Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00890-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00890-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2025-00890-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
12 de febrero de 2026
Demandante: E.S.E. Hospital Divino Niño de Buga
Demandado: Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Buga
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00890-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 76001-23-33-000-2025-00890-01
Demandante: E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA
Demandados: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BUGA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 20 de enero de 2026, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca declaró improcedente la acción constitucional
de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La E.S.E. Hospital Divino Niño de Buga, actuando por intermedio de su gerente y
representante legal, promovió la tutela1 contra el Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Buga, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, “a la legalidad”, de acceso a la administración
de justicia y a la salud, con ocasión del auto de 28 de noviembre de 2025 proferido
por la autoridad judicial accionada en el marco del proceso ejecutivo con radicado
76-111-33-33-001-2025-00223-00.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:
1. AMPARAR los derechos fundamentales vulnerados.
2. DEJAR SIN EFECTOS la orden de embargo de las cuentas bancarias del
Hospital Divino Niño que administran recursos del SGSSS y del SGP.
3. ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Guadalajara de
Buga que se abstenga de decretar o mantener medidas cautelares sobre recursos
legal y constitucionalmente inembargables.
1
El 18 de diciembre de 2025.
1
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Demandante: E.S.E. Hospital Divino Niño de Buga
Demandado: Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Buga
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00890-01
4. DISPONER que el cumplimiento de la sentencia se canalice por mecanismos
legales compatibles con la Constitución, como un acuerdo de pago judicialmente
aprobado.
5. ADOPTAR MEDIDAS PROVISIONALES, de ser necesario, para suspender
inmediatamente los efectos del embargo mientras se decide de fondo la tutela. 2
1.3. Hechos
En el escrito de tutela el accionante hizo mención a los siguientes supuestos
fácticos:
Mediante sentencia del 25 de febrero de 2022 el Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Buga declaró patrimonialmente responsable al
Hospital Divino Niño de Buga por los perjuicios sufridos por los demandantes del
medio de control de reparación directa3 con radicado 76111-33-33-001-2013-
00331-02, sentencia que en segunda instancia fue modificada en su numeral
sexto y confirmada en todo lo demás por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca en fallo de 30 de agosto de 2024.
Relató que, debido al incumplimiento material de la condena, los demandantes
del medio de control de reparación directa promovieron ante el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga proceso ejecutivo con radicado
76-111-33-33-001-2025-00223-00. El 28 de noviembre de 2025 el Juzgado
profirió auto que libró mandamiento de pago y embargó las cuentas bancarias del
Hospital, las cuales administran recursos públicos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS) y del Sistema General de Participaciones
(SGP).
El 16 de diciembre de 2025 el Hospital accionante se pronunció frente al auto de
28 de noviembre de 2025 en escrito en el que indicó que la medida cautelar
decretada dentro del proceso ejecutivo resulta improcedente en la medida en que
recae sobre recursos constitucional y legalmente inembargables. Asimismo,
indicó que con dicha medida se afecta en gran medida la continuidad del servicio
público de salud, desconoce jurisprudencia obligatoria sobre la inembargabilidad
de los recursos del SGSSS y resulta desproporcionada frente a la finalidad
perseguida. En ese sentido solicitó el levantamiento de dicha medida cautelar.
Señaló que el juez accionado al proferir el auto cuestionado omitió verificar la
naturaleza jurídica de los recursos, pese a tratarse de una entidad del sector salud
y de recursos con destinación específica y que como consecuencia del embargo
se ha generado una afectación grave e inmediata a la capacidad financiera del
Hospital para pagar personal asistencial, garantizar medicamentos e insumos y
mantener la prestación continua del servicio de salud.
1.4. Sustento de la petición
A juicio del accionante los recursos que ingresan a las cuentas bancarias de la
2
Trascripción literal del original con posibles errores.
