Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00167-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00167-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2026-00167-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2026-00167-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: LILIANA ROLDÁN SOTO
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA, POR NO
CUMPLIRSE EL REQUISITO GENERAL DE LA INMEDIATEZ.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la
sentencia de 16 de marzo de 2026, mediante la cual el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1 declaró improcedente
la solicitud de amparo.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora LILIANA ROLDÁN SOTO, actuando en nombre propio,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
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En adelante TRIBUNAL.
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Actora: LILIANA ROLDÁN SOTO
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE GUADALAJARA DE
BUGA2 al haber proferido el proveído de 2 de diciembre de 2019,
dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
número único de radicación 76111-33-33-003-2019-00236-00.
I.2.- Hechos
Indicó que, en calidad de cónyuge supérstite del señor JAVIER
JARAMILLO CARVAJAL (q.e.p.d.), el 10 de octubre de 2019
presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra el MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA3 y la
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA4, por la omisión de la
entidad territorial de incluir al occiso en la póliza de seguro de vida
grupal núm. 420 15-994000000558, pese a que para la fecha de su
muerte el contrato de seguro se encontraba vigente, lo que trajo
como consecuencia que esta última autoridad le negara el pago de la
indemnización como beneficiaria, causándole un daño antijurídico.
2
En adelante JUZGADO.
3
En adelante MUNICIPIO.
4
En adelante ASEGURADORA.
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Actora: LILIANA ROLDÁN SOTO
Señaló que el proceso fue identificado con el número único de
radicación 2019-00236-00 y le correspondió por reparto al
JUZGADO que, mediante proveído de 2 de diciembre de 2019,
admitió la demanda limitándose a verificar el cumplimiento de los
requisitos formales, ordenó notificaciones y corrió traslados, sin
advertir la ausencia de un requisito de procedibilidad esencial, esto
es, el agotamiento del requisito de la conciliación prejudicial.
Sostuvo que el JUZGADO no ejerció el control de legalidad preliminar
que le impone el artículo 170 del CPACA y admitió una demanda que
no cumplía con un presupuesto procesal indispensable para su
validez y trámite, por lo que las entidades allí demandadas en sus
contestaciones propusieron como excepciones previas la "Falta de
requisitos formales de la demanda" y la "Inepta demanda por no
agotar conciliación prejudicial".
Aseguró que, como consecuencia de lo anterior, mediante auto de 25
de noviembre de 2021, el JUZGADO declaró la terminación del
proceso.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
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defecto procedimental absoluto por omisión en el control de
legalidad, toda vez que tenía la obligación de constatar el
agotamiento de la conciliación extrajudicial desde la admisión de la
demanda, debido a que lo dispuesto en el artículo 161 del CPACA no
es una simple formalidad sino un requisito de procedibilidad, sin el
cual el proceso no podía iniciar válidamente.
Recalcó que la vulneración de sus derechos no es un hecho del
pasado, por lo que la falta de decisión sobre la validez del proceso y
la consecuente imposibilidad de acceder a un fallo de fondo que
resuelva su situación frente a la pérdida de su esposo y la negativa
del seguro se mantiene en el tiempo.
Por último, afirmó que es una persona de la tercera edad, cuya
situación económica no es la mejor al depender de un ingreso familiar
que incluía el salario de su difunto esposo y que se vio afectado por
su muerte, por lo que, a su juicio, la prolongación indefinida del
proceso sin una decisión judicial clara genera una situación de
desamparo que justifica la intervención del juez constitucional.
I.4.- Pretensiones
La actora pretende que se amparen sus derechos fundamentales
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invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN
EFECTO el Auto Interlocutorio No. 1118 del 2 de diciembre de
2019, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito de Guadalajara de Buga, dentro del proceso de reparación
directa radicado No. 76-111-33-33-003-2019-00236-00.
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito de Guadalajara de Buga que, en un término no superior a
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este
fallo, proceda a:
1. REABRIR el proceso en el estado en que se encontraba antes
del auto admisorio.
2. INADMITIR la demanda presentada por la suscrita LILIANA
ROLDAN SOTO, concediéndome un término perentorio para que
acredite el agotamiento del requisito de procedibilidad de la
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación,
en los términos del artículo 161 del CPACA.
3. Una vez cumplido lo anterior, proceder a calificar nuevamente la
demanda y continuar con el trámite legal correspondiente,
garantizando en todo momento el derecho de defensa y
contradicción de las partes. Y que en consecuencia no opere la
prescripción a causa del vicio presentado y de la lesión en el tiempo
infringida. […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El JUZGADO se limitó a realizar un recuento del trámite
surtido dentro del medio de control de reparación directa objeto del
presente estudio.
I.5.2.- El MUNICIPIO y la ASEGURADORA, pese a ser notificados
en debida forma, guardaron silencio.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 16 de marzo de 2026, el TRIBUNAL declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, por no cumplirse
los requisitos generales de inmediatez y relevancia constitucional.
Explicó que, desde la ejecutoria del auto de 25 de noviembre de
2021, mediante el cual se dio por terminado el proceso, han
transcurrido 4 años, 2 meses y 27 días, superándose así el término
de 6 meses que se ha establecido como razonable.
Asimismo, señaló que, pese a que la solicitud de amparo está
debidamente motivada, no se cumplió el requisito de relevancia
constitucional, pues la actora pretende revivir el análisis que ya
efectuó el JUZGADO al momento de dar por terminado el proceso
por el incumplimiento del requisito formal de haber agotado la
conciliación prejudicial, desconociendo que la acción de tutela no es
una instancia adicional al proceso ordinario.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó
que se revoque y se amparen sus derechos fundamentales.
