Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00558-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00558-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2026-00558-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00558-01
Demandante: Municipio de Candelaria – Valle del Cauca
Demandado: Juzgado 7 Administrativo de Cali
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Manual de funciones específicas y
de competencias laborales. Acumulación de procesos.
Acumulación de pretensiones. Defecto sustantivo. Violación
directa de la constitución.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia
de 22 de julio de 2026 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la
cual declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 7 de julio de 2026, la parte actora, a través de apoderado, presentó una
acción de tutela contra el Juzgado 7 Administrativo de Cali, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, con ocasión del Auto de 4 de marzo de 2026 y el Auto de
9 de junio de 2026, mediante los cuales se negó la solicitud de acumulación de
procesos y posteriormente se resolvió no reponer dicha decisión dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001-33-33-007-2025-00172-00.
2. A título de amparo, solicitó se dejaran sin efectos los Autos de 4 de marzo
y 9 de junio de 2026 proferidos por el Juzgado 7 Administrativo de Cali y, en su
lugar, se profiriera decisión de reemplazo.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud, la parte actora manifestó que,
el 26 de junio de 2025, el señor Gilmar Oswaldo Barrera Barona radicó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de que se declarara la
nulidad parcial del Decreto 262 de 12 de diciembre de 2024, expedido por el
Municipio de Candelaria, mediante el cual se modificó el Manual de Funciones
Específicas y de Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal
de la Administración Central del Municipio de Candelaria – Valle del Cauca, y se
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dejara sin efectos el artículo 29.6, en lo relacionado con las modificaciones
introducidas al cargo de conductor mecánico, código 482, grado 041.
4. El 20 de noviembre de 2025, la parte actora solicitó la acumulación de los
procesos iniciados ante el Juzgado 19 Administrativo de Cali2, Juzgado 13
Administrativo de Cali3, Juzgado 1 Administrativo de Cali4 y Juzgado 14
Administrativo de Cali5 al considerar que todos tenían por objeto la declaratoria de
nulidad parcial del Decreto Municipal 262 de 12 de diciembre de 2024. Expuso que,
en cada una de las demandas, se invocaban fundamentos fácticos y jurídicos
idénticos relacionados con la supuesta vulneración de normas superiores por parte
de dicho acto administrativo, lo que evidenciaba identidad de causa y objeto. Indicó
que las demandas habían sido notificadas y contestadas en cada despacho judicial,
con lo cual se había trabado el litigio procesal. Consideró que resultaba viable su
acumulación, sin que con ello se afectaran los derechos de las partes ni el curso
normal de las actuaciones procesales.
5. El 4 de marzo de 2026, el Juzgado 7 Administrativo de Cali negó la
acumulación de los procesos, tras señalar que, aunque se tratara del mismo acto
administrativo demandado por distintos actores, los efectos que este producía eran
individuales para cada uno, razón por la cual no era posible predicar una causa
común a todas las demandas. Expuso que tampoco se configuraba identidad de
objeto, pues, si bien quienes promovieron los distintos procesos perseguían que se
les garantizara el pago de la remuneración salarial, lo cierto era que el
restablecimiento del derecho no era igual para todos, dado que su monto variaba
en función de la fecha de vinculación de cada actor como servidor público. Afirmó
que las pretensiones de los demandantes no tenían relación de dependencia alguna
y podían ser estudiadas de manera separada, sin que la eventual concesión del
derecho a uno de ellos implicara que lo mismo debiera ocurrir respecto de los demás
por cuanto los efectos del acto acusado eran individuales y la verificación de los
hechos en que se sustentaban las pretensiones tampoco exigía el empleo de las
mismas pruebas, si se tenía en cuenta que cada demandante se encontraba en una
situación administrativa y laboral independiente y que su vinculación se había
producido de manera individual.
