Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00347-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00347-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2026-00347-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00347-01
Accionante: RUTH TRUJILLO
Accionado: JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DE CALI
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra auto que cerró incidente de desacato. Se niega por
no configurarse los defectos alegados.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. La actora presentó tutela contra las providencias proferidas por el Juzgado
Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali, el 14 de abril de 2026, y el 29 de
abril del mismo año, en las que, dicha autoridad judicial se abstuvo de imponer
sanción de desacato y rechazó por improcedente el recurso de impugnación contra
la determinación dentro del trámite de tutela identificado con radicado 76001-33-33-
015-2021-00167-00. Con el fin de facilitar la exposición de los antecedentes, se
exponen los del proceso de tutela que llevó a la decisión cuestionada y luego las
pretensiones del escrito de amparo.
Antecedentes del proceso de amparo que llegó a la decisión cuestionada
2. En el año 2021, la tutelante, Ruth Trujillo promovió una primera acción de tutela
contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante
UARIV), debido a la falta de respuesta efectiva a su petición de pago de la
indemnización administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.
Mediante sentencia de 6 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca1, en sede de segunda instancia amparó el derecho de la actora, y ordenó a
la UARIV que le informe una fecha exacta para el desembolso de la indemnización
administrativa y el procedimiento que debe agotarse.
3. Ante el incumplimiento del contenido de la sentencia de amparo de octubre de
2021, la tutelante inició un incidente de desacato ante el juez de primera instancia,
Juzgado Quince (15) Administrativo del Circuito de Cali. Ante el requerimiento
judicial, la UARIV informó al juez del cumplimiento del fallo que notificó a la tutelante
del procedimiento y la metodología para la prelación en el pago.
1Ponencia suscrita por los magistrados Oscar Silvio Narváez Daza, Omar Edgar Borja Soto y
Eduardo Antonio Lubo Barros.
Radicación número: 76001-23-33-000-2026-00347-01
Accionante: Ruth Trujillo
Accionado: Juzgado Quince Administrativo de Cali
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
4. Según la tutelante, mediante auto de 14 de abril de 2026, esa autoridad judicial
declaró cumplida la orden judicial y dio por terminado el trámite. La tutelante
impugnó la decisión y mediante providencia de 29 de abril de 2026 se rechazó su
petición para revocar la determinación2.
5. La tutelante sostiene que el fallo continuó sin cumplirse, toda vez que no se le
indicó fecha exacta en la que se realizará el giro de la indemnización administrativa.
6. Indicó que la decisión atacada incurrió en defecto sustantivo por indebida
aplicación de los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, pues dicha disposición
normativa impone el deber a los jueces de cumplimiento, el deber constitucional de
adoptar medidas necesarias para garantizar la protección del derecho fundamental
protegido. Agregó que la ausencia de responsabilidad subjetiva para sancionar no
habilitaba al despacho para cerrar el trámite sin más. Aun si estimaba que no había
lugar a imponer arresto o multa, subsiste el deber de verificar si la orden de tutela
había sido cumplida materialmente y, de no ser así, adoptar medidas concretas para
asegurar su cumplimiento. Sostuvo que el juzgado confundió la improcedencia de
la sanción con la inexistencia de incumplimiento.
7. También se produjo violación directa de la Constitución por desconocimiento de
la eficacia de la acción de tutela, pues la decisión del Juez Quince (15)
Administrativo elimina la eficacia del fallo de amparo. Se produjo el defecto fáctico,
pues de los mismos informes remitidos por la UARIV se concluye que no se ha
cumplido el fallo. Se produjo desconocimiento del precedente constitucional, dado
que la Corte ha indicado que el incidente de desacato tiene como finalidad el
cumplimiento del fallo de tutela, principal responsabilidad del juez del cumplimiento.
8. Solicitó el amparo de sus derechos fundamentales, se deje sin efectos los autos
que cerraron el incidente de desacato, los que rechazaron el recurso de
impugnación, y estima que la sentencia de 6 de octubre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sigue sin cumplirse.
Trámite de la tutela en primera instancia.
9. El amparo fue repartido en primera instancia al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, quien, en auto de 29 de abril de 2026 admitió la acción de tutela contra
el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali, ordenó que se
vinculara a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas (UARIV). De otra parte, negó la medida provisional solicitada, entre
otras decisiones.
