Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00889-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00889-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2025-00889-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
20 de marzo de 2026
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00889-01
Accionante: Julio Alberto Rincón Ramírez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 76001-23-33-000-2025-00889-01
Accionante: Julio Alberto Rincón Ramírez
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela por debido proceso. Mora judicial. Solicitud de pronunciamiento en trámite de
incidente de desacato. Carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación formulada por la parte accionante contra de la sentencia
del 26 de enero de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante la cual se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Julio Alberto Rincón Ramírez, actuando en nombre propio1, promovió acción de tutela
con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y “al patrimonio”, los cuales estimó vulnerados por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Buga, con ocasión del auto proferido el 21 de agosto de
2025 dentro del trámite del incidente de desacato identificado con el radicado número
76111-33-33-002-2024-00051-00.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en los siguientes supuestos fácticos 2:
2.1. El actor manifestó que fue designado en el cargo de agente interventor de la Nueva
EPS S.A., mediante la Resolución núm. 2024160000003012-6 del 3 de abril de 2024, con
vigencia hasta el 3 de abril de 2025. No obstante, a través de la Resolución núm.
2024320030015020-6 del 15 de noviembre de 2024 fue removido del cargo, razón por la
1
Índice 00003 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 78C7AA5F18867FDA
F141D33A48B8EAD9 A3DDD8EBA88C450E A9C2BFF7E77864B1 .
2 Ibidem / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=761113333002202400051007611133
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Accionante: Julio Alberto Rincón Ramírez
cual, a la fecha, no ostente ningún tipo de representación ni vínculo con la referida
entidad.
2.2. Señaló que, dentro de la acción de tutela identificada con radicado núm. 76111-33-
33-002-2024-00051-00, que se tramita ante el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Buga, en la cual la Nueva EPS fungía como accionada y él actuaba en calidad
de agente interventor, se impartieron diversas órdenes judiciales, que según afirmó,
fueron incumplidas por dicha entidad. En consecuencia, se promovieron varios incidentes
de desacato, dentro de los cuales se le impusieron multas.
2.3. Indicó que, el 25 de agosto de 2025 presentó memorial ante el referido juzgado en
el que informó que ya no ostentaba el cargo de Agente Interventor, motivo por el cual
carecía de facultades para dar cumplimiento a la orden de tutela. En consecuencia,
solicitó su desvinculación del proceso y el levantamiento de la sanción impuesta.
2.4. Ante la ausencia de respuesta, el actor reiteró su solicitud mediante memoriales del
20 de noviembre y del 4 de diciembre de 2025 y, en este último destacó que “el Juzgado
se pronunció sobre solicitudes de desvinculación presentadas por la Nueva EPS los días
29 de noviembre de 2024, 17 de febrero de 2025 y 12 de mayo de 2025”, sin que hubiera
resuelto las que él formuló.
3. Pretensiones y argumentos de la tutela
3.1. El accionante solicitó al juez constitucional amparar sus derechos fundamentales al
debido proceso y “al patrimonio”. Como consecuencia de ello pidió dejar sin efectos el
auto del 21 de agosto de 2025, mediante el cual se negó su desvinculación del trámite y
el levantamiento e inaplicación de la sanción impuesta. Asimismo, solicitó vincular a la
Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional Santander para que se
pronunciara respecto de los hechos origen de la acción.
3.2. Como fundamento de la acción de tutela, sostuvo que la autoridad judicial accionada
incurrió en desconocimiento del precedente constitucional, al omitir la aplicación de
lo dispuesto en la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional. A su juicio, dicha
providencia establece que el incidente de desacato tiene como finalidad garantizar la
efectividad de la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la sentencia
de tutela, por lo que la imposición de la sanción no puede efectuarse de manera
automática ni personal sin analizar si el sancionado tiene la capacidad real de inducir el
cumplimiento de la orden judicial.
3.3. De igual forma, afirmó que se configuró un defecto fáctico en la medida en que el
juzgado no valoró el material probatorio aportado que acreditaba su remoción del cargo
mediante la Resolución núm. 2024320030015020-6 del 15 de noviembre de 2024,
expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. Según indicó, dich o acto
administrativo demostraba que ya no tenía competencia para cumplir las órdenes
impartidas en la acción de tutela.
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4. Trámite de tutela e intervenciones en primera instancia
4.1. Mediante providencia del 18 de diciembre de 20253, el Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca admitió la acción de tutela, dispuso la vinculación como tercero con
interés de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali y negó la medida
provisional solicitada.
4.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga4 al oponerse al amparo,
manifestó que dentro de la acción de tutela identificada con el radicado núm. 76111-33-
33-002-2024-00051-00 se adelantaron diversos incidentes de desacato con el fin de
lograr el cumplimiento de la sentencia de tutela.
