República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2025-00767-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
15 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., quince (15) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 76001-23-33-000-2025-00767-01
Demandante: Luisa Fernanda García Ramos
Demandado: Juzgado 2 Administrativo de Cartago
Temas: Impugnación. Tutela contra acción u omisión de autoridad
pública. Proceso ejecutivo. Mora judicial.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.
La Sala decide la impugnación formulada por Luisa Fernanda García Ramos contra
la Sentencia proferida el 18 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual negó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 10 de noviembre de 2025, Luisa Fernanda García Ramos presentó una
acción de tutela en la que manifestó que se habían vulnerado sus derechos
fundamentales de petición y debido proceso. Según lo expuso, dichas garantías
fueron vulneradas por el Juzgado 2 Administrativo de Cartago con ocasión a una
presunta mora judicial dentro del proceso ejecutivo No. 76147-33-33-002-2020-
00116-00. En consecuencia, solicitó que se le ordenara al mencionado juzgado que,
dentro del término de 48 horas, adelantara el trámite pertinente para que se
fraccionara y se pagara el título con abono a cuenta y/o con reclamación en el banco
agrario a cada uno de los ejecutantes y la apoderada.
2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la accionante relató
que, el 3 de julio de 2020, radicó demanda ejecutiva contra la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
3. Indicó que se adelantó el trámite correspondiente y que, mediante Auto de
11 de abril de 2025, el Juzgado 2 Administrativo de Cartago (i) modificó y actualizó
la liquidación del crédito presentada por las partes ejecutantes y ejecutada; (ii) negó
la solicitud de incluir, dentro del auto de actualización de intereses del crédito, las
agencias en derecho del proceso ejecutivo adelantado por la parte ejecutante; y (iii)
señaló que la solicitud de fraccionamiento del título a favor de los demandantes y
de la apoderada sería resuelta en el momento procesal oportuno, una vez se
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Demandante: Luisa Fernanda García Ramos
confirmara la existencia de un título de depósito judicial a órdenes del juzgado y en
favor de los ejecutantes.
4. Añadió que los días 11 y 15 de septiembre de 2025 la parte accionante
solicitó que se autorizara el fraccionamiento y la entrega del depósito judicial de
manera individual a cada uno de los demandantes, previo el descuento del 40%
correspondiente a los honorarios reconocidos a la apoderada judicial.
5. Como fundamento de vulneración, la parte actora manifestó que el
Juzgado 2 Administrativo de Cartago vulneró sus derechos fundamentales de
petición y debido proceso, como consecuencia de la ausencia de una respuesta de
fondo y de trámite a las solicitudes radicadas el 11 y 15 de septiembre de 2025,
dentro del proceso ejecutivo.
6. Señaló que habían transcurrido 2 meses desde la radicación de las
solicitudes de «impulsos procesales», mecanismo que utilizó con el propósito de
que se continuara el trámite sin dilaciones injustificadas; sin embargo, sostuvo que
no se había emitido respuesta alguna, circunstancia que vulneraba de manera
ostensible y sin justificación válida sus derechos fundamentales.
Intervenciones1
7. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali solicitó que se
negara el amparo, tras considerar, de una parte, que se configuraba la falta de
legitimación en la causa, en tanto carecía de competencia para resolver lo
pretendido en la acción de tutela. De otra parte, sostuvo que se presentaba una
carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto el 12 de noviembre de
2025 la parte ejecutada había solicitado la terminación del proceso por pago total
de la obligación, petición que fue coadyuvada por la parte ejecutante.
8. El Juzgado 2 Administrativo de Cartago manifestó que no se evidenciaba
una mora judicial injustificada, en la medida en que todas las actuaciones
procesales adelantadas dentro del proceso ejecutivo se surtieron en tiempos
razonables. Precisó que, para efectuar un juicio de reproche frente a la
administración de justicia por una eventual mora judicial, no bastaba la constatación
objetiva del rebasamiento de un término previsto en la normativa procesal, sino que
debía acreditarse la ausencia de un motivo razonable para dicho exceso y, en todo
caso, evidenciarse que la mora atribuida obedeciera a la falta de diligencia del
servidor judicial.
9. Cesar Gabriel Giraldo Ramírez, Claudia Milena Ramos Duque, Lina Marcela
García Ramos, María Magdalena Giraldo Ramírez, Claudia Patricia Giraldo
Ramírez, Nanci Estela Giraldo Ramírez, pese a que fueron debidamente notificados,
guardaron silencio.