10. El Juzgado Quince (15) Administrativo accionado indicó que las providencias
fueron proferidas conforme la legalidad y constitucionalidad que rige las decisiones
de desacato. Explicó que contra la decisión que cierra un incidente de desacato
procede el grado jurisdiccional de consulta, siempre que se trata de una providencia
sancionatoria, caso contrario carece de recurso. Indicó que la UARIV informó al
2 Escrito de amparo, índice Samai 2.
Radicación número: 76001-23-33-000-2026-00347-01
Accionante: Ruth Trujillo
Accionado: Juzgado Quince Administrativo de Cali
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
juzgado, que aplicó la metodología para la priorización de pagos, y la tutelante no
resultó beneficiada, razón por la cual, no ha sido posible realizar el pago. Señaló
que existe una imposibilidad jurídica y fáctica para asignar una fecha exacta del
desembolso.
11. La UARIV solicitó la desvinculación del proceso de tutela, toda vez que, no
profirió la decisión cuestionada. Insistió en que cumplió sus funciones legales
conforme el artículo 1448 de 2011.
Sentencia de primera instancia
12. En fallo de 12 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
negó el amparo pues concluyó que la entidad accionada no incurrió en los defectos
alegados. Determinó que la decisión del juzgado se fundamentó en la valoración de
los informes remitidos por la UARIV y en aplicación del precedente de la Corte
Constitucional respecto a la metodología de la UARIV para determinar la fecha de
pago de la indemnización administrativa.
13. Concluyó que, si bien el Tribunal ordenó en 2021 informar una "fecha exacta",
dicha orden debe interpretarse en armonía con el marco legal de reparaciones y la
sostenibilidad fiscal. El juez de cumplimiento no puede modificar el fallo, pero sí
debe evaluar si las razones de la entidad para no cumplir (la no priorización técnica)
son legítimas. En este caso, el juzgado encontró que la UARIV no fue negligente,
sino que está atada a un procedimiento reglado que no ha favorecido a la actora, lo
cual constituye una justificación válida que impide la sanción por desacato.
14. Respecto a la decisión del juzgado relacionada con la imposibilidad de ejercer
el recurso de impugnación, el juez de tutela de primera instancia indicó que, el
precedente unificado es claro: contra el auto que resuelve un incidente de desacato
no procede recurso alguno, salvo la consulta cuando se impone sanción.
Impugnación3
15. Indicó que la vulneración persiste, pues la UARIV no le ha dado una respuesta
concreta de cuándo se realizará el pago de la indemnización administrativa. Precisó
que “si bien es cierto que la UARIV no está obligada a ofrecer una fecha exacta de
pago, ello no significa que pueda limitarse a brindar respuestas generales,
abstractas o indefinidas que mantengan a la víctima en incertidumbre permanente
frente a la materialización de su reparación”4. Según el precedente T-041 de 2025
precisó que la ausencia de obligación de informar una fecha exacta no exonera a
la UARIV del deber de suministrar información clara, completa, verificable y
actualizada sobre el trámite de indemnización.
16. Recordó que, la tutelante encuadra en el criterio de priorización previsto por la
propia regulación administrativa de la UARIV, dado que supera los 67 años y se
3 Índice Samai 19.
4 Folio 1 del escrito. Índice Samai 19.
Radicación número: 76001-23-33-000-2026-00347-01
Accionante: Ruth Trujillo
Accionado: Juzgado Quince Administrativo de Cali
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
encuentra clasificada en el Sisbén dentro del grupo B5, esto es, en condición de
pobreza moderada. Agregó que, la decisión de primera instancia incurre, entonces,
en una valoración insuficiente del caso concreto, porque acepta como válida la
actuación de la UARIV sin exigirle una motivación individualizada frente a las
condiciones reales de la accionante.
17. Solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, amparar los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
reparación integral, igualdad y mínimo vital de la tutelante. Como consecuencia de
la protección, solicitó que se dejara sin efectos, total o parcialmente, el Auto No. 207
del 14 de abril de 2026 y el Auto No. 263 del 29 de abril de 2026, proferidos por el
Juzgado Quince (15) Administrativo del Circuito Judicial de Cali, y se ordene a dicho
despacho reabrir o continuar el trámite de cumplimiento y desacato, con el fin de
verificar de manera real y material el cumplimiento de la orden constitucional
impartida el 6 de octubre de 2021.
18. Subsidiariamente, o como medida directa de protección, solicitó que se ordene
a la UARIV que, dentro de un término perentorio, emita una respuesta clara,
completa, congruente, motivada y actualizada dirigida a la actora en la que valore
de manera concreta su situación personal, especialmente su edad de 67 años, su
clasificación en el Sisbén B5 y su condición de víctima del conflicto armado;
determine si, conforme al numeral 8 del artículo 3 de la Resolución No. 0223 de
2013, la accionante debe ser priorizada para el acceso a la indemnización; informe
cuáles son los recursos apropiados y ejecutados para cumplir con el pago de
indemnizaciones ordenadas judicialmente en la vigencia en curso; indique el
número promedio de personas indemnizadas por año en cada vigencia, según los
recursos disponibles; señale el turno, posición o estado real de la accionante dentro
del trámite correspondiente e informe de manera aproximada cuánto tiempo deberá
esperar la accionante para el pago de su indemnización, sin que ello implique exigir
una fecha exacta de desembolso.