3
Interpuesto por Gladys Grajales Girón, Josselin Ortega Grajales, Jennifer Andrea Ortega
Grajales, Juan Felipe Peña Ortega, María Lucila Bayadales Ligarda, Aurelio José Ortega
(Q.e.p.d.), Navor Henao Bayadares, Carmen Rosa Henao Bayadares, Luis Carlos Henao
Bayadares y Sigifredo Henao Bayadares.
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E.S.E. Hospital Divino Niño no constituyen recursos propios ni integran su
patrimonio autónomo, sino que corresponden a recursos públicos del SGSSS,
destinados a la administración del riesgo en salud, razón por la cual conservan su
naturaleza pública, finalista y protegida y no pueden ser tratados como activos
patrimoniales disponibles para efectos de medidas cautelares de embargo.
Señaló que la E.S.E., en este contexto, actúa como entidad administradora y
gestora operativa del servicio, más no como propietaria de los recursos, los cuales
permanecen afectos al sistema de salud y sometidos a un régimen constitucional
y legal especial de protección. En esa medida, y conforme al artículo 48 de la
Constitución Política4, cualquier medida judicial que los trate como activos
patrimoniales disponibles, desconoce el marco constitucional, legal y
jurisprudencial vigente, y compromete de manera directa la continuidad del
servicio público esencial de salud.
Por otra parte, mencionó que el auto controvertido incurre en un defecto
sustantivo, el cual se configura porque el despacho judicial accionado dejó de
aplicar normas constitucionales y legales de carácter imperativo, clara y
expresamente aplicables al caso, como lo son los artículos 48 y 49 de la
Constitución, 91 de la Ley 715 de 2001, que establece de forma categórica que
“los recursos del Sistema General de Participaciones son inembargables”, y el
artículo 10 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 que consagra el uso exclusivo de
los recursos públicos destinados a la financiación del derecho fundamental a la
salud.
Asimismo, manifestó que la providencia cuestionada incurrió en
desconocimiento del precedente constitucional, toda vez que la Corte
Constitucional ha sostenido de manera reiterada y uniforme que: “Los recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud gozan de una protección
reforzada y no pueden ser objeto de embargo, incluso frente a obligaciones
derivadas de sentencias judiciales, cuando su afectación compromete la
prestación del servicio público esencial de salud.”5
Finalmente, solicitó que se decretara la medida cautelar de suspensión de los
efectos de la orden judicial de embargo proferida dentro del proceso ejecutivo
mientras se decide de fondo la tutela.
1.5. Actuaciones procesales en primera instancia
Mediante auto de 19 de diciembre de 2025 se admitió la acción constitucional, se
ordenó notificar esta decisión a la parte accionada y se vinculó a los demandantes
dentro del medio de control de reparación directa con radicado 33-33-001-2013-
4
“No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para
fines diferentes a ella.”
5
Al respecto mencionó las sentencias: SU-480 de 1997: intangibilidad de los recursos de la
seguridad social; C-824 de 2004: carácter finalista y protegido de los recursos con destinación
específica; T-760 de 2008: prohibición de adoptar decisiones que comprometan la continuidad del
servicio de salud y C-313 de 2014: fuerza vinculante de la Ley Estatutaria de Salud para todas las
autoridades públicas, incluidos los jueces.
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Demandado: Juzgado Primero Administrativo
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Radicado: 76001-23-33-000-2025-00890-01
00331-02. Asimismo, se decretó la medida cautelar solicitada en el escrito de
tutela.
Realizadas las respectivas comunicaciones se presentó la intervención del
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga y de los
accionantes del medio de control de reparación directa en los siguientes términos:
1.5.1. Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga
El juez de la referencia rindió informe respecto del cumplimiento del auto
admisorio de la tutela.
1.5.2. Parte vinculada – accionantes del medio de control de reparación
directa
La parte vinculada, actuando mediante apoderado judicial, solicitó que “se
despache desfavorable” la acción de tutela en razón a que para levantar medidas
cautelares sobre cuentas bancarias en un proceso ejecutivo se debe demostrar
al juez la inembargabilidad legal de los recursos y en el proceso de la referencia
no se cuenta con el material probatorio para acceder a dicho levantamiento.
