Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00213-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00213-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2026-00213-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
5 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., cinco (05) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 76001-2333-000-2026-00213-01
Accionante: María Leonisa Vinasco Ríos
Accionado: Juzgado Veinte Administrativo de Cali y otros
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta contra la sentencia proferida el 24 de
marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 3 de marzo de 20261, María Leonisa Vinasco Ríos, a través de apoderado,
interpuso acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos al debido
proceso, vida digna y mínimo vital, que considera vulnerados por el Juzgado Veinte
Administrativo de Cali, debido a que, a través del auto del 31 de marzo de 2025,
declaró superada la etapa de excepciones previas, en el marco del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, radicado
76-001-33-33-020-2022-00172-00, interpuesto por la Administradora Colombiana
de Pensiones (COLPENSIONES) en su contra.
2. Hechos
2.1. La accionante manifiesta que prestó sus servicios por más de 20 años en el
Ministerio de Minas y Energía. Posteriormente, la extinta CAJANAL le reconoció una
pensión de jubilación mediante Resolución 026843 de 1998.
2.2. La actora señala que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) requirió a la
Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) el reconocimiento de una
pensión compartida, razón por la que esta última entidad emitió las Resoluciones
1
Índice 3 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado E68D5EB5C8AC769A D6674A708A473BD9
C268E166EF78B5CD 259D89293A440F5D.
2
Índice 3 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 473CFF9EFA9282F3 62C627F15D6DF389
764AA8340388B391 5DEE96DC93E42333.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: María Leonisa Vinasco Ríos
Accionado: Juzgado Veinte Administrativo de Cali y otros
SUB 30415 y 84743 de 2022, mediante las cuales, afirma, reconoció una segunda
pensión de vejez utilizando los mismos tiempos de servicio (1974-1996) tenidos en
cuenta por la extinta CAJANAL en 1998.
2.3. La UGPP presentó demanda contra María Leonisa Vinasco Ríos ante el Juzgado
Quinto Administrativo de Manizales.
2.4. De su lado, la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES)
presentó demanda3 contra María Leonisa Vinasco Ríos con el fin de que se
declarara la nulidad de las Resoluciones SUB 30415 y 84743 de 2022. A título de
restablecimiento del derecho, solicitó, entre otras cosas, ordenar a la demandada
reintegrar, de manera indexada, los valores cancelados a título de pensión
compartida, retroactivo y aportes en salud, desde su ingreso a nómina hasta que
cese su pago en virtud de la nulidad.
2.5. Este último proceso cursa en el Juzgado Veinte Administrativo de Cali, ante
quien la hoy actora afirma haber radicado solicitud de desvinculación por falta de
legitimación pasiva y la contestación de la demanda.
2.6. Mediante auto del 3 de marzo de 2026, el Juzgado Veinte Administrativo de Cali
no emitió pronunciamiento frente a las excepciones planteadas por la entonces
demandada, con fundamento en que “si bien se allegó escrito de contestación, este
corresponde en realidad a una demanda tramitada dentro de un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho en lesividad, radicado bajo el No. 2023-00098-00,
que cursa ante el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Manizales.”
En consecuencia, declaró superada la etapa de excepciones previas, fijó el litigio,
decretó pruebas y corrió traslado a las partes por el término de 10 días siguientes a
la ejecutoria de esa providencia para la presentación de los alegatos de conclusión.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que:
3
Archivo denominado “5_RADICACIONOAEXPEDIENTEDIGITALALDESPACHO_CC_24747081_MARIA_VI(.pdf) NroActua
2” visible en “Gestión de documentos” de SAMAI del Juzgado Veinte Administrativo de Cali.
3
Sentencia de segunda instancia
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3.1. La autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental absoluto,
porque, bajo el argumento de que el escrito de defensa contenía un error en su
encabezado, al estar dirigido al Juzgado Administrativo de Manizales, dejó a la
accionante “en estado de indefensión y a punto de perder su mínimo vital”. Por lo
tanto, desconoció el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas, así como su condición de sujeto de especial protección constitucional, en
atención a que cuenta con 82 años de edad.
