Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00442-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00442-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2026-00442-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
27 de agosto de 2026
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00442-01
Demandante: Adriana Patricia Gómez Rodríguez y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00442-01
Demandante: Adriana Patricia Gómez Rodríguez y otro
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo de Cartago
Temas: Debido proceso, mora judicial en proceso ejecutivo.
Sentencia segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 12 de junio de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, que resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la
presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. […]»
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 28 de abril de 2026, Adriana Patricia Gómez Rodríguez, a través de apoderado,
y Jonathan Bolívar Acosta, en nombre propio, ejercieron acción de tutela contra el
Juzgado Segundo Administrativo de Cartago por considerar vulnerados los
derechos fundamentales de petición, de acceso a la administración de justicia, a la
tutela efectiva judicial, al debido proceso, a la igualdad y al trabajo. En
consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
« (…) ORDENE al Honorable Juzgado Segundo Administrativo de Cartago Valle del
Cauca, a los siguientes:
1. Primero. Dar el trámite URGENTE o INMEDIATO al proceso ejecutivo en su
admisión, inadmisión o rechazo, conforme fuera el caso, con las consecuencias que
ello pudiera traer a la parte Accionante, en esta fecha. (Contenido en la plataforma
SAMAI de radicado del proceso: 76147333300220160038000, en el índice del
registro de actividades del proceso No. 00017 de Fecha 13 de Marzo de 2026).
2. Segundo. Dar trámite a la solicitud de medidas cautelares radicadas con la
demanda ejecutiva el 13 de Marzo de 2026, con las consecuencias que ello pudiera
traer a la parte Accionante, en esta fecha de respuesta. (Contenido en la plataforma
SAMAI de radicado del proceso: 76147333300220160038000, en el índice del
registro de actividades del proceso No. 00017 de Fecha 13 de Marzo de 2026, a partir
del folio 95 del expediente contenido).
3. Tercero. Dar respuesta al derecho de petición para promover el impulso procesal
del proceso ejecutivo, radicado el 27 de Abril de 2026, sin respuesta alguna a la
fecha por parte del Honorable Juzgado Accionado. (Contenido en la plataforma
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Demandante: Adriana Patricia Gómez Rodríguez y otro
SAMAI de radicado del proceso: 76147333300220160038000, en el índice del
registro de actividades del proceso No. 00020 de Fecha 27 de Abril de 2026).
4. Cuarto. Dar respuesta en beneficio del proceso y de los derechos de los
accionantes, de la solicitud de suspensión del proceso ejecutivo contenida en el aviso
de liquidación de la Empresa, radicada el día 10 de Abril de 2026 (Contenido en la
plataforma SAMAI de radicado del proceso: 76147333300220160038000, en el
índice del registro de actividades del proceso No. 00018 de Fecha 10 de Abril de
2026), y de la misma forma de la oposición sobre dicha solicitud radicada por este
apoderado el día 13 de Abril de 2026, con rotulada por el Despacho en la plataforma
SAMAI, como solicitud especial apoderado demandante, sobre las cuales de igual
forma no existe pronunciamiento o decisión alguna. (Contenido en la plataforma
SAMAI de radicado del proceso: 76147333300220160038000, en el índice del
registro de actividades del proceso No. 00019 de Fecha 13 de Abril de 2026).
TERCERO. Señor (a) Juez Constitucional, se solicita de forma especial que las
acciones y respuestas que sean otorgadas guarden relación a los principios de
respuesta otorgados por la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, a fin de
que sean congruentes, de fondo, clara, precisa, completa a lo solicitado y con
notificación efectiva, y de no ser así, se me conceda el recurso de impugnación sobre
dichas respuestas.
CUARTO. Señor (a) Juez Constitucional, que, en el evento de no acceder a la
presente solicitud de protección constitucional, se conceda en la sentencia que así lo
determine a esta parte solicitante el RECURSO DE IMPUGNACIÓN, a fin de su
superior jerárquico resuelva el recurso en defensa de los derechos laborales,
prestacionales, y de seguridad social de la Accionante.
