Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00857-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00857-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2025-00857-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2025-00857-01
Accionante: ULISES MOSQUERA SÁNCHEZ
Accionado: JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
SANTIAGO DE CALI
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. El amparo es improcedente porque no cumple con el requisito
general de procedencia de subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
16 de enero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Ulises Mosquera Sánchez solicitó, a través de apoderada judicial, la
protección de los derechos fundamentales a la vida digna, seguridad social,
igualdad, dignidad humana, al mínimo vital y debido proceso, cuya vulneración le
atribuyó a las providencias de 20 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre de
2025, proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santiago de
Cali dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 76001-33-33-005-2024-00276-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Refirió que nació el 8 de diciembre de 1929, se vinculó como docente al
departamento del Valle del Cauca desde el año 1954 y permaneció en el cargo hasta
el 27 de julio de 1997, fecha en la que fue retirado por cumplir la edad de retiro forzoso.
2.2. Relató que la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal, le reconoció mediante
la Resolución 8200 del 22 de agosto de 1989, una pensión ordinaria de jubilación
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Ulises Mosquera Sánchez
equivalente al 75% del promedio mensual de los sueldos del último año, con efectos
desde el 8 de diciembre de 1984. Posteriormente, el departamento del Valle del Cauca
le concedió otra pensión de jubilación por servicios prestados mediante la Resolución
409 del 29 de diciembre de 1992, conforme al artículo 17 de la Ley 6 de 1945. En el
año 1997, Cajanal le reconoció la pensión gracia mediante la Resolución 016750 del
16 de septiembre de 1997, con efectos fiscales desde el 2 de septiembre de 1993.
2.3. Indicó que el 16 de septiembre de 1997, Cajanal expidió la Resolución 016751 a
través de la cual revocó la pensión reconocida en la Resolución 8200, decisión que
fue confirmada mediante la Resolución 002855 del 16 de marzo de 1999. Años
después, la UGPP, como sucesora de Cajanal, negó nuevamente el reconocimiento
de la pensión ordinaria de jubilación mediante las Resoluciones núm. 53833 del 30 de
octubre de 2008 y núm. 17571 del 6 de mayo de 2009, decisiones que tomaron
firmeza mediante los actos administrativos núm. ADP 003098 del 14 de junio de 2024
y ADP 4328 del 19 de septiembre de 2024.
2.4. Sostuvoque la revocatoria de la Resolución 8200 de 1989 fue ilegal, pues
desconoció un derecho adquirido consolidado bajo la normatividad vigente, y que los
actos posteriores se expidieron con falsa motivación y aplicación indebida de normas
derogadas. Señaló que desde 1997 ha reclamado infructuosamente el
restablecimiento de su derecho, alegando que como docente nacionalizado sus
aportes fueron realizados a Cajanal y que, conforme a la Ley 91 de 1989 y al Decreto
2563 de 1990, la Nación debía asumir el 100% del pago de sus prestaciones.
2.5. Comentó que presentó el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho núm. 76001-33-33-005-2024-00276-00 contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución 016751 de 1997, Resolución
002855 de 1999, Resolución 016750 de 1997, Resolución 002855 de 1999,
Resolución 53833 de 2008, Resolución 17571 de 2009 y decisiones núm. ADP
003098 de 2024 y ADP 4328 de 2024, por medio de las cuales se negó el
reconocimiento y pago de una nueva pensión.
2.6. Señaló que mediante auto de 20 de octubre de 2025 el Juzgado prescindió de la
audiencia inicial para proferir sentencia anticipada, frente a lo cual interpuso recurso
de reposición; sin embargo, dicha autoridad judicial mediante auto de 4 de noviembre
de 2025 resolvió no reponer.
2.7. Adujo que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Santiago de Cali, autoridad judicial que, mediante
sentencia de 2 de diciembre de 2025, declaró probada la excepción de cosa juzgada
y declaró terminado el medio de control.
2.8. Manifestó que contra la anterior decisión se interpuso el recurso de apelación.
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Accionante: Ulises Mosquera Sánchez
2.9. Expuso que la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Santiago de Cali vulneró sus derechos fundamentales a la vida digna,
seguridad social, igualdad, dignidad humana, al mínimo vital y debido proceso por
haber incurrido en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.
que “[…] El ciudadano no puede ser condenado a la miseria o al
2.10. Indicó
desamparo por un error judicial previo o por la rigidez procesal. Este
pronunciamiento ha sido plasmado especialmente en la Sentencia T-760 de 2008
y sus desarrollos, enfocada en garantizar derechos fundamentales, y la T-334 de
2024 que reitera el derecho a la seguridad social como fundamental autónomo,
indicando que el aparato judicial debe ser garante, no obstáculo, para derechos
como la pensión, reforzando la idea de un acceso efectivo a la justicia, incluso si
requiere insistencia. […]”. [negrilla del texto].
