Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00436-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00436-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2026-00436-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00436-01
Demandante: FRANCISCO HERNANDO MUÑOZ ATUESTA
Demandado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
Tema: Designación de miembros de la Comisión Nacional
Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. Revoca
decisión de primera instancia y, en su lugar, ordena
cumplimiento.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la
sentencia del 24 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda1
El ciudadano Francisco Hernando Muñoz Atuesta, actuando en nombre propio,
promovió demanda en ejercicio de la acción de cumplimiento en contra del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en lo sucesivo el
DAPRE, en la que solicitó el acatamiento del artículo 66 de la Ley 1474 de 2011,
en consonancia con lo dispuesto en los Decretos 1081 de 2015 y 958 de 2016. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
1. ORDENAR al Presidente de la República y/o al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República que, dentro del término perentorio
que el despacho estime razonable, proceda a ejercer la competencia legal de
designación del integrante correspondiente al sector de veedurías ciudadanas de la
Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, a partir de la terna
que obra en su despacho.
1 Ver índice 2, cuaderno de primera instancia.
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Demandante: Francisco Hernando Muñoz Atuesta
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2. DISPONER las medidas de seguimiento y cumplimiento que resulten
necesarias para asegurar la ejecución efectiva de la orden impartida2.
1.2. Hechos
El accionante narró que, con ocasión de la expedición de la Ley 1474 de 2011 en
su artículo 66, se creó la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la
Corrupción en la que tiene participación un representante de las veedurías
ciudadanas.
Explicó que el anterior representante que ocupaba el cargo finalizó su periodo
desde el 16 de agosto de 2024, por lo cual dicha plaza actualmente se encuentra
vacante.
Añadió que el Ministerio del Interior, mediante Resolución 1867 del 11 de octubre
de 2024, realizó la convocatoria pública para la elección correspondiente y suplir
el citado cargo, la cual finalizó con el Oficio OFI25-00060714 del 1 de abril de 2025
mediante el cual la citada cartera sometió al Presidente de la República la terna
de la cual se elegiría a la persona, sin que a la fecha se haya adoptado una
decisión.
Por lo anterior, el 8 de mayo de 2026, el actor radicó escrito de constitución en
renuencia, el cual fue contestado mediante oficio del 26 de mayo de 2026 en la
que indicó que aún no se había hecho la elección.
Finalmente, enfatizó que desde la fecha en que fue remitida la terna al Presidente
de la República, han transcurrido 13 meses sin que haya una decisión de fondo al
respecto.
1.3. Actuaciones procesales relevantes
1.3.1. Admisión de la demanda
La Magistrada Ponente de la primera instancia, por auto del 29 de mayo de 2026 3,
admitió la acción constitucional de la referencia y tuvo como autoridad demandada
al DAPRE4.
1.3.2. Intervención del DAPRE
Como punto de partida, la autoridad explicó la naturaleza jurídica y las funciones
que tiene a su cargo, conforme lo disponen el Decreto 2647 de 2022 y el Decreto
Único Reglamentario 1081 de 2015. En ese sentido, precisó que no se deben
2 Transcripción original del texto con posibles errores.
3 Ver índice 5, cuaderno de primera instancia.
4 Notificada mediante Oficio 60769 del 1 de junio de 2026, remitido al buzón de correo electrónico
notificaciones judiciales@presidencia.gov.co.
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confundir las funciones a su cargo respecto a las pretensiones incoadas en la
demanda.
Frente a la solicitud de cumplimiento, explicó que las normas invocadas con la
demanda no contienen una obligación clara, expresa y exigible a cargo del DAPRE,
que establezca un término específico para elegir un miembro que conforme la
Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción.
Indicó que, frente a la designación de los miembros que conforman la citada
comisión, se han adelantado los procesos correspondientes para la integración de
ternas y se encuentra pendiente únicamente la decisión final por parte del
Presidente de la República.
Finalmente, acotó que en este caso se busca una discusión de intereses subjetivo,
lo cual hace improcedente la acción.
