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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00518-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00518-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo de pobreza presentada por el accionante, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de julio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 76001 23 33 000 2026 00518 01 Accionante: Juan Pablo Soto Moreno Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y otros

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2026-00518-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 76001 23 33 000 2026 00518 01
Accionante: Juan Pablo Soto Moreno
Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y
otros
Acción: Acción de tutela
Tema: Desvinculación Laboral - Rama Judicial
Decisión: Confirma la sentencia impugnada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 7 de julio de 2026, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
declaró improcedente el amparo solicitado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Juan Pablo Soto Moreno, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela
en contra del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca - Sala
Administrativa, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del
Cauca, el Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes de Cali y el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali, y para ello formuló las
siguientes pretensiones1:

PRIMERA: AMPARAR mis derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital,
seguridad social, dignidad humana, vida, salud, igualdad, confianza legítima,
acceso y permanencia en cargos públicos por mérito, derecho de petición, debido
proceso, responsabilidad patrimonial del Estado, acceso a la administración de
justicia.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS jurídicos para el suscrito accionante, todas las
actuaciones administrativas que condujeron a su desvinculación definitiva de la
Rama Judicial, ocurrida a partir del día 19 de diciembre de 2019, por haber
lesionado gravemente y de manera continuada sus derechos fundamentales, y
también por haber transgredido los principios constitucionales de buena fe,
confianza legítima y respeto por el mérito en el acceso y permanencia en los
cargos públicos.

TERCERA: ORDENAR a la autoridad competente de la Rama Judicial, que dentro
del término que señale el despacho judicial, procedan al restablecimiento o
restitución de la situación jurídica y laboral del accionante, mediante su reintegro

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 76001 23 33 000 2026 00518 00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 76001 23 33 000 2026 00518 01
Accionante: Juan Pablo Soto Moreno
Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y otros

al cargo que desempeñaba en propiedad o a uno equivalente en categoría,
funciones y remuneración, con el reconocimiento de todos los derechos salariales,
prestacionales y de carrera causados desde la fecha de desvinculación.

Respetando la situación administrativa que le correspondía de conformidad con el
concurso de méritos del cual era beneficiario.

En condiciones iguales o superiores a las que ostentaba antes de la
desvinculación ocurrida el día 19 de diciembre del año 2019.

CUARTA: ORDENAR a quien corresponda, el reconocimiento y pago al
accionante, de lo expuesto a continuación:

1. Salarios dejados de percibir
2. Prestaciones Sociales
3. Aportes al sistema de Seguridad Social Integral
4. Vacaciones
5. Cesantías
6. Intereses de las Cesantías
7. Primas
8. Bonificación Judicial
9. Y demás emolumentos laborales de los empleados judiciales en
propiedad.

Causados desde la fecha de desvinculación, hasta que se produzca la efectiva
reincorporación laboral del accionante.

QUINTA: ORDENAR la afiliación inmediata y continua al Sistema Integral de
Seguridad Social, poniendo al día todos los aportes dejados de realizar por parte
del empleador Rama Judicial, desde la fecha de la desvinculación laboral como
empleado judicial.

SEXTA: ORDENAR que el tiempo transcurrido entre el 19 de diciembre de 2019
y la fecha del efectivo reintegro al cargo, sea computado para todos los efectos
legales, prestacionales, salariales, pensionales y de carrera judicial, como tiempo
efectivamente servido y sin solución de continuidad.

SÉPTIMA: ORDENAR a las entidades accionadas efectuar los aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral que dejaron de realizarse como consecuencia de la
desvinculación irregular del accionante, incluyendo salud, pensión y demás
subsistemas aplicables, con sus respectivas actualizaciones legales.

OCTAVA: ORDENAR a las entidades accionadas adoptar todas las medidas
administrativas necesarias para restablecer integralmente los derechos
fundamentales vulnerados al accionante, removiendo las consecuencias
derivadas de las actuaciones administrativas que ocasionaron su desvinculación
laboral.

NOVENA: ORDENAR como medida de reparación constitucional integral que se
expidan los actos administrativos y certificaciones laborales correspondientes,
dejando constancia de la continuidad de la vinculación laboral para todos los
efectos legales y administrativos.