CONSIDERACIONES
Competencia
19. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Cuestión previa: resolución de la manifestación de impedimento
20. En desarrollo de la segunda instancia de la presente acción de tutela, el
consejero de Estado José Roberto Sáchica Méndez manifestó impedimento5, pues,
en el año 2022, dentro del radicado 11001-03-15-000-2022-02006-00, conoció de
5 Índice Samai 5.
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Accionante: Ruth Trujillo
Accionado: Juzgado Quince Administrativo de Cali
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
una tutela que cuestionaba un incidente adelantado contra el funcionario encargado
de cumplir el fallo -el director UARIV- que la actora hoy denuncia incumplido.
21. En materia de tutela, aplican las causales de impedimento previstas en el
artículo 56 de la Ley 906 de 2004, derivado de la remisión que realiza en esa materia
el Decreto 2591 de 19916. Dicha normatividad, en el numeral 4°, prescribe que es
causal de impedimento que un funcionario judicial “haya (…) manifestado su opinión
sobre el asunto materia del proceso.
22. En el caso sub lite, la Sala acepta el impedimento, ya que el consejero de
Estado participó en una sala de tutelas que, en el año 2022, profirió sentencia de
amparo a un servidor público que había sido sancionado en sede de desacato por
el incumplimiento del fallo de tutela que hoy se solicita su ejecución. Este análisis
implicó fijar unos criterios de cumplimiento del fallo del 6 de octubre de 2021, los
cuales son los parámetros que se utilizarían para analizar si existió o no defecto
alguno en la providencia cuestionada en caso de superar el estudio de
procedibilidad. Dado que el asunto actual también versa sobre ese mismo punto —
el cumplimiento del fallo—, su intervención previa resulta sustancial y se afecta su
imparcialidad, al punto que debe ser separado de la presente decesión.
Determinación del problema jurídico
23. A juicio de esta Sala, en primer lugar, deberá establecerse si la acción de tutela
es procedente, al considerar que censura una decisión judicial que cerró un
incidente de desacato dirigido al cumplimiento de una sentencia de tutela proferida
en octubre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle. En particular, en el auto
de 14 de abril de 2026, el Juzgado Quince (15) Administrativo del Circuito de Cali
se abstuvo de imponer sanción de desacato por trámite incidental y declaró
terminado el procedimiento.
24. En caso de encontrar que la acción de tutela es procedente, como segundo
problema jurídico deberá establecerse si la providencia cuestionada incurrió en los
defectos alegados (sustantivo, violación directa a la Constitución, y fáctico), al
haberse abstenido de imponer sanción de desacato.
25. Con el fin de resolver los dos primeros problemas jurídicos se reiterará el
precedente sobre procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas
dentro del trámite de desacato, y las causales genéricas de procedencia de tutela
contra providencia. Posteriormente, en atención a las particularidades del caso
concreto, se reiterará el precedente constitucional sobre las facultades del juez del
cumplimiento del fallo para modificar las órdenes accesorias de la determinación de
amparo.
6 “ARTICULO 39.-Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá
declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento
Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la
impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el
procedimiento disciplinario, si fuere el caso”.
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Procedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones judiciales
dentro del trámite de desacato
26. En el asunto de la referencia, se cuestiona una providencia judicial que se
abstuvo de imponer la sanción de desacato. La jurisprudencia constitucional 7 ha
reiterado la posibilidad de que se pueda ejercer la acción de tutela contra una
providencia que resuelve un incidente de desacato, ya sea que impugna una
sanción o que se abstenga de hacerlo.
27. En la Sentencia T-170 de 2023 precisó que, para que sea procedente la acción
de tutela contra un auto que pone fin a un incidente desacato se requiere: “(i) la
decisión que puso fin al trámite incidental se encuentre debidamente ejecutoriada,
pues será improcedente aun si lo que resta es que se surta el grado de consulta; (ii)
sean acreditados los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y sustentar la solicitud de amparo, al menos, en la
configuración de una de las causales específicas (defectos); y (iii) haya consistencia
entre los argumentos planteados en la demanda de tutela y los esgrimidos en el
curso del incidente de desacato, evitando incluir nuevas alegaciones y solicitar
pruebas nuevas o que de oficio el juez no debía practicar.”
