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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00451-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00451-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de junio de 2026 de Sala de Decisión Tercera del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor Alberto Marín Pérez, en relación con los reproches planteados contra el auto de 9 de abril de 2026. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Alberto Marín Pérez Demandado: Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali Radicado: 76001-23-33-000-2026-00451-01 SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia de 17 de junio de 2026 de Sala de Decisión Tercera del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el sentido de DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela promovida por el señor Alberto Marín Pérez, en relación con la mora judicial invocada por el accionante. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2026-00451-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00451-01
Demandante: ALBERTO MARÍN PÉREZ
Demandado: JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE CALI

Temas: Tutela contra incidente de desacato y por mora judicial.
Improcedencia por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional y carencia actual de objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia de 17 de junio de 2026, por medio de la cual la Sala de Decisión Tercera
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca «negó por improcedente» la tutela
interpuesta por el señor Alberto Marín Pérez.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Alberto Marín Pérez, en nombre propio, presentó acción de tutela1 contra el
Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali, con el fin de que se
ampare su derecho fundamental al debido proceso.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas por la tardanza de la
autoridad judicial accionada en resolver: (i) el incidente de desacato identificado con el
radicado 76001-33-33-018-2025-00357-00, que se inició por el presunto
incumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo de tutela de 19 de diciembre de
20252, y (ii) la solicitud elevada el 21 de abril de 2026 al interior del mencionado
proceso. Así mismo, alegó como amenazados sus derechos fundamentales con la
expedición del auto de 9 de abril de 2026, dictado por el juzgado accionado en el
trámite incidental que reprocha.

1 Con escrito presentado el 2 de junio de 2026, a través del buzón electrónico
ojrepartocali@cendoj.ramajudicial.gov.co.
2 Dictado al interior de la acción de tutela identificada con el radicado 76001-33-33-018-2025-00357-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Alberto Marín Pérez
Demandado: Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00451-01

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó:

PRIMERA: Que se decrete como prueba inspección al expediente con radicado
76001333301820250035700, y que se determine y se declare que el Juzgado 18
Administrativo del Circuito de Cali vulneró y se encuentra vulnerando mi derecho al
debido proceso, con ocasión a las siguientes actuaciones u omisiones descritas en los
hechos de mi tutela:
[…]

SEGUNDA: Que se tutele mi derecho al debido proceso vulnerado por el juzgado
accionado.

TERCERA: Que se impartan todas las órdenes necesarias para restablecer mi derecho
fundamental al debido proceso, por cada una de las acciones u omisiones que se pruebe
lo amenazaron o vulneraron, incluyendo las siguientes órdenes:

3.1- Revocar el auto No. 433 del 09 de abril de 2026, mediante el cual se profirió el
nuevo requerimiento a la accionada y en su lugar, ordenar al juzgado accionado que
provea sobre mi solicitud de decreto de pruebas, motivando debidamente su decisión
cualquiera sea su sentido, fijando plazo perentorio para su práctica y recaudo, si decide
decretarlas, y continuando posteriormente con las etapas, criterios y lineamientos de la
Sentencia C-367 de 2014, hasta que se resuelva de fondo el incidente de desacato.

3.2- Subsidiariamente a la pretensión 3.2, ordenar al Juzgado accionado que resuelva
todos los recursos que interpuse en contra del auto No. 433 del 09 de abril de 2026,
emitiendo las decisiones de fondo que correspondan con motivación debida
(confirmando, modificando o revocando la providencia), garantizando mi derecho a la
contradicción, proveyendo posteriormente sobre mi solicitud de decreto de pruebas,
motivando debidamente su decisión cualquiera sea su sentido, fijando plazo perentorio
para su práctica y recaudo, si decide decretarlas, y continuando posteriormente con las
etapas, criterios y lineamientos de la Sentencia C-367 de 2014, hasta que se resuelva
de fondo el incidente de desacato.

3.3- Advertir al juzgado accionado que se abstenga de emitir nuevos requerimientos o
trámite sin necesarios que dilaten la resolución definitiva del proceso, priorizando el
principio de celeridad que rige la acción de tutela.

3.4- Ordenar al Juzgado accionado que resuelva de fondo y sin más dilaciones el
incidente de desacato, conforme a las etapas, criterios y lineamientos de la Sentencia
C-367 de 2014.

