Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00034-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00034-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2026-00034-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
2 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00034-01
Demandante: Ana Rosa Vallejo
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cali
Temas: Tutela contra providencia judicial / Falta de legitimación en la
causa por activa
Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Ana Rosa Vallejo, en contra de la
sentencia proferida el 2 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Ana Rosa Vallejo promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital, a la
igualdad y a la libertad de empresa y propiedad, los cuales consideró vulnerados
con ocasión de la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2025 por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, en el medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos identificado con el radicado 76001-
33-33-002-2024-00275-00.
2. De acuerdo con las actuaciones registradas en Samai y el fundamento de la
solicitud de amparo, la situación fáctica es la siguiente:
2.1. Cootranscalipuerto en ejercicio del medio de control de protección de
derechos e intereses colectivo presentó demanda en contra del Distrito Especial de
Santiago de Cali y la Secretaría de Movilidad, con la finalidad de que se declarara
vulnerados los derechos colectivos de acceso a servicios públicos, la moralidad
administrativa y de libre competencia al suspender el servicio de transporte público
que prestaba al Corregimiento de Golondrinas.
1 Visible en índice 2 de Samai, archivo denominado «5ED_DemandaTutela19_1_20(.pdf) NroActua
2(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00034-01
Demandante: Ana Rosa Vallejo
2.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cali en
providencia del 18 de diciembre de 2025 declaró a la parte demandada responsable
de la vulneración de los derechos colectivos a la igualdad, al debido proceso
administrativo y al acceso al servicio público esencial de transporte, y, entre otras,
ordenó que «Mientras la autoridad respectiva hace el estudio de la licencia de operación
cuando una ruta inicia y finaliza en el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, pero
eventualmente pasa por otro Municipio, y en razón a que los actos administrativos que
otorgaron la autorización a COOTRANSCALIPUERTO no han sido nulitados por una
autoridad judicial ni derogados por la autoridad competente para otorgar la licencia,
COOTRANSCALIPUERTO debe seguir prestando el servicio porque el usuario es la razón
del servicio». En contra de esta decisión la parte demandada interpuso recurso de
apelación.
2.3. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto orgánico por invadir competencias exclusivas de la autoridad
administrativa, al intervenir directamente en la asignación y operación de rutas de
transporte público.
2.4. En defecto procedimental absoluto comoquiera que se profirieron órdenes
con efectos administrativos sin observar el procedimiento establecido en la Ley 1437
de 2011, lo cual desconoció el debido proceso.
2.5. En defecto fáctico al fundamentar su decisión en una premisa falsa, al asumir
que no existía prestación del servicio de transporte, cuando está probado que este
sí se presta de manera continua por la Empresa de Transportes Sultana del Valle
S.A.S., a la cual tiene afiliado su vehículo.
2.6. En defecto sustantivo comoquiera que se aplicaron de forma indebida los
derechos colectivos de la Ley 472 de 1998 para justificar la afectación de derechos
fundamentales individuales, con lo cual se desnaturalizó el alcance del medio de
control.
2.7. En violación directa de la Constitución Política al desconocer de manera
directa sus artículos 13, 25, 29, 58 y 333, sin realizar un juicio de proporcionalidad
ni ponderación de derechos.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] AMPARAR los derechos fundamentales vulnerados.
DEJAR SIN EFECTOS las órdenes contenidas en la Sentencia No. 282 del 18 de
diciembre de 2025, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de
Santiago de Cali, dentro del proceso radicado No. 76001-33-33-002-2024-00275-00, en
cuanto afectan derechos fundamentales de trabajadores, propietarios y empresa
habilitada.
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Demandante: Ana Rosa Vallejo
ORDENAR la suspensión inmediata de los efectos del fallo mientras se decide de fondo
la presente acción de tutela.