Precisó que el Hospital accionante en la contestación al auto del 28 de noviembre
de 2025 que libró mandamiento ejecutivo de pago, solicitó el levantamiento de las
medidas cautelares decretadas, petición respecto de la cual aún no se ha
pronunciado el juez natural del proceso ejecutivo.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en providencia del 20 de enero de
2026 declaró improcedente la acción constitucional de la referencia tras concluir
que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad. Lo anterior toda vez que,
contra el auto del 28 de noviembre de 2025 que decretó la medida cautelar de
embargo sobre las cuentas del Hospital procedía el recurso de apelación, “en
términos de lo dispuesto en el artículo 243-5”, el cual era el medio idóneo y
expedito para controvertir lo planteado ahora en sede de tutela.
Señaló que no se evidencia que se cumpla con alguno de los criterios
establecidos en la jurisprudencia para que se configure un perjuicio irremediable
que pretermita la subsidiariedad de la acción y se proceda al análisis de la
providencia cuestionada, pues aunque el accionante manifiesta que el embargo
recae sobre cuentas de naturaleza constitucional y legalmente inembargables en
las cuales se administran recursos públicos del SGSSS y del SGP, no se allegó
al plenario prueba que acreditara dichas circunstancias, esto es, demostrar que
efectivamente estas cuentas fueron embargadas y que con ello se afectó la
capacidad financiera del Hospital para pagar el personal asistencial, garantizar
medicamentos e insumos y mantener la prestación continua del servicio de salud.
Finalmente, levantó la medida provisional decretada en el auto admisorio de la
tutela.
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1.7. Impugnación
El 26 de enero de 20266 la parte accionante impugnó el fallo de primera instancia.
Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y agregó que la
Superintendencia de Salud mediante comunicado 006 del 19 de enero de 2026
unificó su criterio respecto de la inembargabilidad de los recursos del sistema de
salud y la obligación de verificar el origen del recurso embargado como
presupuesto esencial de cualquier decisión que recaiga sobre medidas
cautelares.
Aclaró que, ese criterio administrativo resulta relevante pues la E.S.E. acreditó
mediante certificación de Gerencia y Revisoría Fiscal el origen finalista de
recursos transferidos a la cuenta bancaria del BBVA, la cual fue afectada con
embargo7.
Finalmente, solicitó: i) “confirmar la procedencia del amparo constitucional
concedido en primera instancia”; ii) precisar el alcance de las órdenes y se
disponga el levantamiento total de las medidas cautelares que recaigan sobre los
recursos de la salud; y, iii) se ordene al juez del proceso ejecutivo que, si la
ejecución continúa, implemente medidas compatibles con el régimen de
protección especial de recursos de la salud como verificación de fuentes no
protegidas, acuerdos de pago, programación presupuestal, entre otros.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte demandante contra la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca el 20 de enero de 2026, según lo previsto en los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto 333
de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo
proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior,
deberá verificar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, “a la legalidad”, de acceso a la
administración de justicia y a la salud del accionante dentro del proceso ejecutivo
con radicado 76-111-33-33-001-2025-00223-00.
Para resolver este problema se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
6
Impugnación que fue presentada dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó el 21 de enero de
2026.
7
Para el efecto aportó certificación emitida por la gerencia y la revisoría fiscal del Hospital el 22
de enero de 2026.
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finalmente, de encontrarse superados se estudiará; iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20128, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
8
M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.3.1. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
Según se tiene, el a quo declaró improcedente la tutela de la referencia tras
concluir que no cumple el requisito de subsidiariedad, presupuesto respecto del
cual es oportuno señalar que se encuentra contemplado en el inciso 3º del artículo
86 de la Constitución, según el cual, «[e]sta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable»,
precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de
1991.9
La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas,
de manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando
estas no son idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.
En consecuencia, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento
de los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.