QUINTO: De la decisión que se tome sobre la presente, se me notifique de modo
ELECTRÓNICO a los correos jobolivar85@gmail.com y adrigomez1227@gmail.com,
en las modalidades dispuestas para tal fin conforme al Artículo 561 de la Ley 1437
de 2011, Decreto 806 de 2020 y la Ley 2213 de 2022.»
2. Hechos:
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (76147-33-33-
002-2016-00380-00)
En el año 2016, la señora Gómez Rodríguez instauró demanda a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Empresa de
Servicios Públicos de Toro E.S.P., con el objetivo de declarar la nulidad de la
Resolución núm. 01 del 2004, por medio de la cual la entidad demandada la retiró
del servicio como secretaria tesorera de la entidad.
Por reparto, su conocimiento le correspondió en primera instancia al Juzgado
Segundo Administrativo de Cartago, Valle del Cauca, que, en sentencia del 20 de
junio de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad del
acto administrativo en discusión.
El 25 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca modificó la
decisión recurrida en lo relacionado con el restablecimiento del derecho y le ordenó
a la entidad demandada, que pagara, a favor de la señora Gómez Rodríguez, una
indemnización por los salarios y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo
en que no estuvo vinculada a la entidad y confirmó en lo demás.
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Demandante: Adriana Patricia Gómez Rodríguez y otro
Del proceso ejecutivo
El 13 de agosto de 2025, la parte demandante, a través de su apoderado, solicitó
a la Empresa de Servicios Públicos de Toro E.S.P., el cumplimiento de la citada
sentencia expedida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 25 de abril
de 2025.
El 13 de marzo de 2026, ante el incumplimiento de la referida sentencia, la parte
interesada presentó demanda ejecutiva contra la Empresa de Servicios Públicos de
Toro E.S.P.; asimismo, solicitó como medidas cautelares el embargo de cuentas de
ahorros y corrientes que tenga la entidad demandada.
El 27 de abril de 2026, la demandante solicitó impulso procesal del expediente.
El 2 de junio de 2026, el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago inadmitió la
demanda por las siguientes razones: i) no se precisó si también se pretendía la
ejecución de la orden de reintegro contenida en la sentencia, pues aunque en el
escrito se argumentó sobre su incumplimiento, dicha pretensión no fue formulada
expresamente; ii) no se informó si la demandante percibió ingresos por actividades
laborales públicas o privadas durante los 24 meses que sirven de base para la
liquidación de la indemnización, información indispensable porque la sentencia
ordenó descontar esas sumas del valor reconocido; y iii) no se aportó el certificado
salarial necesario para respaldar la liquidación presentada y establecer
correctamente el monto de la condena.
El 3 de junio de 2026, la parte ejecutante presentó escrito por medio del cual
subsanó los yerros de la demanda.
El 4 de junio de 2026, la Empresa de Servicios Públicos de Toro E.S.P. le informó
al despacho que esta se encontraba en proceso de liquidación, por lo que solicitó
que se abstuviera de librar mandamiento de pago en contra de ella, que se
terminara el proceso ejecutivo y se ordenara su acumulación o remisión al proceso
de liquidación de la entidad, para que el crédito sea considerado por la liquidadora.
En la misma fecha, la parte demandante se opuso a la solicitud presentada por la
Empresa de Servicios Públicos de Toro E.S.P., bajo el argumento que esa petición
es improcedente, extemporánea y jurídicamente inepta, porque fue formulada antes
de que exista mandamiento de pago y sin cuestionar la validez del título ejecutivo.
Sostuvo que el juzgado ya decidió continuar el trámite al inadmitir la demanda
únicamente para su subsanación, sin rechazarla ni suspenderla, por lo que la
discusión planteada por la empresa resulta ajena al estado procesal. Además,
afirmó que la liquidación voluntaria de la entidad no genera un fuero de atracción
que desplace la competencia del juez administrativo ni obliga a terminar el proceso
ejecutivo, pues no se trata de una liquidación concursal judicial. También señaló
que la empresa sigue obligada a cumplir la sentencia y a pagar los intereses
causados por la mora, y que cuenta con un título ejecutivo claro, expreso y exigible,
razón por la cual solicitó que se continúe con el trámite ejecutivo hasta el libramiento
del mandamiento de pago.
