Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00803-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2025-00803-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00803-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2025-00803-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
5 de marzo de 2026
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00803-01
Demandante: Daniela Toscano Rodas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 5 de marzo de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 76001-23-33-000-2025-00803-01
Demandante: Daniela Toscano Rodas
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo de Cartago
Temas: Mora judicial en proceso ejecutivo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 2
de diciembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
negó el amparo deprecado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 20 de noviembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela, la señora Daniela
Toscano Rodas pidió la protección de sus derechos fundamentales a la vida, salud,
dignidad humana, mínimo vital, igualdad y debido proceso.
A juicio de la tutelante, la vulneración de esas garantías superiores se presenta con
ocasión de la mora judicial del Juzgado Segundo Administrativo de Cartago en el trámite
del proceso ejecutivo No. 76147333300220140105100 por no resolver la solicitud de
terminación del proceso ni proceder con la entrega de los títulos depositados en la cuenta
del juzgado accionado.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1.Que se me tutelen mis derechos constitucionales derecho a la vida, al debido proceso, derecho a la
igualdad, a la dignidad humana, al mínimo vital y otros, por la no solución pronta de mi caso por parte
del juzgado segundo administrativo de Cartago.
2.Que se ordene la terminación del caso y la entrega de los dineros entregados en la cuenta del juzgado
tutelado. (sic para toda la cita)
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 8 de octubre de 2012, la joven Daniela Toscano Rodas sufrió un accidente de tránsito
que le ocasionó la pérdida de su capacidad laboral en un 55.68%.
Con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados por las lesiones que
sufrió la accionante, los señores Luz Marina Rodas Gómez, actuando a nombre propio y
en representación de su menor hija Daniela Toscano Rodas; Jennifer Toscano Rodas,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00803-01
Demandante: Daniela Toscano Rodas
Jhojan Andrés Rendón Toscano; Michel Stefany Toscano Rodas; María Amanda Gómez
Gutiérrez; Rosa Evidalia Méndez de Toscano y otros 1, promovieron demanda de
reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, la empresa
Nutitrans SAS y los señores Jorge Augusto Vasto Rivera, Francisco Vasto Rivera, Jhon
Garcés Vásquez, Juan Antonio Salazar Villegas, Luis Jaramillo y Luz Viedma Avonce,
cuyo conocimiento correspondió en primera instancia al Juzgado Segundo Administrativo
de Cartago, bajo el radicado 76147-33-33-001-2014-01051-01, que en sentencia dictada
el 30 de noviembre de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y
ordenó indemnizaciones.
Inconformes, la parte demandante, los demandados, señores Jorge Augusto Vasco
Rivera y Jhon Jairo Garces, y el llamado en garantía, la previsora S.A. Compañía de
Seguros, apelaron y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 30
de septiembre de 2022, modificó el numeral quinto de la sentencia de primera instancia
respecto al valor de las sumas reconocidas por concepto de perjuicios morales.
Las señoras Luz Marina Rodas Gómez, Daniela Toscano Rodas, Jennifer Toscano
Rodas, Michel Stefany Toscano Rodas y María Amanda Gómez Gutiérrez presentaron
demanda ejecutiva ante el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago con el fin de
obtener el pago de las sumas de dinero reconocidas en la sentencia de segunda instancia
dictada el 30 de septiembre de 2022.
Luego de que la Corte Constitucional dirimiera el conflicto negativo de jurisdicción
suscitado entre la autoridad accionada y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago,
en proveído de 3 de julio de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago Valle
inadmitió la solicitud de ejecución y, mediante auto del 13 de noviembre de 2024, libró
mandamiento de pago a favor de las ejecutantes y decretó la medida cautelar solicitada.
El 3 de septiembre de 2025, el apoderado de la parte ejecutante pidió al juez de
conocimiento la terminación del proceso en virtud del acuerdo al que llegaron las partes,
así como la entrega de los títulos de depósito judicial obrantes en el proceso. Para el
efecto, aportó el contrato de transacción que suscribieron.
El 4 de septiembre de 2025, la Previsora S.A., solicitó la terminación del proceso y allegó
el comprobante del depósito judicial que constituyó a favor de los ejecutantes por la suma
de $90.011.424.
Del 6 al 8 de octubre de 2025, el juzgado accionado corrió traslado a las partes de la
solicitud de terminación del proceso en virtud del contrato de transacción y los días 13 y
14 de noviembre del mismo año, verificó la existencia del título en el portal electrónico del
Banco Agrario.
