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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00563-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00563-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de julio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró la improcedencia de la tutela, pero por no satisfacer los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2026-00563-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00563-01
Demandante: JOSÉ AMÉRICO MOSQUERA RIVAS
Demandado: JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE CALI

Tema: Confirma decisión que declara improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante contra
la sentencia de primera instancia proferida el 24 de julio de 2026, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, declaró la improcedencia del mecanismo
constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor José Américo Mosquera Rivas, promovió en nombre propio acción de tutela1
contra el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cali, en la que solicitó
la protección de sus garantías constitucionales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad.

Lo anterior, con ocasión de las decisiones adoptadas por la autoridad judicial
accionada el 20 de enero de 2026 y 8 de julio de 2024 en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 76001-33-33-005-
2023-00180-00/01, relacionadas con el rechazo por extemporaneidad del memorial
presentado el 14 de enero de 2026, considerado por el despacho como una nueva
reforma de la demanda, así como el rechazo de la demanda respecto de la pretensión
de nulidad de la Resolución No. 4137-010.21.0.3425 de 2022, por haber operado la
caducidad.

1 Índice 03 de Samai, tutela radicada el 9 de julio de 2026.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: José Américo Mosquera Rivas
Demandado: Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cali
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00563-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, el accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió que:

[…]
SEGUNDO: ORDENAR, al Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Cali Valle,
DECRETAR LAS PRUEBAS, solicitadas por el Demandante, con la presentación de la
Demanda, en el proceso de Nulidad y restablecimiento del Derecho.
TERCERO: ORDENAR, al Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Cali Valle
INCORPORAR la Resolución N° 3425/2022, al proceso de la Referencia. Eso es Todo.2

1.3. Hechos

El señor José Américo Mosquera Rivas formuló3 medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali - Departamento Administrativo de
Desarrollo e Innovación Institucional cuestionando la legalidad de las resoluciones i)
4137-010.21.0.3425 del 2 de diciembre de 2022, ii) 4137-010.21.0.1058 del 16 de
mayo de 2023 y iii) 4137-010.21.0.830 del 17 de mayo de 2023, por medio de las
cuales se declaró la vacancia de un empleo y se retiró del servicio al demandante por
la presunta conducta de abandono del cargo; se determinó una obligación por montos
pagados de más al trabajador, así como su exigibilidad por concepto de absentismo
laboral, y se reconocieron y liquidaron las cesantías definitivas entre otros elementos
salariales y prestacionales a favor del actor, respectivamente.

El asunto fue conocido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Cali bajo radicado 76001-33-33-005-2023-00180-00, que en auto del 20 de noviembre
de 2023 inadmitió la demanda para que fuesen atendidos los requerimientos
realizados, por lo que el actor allegó escrito de subsanación el 27 de noviembre de
2023 y, posteriormente, el 12 de diciembre del mismo año presentó memorial de
reforma de la demanda.

En virtud de lo anterior, mediante proveído del 8 de julio de 2024 se dispuso la
admisión de la demanda y su reforma, pero se rechazaron las pretensiones
concernientes a la Resolución 4137-010.21.0.3425 del 2 de diciembre de 2022 por la
cual se retiró del servicio al actor, tras considerar que había operado el fenómeno de
la caducidad, dado que la notificación de la decisión se surtió el 2 de diciembre de
2022 y, tanto la solicitud de conciliación como la demanda, fueron presentadas con
posterioridad al 3 de abril de 2023, cuando ya había finalizado el término.

Posteriormente, una vez surtido el traslado del asunto al extremo pasivo, el 14 de
enero de 2026 el señor José Américo presentó memorial en el que solicitó el decreto
de una serie de pruebas por informe, testimoniales, entre otras y planteó nuevos

2 Transcripción original del texto con posibles errores.
3 Índice 002 del proceso ordinario. Demanda interpuesta el 16 de junio de 2023.