6. El 10 de marzo de 2026, la parte actora interpuso recurso de reposición
contra el auto que negó la acumulación de los procesos, tras alegar que se
configuraban los supuestos previstos en los literales a) y b) del artículo 148 del
CGP6. Señaló que la conclusión del Juzgado desconocía el alcance del artículo 88
del CGP, el cual permitía acumular pretensiones en una misma demanda cuando el
juez fuera competente para conocer de todas, estas no se excluyeran entre sí y
1 Proceso identificado con el radicado No. 76001-33-33-014-2025-00172-00 y admitida el 6 de agosto de 2025.
2 Proceso identificado con el radicado No. 76001-33-33-019-2025-00207-00.
3 Proceso identificado con el radicado No. 76001-33-33-013-2025-00178-00.
4 Proceso identificado con el radicado No. 76001-33-33-001-2025-00188-00.
5 Proceso identificado con el radicado No. 76001-33-33-014-2025-00165-00.
6 «Artículo 148. Procedencia de la acumulación en los procesos declarativos
Para la acumulación de procesos y demandas se aplicarán las siguientes reglas:
1. Acumulación de procesos. De oficio o a petición de parte podrán acumularse dos (2) o más procesos que se
encuentren en la misma instancia, aunque no se haya notificado el auto admisorio de la demanda, siempre que
deban tramitarse por el mismo procedimiento, en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda.
b) Cuando se trate de pretensiones conexas y las partes sean demandantes y demandados recíprocos. […]»
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pudieran tramitarse por el mismo procedimiento. Expuso que, aunque tenía claro
que la acumulación de procesos y de pretensiones eran 2 conceptos distintos, en el
caso se cumplían plenamente dichos requisitos, toda vez que todas las demandas
se habían tramitado mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y la controversia jurídica se dirigía contra el mismo acto administrativo.
Afirmó que el hecho de que el restablecimiento económico fuera diferente no
impedía la acumulación, pues esa diferencia se limitaba a la liquidación individual
del derecho, sin afectar la identidad del debate jurídico.
7. El 9 de junio de 2026, el Juzgado 7 Administrativo de Cali no repuso el Auto
de 4 de marzo de 2026, al considerar que la coincidencia del acto administrativo
demandado y de la entidad accionada no bastaba para concluir que las pretensiones
pudieran acumularse en una misma demanda, pues sus efectos eran individuales,
en tanto cada relación laboral tenía un origen y unas consecuencias propias.
Manifestó que no podía predicarse una causa común por el solo hecho de que se
invocara el mismo acto administrativo o normas similares como vulneradas, ya que
la pretensión de restablecimiento se sustentaba en las circunstancias particulares
de cada demandante, derivadas de su situación administrativa y laboral. Afirmó que
tampoco existía identidad de objeto, pues, aunque se controvirtiera el mismo
decreto, el restablecimiento reclamado dependía de la situación concreta de cada
actor, máxime cuando los efectos de la demanda eran inter-partes. Expuso que, aun
desde la perspectiva de la conexidad alegada, las pretensiones conservaban su
autonomía, dado que cada demandante perseguía un restablecimiento individual
derivado de su propia situación laboral, sin que el eventual riesgo de que se
profirieran decisiones distintas respecto del mismo acto administrativo impusiera su
acumulación, puesto que la decisión judicial adoptada en el medio de control
producía efectos inter-partes y se proyectaba sobre el derecho subjetivo reclamado
en cada caso.
8. Como fundamento de la vulneración, la parte actora sostuvo que la
negativa a acumular los procesos generaba un riesgo real de que se profirieran
decisiones judiciales contradictorias respecto del mismo acto administrativo, con lo
cual se desconocían los principios de seguridad jurídica, igualdad y coherencia de
la función judicial. Expuso que la interpretación adoptada por el Juzgado desatendía
la finalidad constitucional de la acumulación de procesos, en tanto permitía que 5
despachos judiciales distintos resolvieran de manera independiente una
controversia que tenía un objeto jurídico sustancialmente idéntico.
9. Señaló que los 5 procesos promovidos contra el Municipio de Candelaria
cuestionaban el mismo acto administrativo, esto es, el artículo 29.6 del Decreto
Municipal 262 de 2024, mediante el cual se clasificó el cargo de conductor
mecánico, código 482, en el grado 04, y que todos los demandantes sustentaban
sus pretensiones en la presunta ilegalidad de esa única decisión. Afirmó que la
controversia jurídica era sustancialmente la misma en cada proceso, pues estaba
dirigida a establecer si el Municipio podía modificar, mediante dicho decreto, la
clasificación salarial del referido empleo. Añadió que las diferencias en el
restablecimiento económico reclamado por cada demandante no constituían un
elemento determinante para negar la acumulación, dado que estas correspondían
únicamente a diferencias aritméticas o de ejecución derivadas de una eventual
declaratoria de nulidad. Consideró que el Juzgado había privilegiado una
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consecuencia accesoria del litigio sobre su verdadero objeto, con desconocimiento
de la finalidad perseguida por el artículo 148 del CGP.