3.5- Ordenar al Juzgado accionado que remita copias al Tribunal de las providencias
que den cumplimiento a estas órdenes, con el fin de verificar el restablecimiento del
debido proceso.

3.6- Advertir al juzgado accionado que, en caso de persistir en la omisión de resolver de
fondo el incidente de desacato, o los recursos del accionante, el Tribunal remitirá copias
a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para que investigue la posible comisión
de faltas disciplinarias por mora o negligencia3.

3 Transcripción literal del texto original con posibles errores.

2

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Demandante: Alberto Marín Pérez
Demandado: Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00451-01

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta sentencia:

El 3 de diciembre de 2025, el señor Alberto Marín Pérez presentó una acción de tutela
por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición. El proceso
correspondió por reparto al Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de
Cali, bajo el radicado 76001-33-33-018-2025-00357-00.

Mediante auto de 4 de diciembre de 2025, la autoridad judicial accionada admitió la
acción contra el distrito especial de Santiago de Cali y el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC), además vinculó en calidad de terceros a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Cali, la Fiscalía General de la Nación, y las señoras Mónica
Marín Pérez y Jenny Marín Pérez.

Luego, con sentencia de 19 de diciembre de 2025, el Juzgado Dieciocho Administrativo
del Circuito Judicial de Cali resolvió lo siguiente:

PRIMERO. - CONCEDER el amparo del derecho fundamental de petición invocado por
el señor ALBERTO MARÍN PÉREZ, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO. - ORDENAR al Distrito Especial de Santiago de Cali – Departamento
Administrativo de Hacienda - Subdirección Catastro, que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, diferencie las solicitudes
contenidas en el derecho de petición presentado el 13 de noviembre de 2025 por el
señor Alberto Marín Pérez, y emita respuesta clara, congruente y de fondo a cada una
de las peticiones de interés particular, documental e informativa, a las que le apliquen
los términos legales correspondientes de 10 y 15 días hábiles.
Las respuestas deberán notificarse efectivamente al accionante.

TERCERO. INSTAR al Distrito Especial de Santiago de Cali para que emita respuesta
de fondo a la petición en la modalidad de consulta, dentro de la oportunidad prevista
en la Ley 1755 de 2015, conforme lo expuesto.

Esta decisión fue impugnada por las partes y el trámite de la segunda instancia le
correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; corporación judicial que
mediante sentencia de 17 de febrero de 2026 confirmó el proveído de primer grado.

No obstante, el actor solicitó el trámite del correspondiente incidente de desacato por
el presunto incumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia de 19 de
diciembre de 2025.

Así, previo a la apertura del incidente, con auto de 21 de enero de 2026 el Juzgado
Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali requirió a la subdirectora de
Catastro Distrital de Santiago de Cali, la señora Beatriz Elena Villegas Fierro, para que
informara sobre el cumplimiento de la orden de tutela.
3

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Demandante: Alberto Marín Pérez
Demandado: Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00451-01

El 27 de enero de 2026, la autoridad judicial accionada puso en conocimiento del actor
el escrito presentado por el Departamento Administrativo de Hacienda, Subdirección
de Catastro Distrital de Santiago de Cali, y le concedió el término de dos días para que
se pronunciara respecto de ese escrito.

Posteriormente, el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali dictó
el auto de 16 de febrero de 2026 con el cual abrió el incidente de desacato en contra
de la señora Beatriz Elena Villegas Fierro, en su calidad de subdirectora de Catastro
Distrital de Santiago de Cali.

El 9 de abril de 2026, el juzgado accionado consideró pertinente requerir a la autoridad
incidentada para que: (i) aportara el oficio ORFEO 202641310500013421 del 19 de
febrero de 2026 o el documento que acreditara el traslado de la petición del actor al
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); (ii) respondiera de manera clara y
congruente los literales b y c del numeral 1.6.1. de la petición, y (iii) aclarara la
respuesta otorgada en relación con el numeral 2.18, en el sentido de precisar la
información adjuntada.

Inconforme con esta decisión, los días 13, 21 y 28 de abril de 2026 el accionante elevó
unos escritos ante el juzgado, a través de los cuales solicitó: (i) la nulidad o reposición
del auto de 9 de abril de 2026; (ii) que se decretaran unas pruebas, y (iii) que se
aplicara el precedente de las sentencias C-367 de 2014, SU-034 de 2018 y C-951 de
2014 de la Corte Constitucional.