2
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Demandante: José Américo Mosquera Rivas
Demandado: Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cali
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argumentos en torno a la falsa motivación de los actos demandados. Escrito frente al
cual, la autoridad judicial accionada emitió proveído del 20 de enero de 2026 en el que
rechazó por extemporánea la solicitud de reforma de la demanda.

Para ello, el juzgado entendió que lo pretendido por el actor era modificar las pruebas
del escrito inicial y que al haberse presentado por fuera del término contemplado en
el artículo 173 del CPACA, esto es, 10 días siguientes al traslado del asunto, se debía
rechazar la solicitud mencionada. Esto, aunado a que se trataba del segundo escrito
que en el mismo sentido fue presentado por el demandante, pues previo a la admisión
del proceso, el actor había agotado la posibilidad de reformar por una sola vez la
demanda.

Inconforme con la decisión, el señor José Américo Mosquera Rivas formuló recurso
de apelación con sustento en que se había errado al calificar su petición del 14 de
enero de 2026 como una solicitud de reforma pues su intención no era adicionar,
aclarar ni modificar el libelo inicial bajo los términos del artículo 173 citado, sino
solicitar y aportar pruebas que estimó necesarias de acuerdo con la teoría de la carga
dinámica de la prueba.

El conocimiento del recurso correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Sala de Decisión4 que en auto del 22 de mayo de 2026 confirmó lo resuelto
por el a quo tras considerar que el memorial presentado por la parte demandante
incluía solicitud de pruebas y nuevos argumentos de derecho que debían entenderse
como una reforma de la demanda al no estar presentes en el escrito primigenio y
acogió los mismos argumentos del juez de primera instancia para rechazar la nueva
reforma.

El anterior proveído fue notificado a las partes por estado del 25 del mismo mes y año.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora cuestionó el auto del 20 de enero de 2026 por considerar que su
solicitud probatoria no se trató de una modificación de la demanda ni fue presentada
de manera extemporánea porque correspondió a las mismas pruebas del libelo
introductorio. Para el efecto transcribió las once pruebas por informe y dos testimonios
solicitados.

Refirió que el juzgado se equivocó al señalar que la Resolución «3425 de 2022, fue
notificada el 2 de diciembre de 2022» pues esto solo tuvo lugar el 19 de mayo de 2023
cuando fue notificado personalmente, tal como quedaría plasmado en el sello
impuesto en la parte trasera del documento y en la constancia de ejecutoria.

4 Sala integrada por los magistrados Juan Carlos Lasso Urresta, Luz Elena Sierra Valencia y Patricia

Feuillet Palomares.

3
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Posteriormente señaló que «El mayor error cometido por el Juzgado Quinto 5°,
Administrativo, fue haber tomado la fecha 29 de Diciembre de 2022, es decir la fecha
de la comunicación que me presentara a Notificarme del Acto Administrativo, pero esa
fecha NO ES LA VERDADERA NOTIFICACIÓN, del Acto Administrativo, sino como
ya lo dije anteriormente es la firma plasmada dentro el SELLO GRANDE DE LA
ALCALDÍA, con los datos ya mencionados, de fecha Diecinueve de 19 de Mayo de
2023»5.

Con lo anterior, refutó que se hubiese rechazado por caducidad las pretensiones
contra la resolución en mención, máxime porque la entidad territorial emitió certificado
en el que se observa que los tres actos administrativos demandados fueron notificados
el 19 de mayo de 2023.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

Por auto del 9 de julio de 20266, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, admitió
la solicitud de amparo, ordenó la notificación a la parte accionante7 y como accionado
al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cali 8.

1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentó la
siguiente:

1.6.1. Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cali9

La titular del despacho realizó un recuento de las actuaciones surtidas en el medio de
control objeto de estudio y manifestó que no vulneró los derechos fundamentales del
actor comoquiera que el proceso se adelantó conforme a las reglas propias de la Ley
1437 de 2011 y a las garantías constitucionales que gobiernan la materia.