28. En este aspecto, la providencia SU-034 de 2018 resolvió una acción de tutela
formulada por quien en su momento era la directora de la UARIV, puesto que, varios
jueces de tutela habían impuesto sanciones dentro del trámite de desacato. En la
providencia, la Corte aclaró que el incidente de desacato es un mecanismo dirigido
a que, el juez constitucional cuente con un instrumento para garantizar el
cumplimiento del fallo. En esa medida, se descarta que el incidente tenga como
única y principal finalidad la imposición de la sanción. Se insistió que la finalidad
principal del incidente de desacato es que, a través de la disuasión de la sanción,
se cumpla la decisión de amparo.
29. Por lo anterior, el incidente de desacato examina la responsabilidad subjetiva de
un servidor público o persona renuente al cumplimiento de un fallo, y se excluye la
responsabilidad objetiva. En aquel caso, se protegió el derecho al debido proceso
de la actora, pues se verificó que las autoridades judiciales impusieron sanciones
de desacato, desconociendo la lógica de dicha institución procesal, es decir, el
examen subjetivo del comportamiento de un servidor público, y cuya única finalidad
es el cumplimiento de los fallos de tutela, no la imposición de la sanción en sí misma.
La Sala Plena de la Corte reprochó a las autoridades judiciales que no tuvieron en
cuenta que, impusieron la sanción “respecto a órdenes complejas y se pasó por alto
que el no pago inmediato de las medidas de reparación reconocidas a los
solicitantes no era imputable a la negligencia de las funcionarias”. Indicó el fallo:
“La Sala evidenció que las providencias acusadas incurrieron en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente, en la medida en que hicieron
caso omiso de que, a raíz de la complejidad que implicaba la ejecución
inmediata de las órdenes de tutela –por estar inmersas en un estado de cosas
inconstitucional–, era preciso atender la jurisprudencia conforme a la cual el juez
7 Corte Constitucional, Sentencia SU-034 de 2018 reiterada en la T-029 de 2025.
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
está revestido de singulares atribuciones para modular las órdenes impartidas
en sentencia –en este caso, las órdenes de pago de la indemnización
administrativa–, considerando los elementos del contexto y los informes
allegados por la entidad obligada. Específicamente, se advirtió que en el marco
de lo que esta Corte ha denominado órdenes complejas, el precedente
habilitaba al juez para que modulara la orden de pago en uno de sus aspectos
accidentales (tiempo, modo y lugar) con el propósito de hacer posible el
cumplimiento, dado el allanamiento a los fallos por parte de la obligada,
contrastado con la problemática estructural asociada al estado de cosas
inconstitucional en materia de víctimas de desplazamiento forzado.
Asimismo, se constató que la pretermisión del estudio sobre la responsabilidad
subjetiva conllevó un desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la
finalidad del incidente de desacato. Se pasó por alto que el no pago inmediato
de las medidas de reparación reconocidas a los solicitantes no era imputable a
la negligencia de las funcionarias sino a la situación coyuntural ocasionada por
la violación masiva de derechos en el marco del conflicto, y dicha omisión
condujo a una desnaturalización de las sanciones de arresto y multa como
mecanismos para propiciar la efectividad de la salvaguarda dispensada en los
fallos de tutela.
30. El fallo que se comenta argumentó que el juez del desacato tiene del deber de
verificar más allá del cumplimiento objetivo de la decisión de amparo, examinar si
los servidores o particulares obligados actuaron de manera negligente, o si por el
contrario, existe una imposibilidad jurídica o fáctica de cumplir el fallo. La Sala Plena
de la Corte indicó que, el juez del desacato debe tener cuenta, entre otras cosas, el
contexto que rodea la ejecución de la orden impartida; la presencia de un estado
de cosas inconstitucional; la complejidad de las órdenes; la capacidad funcional de
la persona o institucional del órgano obligado para hacer efectivo lo dispuesto en el
fallo; y entre los factores subjetivos el juez debe verificar circunstancias como (i) la
responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado, (ii) si existió allanamiento a las
órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones positivas orientadas al
cumplimiento.
31. Además de una carga argumentativa, el tutelante debe satisfacer los requisitos
de 1) legitimación por activa y por pasiva, 2) relevancia constitucional, 3)
subsidiariedad, 4) inmediatez, 5) irregularidad procesal decisiva, 6) identificación
razonable de los hechos vulneradores del derecho, y 7) que no se ataquen
sentencias de tutela de constitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad8.
