Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00193-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00193-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2026-00193-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00193-01
Accionante: Alejandro Mejía Barrios
Accionados: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y otro1
Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos fundamentales
al trabajo, acceso a los cargos públicos, igualdad y debido
proceso
Decisión: Revocar la decisión de primer grado para, en su lugar, declarar
carencia actual de objeto por hecho sobreviniente
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte actora contra la providencia del 20 de marzo
de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó el
amparo.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El señor Alejandro Mejía Barrios se inscribió en el concurso de méritos 2497 de
2022, adelantado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para
proveer vacantes definitivas en su planta de personal, en el que aspiró al cargo
de Analista IV, Código 204, Grado 4, identificado con la OPEC No. 198354,
perteneciente al nivel técnico, para el cual se ofertaron 9 vacantes.
3. Así las cosas, superado el proceso de selección, indicó que, mediante la
Resolución 7335 del 12 de marzo de 2024 expedida por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, se integró la lista de elegibles en la que ocupó el puesto 41, la cual
adquirió firmeza el 21 de marzo de 2024 y tenía una vigencia de 2 años.
4. Señaló que el proceso de selección se adelantó bajo la vigencia del Decreto Ley
071 de 2020, posteriormente derogado por el Decreto Ley 927 del 7 de junio de
2023.
5. Asimismo, manifestó que, con anterioridad a la expedición del Decreto Ley 927
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de 2023, el 21 de marzo de ese mismo año se expidió el Decreto 0419 de 2023,
mediante el cual se amplió la planta de personal de la DIAN, por lo que se crearon
10.207 cargos, dentro de los cuales se incluyeron 230 cargos de Analista IV,
Código 204, Grado 4, empleo al cual aspiró.
2.2. Fundamento jurídico
6. La parte actora alegó que las entidades demandadas deben proveer los cargos
ofertados en estricto orden de mérito, mediante el uso de las listas de elegibles,
teniendo en cuenta que estas se encontraban próximas a su vencimiento. En
consecuencia, requirió que se ordene su nombramiento en el cargo de analista IV,
código 204, Grado 4.
2.3. Pretensiones
7. Con ocasión de lo anterior, solicitó:
«(…)
Se ordene a las demandadas el cumplimiento del Acuerdo №
CNT2022AC000008 29 de diciembre de 2022, al Decreto-ley 419 de 2023
que amplió la planta de cargos de la DIAN, al Decreto 927 de 2023, a la
sentencia C-197 de 2025 de la Corte Constitucional y a la Resolución 7335
de 12 de marzo de 2024 de la Comisión Nacional del Servicio Civil que
estableció lista de elegibles.
Como consecuencia de lo anterior, se ordene realizar el nombramiento
correspondiente, en el cargo de ANALISTA IV, Código 204, Grado 4 (OPEC
198354).» (Sic a toda la cita).
2.4. Trámite procesal
8. Es menester indicar que el señor Alejandro Mejía Barrios promovió una acción
de cumplimiento en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y
la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el propósito de que se diera
cumplimiento al Acuerdo CNT2022AC000008 del 29 de diciembre de 2022, a la
Resolución 7335 de 12 de marzo de 2024, a la sentencia C-197 de 2025 de la
Corte Constitucional y a los Decretos 419 de 2023 y 927 de 2023.
9. Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante auto del
9 de marzo de 2026 ordenó adecuar la acción de cumplimiento a una demanda
de tutela. Asimismo, admitió la solicitud de amparo, notificó a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales y a la Comisión Nacional del Servicio Civil como
accionados y negó la medida cautelar.
2.5. Intervenciones
10. La Comisión Nacional del Servicio Civil informó que el accionante ocupa la
posición 41, razón por la que su eventual nombramiento depende no solo de la
vigencia de la lista establecida hasta el 20 de marzo de 2026 mediante Resolución
7335 del 12 de marzo de 2024, sino también de la dinámica de movilidad propia
de estas, sujeta a las situaciones administrativas que generen vacantes
definitivas.
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11. Adicionalmente, señaló que en el marco del Proceso de Selección DIAN 2022
– Ingreso, se ofertaron 9 vacantes del empleo analista IV, Código 204, Grado 4
(OPEC No. 198354), pero durante su provisión se presentó una novedad de retiro
del elegible en posición 8, lo que permitió a la CNSC autorizar el uso de la lista
hasta la posición 10. Adicionalmente, verificó que la DIAN reportó trece 13 nuevas
vacantes definitivas para el mismo empleo, las cuales fueron susceptibles de
provisión con la lista, motivo por el cual la CNSC autorizó su uso hasta la posición
22.
12. No obstante, el estado actual de provisión de dichas vacantes no había sido
reportado por la entidad nominadora, siendo esta la competente exclusiva para
administrar y actualizar la información relacionada con su planta de personal, la
cual podía variar según sus necesidades y dinámicas internas.