Advirtió que el actor no formuló recurso alguno contra el auto del 8 de julio de 2024
que, además de admitir la demanda, rechazó la pretensión relacionada con la
Resolución No. 4137-010.21.0.3425 de 2022, siendo este un asunto que también se
cuestiona en la tutela.

Consideró que las inconformidades del accionante frente al auto del 20 de enero de
2026 que rechazó la nueva reforma de la demanda radican exclusivamente en no
compartir el sentido de las decisiones adoptadas y no reflejan una transgresión de las

5 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
6 Ver índice 004 de Samai.
7 Ver Índice 008 de Samai. Notificación enviada a los correos electrónicos
joseamerico5514@hotmail.com y notificaciones5514@hotmail.com.A
8Ver Índice 008 de Samai. Notificación enviada a los correos electrónicos
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co y adm05cali@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9 Ver índice 009 de Samai.

4
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garantías invocadas. Afirmó que la negativa del despacho no fue arbitraria ni
caprichosa comoquiera que obedeció a las exigencias del artículo 173 del CPACA.

Además, señaló que en lo concerniente al decreto de pruebas aún no se ha agotado
pues «lo único que realizó el despacho fue resolver sobre las peticiones realizadas
por el demandante, en la que sin lugar a duda pretendía reformar la demanda y que
fue presentada extemporáneamente».

Indicó que no era cierto, como lo indica el actor, que nunca se presentó reforma de la
demanda pues de ello da cuenta el escrito radicado el 12 de diciembre de 2023 y así
quedó claro en el auto admisorio del 8 de julio de 2024.

Precisó que el escrito del 14 de enero de 2026 constituye una verdadera reforma de
demanda, pues incorpora una extensa relación de pruebas que no se limitan a reiterar
medios probatorios previamente planteados y expone nuevos supuestos fácticos y
jurídicos como por ejemplo una presunta estabilidad laboral reforzada, la condición de
pre pensionado, un posible acoso laboral, hostigamiento, nuevas causales de
ilegalidad y fundamentos normativos como las leyes 909 de 2004, 361 de 1997, 790
de 2002, 2088 de 2021 y el Decreto 190 de 2003, , entre otros.

Igualmente, advirtió que en el escrito del 14 de enero de 2026 el demandante solicitó
expresamente incorporar la Resolución 3425 de 2022 al proceso, pese a que esta fue
precisamente objeto de pronunciamiento en el auto admisorio del 8 de julio de 2024,
por lo que insistir en tal asunto implicaba modificar nuevamente el objeto procesal ya
delimitado judicialmente, con lo que se transgrediría los principios de seguridad
jurídica, igualdad procesal y preclusión que gobiernan el trámite judicial.

Puso de presente que la decisión de rechazo de la nueva reforma de demanda fue
apelada por el actor y confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
mediante auto del 22 de mayo de 2026, situación que no ocurrió con el auto del 8 de
julio de 2024 que rechazó la demanda respecto de un acto administrativo por
configurarse el fenómeno de la caducidad, pues el demandante no ejerció recurso
alguno quedando la providencia debidamente ejecutoriada.

Por lo anterior consideró que el tutelante pretende reabrir el debate jurídico ya definido
por las autoridades judiciales competentes, tornando improcedente este mecanismo
constitucional.

1.7. Sentencia de primera instancia10

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca11, profirió fallo el 24 de julio de 2026 en
el que declaró la improcedencia de la tutela por no agotarse el recurso legal contra el

10 Ver índice 013 de Samai.
11 Sala integrada por los magistrados Héctor Alfredo Almeida Tena, Bertha Lucy Ceballos Posada y

Katia Alexandra Domínguez Garcés.

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auto del 8 de julio de 2024 y versar la controversia sobre un asunto que ya fue definido
por el juez natural del medio de control.

Estimó que las decisiones acusadas fueron debidamente motivadas y estuvieron
sometidas a los mecanismos ordinarios de contradicción previstos en el ordenamiento
jurídico y de tal manera el tribunal confirmó el auto del 20 de enero de 2026 al
considerar que el memorial presentado por la parte demandante debía entenderse
como una reforma de la demanda al incluir solicitud de pruebas y nuevos argumentos
de derecho.

