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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00419-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00419-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DESVINCULAR a la Secretaría de Educación del distrito de Santiago de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 4 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 28 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022. 29 Ibid. 30 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de febrero de 2021. 17 Radicación: 76001-23-33-000-2026-00419-01 Accionante: Ingrid Lily Assicie Muñoz CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2026-00419-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 76001-23-33-000-2026-00419-01
Accionante: INGRID LILY ASSICIE MUÑOZ
Accionados: JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE CALI Y OTROS
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se revoca el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con los requisitos generales de subsidiariedad y relevancia
constitucional.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
de 4 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Ingrid Lily Assicie Muñoz, a través de apoderada judicial, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la defensa, cuya vulneración le atribuyó a las
providencias de 4 de septiembre de 2025, 26 de febrero de 2026 y 21 de abril de
2026 proferidas por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali, dentro
del proceso ejecutivo identificado con número de radicación 76001-33-33-017-
2024-00288-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Expuso que, el 28 de agosto de 2024, promovió demanda ejecutiva identificada
con el número de radicación 76001-33-33-017-2024-00288-00 contra el Ministerio
de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora S.A.).

2.2. Precisó que el objeto del proceso referido consistía en obtener el cumplimiento
de la sentencia de 8 de marzo de 2018 proferida en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de nulidad y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 76001-23-33-000-2026-00419-01
Accionante: Ingrid Lily Assicie Muñoz

restablecimiento del derecho con número de radicación 76001-33-33-017-2015-
00111-01, relativa al pago tardío de las cesantías definitivas del señor Víctor Reinel
Assicie Garzón.

2.3. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Diecisiete
Administrativo del Circuito de Cali, autoridad judicial que, mediante auto de 4 de
septiembre de 2025, negó el mandamiento de pago al estimar configurada la
caducidad de la acción ejecutiva.

2.4. Señalóque interpuso recurso de apelación al considerar que el término de
caducidad debía contabilizarse a partir del auto de 19 de febrero de 2020, mediante
el cual se resolvió un recurso relacionado con la liquidación de costas dentro del
proceso declarativo. No obstante, el juzgado, mediante auto de 26 de febrero de
2026, rechazó el recurso por extemporáneo.

2.5. Agregó que, con posterioridad, presentó recurso de queja, el cual fue rechazado
por improcedente a través de auto de 21 de abril de 2026.

2.6. Manifestóque las providencias antes referidas vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la
defensa, por haber incurrido, presuntamente, en el defecto procedimental absoluto.

2.7. Afirmó la existencia de un defecto procedimental absoluto por cuanto, a su juicio,
la autoridad judicial actuó de manera arbitraria al impedir el acceso a la segunda
instancia dentro del trámite del proceso.

2.8. Citó lo siguiente:

“[…] Ley 1437 de 2011 art 164 código procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo los términos empiezan a contabilizarse así (sic):

El plazo de los (5) años se cuenta a partir de la fecha en que la decisión
quedo en firme (ejecutoriada) o desde que se hizo exigible. Si la sentencia
es contra, antes de una entidad pública, antes de demandar
ejecutivamente se debe esperar el termino (sic) de (10) meses según el
CPACA o (18) meses bajo el anterior CCA, momento desde el cual el
acreedor los (sic) 5 años para iniciar la ejecución.

Art 245 CPACA Código de procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo, regula el recurso de Queja. Este recurso se
utiliza cuando el juez rechaza, no concede o declara desierto un recurso
de apelación, para que el superior jerárquico lo revise y determine si es
procedente.

Art 353 CGP
Denegada la reposición o interpuesta la Queja, según el caso el juez ordenara la
reproducción de las piezas procesales necesarias, para lo cual se procederá de
la forma prevista para el tramite (sic) de la apelación - Expedidas las copias se

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Accionante: Ingrid Lily Assicie Muñoz

remitirán al superior, quien podrá ordenar al superior que remita otras piezas del
expediente. El escrito se mantendrá en la secretaria por (3) días a disposición de
la otra parte para que manifieste lo que estime oportuno y surtido el traslado se
decidirá el recurso […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Solicita respetuosamente al Tribunal Contencioso Administrativo de
Cali- Valle del Cauca, en sala laboral, para que el Magistrado reconsidere la
caducidad en el medio de control Ejecutivo.