DÉCIMA: ORDENAR a las entidades accionadas remitir al accionante copia
íntegra, auténtica y completa de todos los actos administrativos relacionados con
el nombramiento, aceptación, posesión, revocatoria, desvinculación y demás
actuaciones derivadas de los hechos objeto de esta acción constitucional,
incluyendo específicamente el acto administrativo mediante el cual se dejó sin
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Accionante: Juan Pablo Soto Moreno
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efectos o se revocó el nombramiento efectuado en el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali.

DÉCIMA PRIMERA: ORDENAR la compulsa de copias a la autoridad disciplinaria
competente respecto de los titulares de los despachos judiciales, funcionarios y
servidores públicos que hayan intervenido en las actuaciones u omisiones objeto
de reproche constitucional, para que se adelanten las investigaciones a que
hubiere lugar, en caso de verificarse la vulneración de los derechos fundamentales
invocados y advertirse la posible existencia de faltas disciplinarias derivadas de
los hechos expuestos en esta acción judicial de naturaleza constitucional.

Lo anterior, sin perjuicio de las demás responsabilidades de carácter disciplinario,
fiscal, patrimonial, penal o de cualquier otra naturaleza que puedan derivarse de
los hechos puestos en conocimiento del despacho.

DÉCIMA SEGUNDA: PREVENIR a las entidades accionadas para que en lo
sucesivo se abstengan de incurrir en actuaciones que desconozcan los principios
constitucionales de buena fe, confianza legítima, mérito, seguridad jurídica y
protección efectiva de los derechos fundamentales de quienes acceden a cargos
públicos mediante concurso de méritos.

DÉCIMA TERCERA: ORDENAR la vinculación temporal o provisional del
accionante en un cargo equivalente, mientras se decide de fondo la presente
acción constitucional, dada la condición de desempleo prolongado y ausencia de
ingresos para subsistir.

DÉCIMA CUARTA: CONCEDER al accionante el beneficio de amparo de
pobreza, de conformidad con las normas constitucionales y legales aplicables,
atendiendo su condición actual de desempleo, ausencia de ingresos permanentes,
falta de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral y acreditada incapacidad
económica para asumir gastos derivados de actuaciones judiciales.

DÉCIMA QUINTA: DISPONER cualquier otra medida de protección que el
despacho judicial considere necesaria para garantizar la efectividad material de
los derechos fundamentales vulnerados, en aplicación de los principios de
prevalencia del derecho sustancial, eficacia de los derechos fundamentales y
reparación integral.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que en el año 2019 se desempeñaba como escribiente en
propiedad del Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes de Cali, cargo al que
accedió mediante concurso público de méritos dentro de la Rama Judicial.

Indicó que, mientras ejercía dicho cargo, fue notificado por correo electrónico de un nuevo
nombramiento en propiedad como escribiente del Juzgado Primero Civil del Circuito de
Ejecución de Sentencias de Cali, designación que también provenía del mismo concurso
de méritos.

Afirmó que, con fundamento en la confianza legítima generada por ese acto
administrativo, aceptó el nombramiento y siguió las instrucciones impartidas por el juez
del despacho de destino, quien le indicó que debía presentar renuncia al cargo que
ocupaba y presentarse al día siguiente para tomar posesión del nuevo empleo.

Expuso que el 18 de diciembre de 2019 presentó renuncia al cargo que desempeñaba
en el Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes de Cali, con el propósito de

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posesionarse al día siguiente en el mismo cargo, pero en el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali, sin solución de continuidad.

Relató que ese mismo 18 de diciembre de 2019, aproximadamente a las 5:00 p. m., el
juez titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali le
informó verbalmente que ya no podría posesionarse en el cargo y que expediría una
nueva resolución mediante la cual revocaría el nombramiento que previamente le había
sido efectuado.

Señaló que, ese mismo día, a las 5:09 p. m., envió un mensaje por WhatsApp a la juez
titular del Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes de Cali solicitando dejar
sin efectos la renuncia presentada; sin embargo, afirmó que dicha funcionaria nunca
respondió el mensaje, pese a que este aparecía como leído.