32. En la sentencia T-029 de 2025, una Sala de revisión de la corte Constitucional
resolvió una acción de tutela dirigida contra un auto del juez de desacato en la que
además de abstenerse de imponer la sanción prevista en el decreto 2591 de 1991,
dio por cumplida la sentencia de amparo. La Sala concluyó que la decisión judicial
de abstenerse de imponer una sanción de desacato incurrió en un defecto fáctico
derivado de una interpretación incompleta de la orden de tutela objeto de
seguimiento, a partir de la cual efectuó una valoración defectuosa o contraevidente
8 Conceptos ampliamente explicados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005,
entre otras.
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Accionante: Ruth Trujillo
Accionado: Juzgado Quince Administrativo de Cali
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
de las pruebas existentes y no valoró en su integridad el acervo probatorio, por ello,
dejó sin efectos jurídicos la decisión adoptada por el Juzgado encargado del
cumplimiento del fallo y ordenó, en consecuencia, que esa autoridad judicial decida
nuevamente de fondo sobre la solicitud de desacato.
33. Respecto de las causales específicas de procedencia de tutela contra
providencias judiciales, además, se ha indicado que corresponde verificar si se
configura alguna de las causales invocadas por la parte tutelante, razón por la cual,
se explicarán las siete causales de procedencia específica de tutela contra
providencia. La Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se concederá si se
presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación, se enuncian los
defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y se
profundiza en el defecto del desconocimiento del precedente judicial, puesto que es
la tesis central de la acción de amparo.
i.Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida
por un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii.Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado
asunto;
iii.Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv.Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias
a la garantía de los derechos fundamentales.
v.Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir
en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada
en el caso;
vi.Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii.Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de las decisiones establecidas
por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos
mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma
suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.
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Accionante: Ruth Trujillo
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viii.Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia
judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye
un alcance insuficiente o lo contradice.
34. Como se indicó en la formulación del problema jurídico, en el caso sub lite
corresponde precisar las reglas jurisprudenciales respecto de las facultades del juez
de tutela en sede de cumplimiento del fallo de amparo.
Facultades del juez del cumplimiento de la sentencia de tutela.
35. Adicionalmente, en atención a las consideraciones del caso concreto, la sala
debe explicar la diferencia entre incidente de desacato y trámite de cumplimiento.
En efecto, en múltiples autos de seguimiento9, la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela de primera instancia conserva la competencia para garantizar
el cumplimiento del fallo y para ello cuenta con varios instrumentos procesales; por
un lado, su competencia para exigir permanentemente el cumplimiento de la
sentencia, y por otro el incidente de desacato.
36. En efecto, en materia de tutela, el Decreto 2591 de 1991 estableció dos
mecanismos a los cuales puede acudir el beneficiario para lograr la satisfacción de
una orden, a saber: “(i) el denominado trámite de cumplimiento, y/o (ii) la
imposición de sanciones a la autoridad renuente, a través del incidente de
desacato”10. Ambos mecanismos persiguen la misma finalidad, esto es “asegurar
que la entidad pública o el particular responsable de la infracción iusfundamental
verificada satisfagan las órdenes que se le impartieron en aras del restablecimiento
de los derechos fundamentales vulnerados”11.
37. Aunque ambos persiguen una misma finalidad, lo cierto es que en el incidente
de desacato el juez debe examinar si el incumplimiento se debe a elementos
subjetivos de las personas obligadas por el fallo constitucional, mientras que el
segundo, el mecanismo de cumplimiento, se limita a examinar si se produjo el
cumplimiento objetivo del fallo. Sumado a ello, el juez del cumplimiento además
cuenta con la posibilidad de ajustar las órdenes de sus decisiones. La Corte ha
indicado que, la parte resolutiva de una decisión que ampara derechos
fundamentales tiene, como mínimo dos ordinales resolutivos. Por un lado, la
decisión de amparar derechos fundamentales, la cual es inmodificable, una vez ha
quedado ejecutoriada y unos accidentales o secundarios, referidos a las órdenes
para materializar la decisión de protección.
38. Estos ordinales instrumentales de la orden de protección son modificables por
el juez de tutela, puesto que, durante el cumplimiento de un fallo pueden ocurrir
cambios que hagan necesario su modificación. La Corte lo ha explicado en los
siguientes términos:
“Por ello, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado adecuado
que el juez modifique la orden judicial emitida originalmente, siempre y cuando
9 Corte Constitucional A 387 de 2019.
10 Sentencia SU-1158 de 2003, Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.
11 Sentencia T-226 de 2016, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
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Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
se garantice la salvaguarda del derecho fundamental12. Esa modificación es
posible gracias a la diferenciación que existe entre la cosa juzgada y las
órdenes13. La primera hace referencia a la decisión de amparo que se tomó en
la sentencia de tutela, o sea, la concesión o no de la protección al derecho.