Solicitamos que se ordene seguir adelante el Medio Ejecutivo, por el juez 17
Administrativo circuito Cali, del conocimiento. […]” (negrilla del texto).

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 22 de mayo de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la presente
acción de tutela y ordenó vincular en calidad de demandados al Ministerio de
Educación Nacional, al FOMAG, a la Fiduprevisora S.A. y a la Secretaría de
Educación Distrital de Santiago de Cali.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:

5.1. La Secretaría de Educación del distrito de Santiago de Cali destacó que, en
el auto admisorio se precisó que su vinculación obedeció exclusivamente a su
participación en el proceso ejecutivo y que las pretensiones de la tutela no se
dirigían contra actuación u omisión alguna atribuible a esta. En ese orden, solicitó
que se declarara la improcedencia de la acción por inexistencia de conducta
vulneradora de derechos fundamentales y, en caso de no acogerse, solicitó se
denegara el amparo invocado y se dispusiera su desvinculación del trámite
constitucional por cuanto la controversia planteada se circunscribe a las
actuaciones del Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali.

5.2. ElJuzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali señaló que lo
pretendido por la accionante es reabrir un debate ya definido en la jurisdicción
ordinaria, sin haber agotado en debida forma la totalidad de los medios de
impugnación procedentes, razón por la cual consideró que la acción resultaba
improcedente. Asimismo, indicó que la obligación se hizo exigible el 20 de enero
de 2019, conforme a lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y no a
partir del auto mediante el cual se aprobó la liquidación de costas. Además, precisó
que, por la emergencia sanitaria, el término se extendió hasta el 6 de mayo de 2024
y la demanda se presentó el 28 de agosto de 2024.

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Accionante: Ingrid Lily Assicie Muñoz

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 4 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca resolvió negar las pretensiones de la demanda al considerar que
las providencias cuestionadas se encontraban debidamente motivadas y no se
configuró defecto alguno que habilitara la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales.

7. Manifestó que la decisión que negó el mandamiento de pago concluyó que la
sentencia que servía de título ejecutivo quedó ejecutoriada el 20 de marzo de 2018
y que la obligación contenida en ella se hizo exigible el 20 de enero de 2019, de
conformidad con el artículo 192 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20111. A partir
de esta última fecha, los cinco años establecidos en el literal k del numeral 2 del
artículo 164 ibidem, teniendo en cuenta la suspensión términos derivada de la
emergencia sanitaria, vencieron el 6 de mayo de 2024 mientras que la demanda
fue presentada el 28 de agosto de 2024.

8. Agregó que la contabilización del término de caducidad no podía efectuarse a
partir del auto de 19 de febrero de 2020, como lo pretendía la accionante, debido a
que la liquidación de costas constituye una actuación accesoria que no incide en la
ejecutoria de la sentencia ni modifica la exigibilidad de la obligación en ella
contenida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 de la Ley 1564 de 12
de julio de 20122.

9. Añadió que el rechazo del recurso de apelación se sustentó en que el auto de 4
de septiembre de 2025 fue notificado por estado el 9 de septiembre de 2025, sin
irregularidad alguna, y el recurso de apelación fue presentado el 16 de septiembre
de la misma anualidad, pese a que el término de ejecutoria transcurrió los días 10,
11 y 12 de ese mes, motivo por el cual resultó extemporáneo.

10. Adujo que el recurso de queja fue rechazado en razón a que no fue interpuesto
en subsidio del recurso de reposición contra la providencia que negó la apelación,
exigencia prevista en el artículo 353 de la Ley 1564 de 2012.

11. Finalmente, señaló que la accionante planteó una discrepancia entre la
interpretación realizada por el juez natural sobre la caducidad de la acción ejecutiva
y las reglas procesales aplicables a los recursos presentados, controversia que fue
resuelta dentro del ámbito de la autonomía judicial mediante una interpretación
razonable de las normas correspondientes.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

12. La
parte accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se
accediera a las pretensiones de la acción de tutela, al estimar que “[…] el término

1
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

5

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Accionante: Ingrid Lily Assicie Muñoz

de 5 años previsto en el artículo 91 del CPACA numeral 3 de la ley 1437 de 2011
empieza a correr únicamente cuando la decisión queda totalmente ejecutoriada, Si
se interpone recursos contra la sentencia por falta de condena en costas, el conteo
se interrumpe por completo y solo vuelve a iniciarse desde que se notifica la
providencia final que resuelve ese punto. […]”.