Observó que el actor no ejerció recurso alguno para controvertir el auto del 8 de julio
de 2024 y en ese sentido, concluyó que la tutela no puede convertirse en instancia
adicional destinada a reabrir discusiones procesales ya resueltas por el juez
competente ni sustituir los mecanismos legales ordinarios para controvertir las
decisiones judiciales, máxime si no se avizora la posible configuración de un perjuicio
irremediable derivado de la negativa a decretar pruebas toda vez que la etapa
probatoria del proceso aún no ha sido decidida definitivamente.

1.8. Impugnación12

El accionante reiteró los reproches contra la decisión que tuvo por configurada la
caducidad de la pretensión contra la Resolución 4137-010.21.0.3425 del 2 de
diciembre de 2022, pues a su juicio el juzgado determinó de manera errada la fecha
de inicio del término de la caducidad, dado que el acto administrativo en cuestión se
notificó el 19 de mayo de 2023 y no en diciembre de 2022.

Insistió en que nunca solicitó reforma de la demanda pues las pruebas aludidas en su
escrito del 14 de enero de 2026 son las mismas que refirió con la presentación de la
demanda e iindicó que si bien no se ha definido la etapa probatoria, considera que las
pruebas requeridas no van a ser aportadas por la entidad demandada.

Señaló que no pretende reabrir el debate jurídico ya resuelto, pues «lo que solicito es
que DECRETE LAS PRUEBAS A TIEMPO, y la exclusión de la Resolución 3425 de
la Demanda NO se encentraba en caducidad, sino que su despacho confundió la
fecha de aviso de citación, con la verdadera fecha de Notificación del Acto
administrativo 3425».

Expuso argumentos por los que considera que el citado acto administrativo está
viciado por falsa motivación, relativos a la presunta falta de autorización por parte de
su empleador para desempeñar las funciones laborales desde casa y desarrolló los
motivos por los que consideró que las pruebas solicitadas resultaban necesarias en el
proceso ordinario.

12 Ver índice 021 de Samai. Escrito radicado oportunamente el 29 de julio de 2026. Sentencia de

primera instancia notificada el 28 del mismo mes y año.

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1.9. Trámite en segunda instancia

El Despacho sustanciador en auto del 10 de agosto de 2026 puso en conocimiento el
presente trámite constitucional del Distrito Especial de Santiago de Cali [extremo
pasivo del proceso ordinario], así como a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca [ad quem del proceso contencioso] para que
realizaran las manifestaciones que a bien tuvieran. No obstante, pese a encontrarse
notificados no realizaron pronunciamiento alguno.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la alzada formulada por la parte actora, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5.° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo
080 de 201913.

2.2. Problema jurídico

En el caso bajo examen, aunque se cuestiona la providencia del 20 de enero de 2026
mediante la cual el juzgado rechazó la solicitud del 14 de enero de 2026 dentro del
medio de control en cuestión, el análisis de este mecanismo se circunscribirá a la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de
Decisión14 mediante auto del 22 de mayo de 2026, al ser la que puso fin a la discusión
planteada en torno a tal asunto, conforme se relató en los hechos de este fallo.

Si bien ni el actor ni el a quo constitucional advirtieron tal circunstancia, corresponde
a esta Sala delimitar el estudio de la vulneración alegada a los supuestos fácticos que
dieron lugar a la presente acción, específicamente. En ese sentido, y como medida de
control, se dispuso en esta instancia notificar al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en su condición de autoridad judicial que conoció del recurso de apelación y
confirmó la decisión adoptada por el juzgado.

Así, conforme lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por el
accionante, el material probatorio recaudado, la intervención presentada, y el fallo de
primera instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la
sentencia proferida el 24 de julio de 2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo

13 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
14 Sala integrada por los magistrados Juan Carlos Lasso Urresta, Luz Elena Sierra Valencia y Patricia

Feuillet Palomares.

