
derecho de contradicción y defensa.
26. Sin embargo, manifestó que dicha vinculación no se llevó a cabo, toda vez que
3
Samai, exp. 73001-23-33-000-2025-00684-00, índice 5.
4 Samai, exp. 73001-23-33-000-2025-00684-00, índice 10.
5
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Accionantes: María Josefina Mendoza de Piarpuzán, actuando como agente oficiosa del
señor Orlando Martínez Murcia
Accionado: Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali
la agente oficiosa informó el fallecimiento del señor Orlando Martínez Murcia y, en este
caso, los derechos fundamentales a la salud y a la vida protegidos mediante fallo de
tutela eran de carácter personal e intransmisible, por lo que su vulneración solo podía
predicarse respecto de la persona directamente afectada. En consecuencia, la
titularidad y el ejercicio de tales derechos se extinguían con el fallecimiento de su
titular.
27. En razón de lo expuesto, consideró que la presente acción de tutela debía
desestimarse, puesto que las decisiones cuestionadas no vulneraban los derechos
fundamentales de la parte actora.
28. Los demás vinculados guardaron silencio.
2.5. Sentencia de primera instancia
29. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 20 de
enero de 20265, declaró improcedente la acción de tutela por no superar el requisito
de relevancia constitucional.
30. Consideró que el conflicto propuesto por la señora María Josefina Mendoza no
tenía tal connotación, porque no involucraba un análisis tendiente a determinar el
contenido, alcance e interpretación de normas constitucionales en cuanto a sus
intereses. En ese sentido, indicó que las decisiones judiciales «que levantaron la
sanción impuesta a la NUEVA EPS no vulneran ningún derecho fundamental de la
accionante».
31. En consecuencia, sostuvo que el solo hecho de estimar transgredidas garantías
fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia no
era suficiente para dar por superada esta exigencia y, por lo tanto, para habilitar el
estudio en sede de tutela de las decisiones proferidas por el Juzgado Quinto
Administrativo de Cali.
32. Expuso que, si bien no desconocía que la tardanza en la prestación de los
servicios de salud al señor Martínez Murcia pudo generar una afectación en los
derechos del fallecido, lo cierto era que tales omisiones podrían tener un interés en
materia penal ante el presunto desacato a una resolución judicial, pero no en sede de
tutela.
33. Por último, con respecto a la pretensión de compulsar copias para que se
investigara penal o disciplinariamente a los funcionarios de la Nueva EPS que pudieran
ser responsables por omisión ante la muerte de su familiar, adujo que no era una
solicitud de la cual pudiera ocuparse, pues dicha finalidad no correspondía al ámbito
propio de la acción de amparo.
5 Samai, exp. 73001-23-33-000-2025-00684-00, índice 35.
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2.6. Impugnación
34. La parte accionante presentó escrito de impugnación6 contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Sostuvo que la acción de
tutela sí reviste relevancia constitucional, pues el incidente de desacato constituye un
instrumento autónomo de garantía orientado a preservar la eficacia real de los fallos
de tutela, la autoridad del juez constitucional y la supremacía de la Constitución
Política. En esa medida, afirmó que dicho mecanismo no perdía relevancia por el
cumplimiento tardío de la orden ni con el fallecimiento del beneficiario, dado que su
propósito no era reabrir un proceso cerrado, sino «denunciar la revocatoria irregular
de una sanción de desacato confirmada en consulta por el superior».
35. Además, consideró que negar el estudio equivalía a vaciar de contenido el
artículo 86 de la Constitución Política y a desconocer el deber del juez constitucional
de asegurar la efectividad material del derecho fundamental amparado.
36. Expuso que, si bien actuó como agente oficiosa para proteger la vida de su
esposo, derecho que se «consumó con su muerte», la vulneración actual derivada de
los autos del 10 de septiembre de 2025 y del 1.º de octubre de 2025 afectaba de
manera directa sus propios derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.
37. La parte actora adujo que los derechos no se extinguían con el fallecimiento del
agenciado, porque la afectación actual recaía en ella como ciudadana y viuda que
pretendía la protección de la autoridad judicial y la sanción de la omisión que, a su
juicio, dio lugar al daño consumado.
38. En ese sentido, sostuvo que el Tribunal desconoció esa legitimidad dual, al
considerar su actuación extinguida con la muerte del paciente, «ignorando que los
actos impugnados me vulneran directamente como titular autónoma del derecho a la
justicia y a la verdad judicial».
39. La señora Mendoza de Piarpuzán sostuvo que la sentencia de primera instancia
incurrió en defectos orgánico y sustantivo al omitir el deber de control constitucional
sobre la legalidad del ejercicio judicial, tolerando una actuación contraria al
ordenamiento jurídico y lesiva a la justicia efectiva, consistente en que el juez
accionado revocara la decisión de sanción por desacato que había sido confirmada en
sede de consulta y, por ende, había adquirido firmeza.