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Señaló que la jurisprudencia ha flexibilizado el requisito de la
inmediatez ante vulneraciones continuadas y sujetos de especial
protección, como ocurre en su caso, debido a que la violación de su
derecho al acceso a la administración de justicia no cesó el 25 de
noviembre de 2021 con la terminación del proceso, pues dicha
decisión la sumió en un limbo jurídico permanente, por lo que el daño
es actual y continuado. Lo anterior, sumado a su condición de adulta
mayor y viuda.
Manifestó que el presente caso sí reviste relevancia constitucional,
debido a que una vulneración grave al debido proceso es susceptible
de ser corregida mediante una acción de tutela contra providencia
judicial.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto núm. 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
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de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las Secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
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Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
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incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
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actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
deje sin efecto el proveído de 2 de diciembre de 2019, proferido
por el JUZGADO dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 2019-00236-00, que
admitió la demanda.
A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
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administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental
absoluto por omisión en el control de legalidad, toda vez que tenía
la obligación de constatar el agotamiento de la conciliación
extrajudicial desde la admisión de la demanda.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que, mediante sentencia de 16 de marzo de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir los requisitos
generales de inmediatez y relevancia constitucional.
Inconforme con lo anterior, la actora impugnó la decisión proferida
en primera instancia, afirmando que la jurisprudencia ha flexibilizado
el requisito de la inmediatez ante vulneraciones continuadas y
sujetos de especial protección, como ocurre en su caso, pues la
vulneración de sus derechos es actual y se debe tener en cuenta que
es adulta mayor y viuda. Además, sostuvo que el presente caso sí
reviste relevancia constitucional, debido a que una vulneración grave
al debido proceso es susceptible de ser corregida mediante una
acción de tutela contra providencia judicial.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
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confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen con los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de
ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos deprecados e incurrió en el defecto alegado.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la inmediatez.
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso
injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y
la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del
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mecanismo […]”5.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción
constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a
que exige un examen más riguroso en aras de preservar los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el
interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente
afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 6:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.
5
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
6
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
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En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo7:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.
[…]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha
sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo
significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta
claramente desproporcionado el control constitucional de una
providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.
[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.
[…]
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
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[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición
de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe
tener en cuenta los siguientes eventos:
(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de
un hecho nuevo e inesperado, entre otras8;
(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado9;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión10;
(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales11;
8
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
10
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
11
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
manifiesta12.
En este punto es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela
se solicita dejar sin efecto el proveído de 2 de diciembre de 2019,
proferido por el JUZGADO, mediante el cual se admitió la demanda
de reparación directa pese a que no se encontraba cumplido el
requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, la Sala hará
el estudio de la inmediatez frente a la providencia de 25 de
noviembre de 2021, a través de la cual se declaró la terminación
del referido proceso.
Precisado lo anterior, la Sala observa que de acuerdo con las
constancias obrantes en el expediente del proceso origen de la
controversia visible en el aplicativo de consulta SAMAI 13, la
providencia de 25 de noviembre de 2021 fue notificada por estado
electrónico el día siguiente.
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia se presentó el 2 de marzo de 2026, esto es,
transcurrido más de 4 años y 2 meses, superando así los 6
meses que han sido estimados por la jurisprudencia como término
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Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
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https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000202600
167001100103
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razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de la
providencia de 25 de noviembre de 2021.
Ahora bien, de los argumentos expuestos por la actora en el escrito
de impugnación, la Sala observa que la misma solicitó la
flexibilización en el conteo del término, bajo el argumento de que la
violación de su derecho al acceso a la administración de justicia no
cesó el 25 de noviembre de 2021 con la terminación del proceso,
pues dicha decisión la sumió en un limbo jurídico permanente, por lo
que el daño es actual y continuado. Lo anterior, sumado a su
condición de adulta mayor y viuda.
La Sala destaca que las razones aducidas por la actora no justifican
la inactividad o tardanza en la presentación de la solicitud de
amparo, toda vez que, contrario a lo afirmado por esta, el proceso
no se encuentra en un limbo jurídico comoquiera que ya se declaró
su terminación por el incumplimiento de los requisitos de
procedibilidad, por lo que desde la notificación de dicha decisión,
aquella podía haber hecho uso de la acción de tutela contra
providencia judicial.
Aunado a lo anterior, el argumento relativo a su condición de adulta
mayor y viuda, para la Sala tampoco justifica la tardanza en la
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solicitud de amparo ni tal circunstancia demuestra por sí sola que se
encontrara en un estado de debilidad manifiesta, pues, no se
enmarca en alguno de los supuestos establecidos por la
jurisprudencia constitucional que puedan excusar su presentación
por fuera del término razonable establecido.
Se destaca que, en la sentencia SU-354 de 201714, la Corte
Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito de
inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para
resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses
establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las
particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que
existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
instauración de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se
observa en el presente caso.
Así las cosas, la Sala advierte que el incumplimiento del mencionado
requisito resulta suficiente para declarar la improcedencia de la
presente acción de tutela, por lo que no se hará pronunciamiento
alguno frente al requisito de la relevancia constitucional.
Consecuente con lo anterior, se confirmará la decisión del a quo que
declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la actora
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Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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por no cumplir el requisito general de la inmediatez, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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