Finalmente, por medio de auto de 5 de junio de 2026 el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito Judicial de Cali dispuso:

1. Rechazar, por improcedentes, los recursos de reposición y de apelación interpuestos
por la parte actora contra el Auto No. 433 del 9 de abril de 2026.

2. Tener como pruebas documentales las respuestas y anexos aportados por las partes
en el presente trámite.

3. Negar las demás pruebas solicitadas por el incidentalista, al no constituir medio
probatorio idóneo y resultar innecesarias, conforme a lo expuesto.

4. Declarar el cumplimiento de la orden emitida en la Sentencia de Tutela No. 169 del
19 de diciembre de 2025, proferida por este Despacho, confirmada en segunda instancia
por el H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la sentencia No 27 del
17 de febrero de 2026, conforme lo expuesto.

5. No Sancionar a Beatriz Elena Villegas Fierro, subdirectora de Catastro Distrital de
Santiago de Cali, conforme lo expuesto.

Para fundamentar su decisión, el juzgado dividió el estudio en dos: el primero, el
relacionado con los recursos de reposición y apelación presentados contra el auto de
9 de abril de 2026. Y el segundo, en relación con la solicitud de nulidad.

4

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Demandante: Alberto Marín Pérez
Demandado: Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00451-01

Sobre el primer aspecto, destacó que en virtud de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional no era procedente conceder los recursos presentados por la parte
actora, comoquiera que el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 no los contemplaba.

En cuanto a la solicitud de nulidad por la omisión en tramitar las pruebas pretendidas
por el accionante, aceptó que en «la decisión atacada lo omitió, no obstante, como
quiera que la misma no resulta ser la definitiva, la posibilidad de revisar la pertinencia
y conducencia de las pruebas solicitadas es viable en esta etapa como se hará, sin
que ello afecte la validez de la providencia precedente, en tanto que lo advertido
constituye una irregularidad subsanable».

En consecuencia, procedió a pronunciarse sobre las pruebas solicitadas por el
incidentante. Al respecto, consideró pertinente decretar como documental las
respuestas y anexos aportados por él durante el trámite procesal. Igualmente, puso de
presente que las sentencias de tutela que el actor invocó no podían ser integradas
como pruebas, dado que estas constituían «órdenes judiciales cuyo cumplimiento
debe verificarse con los elementos probatorios aportados por los intervinientes».

De otro lado, mencionó que hasta ese momento procesal no se consideró necesario
vincular al superior jerárquico de la autoridad incidentada, «toda vez que la propia
entidad, en sus respuestas, confirmó que la responsabilidad del cumplimiento radica
en cabeza de la Subdirectora de Catastro Distrital de Santiago de Cali».

Luego, negó por innecesaria la solicitud de requerir nuevamente a la accionada para
que explicara las razones de su falta de respuesta al numeral 1.6.1 (literales b y c) y
numeral 2.18 de la petición, puesto que en el expediente ya obraba la contestación al
requerimiento que se formuló en el auto de 9 de abril de 2026.

A continuación, estableció que la orden de tutela impartida en la sentencia de 19 de
diciembre de 2025 recaía exclusivamente contra el distrito especial de Santiago de
Cali, Departamento Administrativo de Hacienda, Subdirección de Catastro. Así mismo,
concluyó que, al contrastar las respuestas emitidas por la entidad con la petición de 13
de noviembre de 2025 elevada por el actor, estas eran de fondo.

Igualmente, puso de presente que «[s]i bien advierten diferencias que, a criterio del
actor, generan contradicciones frente a la información rendida en otros escenarios por
la misma entidad, ello no habilita la posibilidad de abrir un debate sobre su veracidad,
ni impartir órdenes para que se corrijan eventuales errores o se absuelvan las
preguntas en un determinado sentido».

Finalmente, explicó que en lo que concierne al trámite constitucional, la verificación del
juez debía centrarse en si la respuesta otorgada era de fondo y si estaba debidamente
notificada, razón por la que al estar acreditada la contestación era procedente declarar
por cumplida la orden de tutela.