1.4. Sentencia de primera instancia5
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 24 de junio
de 2026, estableció que en el presente caso las disposiciones legales invocadas se
limitan a establecer la competencia en cabeza del Presidente de la República para
realizar la designación correspondiente, pero no consignan un mandato bajo el
entendido que no se determinó el plazo en el que debía hacerse la elección. Al
respecto, acotó lo siguiente:
23. Por lo tanto, la sola remisión de la terna no permite concluir, por sí misma, que
exista un deber exigible actualmente de designar dentro de un plazo judicialmente
imponible. Admitir lo contrario supondría que el juez de cumplimiento fijara un término
que el legislador y el reglamento no previeron, con lo cual no haría cumplir una
obligación preexistente, sino que completaría su contenido y definiría las condiciones
temporales de su ejercicio.
Aunado lo anterior, advirtió que la pretensión del actor, más allá de obtener el
acatamiento de un mandato, encubre su verdadero interés subjetivo. En ese
sentido, precisó:
26. Finalmente, aunque el actor presenta la solicitud bajo la apariencia de una
defensa objetiva del ordenamiento jurídico, lo cierto es que él integra la terna remitida
al presidente de la República. Esa circunstancia revela que la decisión cuya adopción
se reclama puede incidir de manera directa en su expectativa individual de ser
designado. Aunque ello, por sí solo, no elimina la legitimación para promover la
presente acción, sí impone evitar que este mecanismo constitucional sea empleado
como un medio de presión para obtener la definición de su situación particular o para
acelerar una decisión cuyo contenido corresponde adoptar exclusivamente al
presidente.
5 Ver índice 13, cuaderno de primera instancia.
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Como consecuencia de lo expuesto, el a quo concluyó que la acción de
cumplimiento en el presente caso era improcedente.
1.5. Impugnación 6
El señor Francisco Hernando Muñoz Atuesta explicó que la acción constitucional
del asunto no busca la satisfacción de un interés personal como lo indicó la
sentencia de primera instancia, pues, pese a hacer parte de la terna remitida al
Presidente de la República, el jefe de Estado goza de total libertad de escoger a
cualquier otro ciudadano que también se encuentre incluido en el listado.
Acto seguido reprochó que la inexistencia de plazo para el cumplimiento justifique
la inactividad de la administración en acatar el mandato, para lo cual trajo a colación
fallos dictados por el Consejo de Estado en los que dicha situación no es óbice para
acceder a las pretensiones de la demanda.
Precisó que en ningún momento se demandó el cumplimiento de disposiciones de
rango constitucional, sino que las mismas se encuentran determinadas en la
demanda y, en ese sentido, es totalmente factible la acción frente a dicho
presupuesto.
Finalmente, indicó que no se puede calificar su actuación en este proceso como un
mecanismo de presión para que el Presidente de la República cumpla un deber que
se encuentra a su cargo.
1.6. Trámite en segunda instancia
La Magistrada Ponente de la presente decisión, dictó auto el 10 de julio de 2026 en
el que advirtió que en la acción constitucional había sido dirigida contra el DAPRE,
sin embargo, la disposición legal invocada establece como destinatario al
Presidente de la República.
Surtida la notificación del citado sujeto, por conducto de apoderado judicial reiteró
los argumentos expuestos por el DAPRE en su escrito de contestación planteado
en el curso de la primera instancia.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la accionada
contra la sentencia de primera instancia del 24 de junio de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en
6 Ver índice 16, cuaderno de primera instancia. La sentencia se notificó el 25 de junio de 2026 y en
la misma fecha el accionante radicó su escrito de impugnación.
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los artículos 3º de la Ley 393 de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011,
y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado,
que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer
de las «apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se
dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que declaró improcedente la acción de cumplimiento. Para lo
cual se resolverán, en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la autoridad demandada
frente a la disposición invocada como incumplida?
• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?
En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:
• ¿El Presidente de la República tiene a su cargo el deber de designar al
representante de las veedurías ciudadanas ante la Comisión Nacional
Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción?
2.3. Razones jurídicas de la decisión
A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y
iii) el caso concreto.
2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido».
En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».
Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
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la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante
el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de ley
y de los actos administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material
de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de
principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo] (subrayado por fuera del
texto).
Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:
a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)7
b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).
c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.
d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto,
7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el cumplimiento de
normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).
Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad
de las pretensiones expuestas en la demanda.