13. Destacó que en los anexos de la demanda había aportado una anotación de la
autoridad accionada en la cual se señaló que la fecha de ejecutoria fue en el año
2020.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20215 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20256, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20197, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20248.

VIII.2. Cuestión previa

15. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
resolverá, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación
procesal presentada por la Secretaría de Educación del distrito de Santiago de Cali.

16. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T-1001 de 20069, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso […].

3
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
4
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
5
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
6
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
7
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
8
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
9
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

6

Radicación: 76001-23-33-000-2026-00419-01
Accionante: Ingrid Lily Assicie Muñoz

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción
[…]’ […]” (subrayado fuera del texto).

17. Teniendo en cuenta que la Secretaría de Educación del distrito de Santiago de
Cali no fue parte dentro del proceso ejecutivo cuestionado debido a que en el ordinal
quinto de la sentencia de 8 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se declaró de oficio la falta de legitimación en la causa
por pasiva de dicha entidad, la Sala considera que a esta entidad no le asiste el
interés jurídico para ser vinculado a esta acción constitucional.

18. Por lo anterior, se aceptará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VIII.3. Problemas jurídicos

19. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado10, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en el defecto procedimental absoluto.

20. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

21. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias

10
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

22. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

23. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

24. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución13.

25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”14 que encaje en dichos
parámetros.

26. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
12
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
13
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
14
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.5. El caso concreto

28. La señora Ingrid Lily Assicie Muñoz, a través de apoderada judicial, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la defensa, cuya vulneración les atribuyó a las
providencias de 4 de septiembre de 2025, 26 de febrero de 2026 y 21 de abril de
2026 proferidas por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali, dentro
del proceso ejecutivo identificado con número de radicación 76001-33-33-017-
2024-00288-00.

29. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, los requisitos generales de subsidiariedad y de relevancia constitucional.

VIII.5.1. Del incumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad

30. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.

31. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto]

32. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su

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Accionante: Ingrid Lily Assicie Muñoz

naturaleza15), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

33. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:

“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”16.

34. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”17.

35. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

36. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

15
Corte Constitucional, Sala Plena. Auto 132 de 16 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-
580 de 26 de julio de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Radicación: 76001-23-33-000-2026-00419-01
Accionante: Ingrid Lily Assicie Muñoz

37. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la accionante “[…]
Solicita respetuosamente al Tribunal Contencioso Administrativo de Cali- Valle
del Cauca, en sala laboral, para que el Magistrado reconsidere la caducidad en el
medio de control Ejecutivo […]” y para tal efecto citó:

“[…] Ley 1437 de 2011 art 164 código procedimiento administrativo y de lo
contencioso administrativo los términos empiezan a contabilizarse así (sic):

El plazo de los (5) años se cuenta a partir de la fecha en que la decisión
quedo en firme (ejecutoriada) o desde que se hizo exigible. Si la sentencia
es contra, antes de una entidad pública, antes de demandar
ejecutivamente se debe esperar el termino (sic) de (10) meses según el
CPACA o (18) meses bajo el anterior CCA, momento desde el cual el
acreedor los 5 años para iniciar la ejecución […]”.

38. En criterio de la Sala, el argumento citado se dirige a controvertir un asunto que
pudo haber sido superado por la parte actora en la medida en que contaba con la
posibilidad de interponer oportunamente el recurso de apelación contra el auto de
4 de septiembre de 202518, mediante el cual se negó el mandamiento de pago.

39. De otra parte, la Sala evidencia que el recurso de queja fue interpuesto
directamente contra el auto de 26 de febrero de 2026 sin observar el trámite previsto
en el artículo 353 de la Ley 1564 de 2012, el cual dispone:

“[…] Artículo 353. Interposición y trámite. El recurso de queja deberá
interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la
apelación o la casación, salvo cuando este sea consecuencia de la reposición
interpuesta por la parte contraria, caso en el cual deberá interponerse
directamente dentro de la ejecutoria. […]”.

40. En ese sentido, la interposición del recurso de reposición constituía un
presupuesto necesario para la viabilidad del recurso de queja, cuya omisión impidió
la habilitación del examen del proceso por el superior funcional respecto de la
negativa del mandamiento de pago.