En el caso que ocupa a la Sala, la controversia planteada por el accionante radica
en que el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga
presuntamente vulneró sus derechos fundamentales invocados debido a que el
28 de noviembre de 2025 profirió auto mediante el cual decretó la medida cautelar
de embargo en el marco del proceso ejecutivo con radicado 76-111-33-33-001-
2025-00223-00.
Alega la parte actora que la medida cautelar decretada dentro de ese proceso
resulta improcedente en la medida en que recae sobre recursos constitucional y
legalmente inembargables.
Por su parte, la autoridad enjuiciada, en su contestación al escrito de tutela no se
refirió a los hechos y pretensiones de la misma, sino que rindió informe respecto
9
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante.»
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del cumplimiento del auto admisorio que decretó la medida cautelar de
suspensión de los efectos de la orden judicial de embargo proferida dentro del
proceso ejecutivo.
Bajo este contexto, el juez de primera instancia declaró improcedente la tutela por
no cumplir el requisito de subsidiariedad, con sustento en que el Hospital
accionante contaba con el recurso de apelación para controvertir el auto que
decretó las medidas cautelares de embargo. En desacuerdo con el anterior fallo,
la parte actora presentó impugnación, en la cual reiteró los argumentos
esbozados en la tutela.
Ahora bien, en cuanto a los requisitos de procedencia adjetiva, se comparte la
decisión del a quo en cuanto a la configuración de la improcedencia de la tutela
por no superar el requisito de subsidiariedad, ya que, como se evidencia de la
consulta del expediente del proceso ejecutivo en el aplicativo Samai, el accionante
no recurrió la providencia controvertida por los medios y recursos ordinarios.
En el presente asunto, advierte la sala que la parte actora contaba con la
posibilidad de acudir al recurso ordinario procedente, esto es, el de apelación10,
para exponer los argumentos de reproche planteados en la solicitud de amparo.
Dicho recurso era el escenario adecuado para que el juez natural revisara la
decisión que, a juicio del tutelante, transgredió sus garantías iusfundamentales,
sin que la tutela pueda utilizarse para suplir tal medio judicial, pues una
interpretación contraria llevaría a que esta fuera empleada como un instrumento
para desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría esta
acción.
En este orden de ideas, el juez constitucional no puede inmiscuirse en la discusión
propuesta por el demandante, ante la existencia de trámites propios que no
pueden ser sustituidos por este mecanismo dada su naturaleza subsidiaria y
residual, máxime si se tiene en cuenta que no se demostró cuál puede ser ese
perjuicio irremediable que amerite la intervención de esta Corporación y permita
desconocer la existencia del recurso establecido para cuestionar el auto
accionado.
Aunado a lo anterior y de esta misma consulta del expediente del proceso
ejecutivo en el aplicativo Samai, se advierte que el 23 de enero de 2026 el Hospital
accionante solicitó el levantamiento de las medidas cautelares y el 28 de enero
de la misma anualidad, también promovió incidente de desembargo conforme los
artículos 594 y 597 del CGP en atención a que las medidas cautelares decretadas
y practicadas dentro del proceso de la referencia recaen sobre recursos legal y
constitucionalmente inembargables, es decir, bajo los mismos argumentos
expuestos en la solicitud de tutela.
10
Artículo 321 Código General del Proceso. Procedencia. Son apelables las sentencias de primera
instancia, salvo las que se dicten en equidad. También son apelables los siguientes autos
proferidos en primera instancia: (…) 8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto
de la caución para decretarla, impedirla o levantarla.
8
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Las anteriores solicitudes fueron resueltas por el juzgado accionado por auto del
2 de febrero de 2026 mediante el cual no accedió al levantamiento de las medidas
cautelares decretadas sobre las cuentas bancarias del Hospital Divino Niño de
Buga. Expuso que la cautela sobre los recursos públicos cumple con los requisitos
jurisprudenciales para su procedencia y mencionó las Sentencias C-543 de 2013,
T-053 de 2012 y T-172 de 2022.
