Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2026-00064-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2026-00064-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2026-00064-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00064-01
Accionante: Carolina Romero Burbano y otros
Accionados: Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cali
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Revocar la sentencia de primera instancia para, en su lugar, negar
el amparo por no encontrar acreditado los defectos invocados
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia proferida el 3 de
febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual
se declaró improcedente la acción de tutela.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El Juzgado Tercero Administrativo de Cali, mediante auto del 26 de septiembre de
2025 reconoció a los señores Carolina Romero Burbano, Andrés Felipe Romero
Satizabal y Manuel Alejandro Romero Burbano como sucesores procesales de su
padre, el difunto señor Faberth Romero García.
3. Con posterioridad, se constituyó un título judicial por valor de $13.172.750
correspondiente a la obligación reconocida al causante, cuya entrega solicitaron los
reconocidos sucesores procesales.
4. Sin embargo, el Juzgado mediante auto del 10 de noviembre de 2025 negó la
entrega del título judicial, exigiendo que se acreditara que el activo en cuestión fue
adjudicado en un proceso sucesoral.
5. Inconformes, los accionantes interpusieron recurso de reposición, argumentando
que el reconocimiento como sucesores procesales les otorgaba el derecho a recibir
el título judicial consignado.
6. No obstante, el Juzgado, a través del auto del 15 de diciembre de 2025 resolvió no
reponer la decisión judicial anterior.
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Accionante: Carolina Romero Burbano y otros
2.2. Fundamento jurídico
7. La parte accionante afirmó que la autoridad judicial accionada al proferir los autos
del 10 de noviembre y 15 de diciembre de 2025 incurrió en los siguientes defectos:
• Sustantivo y procedimental por exceso ritual de manifiesto: al negar la
entrega del título judicial en favor de los sucesores procesales del señor
Faberth Romero García, pese a que el artículo 68 del Código General del
Proceso establece que cuando el litigante fallece, el proceso continúa con sus
herederos.
• Violación directa de la Constitución Política: en tanto, a su juicio, vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, igualdad y a los principios de supremacía constitucional, confianza
legítima y buena fe.
• Desconocimiento del precedente judicial: en especial, la sentencia
STC5516-22 del 6 de mayo de 2022, con radicado 11001-22-03-000-2022-
00465-01, en la cual se establece que la exigencia de acreditar la sucesión
carece de fundamento legal e implica un menoscabo del derecho al debido
proceso de las partes.
2.3. Pretensiones
8. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso (art. 29- exceso
ritual manifiesto), acceso a la administración de justicia (art. 229) igualdad (art.
13), supremacía constitucional (art. 4), por la fuerza de las decisiones de los
órganos de cierre (art. 237.1), con fianza legítima y buena fe (art. 83) y certeza
del derecho (art. 228 constitucional), juridicidad por apartamiento del orden
interno armonioso en su contenido con las normas del bloque de
constitucionalidad (art. 93.1).
2. Dejar sin efecto los AUTOS INTERLOCUTORIOS Nos. 1321 del 10 de
noviembre de 2025, notificado el 11 de noviembre de 2025 y 486 del 15 de
diciembre de 2025 notificado en la misma fecha, que niega y no repone la
decisión respecto a la entrega de un título judicial a favor de los sucesores
procesales demandantes en el proceso Radicación.
76001333300320140020100. Dtes. Sucesores Procesales del Dr. FABERTH
ROMERO GARCIA. EJECUTADO. EMCALI EICE –ESP.
3. Ordenar al Juzgado 3 Administrativo de Cali, que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación la providencia de amparo dicte una decisión de
reemplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones en ella expuestas
otorgando la entrega y pago del título judicial a los sucesores procesales
demandantes». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la acción de tutela mediante
auto del 27 de enero de 2026 y ordenó notificar al Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Cali.