Explicó que posteriormente acudió al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca – Sala Administrativa para solicitar que se resolviera su situación laboral. Allí se
le indicó que debía dirigirse a la Juez Quinta Penal del Circuito para Adolescentes de
Cali, gestión que, según afirmó, ya había realizado mediante el mensaje de WhatsApp
sin obtener respuesta.

Anotó que, como consecuencia de dichas actuaciones administrativas, quedó totalmente
desvinculado de la Rama Judicial y sin empleo a partir del 19 de diciembre de 2019.

Manifestó que, desde entonces, permanece desempleado, perdió la posibilidad de cotizar
al sistema de seguridad social y atravesó un grave deterioro económico que derivó en el
incumplimiento de obligaciones financieras y en un proceso ejecutivo promovido en su
contra. Asimismo, afirmó que no ejerció oportunamente acciones judiciales por carecer
de recursos económicos y de asesoría jurídica especializada.

Adujo que la revocatoria de su nombramiento en el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Ejecución de Sentencias de Cali nunca le fue notificada ni se le permitió ejercer su
derecho de defensa. Agregó que, en 2026, solicitó copia de los actos administrativos
relacionados con su desvinculación, pero no le fue suministrado el acto mediante el cual
se revocó su nombramiento, documento que considera indispensable para la defensa de
sus derechos.

Como fundamento de la solicitud de amparo, alegó que las autoridades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social,
al debido proceso, a la confianza legítima y al acceso por mérito a cargos públicos, al
inducirlo a renunciar a su empleo con ocasión de un nuevo nombramiento y,
posteriormente, revocar dicho nombramiento sin permitirle posesionarse.

Asimismo, indicó que la acción de tutela es procedente porque la afectación de sus
derechos permanece desde diciembre de 2019, al continuar desempleado y en una
situación de vulnerabilidad económica. Por ello, consideró que existe un perjuicio
irremediable y que los mecanismos ordinarios no resultan idóneos ni eficaces para
proteger sus derechos fundamentales.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

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3.1. La tutela fue radicada el 22 de junio de 20262 y correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que, por auto de 23 de junio de 20263 la admitió y
dispuso notificar4 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de
Cali, al Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes de Cali, al Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca – Sala Administrativa y a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca.

3.2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali5 presentó
informe en el que señaló que no puede pronunciarse sobre los hechos objeto de la tutela,
porque asumió el cargo con posterioridad a la ocurrencia de los hechos; sin embargo,
con el fin de contribuir al esclarecimiento del caso, remitió copia de los actos
administrativos que reposan en el archivo del despacho.

3.3. El Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes de Cali6 rindió informe en el
que manifestó que no intervino en los hechos objeto de la presente acción de tutela, toda
vez que asumió la titularidad del despacho en abril de 2025, mientras que las actuaciones
cuestionadas tuvieron lugar en 2019.

Indicó que el accionante presentó renuncia voluntaria al cargo que desempeñaba, la cual
fue aceptada mediante el correspondiente acto administrativo, debidamente expedido y
notificado. En consecuencia, solicitó la vinculación de la anterior titular del despacho,
quien ejercía el cargo para la época de los hechos.

Asimismo, pidió que la acción de tutela fuera declarada improcedente por incumplimiento
de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, al considerar que el accionante cuenta
con otros mecanismos judiciales para controvertir los actos administrativos cuestionados
y que no se configura un perjuicio irremediable ni una vulneración actual de derechos
fundamentales atribuible a ese despacho.

3.4. El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca7 solicitó su desvinculación
del trámite constitucional al sostener que no vulneró los derechos fundamentales
invocados por el accionante.

Explicó que la aceptación de la renuncia y las decisiones relacionadas con la vinculación
y desvinculación del actor correspondían exclusivamente a la autoridad nominadora, por
lo que carecía de competencia para modificar o dejar sin efectos dichos actos
administrativos.