2.11. Sostuvo que, “[…] En el caso sub examine, el actor está ejerciendo su derecho
legítimo a obtener la justicia material, pues la Sentencia anterior (que
supuestamente generó la Cosa Juzgada) fue el producto de una ilegalidad (la
renuncia forzada) y de un error de derecho (la falsa motivación sobre la
incompatibilidad). No puede invocarse la Cosa Juzgada para perpetuar la
violación de un derecho constitucional adquirido. […]”. [Negrilla del texto].
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Amparar de manera inmediata y prevalente los derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la justicia, seguridad social, mínimo vital y vida
digna del actor, y demás demandantes.
2. Dejar sin efectos los Autos Interlocutorio 775 y 810 (20/10/2025) en cuanto
respectivamente negaron el derecho de contradicción y dispuso sentencia
anticipada por cosa juzgada, y la Sentencia de Primera Instancia No. 274, de
dos (2) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), que la materializó,
ordenando al Juzgado Quinto Administrativo continuar el proceso en el estado
anterior al anuncio de sentencia anticipada, de conformidad con el numeral 3°
del art. 182A CPACA.
3. Declarar e invocar la excepción de inconstitucionalidad, por la flagrante
violación e irrespeto a la Primacía Constitucional en el presente caso.
4. Ordenar al Juzgado Quinto Administrativo continuar el trámite para que
decida de fondo la demanda, aplicando las normas pertinentes el art. 15 de la
Ley 91 de 1989 y demás concordantes y el precedente sobre compatibilidad de
pensión gracia con pensión ordinaria/nacional, y examinando los vicios
alegados (renuncia forzada, descuentos sin orden judicial, falsa motivación y
decaimiento del acto) […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 11 de diciembre de 2025, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió
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Accionante: Ulises Mosquera Sánchez
la acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros con interés directo en el
resultado del proceso a Cajanal, al PAP Buen Futuro y a la UGPP.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:
5.1. La Juzgado Quinto Administrativo de Oral del Circuito de Santiago de Cali
solicitó declarar improcedente la acción de tutela por carecer del requisito de
subsidiariedad, dado que la sentencia acusada debía ser impugnada en apelación,
recurso que hasta la fecha de esta contestación no había sido interpuesto,
reiterando que actuó conforme al debido proceso y sin vulnerar derechos
fundamentales.
5.2. La UGPP señaló que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, toda vez que el accionante contaba con otro mecanismo ordinario
para cuestionar la providencia acusada.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 16 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca declaró improcedente la acción de amparo por incumplimiento del
requisito general de subsidiariedad, al concluir que “[…] la parte actora hizo uso
del medio judicial ordinario idóneo, como lo es el recurso de apelación contra la
sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo que declaró la cosa
juzgada, como se evidencia en el índice 58 de la plataforma samai, dentro del
proceso ordinario, razón suficiente para descartar la procedencia de la tutela […]”.
7. El juez de primera instancia señaló que, el recurso de apelación presentado en
el proceso contencioso administrativo, “[…] constituye en el instrumento procesal
adecuado para que el superior jerárquico examine la legalidad de la providencia
cuestionada, incluidos los presuntos defectos sustantivos, procedimentales,
fácticos o desconocimiento del precedente alegados en la tutela. A través de dicho
recurso es posible revocar la excepción declarada en la sentencia, de modo que la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa ofrece un escenario suficiente y eficaz para
la protección de los derechos invocados, sin necesidad de acudir al juez
constitucional […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. El accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual fundamentó que
“[…] la errónea y formalista aplicación del requisito de subsidiariedad por parte del
Tribunal. No se discute la existencia de otras pensiones; lo que se reclama es la
protección del derecho concreto que el actor viene reclamando ante la justicia
desde hace más de veinte años y que ha sido sistemáticamente negado o
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Accionante: Ulises Mosquera Sánchez
postergado por decisiones que validaron actos administrativos con indicios de vicio
[…]”.
9. Indicó que el juez de primera instancia “[…] ignoró que mi poderdante es un sujeto
de 96 años con una patología oncológica terminal […]”, y que, de acuerdo con el
precedente jurisprudencial contenido en la sentencia SU-016 de 2024, el juez debe
flexibilizar el requisito de subsidiariedad y estudiar de fondo el caso en concreto por
cuanto “[…] existe un riesgo inminente de que el amparo sea póstumo, vulnerando
el núcleo esencial de la dignidad humana […]”.
