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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00402-01

Fecha
28 de julio de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00402-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de mayo de 2026 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negó el amparo solicitado por el señor Alejandro Cuevas Herrera. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes y a los intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2026-00402-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

28 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 76001-23-33-000-2026-00402-01
Accionante: Alejandro Cuevas Herrera
Accionado: Juzgado 801 Administrativo Transitorio de Cali
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
proferida el 28 de mayo de 2026 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negó el amparo solicitado.

SÍNTESIS1

El señor Alejandro Cuevas Herrera cuestiona la mora judicial que atribuye al Juzgado 801
Administrativo Transitorio de Cali, por no haber proferido sentencia dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Fiscalía General de la Nación.
Se confirmará la sentencia de primera instancia que negó el amparo, porque no se
acreditó una dilación injustificada atribuible al despacho accionado y el expediente se
encuentra al despacho para fallo.

I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El señor Alejandro Cuevas Herrera, por intermedio de apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a
su juicio, fueron vulnerados por el Juzgado 801 Administrativo Transitorio de Cali con
ocasión de la presunta mora judicial dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 76001-33-33-019-2023-00240-00.

2. La parte accionante solicitó que se ordenara al despacho judicial accionado proferir
sentencia de primera instancia y continuar con el trámite procesal correspondiente dentro
del referido medio de control.

“[…] se ordene al JUZGADO 801 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO DE CALI que, se
emita la sentencia de primera instancia dentro del proceso promovido en favor del accionante bajo
Radicado N.° 76001-33-33-019-2023-00240-00”.

1 Temas: Acción de tutela contra autoridad judicial / mora judicial / debido proceso / acceso a la administración de

justicia / se confirma la sentencia que negó el amparo.

Radicado: 76001-23-33-000-2026-00402-01
Accionante: Alejandro Cuevas Herrera
Se confirma la improcedencia de la demanda

B. Hechos

3. El 28 de agosto de 2023, el señor Alejandro Cuevas Herrera promovió demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Fiscalía General de la Nación,
con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de la bonificación judicial prevista
en el Decreto 382 de 2013 como factor salarial, junto con las consecuencias
prestacionales derivadas.2

4. El proceso correspondió inicialmente al Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito
Judicial de Cali, que mediante auto del 9 de octubre de 2023 declaró su impedimento y
ordenó remitir el expediente al juzgado administrativo transitorio competente.

5. El despacho transitorio avocó conocimiento, admitió la demanda mediante auto del 6
de septiembre de 2024 y, posteriormente, por auto del 17 de junio de 2025, dispuso dictar
sentencia anticipada, fijó el litigio y decretó pruebas documentales.

6. Mediante auto del 25 de agosto de 2025, se incorporaron las pruebas y se corrió
traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión. La parte demandante los
presentó oportunamente el 4 de septiembre de 2025.

7. El apoderado del demandante formuló solicitudes de información e impulso procesal
los días 9 de diciembre de 2025 y 14 de abril de 2026, con el fin de que se informara el
turno del expediente y se profiriera la decisión correspondiente.

8.El 21 de abril de 2026, el expediente fue registrado en el sistema SAMAI como “al
despacho para fallo”, estado en el que se encontraba al momento de proferirse la
sentencia de tutela de primera instancia.

C. Fundamentos de la vulneración
9. La parte accionante sostuvo que el transcurso de aproximadamente ocho meses desde
la culminación de la etapa de alegatos, sin que se hubiera proferido sentencia,
configuraba una dilación injustificada y vulneraba sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.

10. Señaló que había solicitado en dos oportunidades el impulso del proceso sin obtener
respuesta y que, pese a encontrarse agotadas las etapas necesarias para decidir, el
despacho accionado no había adoptado una decisión de fondo.

11. Agregó que la condición transitoria del juzgado no justificaba indefinidamente la
demora, pues la existencia de congestión judicial debía estar acreditada mediante
razones objetivas y no podía trasladarse al usuario de la administración de justicia.

12. En consecuencia, afirmó que la anotación “al despacho para fallo” no desvirtuaba la
mora, sino que demostraba que el proceso estaba listo para ser decidido y permanecía
pendiente de sentencia.

2 SAMAI, índice 3, archivo zip 439 KB, archivo “DEMANDA”.

Radicado: 76001-23-33-000-2026-00402-01
Accionante: Alejandro Cuevas Herrera
Se confirma la improcedencia de la demanda

D. Trámite procesal

13. Mediante auto del 15 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
avocó conocimiento de la acción de tutela, ordenó notificar al Juzgado 801 Administrativo
Transitorio de Cali y le solicitó rendir informe sobre los hechos objeto de la demanda.