El juzgado, añadió que la sanción impuesta al actor fue confirmada en dos oportunidades
por el superior funcional en el grado jurisdiccional de consulta. Asimismo, indicó que las
solicitudes de desvinculación fueron resueltas dentro del trámite correspondiente.
4.3. La Dirección Seccional de Administración Judicial – Grupo Coactivo 5 informó
que, una vez revisadas sus bases de datos, evidenció que el actor registra tres procesos
de cobro coactivo activos, entre ellos el relacionado con la sanción impuesta dentro del
proceso identificado con el radicado 76111-33-33-002-2024-00051-00.
Explicó que, una vez recibidos los autos interlocutorios mediante los cuales se impusieron
las sanciones y verificado el cumplimiento de los requisitos legales, se procedió a avocar
el conocimiento del asunto y a emitir el correspondiente oficio persuasivo con el fin de
que el sancionado se notificara y cancelara la obligación o suscribiera un acuerdo de
pago.
En ese sentido, indicó que el proceso solo puede darse por terminado cuando el juzgado
informe que la sanción de multa ha sido dejada sin efectos mediante decisión judicial.
5. Sentencia de tutela de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 26 de enero de 20266,
mediante la cual declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
Como fundamento de su decisión, señaló que, al revisar el trámite de la acción de tutela
objeto de controversia, se constató que el juzgado accionado dio respuesta a las
solicitudes presentadas por el actor mediante auto interlocutorio del 13 de enero del
mismo año.
3 Índice 00005 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. CC6DE2982CAFF985
2BE86897CBA70D8F 5F0754FA4AD7DD62 B9CCD6AE91535952.
4 Índice 00008 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 97D669DB7C687B9B
32F1431E44FB924D 0115B93FF86EEFB9 61FD3DD74D7A6DC2.
5 Índice 00009 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 8A4C7B7E892AE849
58636101CD314026 5E1385B838A0E0AA 445775C05CEEE9FA.
6
Índice 00012 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. C6BB2851687179ED
4DB21C2B4540FFCB 704B8B902E9EA210 0B0421DF1870E680.
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Accionante: Julio Alberto Rincón Ramírez
En ese sentido, consideró que, si bien para la fecha de presentación de la acción de tutela
el despacho judicial aún no había resuelto las solicitudes de desvinculación y de
levantamiento de las sanciones impuestas en los incidentes de desacato, la mora en la
que había incurrido fue superada con la expedición de la providencia mencionada.
6. Impugnación
La parte actora presentó escrito de impugnación7 mediante el cual solicitó revocar la
decisión adoptada por el juez constitucional de primera instancia. Para sustentar su
inconformidad reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial, haciendo especial
énfasis en el presunto desconocimiento del precedente fijado en la sentencia SU-034 de
2018.
Mediante auto del 9 de febrero de 20268, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca concedió la impugnación interpuesta por la parte
accionante.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Julio Alberto
Rincón Ramírez, en tanto es el titular de los derechos fundamentales que afirma
vulnerados, habida cuenta de que la sanción impuesta dentro del trámite del incidente de
desacato identificado con el radicado núm. 76111-33-33-002-2024-00051-00 recayó
directamente sobre él.
2.2. Asimismo, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva del
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga, por cuanto actuó como autoridad
judicial dentro del proceso mencionado, y es precisamente su actuación a la que la parte
accionante atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.
7 Índice 00015 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 163113E7A4DBF59E
60341E0163B975B2 73B56AB522C87692 0D19DEC03FFCF59B.
8 Índice 00018 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 01B35FD44A358A75
35AA1D73E99F0085 387F3365B485C7B4 280CB4B91D8B60A6.
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3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de
impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de la
solicitud de tutela que interpuso Julio Alberto Rincón Ramírez contra el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Buga.
4. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad o de un particular, en los casos que
establece la ley.
Este mecanismo solo procede cuando el afectado no tiene otros medios de defensa
judicial para la protección de sus derechos fundamentales o, a pesar de tenerlos, se
acude al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
4.1. Carencia actual de objeto
La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la carencia de objeto puede
configurarse en tres hipótesis: i) por hecho superado, cuando por alguna conducta del
obligado se supera la afectación a los derechos invocados de tal manera que resulte
innecesario el pronunciamiento del juez, ii) por daño consumado, cuando se afecta de
manera definitiva los derechos del tutelante, antes de que el juez constitucional profiera
decisión de fondo sobre las pretensiones de la tutela y, iii) por sustracción de materia.