El 30 de julio de 2026, la demandante solicitó impulso procesal del expediente.
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Demandante: Adriana Patricia Gómez Rodríguez y otro
El 31 de julio de 2026, la secretaria del Juzgado Segundo Administrativo de Cartago
expidió la constancia secretarial donde informó al despacho que la parte
demandante se pronunció oportunamente frente al auto que inadmitió la demanda.
3. Argumentos de la tutela
La parte accionante indicó que el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago
vulneró los derechos fundamentales de petición, de acceso a la administración de
justicia, a la tutela efectiva judicial, al debido proceso, a la igualdad y al trabajo al
pronunciarse sobre la admisión de la demanda ejecutiva presentada contra la
Empresa de Servicios Públicos de Toro y respecto de las medidas cautelares
solicitadas dentro del proceso ejecutivo.
Lo anterior, debido a que, pese a haberse presentado la demanda ejecutiva el 13
de marzo de 2026 para hacer cumplir una sentencia ejecutoriada desde el 8 de
mayo de 2025, el despacho no había emitido pronunciamiento sobre su admisión,
inadmisión o rechazo, ni sobre la solicitud de medidas cautelares. Según los
accionantes, este silencio judicial excedió el término legal de 30 días previsto para
resolver la solicitud y les impidió obtener la ejecución efectiva de una condena
judicial ya reconocida a su favor.
Adicionalmente, para los demandantes existe una vulneración del derecho de
petición porque el 27 de abril de 2026 se radicó una solicitud de impulso procesal
para evitar un perjuicio irremediable, sin que el juzgado hubiese emitido respuesta
alguna. Los accionantes consideran que la omisión resulta especialmente grave
porque se puso en conocimiento del despacho que la Empresa de Servicios
Públicos de Toro E.S.P. estaba adelantando un proceso de liquidación y que dicho
hecho podía afectar la efectividad del cobro judicial, así como el hecho de que
tampoco resolvió ni la solicitud de suspensión del proceso presentada por la
liquidadora ni la oposición formulada contra esa petición, con lo que se mantiene
una situación de incertidumbre procesal.
Finalmente, los accionantes manifestaron que la inactividad judicial favoreció los
intentos de la empresa condenada de eludir el cumplimiento de la sentencia
mediante una liquidación voluntaria, lo que, a su juicio, pone en riesgo los derechos
reconocidos judicialmente tras casi diez años de litigio, situación que no solo afecta
a la señora Gómez Rodríguez, al impedirle obtener el pago y cumplimiento de la
condena, sino también al abogado Jonathan Bolívar Acosta, quien consideró
vulnerados sus derechos al trabajo y al ejercicio de la profesión en condiciones de
igualdad, debido a las obligaciones adquiridas con su cliente y a la imposibilidad de
lograr la ejecución de las decisiones judiciales obtenidas.
4. Trámite previo
Mediante auto del 29 de mayo de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela, ordenó notificar a los demandantes y al Juzgado Segundo Administrativo
de Cartago en calidad de demandado.
5. Oposiciones
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Demandante: Adriana Patricia Gómez Rodríguez y otro
El Juzgado Segundo Administrativo de Cartago solicitó declarar improcedente
el amparo. Explicó el trámite surtido en el proceso ejecutivo, desde la presentación
de la demanda el 13 de marzo de 2026 hasta el auto del 2 de junio de 2026, con el
que inadmitió la demanda y concedió a la ejecutante un término para subsanarla,
cumplido el 3 de junio de 2026. Sostuvo que impartió trámite dentro de un plazo
razonable, negó la mora judicial injustificada y precisó que el escrito radicado como
derecho de petición correspondía a una solicitud propia del proceso judicial en
curso, de modo que concluyó que no vulneró los derechos invocados.