Dicho aspecto es inmodificable por parte del juez en el cumplimiento o
seguimiento, por lo que es imposible reabrir el debate de resolvió el fallo. La
segunda es la medida o remedio específico que se profiere para garantizar el
goce efectivo del derecho amparado.
De manera que, en el trámite de cumplimiento, el juez tiene la competencia para
modificar la orden original o emitir órdenes adicionales o nuevas. Esa
circunstancia opera bajo las siguientes circunstancias excepcionales:
(1) La facultad puede ejercerse cuando debido a las condiciones de hecho es
necesario modificar la orden, en sus aspectos accidentales, bien porque: a) la
orden original nunca garantizó el goce efectivo del derecho fundamental
tutelado, o lo hizo en un comienzo, pero luego devino inane; b) porque implica
afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el interés público
o c) porque es evidente que lo ordenado siempre será imposible de cumplir.
(2) La facultad debe ejercerse de acuerdo a la siguiente finalidad: las medidas
deben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la decisión y el sentido
original y esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto de asegurar
el goce efectivo del derecho fundamental tutelado.
(3) Al juez le es dado alterar la orden en sus aspectos accidentales, esto es,
en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello
sea necesario para alcanzar dicha finalidad.
(4) La nueva orden que se profiera debe buscar la menor reducción posible
de la protección concedida y compensar dicha reducción de manera inmediata
y eficaz.”14
39. La Corte ha subrayado que la modificación o modulación de las órdenes
proferidas en la sentencia debe procurar que esos remedios judiciales contribuyan
a garantizar la protección concedida y la efectividad de los derechos, principios y
valores constitucionales15, mejor que las órdenes originales, y justificado en
cambios producidos entre la adopción de la sentencia y los autos de seguimiento al
cumplimiento.
Caso concreto
Estudio procedibilidad de la acción de tutela
40. Respecto del examen de procedencia formal de la acción de tutela contra la
providencia que se profirió en el trámite del incidente de desacato, esta Sala
encuentra que se satisfacen los requisitos.
12 Sentencias T-086 de 2003 y Auto 096 de 2017.
13 Sentencia T-226 de 2016.
14 Sentencia T-086 de 2003.
15 Sentencia T-226 de 2016.
Radicación número: 76001-23-33-000-2026-00347-01
Accionante: Ruth Trujillo
Accionado: Juzgado Quince Administrativo de Cali
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
41. El auto cuestionado se encuentra debidamente ejecutoriado y respecto de este,
no procede recurso judicial alguno, razón por la cual se cumple el requisito de
subsidiariedad.
42. Se cumple la exigencia de legitimación en la causa por activa, pues la
tutelante, Ruth Trujillo, es la persona que, desde su perspectiva se ve afectada por
la decisión de no imponer sanción de desacato. Esto pues, en su criterio se afecta
la materialización de la providencia de amparo de octubre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle. El desacato es un medio con el que cuenta el juez
de tutela para lograr la efectividad del fallo de protección de los derechos
fundamentales. En el caso sub lite, debido a que no se impuso la sanción solicitada,
la actora estima que se afecta la ejecución de la sentencia. Respecto al requisito
de legitimación en la causa por pasiva, la misma se satisface, toda vez que, la
acción se dirigió contra el Juzgado Quince Administrativo de Cali, autoridad judicial
que profirió el auto atacado.
43. Sobre el requisito de relevancia constitucional, en el caso concreto, se
satisface, pues la actora propone argumentos de índole constitucional referidos a la
ejecución de un fallo de amparo en beneficio de una víctima del conflicto armado a
quien le fue reconocida una indemnización administrativa, además mujer de 67
años, quien está en situación de vulnerabilidad socioeconómica. En el caso
concreto, la actora sostiene que la decisión cuestionada impide la ejecución de la
sentencia de amparo, motivo por el cual, se afectan sus derechos a la igualdad, al
debido proceso y a la reparación integral. A juicio de esta Sala, la petición de amparo
se plantea desde una perspectiva constitucional y no tiene como finalidad utilizar el
medio de amparo como una instancia adicional.
44. Frente al requisito de inmediatez, el mismo se satisface, pues la decisión
cuestionada fue proferida el 14 de abril de 2026. Además, el anterior proveído fue
objeto de impugnación. Mediante Auto de 29 de abril de 2026, la autoridad judicial
demandada rechazó dicho recurso. La acción de tutela se radicó el mismo 29 de
abril de 2026. Es decir, dentro de un plazo razonable.