3.2. La UGPP, al percatarse del error, expidió el Auto ADP 001455 del 31 de marzo
de 2022, a través del cual concluyó que las pensiones reconocidas son de
naturaleza legal y generan incompatibilidad en los términos del artículo 128 de la
Constitución Política. Determinó que COLPENSIONES erró al compartir la prestación
con CAJANAL “cuando debió hacerlo con la pensión convencional de MINERCOL
(Res. 96/1996)”. A raíz de esto, la UGPP ordenó devolver $50.889.702 a
COLPENSIONES, pues esa suma fue girada erróneamente como retroactivo.
En consecuencia, a su juicio, se probó “que el problema es un trámite interno y fiscal
entre entidades”. Forzarla a ejercer su defensa en 2 ciudades diferentes es un “acto
de desidia estatal”, porque “dos entidades no logran concertar la anulación o
revocatoria directa de un acto irregular expedido por ellas mismas”.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales invocados en favor de la accionante,
dada su condición de adulta mayor (82 años) y sujeto de especial protección.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS el Auto Interlocutorio No. 02-073 del 03 de marzo
de 2026 proferido por el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Cali (Rad. 2022-
00172-00), por vulnerar el derecho a la defensa y constituir un exceso ritual manifiesto.
TERCERA: ORDENAR al Juzgado Veinte (20) Administrativo de Cali y, por exhorto, al
Juzgado Quinto (05) Administrativo de Manizales (Rad. 2023-00098- 00), que procedan
a proferir auto decretando la DESVINCULACIÓN INMEDIATA de la señora María
Leonisa Vinasco Ríos de ambos procesos, por falta de legitimación en la causa por
pasiva, declarando que el litigio debe continuar exclusivamente entre las entidades
UGPP y COLPENSIONES para dirimir su controversia interna sobre los recobros y la
incompatibilidad pensional.
CUARTA: ORDENAR A COLPENSIONES y a la UGPP que se abstengan de suspender,
retener o afectar el pago de la pensión de vejez legal adquirida por mi poderdante
4
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mediante Resolución No. 026843 de 1998 de CAJANAL, garantizando su mínimo vital
continuo e ininterrumpido.”4 (Resaltado original del texto).
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 11 de marzo de 20265, se admitió la acción de tutela y se
señaló que también se tendría como accionados a COLPENSIONES y a la UGPP, dado
que una de las pretensiones de la acción está planteada para que esas dos
entidades se “abstengan de suspender, retener o afectar el pago de la pensión de
vejez” de la accionante. También se dispuso la notificación a las partes.
5.2. COLPENSIONES6 aseveró que “el accionante no demuestra que la mora en su
caso obedezca a dilaciones injustificadas”, de manera que acceder a lo pretendido
vulneraría el derecho a la igualdad “de aquellos quienes también llevan tiempo
esperando la resolución de las decisiones judiciales”.
5.3. La UGPP7 afirmó que la accionante no demuestra la configuración de un perjuicio
irremediable, aunado al hecho de que la acción de tutela es improcedente al no
cumplir los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. Asimismo, manifestó que el
juez natural de la causa ya se pronunció sobre el litigio a través de un estudio
profundo del caso.
5.4. El Juzgado Veinte Administrativo de Cali8 aseveró que la acción de tutela es
improcedente al no cumplir el requisito de subsidiariedad, porque la “accionante
cuenta con todos los mecanismos dispuestos por el ordenamiento jurídico para
cuestionar las decisiones judiciales con las cuales tenga desacuerdo”.
Precisó que la decisión reprochada observó la normatividad vigente, pues se
evidenció que la contestación de la demanda allegada no correspondía en cuanto a
las partes y la argumentación plasmada no guardaba relación con el proceso
conocido por ese juzgado. Así las cosas, dijo que en dicha contestación y en el
poder conferido se mencionó un proceso diferente, comoquiera que en el tramitado
en Cali actúa como parte demandante COLPENSIONES, y como demandada la señora
4
Índice 3 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 473CFF9EFA9282F3 62C627F15D6DF389
764AA8340388B391 5DEE96DC93E42333, folios 4 y 5.
5
Índice 5 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado C96D21787A232DC7
9D3FEA2467963E4A 34B8F37D281C170A 455FFD8C0DD98633.