10. Refirió que en casos como los expuestos en las sentencias T-047 de 2015 y T-
844 de 2014 se “[…] establece que cuando el actor supera la expectativa de vida,
el juez tiene el deber constitucional de acelerar el fallo para evitar que el amparo
sea póstumo […]”.
11. Manifestó que “[…] [e]s inadmisible que el Magistrado pretenda que la apelación
es el camino "idóneo", cuando el proceso del que emana dicha apelación fue
clausurado vulnerando el debido proceso […]”, adicionalmente afirmar que “[…] no
existe afectación al mínimo vital por el solo hecho de que mi poderdante percibe
una pensión docente territorial y una pensión gracia […]”, resulta violatorio de sus
derechos fundamentales, toda vez que “[…] mi poderdante […] es el soporte
económico de su hija, quien padece esquizofrenia y depende totalmente de él […]”,
aunado a los gastos en salud dada su patología Oncológica.
12. Por todo lo anterior, solicitó revocar el fallo de primera instancia y en su lugar,
estudiar de fondo “[…] haciendo uso de la plenitud de jurisdicción constitucional, el
Consejo de Estado debe resolver sobre el derecho a la pensión nacional conforme
a la Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia unificada, saneando de oficio cualquier
obstáculo formal que impida la protección inmediata del derecho pensional de mi
representado, reclamado por más de 27 años […]”. [negrilla del texto].
13. Asimismo, solicitó conceder el amparo de manera transitoria, con el fin de “[…]
[declarar] que en el proceso ordinario […], en ambos niveles se ha incurrido en un
Defecto Procedimental por Exceso Ritual Manifiesto […]” y se proceda a “[…]
declarar la inexistencia de cosa juzgada material […]”. [negrilla del texto].
14. Finalmente solicitó que el proceso ordinario “[…] se tramite bajo el beneficio de
PRELACIÓN DE TURNO por extrema vejez y estado de salud (paciente
oncológico), de modo que se profiera sentencia de primera instancia en un término
máximo de diez (10) días […]”. [negrilla del texto].
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
15. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
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Accionante: Ulises Mosquera Sánchez
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VIII.2. Problemas jurídicos
16. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Y, si ello es
así, se deberá:
b) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
17. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
18. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
19. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho”.
5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan
los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia
de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Accionante: Ulises Mosquera Sánchez
20. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
21. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
23. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
9 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado
Jorge Iván Palacio Palacio.
10 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera
absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por
demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o
inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y
ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y
jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado
por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera
directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
11 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado
Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
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24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
25. El señor Ulises Mosquera Sánchez solicitó, a través de apoderada judicial, la
protección de los derechos fundamentales a la vida digna, seguridad social,
igualdad, dignidad humana, al mínimo vital y debido proceso, cuya vulneración le
atribuyó a las providencias de 20 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre de
2025, proferidas por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Santiago de
Cali dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 76001-33-33-005-2024-00276-00.
26. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de subsidiariedad.
VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito de procedencia de subsidiariedad
27. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
28. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
[…]”.
29. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza12], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
12 Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
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30. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”13.
31. En ese sentido, “[…] la jurisprudencia constitucional ha identificado tres causales
que conllevan a la improcedencia de la acción de tutela contra una providencia
judicial, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Estas son: “(i) el asunto
está en trámite14; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios15; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en
13 Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente:
Dr. Jorge Iván Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda
Espinosa.
14 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
15 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de
2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
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Accionante: Ulises Mosquera Sánchez
donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico16”17[…]”18. [Negrilla fuera del texto].
32. Esta Sala de Decisión, en sentencia de 25 de abril de 2019, al respecto expuso
lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada como acción judicial sustitutiva de
los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que estos medios ordinarios no sean
idóneos o eficaces para proteger los derechos fundamentales controvertidos o
cuando la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable […]”19.
33. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
34. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
35. En relación con tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente:
“[…] la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto
de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un mecanismo necesario
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La
concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo
transitorio y como medidas precautelativas para garantizar la protección de los
16 “En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la misma resulta improcedente cuando se pretende
emplear para reabrir un asunto litigioso que por negligencia, descuido o distracción de las partes, se encuentra
debidamente resuelto (…)Entonces, por vía de tutela, no es viable revivir términos de caducidad agotados, en
la medida que se convertiría en un mecanismo que atentaría contra el principio de seguridad jurídica y se
desnaturalizaría el propósito mismo de la acción constitucional de protección de los derechos fundamentales.”.
Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En la sentencia T-396 de 2014
se declaró la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto no se cumplió el requisito de subsidiariedad, en
el análisis del caso concreto se afirmó: “Bajo esas condiciones, esta Sala de Revisión confirmará el fallo
mencionado teniendo en cuenta que la acción presentada por el señor Emen Quinayas incumple el requisito
de subsidiariedad en la medida en que no fue presentado el recurso de apelación contra la sentencia que
resolvió la acción popular, lo que es suficiente para declarar la improcedencia de la tutela contra providencia
judicial” Corte Constitucional, Sentencia T-396 de 2014, M.P. Esta subregla también fue aplicada en la
sentencia T-006 de 2015, en la que la se afirmó: “la acción de tutela es improcedente, ya que por negligencia
o descuido del actor no puede pretender que a través de este medio se reabran etapas procesales que se
encuentran debidamente resueltas por no haber presentado a tiempo los respectivos recursos en el desarrollo
del proceso ordinario laboral. Así, al no cumplir la tutela con uno de los requisitos generales de procedibilidad,
relativo al agotamiento de los medios ordinarios de defensa judicial, la Sala se abstendrá de emitir
pronunciamiento alguno respecto de los demás criterios generales y específicos de procedibilidad”.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 16 de enero de 2017, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de
2019, expediente número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Radicación: 76001-23-33-000-2025-00857-01
Accionante: Ulises Mosquera Sánchez
derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados
[…]”.20
36. Además de lo anterior, esta Sección21 ha indicado que el requisito de
subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite el proceso
donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al respecto, señaló que:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se
encuentra en curso, la acción de tutela no es procedente para cuestionar
cualquier decisión adversa a las partes, aún luego de agotados los recursos
que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de
control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión que pone
fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela
como una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en
el trámite de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos,
y que, además, no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el
curso del proceso impidan el acceso a la administración de justicia y el derecho
a la tutela judicial efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios
judiciales de defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice
por cuanto, el medio de control aún está en trámite […]”. [Subrayado fuera del
texto].
37. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala procede a analizar si la
presente solicitud de amparo cumple o no el requisito general de procedibilidad
atinente a la subsidiariedad.
38. Descendiendo al caso objeto de estudio, se tiene que la parte accionante le
atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a las providencias de 20 de
octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre de 2025, proferidas por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Santiago de Cali dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 76001-33-33-005-
2024-00276-00, por medio de las cuales i) se prescindió de la audiencia inicial para
proferir sentencia anticipada y, en consecuencia, ii) en sentencia de primera
instancia se resolvió declarar probada la excepción de cosa juzgada del referido
medio de control.
39. La Sala advierte que, contra la última de las decisiones cuestionadas, la parte
accionante interpuso recurso de apelación y a través de auto de 20 de enero de
202622 se concedió en el efecto suspensivo ante el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.
20 Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-
03006-00.
22 Índice 61 expediente 76001-33-33-2024-00276-00 Samai.
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Radicación: 76001-23-33-000-2025-00857-01
Accionante: Ulises Mosquera Sánchez
40. De lo anterior, la Sala observa que frente a la providencia que a juicio de la parte
actora concretó la afectación de sus garantías fundamentales se interpuso recurso
de apelación, el cual se encuentra en revisión por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, lo que indica que dicho mecanismo judicial aún se encuentra en
trámite, y, por ende, la intervención del juez constitucional se encuentra vedada.
Ello en tanto que, como se mencionó con anterioridad, es el mismo proceso
ordinario el escenario adecuado para hacer valer los derechos que las partes
estiman vulnerados.
41. Así las cosas, y teniendo en cuenta que, el hecho consistente en que el proceso
dentro del cual se alega la supuesta afectación a las garantías fundamentales de la
parte actora aún se encuentra en trámite, la presente solicitud de amparo deviene
en improcedente por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, máxime cuando
de la revisión del escrito de tutela no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, con el fin de que se habilitara la intervención del juez constitucional
como mecanismo transitorio.
42. De otro lado, frente a la solicitud del accionante, encaminada a que se ordene al
juez contencioso administrativo otorgar prelación a la expedición de la providencia de
segunda instancia, la Sala advierte la misma resulta improcedente, toda vez que le
corresponde a la parte actora formular dicha petición directamente ante el Tribunal
que conoce del recurso de apelación, exponiendo ante esa autoridad las
circunstancias particulares que, a su juicio, justifican la prelación en el estudio y
decisión de su asunto.
43. Por lo expuesto, se confirmará el fallo impugnado que declaró la improcedencia
de la solicitud de tutela por no cumplir el requisito general de procedencia de
subsidiariedad, en razón a que el proceso núm. 76001-33-33-005-2024-00276-00,
se encuentra en trámite.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de enero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Radicación: 76001-23-33-000-2025-00857-01
Accionante: Ulises Mosquera Sánchez
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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