14.En la misma providencia requirió a la parte accionante para que allegara el poder
conferido a su apoderado judicial, documento que fue aportado dentro del término
concedido.

15. El Juzgado 801 Administrativo Transitorio de Cali guardó silencio, pese a haber sido
debidamente notificado de la admisión de la demanda.3

E. Sentencia de primera instancia

16.La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante sentencia del 28 de mayo de 2026, negó el amparo solicitado.

17. El a quo consideró que no se acreditó una mora judicial injustificada atribuible al
despacho accionado, pues el expediente registró actuación de “al despacho para fallo”
desde el 21 de abril de 2026 y no se evidenció una paralización arbitraria o caprichosa
del trámite.

18. Explicó que, aunque había transcurrido un lapso aproximado de ocho meses desde la
culminación de la etapa de alegatos, no obraba prueba de que la tardanza obedeciera a
una conducta negligente, deliberada o carente de justificación por parte de la autoridad
judicial.

19. También señaló que el proceso cursaba ante un juzgado administrativo transitorio, en
un contexto de congestión estructural, y que el accionante no acreditó haber acudido al
mecanismo de vigilancia judicial administrativa ni la existencia de una situación
manifiestamente arbitraria que exigiera la intervención inmediata del juez constitucional.

F. Impugnación

20. La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia.

21. Sostuvo que el fallo impugnado legitimó la vulneración de sus derechos
fundamentales, porque el transcurso de ocho meses desde la presentación de los
alegatos constituía un elemento objetivo suficiente para establecer la mora judicial.

3 SAMAI, índice 11.

Radicado: 76001-23-33-000-2026-00402-01
Accionante: Alejandro Cuevas Herrera
Se confirma la improcedencia de la demanda

22. Indicó que la congestión judicial no fue demostrada por el despacho accionado y que
la condición transitoria del juzgado no podía convertirse en una justificación general para
incumplir los términos procesales.

23.Añadió que la anotación “al despacho para fallo” no representaba una actuación
material suficiente, pues el proceso ya había culminado las etapas necesarias y
continuaba pendiente de una decisión definitiva.

24. Finalmente, solicitó revocar la sentencia impugnada, amparar los derechos invocados
y ordenar al Juzgado 801 Administrativo Transitorio de Cali proferir sentencia dentro del
proceso ordinario.

25. Mediante auto del 5 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
concedió la impugnación presentada por la parte actora.4

II. CONSIDERACIONES
G. Competencia

26. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
resolver, en segunda instancia, la impugnación presentada contra la sentencia de primera
instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y el Reglamento Interno de esta Corporación.

H. Sentido de la decisión

27. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó el amparo solicitado,
porque no se acreditó una mora judicial injustificada atribuible al Juzgado 801
Administrativo Transitorio de Cali. En efecto, el proceso ordinario ha tenido actividad
procesal y se encuentra al despacho para fallo, sin que se demostrara una conducta
arbitraria, negligente o deliberada de la autoridad judicial.

I. Los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido
proceso

28. El artículo 29 de la Constitución establece como garantía a favor de los asociados el
debido proceso sin dilaciones injustificadas; por su parte, el artículo 228 superior dispone
que los términos procesales se observarán con diligencia y el artículo 229 garantiza a
todas las personas el acceso a la administración de justicia.

29. La jurisprudencia constitucional ha determinado que estas garantías se encuentran
estrechamente relacionadas y comprenden el derecho de toda persona a poner en
funcionamiento el aparato judicial, obtener una respuesta oportuna frente a sus

4 SAMAI, índices 17 y 18.

Radicado: 76001-23-33-000-2026-00402-01
Accionante: Alejandro Cuevas Herrera
Se confirma la improcedencia de la demanda

pretensiones y no soportar omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones
judiciales.5

30. La Corte Constitucional ha definido el derecho a la administración de justicia, también
denominado tutela judicial efectiva, como la posibilidad de acudir en condiciones de
igualdad ante los jueces y tribunales para obtener la protección o el restablecimiento de
los derechos e intereses legítimos, con sujeción a los procedimientos establecidos y plena
observancia de las garantías sustanciales y procesales.67

31. De igual manera, ha precisado que el acceso a la administración de justicia no se
agota con la presentación de una demanda y la obtención de una decisión definitiva, sino
que también exige que la providencia adoptada sea eficaz y produzca los efectos para
los cuales fue proferida.8