6. Sentencia primera instancia
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca encontró que la accionante
presentó la solicitud de ejecución de la sentencia el 13 de marzo de 2026 y que,
aunque alegó falta de impulso procesal por parte del Juzgado Segundo
Administrativo de Cartago, durante el trámite de la tutela el despacho emitió el auto
del 2 de junio de 2026, mediante el cual inadmitió la solicitud de ejecución y otorgó
un término para su subsanación, la cual fue efectivamente presentada por la
ejecutante. En consecuencia, el Tribunal concluyó que la pretensión principal de la
tutela, consistente en obtener un pronunciamiento e impulso procesal sobre la
solicitud ejecutiva, ya había sido satisfecha, por lo que se configuró la carencia
actual de objeto por hecho superado y no era necesario impartir órdenes
adicionales al juzgado. Por esta razón, la acción de tutela fue declarada
improcedente por hecho superado.
7. Impugnación
La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia, para tal efecto
señaló que el Tribunal incurrió en un error de valoración al considerar que la
expedición del auto 2 de junio de 2026 constituyó un hecho superado suficiente
para negar el amparo. Adujo que dicho auto únicamente exigió aclaraciones y
documentos formales, sin resolver el problema de fondo relacionado con la
ejecución de la sentencia y las medidas cautelares.
Afirmó que el perjuicio irremediable persiste porque la Empresa de Servicios
Públicos de Toro E.S.P. continúa adelantando su proceso de liquidación voluntaria
mientras la ejecución judicial permanece sin una decisión definitiva y con el amparo
constitucional se busca evitar que la empresa se declare insolvente o liquide su
patrimonio antes de cumplir la condena judicial.
Sostuvo que la sentencia otorgó credibilidad exclusiva a la versión del juzgado
accionado y omitió valorar integralmente las pruebas aportadas sobre la conducta
de la empresa condenada. Consideró que el Tribunal ignoró los elementos que
demostraban la existencia de un perjuicio irremediable derivado del incumplimiento
de la sentencia y de la liquidación de la entidad.
Añadió que el Tribunal no analizó adecuadamente las actuaciones mediante las
cuales la empresa solicitó la suspensión y posterior terminación del proceso
ejecutivo para llevar el crédito al trámite de liquidación. Según el impugnante, estas
actuaciones evidencian un riesgo real para la efectividad de la sentencia y excluyen
la existencia de un hecho superado.
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Afirmó que el Tribunal interpretó de manera equivocada la figura del hecho
superado, pues la sola expedición de un auto inadmisorio no satisfizo lo que
realmente se pedía en la tutela. Aclaró que su pretensión no era únicamente
obtener un movimiento procesal, sino lograr una protección efectiva frente al riesgo
de incumplimiento de la sentencia.
Reiteró que la amenaza sigue vigente porque la empresa continúa su proceso de
liquidación y promovió la terminación del proceso ejecutivo. Por ello, consideró que
aún existía materia para que el juez constitucional realizara un pronunciamiento de
fondo sobre los derechos invocados.
Manifestó que la sentencia desconoció pruebas relevantes relacionadas con la
mora judicial, la liquidación de la empresa y las solicitudes presentadas dentro del
proceso ejecutivo, con lo que se omitió estudiar de forma completa el contexto que
dio origen a la tutela y se limitó a verificar la expedición del auto inadmisorio.
Argumentó que la sentencia no analizó de manera expresa la vulneración del
derecho de petición derivada de la falta de respuesta al escrito presentado el 27 de
abril de 2026 de impulso procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, conforme a los argumentos de la impugnación,
hay lugar a revocar o modificar la sentencia de primera instancia que declaró la
carencia actual del objeto por hecho superado.
La Sala anticipa que confirmará la sentencia de primera instancia, porque en el
trámite de la presente acción de tutela, el Juzgado Segundo Administrativo de
Cartago dio impulso al proceso ejecutivo al proferir el auto que inadmitió la
demanda.
Para llegar a esa conclusión, la Sala abordará los siguientes temas: (i) de la mora
judicial; (ii) de la carencia actual de objeto y (iii) el análisis del caso concreto.
(i) De la mora judicial
Conviene decir que la mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado
de los plazos legales por parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre
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que se cumplan los siguientes presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos
dispuestos por la ley para adelantar la actuación judicial; (ii) la inexistencia de un
motivo razonable que justifique la demora, y (iii) la tardanza debe ser imputable a
la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes por parte del juez1.
El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o
corporación judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una
decisión judicial genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos fundamentales.