10. Sostuvo que el Juzgado había incurrido en un defecto sustantivo y en una
violación directa de la Constitución Política, al realizar una interpretación
excesivamente restrictiva del artículo 148 del CGP, que desconocía la naturaleza y
finalidad de la acumulación de procesos. Explicó que, al considerar que las
diferencias en el restablecimiento económico impedían la acumulación, la autoridad
judicial había aplicado dicha disposición de manera aislada y formalista, sin
armonizarla con la Constitución, ni con los principios de economía procesal,
igualdad, seguridad jurídica, coherencia judicial, prevalencia del derecho sustancial
y acceso efectivo a la administración de justicia. Agregó que esa interpretación
hacía prácticamente inaplicable la acumulación en procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho promovidos por distintos servidores públicos, pues en
estos siempre existiría algún componente individual derivado del restablecimiento
económico.
11. Afirmó que las providencias cuestionadas desconocieron la interpretación
sistemática de las normas procesales y el precedente judicial aplicable, pues el
Juzgado sustentó su decisión principalmente en una providencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado de 2007, sin confrontarla con la evolución posterior
de la jurisprudencia en materia de economía procesal, coherencia judicial, tutela
judicial efectiva y prevalencia del derecho sustancial. Señaló que la autoridad
judicial omitió explicar por qué, pese a la identidad del acto administrativo
demandado, del empleo involucrado y de los fundamentos de ilegalidad planteados,
resultaba necesario tramitar los procesos de manera separada. Sostuvo que se
había mantenido una interpretación que desconocía los principios constitucionales
que orientaban la administración de justicia.
Intervenciones7
12. El Juzgado 7 Administrativo de Cali envió el enlace de acceso al expediente
digital del proceso ordinario.
Sentencia impugnada
13. El 22 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional. Consideró que la controversia planteada versaba sobre la
interpretación y aplicación de una norma de rango legal sobre la procedencia de la
acumulación de procesos prevista en el artículo 148 del CGP, sin que de ello se
desprendiera, por sí mismo, una vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
14. Señaló que las providencias cuestionadas tenían motivación, habían sido
proferidas por autoridad competente y respondían al análisis de los presupuestos
legales que regían la acumulación procesal. Indicó que la acción de tutela no
7 Mediante Auto de 8 de julio de 2026, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Juzgado 7
Administrativo de Cali.
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constituía un mecanismo destinado a dirimir controversias interpretativas ordinarias
ni a corregir decisiones judiciales que una de las partes estimara equivocadas.
15. Advirtió que los asuntos cuya solución se limitaba a la interpretación y
aplicación de normas de rango legal carecían de relevancia constitucional, pues el
objeto de la acción de tutela era garantizar la protección de los derechos
fundamentales. Concluyó que la controversia no revestía relevancia constitucional,
debido a que versaba sobre la interpretación de la ley procesal y, concretamente,
sobre la procedencia o improcedencia de la acumulación de procesos, cuya
aplicación no había afectado los derechos fundamentales del accionante, en la
medida en que hasta ese momento no se había adoptado una decisión de fondo
respecto de los procesos ordinarios iniciados contra el Municipio de Candelaria, en
los cuales se cuestionaba la legalidad del artículo 29.6 del Decreto Municipal 262
de 30 de diciembre de 2024.
Impugnación
16. El 27 de julio de 2026, la parte actora impugnó la sentencia de primera
instancia tras considerar que el Tribunal había aplicado un estándar excesivamente
restrictivo para valorar el requisito de relevancia constitucional, pues habría
confundido el análisis propio de los requisitos generales de procedibilidad con el
estudio de los defectos específicos alegados contra las providencias cuestionadas.
Sostuvo que la acción de tutela no pretendía reabrir una discusión meramente legal,
sino determinar si la interpretación adoptada por el Juzgado 7 Administrativo de Cali
respecto de las reglas de acumulación había comprometido los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en
conexión con los principios de igualdad, seguridad jurídica y coherencia de la
función judicial.
