Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00102-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2026-00102-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00102-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2026-00102-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2026-00102-01
Accionante: VÍCTOR DANILO CAMACHO FERNÁNDEZ
Accionado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BUENAVENTURA
Tema: Se confirma el fallo impugnado. El amparo es improcedente porque
no cumple con el requisito general de procedencia de subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
17 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Víctor Danilo Camacho Fernández solicitó la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, mínimo vital y a la seguridad social, cuya
vulneración le atribuyó al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Buenaventura y al abogado Andrés Felipe Salazar Jaramillo, por el trámite
efectuado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado número 76109-33-33-001-2025-00080-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Refirió que tiene 73 años, norecibe salario ni pensión y vive en condiciones
económicas y de salud “[…] precarias […]”.
2.2. Relató que prestó servicio militar desde el 24 de febrero de 1971, trabajó en
Telecom por un periodo comprendido desde el 4 de enero de 1973 hasta 31 de agosto
de 1988 “[…] fecha en la cual fui despedido sin justa causa […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00102-01
Accionante: Víctor Danilo Camacho Fernández
2.3. Indicóque el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura
mediante auto de 22 de octubre de 2024 le concedió el amparo de pobreza y le
designó al abogado Andrés Felipe Salazar Jaramillo, para que lo representara en la
interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento, con el fin de solicitar
la nulidad del acto ficto nacido de la petición de 11 de abril de 2022, por medio de la
cual se negó el reconocimiento de la pensión de vejez a Víctor Danilo Camacho.
3. Señaló que, el abogado Andrés Felipe Salazar Jaramillo presentó la demanda del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 76109-33-33-001-
2025-00080-00, la cual le fue asignada al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Buenaventura, autoridad que mediante auto de 1.° de agosto de 2025
admitió la demanda.
3.1. Sostuvo que desde la asignación del abogado Andrés Felipe Salazar Jaramillo ha
tratado de comunicarse con el abogado mediante llamadas telefónicas y correos
electrónicos, sin obtener respuesta alguna.
3.2. Comentó que, debido a la falta de comunicación entre él y su abogado, la demanda
“[…] fue mal estructurada […]” por cuanto contiene “[…] hechos incorrectos y
omisiones graves, y no refleja mi verdadera historia laboral ni militar […]”.
3.3. Manifestóque, dado que el proceso aún se encuentra en curso “[…] la
vulneración es actual, y de no intervenir el juez constitucional, el daño se
consolidará de manera irreparable, afectando el mínimo vital […]”.
III. PRETENSIONES
4. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, defensa
técnica efectiva, mínimo vital y seguridad social.
2. ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE
BUENAVENTURA:
• Conceder término inmediato para la aclaración, corrección o reforma de
la demanda.
• Garantizar mi participación real y efectiva, directa o mediante abogado de
confianza.
• Suspender el trámite procesal hasta que se subsane la irregularidad.
3. ORDENAR que se deje constancia expresa en el expediente de que la
demanda inicial fue presentada sin contacto con el demandante, por causa
imputable al abogado de oficio.
4. REQUERIR al abogado de oficio para que rinda explicación formal sobre
su actuación y la afirmación de no haber logrado ubicarse […]”. [Negrilla del
texto]
3
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00102-01
Accionante: Víctor Danilo Camacho Fernández
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
5. Mediante auto de 6 de febrero de 2026, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la acción de
tutela y negó la medida provisional solicitada.
V. INTERVENCIONES
6. Una vez efectuada la notificación a los accionados, se allegaron los siguientes
informes:
6.1. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura
informó que dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
núm. 76109-33-33-001-2025-00080-00, se concedió el amparo de pobreza al
accionante, para lo cual se le asignó al abogado Andrés Felipe Salazar Jaramillo
con el fin de que lo representara.
6.2. Indicó que, una vez surtidas las etapas procesales del medio de control antes
citado, mediante auto de 22 de enero de 2026 se corrió traslado a las partes para
presentar alegatos de conclusión.
6.3. Solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, toda vez que esta no
constituye un mecanismo alternativo para controvertir las actuaciones judiciales.
6.4. El abogado Andrés Felipe Salazar Jaramillo puso en conocimiento que la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada con la
información que reposa en la historia laboral del señor Víctor Danilo Camacho
Fernández emitida por la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
el 5 de abril de 2022.
6.5. Señaló que ha actuado con diligencia durante el trámite del proceso contencioso,
por lo que no se configura la vulneración de los derechos fundamentales indicados
por el accionante. Por lo que solicitó que se declare la improcedencia del
mecanismo constitucional.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
7. Mediante fallo de tutela de 17 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca declaró improcedente la acción de amparo, al concluir que “[…] el
control sobre la función del apoderado designado por el despacho judicial debe
plantearse al interior del proceso para que el juez de ese asunto pueda evaluar esa
situación y no el juez de tutela […]”.