Existen causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias objetivas, que
impiden que los jueces cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna
decisión. Por ejemplo, se presentan condiciones estructurales, como la excesiva
carga laboral, la falta de una infraestructura básica en los despachos judiciales, que
impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas.
Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de
conexidad necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación
injustificada, a tal punto que esos son los criterios que deben analizarse para
establecer si se configuró o no una amenaza o violación al debido proceso o de
acceso a la administración de justicia. De modo que el funcionario incumplido debe
demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de
dichos derechos y, por ende, la mora judicial solo estará justificada cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende,
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e
ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en
los que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su
comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.
Así mismo, la Corte expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo
irrazonable se deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso
concreto (incluida la afectación actual que el procedimiento implica para los
derechos y deberes del procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta
procesal de las partes; (iv) la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses
que se debaten en el trámite2.
(ii) De la carencia de objeto
El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir,
que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la
1
Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de 2018 y T-
441 de 2020.
2
La Corte Constitucional se ha apoyado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH),
en la que se establecieron criterios objetivos para determinar bajo qué circunstancias se configura la violación al plazo
razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas, tales como: a) la complejidad del asunto; b) la actividad
procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. (Caso Motta Vs Italia, sentencia de 19 de febrero de
1991: Caso Ruiz Mateos Vs España, sentencia de 23 de junio de 1993; Caso Genie Lacayo Vs Nicaragua, sentencia de 29
de enero de 1997).
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vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la
Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto se materializa
en las siguientes circunstancias: el daño consumado3, el hecho superado4, y el
acaecimiento de una situación sobreviniente5.
(iii) Caso concreto
Mediante el ejercicio de la presente acción los demandantes alegan que se
configuró mora judicial, por lo que pretenden la protección de los derechos
fundamentales invocados y que, en consecuencia, se ordene al Juzgado Segundo
Administrativo de Cartago que decida sobre la admisión, inadmisión o rechazo de
la demanda ejecutiva presentada contra la Empresa de Servicios Públicos de Toro
E.S.P., por medio de la cual busca el cumplimiento de la sentencia del 25 de abril
de 2025 dentro del proceso 76147-33-33-002-2016-00380-00.
A efecto de establecer si se configuró el fenómeno de la mora judicial, la Sala
encuentra las siguientes actuaciones surtidas en el proceso con número de
radicado 76147-33-33-002-2016-00380-00, tramitado por el Juzgado Segundo
Administrativo de Cartago, a saber:
• La demanda ejecutiva fue radicada el 13 de marzo de 20266, con el
propósito de obtener el cumplimiento de la sentencia proferida el 25 de abril
de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que ordenó a la
Empresa de Servicios Públicos de Toro reintegrar a la señora Adriana Patricia
Gómez Rodríguez al cargo que desempeñaba o a otro equivalente, por el
término fijado judicialmente. Asimismo, ordenó el pago de los salarios,
prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir con ocasión de su
desvinculación.
• El 9 de abril de 20267, la liquidadora de la entidad ejecutada informó que la
Empresa de Servicios Públicos de Toro había iniciado su proceso de
liquidación, de conformidad con el Acuerdo 039 del 20 de marzo de 2026 y el
Decreto 029 del 29 de marzo del mismo año. Con fundamento en ello, solicitó
al despacho tener por acreditada dicha situación, levantar cualquier medida
cautelar que afectara el patrimonio de la entidad y suspender los procesos
ejecutivos en curso y remitir las diligencias al proceso de liquidación.
3
Daño consumado Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción
de tutela, de tal manera que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir
que se materialice el peligro. Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el
resarcimiento del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la Corte ha indicado que, por regla general, la
acción constitucional es improcedente cuando se ha consumado la vulneración pues, esta acción fue concebida como
preventiva mas no indemnizatoria.
Ver, sentencia SU-225 de 2013 de la Corte Constitucional.
4
Hecho superado Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se
evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por
tanto, terminó la afectación, resultando inocuo cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho
fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado.
Ver, entre otras, las sentencias: T-970 de 2014, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018.