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del Valle del Cauca, declaró la improcedencia del mecanismo constitucional. Para lo
cual se deberán abordar los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de superarse, se determinará si:

• ¿Se configuró la vulneración de los derechos fundamentales del señor José
Américo Mosquera Rivas con ocasión de las decisiones adoptadas el 8 de julio
de 2024 y 22 de mayo de 2026 en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado 76001-33-33-005-2023-
00180-00/01, relacionadas, respectivamente, con el rechazo de la demanda
respecto de la pretensión de nulidad de la Resolución No. 4137-010.21.0.3425
de 2022, por haber operado la caducidad y el rechazo por extemporaneidad del
memorial presentado el 14 de enero de 2026?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizará: (i) el criterio de la Sección
sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
los requisitos de procedibilidad y, (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 15
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema16 y declaró su procedencia.17

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
17 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Subsidiariedad

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
no procede en los eventos en los que la parte accionante tenga a su alcance otro
mecanismo de defensa judicial, a menos que el amparo se promueva a efectos de
evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

Dicho requisito se reiteró en el Decreto 2591 de 1991, el cual, en su artículo 6º numeral
1º establece:

La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante.

Conforme lo anterior, se tiene que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario
que no puede desplazar los mecanismos ordinarios que previamente ha establecido
el legislador. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado:

La acción de tutela es un mecanismo judicial de carácter excepcional que garantiza la
protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o violados con ocasión
de la actuación u omisión de una entidad pública o de manera excepcional por un
particular. En efecto, tal y como se expresó en las consideraciones del presente fallo,
para que proceda la tutela contra providencias judiciales resulta necesario que quien
alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya agotado todos los medios de
defensa judicial disponibles. Esta exigencia responde principalmente al principio de
subsidiariedad de la tutela, en virtud del cual se busca impedir su utilización como: (i)
una instancia más dentro de un proceso judicial ordinario; (ii) un medio de defensa que
remplace a los otros diseñados por el legislador para tal fin; (iii) un instrumento para
subsanar errores u omisiones de las partes; y (v) un camino para corregir oportunidades
vencidas. En el caso concreto no se cumple con el requisito de procedibilidad, relativo a
la subsidiariedad de la acción de tutela, toda vez que el tutelante no utilizó los
mecanismos ordinarios dispuestos por la ley penal para hacer valer sus derechos
fundamentales, pues tal y como pudo evidenciarse a partir del material probatorio
obrante en el expediente, el accionante omitió solicitar la nulidad por violación del
derecho al debido proceso dentro del respectivo trámite judicial. El legislador ordinario
ha creado múltiples mecanismos entre ellos la nulidad para evitar la producción de vicios

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dentro del proceso penal que puedan atentar en alguna medida en contra del derecho
al debido proceso de las personas involucradas ya sea en la investigación previa,
instrucción o juzgamiento, las cuales tiene la posibilidad de incoarla cuando quiera que
vean afectadas sus garantías constitucionales.18

Finalmente, no sobra indicar que el análisis de la existencia de otros mecanismos de
defensa debe hacerse en cada caso de forma concreta, para determinar la idoneidad
del medio y las circunstancias particulares de cada caso.

2.4.3 Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202219 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se interponga
un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando
se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más
restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no
solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor
jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal20 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

18 Sentencia T-355-08 Corte Constitucional
19 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
20 Sentencia SU-573 de 2019.

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En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico21; es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional22.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal23”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con
las decisiones adoptadas por los jueces naturales24”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto25, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal26.
(Resaltado de la Sala)

2.5. Caso concreto

A partir de los hechos expuestos en la solicitud de amparo, las manifestaciones de las
partes, los documentos aportados al plenario y las anteriores consideraciones, la Sala
confirmará la sentencia del 24 de julio de 2026, del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, pero por los motivos que pasan a exponerse.