DISPONER que cualquier modificación del esquema de prestación del servicio de
transporte hacia Golondrinas sea adelantada exclusivamente por la autoridad
administrativa competente, con observancia del debido proceso y los derechos
fundamentales involucrados. […]». [sic]
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cali2 solicitó
que se declarara improcedente el amparo pretendido por no acreditar el requisito
general de la subsidiariedad ante la existencia de otros medios de defensa judicial
idóneos y eficaces no agotados, pues la controversia debió tramitarse a través de
los recursos previstos dentro del medio de control, y no por vía excepcional de tutela,
comoquiera que la providencia cuestionada no se encontraba ejecutoriada.
1.3 . Sentencia de primera instancia3
5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 2 de febrero
de 2026 declaró improcedente la petición de amparo por cuanto la demandante no
tiene legitimación en la causa por activa, pues no intervino durante el trámite de ese
proceso ni apeló la sentencia, pese a que la autoridad judicial demandada garantizó
los principios de publicidad y participación ciudadana con los mecanismos
procesales para permitir la intervención de los interesados. Asimismo, la providencia
enjuiciada se encuentra pendiente de surtir el trámite de la segunda instancia, razón
por la cual aún no ha quedado en firme.
1.4. El escrito de impugnación4
6. Ana Rosa Vallejo impugnó la decisión del a quo y sostuvo que es incorrecto
afirmar que carece de legitimación en la causa por activa por no haber participado
en el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, pues la
Corte Constitucional5 ha precisado que dicha facultad no depende únicamente de
la condición de parte procesal, sino de la vulneración directa de derechos
fundamentales, en este caso, los del trabajo y la libertad de empresa.
2. Consideraciones
7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema
2 Visible en índice 10 de Samai, en actuación denominada «8_MemorialWeb_Respuesta-
RESPUESTATUTELA202(.pdf) NroActua 10».
3 Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado «13Sentenciadepr_202600034Declaraimpr(.pdf)
NroActua 13».
4 Ver índice 16 de Samai. Archivo denominado
«17Apelaciondese_IMPUGNACIONDELFALLOD(.docx) NroActua 16».
5 Al respecto citó las sentencias: T-1025 de 2007, T-292 de 2006 y T-004 de 2019.
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Demandante: Ana Rosa Vallejo
jurídico; iii) legitimación en causa por activa en la acción de tutela; y iv) análisis de
la Sala.
2.1. Competencia
8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 20006 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20197, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2.2. Problema jurídico
9. De conformidad con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si Ana
Rosa Vallejo cuenta con legitimación en la causa por activa en la presente solicitud
de tutela?
2.3. Legitimación en causa por activa en la solicitud de tutela
10. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma
o por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales; en el mismo sentido lo reguló el Decreto 2591 de 1991 8, que
dispuso:
Artículo 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
11. La Corte Constitucional9 refirió la evolución jurisprudencial en lo que a la
legitimación en la causa por activa para acudir al juez de tutela se refiere, así:
«[…] 5. Desde sus inicios, particularmente en la sentencia T-416 de 199710, la Corte
Constitucional estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad
subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de
tutela.
6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
8 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
9 Sentencia T-511 de 2017. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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Demandante: Ana Rosa Vallejo
Más adelante, la sentencia T-086 de 201011, reiteró lo siguiente con respecto a la
legitimación en la causa por activa como requisito de procedencia de la acción de tutela:
“Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se
opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de
representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”. (Negrilla fuera del texto
original).
Asimismo, en la sentencia T-176 de 201112, este Tribunal indicó que la legitimación en
la causa por activa constituye una garantía de que la persona que presenta la acción de
tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez
constitucional, de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante.
En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-435 de 201613, al establecer
que se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción de tutela siempre
que se presenten las siguientes condiciones: (i) que la persona actúe a nombre propio,
a través de representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante agente
oficioso; y (ii) procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales.
Adicionalmente, en la sentencia SU-454 de 201614, esta Corporación reiteró que el
estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces y
constituye un presupuesto procesal de la demanda.
6. Ahora bien, con respecto a la legitimación del agente oficioso, en las sentencias T-
452 de 200115, T-372 de 201016, y la T-968 de 201417, este Tribunal estableció que se
encuentra legitimada para actuar la persona que cumpla los siguientes requisitos: (i) la
manifestación que indique que actúa en dicha calidad; (ii) la circunstancia real de que,
en efecto, el titular del derecho no se encuentra en condiciones físicas o mentales para
interponer la acción, ya sea dicho expresamente en el escrito de tutela o que pueda
deducirse del contenido de la misma; y (iii) la ratificación de la voluntad del agenciado
de solicitar el amparo constitucional.