Mediante auto del 20 de noviembre de 2025,2 la autoridad accionada aprobó la
transacción celebrada entre las partes, declaró la terminación del proceso, ordenó el
levantamiento de medidas cautelares y dispuso que por la Secretaría del juzgado se
procediera con la entrega a favor de los ejecutantes de los títulos de depósito judicial
469780000077906, por la suma de $90.000.000, y 469780000078218, por la suma de
$20.000.000.
En el mismo proveído el accionado ordenó requerir al Juzgado Primero Administrativo de
Cartago a efectos de que procediera con la creación del proceso en el portal bancario
dispuesto por el Banco Agrario y efectuara su traslado a esa sede, con el fin de realizar
1
Álvaro Toscano Rodríguez; Luis Alberto, Luz Amparo y Luis Alfonso Rodas Gómez; Miriam Gómez, María Liliana
Toscano Méndez, Luz Marina Toscano Méndez, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor
Diana Alejandra Borja Toscano; María Liliana Gómez, Luz Amalfi González Gómez, Viviana Patricia Berrio Rodas,
Yormi Vannesa Rodas Franco; Luis Andrés Rodas Franco; Jorge Iván Parra Rodas; Héctor Jairo Giraldo Gómez y Jhon
Mario Giraldo Gómez.
2
Cargado en la plataforma Samai a las 10:27 a.m. de ese mismo día.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00803-01
Demandante: Daniela Toscano Rodas
la asociación de los títulos de depósito judicial antes referidos con el proceso ejecutivo
para poder proceder con la entrega a sus beneficiarios, además, requirió al apoderado
de la parte ejecutante para que en el término de 3 días aportara una certificación bancaria
con el fin de efectuar el pago del título de depósito judicial en la modalidad de abono a
cuenta.
Los días 16 y 25 de febrero del año en curso, el apoderado de la señora Daniela Toscano
Rodas, en el proceso ejecutivo, solicitó al juzgado accionado proceder con el pago de los
títulos judiciales obrantes en el proceso.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La accionante afirmó que no cuenta con otro mecanismo eficaz para la protección de sus
derechos fundamentales, toda vez que en varias ocasiones ha ido al juzgado accionado
sin obtener respuesta frente a la solicitud de terminación del proceso.
Destacó que es una persona con discapacidad, sujeto de especial protección
constitucional dada su pérdida de capacidad laboral por el accidente que sufrió el 8 de
octubre de 2012.
Transcribió apartes de las pruebas que obran en el proceso de reparación directa para
señalar que los dictámenes periciales son concluyentes sobre la magnitud de los daños
materiales, morales, psíquicos y fisiológicos que padece.
5. Intervenciones
El juez segundo Administrativo del Circuito de Cartago, hizo un recuento de las
actuaciones adelantadas dentro del proceso ejecutivo No. 76147333300220140105100
para señalar que resolvió de fondo la solicitud de la actora en un tiempo prudencial toda
vez que desde que se presentó la solicitud de terminación del proceso transcurrieron
alrededor de dos meses y medio hasta la expedición del auto que decidió de fondo,
incluido el trámite secretarial que se surtió en el interregno, además, destacó que el
trámite que adelantó se surtió sin tener conocimiento de la acción constitucional.
Los demandados3 en el proceso ejecutivo y la Previsora S.A. Compañía de Seguros,
no fueron vinculados a la acción.
6. Sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia dictada el 2 de diciembre de
2025, negó el amparo de los derechos invocados por la señora Daniela Toscano Rodas,
luego de analizar el trámite procesal surtido dentro del proceso ejecutivo No.
76147333300220140105100 y evidenciar que no transcurrieron más de tres meses
desde que se solicitó la terminación anticipada del proceso y la decisión que resolvió
dicha solicitud.
Destacó que el plazo antes descrito resulta más que razonable si se tiene en cuenta que
durante ese interregno, se corrió traslado a las partes y se verificó la existencia del dinero
en la cuenta asignada por el Banco Agrario al despacho judicial.
Afirmó que pese a que la demanda del proceso de reparación directa que dio lugar al
proceso ejecutivo fue instaurada hace más de ocho años, lo cierto es que se trata de dos
asuntos diferentes sin que sea posible entender que se trata de un solo proceso con
<<amplia demora>> como lo sugirió la parte actora.
3 Sociedad Nutitrans SAS. En liquidación y los señores, Jhon Jairo Garcés Vásquez, Francisco Javier Rivera y Jorge
Augusto Vasco Rivera.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00803-01
Demandante: Daniela Toscano Rodas
Por último, advirtió que para el momento en que se interpuso la acción de tutela el juzgado
accionado ya había resuelto la solicitud de terminación del proceso.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, acceder al amparo deprecado.