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Demandante: Alberto Marín Pérez
Demandado: Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00451-01

Esta decisión fue notificada a las partes el 9 de junio de 2026.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora indicó que el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de
Cali vulneró su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión a la tardanza en
resolver: (i) el incidente de desacato que se inició por el presunto incumplimiento de
las órdenes impartidas en el fallo de tutela de 19 de diciembre de 2025, así como (ii)
la solicitud que elevó el 21 de abril de 2026 al interior del mencionado proceso.

De igual manera, puso de presente la vulneración de sus garantías constitucionales
con la expedición del auto de 9 de abril de 2026, dictado por el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito Judicial de Cali al interior del mencionado incidente de
desacato, toda vez que en este no se debió requerir nuevamente a la autoridad
incidentada, sino que debió ordenarse el decreto de las pruebas que él solicitó en los
memoriales de 13, 21 y 28 de abril de 2026.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto de 3 de junio de 2023 el magistrado ponente de la Sala de Decisión
Tercera del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca inadmitió la acción de tutela
presentada por el actor y le concedió el término de un día para que informara cuáles
eran sus pretensiones, toda vez que no figuraban en su demanda.

Subsanada esa falencia, con auto de 9 de junio de 2026 admitió la acción
constitucional y dispuso tener como autoridad accionada al Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito Judicial de Cali.

1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibió el siguiente
informe:

1.6.1. Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali

Luego de hacer un recuento sobre las actuaciones judiciales adelantadas al interior de
la acción de tutela identificada con el radicado 76001-33-33-018-2025-00357-00 y su
incidente de desacato, la titular de ese despacho solicitó que se niegue el amparo
invocado o, en su defecto, que se declare improcedente la acción de tutela, toda vez
que no se han vulnerado los derechos constitucionales del actor.

Informó que con auto de 5 de junio de 2026 resolvió las solicitudes de nulidad y
pruebas presentadas por el tutelante, así como los recursos de reposición y apelación
que se impetraron contra el proveído de 9 de abril de 2026.

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Demandante: Alberto Marín Pérez
Demandado: Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00451-01

Explicó que en cada una de las etapas del trámite incidental se observaron las
garantías del debido proceso, puesto que todas las decisiones fueron debidamente
notificadas y el accionante contó con la oportunidad de ejercer sus derechos de
defensa y contradicción, así como de formular las solicitudes procesales pertinentes,
las cuales fueron resueltas sin excepción por el despacho, entre otras, en el auto de 5
de junio de 2026.

Por último, puso de presente que la acción de tutela no está llamada a convertirse en
una instancia adicional para revisar lo que ya fue decidido por el juez natural de la
causa.

1.7. Sentencia de primera instancia

Con fallo de 17 de junio de 2026, la Sala de Decisión Tercera del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca resolvió «negar por improcedente la tutela
interpuesta» por el señor Alberto Marín Pérez, ante la «ausencia de cumplimiento de
los requisitos generales para viabilizar el estudio de fondo del asunto».

En primer lugar, determinó que el problema jurídico se centraba en determinar si debía
dejar sin efectos el auto de 9 de abril de 2026, dictado por el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito Judicial de Cali al interior del incidente de desacato
identificado con el radicado 76001-33-33-018-2025-00357-00.

A continuación, hizo un recuento sobre las actuaciones procesales adelantadas en ese
trámite y concluyó que en este se garantizó el debido proceso, puesto que todas las
decisiones fueron notificadas y el actor tuvo la posibilidad de ejercer sus derechos de
defensa y contradicción.

Afirmó que a pesar de que el accionante señaló que era una persona de 56 años no
se verificó que existiera un perjuicio irremediable que debiera ser objeto de amparo.

1.8. Impugnación

El 17 de junio de 20264, el accionante impugnó la decisión de primera instancia y
solicitó que «se declare, el HECHO SUPERADO, y no la improcedencia de mi tutela».

En primer lugar, reiteró sus pretensiones del escrito de tutela y, seguidamente, alegó
que el a quo constitucional incurrió en un defecto procedimental, puesto que no tuvo
en cuenta el hecho décimo segundo de su demanda en la que puso de presente que
para el 2 de junio de 2026 el juzgado accionado no había resuelto el incidente de
desacato.