5
Se presenta en aquellos casos en que tiene lugar una situación sobreviviente, que, a diferencia del escenario anterior, no
debe tener origen en una actuación de la accionada, y que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea
porque el accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el
derecho.
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-038 de 2019.
6
índice 17 de SAMAI.
7
índice 18 de SAMAI.
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Demandante: Adriana Patricia Gómez Rodríguez y otro
• El 13 de abril de 20268, la parte ejecutante presentó un memorial mediante
el cual rechazó las solicitudes formuladas por la liquidadora, al cuestionar la
conducta de la entidad por considerar que evidenciaba una intención de eludir
el cumplimiento de la obligación judicial. En consecuencia, pidió la
continuación del trámite ejecutivo, la notificación de la demanda a la entidad
ejecutada, el rechazo de las peticiones elevadas por la empresa en liquidación
y el decreto de las medidas cautelares solicitadas.
• Posteriormente, el 27 de abril de 20269, la ejecutante presentó una solicitud
de impulso procesal reiterando los argumentos previamente expuestos, con el
fin de evitar un eventual perjuicio irremediable y procurar la efectividad de las
decisiones judiciales cuya ejecución se perseguía.
• El 29 de abril de 202610, la entidad demandada allegó al expediente copia
de un informe relacionado con el cumplimiento de la obligación objeto de
ejecución, documento que previamente había sido remitido a la Personería
Municipal de La Unión, Valle del Cauca.
• En el trámite de la presente acción constitucional, mediante auto de 2 de
junio de 202611, el despacho judicial inadmitió la solicitud de ejecución al
advertir la necesidad de corregir determinados aspectos formales, y otorgó a
la ejecutante un plazo para subsanar dichas falencias, bajo apercibimiento de
rechazo. Esta providencia fue notificada por estado el día siguiente12.
• El 3 de junio de 202613, la parte ejecutante presentó oportunamente el
escrito de subsanación dando cumplimiento a los requerimientos efectuados
en el auto inadmisorio.
• Con informe secretarial del 31 de julio de 2026, el expediente pasó al
despacho con el escrito de subsanación.
• El 12 de agosto de 2026, se dejó constancia que mediante el Acuerdo
PCSJA26-12564 de 2026, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la
suspensión de los términos judiciales entre el 10 y el 14 de agosto de 2026,
ambas fechas inclusive, con ocasión del sismo ocurrido el 10 de agosto de
2026.
La Sala observa que, tal como lo concluyó el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en el caso objeto de estudio existe carencia actual de objeto por hecho
superado, porque, con ocasión a la interposición de la presente acción de tutela, el
Juzgado Segundo Administrativo de Cartago impulsó la demanda ejecutiva al
proferir el auto inadmisorio el 2 de junio de 2026.
Al respecto, se encuentra que el 2 de junio de 2026, el Juzgado Segundo
Administrativo de Cartago inadmitió la demanda ejecutiva14; asimismo, se observa
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Índice 22 Samai.
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Radicado: 76001-23-33-000-2026-00442-01
Demandante: Adriana Patricia Gómez Rodríguez y otro
que el auto fue debidamente notificado por estado15 a las partes el 3 de junio de
2026.
En lo que aquí interesa, hay que decir que la carencia de objeto exige que la
pretensión de tutela se supere sin que medie orden judicial, tal como sucede en el
caso objeto de estudio, pues, con ocasión a la solicitud de amparo el Juzgado
Segundo Administrativo de Cartago inadmitió la demanda ejecutiva presentada
por la parte demandante.
Sobre el particular, el Juzgado Segundo Administrativo de Cartago sí impartió
trámite al proceso ejecutivo y emitió una decisión dentro del expediente mediante
auto de 2 de junio de 2026, por medio del cual inadmitió la solicitud de ejecución
y concedió un término para su subsanación. De hecho, la ejecutante corrigió la
demanda dentro del plazo otorgado, lo que demuestra que el proceso continuó su
curso y que existió una actuación judicial efectiva frente a la petición de ejecución
de la sentencia.