45. La tutelante identifica adecuadamente los hechos y fundamentos de la
supuesta vulneración al señalar el auto cuestionado, y la decisión que rechazó el
recurso de impugnación. En el mismo sentido, indicó las razones por las cuales, en
su criterio, no se ha cumplido la sentencia de amparo de octubre de 2021.
46. Finalmente, la acción de tutela se dirige contra un auto que se abstiene de
aplicar sanción de desacato, descartando de esa manera que se trata de una acción
de tutela contra decisión de tutela, sentencia de constitucionalidad del Consejo
de Estado o la Corte Constitucional, o una sentencia interpretativa de la sección de
apelación de la jurisdicción especial para la paz.
47. Resuelto lo anterior, corresponde examinar si la decisión cuestionada incurrió
en los defectos alegados por la tutelante.
Radicación número: 76001-23-33-000-2026-00347-01
Accionante: Ruth Trujillo
Accionado: Juzgado Quince Administrativo de Cali
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
Estudio sustantivo de la acción de tutela
48. En primer lugar, se reseñará el contenido del auto censurado; en segundo lugar,
se analizará si este vulnera derechos fundamentales de la actora.
Auto cuestionado en acción de tutela
49. El auto de 14 de abril de 2026 fue proferido por el Juzgado Quince (15)
Administrativo de Cali y se abstuvo de imponer sanción de desacato respecto del
fallo de 6 de octubre de 2021 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. En la providencia atacada, la autoridad judicial verificó que no se satisfacía
el elemento subjetivo para imponer la sanción contra los funcionarios responsables
del cumplimiento del fallo.
50. Se verificó que la UARIV aplicó la metodología de priorización de pagos, pero la
tutelante no satisfacía los requisitos para que se procediera al pago de la
indemnización. Por lo anterior, sostuvo:
“Así las cosas, el elemento subjetivo no se ha demostrado, pues no se
puede desconocer la imposibilidad jurídica actual para el cumplimiento
del fallo de tutela de segunda instancia, en virtud del agotamiento del
procedimiento administrativo establecido en la Resolución 01049 de
2019, y, por ende, la dificultad de asignar una fecha de pago a la
accionante, razón por la cual no se emitirá sanción por desacato”.
51. Por lo anterior, no se accedió a la imposición de sanción de desacato. La
providencia no examina si la decisión de amparo fue satisfecha o no. Por lo anterior,
determinó:
“PRIMERO: Abstenerse de imponer sanción por desacato en el presente
trámite incidental por desacato en contra de los funcionarios de la entidad
accionada Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Declarar terminado el presente trámite incidental por
desacato formulado por la señora Ruth Trujillo, en contra de los
funcionarios de la entidad accionada Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Negar las demás solicitudes de la señora Ruth Trujillo, por
las razones expuestas en la parte motiva del presente auto.”
52. En el escrito de amparo, la tutelante también reprocha que el auto 263 de 29 de
abril de 2026 rechazó por improcedente los recursos de reposición y apelación, al
considerar que contra las decisiones que resuelven incidentes de desacato no
procede recurso alguno. Indicó que, si bien es cierto que, por regla general, contra
las providencias que deciden el incidente de desacato no proceden recursos
ordinarios, ello no significa que el juez constitucional pueda cerrar el trámite sin
Radicación número: 76001-23-33-000-2026-00347-01
Accionante: Ruth Trujillo
Accionado: Juzgado Quince Administrativo de Cali
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
verificar el cumplimiento material del fallo, ni que la persona amparada quede
desprovista de defensa judicial frente a una providencia que vacía de contenido la
orden de tutela.
53. Esta providencia no hace otra que rechazar por improcedentes los recursos
propuestos contra la providencia cuestionada, y puesto que, la razón estriba se
fundamenta en la imposibilidad procesal de cuestionar el auto que se abstiene de
imponer desacato, esta sala, en punto a la corrección de esta providencia, se
observa que la misma es correcta pues, el grado jurisdiccional de consulta es
procedente cuando se impone la sanción.
Estudio de los defectos alegados en la acción de tutela
54. A juicio de esta Sala, la decisión cuestionada no incurrió en los defectos
alegados. Respecto del defecto sustantivo, la providencia aplicó las previsiones
normativas y las reglas jurisprudenciales respecto de los requisitos para aplicar
sanciones de desacato en trámites de tutela, los cuales, implican un examen
subjetivo a la conducta de los funcionarios públicos encargados del cumplimiento
del fallo. En el caso concreto el juez del desacato encontró que no se cumplía el
requisito subjetivo, pues no se encuentra ante la negligencia o arbitrariedad
respecto del incumplimiento del fallo, sino que existen razones jurídicas que
explican la imposibilidad del cumplimiento. El Juez Quince (15) Administrativo aplicó
las reglas normativas y jurisprudenciales relevantes.