40. Resaltó que la constatación de la muerte de su esposo no agotaba la
competencia del juez constitucional y, por el contrario, imponía el deber de activar
mecanismos de responsabilidad institucional. En esa medida, consideró que el
Tribunal, al negar la obligación de compulsar copias a la Procuraduría General de la
Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia Nacional de Salud,
invisibilizaba el daño consumado. Por ello, solicitó que se reconociera expresamente
6 Samai, exp. 73001-23-33-000-2025-00684-00, índice 40.
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señor Orlando Martínez Murcia
Accionado: Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali
la trascendencia constitucional de esa figura.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
41. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta contra la sentencia del 20 de enero de
2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
3.2. Legitimación en la causa
42. La legitimación en la acción de tutela tiene su fundamento en el artículo 867 de la
Constitución Política, el cual establece que toda persona que considere que sus
derechos fundamentales han sido vulnerados o se encuentran amenazados, por la
acción u omisión de cualquier autoridad, o incluso por los particulares podrá interponer
acción de tutela a través de un representante o en nombre propio.
43. Acorde con lo mencionado, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece
que la acción de tutela es un mecanismo al que se puede acudir directamente por la
persona que se considera vulnerada, o a través de apoderado judicial, para lo cual se
debe presentar el respectivo poder8.
44. De manera excepcional, la acción de tutela puede promoverse a través de la
figura de agencia oficiosa, siempre que se demuestre que el titular del derecho no se
encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa. Sobre este punto, la Corte
Constitucional ha precisado que la agencia oficiosa atiende a los principios de eficacia
de derechos fundamentales, prevalencia del derecho sustancial y solidaridad y «se
constituye en una institución excepcional, pues requiere que se presente una
circunstancia de indefensión e impedimento físico o mental del afectado que le
imposibilite recurrir a los mecanismos existentes para buscar por sí mismo la
protección de sus derechos»9.
45. En consecuencia, para promover la acción de tutela por conducto de agente
oficioso debe procurarse, cuando sea posible, el consentimiento expreso de la persona
cuyos derechos se pretenden proteger. Asimismo, es necesario acreditar que el titular
de los derechos se encuentra en una imposibilidad que le impide acudir directamente
al juez constitucional y manifestar expresamente que se actúa en tal calidad.
7 Constitución Política, Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
8 Sentencia T-194 del 2012. «(…) Es decir, la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda de
tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no se puede pretender
hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional».
9 Sentencia T 614 de 2012.
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Accionantes: María Josefina Mendoza de Piarpuzán, actuando como agente oficiosa del
señor Orlando Martínez Murcia
Accionado: Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali
46. En el caso bajo estudio, la señora María Josefina Mendoza de Piarpuzán acudió
a la acción de tutela en calidad de agente oficiosa de su esposo fallecido Orlando
Martínez Murcia, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva,
que estimó vulnerados con ocasión de las providencias del 10 de septiembre de 2025
y del 1.º de octubre de 2025 que dispusieron, respectivamente, inaplicar la sanción
impuesta en el incidente de desacato y rechazar los recursos contra esa
determinación.
47. El trámite incidental se adelantó por el incumplimiento de la sentencia del 12 de
agosto de 2025, que amparó los derechos a la vida, a la salud y a la dignidad humana
del señor Martínez Murcia.
48. En el escrito de tutela, la accionante indicó expresamente que actuaba en calidad
de agente oficiosa de su fallecido esposo Orlando Martínez Murcia, condición que,
según sostuvo fue reconocida previamente en las sentencias del 12 de agosto de 2025
y del 18 de septiembre de 2025, por los jueces constitucionales que conocieron del
trámite de tutela que dio lugar al incidente de desacato. En consecuencia, la
legitimación en la causa por activa fue planteada en la figura de agencia oficiosa,
prevista en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
49. Ahora bien, como se expuso, la jurisprudencia constitucional ha precisado que la
agencia oficiosa en materia de tutela permite a una persona promover la defensa de
derechos fundamentales ajenos, cuando su titular no se encuentra en condiciones de
ejercer su propia defensa. Por esta razón, la legitimación del agente oficioso se
encuentra necesariamente vinculada a la existencia del titular de tales derechos.
50. En el presente asunto se encuentra acreditado que el señor Orlando Martínez
Murcia falleció el 1.º de septiembre de 2025, circunstancia que fue informada por la
propia accionante dentro del trámite judicial. Este hecho comporta la desaparición del
titular de los derechos cuya protección se buscaba mediante la agencia oficiosa y, por
ende, la pérdida del fundamento que justificaba la representación excepcional ejercida
por la señora María Josefina Mendoza de Piarpuzán.
51. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha indicado que la acción de tutela
pierde su objeto cuando el titular de los derechos invocados fallece, especialmente
cuando se trata de derechos personalísimos cuya protección se encontraba ligada
directamente a su existencia física. En este sentido ha señalado10:
A lo anterior se agrega que, como ya se observó, la finalidad que persigue la acción de
tutela es la de restablecer los derechos constitucionales conculcados, recuperando para
su titular el goce efectivo o, así mismo, evitando se produzca su vulneración cuando se
trata de una amenaza, cuya existencia física le permitirá al sujeto destinatario de las
10 Sentencia T-249 de 1998
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Accionantes: María Josefina Mendoza de Piarpuzán, actuando como agente oficiosa del
señor Orlando Martínez Murcia
Accionado: Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali
medidas de tutela, la protección de los consiguientes derechos solicitados. Así pues, el
fallecimiento de la persona hace improcedente el amparo de los derechos por la vía
tutelar, en relación con los derechos fundamentales que por su naturaleza son
esenciales e inherentes a su condición humana.
52. En ese mismo sentido, cabe resaltar que la Corte Constitucional11 ha precisado
que los derechos fundamentales, en relación con las personas naturales, tienen
carácter personal y se encuentran ligados a su condición de sujetos de derecho, razón
por la cual su titularidad corresponde en principio, al individuo como ser humano.
53. Es cierto que la jurisprudencia constitucional ha admitido, en ciertos casos
excepcionales12, que familiares promuevan acciones de tutela para proteger garantías
que trascienden la existencia de la persona, como la dignidad, la honra, el buen
nombre, la memoria o la intimidad del fallecido. Sin embargo, tales supuestos no se
configuran en el presente caso, pues la accionante no invocó la protección de este tipo
de derechos; por el contrario, solicitó el amparo «al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva», en relación con decisiones
judiciales adoptadas dentro del incidente de desacato promovido en favor del
agenciado.
54. Adicionalmente, la Sala advierte que en el escrito de impugnación la accionante
sostuvo que las providencias cuestionadas también habrían vulnerado derechos
propios, en particular, al acceso a la administración de justicia y la tutela judicial
efectiva.
55. No obstante, esta nueva argumentación implica modificar la calidad procesal
con la que promovió la acción constitucional y ampliar el objeto del amparo inicialmente
solicitado. En efecto, la legitimación en la causa por activa debe examinarse a partir
del contenido de la solicitud de amparo, pues es en ese momento cuando el accionante
define la calidad en la que actúa y los derechos cuya protección pretende.
56. Por lo tanto, dado que la señora María Josefina Mendoza Piarpuzán acudió a la
presente acción constitucional expresamente en calidad de agente oficiosa del
fallecido Orlando Martínez Murcia, la Sala concluye que no se encuentra acreditada la
legitimación en la causa por activa para promover la presente acción constitucional.
57. Finalmente, es preciso señalar que, si la accionante considera que la actuación
de la Nueva EPS incidió en el fallecimiento del señor Orlando Martínez Murcia, podrá
acudir a las acciones judiciales o administrativas a que haya lugar, para que se
determinen las eventuales responsabilidades.
11
Sentencia T-550 de 1995.
12 En sentencia T-007 de 2020, la Corte señaló: «La titularidad de los derechos a la honra, al buen nombre, a la
imagen y a la intimidad recae también sobre una persona fallecida, razón por la cual los familiares de esta pueden
solicitar su protección. Con ello, se busca proteger la memoria y la dignidad de quien ha fallecido y de su núcleo
más cercano, bienes jurídicos que se ven afectados por acciones de terceros que invaden la esfera privada,
personal y familiar»
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Radicado: 73001-23-33-000-2025-00684-01 (11231)
Accionantes: María Josefina Mendoza de Piarpuzán, actuando como agente oficiosa del
señor Orlando Martínez Murcia
Accionado: Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali
4. Conclusión
58. Por lo anterior, la señora María Josefina Mendoza de Piarpuzán carece de
legitimación en la causa por activa para promover la presente acción de tutela.
59. En consecuencia, se confirmará la sentencia del 20 de enero de 2026 que declaró
improcedente la acción de tutela, pero por las razones expuestas en esta providencia.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia del 20 de enero de 2026, dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que declaró improcedente la acción de tutela
promovida por la señora María Josefina Mendoza de Piarpuzán como agente oficiosa
de Orlando Martínez Murcia, pero por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
11
Radicado: 73001-23-33-000-2025-00684-01 (11231)
Accionantes: María Josefina Mendoza de Piarpuzán, actuando como agente oficiosa del
señor Orlando Martínez Murcia
Accionado: Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cali
EPG/SEJV
12
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