4 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de

1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 17 de junio de 2026 y el recurso
se interpuso el mismo día.
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Demandante: Alberto Marín Pérez
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Radicado: 76001-23-33-000-2026-00451-01

Así mismo, reprochó que en la sentencia impugnada no se tomó en consideración la
pretensión 3.4. de su escrito, en el que solicitó que se le ordenara «al Juzgado
accionado que resuelva de fondo y sin más dilaciones el incidente de desacato,
conforme a las etapas, criterios y lineamientos de la Sentencia C-367 de 2014».

En ese sentido, estimó que para el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no le
fue extrañó que el trámite incidental se resolviera después de 6 meses de su
radicación, con lo cual era evidente la vulneración de su derecho al debido proceso
por la mora judicial en la que incurrió el juzgado accionado.

Finalmente, expresó que si no fuera por la radicación de la presente acción
constitucional no se hubiera resuelto el incidente de desacato.

1.9. Trámite en segunda instancia

Mediante auto de 5 de agosto de 2026, el magistrado ponente de esta decisión vinculó
en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso, al distrito especial de
Santiago de Cali5, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Cali6, a la Fiscalía General de la Nación7, a las
señoras Mónica Marín Pérez8 y Jenny Marín Pérez9, a la Sala de Decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que conoció la acción de tutela 76001-33-33-018-
2025-00357-00, al Departamento Administrativo de Hacienda - Subdirección de
Catastro de Cali y a la subdirectora de Catastro Distrital de Santiago de Cali, la señora
Beatriz Elena Villegas Fierro10, así como las demás partes, personas, terceros y/o
entidades que hayan participado en la mencionada acción de tutela y sus incidentes
de desacato.

Así mismo, ordenó que por Secretaría General se pusiera en conocimiento ellos la
nulidad saneable que se presentaba en el proceso, para que: (i) la alegaran; (ii) se
pronunciaran sobre la solicitud de amparo sin alegar la nulidad, o, (iii) guardaran
silencio.

1.10. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
informes:

5 Notificado a notificacionesjudiciales@cali.gov.co, notificacion.tutelas@cali.gov.co y
contactenos@cali.gov.co.
6 Notificado a notificaciones.juridica@supernotariado.gov.co, ofiregiscali@supernotariado.gov.co y

francisco.velez@supernotariado.gov.co
7 Notificado a jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co y juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co.
8 Notificada a la dirección monicamarinp@gmail.com.
9 Notificada al buzón ennymarinp@gmail.com.
10 Notificada al correo beatriz.villegas@cali.gov.co.

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Demandante: Alberto Marín Pérez
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1.10.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Luego de realizado un recuento sobre las actuaciones adelantadas al interior del
proceso identificado con el radicado 76001-33-33-018-2025-00357-00/01, la
magistrada ponente de la sentencia de segunda instancia de 17 de febrero de 2026
consideró que la acción de tutela de la referencia no está llamada a prosperar de cara
a esa corporación, comoquiera que no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados por el actor.

Lo anterior, puesto que sus pretensiones van encaminadas a que el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito Judicial de Cali tramite y resuelva el incidente de desacato
que presentó por el incumplimiento de las órdenes de tutela.

Resaltó que no avizora que se encuentre alguna actuación pendiente por parte de ese
despacho. Además, aportó el enlace de consulta del proceso que se reprochó como
desatendido.

1.10.2. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)

El director territorial de la entidad pidió que se niegue el amparo invocado por el actor
y que no se profiera una decisión en contra de ese instituto, puesto que carece de
legitimación en la causa por pasiva para tramitar las pretensiones del tutelante.

Ello, teniendo en cuenta que la acción de tutela se presentó contra el Juzgado
Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali por la presunta omisión en
tramitar un incidente de desacato, respecto de lo cual el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC) no tiene competencia funcional para adelantar alguna gestión procesal
o administrativa.

1.10.3. Catastro Distrital de Santiago de Cali

La subdirectora de Catastro Distrital de Santiago de Cali (E) solicitó la desvinculación
de la entidad del trámite constitucional al considerar que carece de legitimación en la
causa por pasiva, en razón a que no existe una acción u omisión atribuible a esa
dependencia que haya generado la vulneración de los derechos invocados por el
tutelante.

De otro lado, realizó un recuento de las actuaciones adelantadas con ocasión a las
órdenes impartidas en la acción de tutela identificado con el radicado 76001-33-33-
018-2025-00357-00/01 y concluyó que tanto la Subdirección de Catastro de Cali como
el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali atendieron el incidente
de desacato presentado por el señor Marín Pérez y dieron cumplimiento a las órdenes
de tutela.