17. Afirmó que la relevancia constitucional se encontraba acreditada, entre
otras razones, porque los 5 procesos ordinarios cuestionaban la aplicación de un
mismo artículo del Decreto 262 de 2024 y se referían al mismo empleo de conductor
mecánico, de manera que la decisión de mantenerlos separados podía generar
respuestas judiciales incompatibles frente a una misma situación jurídica. Agregó
que la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado había reconocido la
relevancia de las controversias relacionadas con las reglas de acumulación cuando
estas podían comprometer la economía procesal, la igualdad, la seguridad jurídica
y el acceso efectivo a la administración de justicia. Señaló que la afectación alegada
era actual, aun cuando todavía no se hubieran proferido las sentencias de fondo en
los procesos ordinarios, pues la decisión interlocutoria cuestionada producía, desde
ese momento, efectos sobre su trámite independiente y podía impedir una eventual
acumulación antes de que venciera la oportunidad procesal prevista en el artículo
148 del CGP.
18. Cuestionó que el fallo de primera instancia hubiera sustentado la
improcedencia, entre otras consideraciones, en la Sentencia T-495 de 2024, tras
estimar que dicho precedente no resultaba análogo al asunto objeto de estudio,
pues aquella decisión se refería a una condena penal, mientras que en el presente
caso se controvertía un auto interlocutorio relacionado con la acumulación de 5
procesos y respecto del cual se había agotado el recurso de reposición. Incluso,
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señaló que la sentencia impugnada había incorporado circunstancias fácticas
ajenas al expediente al afirmar que el accionante había sido condenado
penalmente, lo que evidenciaba una motivación aparente. Insistió en que los cargos
formulados contra las providencias cuestionadas exigían un estudio de fondo sobre
la aplicación de los artículos 88 y 148 del CGP y la posible configuración de los
defectos sustantivo, procedimental y fáctico, así como por desconocimiento del
precedente.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
19. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
20. Corresponde a la Sala determinar si, una vez verificados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
controversia planteada por el Municipio de Candelaria reviste relevancia
constitucional, en tanto cuestiona los Autos de 4 de marzo y 9 de junio de 2026,
mediante los cuales el Juzgado 7 Administrativo de Cali negó la acumulación de 5
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo el argumento de que la
interpretación de los artículos 88 y 148 del CGP habría desconocido los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en
conexión con los principios de igualdad, seguridad jurídica y coherencia judicial; o
si, por el contrario, se trata de una controversia de mera legalidad ajena al ámbito
de protección de la acción de tutela.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
21. La Sala confirmará la Sentencia de 22 de julio de 2026 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual declaró improcedente la acción
de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
por las razones que a continuación se exponen:
22. Uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales consiste en que la controversia planteada posea una
evidente relevancia constitucional. Ello supone que el debate sometido a
consideración del juez de tutela trascienda el ámbito de la mera legalidad y plantee
una cuestión que involucre, de manera real y verificable, el alcance, contenido o
efectividad de uno o varios derechos fundamentales.
23. La jurisprudencia constitucional ha precisado que dicho requisito busca
preservar la autonomía funcional de los jueces ordinarios y evitar que la acción de
tutela se convierta en una instancia adicional destinada a reabrir controversias
interpretativas propias de cada jurisdicción. En consecuencia, la simple
inconformidad de una de las partes con la interpretación realizada por el juez
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natural, o la existencia de una lectura jurídica alternativa respecto de las normas
aplicables al caso, no constituyen circunstancias suficientes para activar el control
excepcional que ejerce el juez constitucional8.
24. En el asunto bajo examen, el municipio accionante sostiene que las
providencias proferidas por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Cali
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia al negar la acumulación de varios procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho promovidos contra un mismo acto administrativo y
sustentados, según afirma, en idénticos fundamentos fácticos y jurídicos.
25. A juicio de la entidad accionante, la decisión cuestionada no solo comporta
una interpretación errónea del artículo 148 del Código General del Proceso (CGP),
sino que además compromete principios constitucionales asociados a la igualdad,
la seguridad jurídica, la coherencia de las decisiones judiciales y la tutela judicial
efectiva, en la medida en que permitiría que distintos despachos judiciales adopten
decisiones potencialmente divergentes respecto de la legalidad de un mismo acto
administrativo.