Asimismo, afirmó que la acción de tutela es improcedente por incumplir los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez, toda vez que el accionante contaba con el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir los actos administrativos y
promovió el amparo cerca de siete años después de ocurridos los hechos. Añadió que

2 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 76001

23 33 000 2026 00518 00.
3 Visto en el índice 6 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 76001

23 33 000 2026 00518 00.
4 Esta orden se cumplió el 24 de junio de 2026. Visto en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica para la

Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 76001 23 33 000 2026 00518 00.
5 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 76001

23 33 000 2026 00518 00.
6 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 76001

23 33 000 2026 00518 00.
7 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 76001

23 33 000 2026 00518 00.
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Accionante: Juan Pablo Soto Moreno
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no existe legitimación en la causa por pasiva, pues las pretensiones formuladas no
corresponden a competencias de esa Corporación.

3.5. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali8 solicitó declarar
improcedente la acción de tutela al sostener que la desvinculación del accionante fue
consecuencia de su renuncia voluntaria al cargo que desempeñaba en el Juzgado Quinto
Penal del Circuito para Adolescentes.

Señaló que la posterior imposibilidad de posesionarlo en el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Ejecución de Sentencias obedeció al cumplimiento del régimen de carrera
judicial, pues el actor había sido excluido automáticamente del registro de elegibles al
haberse posesionado previamente en otro cargo en propiedad.

Asimismo, afirmó que la tutela es improcedente por incumplir los requisitos de inmediatez
y subsidiariedad, dado que fue presentada más de seis años después de los hechos y el
accionante contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
para controvertir los actos administrativos. Agregó que no existe un perjuicio irremediable
ni una vulneración actual de derechos fundamentales atribuible a la entidad.

3.6. El accionante presentó escrito de adición y modificación de la acción de tutela9 en el
que precisó los hechos, limitó las pruebas y reformuló las pretensiones inicialmente
planteadas.

En esencia, reiteró que nunca fue notificado del acto administrativo mediante el cual,
presuntamente, se revocó y dejó sin efectos su nombramiento en propiedad en el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali, razón por la cual
afirmó que no conoció su contenido, no pudo ejercer su derecho de defensa ni controvertir
dicha decisión. Además, solicitó que el despacho requiriera copia auténtica de ese acto
administrativo y de su notificación.

Con fundamento en lo anterior, argumentó que la omisión de la notificación vulneró su
derecho al debido proceso y que, mientras esta no se realice válidamente, el acto
administrativo carece de eficacia jurídica frente a él.

En consecuencia, modificó sus pretensiones para solicitar el amparo de sus derechos
fundamentales, la declaratoria de inoponibilidad del acto administrativo, la práctica de una
notificación personal en debida forma y la adopción de las medidas necesarias para
restablecer sus derechos presuntamente conculcados.

3.7. Mediante providencia del 2 de julio de 202610, el juez de tutela de primera instancia
incorporó el anterior memorial y ordenó correr traslado a las partes de dicho escrito.

3.8. El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca11, al pronunciarse sobre
la adición y modificación de la acción de tutela, sostuvo que los nuevos argumentos del
accionante se centran en la presunta falta de notificación del acto administrativo que
habría dejado sin efectos su nombramiento en el Juzgado Primero Civil del Circuito de

8 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 76001

23 33 000 2026 00518 00.
9 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 76001

23 33 000 2026 00518 00.
10 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 76001

23 33 000 2026 00518 00.
11 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 76001

23 33 000 2026 00518 00.
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Ejecución de Sentencias de Cali, así como en la ausencia de remisión de dicho acto por
parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial. No obstante, afirmó que tales
actuaciones son ajenas a sus competencias, pues no participó en la expedición del acto
administrativo cuestionado ni en la aceptación de la renuncia presentada por el
accionante.

En consecuencia, reiteró que no existe acción, intervención u omisión atribuible a esa
Corporación que permita imputarle la presunta vulneración de derechos fundamentales y
solicitó nuevamente su desvinculación del trámite constitucional, por carecer de
legitimación en la causa por pasiva frente a las pretensiones formuladas por el
accionante.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 7 de julio de 2026,
declaró improcedente la acción al considerar que no se cumplían los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad.