55. Tampoco se incurrió en el defecto fáctico, puesto que contrario a lo indicado por
la tutelante, la decisión cuestionada no afirma que la sentencia de amparo de
octubre de 2021 ya fue cumplida. Simplemente indica que no se dan las condiciones
para la imposición de la sanción de desacato. Dos situaciones diferentes. El juez
del cumplimiento del fallo, en este caso, el Juzgado Quince (15) Administrativo de
Cali, conserva las competencias para el cumplimiento del fallo, que no se agotan o
limitan al incidente de desacato, como ya se indicó en la parte motiva de esta
providencia.
56. El Juez Quince (15) Administrativo tiene el deber de garantizar el cumplimiento
del fallo de amparo, por fuera incluso del incidente de desacato, sino a través del
mecanismo de cumplimiento de la decisión, incluso, modificando y profiriendo
nuevas órdenes accesorias que se muestren más idóneas en el caso concreto, en
los términos, por ejemplo, del Auto 387 de 2019 de la Corte Constitucional, respecto
del seguimiento al cumplimiento de sentencias. Aunque el Auto 207 declaró
terminado el incidente de desacato, esa determinación debe entenderse limitada al
trámite sancionatorio y no como una clausura definitiva de las facultades de
cumplimiento previstas en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.
57. En el mismo sentido, la decisión no incurre en el defecto de violación directa de
la constitución o de desconocimiento del precedente, puesto que, la decisión no
impide que el juez del cumplimiento de la sentencia, continue sus obligaciones
oficiosas o a petición de parte para garantizar la ejecución de la sentencia. Ello pues,
se insiste, la decisión atacada no concluye que se haya cumplido integralmente la
Radicación número: 76001-23-33-000-2026-00347-01
Accionante: Ruth Trujillo
Accionado: Juzgado Quince Administrativo de Cali
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
sentencia de amparo. Por lo anterior, la decisión no desconoce el acceso a la
administración de justicia de la tutelante, y sigue contando con el juez del
cumplimiento para garantizar la ejecución de la decisión de protección
constitucional, incluso, profiriendo decisiones de modificación de las órdenes
accidentales o instrumentales del amparo.
58. La Sala precisa que la decisión de abstenerse de imponer sanción por desacato
no puede entenderse como una declaración definitiva de cumplimiento integral del
fallo de tutela de 6 de octubre de 2021, ni como una clausura de las facultades que
el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 confiere al juez constitucional para asegurar
la efectividad de sus órdenes. El cierre del incidente solo produce efectos respecto
del trámite sancionatorio examinado, en el cual el Juzgado Quince (15)
Administrativo de Cali concluyó que no se acreditó el elemento subjetivo necesario
para imponer arresto o multa.
59. Bajo ese entendimiento, la providencia cuestionada no incurre en defecto
sustantivo ni fáctico, pues se apoyó en la aplicación del método técnico de
priorización y en la imposibilidad actual de fijar una fecha cierta de desembolso sin
desconocer los criterios de turno, priorización y disponibilidad presupuestal que
rigen el pago de indemnizaciones administrativas. Sin embargo, ello no releva a la
UARIV de su deber de suministrar a la accionante información clara, completa,
individualizada y actualizada sobre el estado de su solicitud, ni impide que el juez
de cumplimiento adopte las medidas que resulten necesarias para verificar la
ejecución material del fallo.
60. Igual situación se predica del auto de 29 de abril de 2026, el cual, no hizo otra
cosa que rechazar el recurso de impugnación contra el auto que se abstuvo de
imponer sanción de desacato, el cual, conforme al decreto 2591 de 1991, no es
impugnable, sino que es consultable en grado jurisdiccional, cuando impone una
sanción. Situación que no se presenta en el caso concreto, motivo por el cual, en
efecto, correspondía rechazar el recurso de impugnación por improcedente.
61. Por las razones expuestas se confirmará la sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el consejero de Estado José
Roberto Sáchica Méndez para conocer del presente proceso en segunda instancia
y, como consecuencia, separarlo del conocimiento del asunto de la referencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 12 de mayo de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó el amparo presentado por la
parte actora, por las razones indicadas en la parte motiva de la providencia.
Radicación número: 76001-23-33-000-2026-00347-01
Accionante: Ruth Trujillo
Accionado: Juzgado Quince Administrativo de Cali
Referencia: Segunda instancia de acción de tutela
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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