6
Índice 10 de SAMAI, certificado E3796494938C8AD8 0CA1BBC29043F100 6C153DE804C68945 E3A387FD09575EB3,
ibid.
7
Índice 11 de SAMAI, certificado 55490AACF8DBCB4E 029FB1AC66685D21 B196186E633AE880 26E8BE62913F28AE,
ibid.
8
Índice 9 de SAMAI, certificado 780E75AFA9EEF8ED E1B774DED8FC0E94 2ACDEF6362C41650 5F5AE1A7146C3AE7,
ibid.
5
Sentencia de segunda instancia
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María Leonisa Vinasco Ríos; mientras que en el proceso de la ciudad de Manizales
el demandante es la UGPP y la demandada es COLPENSIONES.
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 24 de marzo de 20269, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró
improcedente la acción de tutela al no cumplir el requisito de subsidiariedad.
El a quo constitucional encontró acreditado que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se encuentra en curso y al interior de este la tutelante
presentó recurso de reposición contra el auto del 3 de marzo de 2026, el cual está
en trámite de resolverse. En consecuencia, señaló que al tratarse de un asunto
meramente legal, este debe ser resuelto por el juez natural.
Por su parte, afirmó que no se evidencia la configuración de un perjuicio
irremediable, pues el lapsus aludido por la accionante no se refiere solo al
encabezado, sino al contenido de otro acto administrativo diferente y otras partes,
aspectos que significan que el debido proceso no se encuentra amenazado.
7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación 10,
en el que reprodujo los argumentos expuestos en la acción de tutela y, además,
sostuvo lo siguiente:
El a quo constitucional omitió flexibilizar el requisito de subsidiariedad, pues se trata
de una persona de especial protección constitucional al tener 82 años de edad. La
Corte Constitucional en sentencias T-252 de 2017 y T-042 de 2016 señaló que,
cuando se trata de personas de la tercera edad cuyo mínimo vital depende
exclusivamente de su pensión, el juez de tutela no puede exigirles el agotamiento
inflexible de los recursos ordinarios si estos resultan ineficaces frente a un perjuicio
irremediable inminente.
9
Índice 14 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado D770F0A832923866 EC1A13368B0E57D5
4DB764F8DFA6A7D1 12A487C545577EE2.
10
Índice 17 de SAMAI, certificado 07A82FA4D30F2DAA A7D3098B481CFFBA 781A70A53DB35E02 2D28EC3D972E2830,
ibid.
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Adicionalmente, el mecanismo ordinario carece de idoneidad y eficacia material en
este momento, toda vez que en el auto cuestionado se cerró la etapa probatoria y
se dio traslado para proferir sentencia anticipada, con lo cual dejó por fuera todas
las excepciones y pruebas de la defensa.
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 17 de abril de 202611, el a quo concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer de la impugnación
presentada contra el fallo proferido el 24 de marzo de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
establecerá si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
11
Índice 21 de SAMAI, certificado 38187AF69F60DCCA FB5863F8660DBE52 2E91594B620AE880 A3DBFEDEC23DB432,
ibid.
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requisitos de procedibilidad12 y de procedencia13 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
4. El cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
4.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política claramente expresa que la
acción de tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de
defensa judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud
de amparo procede de forma excepcional: i) cuando, a pesar de existir otros
mecanismos, estos no son idóneos ni eficaces para la protección de los derechos
fundamentales, o ii) cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio
irremediable. En el primero de los casos, la orden de protección sería definitiva y,
en el segundo, transitoria.
Es pertinente recordar que la acción de tutela tiene un carácter residual y que,
tratándose de la censura de providencias judiciales, corresponde al juez verificar: i)
si el asunto está en trámite; ii) si el solicitante agotó todos los medios de defensa
ordinarios y extraordinarios; y iii) si se pretende su uso para revivir etapas
procesales en las que se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.
4.2. En el caso concreto, la accionante cuestiona, en esencia, que el censurado
incurrió en defecto procedimental absoluto, porque, bajo el argumento de que el
escrito de defensa contenía un error en su encabezado, al estar dirigido al Juzgado
Administrativo de Manizales, dejó a la accionante “en estado de indefensión y a
punto de perder su mínimo vital”. Por lo tanto, desconoció el principio de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, así como su condición de
sujeto de especial protección constitucional, en atención a que cuenta con 82 años
de edad.