Al respecto, expuso que el accionante conocía desde 2019 las razones por las cuales no
pudo posesionarse y permaneció inactivo durante más de seis años, pese a contar con
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir los actos
administrativos y reclamar el eventual reintegro, sin acreditarse la existencia de un
perjuicio irremediable que justificara la intervención excepcional del juez de tutela.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. La parte accionante señaló lo siguiente:

Por medio del presente escrito me permito IMPUGNAR el fallo de tutela de
la referencia proferido por su Honorable Despacho, calendado el día 7 de julio del
corriente año, el cual me fue notificado el día 8 de julio del mismo año.

Estoy presentando este recurso de IMPUGNACIÓN dentro del término previsto
por la Ley para tal fin, de conformidad con el artículo 31 de la Constitución Política
de Colombia y el Decreto 2591 de 1991, lo anterior para su conocimiento y fines
pertinentes.

5.2. Por auto proferido el 22 de julio de 2026 se concedió la impugnación12 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto de 22 de julio de 202613.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 14, en

12 Visto en el índice 33 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 76001

23 33 000 2026 00518 00.
13 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 76001

23 33 000 2026 00518 01.
14 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la

impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola

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concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201515, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202116, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo
de 201917, modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido
por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.

6.2. CUESTIÓN PREVIA

6.2.1. La Sala observa que el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, al
rendir el informe dentro del presente trámite constitucional, solicitó que se declarara la
falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, su desvinculación del
proceso, asunto sobre el cual el juez de tutela de primera instancia no emitió
pronunciamiento.

Al respecto, se considera que no hay lugar a acceder a dicha solicitud, toda vez que esa
entidad fue vinculada al trámite por haber sido señalada por la parte accionante como
una de las autoridades presuntamente responsables de la vulneración de sus derechos
fundamentales, con ocasión de la desvinculación del cargo que desempeñaba en
propiedad.

En consecuencia, su permanencia en el proceso resulta necesaria, no solo para
garantizar la eficacia de la decisión que eventualmente se adopte, sino también para
salvaguardar los principios de contradicción y defensa, permitiéndole ejercer su derecho
de defensa y pronunciarse frente a los cargos formulados por la parte accionante.

6.2.2. El accionante solicitó que se le conceda el beneficio de amparo de pobreza,
previsto en los artículos 151 y siguientes del Código General del Proceso, por carecer de
capacidad económica para asumir las cargas derivadas de la presente actuación
constitucional.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que el amparo de pobreza
constituye un instrumento procesal orientado a garantizar la igualdad real de las partes y
el acceso efectivo a la administración de justicia de quienes carecen de recursos
económicos suficientes para asumir los gastos propios del proceso, evitando que su
situación patrimonial les impida ejercer adecuadamente su derecho de defensa18.

No obstante, la Sala advierte que dicho presupuesto no se presenta en el trámite de la
acción de tutela, pues esta constituye un mecanismo constitucional caracterizado por su
informalidad y gratuidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política y en el artículo 3 del Decreto 2591 de 1991.

con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
15 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
16 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
17 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-114 de 2007. M.P. Nilson Pnilla Pinilla.

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Accionante: Juan Pablo Soto Moreno
Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y otros

En efecto, el ejercicio de la acción de tutela no está sujeto al pago de expensas, aranceles
judiciales, cauciones u otras cargas económicas cuya exoneración haga necesaria la
concesión del amparo de pobreza. Por el contrario, cualquier persona puede acudir a
este mecanismo sin asumir costos procesales que puedan constituir una barrera para el
acceso a la administración de justicia.

En consecuencia, comoquiera que la finalidad del amparo de pobreza consiste
precisamente en remover los obstáculos económicos que puedan impedir el acceso a la
jurisdicción, beneficio que ya se encuentra garantizado por la naturaleza gratuita e
informal de la acción de tutela, no hay lugar a acceder a la solicitud formulada por el
accionante.