1
Mediante Auto de 10 de noviembre de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Juzgado 2 Administrativo
de Cartago y, vinculó a Cesar Gabriel Giraldo Ramírez, Claudia Milena Ramos Duque, Lina Marcela García Ramos, María
Magdalena Giraldo Ramírez, Claudia Patricia Giraldo Ramírez, Nanci Estela Giraldo Ramírez y a La Nación - Dirección
Ejecutiva De Administración Judicial - Rama Judicial.
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Sentencia impugnada
10. El 18 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
negó la solicitud de amparo. Consideró que, entre el 15 de septiembre de 2025,
fecha en la que la parte actora presentó la solicitud, y el 11 de noviembre de 2025,
momento en el que se corrió traslado de la petición de terminación del proceso por
pago total de la obligación formulada por la parte ejecutada y coadyuvada por el hoy
accionante, solo transcurrió 1 mes y 3 semanas. Señaló que dicho lapso resultaba
razonable y prudencial para resolver una petición de esa naturaleza, máxime si se
tenía en cuenta la carga laboral del despacho y la necesidad de impulsar de manera
simultánea otros procesos que también requerían atención judicial.
11. En ese sentido, concluyó que no se evidenciaba una actuación arbitraria,
desproporcionada o negligente por parte de la autoridad judicial, ni la configuración
de un perjuicio irremediable para la parte actora derivado de la espera normal
inherente al desarrollo de cualquier proceso judicial. Adicionalmente, precisó que,
aunque la parte actora había solicitado desde el mes de enero el fraccionamiento
del título ejecutivo, ese no constituía el momento procesal oportuno para su
resolución, pues previamente debían surtirse las etapas correspondientes para ello.
12. Finalmente, sostuvo que para que se configurara una vulneración al debido
proceso por dilaciones injustificadas era necesario acreditar una actuación
negligente o una actitud omisiva del funcionario frente a sus obligaciones, esto es,
la ausencia de justificaciones razonables que explicaran el transcurso del tiempo.
Impugnación
13. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, tras considerar que
persistía la vulneración de sus derechos fundamentales de petición y debido
proceso, en la medida en que el Juzgado 2 Administrativo de Cartago no había
resuelto lo solicitado. En ese sentido, sostuvo que debía ordenarse a la autoridad
judicial que adelantara el trámite correspondiente para resolver las peticiones
relativas al fraccionamiento y pago del título del 12 de septiembre de 2025, ya fuera
mediante abono en cuenta y/o reclamación en el Banco Agrario, a favor de cada
uno de los ejecutantes y de la apoderada dentro del proceso ejecutivo.
14. Finalmente, afirmó que no resultaba razonable que, para cada actuación
procesal, se viera obligada a acudir al trámite de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
15. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
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80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
16. Se observa que, en la Sentencia de 18 de noviembre de 2025, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no se pronunció frente al reparo de la falta de
legitimación en la causa por pasiva presentado por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali, tras considerar que no era competente para atender
las pretensiones de la presente acción de tutela. Al respecto, la Sala negará la
solicitud de desvinculación comoquiera que el resultado de la controversia podría
ser de su interés, teniendo en cuenta que era parte demandada dentro del proceso
ejecutivo con radicado No. 76147-33-33-002-2020-00116-00.
17. Del análisis del escrito de tutela se advierte que los reparos formulados por
el accionante se orientan a cuestionar la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de petición y debido proceso, derivada de la falta de respuesta de
fondo a las solicitudes de fraccionamiento y pago del título dentro del proceso
ejecutivo. En consecuencia, el estudio de fondo de los reproches y de las
pretensiones planteadas en este trámite se abordará a partir del análisis de una
presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso derivada de una
eventual mora judicial, atribuida a la demora en la que habría incurrido el Juzgado
2 Administrativo de Cartago al resolver dichas solicitudes.
Problema Jurídico
18. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, si el Juzgado 2 Administrativo de Cartago
incurrió en mora judicial injustificada con ocasión a la presunta demora en resolver
la solicitud de fraccionamiento y pago del título dentro del proceso ejecutivo No.
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Procedibilidad de la acción de tutela
19. La presente acción de tutela resulta procedente porque (1) se orientó a
lograr el amparo del derecho fundamental al debido proceso; (2) se encuentra
satisfecha la legitimación en la causa por activa y por pasiva, debido a que, por un
lado, Luisa Fernanda García Ramos es la titular de la garantía constitucional que se
invoca como violada, por contar con la calidad de ejecutante en el proceso ejecutivo
objeto de controversia, y el Juzgado 2 Administrativo de Cartago fue la autoridad
que conoció de la misma; (3) no existe otro mecanismo judicial que permita a la
parte actora procurar la defensa de su derecho constitucional; y (4) hubo un plazo
razonable en la presentación de la acción de tutela, en tanto el asunto se relaciona
con la presunta falta de resolución de una solicitud del fraccionamiento y pago de
un título dentro del proceso.
