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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00598-01

Fecha
25 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00598-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR el fallo del 11 de agosto de 2026 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 76001-23-33-000-2026-00598-01 Demandante: Héctor Ignacio Valencia González 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2026-00598-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

25 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 76001-23-33-000-2026-00598-01
Demandante HÉCTOR IGNACIO VALENCIA GONZÁLEZ
Demandado JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BUENAVENTURA
Temas Tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico y por
desconocimiento del precedente judicial. Medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de acto administrativo que
niega solicitud de revocatoria directa. Requisitos de procedencia de
tutela contra providencia judicial: la subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Héctor Ignacio Valencia
González contra el fallo del 11 de agosto de 2026, proferido por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que dispuso:
«PRIMERO. (sic) RECHÁZACE POR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el
señor Héctor Ignacio Valencia González, contra el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Buenaventura, acorde con lo explicado en la parte motiva de este proveído».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 24 de julio de 20261, el señor Héctor Ignacio Valencia González, en nombre
propio, presentó acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Buenaventura por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la
sentencia del 30 de junio de 2026 proferida en primera instancia en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76109-33-33-002-
2022-00212-00.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Tutelar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración
de Justicia.
2. Dejar sin efectos la providencia judicial de fecha junio 30 de 2026 proferida por el
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO BUENAVENTURA -
VALLE DEL CAUCA, DENTRO DEL PROCESO NÚMERO
76109333300220220021200.
3. Ordenar al despacho accionado que, en un término perentorio, profiera una nueva
decisión que se ajuste a los lineamientos legales y constitucionales, protegiendo mis
derechos».

2. Hechos

Del escrito de tutela, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1
Escrito de tutela radicado a través del correo de la oficina de apoyo judicial de Buenaventura, Valle del Cauca.

1

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Radicado: 76001-23-33-000-2026-00598-01
Demandante: Héctor Ignacio Valencia González

2.1. La señora Yolanda González viuda de Valencia (Q.E.P.D.), era beneficiaria de
la pensión sustitutiva del señor Héctor Eli Valencia Caballero (Q.E.P.D.)
reconocida por la extinta empresa Puertos de Colombia (Foncolpuertos).

2.2. Mediante Resolución No. 00957 del 28 de agosto de 2007 la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Seguridad Social – UGPP realizó un ajuste a la mesada pensional en
cumplimiento de las órdenes suspensivas impartidas por la Fiscalía General
de la Nación dentro del sumario penal No. 2044 adelantado por delitos contra
la administración pública (caso Foncolpuertos).

2.3. Tras el fallecimiento de su madre, el señor Héctor Ignacio Valencia González
solicitó ante la UGPP la revocatoria de la Resolución No. 00957 del 28 de
agosto de 2007, mediante la cual se disminuyó la mesada pensional que
aquella percibía como beneficiaria de la pensión sustitutiva del señor Héctor
Eli Valencia Caballero (Q.E.P.D.).

2.4. Mediante la Resolución No. SOP202201018583 del 7 de septiembre de 2022
se negó la solicitud de revocatoria directa de la Resolución No. 00957 de 2007.

2.5. El señor Valencia González, actuando por intermedio de curador ad litem2,
interpuso demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social – UGPP. Solicitó que se
declarara la nulidad de: (i) la Resolución No. 00957 del 28 de agosto de 2007
y (ii) la Resolución No. SOP202201018583 del 7 de septiembre de 2022.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la entidad
demandada el reconocimiento y pago de la diferencia pensional dejada de
percibir por la causante como consecuencia del reajuste efectuado, desde el
mes de septiembre de 2007 hasta junio de 2020, mes del fallecimiento de la
señora Yolanda González viuda de Valencia, debidamente indexada conforme
al índice de precios al consumidor (IPC).

2.6. En primera instancia conoció de la demanda el Juzgado Segundo
Administrativo de Buenaventura (expediente 76109-33-33-002-2022-00212-00)
que en providencia del 30 de junio de 2026 negó las pretensiones de la
demanda.

Consideró que los actos administrativos demandados fueron proferidos en
ejercicio de las funciones legales establecidas para la entidad demandada y
en cumplimiento de órdenes de la Fiscalía General de la Nación y no por
arbitrio o capricho de afectar los intereses de un particular, lo que exonera a la
UGPP del cargo de falsa motivación formulado en la demanda. Concluyó que
(i) el actor no logró demostrar que se configure alguna causal de revocatoria
directa de conformidad con el artículo 93 del CPACA; y (ii) que tampoco logró
desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos enjuiciados.

3. Fundamentos de la acción

El accionante consideró que en la sentencia del 30 de junio de 2026 la autoridad
accionada vulneró sus derechos fundamentales pues incurrió en defecto fáctico y
en desconocimiento del precedente judicial.