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10. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cali sostuvo que no incurrió
en los defectos alegados, toda vez que exigir la demostración de que el título judicial
fue adjudicado a los hoy reclamantes dentro del respectivo proceso de sucesión,
constituye una garantía del debido proceso y de la adecuada administración de
justicia.
11. Asimismo, señaló que la parte accionante dispone de otros mecanismos de
defensa para controvertir las decisiones que se adopten en el trámite del proceso. En
consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela.
2.5. Sentencia impugnada
12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 3 de febrero
de 2026 declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que carece de
relevancia constitucional, debido a que versa sobre un asunto meramente legal y
procesal, pretende reabrir un debate ya concluido en la jurisdicción administrativa y
el proceso de tutela tiene origen en una actuación omisiva o negligente del
accionante.
13. En efecto, la autoridad judicial estima que, aunque los señores Carolina Romero
Burbano, Andrés Felipe Romero y Manuel Alejandro Romero fungen como sucesores
procesales dentro del proceso ejecutivo, ello no los convierte per se en herederos del
crédito que se disputa, pues no existe certeza sobre la totalidad de personas que
podrían contar con dicha calidad. En consecuencia, concluyó que el Juzgado no
incurrió en los defectos alegados.
2.6. Impugnación
14. La parte accionante presentó impugnación contra la decisión judicial anterior,
argumentando que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no analizó los
defectos invocados, por lo que vulneró sus derechos fundamentales. Además, insistió
en los argumentos desarrollados en la acción de tutela.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
15. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20191 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
16. Si bien la parte accionante cuestiona los autos proferidos el 11 de noviembre y 15
de diciembre de 2025, el que resolvió definitivamente el asunto relacionado con la
entrega del título judicial es este último. Por lo tanto, esta Subsección únicamente
1 Reglamento interno del Consejo de Estado.
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analizará las causales invocadas frente a la providencia expedida el 15 de diciembre
de 2025.
3.3. Problema jurídico
17. De conformidad con lo anterior, el problema jurídico se circunscribe en determinar
si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales. En el evento en que así sea, deberá
determinarse si el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cali incurrió en los
defectos sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto, violación directa de
la Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial, al expedir la
providencia del 15 de diciembre de 2025 al interior del proceso ejecutivo con radicado
76001-33-33-003-2014-00201-00.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
18. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue creada
para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando
estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares
en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y
cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales
derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o
subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
19. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
20. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto
ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
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actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.5.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.5.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.
3.5.1.2. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
3.5.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que se profirió la providencia cuestionada.
3.5.1.4. Contrario a lo sostenido en primera instancia, la Sala considera que el
asunto por resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se
centra en establecer una posible vulneración de principios y derechos
fundamentales, con ocasión de la supuesta configuración de los defectos
sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto, violación directa de la
Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial, en relación con los
efectos de la sucesión procesal, defectos que se encuentran debidamente fundados
de forma que amerita realizar un estudio sustancial.
21. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto procedimental como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
22. En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la
autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen del
procedimiento judicial establecido2. La jurisprudencia constitucional ha precisado
que este defecto puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto
procedimental absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto3.
23. En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia:
«[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido legalmente para el
trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite
completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n]
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho
de defensa y contradicción de una de las partes del proceso” 4 o porque iii) “pasa[n]
por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho
2 Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
3 Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
4 Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
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de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o
comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente
negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos
fundamentales”5 […]».
24. Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto
procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un error
procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el
fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no
se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la
irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la
situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales6.
3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
25. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic)
que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando
omite la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga
omnes. En suma, el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y
aplicación de la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios
mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»7.
26. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó,
cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o
infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta
inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación o
por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga
omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la
que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en
cuenta por el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
5 Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
6 Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.
7 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación
contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de
las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto
de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma
sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que, si bien es cierto
que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía
e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha
facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada,
emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra
limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores,
principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de
Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo
que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión
que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le
reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce
ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte
Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se
adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada,
por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados
por el legislador»8.
27. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.
3.7. Análisis de los presuntos defectos sustantivo y procedimental por exceso
ritual manifiesto en el caso concreto
28. Teniendo en cuenta que los defectos sustantivo y procedimental por exceso ritual
manifiesto se encuentran estrechamente relacionados en sus argumentos, esta
Subsección advierte que realizará su análisis de manera conjunta.
29. La parte accionante sostuvo que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Cali incurrió en los defectos sustantivo y procedimental por exceso ritual
manifiesto, debido a que les negó la entrega del título judicial en calidad de
sucesores procesales de su padre, el señor Faberth Romero García, pese a que el
artículo 68 del Código General del Proceso únicamente establece que cuando el
litigante fallece, el proceso continúa con sus herederos, sin exigir requisitos
adicionales.
8 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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30. Con la finalidad de establecer si la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos alegados, resulta pertinente analizar en qué consiste la sucesión procesal
y cuáles son las facultades que esta figura otorga, de conformidad con la
normatividad que rige la materia y la jurisprudencia vigente.
31. La figura de la sucesión procesal prevista en el artículo 68 de la Ley 1564 de
2012, dispone que «[f]allecido un litigante o declarado ausente, el proceso
continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el
correspondiente curador». Esto implica que el sucesor asume el proceso en el
estado en que se encuentre, ocupando la misma posición procesal que tenía su
antecesor.
32. Al respecto, la Sección Tercera de esta Corporación9 ha establecido que «[l]a
sucesión procesal es la regla general en el caso de la muerte de una de las partes
dentro de un proceso; ella opera ipso jure, aunque el reconocimiento de los
herederos o causahabientes en el proceso dependa de la prueba que aporten
acerca de tal condición. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de
ellos, aunque no concurran, es decir, de todas formas, se surte una sucesión
procesal y el proceso continúa, como si subsistiera el demandante original, puesto
que, tal como arriba se indicó, las cuestiones de fondo que son objeto del litigio no
se modifican ni afectan por su deceso».
33. No obstante, se ha reiterado que dicha figura no sustituye los mecanismos
previstos en el ordenamiento jurídico para determinar la titularidad y distribución de
los bienes del causante, asuntos que deben resolverse en el proceso sucesoral
correspondiente, el cual tiene por finalidad garantizar los derechos fundamentales
de todos los eventuales interesados10.
34. Ahora bien, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cali a través del
auto del 15 de diciembre de 2025 señaló lo siguiente:
«De los argumentos expuestos en el recurso de reposición, se puede colegir que
la parte ejecutante insiste en que bajo la figura de la sucesión procesal reconocida
a través del auto interlocutorio No. 1164 del 26 de septiembre de 2025, es
procedente la entrega del título judicial constituido a favor del fallecido señor
Faberth Romero García.
No obstante, esta instancia considera que la figura de la sucesión procesal, como
bien lo señala la recurrente, les permite actuar en el proceso judicial y retomarlo
en la etapa procesal en la que se encuentre, es decir, se les reconoce una
legitimación para ejercer las acciones pertinentes en este asunto en protección del
patrimonio del causante. Esta condición no les otorga la titularidad frente al título
judicial consignado, pues se recuerda que el titulo judicial No. 469030001606181
se trata de un activo que ingresa a la masa sucesoral del señor Romero García, y
en razón a ello, debe estar totalmente acreditado, a través de la respectiva
sucesión, la debida repartición del mismo, razón por la cual el Despacho dejará
incólume lo expuesto en el auto interlocutorio No. 1321 del 10 de noviembre de
2025, por medio del cual se negó la entrega de un título judicial».
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 6 de agosto de 2009,
expediente 17.526, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del
2 de octubre de 2025, radicado 76001-23-33-000-2013-00987-01, C.P. Juan Camilo Morales Trujillo, y del 27
de febrero de 2025, radicado 25000-23-42-000-2013-01388-01, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, entre otras.