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20. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, la Sala estudiará el
fondo de la controversia.
Análisis de vulneración alegada
21. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que negó la solicitud de
amparo, al no haberse acreditado que la autoridad accionada haya incurrido en
mora judicial2, conforme a las razones que se exponen a continuación:
22. Una vez revisado el escrito de tutela se advierte que el accionante sostuvo
que el Juzgado 2 Administrativo de Cartago, en el marco del proceso ejecutivo, no
se pronunció sobre las solicitudes de fraccionamiento y pago del título. Afirmó que
dicha omisión habría vulnerado su derecho fundamental, en particular frente a las
solicitudes radicadas el 11 y 15 de septiembre de 2025.
23. Frente a lo anterior, la Sala constató, a partir de la verificación del aplicativo
SAMAI correspondiente al proceso ejecutivo3, las siguientes actuaciones
procesales: (i) el 11 de abril de 2025, el Juzgado 2 Administrativo de Cartago indicó
que la solicitud de fraccionamiento del título a favor de los demandantes y de la
apoderada sería resuelta en el momento procesal oportuno, una vez se confirmara
la existencia de un título de depósito judicial a órdenes del despacho y en favor de
los ejecutantes; (ii) el 11 de septiembre de 2025, la parte actora aportó el acto
administrativo mediante el cual se reconocía la obligación pendiente de pago y
reiteró la solicitud de fraccionamiento y pago del título; (iii) el 12 de septiembre de
2025, la parte ejecutada solicitó la terminación del proceso por pago total de la
obligación; (iv) el 15 de septiembre de 2025, la parte ejecutante reiteró la solicitud
de fraccionamiento y pago del título; (v) el 11 de noviembre de 2025, el Juzgado 2
Administrativo de Cartago corrió traslado a la parte ejecutante de la solicitud de
terminación del proceso por pago total de la obligación formulada por la parte
ejecutada, con el propósito de que se pronunciara al respecto, e informó que la
solicitud de fraccionamiento y pago del título sería resuelta una vez se definiera
dicho requerimiento; (vi) el 12 de noviembre de 2025, la parte actora coadyuvó la
solicitud de terminación del proceso por pago de la obligación y reiteró la solicitud
de fraccionamiento y pago del título; y (vii) el 10 de diciembre de 2025, el Juzgado
2 Administrativo de Cartago declaró la terminación del proceso ejecutivo por pago
total de la obligación y ordenó el fraccionamiento y la posterior entrega del título a
favor de los ejecutantes y de su apoderada judicial.
24. A partir de lo anterior, la Sala observa que el trámite procesal se desarrolló
dentro de los cauces ordinarios y en plazos razonables, sin que se evidencien
dilaciones caprichosas o actuaciones negligentes atribuibles a la autoridad judicial.
En consecuencia, no se configura la alegada mora judicial, en tanto las solicitudes
formuladas fueron atendidas conforme a la dinámica propia del proceso y a las
etapas que debían agotarse.
2
Sobre el concepto y tipología mora judicial, así como su relación con el plazo razonable y el derecho al debido proceso,
pueden consultarse: Corte Constitucional, Sentencias SU-333 de 2020, SU-179 de 2021, SU-297 de 2023, T-183 de 2024 y
T-015 de 2025.
3
Rad. 76147-33-33-002-2020-00116-00.
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25. Finalmente, la Sala advierte que, aun si se aceptara, en gracia de discusión,
la configuración de una eventual mora judicial, el objeto de la acción de tutela habría
perdido actualidad, toda vez que el proceso ejecutivo culminó por pago total de la
obligación y se extinguió cualquier controversia relacionada con las solicitudes que
dieron origen al presente trámite constitucional. Máxime cuando la autoridad judicial,
en efecto, ordenó el fraccionamiento del título conforme a lo solicitado por la parte
ejecutante, de modo que no subsiste actuación pendiente ni situación que amerite
la protección inmediata de derechos fundamentales.
Conclusión
26. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en las
consideraciones expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. RESULEVE
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cali.
SEGUNDO. CONFIRMAR la Sentencia de 18 de noviembre de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, conforme a la parte motiva de
esta providencia.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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