13. De otra parte, indicó que las personas que ocuparon los lugares equivalentes
al número de vacantes convocadas tienen un derecho subjetivo y adquirido a ser
nombrados en período de prueba en el cargo para el cual concursaron, de suerte
que respecto de ellos existía una situación jurídica consolidada que impide la
aplicación de una nueva ley que afecte o altere dicha condición.
14. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de quienes ocuparon un lugar en la
lista que excedía el número de vacantes a proveer, por cuanto estos aspirantes
únicamente tienen una expectativa de ser nombrados, cuando quiera que, quienes
los antecedan en la lista, se encuentren en alguna de las causales de retiro
contenidas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.
15. De otra parte, solicitó que se declaré la falta de legitimación en la causa por
pasiva, pues, no tiene competencia para administrar la planta de personal de la
DIAN.
16. No se rindieron más informes.
2.6. Sentencia impugnada
17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 20 de
marzo de 2026 negó el amparo, al considerar que no se acreditó que se
encontraba en una posición de elegibilidad para acceder al empleo de Analista IV,
código 204, grado 4, identificado con el código OPEC No. 198354.
18. Al respecto, indicó que la lista de elegibles fue utilizada hasta la posición 22,
por lo tanto, el actor no se encontraba en posición de elegibilidad, pues luego del
proceso de desempate quedó ubicado en la posición 45 en el correspondiente
registro de elegibles, es decir, que delante existían 23 personas con mejores
puntajes y que en principio de existir las vacantes tendrían mejor derecho que el
accionante para acceder al empleo.
19. Finalmente, advirtió que, si bien en asuntos similares, se ha concedido el
amparo, lo cierto es que esto ha ocurrido cuando la parte interesada ha
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demostrado que ocupa un lugar de elegibilidad y existe una vacante disponible.
Sin embargo, dicha circunstancia no se presentó en el caso bajo estudio.
2.7. Impugnación
20. La parte actora presentó impugnación para lo cual solicitó que se revoque la
decisión de primera instancia.
21. De otra parte, presentó «solicitud de nulidad», al considerar que «el cambio de
la acción de cumplimiento a tutela acortó los términos e implicó la eliminación de
otras etapas muy importantes».
22. Así las cosas, sostuvo que «cuando se convirtió la acción de cumplimiento a
tutela hubo un principio de certeza, de análisis previo, de que mis derechos podían
tener protección, lo que no ocurrió, porque creo esa transformación no puede
ocurrir de manera automática, como si fuera un simple trámite administrativo, lo
que condujo a una sentencia apurada sin poder estudiar el asunto a fondo»
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
23. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De la solicitud de desvinculación
24. Sobre el particular, se tiene que, si la Comisión Nacional del Servicio Civil,
solicitan la desvinculación del presente proceso por falta de legitimación en la
causa por pasiva, lo cierto es que esta Sala no encuentra mérito suficiente para
acceder a dicha pretensión, toda vez que fue vinculado como tercero con interés
en el resultado del proceso.
3.2.2. De la solicitud de nulidad
25. La parte actora en el escrito de impugnación presentó una petición a la que
denominó «solicitud de nulidad», al considerar que la adecuación de la demanda
implicó «la eliminación de otras etapas muy importantes».
26. Sobre el particular, la Sala estima pertinente pronunciarse al respecto en virtud
de los principios de economía procesal y celeridad.
27. Ahora bien, es menester indicar que el accionante no invoca ninguna causal
de nulidad; así como tampoco, presentó recurso alguno contra la decisión del 9
de marzo de 2026, en la se le ordenó adecuar la demanda, por lo que pareciese
que su inconformidad es con la decisión que no resultó favorable a sus
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pretensiones cuando manifiesta «hubo un principio de certeza, de análisis previo,
de que mis derechos podían tener protección, lo que no ocurrió».
28. En ese orden, la Sala considera que en el trámite de primera instancia el ad
quem no incurrió en ninguna irregularidad en la medida que, en virtud de lo
preceptuado en el artículo 9 de la Ley 393 de 1997, el Tribunal se encontraba
facultado para determinar que los derechos invocados podían ser garantizados a
través del mecanismo constitucional. Disposición normativa que prevé:
«Artículo 9: impredecibilidad. La Acción de Cumplimiento no procederá para la
protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de
Tutela. En estos eventos, el Juez le dará a la solicitud el trámite correspondiente
al derecho de Tutela.
Tampoco procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o Acto Administrativo,
salvo, que de no proceder el Juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el
accionante.»
29. En ese orden de ideas, la Subsección observa que el Tribunal consideró
pertinente que se debía adecuar la acción de cumplimiento a una demanda de
tutela, lo que de ninguna manera significaba la concesión de las pretensiones
como lo infiere el demandante.
30. Así las cosas, para la Sala no tiene vocación de prosperidad lo solicitado por
la parte actora en el escrito de impugnación, conforme a lo expuesto en
precedencia.