2
El demandante presentó solicitud de amparo de pobreza, concedida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Buenaventura, mediante Auto No. 842 del 24 de noviembre de 2022 por el cual también se designó curador ad litem. La
demanda fue admitida mediante Auto Interlocutorio No. 767 del 7 de julio de 2025.

2

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Demandante: Héctor Ignacio Valencia González

Sostuvo que se desconocieron las sentencias T-776 de 2008, T-277 de 2010 y T-954
de 2008 de la Corte Constitucional, pues no es cierto que la Fiscalía le haya
ordenado a la UGPP ajustar pensiones y además la facultad de revisar o revocar
actos administrativos que conceden o reconocen pensiones requiere autorización
del titular del derecho.

Frente al defecto fáctico indicó que no se tuvo en cuenta el cálculo del reajuste de
la mesada pensional aportado por el demandante realizado conforme a lo dispuesto
en la Ley 4ª de 1976 y el Decreto 732 de 1976.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 31 de julio de 2026 el despacho ponente del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca: (i) admitió la acción de tutela interpuesta
por el señor Héctor Ignacio Valencia González contra el Juzgado Segundo
Administrativo de Buenaventura (ii) ordenó la notificación de las partes; (iii)
como tercero con interés vinculó a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social
(entidad que actuó como parte demandada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho) y a la Fiscalía General de la Nación (delegada a
cargo del Sumario N° 2044 contra exfuncionarios de Foncolpuertos); y (iv) solicitó
al Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura allegara el expediente
ordinario.

4.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura se pronunció por
intermedio de su secretario, quien manifestó que la sentencia de primera
instancia No. 071 de fecha 30 de junio de 2026, quedó debidamente
ejecutoriada desde el 17 de julio de 2026, al no haberse interpuesto recurso
contra la misma.

Sostuvo que la acción de tutela no puede utilizarse como una tercera instancia,
inobservando sin justificación alguna las instancias establecidas por el
legislador y el principio de subsidiariedad. Indicó que no se ha vulnerado
ningún derecho fundamental del actor y que los argumentos soporte de las
decisiones tomadas en el proceso 76109-33-33-002-2022-00212-00 se
encuentran inmersos en el expediente disponible en Samai. Finalmente,
solicitó que se negara el amparo deprecado.

4.3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social consideró que la
controversia planteada no es atribuible a la entidad, pues es producto de la
inconformidad del accionante con la sentencia del 30 de junio de 2026
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura en el
proceso 76109-33-33-002-2022-00212-00. Indicó que no tiene competencia
para revisar, modificar o dejar sin efectos una sentencia judicial ejecutoriada,
así como para reabrir un debate jurídico que ya fue sometido al conocimiento
del juez competente.

Añadió que no existe una acción u omisión atribuible a la unidad que haya
vulnerado los derechos fundamentales del accionante por lo que solicitó su
desvinculación. Finalmente, indicó que la tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad pues el actor contaba con otro medio judicial y/o administrativo
idóneo y eficaz para defender sus derechos, pero no lo utilizó. Además, no
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

4.4. La Fiscalía General de la Nación fue notificada de la presente acción, sin
embargo, no se pronunció en esta oportunidad.

3

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Demandante: Héctor Ignacio Valencia González

5. Providencia impugnada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 11 de agosto
de 2026 declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad.
Explicó que la sentencia del 30 de junio de 2026, que negó las pretensiones de la
demanda, se notificó conforme a la Ley 1437 de 2011 y cobró ejecutoria el 17 de
julio de 2026. Sin embargo, el demandante (hoy tutelante) no interpuso el recurso
de apelación previsto en el artículo 247 del CPACA. Consideró que tampoco se
acreditó un perjuicio irremediable que ameritara la intervención transitoria del juez
constitucional y que los argumentos planteados en el escrito tutelar constituyen
censuras probatorias y jurídicas dirigidas a controvertir las razones de fondo de la
sentencia.
6. Impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia. Manifestó su inconformidad con lo
resuelto por el juez de primera instancia e indicó que tiene 62 años, que es una
persona vulnerable y que no cuenta con los recursos para pagar un abogado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencia judicial
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los

3
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
4
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
5
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
6
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

4

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requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si asistió razón al Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca en declarar improcedente la presente acción por no estar acreditado el
requisito de la subsidiariedad.

De encontrar superado este requisito y los demás requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, corresponderá a esta Sección
determinar si la decisión proferida el 30 de junio de 2026 en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 76109-33-33-002-2022-00212-00 por el
Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura incurrió en los defectos fáctico y
por desconocimiento del precedente en los términos propuestos por la parte actora.

4. Requisito de procedencia de la subsidiariedad en la acción de tutela

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela es el de subsidiariedad. Esa
norma dispone que la tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».