Asimismo, explicó que para el caso bajo estudio: i) se trata del pago de una
sentencia judicial para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los
derechos en ella reconocidos (sentencia del 25 de febrero de 2022, modificada
en su numeral sexto y confirmada en los demás por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca a través de fallo del 30 de agosto de 2024, decisión que constituye
una obligación clara, expresa y exigible; y, ii) la medida cautelar recayó sobre los
recursos de destinación específica del SGP cuya inembargabilidad no es absoluta
y admite excepciones.
Sobre el contenido del principio de inembargabilidad, así como el alcance de sus
excepciones, manifestó que depende de la fuente del recurso. En concreto,
señaló que la Corte Constitucional ha diferenciado entre los recursos del SGSSS
que provienen del SGP y aquellos cuya fuente son las cotizaciones de los
afiliados, así:
(i) Recursos que provienen del SGP. El principio de inembargabilidad de
los recursos del SGSSS que provienen del SGP no es absoluto y admite
excepciones. En concreto, estos recursos pueden ser embargados con
el objeto de garantizar el pago de: (a) obligaciones laborales, (b)
sentencias judiciales y (c) títulos emanados del Estado que reconocen
una obligación clara, expresa y exigible. Lo anterior, siempre y cuando
las obligaciones reclamadas tengan como fuente alguna de las
actividades a las cuales estaban destinados los recursos del SGP.
(ii) Recursos que provienen de cotizaciones. Las cotizaciones son
recursos parafiscales que pertenecen al sistema de seguridad social en
salud, de modo que no ingresan al presupuesto general de la Nación ni
se mezclan con otros recursos del erario. Por esta razón, a estos
recursos no son aplicables las excepciones al principio de
inembargabilidad de los recursos del SGSSS que provienen del SGP.
En ese sentido, argumentó que, pese a que los dineros embargados en la cuenta
del BBVA provienen del SGP, como lo manifestó el Hospital ejecutado en
diferentes momentos, y que en principio gozan del beneficio de inembargabilidad,
esta prerrogativa cede ante las excepciones planteadas por la Corte
Constitucional.
Asimismo, señaló que la obligación reclamada tuvo como fuente una actividad
financiada con los recursos del SGP (servicio de salud), en tanto la reparación
directa se fundamentó en la falla en la prestación del servicio de salud que
proviene de la deficiente atención médica.
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Oral del Circuito Judicial de Buga
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00890-01
Finalmente, decidió que la orden de embargo quedara como se decretó en el auto
del 28 de noviembre de 2025 y aclaró que “en primera medida se afectarán hasta
en una tercera parte, los ingresos brutos que provengan de los dineros
recaudados por la prestación de servicios de salud, y que, en caso de que esas
sumas de dinero no cubran la totalidad del monto anotado, se embargará los
concerniente a recursos del Sistema General de Participaciones. Medida que no
incluirá los recursos provenientes de las cotizaciones de los afiliados al sistema
ni los de las cuentas maestras de recaudo”.
Como se advierte de la anterior síntesis, al Hospital accionante ya se le
resolvieron las solicitudes de levantamiento de medidas cautelares y el incidente
de desembargo dentro del proceso ejecutivo. Se reitera que la tutela resulta
improcedente si no se agotaron los recursos ordinarios al momento de acudir al
medio constitucional, salvo que se demuestre un perjuicio irremediable, pues la
tutela no es una tercera instancia y no es de órbita del juez de tutela desplazar,
sin fundamento, la competencia preferente del juez natural.
Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia proferida el 20 de enero de 2026
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró la improcedencia
de la acción constitucional de la referencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia de 20 de enero de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró improcedente la acción
de tutela presentada por la E.S.E. Hospital Divino Niño de Buga.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: E.S.E. Hospital Divino Niño de Buga
Demandado: Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Buga
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00890-01
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
11
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www.consejodeestado.gov.co
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