6.3. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:

6.3.1. Mediante la Resolución núm. 010 de 4 de octubre de 2019, el Juzgado Quinto
Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cali nombró en propiedad
al accionante en el cargo de escribiente nominado.

6.3.2. Mediante escrito del 16 de diciembre de 2019, el accionante presentó renuncia al
cargo de escribiente que desempeñaba en el referido despacho judicial, la cual fue
aceptada mediante la Resolución núm. 012 de la misma fecha.

6.3.3. A través de la Resolución núm. 012 de 29 de noviembre de 2019, el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali nombró en propiedad al
accionante en el cargo de escribiente categoría circuito grado nominado. Dicho
nombramiento le fue comunicado mediante el Oficio D-JPCCECS 2019-016 de 2 de
diciembre de 2019, remitido al correo electrónico del accionante en esa misma fecha.

6.3.4. Mediante escrito del 19 de diciembre de 2019, dirigido al Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca, el accionante manifestó que no había podido
posesionarse en el cargo para el cual había sido nombrado en el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali, por cuanto, le informaron que al consultar
la página web de la Rama Judicial, se advirtió que ya no figuraba en la lista de elegibles.

6.3.5. Mediante el Oficio núm. CSJVAO19-1925 de 26 de diciembre de 2019, el Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca respondió al accionante que la situación
planteada debía ser puesta en conocimiento de los jueces Quinto Penal para
Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Cali y Primero Civil del Circuito de
Ejecución de Sentencias de Cali.

6.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Corresponde a la Sala determinar si el fallo impugnado debe confirmarse o revocarse,
para lo cual deberá establecerse si la acción de tutela promovida por el señor Juan Pablo
Soto Moreno cumple los requisitos generales de procedencia y, de ser así, si las
autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados con ocasión
de las actuaciones que culminaron con su desvinculación de la Rama Judicial.

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6.4.1. Caso concreto

6.4.1.1. Del requisito general de inmediatez

Sobre el requisito general de inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

El artículo 86 constitucional dispone que la acción de tutela puede interponerse
“en todo momento y lugar”. Aunque no está sujeta a un término de caducidad, la
Corte constitucional ha entendido que la acción de tutela debe ser invocada en un
plazo razonable y proporcional al tiempo transcurrido entre el acaecimiento de los
hechos que sustentan la presunta vulneración y la presentación de la acción de
tutela y, de forma excepcional, se puede justificar un término mayor en la
interposición de la misma19.

Por ello, la acción de tutela no se puede presentar en cualquier momento, de lo
contrario podría afectar la seguridad jurídica y alterar su esencia como mecanismo
de protección inminente. Por este motivo, aunque no hay regla rigurosa y precisa
del término para determinar la inmediatez, el juez de tutela debe analizar las
circunstancias particulares de cada situación y determinar qué se entiende por
plazo razonable caso a caso.20 Así, el propósito de que se valoren las
circunstancias particulares para determinar el plazo razonable y la acreditación de
la inmediatez, es que con ello se logra “establecer una adecuada ponderación
entre el respeto por la estabilidad jurídica, los intereses de terceros y los derechos
fundamentales presuntamente afectados. Por ello, en el análisis de inmediatez
cobran especial relevancia las condiciones personales del actor y el tipo de asunto
que se controvierte.”21

En la jurisprudencia de esta Corporación, se han enunciado algunos criterios para
valorar el cumplimiento del principio de inmediatez cuando ha transcurrido un
largo periodo contado a partir del hecho generador de la vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales. Ello tiene como consecuencia que se flexibilice el
análisis del requisito de inmediatez. En esa medida, ha considerado como
requisitos “(i) [q]ue se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo
y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto
de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual. Y (ii) que la especial situación de
aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales,
convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un
juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros”.22

En el presente asunto, la Sala observa que la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante se originó con las actuaciones relacionadas
con su nombramiento, la aceptación de su renuncia y la posterior revocatoria de aquel,
circunstancias que tuvieron lugar entre noviembre y diciembre de 2019. No obstante, la
presente acción de tutela fue promovida hasta el 22 de junio de 2026, esto es,
aproximadamente seis años y medio después de ocurridos los hechos que dieron origen
a la controversia.