Afirmó que, pese a que el juzgado accionado profirió una decisión frente a la solicitud de
terminación del proceso, aún no ha efectuado la entrega de los títulos de depósito judicial,
pese a que han transcurrido más de diez días, por lo que dicha omisión agrava su
situación.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que negó el amparo de los derechos invocados por la señora Daniela Toscano Rodas.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, porque la autoridad judicial
demandada no ha incurrido en mora judicial injustificada.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: i) generalidades de la acción de tutela,
(ii) sobre la mora judicial y (iii) el caso concreto.
2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.
3. Sobre la mora judicial
La mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos legales por
parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes
presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la
actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora, y
(iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los
deberes por parte del juez4.
El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o corporación
judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada
4 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de 2018
y T-441 de 2020.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00803-01
Demandante: Daniela Toscano Rodas
mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y
externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los
plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se presentan condiciones
estructurales, como la excesiva carga laboral, o la falta de una infraestructura básica en
los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones
oportunas.
Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de conexidad
necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, a tal
punto que esos son los criterios que deben analizarse para establecer si se configuró o
no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la administración de justicia.
De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el agotamiento de todos los
medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos y, por ende, la mora judicial
solo estará justificada cuando:
o Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende.
o Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral
u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e
ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que
se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha
obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.
Así mismo, la Corte expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida la
afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv) la
valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el trámite 5.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de la solicitud de amparo, la Sala advierte que la parte actora alega que
sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la autoridad judicial demandada al
incurrir en mora judicial en el trámite del proceso ejecutivo al no proferir una decisión
frente a la solicitud de terminación del proceso y no proceder con la entrega de los títulos
depositados en la cuenta del juzgado accionado, con ocasión del contrato que celebró
con la aseguradora y los propietarios del camión que la lesionó.
Previo a resolver, la Sala realizará un recuento de las actuaciones relevantes adelantadas
en el proceso ejecutivo con radicado No. 76147333300220140105100.
-. Con las sentencias del 30 de noviembre de 2021 y el 30 de septiembre de 20226, el
Juzgado Segundo Administrativo de Cartago y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, respectivamente, ordenaron la indemnización de los perjuicios ocasionados, entre
otros, a la señora Daniela Toscano Rodas por las lesiones que sufrió en un accidente de
tránsito ocurrido el 8 de octubre de 2012.
5 La Corte Constitucional se ha apoyado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH), en la que se establecieron criterios objetivos para determinar bajo qué circunstancias se configura la violación al
plazo razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas, tales como: a) la complejidad del asunto; b)
la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. (Caso Motta Vs Italia, sentencia de
19 de febrero de 1991: Caso Ruiz Mateos Vs España, sentencia de 23 de junio de 1993; Caso Genie Lacayo Vs
Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997).
6 Dictadas dentro del proceso de reparación directa No. 76147-33-33-001-2014-01051-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00803-01
Demandante: Daniela Toscano Rodas
-. El 17 de enero de 2023, dentro del mismo proceso, las señoras Luz Marina Rodas
Gómez, Daniela Toscano Rodas, Jennifer Toscano Rodas, Michel Stefany Toscano
Rodas y María Amanda Gómez Gutiérrez presentaron demanda ejecutiva ante el
Juzgado Segundo Administrativo de Cartago con el fin de obtener el pago de las sumas
de dinero reconocidas en la sentencia de segunda instancia dictada el 30 de septiembre
de 2022.
-. Luego de que la Corte Constitucional dirimiera el conflicto negativo de jurisdicción
suscitado entre la autoridad accionada y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago,
en proveído de 3 de julio de 2024, el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago Valle
inadmitió la solicitud de ejecución y, mediante auto del 13 de noviembre de 2024, libró
mandamiento de pago a favor de las ejecutantes y decretó la medida cautelar por ellas
solicitada.
-. El 3 de septiembre de 2025, el apoderado de la parte ejecutante solicitó al juez de
conocimiento la terminación del proceso en virtud del acuerdo al que llegaron las partes,
así como la entrega de los títulos de depósito judicial obrantes en el proceso. Para el
efecto, aportó el contrato de transacción que suscribieron.
-. El 4 de septiembre de 2025, la Previsora S.A. Compañía de Seguros solicitó la
terminación del proceso y allegó el comprobante del depósito judicial que constituyó a
favor de los ejecutantes por la suma de $90.011.424.
-. Del 6 al 8 de octubre de 2025, el juzgado accionado corrió traslado a las partes de la
solicitud de terminación del proceso en virtud del contrato de transacción y los días 13 y
14 de noviembre del mismo año, verificó la existencia del título en el portal electrónico del
Banco Agrario.