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Demandante: Alberto Marín Pérez
Demandado: Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00451-01

1.11. Trámite del impedimento

El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo a la Sala, no obstante, el 1. ° de
septiembre de 2026, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó estar
impedido para conocer del asunto de la referencia con fundamento en la causal 1. °
del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

Sin embargo, mediante auto de 3 de septiembre de 2026 el magistrado ponente
declaró infundado el mencionado impedimento.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el fallo
de tutela de 17 de junio de 2026, proferido por la Sala de Decisión Tercera del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con los artículos 32 del Decreto
2591 de 1991 y el 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como el Acuerdo 8011 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 17 de junio de 2026 dictada por la Sala de Decisión Tercera del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, a través de la cual «negó por improcedente» la
tutela interpuesta por el señor Alberto Marín Pérez.

De manera previa se precisa que, comoquiera que la parte accionante reprochó el fallo
del a quo constitucional frente a dos ítems: por un lado, la decisión de «negar por
improcedente» la tutela interpuesta en relación con la providencia judicial de 9 de abril
de 2026, dictada en el incidente de desacato identificado con el radicado 76001-33-
33-018-2025-00357-00 y, por otro, la presunta mora judicial dentro de dicho trámite,
esta Sección abordará los dos asuntos así: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii)
la mora judicial justificada; (iii) el criterio de la Sala sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial; (iv) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela de la referencia y, de encontrarse superados, (v) el estudio del caso
concreto.

11 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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Radicado: 76001-23-33-000-2026-00451-01

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable12.

2.4. La mora judicial justificada

2.4.1. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en
la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de
carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión
sistemática de sus deberes13.

Asimismo, el máximo tribunal constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»14. En esa línea esa
corporación, frente al particular, precisó que:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor
tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para
valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la
jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden
vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso
recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el
incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la
complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del
operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o
de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por
el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación
injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su
comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.

12 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
13 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
14 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada en
relación con la existencia de mora judicial15, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En el
evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un proceso.

2.4.2. En el sub examine, el señor Marín Pérez alegó que el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito Judicial de Cali vulneró su derecho al debido proceso por
haber incurrido en una tardanza injustificada en resolver: (i) el incidente de desacato
76001-33-33-018-2025-00357-00, que se inició por el presunto incumplimiento de las
órdenes impartidas en el fallo de tutela de 19 de diciembre de 2025, así como (ii) la
solicitud que elevó en dicho trámite el 21 de abril de 2026.

Pues bien, revisado en Samai el proceso que se reprocha como desatendido, se
advierte que mediante auto de 16 de febrero de 2026 el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito Judicial de Cali abrió el incidente de desacato en contra de
la subdirectora de Catastro Distrital de Santiago de Cali, la señora Beatriz Elena
Villegas Fierro.

Posteriormente, se tiene que mediante providencia de 9 de abril de 2026 la autoridad
judicial requirió a la incidentada para que: (i) aportara el oficio ORFEO
202641310500013421 del 19 de febrero de 2026 o el documento que acreditara el
traslado de la petición del actor al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); (ii)
respondiera de manera clara y congruente los literales b y c del numeral 1.6.1. de la
petición, y (iii) aclarara la respuesta otorgada en relación con el numeral 2.18, en el
sentido de precisar la información adjuntada.

Inconforme con esta decisión, los días 13, 21 y 28 de abril de 2026 el accionante elevó
unos escritos ante el juzgado, a través de los cuales solicitó: (i) la nulidad o reposición
del auto de 9 de abril de 2026; (ii) que se decretaran unas pruebas, y (iii) que se
aplicara el precedente de las sentencias C-367 de 2014, SU-034 de 2018 y C-951 de
2014 de la Corte Constitucional.

Sin embargo, se tiene que por medio de auto de 5 de junio de 2026, notificado el 9 de
junio del mismo año16, el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali
resolvió lo siguiente:

1. Rechazar, por improcedentes, los recursos de reposición y de apelación interpuestos
por la parte actora contra el Auto No. 433 del 9 de abril de 2026.