26. La Sala advierte que tales planteamientos guardan una conexión
argumentativa con instituciones que la jurisprudencia ha reconocido como
manifestaciones del debido proceso, del derecho de acceso a la administración de
justicia y del principio de igualdad en la aplicación judicial del derecho. Desde esa
perspectiva, la discusión propuesta involucra interrogantes relacionados con la
incidencia que determinadas decisiones procesales pueden tener sobre valores
constitucionales como la seguridad jurídica, la uniformidad de las decisiones
judiciales y la efectividad de la tutela judicial9.
27. No obstante, la sola existencia de una conexión argumentativa con
derechos fundamentales no implica, por sí misma, que el requisito de relevancia
constitucional se encuentre satisfecho. La jurisprudencia ha señalado que la
intervención del juez de tutela únicamente se justifica cuando la cuestión planteada
evidencia una afectación constitucional concreta de los derechos invocados, y no
cuando la referencia a tales garantías se emplea como fundamento para reabrir
debates que pertenecen al ámbito propio de competencia del juez ordinario 10.
28. En este punto resulta necesario recordar que la acción de tutela contra
providencias judiciales constituye un mecanismo extraordinario y de carácter
eminentemente residual, cuya finalidad no consiste en sustituir al juez natural en la
interpretación de las normas procesales ni en imponer una determinada lectura de
las disposiciones legales cuando existen varias interpretaciones jurídicamente
plausibles. Su objeto se circunscribe a verificar si la decisión judicial cuestionada
comporta una afectación cierta y constitucionalmente relevante de derechos
fundamentales.
8 Véanse las sentencias C-590 de 2005, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-214 de 2022 y SU-417 de 2024
de la Corte Constitucional.
9 Véanse las sentencias SU-354 de 2017 y SU-067 de 2022 de la Corte Constitucional.
10 Véanse las sentencias C-590 de 2005, SU-128 de 2021 y SU-417 de 2024 de la Corte Constitucional.
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29. Lo anterior cobra especial importancia si se tiene en cuenta que el artículo
230 de la Constitución Política dispone que los jueces, en sus providencias, están
sometidos únicamente al imperio de la ley. Esta garantía constituye una
manifestación de la autonomía e independencia judicial, principios estructurales del
Estado de Derecho que impiden al juez constitucional reemplazar los criterios
interpretativos adoptados por las autoridades judiciales competentes, salvo que
estos resulten manifiestamente arbitrarios, irrazonables o incompatibles con la
Constitución.
30. Bajo ese entendimiento, la Sala observa que la inconformidad planteada por
el municipio accionante se dirige esencialmente contra la interpretación efectuada
por el juzgado accionado acerca de los presupuestos previstos en el artículo 148
del CGP para la procedencia de la acumulación de procesos. Así pues, el núcleo de
la censura consiste en afirmar que la autoridad judicial otorgó un alcance
excesivamente restrictivo a dicha disposición y que, en criterio de la entidad
territorial, debió privilegiar una lectura más favorable a la economía procesal, la
uniformidad de las decisiones y la prevención de fallos contradictorios.
31. Sin embargo, las providencias cuestionadas fueron proferidas por la
autoridad judicial competente, identificaron las disposiciones aplicables al caso,
examinaron los presupuestos previstos en el artículo 148 del CGP para la
procedencia de la acumulación, valoraron los argumentos expuestos por las partes
y ofrecieron una motivación suficiente acerca de las razones por las cuales
estimaron improcedente la solicitud formulada. Además, la decisión inicial fue objeto
de recurso de reposición, resuelto mediante una nueva providencia en la que se dio
respuesta a los reparos planteados por la entidad interesada. En consecuencia, la
inconformidad formulada recae sobre el sentido de la interpretación adoptada por el
juez natural y no sobre la existencia de una actuación arbitraria que hubiera
desconocido las garantías mínimas que integran el debido proceso.