J. La mora judicial y el plazo razonable

32. La Corte Constitucional ha señalado que la garantía del plazo razonable puede
desconocerse por la ausencia de celeridad en las actuaciones judiciales y que la mora
judicial se configura cuando la autoridad omite proferir las decisiones a su cargo dentro
de los términos previstos en la ley.9

33. Sin embargo, no todo incumplimiento de los términos procesales vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, pues ello
únicamente ocurre cuando, además de superarse el plazo razonable, no existe un motivo
válido que justifique la demora.10

34. En ese sentido, la jurisprudencia distingue entre mora judicial justificada e injustificada.
La primera se presenta cuando la tardanza obedece a la complejidad del asunto, a
problemas estructurales de congestión judicial o a circunstancias imprevisibles o
ineludibles; la segunda corresponde a la demora atribuible a la falta de diligencia,
arbitrariedad u omisión de la autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones.11

35. Por tanto, para que la mora judicial adquiera relevancia constitucional debe acreditarse
que se incumplieron los términos legales, que no existe una razón objetiva que justifique
la demora y que la tardanza es imputable a la omisión o falta de diligencia de la autoridad
judicial.12

K. El caso concreto

En el presente asunto, el señor Alejandro Cuevas Herrera atribuye al Juzgado 801
36.
Administrativo Transitorio de Cali una mora judicial injustificada, porque no ha proferido

5 Sentencia T-286 de 2020.
6 Sentencia T-550 de 2016.
7 Sentencia C-426 de 2002.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-034 de 2018.
9 Sentencias T-295 de 2018 y T-595 de 2019.
10 Sentencias SU-213 de 2021 y T-341 de 2018.
11 Sentencia T-183 de 2024.
12 Sentencia T-183 de 2024.

Radicado: 76001-23-33-000-2026-00402-01
Accionante: Alejandro Cuevas Herrera
Se confirma la improcedencia de la demanda

sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el
núm. 76001-33-33-019-2023-00240-00.

37. Está acreditado que el proceso fue repartido el 28 de agosto de 2023, que el Juzgado
Diecinueve Administrativo de Cali declaró su impedimento y que, desde el 27 de
noviembre de 2023, el trámite ha estado a cargo de distintos juzgados.

38. También se comprobó que la demanda fue admitida el 6 de septiembre de 2024, que
el 17 de junio de 2025 se dispuso dictar sentencia anticipada y se decretaron pruebas, y
que el 25 de agosto de 2025 se corrió traslado para presentar alegatos de conclusión.
Posteriormente, el expediente fue registrado “al despacho para fallo” el 21 de abril de
2026.

39. En efecto, el proceso no ha permanecido absolutamente paralizado, sino que ha
surtido las actuaciones necesarias para quedar en estado de decisión. Además, el
expediente cursa ante un despacho transitorio creado para atender procesos originados
en reclamaciones salariales y prestacionales de servidores judiciales y empleados con
régimen similar, circunstancia que evidencia un contexto institucional de acumulación y
congestión de asuntos.

40. La parte accionante no acreditó que el despacho hubiera alterado injustificadamente
el orden de los turnos, omitido deliberadamente el cumplimiento de sus funciones o
mantenido el expediente inactivo por una razón caprichosa. Tampoco demostró la
existencia de un perjuicio irremediable que exigiera desplazar el turno ordinario de
decisión.

41. La circunstancia de que el expediente figure “al despacho para fallo” no demuestra,
como sostiene la impugnación, la existencia automática de una mora injustificada. Por el
contrario, permite establecer que el asunto culminó las etapas procesales previas y se
encuentra pendiente de decisión según el orden correspondiente.

42. Si bien las solicitudes de impulso procesal presentadas por la parte actora evidencian
su interés en obtener una pronta decisión, su formulación tampoco permite inferir que la
demora sea atribuible a una conducta arbitraria del juzgado ni habilita al juez de tutela
para alterar, sin razones excepcionales, el sistema de turnos judiciales.

43. En esas condiciones, la Sala comparte la conclusión del juez constitucional de primera
instancia, pues no se acreditaron los elementos necesarios para considerar que la
tardanza hubiera superado el margen de razonabilidad constitucional ni que fuera
imputable a una omisión negligente del Juzgado 801 Administrativo Transitorio de Cali.

44. Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó el amparo
solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

Radicado: 76001-23-33-000-2026-00402-01
Accionante: Alejandro Cuevas Herrera
Se confirma la improcedencia de la demanda

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de mayo de 2026 por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se
negó el amparo solicitado por el señor Alejandro Cuevas Herrera.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes y a los intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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