El señor José Américo Mosquera Rivas señaló que se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, con ocasión de la providencia del 20 de enero de 2026, confirmada en
proveído del 22 de mayo de 2026, por medio del cual se rechazó por extemporáneo

21 Sentencia SU-103 de 2022.
22 Sentencia SU-103 de 2022.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-128 de 2021.
25 Sentencia SU-573 de 2019.
26 Ibid.

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el memorial presentado el 14 de enero de 2026, considerado por el juez contencioso
como una nueva reforma de la demanda.

Lo anterior, porque a criterio del actor, la autoridad judicial interpretó erradamente su
intención, pues alegó tanto en la tutela como en el escrito de impugnación que el
memorial presentado el 14 de enero de 2026 contienen exactamente las mismas
pruebas que fueron presentadas con la formulación de la demanda.

Asimismo, el señor José Américo cuestionó, aunque de manera indirecta, el auto del
8 de julio de 2024 que, de una parte, admitió la demanda y, de otra, rechazó por
caducidad la pretensión relativa a la nulidad de la Resolución No. 4137-010.21.0.3425
de 2022. Frente a esto último, discutió que no se determinó correctamente la fecha de
inicio del cómputo de la caducidad pues, contrario a lo establecido por el juzgado, la
notificación del acto administrativo tuvo lugar el 19 de mayo de 2023 y no el 2 de
diciembre de 2022.

En primera instancia, el a quo constitucional declaró la improcedencia de la acción por
no agotarse el recurso legal contra el auto del 8 de julio de 2024 y versar la
controversia sobre un asunto que ya fue definido por el juez natural del medio de
control.

No obstante, en su escrito de impugnación la accionante reiteró y ahondó en los
mismos argumentos que sustentaron su inconformidad frente a las decisiones
mencionadas, insistiendo tanto en las pruebas que considera necesarias para resolver
el medio de control y en la fecha de notificación del acto administrativo demandado.

Entonces, es preciso señalar que este mecanismo constitucional no satisface los
presupuestos de subsidiariedad y relevancia constitucional que permitan realizar el
estudio de fondo reclamado por el actor en torno a los dos aspectos que centran su
interés.

En efecto, los reproches que expuso el señor José Américo, tanto en el libelo inicial
como en el de impugnación, contra la decisión del 8 de julio de 2024 que tuvo por
configurada la caducidad de las pretensiones contra la Resolución No. 4137-
010.21.0.3425 de 2022, alusivos a la fecha correcta en que debió tenerse por
notificada tal decisión, debieron ser expuestos ante al juez natural a través del recurso
de apelación contemplado en el artículo 243 del CPACA y ello no fue así, por lo que
dicha providencia quedó debidamente ejecutoriada y su contenido no fue
controvertido oportunamente por el actor, dejando este escenario constitucional
desprovisto del carácter residual que lo determina.

Así, se observa que el actor pretende con esta acción subsanar su omisión en la
interposición oportuna de los recursos frente a la providencia del 8 de julio de 2024
sobre la cual recae su inconformidad, pues pese a que no lo menciona explícitamente

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como auto objeto de cuestionamiento, sus argumentos se encaminan a atacar un
asunto que fue definido en tal proveído.

Recuérdese que la procedencia de la tutela está supeditada a que el afectado no
tenga a su alcance otro medio de defensa judicial o cuando existiendo el mismo, se
ejerza de manera transitoria en aras de evitar un perjuicio irremediable. Obsérvese,
que el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la contempló para los eventos en que la
herramienta dispuesta no resulta eficaz para garantizar las prerrogativas
constitucionales del actor. Lo que en este caso no sucedió, pues contrario a lo anterior,
el extremo activo no acudió oportunamente a los instrumentos legales previstos tal fin.

Finalmente, en lo concerniente a la decisión adoptada el 22 de mayo de 2026 por
medio de la cual Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó el auto que
rechazó la solicitud de reforma presentada por el actor el 14 de enero de 2026, se
observa que lo realmente pretendido por el señor José Américo es reabrir un debate
que ya fue zanjado por el juez natural, pues los cuestionamientos formulados
corresponden a los mismos que sustentaron el recurso de apelación interpuesto
contra el auto del 20 de enero de 2026 alusivos a que no se trataba de una reforma
de demanda, reflejando en realidad una discrepancia con la decisión adoptada y no la
vulneración de las garantías constitucionales anunciadas.