2.3.2. De la renuencia
El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique
en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera, quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento
Al respecto, esta Sección ha señalado que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
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exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos
[8] (Negrillas fuera de texto).
Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento» 9,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene
una finalidad distinta a la de constitución en renuencia».
Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»10.
En torno al requisito en cuestión, de los medios de prueba aportados con la
demanda, se tiene por demostrado que el señor Muñoz Atuesta remitió el 8 de mayo
de 2026 correo electrónico dirigido al buzón de contacto@presidencia.gov.co
escrito de constitución en renuencia.
En igual sentido, se tiene que el actor formuló ante el Presidente de la República lo
siguiente:
1. FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DEBER LEGAL El artículo 66 de la Ley
1474 de 2011 creó laComisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la
Corrupción (CNCLCC) como instanciapermanente. El artículo 67 de la misma ley, en
concordancia con el Decreto 958 de 2016 y laResolución 1867 de 2024, establece el
deber imperativo a cargo del Presidente de la Repúblicade designar a los
8 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
9 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres
Cuervo.
10 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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comisionados ciudadanos a partir de las ternas remitidas por los
sectorescorrespondientes.
2. HECHOS QUE DEMUESTRAN EL INCUMPLIMIENTO A la fecha, ha
transcurrido más de un añodesde que el cargo de representante de las veedurías
ciudadanas quedó vacante (16 de agostode 2024). El proceso de convocatoria
pública (Resolución 1867 de 2024) fue agotadoexitosamente y la terna respectiva fue
remitida oficialmente a la Presidencia de la Repúblicadesde el 1 de abril de 2025
(Oficio OFI25-00060714). Pese a ello, su despacho ha omitidorealizar la designación
correspondiente, invocando discrecionalidad administrativa, lo cualconstituye una
omisión indefinida que vacía de contenido el mandato legal de integración delórgano.
3. PRETENSIÓN De manera clara, expresa y exigible, REQUIERO
formalmente al Presidente de laRepública que proceda a realizar la designación del
integrante del sector de veeduríasciudadanas ante la CNCLCC, seleccionado de la
terna que ya reposa en su despacho, en untérmino no mayor a diez (10) días hábiles
contados a partir de la recepción de la presentecomunicación.
4. CONSTITUCIÓN EN RENUENCIA Esta solicitud tiene como objetivo
expreso constituir enrenuencia a la Presidencia de la República para efectos de la
procedencia de la Acción deCumplimiento (Art. 8, Ley 393 de 1997). El silencio o la
negativa a dar cumplimiento a estemandato legal una vez transcurridos los diez (10)
días hábiles otorgados, configurará la renuencianecesaria para iniciar la respectiva
acción judicial ante la Jurisdicción de lo ContenciosoAdministrativo.
5. NOTIFICACIONES Recibiré respuesta a esta solicitud en el
correoelectrónico: franciscomunoz7@gmail.com
Por su parte, el DAPRE emitió comunicado el 26 de mayo de 2026, en el que indicó
al actor lo siguiente:
A partir de la fecha, junto con los demás ternados, la Secretaría de Transparencia ha
requerido en varias oportunidades a la Jefatura de Despacho Presidencial para que
proceda con la designación del comisionado, teniendo en cuenta las funciones de
esta dependencia según el Decreto 2647 de 2022.
A pesar de que, a la fecha, no se ha conformado la Comisión, continuamos
adelantando las gestiones para que los comisionados sean designados en la menor
brevedad posible, y de esta forma la instancia pueda ser instalada. Le informamos,
además, que la terna remitida por el Ministerio del Interior, en la cual usted aparece,
continua vigente.
Conforme lo anterior, se concluye que en el presente caso se encuentra acreditado
el requisito de constitución en renuencia y, por ende, la Sala procede al estudio de
los presupuestos de procedencia de la acción de cumplimiento, los cuales, de
encontrarse superados, darán lugar al estudio de fondo.
2.3.3. Caso concreto
La pretensión del accionante consiste en el acatamiento del artículo 66 de la Ley
1474 de 2011, en consonancia con lo dispuesto en los Decretos 1081 de 2015 y
958 de 2016, sin embargo, respecto de los dos últimos el actor las citó de manera
general, sin que sea posible inferir o delimitar las disposiciones presuntamente
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desconocidas, razón por la cual la Sala no se pronunciará sobre el contenido de las
mismas.