8. El juez de primera instancia señaló que “[…] el accionante pretende que se
retrotraiga la actuación procesal que actualmente se encuentra en la etapa para
proferir la sentencia de fondo y se dé la oportunidad para que se reforme la
4
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00102-01
Accionante: Víctor Danilo Camacho Fernández
demanda. […]”, sin embargo, se observó que “[…] el accionante no ha presentado
solicitud en el proceso ordinario para que se estudie lo planteado en esta acción,
esto es, el cambio de apoderado o la revisión de las actuaciones llevadas a cabo
en cada etapa procesal correspondiente […]”.
9. Por lo anterior, advirtió que “[…] la controversia planteada versa sobre un asunto
meramente legal que debe ser resuelto por el juzgado accionado, puesto que es el
juez natural del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
10. El accionante impugnó el fallo de primera instancia y señaló que “[…] la Sala
omitió valorar que el asunto trasciende la legalidad procesal y compromete
directamente el núcleo esencial del derecho fundamental a la defensa técnica
efectiva en un proceso penal complejo […]”.
11. Indicó que el apoderado designado por amparo de pobreza omitió señalar en la
demanda que “[…] Mi historia laboral inicia el 24 de febrero de 1971 como Infante
de Marina, hasta el 29 de febrero de 1973. Durante ese período el país se
encontraba bajo Estado de Sitio conforme al Decreto 250 de 1971. La Ley 6ª de
1945 establece un cómputo especial del tiempo prestado en condiciones de guerra
o alteración del orden público […]”.
12. Refirió que “[…] el 4 de febrero de 1973 ingresé a la empresa estatal Telecom,
siendo posesionado el 26 de agosto de 1973 y laborando hasta el 31 de agosto de
1988. El régimen aplicable estaba contenido en los Decretos 2000 y 2001 de 1987.
Mi cargo era de excepción dentro del régimen especial. […]”, adicional a que “[…]
era directivo sindical [y] mi despido se produjo sin autorización judicial previa, lo que
compromete estabilidad laboral reforzada […]”.
13. Asimismo, señaló que en el proceso ordinario no se solicitaron las pretensiones
de “[…] pensión sanción por despido injusto [y] pretensiones subsidiarias frente a
eventual negativa principal […]”.
14. Informó que “[…] Con posterioridad a la sentencia de tutela […]” radiqué ante el
juzgado, una solicitud formal de revocatoria del poder del abogado asignado para
su representación.
15. Finalmente consideró que, de emitirse sentencia en el proceso contencioso sin
hacerse las respectivas correcciones a la demanda, se consolidará “[…] un daño
definitivo, se afecta mi derecho a la seguridad social [y] se comprometerá mi mínimo
vital […]”.
5
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00102-01
Accionante: Víctor Danilo Camacho Fernández
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
16. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.
VIII.2. Problemas jurídicos
17. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:
b) Determinar si los accionados vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, por el trámite efectuado dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
76109-33-33-001-2025-00080-00.
18. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela; para posteriormente;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela
19. De acuerdo con el artículo 5 del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:
“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector
Justicia y del Derecho”.
5 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan
los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
6
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00102-01
Accionante: Víctor Danilo Camacho Fernández
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito
[…]”.
20. A su vez, el artículo 6 del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:
“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.
21. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas.
Así las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de
tutela: la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiariedad.
VIII.4. El caso concreto
22. El señor Víctor Danilo Camacho Fernández solicitó, la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, mínimo vital y a la seguridad social, cuya
vulneración le atribuyó al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Buenaventura y al abogado Andrés Felipe Salazar Jaramillo, por el trámite
efectuado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado número 76109-33-33-001-2025-00080-00.
23. Precisadolo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de subsidiariedad.
VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito de procedencia de subsidiariedad
24. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
7
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00102-01
Accionante: Víctor Danilo Camacho Fernández
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
25. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
[…]”.
26. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza8], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
27. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”9. [subrayado fuera del texto]
8 Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
9 Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente:
Dr. Jorge Iván Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda
Espinosa.
8
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00102-01
Accionante: Víctor Danilo Camacho Fernández
28. En ese sentido, “[…] la jurisprudencia constitucional ha identificado tres causales
que conllevan a la improcedencia de la acción de tutela contra una providencia
judicial, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Estas son: “(i) el asunto
está en trámite10; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios11; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron
de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico12”13[…]”14.
[Subrayado fuera del texto].
29. Esta Sala de Decisión, en sentencia de 25 de abril de 2019, al respecto expuso
lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada como acción judicial sustitutiva de
los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que estos medios ordinarios no sean
idóneos o eficaces para proteger los derechos fundamentales controvertidos o
cuando la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable […]”15.
30. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
31. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
10 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
11 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es,
de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de
2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
12 “En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la misma resulta improcedente cuando se pretende
emplear para reabrir un asunto litigioso que por negligencia, descuido o distracción de las partes, se encuentra
debidamente resuelto (…)Entonces, por vía de tutela, no es viable revivir términos de caducidad agotados, en
la medida que se convertiría en un mecanismo que atentaría contra el principio de seguridad jurídica y se
desnaturalizaría el propósito mismo de la acción constitucional de protección de los derechos fundamentales.”.
Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En la sentencia T-396 de 2014
se declaró la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto no se cumplió el requisito de subsidiariedad, en
el análisis del caso concreto se afirmó: “Bajo esas condiciones, esta Sala de Revisión confirmará el fallo
mencionado teniendo en cuenta que la acción presentada por el señor Emen Quinayas incumple el requisito
de subsidiariedad en la medida en que no fue presentado el recurso de apelación contra la sentencia que
resolvió la acción popular, lo que es suficiente para declarar la improcedencia de la tutela contra providencia
judicial” Corte Constitucional, Sentencia T-396 de 2014, M.P. Esta subregla también fue aplicada en la
sentencia T-006 de 2015, en la que la se afirmó: “la acción de tutela es improcedente, ya que por negligencia
o descuido del actor no puede pretender que a través de este medio se reabran etapas procesales que se
encuentran debidamente resueltas por no haber presentado a tiempo los respectivos recursos en el desarrollo
del proceso ordinario laboral. Así, al no cumplir la tutela con uno de los requisitos generales de procedibilidad,
relativo al agotamiento de los medios ordinarios de defensa judicial, la Sala se abstendrá de emitir
pronunciamiento alguno respecto de los demás criterios generales y específicos de procedibilidad”.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 16 de enero de 2017, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de
2019, expediente número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
9
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00102-01
Accionante: Víctor Danilo Camacho Fernández
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
32. En relación con tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente:
“[…] la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto
de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un mecanismo necesario
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La
concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo
transitorio y como medidas precautelativas para garantizar la protección de los
derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados
[…]”.16
33. Además de lo anterior, esta Sección17 ha indicado que el requisito de
subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite el proceso
donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al respecto, señaló que:
“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se
encuentra en curso, la acción de tutela no es procedente para cuestionar
cualquier decisión adversa a las partes, aún luego de agotados los recursos
que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de
control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión que pone
fin al proceso.
Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela
como una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en
el trámite de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos,
y que, además, no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.
En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el
curso del proceso impidan el acceso a la administración de justicia y el derecho
a la tutela judicial efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios
judiciales de defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice
por cuanto, el medio de control aún está en trámite […]”. [Subrayado fuera del
texto].
34. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala procede a analizar si la
presente solicitud de amparo cumple o no el requisito general de procedibilidad
atinente a la subsidiariedad.
35. Descendiendo al caso objeto de estudio, se tiene que la parte accionante le
atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales al trámite efectuado en la
demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado número 76109-33-33-001-2025-00080-00, en razón a que: i) el abogado
16 Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-
03006-00.
10
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00102-01
Accionante: Víctor Danilo Camacho Fernández
designado para su representación elaboró y presentó la demanda de manera “[…]
incompleta […]”, al considerar que esta contiene “[…] hechos incorrectos y
omisiones graves, y no refleja mi verdadera historia laboral ni militar […]”, y en
consecuencia, solicita que se ordene: ii) al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Buenaventura “[…] conceder término inmediato para la corrección la
aclaración, corrección o reforma de la demanda […] suspender el trámite procesal
hasta que se subsane la irregularidad […]”.
36. De lo anterior se advierte que, en el caso objeto de estudio no se encuentra
acreditado que el accionante haya radicado solicitud alguna ante el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Buenaventura, mediante la cual expusiera
ante esa autoridad las circunstancias particulares que, a su juicio, vulneran sus
derechos fundamentales, por cuanto no reposa en el expediente del medio de
control y el accionante tampoco allegó documento que pruebe esa situación en la
acción constitucional.
37. LaSala observa que el medio de control respecto del cual el accionante le
atribuyó la afectación de sus garantías fundamentales aún se encuentra en trámite,
y, por ende, la intervención del juez constitucional se encuentra vedada. Ello en
tanto que, como se mencionó con anterioridad, es el mismo proceso ordinario el
escenario adecuado para hacer valer los derechos que las partes estiman
vulnerados.
38. En este sentido, la Sala considera que corresponde al interesado presentar la
respectiva solicitud ante la autoridad judicial competente, pues esta no se encuentra
obligada a tramitar un asunto que no ha sido puesto bajo su conocimiento. Por
consiguiente, será el juez natural del asunto el que adopte las medidas necesarias
en el marco de su autonomía e independencia para garantizar los derechos del
accionante dentro del respectivo proceso y frente al abogado designado.
39. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el proceso dentro del cual se alega la
supuesta afectación a las garantías fundamentales de la parte actora aún se
encuentra en trámite, la presente solicitud de amparo deviene en improcedente por
no satisfacer el requisito de subsidiariedad, máxime cuando de la revisión del
escrito de tutela no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable, con el
fin de que se habilitara la intervención del juez constitucional como mecanismo
transitorio.
40. Por lo expuesto, se confirmará el fallo impugnado que declaró la improcedencia
de la solicitud de tutela por no cumplir el requisito general de procedencia de
subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
11
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00102-01
Accionante: Víctor Danilo Camacho Fernández
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de febrero de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.