Desde el ámbito argumentativo, los reparos expuestos en el escrito de tutela, pese a
hacer una enunciación de garantías y usar un lenguaje de carácter constitucional, no
exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen la intromisión del juez de
tutela, cuando, además, no se evidencia prima facie, la vulneración de los derechos
fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada.

Pese a que el actor insiste en que su petición formulada el 14 de enero de 2026 no
obedeció a una reforma de demanda, lo cierto es que el tribunal claramente le indicó
al respecto que contenía aspectos nuevos a los inicialmente planteados y que fueron
objeto de una anterior reforma de demanda, así:

«[…] el texto contiene los argumentos sustanciales y reparos que el demandante esgrime
contra su destitución y que probablemente pretendía introducir mediante la reforma, por
ello en el mismo escrito solicita que se decreten una serie de pruebas.

Argumentos sobre la Legalidad del trabajo en casa, el demandante sostiene que trabajó
desde su hogar durante 25 a 26 meses por orden de su jefe inmediato debido a la
pandemia. Refuta la acusación de abandono señalando que la propia administración
instaló los sistemas ORFEO y MIRAVÉ en el computador de su casa para que cumpliera
sus funciones. Alega que la Resolución 3425 de 2022, que ordenó su despido por
abandono del cargo, tiene una falsa motivación porque los hechos invocados como la
supuesta falta de autorización no son ciertos y la administración omitió pruebas del trabajo
remoto autorizado.

Presenta reparos sobre la competencia y el debido proceso, donde argumenta que la
directora Claudia Patricia no tenía la potestad para destituirlo. Sostiene que, de acuerdo
con la Ley 1952 de 2019, la competencia para investigarlo y juzgarlo correspondía a la

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oficina de Control Disciplinario, para garantizar la imparcialidad y la separación de
funciones. Sostiene que ha sido sancionado doblemente por el mismo hecho la destitución
y una sanción disciplinaria adicional, violando el principio de non bis in idem. Critica que el
acto administrativo de destitución no fue enviado a una segunda instancia para su revisión,
vulnerando el artículo 31 de la Constitución Política.

Añade argumentos sobre estabilidad laboral y retén social. En cuando a su condición de
pre pensionado invoca la protección del retén social (Ley 790/02), alegando que al
momento del retiro le faltaban menos de tres años para cumplir los requisitos de pensión.
Sobre la estabilidad laboral reforzada señala que goza de estabilidad debido a su estado
de salud mental, el cual le impedía presentarse a laborar físicamente. Argumenta que la
administración actuó de mala fe al no aceptar su renuncia y optar, en su lugar, por la
destitución un mes después. […]

Para la Sala de decisión el escrito presentado por la parte demandante incluye solicitud de
pruebas y nuevos argumentos de derecho, por lo tanto, el mismo debe entenderse como
una reforma de la demanda».

Por lo tanto, es evidente que la controversia esbozada por el extremo actor no
satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se
circunscribe a imponer el criterio que se estima más acertado, sobre el del operador
judicial, lo cual denota un desconcierto respecto al sentido de la decisión y no una
verdadera transgresión a derechos fundamentales.

Se recuerda que la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales
gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en
principio, no es procedente reprochar sus sentencias vía acción de tutela; máxime
cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate planteado busca mutar
el amparo constitucional en una instancia adicional y reabrir un debate ya zanjado por
el juez contencioso, conforme las etapas que para tal efecto estableció el legislador.

De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar los requisitos de
subsidiariedad y de relevancia constitucional.

En consecuencia, se confirmará la improcedencia del presente mecanismo, por las
razones anteriormente expuestas.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de julio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que declaró la improcedencia de la tutela, pero por
no satisfacer los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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