3.3. Problema jurídico
31. De conformidad con los antecedentes descritos, el problema jurídico se
circunscribe a determinar si las entidades demandadas vulneraron los derechos
fundamentales al trabajo, acceso a los cargos públicos, igualdad y debido
proceso, al no efectuar su nombramiento en el cargo de analista IV, código 204,
grado 4.
32. Previo a resolver el problema jurídico, la Sala estima pertinente pronunciarse
respecto de una posible carencia actual de hecho sobreviniente, teniendo en
cuenta que la Comisión Nacional del Servicio Civil en el informe señaló que la lista
de elegibles se encontraba vigente hasta el 20 de marzo de 2026.
3.4. De la carencia actual de objeto por situación sobreviniente
33. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 fue creada para
proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando
estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades y por
particulares, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice para evitar un perjuicio irremediable.
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34. Al respecto, la jurisprudencia constitucional vigente ha señalado que es posible
acudir a la acción de tutela para obtener la protección material de los derechos
fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones
judiciales.
35. Sin embargo, es factible que durante el trámite de tutela ocurran nuevas
circunstancias que alteren la situación jurídica que motivó su interposición, dando
lugar a la carencia actual de objeto por situación sobreviniente, fenómeno que le
impide al juez emitir un pronunciamiento de fondo, en la medida en que la presunta
vulneración o transgresión del derecho fundamental respecto del que se pretendía
su salvaguarda ha cesado o se ha satisfecho por hechos posteriores a la
presentación de la acción de tutela.
36. Sobre el particular, la Corte Constitucional2 ha señalado que el hecho
sobreviniente remite a cualquier otra circunstancia que determine que, igualmente,
la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no
surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío.
3.4.1. Caso concreto
37. En el presente asunto, la parte actora considera que las entidades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, acceso a los cargos públicos,
igualdad y debido proceso, toda vez que a la fecha no se ha efectuado su
nombramiento en el cargo de analista IV, código 204, Grado 4.
38. Así las cosas, sostiene que las entidades demandadas deben proveer los
cargos ofertados en estricto orden de mérito, mediante el uso de las listas de
elegibles, teniendo en cuenta que estas se encuentran próximas a su vencimiento.
39. Sobre el particular, la Sala observa que la CNSC mediante la Resolución
2024RES-400.300.24-023412 del 12 de marzo de 2024 resolvió:
«ARTÍCULO PRIMERO. Conformar y adoptar la Lista de Elegibles para
proveer nueve (9) vacante(s) definitiva (s) del empleo denominado
ANALISTA IV, Código 204, Grado 4, identificado con el Código OPEC No.
198354, del Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de personal
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN, ofertado con Proceso de Selección DIAN 2022 - en la
modalidad de Ingreso, así:
POSICIÓN TIPO DE IDENTIFICACIÓN NOMBRES APELLIDOS PUNTAJE
DOCUMENTO
(…) (…) (…) (…) (…)
41 CC 1113780854 ALEJANDRO MEJÍA 80.73
BARRIOS
ARTÍCULO SEXTO . La Lista de Elegibles conformada y adoptada mediante la
presente Resolución, tendrá una vigencia de dos (2) años, contados a partir de
la fecha en que se produzca su firmeza total, conforme lo establecen los artículos
2 Sentencia SU – 225 de 2013.
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36 y 40 del Acuerdo de este proceso de selección, en aplicación del inciso primero
del artículo 34 del Decreto Ley 71 de 2020.»
40. Asimismo, consultado el Banco Nacional de Listas de Elegibles se tiene que la
lista se venció el 21 de marzo de 2026, como se pasa a ver a continuación:
41. Así las cosas, esta Subsección deberá determinar si, en relación con la acción
de tutela de referencia, se configura la carencia actual de objeto por situación
sobreviniente, como consecuencia de que la lista de elegibles a la fecha se
encuentra vencida.
42. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia SU 522
de 2019 señaló:
«El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija
casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y
hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia que
determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la
demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”. No
se trata entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada.»
43. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que a la fecha la lista de elegibles
venció, para la Sala el objeto de la acción de tutela ya no puede ser satisfecho y
cualquier orden que pudiera emitir el juez constitucional sería ineficaz e inane.
44. En consecuencia, esta Subsección procederá a revocar la decisión de primer
grado que negó el amparo para, en su lugar, declarar configurada la carencia
actual de objeto por situación sobreviniente, máxime si se tiene en cuenta que el
actor no se encontraba en una posición de elegibilidad, en la medida que ocupó
la posición 41 en la lista de elegible, la cual fue utilizada hasta la posición 22, esto,
de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente proveído.
45. En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
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FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 20 de marzo de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se declaró negó el
amparo, en su lugar:
SEGUNDO: DECLARAR carencia actual de objeto por situación sobreviniente en
relación con la acción de tutela presentada por el señor Alejandro Mejía Barrios,
por los argumentos desarrollados en esta decisión judicial.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIERREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPAC
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