Es de resaltar que, en materia de acción de cumplimiento, el juez constitucional no
se encuentra en la obligación de llenar los eventuales vacíos respecto a la
pretensión de la parte demandante. Lo anterior, por cuanto dicha situación
vulneraría el derecho de defensa y el debido proceso de la autoridad demandada,
quien podría verse sorprendida al ser condenada a cumplir un mandato que no fue
individualizado.
De manera que el estudio que realizará esta Sección se limitará al artículo 67 de la
Ley 1474 de 2011, al ser la única disposición que el actor puntualizó como
incumplida, puntualmente establece:
LEY 1474 DE 2011
(Julio 12)
(Ver Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016.)
"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad
del control de la gestión pública."
ARTÍCULO 67. Designación de Comisionados. La designación de los
Comisionados Ciudadanos corresponde al Presidente de la República, de ternas
enviadas por cada sector. El desempeño del cargo será por períodos fijos de cuatro
(4) años y ejercerán sus funciones ad honórem.
La anterior disposición, es una ley susceptible de la acción de cumplimiento en los
términos del artículo 1° de la Ley 393 de 1997. Asimismo, la citada norma se
encuentra vigente, pues, no existe otra disposición legal o decisión judicial que la
haya removido del ordenamiento jurídico.
Por otra parte, tampoco se evidencia la existencia de otro mecanismo judicial que
permita al demandante obtener el cabal acatamiento de la disposición citada; en
igual sentido, el debate que se plantea en esta instancia no es susceptible de ser
ventilado a través de la acción de tutela, toda vez que no se ven involucrados
derechos fundamentales. Finalmente, el acatamiento de la norma no conlleva para
la parte demandada incurrir en un gasto no presupuestado.
Expuesto lo anterior, es de resaltar que la finalidad de la acción de cumplimiento es
que toda persona pueda acudir ante la autoridad judicial competente para hacer
efectivo el acatamiento de una ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone
el artículo 87 constitucional.
No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de
disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan
como “deberes”. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos
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a través de las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato
perentorio, claro y directo a cargo de determinada autoridad, un mandato
“imperativo e inobjetable”.
Al respecto, resulta importante recordar que esta Sección ha indicado las
características que deben tener los deberes legales o administrativos que pueden
ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional: mandatos
imperativos, expresos e inobjetables. Es así, que en reciente providencia precisó
su postura de la siguiente manera11:
[E]l mandato previsto en la ley o en el acto administrativo no tiene que consistir en
una obligación clara, expresa y exigible, bastara con que se trate de un deber
imperativo, expreso e inobjetable. Considerar que, si el precepto no tiene todas las
circunstancias de tiempo, modo y lugar no puede ser exigible para el sujeto pasivo
de la obligación, implicaría aceptar que las disposiciones son ineficaces desde todo
punto de vista y por tanto no podrían ser enjuiciables vía acción de cumplimiento.
Esto a su vez, supondría ir en contra del espíritu del constituyente quien estatuyo en
el artículo 87 de la Carta, una acción que le permita a toda persona solicitar la
realización efectiva de los mandatos señalados en las leyes y los actos
administrativos ante cualquier autoridad, para «hacerle frente a las omisiones de las
autoridades públicas, y de los particulares que ejerzan funciones públicas, en el
ejercicio de toda actividad jurídica o material, legalmente debida y cuya ejecución sea
posible de realizar»12.
Acorde con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que
declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, por inexistencia de un plazo
en la disposición legal invocada, y, en su lugar, se accederá a la pretensión incoada
por el señor Muñoz Atuesta, por cuanto, el que el Presidente de la República
disponga de un margen de apreciación para escoger, no significa que pueda
sustraerse indefinidamente del ejercicio de la competencia que el legislador le
atribuyó.
En sustento de lo anterior, se tiene que el Ministerio del Interior dictó la Resolución
1867 del 11 de octubre de 2024, “Por la cual se realiza la convocatoria de elección
del comisionado ciudadano que represente a las Veedurías Ciudadanas ante la
Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción”, en el que se fijó
el siguiente cronograma:
11Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 25 de enero de 2024, radicado 25000-23-41-
000-2022-00243-01, MP Pedro Pablo Vanegas Gil.