-. Mediante auto del 20 de noviembre de 2025,7 la autoridad accionada aprobó la
transacción celebrada entre las partes, declaró la terminación del proceso, ordenó el
levantamiento de medidas cautelares y dispuso que por la Secretaría del juzgado se
procediera con la entrega a favor de los ejecutantes de los títulos de depósito judicial
469780000077906, por la suma de $90.000.000, y 469780000078218, por la suma de
$20.000.000.
En el mismo proveído el accionado ordenó requerir al Juzgado Primero Administrativo de
Cartago a efectos de que procediera con la creación del proceso en el portal bancario
dispuesto por el Banco Agrario y su traslado a esa sede, con el fin de realizar la asociación
de los títulos de depósito judicial antes referidos con el proceso ejecutivo para poder
proceder con la entrega a sus beneficiarios dado que el proceso No.
76147333300220140105100 es anterior a la creación del juzgado accionado y había sido
remitido por el Juzgado Primero Administrativo de Cartago 8 por lo que los depósitos
fueron constituidos en ese primer despacho.
Además, requirió al apoderado de la parte ejecutante para que en el término de 3 días
aportara una certificación bancaria a efectos de efectuar el pago del título de depósito
judicial en la modalidad de abono a cuenta.
-. El 26 de enero de 2026, la Secretaría del Juzgado Segundo Administrativo de Cartago
solicitó al Juzgado Primero Administrativo de ese circuito judicial la creación del proceso
en el Portal del Banco Agrario y su traslado al despacho de conocimiento para proceder
con el pago de los títulos.
-. El 12 de febrero de 2026, la secretaría del Juzgado Primero Administrativo de Cartago
remitió al juzgado accionado copia del oficio que da cuenta del traslado del expediente
judicial en el portal del Banco Agrario.
7
Cargado en la plataforma Samai a las 10:27 a.m. de ese mismo día.
8 Según información que se obtuvo vía telefónica con el juzgado accionado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00803-01
Demandante: Daniela Toscano Rodas
-. El 25 de febrero de 2026, el juzgado accionado dejó constancia de los trámites
secretariales para el pago de los títulos de depósito judicial.
Luego de revisar el trámite surtido dentro del proceso ejecutivo, en especial las
actuaciones adelantadas con posterioridad a la solicitud de terminación del proceso y
entrega de títulos de depósito judicial, la Sala observa que el juzgado accionado ha
surtido el trámite respectivo dentro de un término razonable.
Lo anterior, teniendo en cuenta que desde la fecha en que se radicó la solicitud de
terminación del proceso, esto es, el 3 de septiembre de 2025 transcurrieron menos de 3
meses para que la autoridad judicial emitiera un pronunciamiento frente a la misma, toda
vez que, mediante proveído del 20 de noviembre de 2025, el juzgado de conocimiento
aprobó la transacción celebrada entre las partes y declaró la terminación del proceso,
decisión que se emitió antes de la notificación de la acción de tutela, además, en el
entretanto, el accionado corrió traslado a las partes de la solicitud elevada por la parte
ejecutante y verificó la existencia de los títulos judiciales en el portal electrónico del Banco
Agrario.
Respecto de la aludida mora en la entrega de los títulos judiciales, la Sala observa, que
en la providencia que aprobó la transacción celebrada entre las partes y declaró la
terminación del proceso, la autoridad accionada también ordenó que por la Secretaría del
juzgado se procediera con la entrega a favor de los ejecutantes de los títulos de depósito
judicial 469780000077906, por la suma de $90.000.000 y 469780000078218 por la suma
de $20.000.000, para tal efecto, en el mismo auto dispuso requerir al Juzgado Primero
Administrativo de Cartago para que procediera con la creación del proceso en el portal
bancario dispuesto por el Banco Agrario y efectuara su traslado a ese juzgado con el fin
de realizar la asociación de los títulos de depósito judicial con el proceso ejecutivo antes
referido.
Requerimiento que la secretaría del juzgado accionado efectuó el día 26 de enero de
2026, con respuesta del 12 de febrero de 2026, por parte del Juzgado Segundo
Administrativo de Cartago, que adjuntó copia de un oficio que da cuenta del traslado del
expediente judicial en el portal del Banco Agrario.
Por consiguiente, para la Sala, la autoridad judicial demandada no ha incurrido en mora
judicial injustificada, pues ha impartido el trámite que corresponde al proceso ejecutivo
tendiente a la entrega de los títulos de depósito judicial constituidos a favor de la
accionante.
Así las cosas, la Sala no advierte alguna dilación injustificada en el trámite surtido dentro
del proceso ejecutivo, por lo que se confirmará la sentencia de primera instancia que
negó el amparo de los derechos deprecados por la accionante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia dictada el 2 de diciembre de 2025, por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó el amparo deprecado por la señora
Daniela Toscano Rodas, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00803-01
Demandante: Daniela Toscano Rodas
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.