41. En ese orden de ideas, la Sala considera que el reparo planteado pudo haber
sido planteado a través de los mecanismos ordinarios de defensa judicial, previa
observancia de los requisitos legales pertinentes. Adicionalmente, en el asunto de
la referencia no se demostró la configuración de un perjuicio irremediable19.

18
La Sala advierte que, de conformidad con el expediente, dicho auto se notificó por estado el día 9 de septiembre de 2025
y el recurso de apelación se presentó el 16 del mismo mes y año.
19
Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de acciones
u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto no puede
ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes requisitos: (1)
el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial transitoria; (2) las
medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de ser grave, esto es,
que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la urgencia y la
gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).

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Radicación: 76001-23-33-000-2026-00419-01
Accionante: Ingrid Lily Assicie Muñoz

VIII.5.2. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

42. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental20 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones21.

43. En las acciones de tutela contra providencias judiciales22 el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías
constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el
uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces23.

44. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación24, sostuvo que:

“[…] La ‘relevancia constitucional’ es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de ‘relevancia constitucional’, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera de texto].

45. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202225 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión

20
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
21
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
22
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
23
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
24
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
25
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 76001-23-33-000-2026-00419-01
Accionante: Ingrid Lily Assicie Muñoz

meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, el accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

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Radicación: 76001-23-33-000-2026-00419-01
Accionante: Ingrid Lily Assicie Muñoz

46. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202326.

47. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales27.

48. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

49. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró sus
derechos fundamentales indicados supra por haber incurrido, presuntamente, en el
defecto procedimental absoluto.

50. Afirmó la existencia de un defecto procedimental absoluto por cuanto, a su juicio, la
autoridad judicial actuó de manera arbitraria al impedir el acceso a la segunda
instancia dentro del trámite del proceso.

51. Precisados los argumentos que sustentan la acción de amparo, en criterio de
esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de relevancia constitucional
porque: i) el debate no se realiza desde una óptica constitucional, y ii) la parte
accionante pretende utilizar este mecanismo como una instancia adicional con lo
que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural del asunto.

52. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones
por las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

53. Además, no se está poniendo de presente que en la providencia censurada se
haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el argumento en el que

26
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Radicación: 76001-23-33-000-2026-00419-01
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fundamenta su inconformidad se sustenta, básicamente, en que el Juzgado
Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali negó el mandamiento de pago al
considerar configurada la caducidad de la acción ejecutiva, rechazó el recurso de
apelación interpuesto contra dicha decisión por extemporáneo y, finalmente,
denegó el recurso de queja por improcedente, al no haber sido formulado en
subsidio del recurso de reposición contra el auto que desestimó la apelación.

54. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Cali en las
providencias cuestionadas. En el auto de 4 de septiembre de 2025 se señaló:

“[…] Como ya se advirtió, de acuerdo con la constancia secretarial de
ejecutoria, se tiene que la sentencia base de recaudo quedó ejecutoriada el día
20 de marzo de 2018 por tanto la obligación se hizo exigible el 20 de enero de
2019, de acuerdo con el artículo 192 del CPACA, no como pretende la parte
ejecutante al señalar que la ejecutoria va desde el auto mediante el cual se
aprueba la liquidación de costas.

Así las cosas, a partir de esa última fecha empezó a contar el término de
caducidad, de cinco (5) años previsto en el literal K del numeral 2º del artículo
164 del CPACA, que vencía el 20 de enero de 2024; sin embargo, es de tener
presente que en virtud Decreto Legislativo 564 del 15 de abril de 2020 se
dispuso la suspensión de términos de prescripción y caducidad desde el
16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la judicatura
dispusiera su reanudación, dispuso la norma:

“Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos
de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o
procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar
demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días,
meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020
hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación
de los términos judiciales.

El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir
del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos
judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura.

No obstante, cuando al decretarse la suspensión de términos por dicha
Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer
inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un
mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para
realizar oportunamente la actuación correspondiente.

Parágrafo. La suspensión de términos de prescripción y caducidad no es
aplicable en materia penal.”