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35. Como se advierte, la autoridad judicial sostuvo que el reconocimiento de los
accionantes como sucesores procesales les permitía retomar el proceso en la etapa
en que este se encontrara. No obstante, negó la entrega del título judicial al
considerar que dicho monto debía incorporarse a la masa sucesoral del señor
Romero García, para su posterior distribución.
36. En ese sentido, esta Subsección estima que el Juzgado no incurrió en los
defectos alegados, pues la decisión cuestionada no solo se aparta de cualquier
interpretación contraevidente o irrazonable del artículo 68 del Código General del
Proceso, sino que evidencia una comprensión sistemática y armónica del
ordenamiento jurídico, al diferenciar con claridad los efectos propios de la sucesión
procesal de aquellos que corresponden al proceso de sucesión.
37. En efecto, como se expuso previamente, la sucesión procesal faculta a los
herederos para ocupar el lugar del causante y proseguir el trámite en el estado en
que se encuentre, mas no para convertirse automáticamente en titulares del
derecho sustancial en cuestión, pues los bienes y derechos que integraban su
patrimonio se incorporan a la masa sucesoral, de conformidad con la ley y la
jurisprudencia.
3.8. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
38. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad
respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 189611, precisó que de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de
la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho
en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los
fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
39. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
40. Respecto del precedente vertical12, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
41. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que, al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso13.
11 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
12 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
13 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
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Accionante: Carolina Romero Burbano y otros
42. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación14.
43. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.8.1. Análisis del presunto desconocimiento del precedente judicial en el
caso concreto
44. La parte accionante indicó que la autoridad judicial accionada desconoció la
sentencia STC5516-22 del 6 de mayo de 2022, con radicado 11001-22-03-000-2022-
00465-01, en la cual se establece que la exigencia de acreditar la sucesión carece
de fundamento legal e implica un menoscabo del derecho al debido proceso de las
partes.
45. Sin embargo, la sentencia aludida por el actor no constituye precedente judicial
de obligatorio cumplimiento, en tanto no corresponde a una sentencia de unificación,
sus efectos son inter partes y no se evidencia la consolidación de una línea
jurisprudencial reiterada en ese mismo sentido.
46. En consecuencia, no puede afirmarse que el Juzgado haya incurrido en
desconocimiento del precedente judicial, máxime cuando la decisión adoptada se
armoniza con las consideraciones que esta Corporación ha sostenido de manera
constante frente a la materia debatida.
3.9. Otras decisiones
47. Aunque la parte accionante alegó que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca incurrió en la violación directa de la Constitución Política, lo cierto es que se
limitó a señalar una presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y a los principios de
supremacía constitucional, confianza legítima y buena fe.
48. Al respecto, esta Subsección le recuerda a los accionantes que la presentación
de la acción de tutela con la finalidad de cuestionar providencias judiciales impone
el cumplimiento de una carga argumentativa mínima.
49. Sin embargo, dicha exigencia no se satisface en relación con la causal invocada,
pues no basta con enunciar de manera genérica una presunta vulneración de los
derechos fundamentales; es indispensable exponer de forma clara y suficiente, las
14 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Acción De Tutela
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00064-01
Accionante: Carolina Romero Burbano y otros
razones por las cuales se considera que la autoridad judicial incurrió en tal
vulneración. En consecuencia, no se efectuará el análisis de la supuesta violación
directa de la Constitución Política.
50. Así las cosas, la Sala procederá a revocar la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, negar el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en la
presente providencia.
51. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
I. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la decisión de primera instancia del 3 de febrero de 2026
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual declaró
improcedente la acción de tutela, conforme a las consideraciones plasmadas en esta
providencia. En su lugar:
SEGUNDO: NEGAR el amparo deprecado por los señores Carolina Romero
Burbano, Andrés Felipe Romero Satizabal y Manuel Alejandro Romero Burbano, de
acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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