Por su parte, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Según esas normas, la subsidiariedad hace referencia a que la acción de tutela solo
procede cuando no existen otros medios de defensa idóneos para amparar los
derechos fundamentales invocados; o siempre que ello sea necesario para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo
transitorio de protección. De esta forma, se busca que los mecanismos ordinarios
de defensa para la protección de los derechos no sean desplazados o suplantados
por la acción de tutela.

Así las cosas, la tesis de la Sección consiste en que, por regla general, cuando
existe otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz no es procedente la acción de
tutela. Por supuesto, la idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en
función del caso concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra
el solicitante. En ese estudio también se debe analizar la existencia o no de un
perjuicio irremediable, en los términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En ese sentido, el juez de tutela tiene la potestad de valorar las circunstancias
particulares de cada caso y determinar si la acción es procedente; o si, por el
contrario, existen otros medios que permiten satisfacer los derechos fundamentales
del actor.

Sobre el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha manifestado lo
siguiente:

5

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«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho
creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental,
respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de
ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede
converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir
según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley;
no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción
dicha— la acción ordinaria.
La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor,
ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para
otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales. (…)»7.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe probar
que se agotaron los recursos que tenía a su disposición pues, de lo contrario, la
tutela deviene improcedente.

5. Caso concreto

5.1. La Sala advierte que la tutela en estudio es en efecto improcedente porque no
cumple con el requisito de subsidiariedad, en la medida en que la parte actora
contó con la oportunidad de recurrir la decisión de primera instancia y no lo
hizo.

5.2. Encuentra la Sala que el 30 de junio de 2026 el Juzgado Segundo
Administrativo de Buenaventura emitió sentencia de primera instancia en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, decisión contra la
que procedía el recurso de apelación conforme a lo dispuesto en los artículos
243 y 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que disponen que son apelables las sentencias de primera
instancia dentro de los diez días siguientes a su notificación.

Al verificar el expediente disponible en el aplicativo Samai se encuentra que la
sentencia de primera instancia fue notificada por correo electrónico el 30 de
junio de 20268. El término de ejecutoria venció el 17 de julio de 2026 y el
demandante no interpuso ningún recurso o solicitud en contra de la sentencia
de primera instancia.

5.3. El señor Héctor Ignacio Valencia González contó con los mecanismos idóneos
para plantear al juez natural los aspectos de disenso haciendo uso del recurso
de apelación, lo que no ocurrió, de manera que no es posible entender la tutela
como el escenario en el que se puedan presentar argumentos que son propios
de examinar en la instancia correspondiente. Esto es ante el superior del
juzgado, quien era el competente para hacer un estudio de fondo de las
razones que ahora se presentan a través de la presunta estructuración de los
defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

El juez de tutela no puede desplazar las competencias que por ley están
atribuidas a las autoridades judiciales, lo contrario sería desconocer la
autonomía e independencia judicial.

5.4. Cabe aclarar que el accionante no acreditó alguna razón o argumento que le
haya imposibilitado presentar el recurso de apelación, ni la existencia de un
perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervención urgente del juez
constitucional.

7
Corte Constitucional. Sentencia C 543 de 1992.
8
Índice 28 de Samai, expediente 76109-33-33-002-2022-00212-00.

6

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Demandante: Héctor Ignacio Valencia González

En el escrito de impugnación el actor manifestó que es una persona de 62
años, en una situación de vulnerabilidad económica y que no cuenta con los
recursos para pagar un abogado. Sin embargo, no aportó ningún soporte que
permita verificar la existencia de dichas condiciones.

Adicionalmente, se advierte que este argumento no se le puso de presente al
juez de primera instancia, por lo que no podría la Sala pronunciarse respecto
de dicho cargo, pues vulneraría el derecho de defensa y contradicción de las
autoridades accionadas y demás intervinientes de la acción de tutela. La
segunda instancia no es un escenario en el que puedan proponerse
argumentos nuevos que no fueron mencionados en el escrito de tutela original.

5.5. Por último, se recuerda que en los eventos en que se pretende cuestionar una
decisión judicial a través de la tutela su procedencia está sujeta a que se
cumplan a cabalidad los requisitos generales. Tal obligación no es producto
del capricho o del deseo de privilegiar las formas sobre los derechos
sustanciales.

Los requisitos de procedibilidad obedecen a que al cuestionar una decisión
proferida por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en
juego los principios de independencia, autonomía funcional y juez natural.

Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos, y tales principios, es imperativo que se
cumplan con rigor cada uno de los requisitos señalados jurisprudencialmente.

En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo.

Es condición imprescindible para analizar los defectos propuestos por la parte
actora que todos los presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así
será procedente proseguir al segundo estadio de análisis consistente en
determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
planteados por la parte tutelante.

6. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia del 11 de agosto de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR el fallo del 11 de agosto de 2026 proferido por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

7

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Demandante: Héctor Ignacio Valencia González

4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

8

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