15 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-2012-

01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal Administrativo
de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014, Rad. No.: 25000-
23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado: Procuraduría General de
la Nación.
16 Tal como se advierte en el sistema de consulta Samai, en el índice 76 del incidente de desacato.

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2. Tener como pruebas documentales las respuestas y anexos aportados por las partes
en el presente trámite.

3. Negar las demás pruebas solicitadas por el incidentalista, al no constituir medio
probatorio idóneo y resultar innecesarias, conforme a lo expuesto.

4. Declarar el cumplimiento de la orden emitida en la Sentencia de Tutela No. 169 del
19 de diciembre de 2025, proferida por este Despacho, confirmada en segunda instancia
por el H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la sentencia No 27 del
17 de febrero de 2026, conforme lo expuesto.

5. No Sancionar a Beatriz Elena Villegas Fierro, subdirectora de Catastro Distrital de
Santiago de Cali, conforme lo expuesto.

En ese orden, es preciso resaltar que, encontrándose en curso la tutela de la
referencia, el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali dictó la
providencia de 5 de junio de 2026, a través de la cual resolvió el incidente de desacato
iniciado contra la subdirectora de Catastro Distrital de Santiago de Cali, así como las
solicitudes presentadas por el actor en el trámite del mencionado proceso los días 13,
21 y 28 de abril de 2026, con lo cual se advierte la cesación de la vulneración
alegada17.

Al respecto, esta Colegiatura en anteriores oportunidades18 se ha referido a la acción
de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido instituido
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.

En línea con lo anterior, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza o
efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la
acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional
tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos
fundamentales.

En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por
una situación sobreviniente.

17 Sobre el tema se puede consultar la siguiente sentencia de tutela proferidas por esta Sección: 21 de

octubre de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2021-06411-00, M. P. Luis Alberto Álvarez Parra.
18 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; (ii)
de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de 2019,
Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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En ese sentido, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la Sala
cita como criterio auxiliar, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo
tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría
inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.19
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión
o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado […]” (Negrillas inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita
salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular,
se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente
descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho
superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar
por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente20.
[…].

Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:

(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de
los derechos fundamentales.

(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición de
la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela, por lo
que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta perenne.

19 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se

transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
20 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se

transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
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Al respecto ha sostenido el Tribunal Constitucional: «[l]a segunda de las figuras
referenciadas, consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se
pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al
respecto»21.22

(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela,
pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño
consumado y hecho superado.

La citada Corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:

El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena23 como por las distintas
Salas de Revisión24. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el
concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no se
enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho superado. El
hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia que determine que,
igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo
no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”25. No se trata entonces de una
categoría homogénea y completamente delimitada.26

En ese orden, en atención a que el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito
Judicial de Cali profirió la providencia de 5 de junio de 2026, notificada el 9 del mismo
mes y año, en el marco del incidente de desacato identificado con el radicado 76001-
33-33-018-2025-00357-00, lo procedente era declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado respecto de la mora judicial que reprochó el actor a través de su
escrito de tutela, comoquiera que la presunta vulneración de los derechos del actor
cesó durante el trámite de la primera instancia de esta acción constitucional debido a
la actuación de la parte demandada.

Así las cosas, se adicionará la sentencia de 17 de junio de 2026 de la Sala de Decisión
Tercera del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el sentido de declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la mora judicial invocada
por el actor.

21 Sentencia SU-225 de 2013.
22 Sentencia T-481 de 2016.
23 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.
24 Ver, entre otras, T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos;

T-319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo;
T-379 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-009 de
2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
25 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
26 Sentencia SU-522 de 2019.

15

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2.5. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 27
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema28.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales29.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 30, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la relevancia constitucional,
resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-
215 de 202231, en cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este
requisito, así:

[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i)
que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o

27 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
28 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
29 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
30 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
31 Acogido por esta Sección en sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-

000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].

En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de acciones de
tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un debate que
gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus garantías
fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por cuanto esta
circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial».

Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».

En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.

Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional debe
estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de unificación
del 5 de agosto de 2014, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo
está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la
discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser
un debate exclusivamente legal.

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iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en
una tercera instancia32.