En concordancia con lo anterior, en la sentencia SU-173 de 201518, reiterada en la T-
467 de 201519, la Corte indicó que por regla general, el agenciado es un sujeto de
especial protección y, en consecuencia, la agencia oficiosa se encuentra limitada a la
prueba del estado de vulnerabilidad del titular de los derechos.
En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una
persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución del
fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el funcionario judicial
pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante. […]».
12. Como se observa, la normativa y la jurisprudencia definen cuatro vías
procesales para acudir al juez de tutela a saber: i) el directamente afectado, ii) a
través de representante legal o de apoderado judicial, iii) por medio de agente
11 MP Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
12 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
13 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
14 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
15 MP Manuel José Cepeda Espinosa.
16 MP Luis Ernesto Vargas Silva.
17 MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
18 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19 MP Jorge Iván Palacio Palacio.
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oficioso y iv) por conducto del defensor del pueblo y los personeros municipales.
2.4. Análisis de la Sala
13. Ana Rosa Vallejo acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la sentencia
proferida el 18 de diciembre de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Cali en el medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos identificado con el radicado 76001-33-33-002-2024-00275-00.
14. Con relación a lo anterior, entonces, es necesario evaluar si Ana Rosa
Vallejo, tiene la titularidad para reclamar sobre el amparo de sus derechos
fundamentales con fundamento en la sentencia proferida en un asunto
constitucional que le es ajeno y del que no acreditó interés alguno.
15. Según lo manifestado en los escritos de tutela e impugnación, la Sala aclara
que, en el presente proceso de tutela, se tiene que, Ana Rosa Vallejo no cuenta con
legitimación para actuar en nombre propio y tampoco en representación de algún
sujeto procesal; pues, no se acreditó un motivo por el que estos últimos no estén en
condiciones de actuar de forma directa en defensa de sus derechos fundamentales.
16. Si bien en el escrito de impugnación la demandante refirió que la legitimación
en la causa por activa deviene de que vio afectados los derechos al trabajo y la
libertad de empresa, lo cierto es que, conforme a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional20, el requisito de legitimación en la causa por activa exige que el
demandante sea titular del derecho fundamental presuntamente vulnerado.
Específicamente en tutelas contra providencias judiciales, la Corte21 ha sostenido
que carecen de legitimación para enjuiciar providencias judiciales quienes no fueron
parte ni terceros legitimados en el proceso cuya decisión se reclama.
17. Observa esta Sala, que, conforme a lo expuesto, en caso de haberse
vulnerado los derechos fundamentales de la parte demandada en el proceso
constitucional, la titularidad de los derechos no corresponde a Ana Rosa Vallejo, por
lo que no está llamada a discutir sobre el interés jurídico ventilado en este proceso,
por lo que, no cumple con el requisito de legitimación en la causa por activa.
18. Asimismo, no sobra advertir que el referido medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos se encuentra en curso, comoquiera que está
pendiente de pronunciamiento el recurso de apelación presentado en contra de la
sentencia de primera instancia.
20
Sentencias T-382 de 16, MP María Victoria Calle Correa y T-461 de 21, MP Alejandro Linares
Cantillo.
21 Sentencias SU-329 de 24, MP Natalia Ángel Cabo y T-151 de 24. MP Jorge Enrique Ibáñez Najar.
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Radicado: 76001-23-33-000-2026-00034-01
Demandante: Ana Rosa Vallejo
3. Decisión
19. En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del a quo, mediante la
cual, declaró la falta de legitimación en causa por activa de Ana Rosa Vallejo, en la
solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Cali.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 2 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual, declaró la falta de legitimación
en la causa por activa de Ana Rosa Vallejo, en la solicitud de tutela presentada
contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cali.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETHBECERRACORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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