12 Ramelli Arteaga, A. 2000. La acción de cumplimiento: ¿Un instrumento jurídico al servicio del
Estado social de derecho en Colombia? Revista derecho del Estado. 8 (jun. 2000), 85–125.
11
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Demandante: Francisco Hernando Muñoz Atuesta
Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00436-01
Adicionalmente, mediante oficio del 16 de agosto de 2024, la Secretaría de
Transparencia del DAPRE, emitió el comunicado dirigido al Ministerio del Interior,
cuyo asunto indicaba: “Solicitud terna nuevo representante Comisión Nacional
Ciudadana de Lucha contra la Corrupción por parte del sector de las veedurías”, en
el que se indicó, entre otros aspectos, lo siguiente:
Teniendo en cuenta que el 17 de junio de 2024 terminó el periodo fijo de cuatro (4)
años de la representante Casallas, de manera respetuosa solicitamos la colaboración
de la Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal del
Ministerio del Interior para que, a más tardar el 3 de septiembre del presente año,
envíe la terna con base en la cual se procederá a seleccionar el comisionado o
comisionada que les representará en la CNCLCC.
Finalmente, el Ministerio del Interior dio respuesta al anterior comunicado mediante
oficio del 27 de diciembre de 2024, en el cual remitió a la Secretaría de
Transparencia la terna de la cual el Presidente de la República debía proceder a la
designación de la persona que va a representar a las veedurías ciudadanas.
Lo anterior adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que el DAPRE, con
ocasión del escrito de constitución en renuencia reconoció que: «[…] ha requerido
en varias oportunidades a la Jefatura de Despacho Presidencial para que proceda con la
designación del comisionado, teniendo en cuenta las funciones de esta dependencia según
el Decreto 2647 de 2022».
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Demandante: Francisco Hernando Muñoz Atuesta
Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00436-01
Aunado lo anterior, nótese que no se encuentra pendiente etapa alguna de la
convocatoria, quedando únicamente pendiente la selección que para tal efecto se
encuentra en cabeza del Presidente de la República, quien se ha sustraído
injustificadamente del cumplimiento del mandato que emana del artículo 67 de la
Ley 1474 de 2011.
En efecto, una cosa es la discrecionalidad que pueda existir respecto del contenido
de la decisión, esto es, la facultad de seleccionar a cualquiera de los integrantes de
la terna y otra, sustancialmente distinta, es la existencia misma del deber jurídico
de adoptar la decisión, por tanto, esa discrecionalidad no puede transformarse en
una suerte de potestad para mantener indefinidamente vacante una de las curules
que integran la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción.
En otras palabras, la norma concede un margen de decisión respecto de quién será
designado, pero no si debe realizarse o no la designación, en tal medida, la Sala
revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, dispondrá que el
Presidente de la República, en el término 5 días hábiles, computados a partir de la
ejecutoria de la presente decisión, designe al representante de las veedurías
ciudadanas ante la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la
Corrupción, de la terna remitida por el Ministerio del Interior.
Finalmente, en el presente caso la demanda se instauró contra el DAPRE, pues,
en criterio de la parte actora, era la destinataria del mandato que acá se invoca. No
obstante, se debe tener en cuenta que, en tratándose de acciones de cumplimiento,
la pretensión debe ser dirigida frente a la autoridad que la propia disposición legal
establece, lo cual, para el presente caso, es el Presidente de la República.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 24 de junio de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para, en su lugar, ORDENAR al
Presidente de la República que, dentro del término de cinco días computados a
partir de la ejecutoria de la presente providencia, cumplir el mandato establecido
en el artículo 67 de la Ley 1474 de 2011, en consecuencia, deberá DESIGNAR al
representante de las veedurías ciudadanas ante la Comisión Nacional Ciudadana
para la Lucha contra la Corrupción, de la terna remitida por el Ministerio del Interior.
SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
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Demandante: Francisco Hernando Muñoz Atuesta
Demandado: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00436-01
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
CUARTO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Con aclaración de voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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