19 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias SU-108 de 2018, T-188 de 2020, T-283 de 2022, T-465 de 2023 y

T-364 de 2024.
20 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-032 de 2023.
21 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-981 de 2011.
22 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018. En esta se hace relación a la Sentencia T-158 de

2006 y las sentencias que reiteran estas consideraciones.
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Con el propósito de justificar ese prolongado lapso, el accionante sostuvo que la
vulneración de sus derechos fundamentales se mantiene vigente, pues desde la
revocatoria de su nombramiento ha permanecido desvinculado de la Rama Judicial y sin
percibir los ingresos que derivaban del cargo que desempeñaba. Asimismo, afirmó que
carecía de los recursos económicos para promover las acciones judiciales
correspondientes y que desconocía las herramientas jurídicas con las que contaba para
reclamar la protección de sus derechos.

Sin embargo, tales circunstancias no resultan suficientes para relevar al accionante de la
carga de acudir oportunamente al juez constitucional. Si bien los efectos económicos y
laborales de los hechos cuestionados pudieron prolongarse en el tiempo, ello no significa,
por sí solo, que la presunta vulneración tenga un carácter permanente que justifique la
presentación de la acción varios años después de ocurridos los hechos que la originaron.

De igual manera, la Sala no encuentra acreditada una situación excepcional que hiciera
desproporcionado exigir al accionante el ejercicio oportuno de los mecanismos de
defensa judicial. En efecto, del expediente no se evidencia que durante ese extenso
periodo hubiese estado en una condición de indefensión, incapacidad física o jurídica, o
en cualquier otra circunstancia que objetivamente le hubiera impedido acudir ante las
autoridades judiciales para controvertir las actuaciones que ahora cuestiona.

Así las cosas, la explicación ofrecida por el accionante no desvirtúa el considerable lapso
transcurrido entre la ocurrencia de los hechos y la presentación de la acción de tutela,
razón por la cual la Sala concluye que el requisito de inmediatez no se encuentra
satisfecho en el presente asunto.

6.4.1.2. Del requisito general de subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable23.

En el caso sub examine, la Sala observa que la inconformidad del accionante recae sobre
las actuaciones administrativas relacionadas con su nombramiento, la aceptación de su

23 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero

Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso concreto,
se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo
de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
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renuncia y la posterior revocatoria del acto mediante el cual había sido nombrado como
escribiente en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali.

Frente a dichas actuaciones, el ordenamiento jurídico prevé medios de control ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, los cuales constituyen, en principio, los
mecanismos judiciales idóneos para controvertir su legalidad y solicitar el
restablecimiento de los derechos que se estimen vulnerados.

En efecto, mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el
accionante podía controvertir la legalidad de los actos administrativos que consideraba
lesivos de sus derechos, solicitar el restablecimiento de su situación jurídica individual y,
además, pedir la adopción de las medidas cautelares previstas en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para obtener la
protección provisional de los derechos cuya vulneración alegaba.

En vista de lo anterior, la Sala no advierte la configuración de un perjuicio irremediable
que habilite la intervención excepcional del juez constitucional como mecanismo
transitorio. Si bien el accionante afirmó haber permanecido desvinculado de la Rama
Judicial desde el año 2019, esa situación corresponde precisamente al efecto de las
actuaciones administrativas que cuestiona y que podían ser controvertidas mediante el
referido medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En consecuencia, la Sala concluye que tampoco se satisface el requisito de
subsidiariedad, pues el actor contaba con medios de defensa judicial idóneos y eficaces
para controvertir las decisiones que ahora reprocha y no acreditó circunstancias
excepcionales que justificaran desplazar los mecanismos ordinarios de defensa judicial.

De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que en el presente asunto no se
satisfacen los requisitos generales de procedencia de inmediatez y subsidiariedad. Por
lo tanto, se confirmará la sentencia de 7 de julio de 2026, proferida por el Tribunal,
mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Seccional
de la Judicatura del Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo de pobreza presentada por el accionante, por
las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de julio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 6 de
agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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