4.3. Pues bien, la Sala advierte que el requisito general de subsidiariedad no se
satisface, porque el 8 de marzo de 2026 la accionante presentó recurso de
12
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
13
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
8
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reposición contra el auto del 3 de marzo de 2026 y en subsidio incidente de nulidad
de todo lo actuado a partir de esa decisión14.
4.4. Revisado el sistema SAMAI del Juzgado Veinte Administrativo de Cali, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado
76001333302020220017200, se advierte que el recurso de reposición y en subsidio
incidente de nulidad, aún se encuentran en trámite, sin que a la fecha de registro
del fallo se haya expedido una decisión que les ponga fin.
4.5. Esta Subsección precisa que no se puede desconocer que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática y reiterativa en señalar que “la acción de tutela no
procede de manera directa cuando el asunto está en trámite”15. Lo contrario llevaría
a desnaturalizar al mecanismo tutelar y a que el juez constitucional incurra en una
intromisión en asuntos que no son de su competencia, pues la Corte Constitucional
ha sostenido lo siguiente:
“De ningún modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda su
poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate
en un proceso, o en relación con el derecho que allí se controvierte.
No puede, por tanto, proferir resoluciones o mandatos que interfieran u obstaculicen
diligencias judiciales ya ordenadas por el juez de conocimiento, ni modificar providencias
por él dictadas, no solamente por cuanto ello representaría una invasión en la órbita
autónoma del juzgador y en la independencia y desconcentración que caracterizan a la
administración de justicia (artículo 228 C.N.), sino porque, al cambiar inopinadamente
las reglas predeterminadas por la ley en cuanto a las formas propias de cada juicio
(artículo 29 C.N.), quebrantaría abierta y gravemente los principios constitucionales del
debido proceso. Lo anterior sin tener en cuenta la ostensible falta de competencia que
podría acarrear la nulidad de los actos y diligencias producidos como consecuencia de
la decisión con los consiguientes perjuicios para las partes, la indebida prolongación de
los procesos y la congestión que, de extenderse, ocasionaría esta práctica en los
despachos judiciales.”.16
Bajo esta línea argumentativa, resulta claro que el juez de tutela no puede
concebirse ni actuar como juez de instancia o de conocimiento en lo relativo al
reconocimiento y protección de derechos fundamentales, en tanto el ordenamiento
jurídico ha previsto para las partes diversos mecanismos y recursos orientados a la
salvaguarda de sus intereses, los cuales deben ser oportunamente ejercidos por el
interesado, al constituir medios idóneos y eficaces para la defensa de sus derechos.
14
Índice 49 de SAMAI del Juzgado Veinte Administrativo de Cali, radicado 76001333302020220017200, certificado
0DFC84BD50DCEC4B 546E0C28A6054FC1 0750A935A156D284 AF4A19FF8E40BD0E.
15
Corte Constitucional, sentencia T-103 de 2014. Es de anotar que ya desde la sentencia C-543 de 1992 se dejó sentado
este postulado.
16
Sentencia C-543 de 1992.
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4.6. Ahora, en lo que respecta al perjuicio irremediable, la Sala tampoco advierte su
existencia17, máxime cuando, como se indicó, el asunto está en trámite y es ante el
juez natural donde la accionante debe buscar la defensa de sus derechos.
5. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite no se encuentra acreditado el
requisito de subsidiariedad; en consecuencia, la acción tuitiva resulta improcedente,
como lo concluyó el a quo, razón por la cual se confirmará la providencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 24 de marzo de 2026, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que declaró la improcedencia de
la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejero de Estado Consejera de Estado
17
Ha señalado la Corte Constitucional que, para la configuración del perjuicio irremediable, se exige que este sea (i) cierto,
en el entendido de que exista una convicción razonable sobre la amenaza o vulneración del derecho invocado; (ii) con una
alta probabilidad de ocurrencia, pues no puede tratarse de una simple conjetura o percepción del solicitante; y (iii) inminente,
de modo que esté por suceder en un tiempo cercano, sin que se trate de una mera expectativa. Ver, Corte Constitucional,
sentencia T-425 de 2019.
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