2.6.2. Pues bien, se recuerda que el señor Alberto Marín Pérez también alegó como
amenazados sus derechos fundamentales con la expedición del auto de 9 de abril de
2026, dictado por el juzgado accionado en el trámite incidental identificado con el
radicado 76001-33-33-018-2025-00357-00.

Sobre el particular, se considera que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En primera medida, se destaca que en materia de tutelas contra providencias judiciales
le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los
jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en
los fundamentos de raigambre constitucional esgrimidos por la parte actora dentro del
trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los argumentos de la parte
accionante, sin el debido contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la
autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en
últimas, se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.

Ahora, para resolver este asunto, resulta pertinente recordar que los cargos de la
solicitud de amparo se podrían resumir en la oposición que tiene el tutelante del auto
de 9 de abril de 2026, por el cual la autoridad judicial accionada requirió a la entidad
incidentada para que allegara unos documentos y se pronunciara de cara a algunas
de las solicitudes realizadas por el actor en la petición de 13 de noviembre de 2025.

Ello, comoquiera que, a juicio del actor, no se debió requerir nuevamente a la autoridad
incidentada, sino que el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali
debió ordenar el decreto de las pruebas que él solicitó en los memoriales de 13, 21 y
28 de abril de 2026.

No obstante, esta Sección no avizora que las inconformidades de la parte actora
tengan la entidad suficiente para acreditar que la providencia reprochada es contraria
a derecho, puesto que, al tratarse de una tutela contra providencia judicial, es
indispensable que el interesado además de identificar los yerros de los cuales adolece
la decisión censurada, así como las garantías superiores que considera vulneradas,
exponga de manera contundente las razones del porqué el asunto implica la
intervención del fallador de esta sede.

32 Énfasis de la sala.

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Alberto Marín Pérez
Demandado: Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00451-01

En el presente caso, si bien el extremo accionante resaltó que en este asunto se
vulneró su derecho fundamental al debido proceso, lo cierto es que ni siquiera indicó
cuáles eran los defectos en lo que presuntamente incurrió el auto de 9 de abril de 2026,
sobre el cual es importante resaltar que no se advierte, a priori, que sea arbitrario,
irrazonable o caprichoso, debido a que, en el marco de su autonomía, el juez que
conoció del incidente de desacato determinó que era importante requerir nuevamente
a la funcionaria responsable para que despejara algunas dudas.

Ahora, para fundamentar la vulneración, el accionante indicó que el juzgado accionado
omitió pronunciarse sobre la solicitud de pruebas que realizó mediante los escritos de
13, 21 y 28 de abril de 2026. Sin embargo, como quedó establecido en líneas previas,
el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali dictó el proveído de 5
de junio de 2026 en el que se pronunció sobre la solicitud probatoria realizada por el
tutelante, con lo cual cesó la omisión invocada por el señor Marín Pérez.

Se reitera que en el caso de autos el accionante ni siquiera invocó alguno de los
defectos establecidos por la jurisprudencia constitucional en los que puede incurrir una
actuación judicial. Y pese a que los argumentos que puso de presente en su demanda
se podrían encuadrar en el denominado defecto procedimental, lo cierto es que no
cuenta con la carga mínima de argumentación necesaria.

En ese contexto, queda en evidencia que la solicitud de amparo no cuenta con un
ejercicio de sustentación mínimo respecto de la providencia enjuiciada ni desde la
esfera constitucional y de la violación de la garantía que el actor alegó como
desatendida, que demuestre lo urgente de la intervención del juez de tutela y de su
pronunciamiento en el asunto de la referencia.

Así las cosas, se confirmará la sentencia de 17 de junio de 2026 de Sala de Decisión
Tercera del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró improcedente la
acción de tutela presentada por el señor Alberto Marín Pérez, en relación con los
reproches planteados contra el auto de 9 de abril de 2026, por no encontrarse
acreditado el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de junio de 2026 de Sala de Decisión
Tercera del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró improcedente la
acción de tutela presentada por el señor Alberto Marín Pérez, en relación con los
reproches planteados contra el auto de 9 de abril de 2026.
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Demandante: Alberto Marín Pérez
Demandado: Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito Judicial de Cali
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00451-01

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia de 17 de junio de 2026 de Sala de Decisión
Tercera del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el sentido de DECLARAR
la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela promovida por
el señor Alberto Marín Pérez, en relación con la mora judicial invocada por el
accionante.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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