Tampoco se configuró una mora judicial injustificada, pues la sola superación de
un término legal no basta para acreditar la afectación de derechos fundamentales,
máxime si se tiene en cuenta que la mora judicial reprochable exige demostrar,
además del vencimiento del plazo, la ausencia de una justificación razonable y la
falta de diligencia del funcionario judicial. En este caso, el despacho adelantó el
estudio de la demanda ejecutiva, analizó los documentos aportados y profirió una
decisión de impulso procesal, razón por la cual no podía concluirse
automáticamente la existencia de una dilación arbitraria.
Con todo, debe precisarse que, para efectos del cómputo de los términos
procesales, estos estuvieron suspendidos durante el periodo comprendido entre el
10 y el 14 de agosto de 2026, de conformidad con el Acuerdo PCSJA26-12564 del
10 de agosto de 2026, medida que fue prorrogada mediante el Acuerdo PCSJA26-
12567 del 12 de agosto de 2026, que extendió la suspensión de términos hasta el
11 de septiembre de 2026.
Por otra parte, en cuanto al objeto de la impugnación, el demandante consideró que
el Tribunal valoró erróneamente los hechos al declarar la existencia de un hecho
superado por la sola expedición del auto de 2 de junio de 2026, pues, a su juicio,
dicha providencia únicamente ordenó subsanar aspectos formales de la demanda
ejecutiva sin resolver de fondo la ejecución de la sentencia, las medidas cautelares
ni el riesgo derivado de la liquidación de la Empresa de Servicios Públicos de Toro
E.S.P.
Al respecto, conviene advertir que el amparo se dirigía a obtener un
pronunciamiento del juzgado sobre la demanda ejecutiva y sobre las solicitudes
radicadas en ella, entre ellas las medidas cautelares y la suspensión pedida con
ocasión de la liquidación de la entidad, y no la definición de fondo de esas materias,
cuya resolución corresponde al juez natural con observancia de las normas
procesales.
Frente al alegado perjuicio irremediable derivado de la liquidación de la Empresa
de Servicios Públicos de Toro E.S.P., la tutela no puede convertirse en un
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mecanismo para anticipar decisiones propias del proceso ejecutivo ni para resolver
controversias que precisamente estaban siendo debatidas dentro de ese
expediente. Las solicitudes relacionadas con la liquidación de la entidad, la
terminación o continuación del proceso, la procedencia de medidas cautelares y el
eventual mandamiento de pago corresponden a asuntos que deben ser definidos
por el juez natural dentro del trámite ejecutivo, con observancia de las normas
procesales y del derecho de contradicción de las partes.
Finalmente, respecto del escrito radicado como impulso procesal, no se trata de
una petición administrativa prevista por la Ley 1755 de 2015, sino de una solicitud
formulada por una parte dentro de un proceso judicial en curso y vinculada
directamente con la controversia. Por ello, su análisis y resolución debían surtirse
dentro del mismo expediente y bajo las reglas procesales aplicables, no mediante
el trámite autónomo del derecho de petición. En consecuencia, el Tribunal concluyó
acertadamente que, una vez proferido el auto inadmisorio y dado impulso al
proceso, se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, pues la
finalidad principal de la tutela ya había sido satisfecha.
En cuanto a la alegada vulneración del derecho fundamental al trabajo de Jonathan
Bolívar Acosta, quien actúa como apoderado judicial, tanto en este asunto como en
la demanda ejecutiva de la señora Gómez Rodríguez, dicho planteamiento no
resulta de recibo, toda vez que la actuación del juzgado no estuvo dirigida a impedir,
restringir o afectar el ejercicio profesional del abogado, ni a limitar su facultad de
representación judicial. La inconformidad expuesta se fundamenta en la demora
que, según el accionante, se presentó dentro del trámite ejecutivo, circunstancia
que, aun de ser discutible procesalmente, no implica por sí misma una afectación
directa, cierta y personal de su derecho al trabajo.
En realidad, las actuaciones judiciales cuestionadas inciden sobre el desarrollo del
proceso y los intereses de la parte representada, mas no sobre la posibilidad del
profesional del derecho de ejercer su profesión, presentar solicitudes, recursos o
continuar la defensa técnica de su cliente, por lo que no se advierte una vulneración
autónoma de su derecho fundamental al trabajo.
En consecuencia, se impone confirmar la sentencia impugnada que declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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