Ahora bien, mediante el Acuerdo PCSJA20-11581 27/06/2020 el Consejo
Superior de la Judicatura levantó los términos a partir del día 1° de julio de
2020, es decir, el término de suspensión de la caducidad abarcó un total de 3
meses y catorce días (104 días) contabilizados desde el 16 de marzo hasta el
30 de junio de 2020, por lo que la oportunidad para presentar la demanda se
extendió hasta el 06 de mayo de 2024, conforme al inciso 7 del art. 118 del
Código General del Proceso.

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Radicación: 76001-23-33-000-2026-00419-01
Accionante: Ingrid Lily Assicie Muñoz

Ahora bien, la solicitud de ejecución fue presentada inicialmente el (sic) en el
Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Cali el día 28 de agosto de 2024
[…], es decir, pasados los cinco (5) años de exigibilidad de la obligación
contenida en la sentencia; por lo tanto, como se advirtió, el medio de control ya
se hallaba caducado. La demanda que fue remitida por competencia por el
mencionado juzgado, el día 12 de noviembre de 2024. […]” (negrilla fuera de
texto).

55. De igual forma, en el auto de 26 de febrero de 2026 el Juzgado explicó:

“[…] De conformidad con la constancia secretarial obrante en el expediente digital
SAMAI, índice 0009, el referido auto fue notificado por estado el 9 de septiembre
de 2025, fecha en la cual también se remitió el correspondiente mensaje de datos
a los sujetos procesales. En consecuencia, el término de ejecutoria transcurrió los
días 10, 11 y 12 de septiembre de 2025.

No obstante, la apoderada judicial de la parte actora presentó el recurso de
apelación el 16 de septiembre de 2025, esto es, por fuera del término legal.

En consecuencia, el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra
el auto interlocutorio No. 527 del 4 de septiembre de 2025, mediante el cual se negó
el mandamiento de pago, fue presentado de manera extemporánea. […]”.

56. Respecto a la presentación del recurso de queja, en auto de 21 de abril de 2026,
la misma autoridad judicial manifestó lo siguiente:

“[…] Como se advierte, el recurso de queja interpuesto por la parte demandante fue
presentado de manera directa, sin haberse formulado en subsidio del recurso de
reposición, circunstancia que impide su trámite. En criterio de este Despacho,
resulta imperativo abstenerse de darle curso al referido medio de impugnación, en
tanto debía proponerse, de manera previa y concurrente, como subsidiario del de
reposición.

Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el artículo 353 del
Código General del Proceso exige, como carga procesal ineludible, la interposición
conjunta de dos recursos […].

Tampoco le es dado a este Despacho aplicar lo dispuesto en el artículo 318 del
Código General del Proceso, conforme al cual: ‘Cuando el recurrente impugne una
providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la
impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya
sido interpuesto oportunamente’, por cuanto en el presente asunto no se configuran
los supuestos fácticos que permitirían la aplicación de dicha norma como
mecanismo de corrección de una actuación procesal. En efecto, no se está en
presencia de la interposición de un recurso equivocado, sino de la omisión del
recurso principal, en este caso, el de reposición, requisito indispensable para que
pueda tener lugar el recurso subsidiario de queja. En consecuencia, al no haberse
propuesto el recurso principal, resulta improcedente dar trámite al recurso
subsidiario, sin que sea posible tramitar la actuación con fundamento en la
disposición citada. […]”.

57. Las transcripciones anteriores permiten evidenciar que el debate planteado en
esta sede constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y no se observa que las decisiones proferidas hubiesen sido

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Accionante: Ingrid Lily Assicie Muñoz

arbitrarias o, se hubiesen desconocido los derechos fundamentales de la parte
accionante en el trámite del proceso contencioso administrativo.

58. Eneste punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada no conduce a que el juez de tutela
pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta autoridad no actúa como instancia
adicional o de revisión del proceso.

59. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”28.

60. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”29. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”30.

61. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección revocará lo
decidido en el fallo impugnado y, en su lugar, declarará improcedente por no
superar los requisitos generales de subsidiariedad y relevancia constitucional, como
se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DESVINCULAR a la Secretaría de Educación del distrito de Santiago
de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 4 de junio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar DECLARAR IMPROCEDENTE la
presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

28
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
29
Ibid.
30
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Radicación: 76001-23-33-000-2026-00419-01
Accionante: Ingrid Lily Assicie Muñoz

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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