32. Así las cosas, la controversia planteada no permite identificar que las
decisiones cuestionadas comprometan el núcleo esencial del debido proceso. En
efecto, el contenido constitucionalmente protegido de este derecho fundamental no
garantiza a las partes una determinada interpretación de las normas procesales ni
la adopción de la solución jurídica que estas consideren más conveniente para sus
intereses. Lo que asegura es que las decisiones judiciales sean adoptadas por la
autoridad competente, con observancia de las formas propias de cada juicio,
respeto por los derechos de contradicción y defensa, y una motivación suficiente
que permita comprender las razones que sustentan la decisión. Tales exigencias
fueron observadas en el asunto objeto de estudio11.
33. Tampoco se advierte una afectación del núcleo esencial del derecho de
acceso a la administración de justicia. La jurisprudencia constitucional ha señalado
que esta garantía comprende, entre otros aspectos, la posibilidad real de acudir ante
los jueces, promover las acciones reconocidas por el ordenamiento jurídico, obtener
una respuesta judicial de fondo y acceder a mecanismos efectivos para la protección
de los derechos e intereses legítimos12.
11 Ver, entre otras, las sentencias C-163 de 2019, C-029 de 2021 y SU-061 de 2018.
12 Ver, entre otras, las sentencias C-341 de 2014, C-086 de 2016 y C-163 de 2019.
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34. En el caso bajo estudio, la negativa de acumulación no impidió el acceso a
la jurisdicción ni restringió el ejercicio de las facultades procesales de ninguna de
las partes involucradas en los procesos ordinarios. En particular, respecto del
municipio accionante, la decisión cuestionada no limitó su posibilidad de intervenir
en los procesos, ejercer su derecho de defensa y contradicción, solicitar y
controvertir pruebas, formular los recursos procedentes ni obtener una decisión
judicial definitiva sobre las controversias planteadas. De igual manera, ninguno de
los procesos involucrados fue rechazado, archivado o impedido de continuar su
trámite; por el contrario, todos permanecen en curso ante la jurisdicción
contencioso-administrativa. En tal sentido, la decisión cuestionada no afectó la
posibilidad del accionante de acudir a la jurisdicción, ejercer los mecanismos
procesales previstos en el ordenamiento ni obtener una respuesta judicial de fondo.
35. Lo anterior no significa que la Sala desconozca la importancia de las
finalidades que persigue la institución procesal de la acumulación de procesos.
Pues, dicha figura busca materializar principios relevantes para la administración de
justicia, tales como la economía procesal, la celeridad, la coherencia de las
decisiones judiciales y la prevención de fallos potencialmente contradictorios frente
a controversias que guardan una estrecha conexidad fáctica o jurídica. Sin embargo,
el reconocimiento de tales finalidades no conduce, por sí mismo, a que toda
discrepancia acerca de la procedencia de la acumulación adquiera
automáticamente relevancia constitucional o habilite la intervención excepcional del
juez de tutela.
36. Desde esta perspectiva, aun cuando el accionante considere que una
interpretación más amplia del artículo 148 del CGP habría permitido alcanzar de
mejor manera los fines de economía procesal, uniformidad y seguridad jurídica que
inspiran la acumulación de procesos, ello no es suficiente para transformar la
controversia en un problema de relevancia constitucional. La circunstancia de que
el juez natural haya optado por una interpretación distinta a la pretendida por la parte
interesada no implica, por sí sola, la vulneración del debido proceso o del derecho
de acceso a la administración de justicia, particularmente cuando la decisión
cuestionada se encuentra debidamente motivada, responde a una lectura
jurídicamente posible del ordenamiento y fue adoptada en ejercicio de la función
jurisdiccional que la Constitución y la ley le atribuyen.
37. Admitir lo contrario supondría convertir la acción de tutela en una instancia
adicional destinada a revisar la corrección jurídica de las interpretaciones judiciales,
desnaturalizando su carácter excepcional y comprometiendo la autonomía funcional
de los jueces, valor que también goza de protección constitucional en virtud de los
artículos 228 y 230 de la Carta Política.
38. Por lo señalado, la Sala concluye que el asunto sometido a consideración
no desborda el marco de una controversia esencialmente jurídica acerca del alcance
del artículo 148 del CGP y, por ende, no satisface el requisito de relevancia
constitucional exigido para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales.
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Radicación: 76001-23-33-000-2026-00558-01
Demandante: Municipio de Candelaria – Valle del Cauca
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia de 22 de julio de 2026 del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de acuerdo con la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. REMITIR la presente decisión a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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