En relación con la configuración del hecho superado, la Corte Constitucional ha señalado,
lo siguiente:
“(…) el hecho superado, tiene lugar cuando desaparece la vulneración o amenaza
al derecho fundamental invocado. Concretamente, la hipótesis del hecho superado
se configura ’cuando entre la interposición de la acción de tutela y el fallo de la
misma, se satisface por completo la pretensión contenida en la acción de tutela,
es decir, que por razones ajenas a la intervención del juez constitucional,
desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales del peticionario’.
En tal sentido, esta corporación ha señalado los aspectos que deben verificarse a
fin de examinar y establecer la configuración del hecho superado desde el punto
de vista fáctico. Estos aspectos son los siguientes: “(i) que efectivamente se ha
satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (ii) y que
la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu propio, es
decir, voluntariamente”9.
9 Corte Constitucional, sentencias T-243 de 2018, SU-540 de 2007, T- 715 de 2017, SU-522 de 2019, entre otras.
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Asimismo, dicha corporación ha reiterado que “ante la alteración o la desaparición de las
circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto
de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser
como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial”10.
5. Caso concreto
La Sala anticipa que confirmará la decisión adoptada en primera instancia, por las
razones que se exponen a continuación.
5.1. Julio Alberto Rincón Martínez, actuando en nombre propio, solicitó la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y al “patrimonio”, al considerar que el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga vulneró tales garantías al no
pronunciarse oportunamente frente a las solicitudes que presentó con el fin de obtener la
inaplicación de las sanciones pecuniarias impuestas en el trámite del incidente de
desacato de una orden de tutela, identificado con el radicado núm. 76111-33-33-002-
2024-00051-00, dentro del cual había actuado en calidad de agente interventor de la
Nueva EPS.
5.2. Ahora bien, del análisis de las pruebas allegadas al expediente por parte del
juzgado11, accionado, así como de la revisión de las actuaciones surtidas dentro del
proceso a través del aplicativo SAMAI12, la Sala constató que, en el curso del presente
trámite constitucional, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga, profirió
auto del 13 de enero de 202613, mediante el cual resolvió las solicitudes presentadas por
el accionante relacionadas con su desvinculación como sujeto pasivo de la sanción
pecuniaria impuesta dentro del referido incidente de desacato. Dicha providencia fue
notificada al actor en la misma fecha14.
En consecuencia, la Sala advierte que, una vez examinada la actuación desplegada por
la autoridad judicial accionada, se configura la ocurrencia de un hecho superado, toda
vez que, con posterioridad a la interposición de la acción de tutela, esto es, el 18 de
10 Corte Constitucional. Sentencias T-001 de 1996, T-411 de 1999, T-988 de 2002, T-066 de 2007 y T-192 de 2008:
“[…] la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situación
expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, se ha modificado
sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o de daño a los derechos
fundamentales. Siendo la defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma expedita de administrar justicia
constitucional en el caso concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de inmediato cumplimiento en
relación con unas circunstancias que pudieron configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la
sentencia, no existen o, cuando menos, presentan características totalmente diferentes a las iniciales”.
11 Índice 00008 aplicativo SAMAI, con certificado núm. 97D669DB7C687B9B 32F1431E44FB924D
0115B93FF86EEFB9 61FD3DD74D7A6DC2.
12 Actuaciones del proceso ordinario visibles en el expediente digital de Samai, incorporadas en el siguiente enlace
electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=761113333002202400051007611133
13 PDF 00036 expediente ordinario One Drive radicado núm. 76111 -33-33-002-2024-00051-00, visible en el índice
00008 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 97D669DB7C687B9B 32F1431E44FB924D
0115B93FF86EEFB9 61FD3DD74D7A6DC2.
14 PDF 00037 expediente ordinario One Drive radicado núm. 76111 -33-33-002-2024-00051-00, visible en el índice
00008 expediente primera instancia aplicativo SAMAI, con certificado núm. 97D669DB7C687B9B 32F1431E44FB924D
0115B93FF86EEFB9 61FD3DD74D7A6DC2.
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Accionante: Julio Alberto Rincón Ramírez
diciembre de 2025, y antes de que se profiriera la presente decisión de segunda instancia,
el juzgado accionado dio respuesta a los requerimientos formulados por el actor.
5.3. Así las cosas, dado que la autoridad judicial accionada realizó la actuación que el
accionante echaba de menos, y ante la desaparición de las circunstancias que dieron
origen a la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados, la solicitud
de amparo presentada por Julio Alberto Rincón Ramírez ha perdido su razón de ser como
mecanismo extraordinario de protección constitucional, de modo que cualquier orden que
pudiera impartir el juez de tutela resultaría inane.
En ese orden, la Sala confirmará la decisión impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de enero de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto de la solicitud de tutela de Julio Alberto Rincón Ramírez contra el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buga de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Magistrado
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
LMMT
7
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