Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00627-01
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00627-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2026-00627-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2026-00627-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JAMES PEREA PEÑA
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ LA
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. DURANTE EL CURSO
DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL, EL JUZGADO PROFIRIÓ AUTO MEDIANTE EL
CUAL DECIDIÓ EL TRÁMITE INCIDENTAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 19 de agosto de 2026, mediante la cual el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1 declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado.
I. ANTECEDENTES
El señor JAMES PEREA PEÑA, actuando en nombre propio, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
1
En adelante TRIBUNAL.
2
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Actor: JAMES PEREA PEÑA
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO CATORCE
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI2, al haber incurrido
en una presunta mora judicial, toda vez que al parecer no ha emitido
pronunciamiento alguno frente a la apertura del incidente de
desacato adelantado dentro del medio de control de cumplimiento
de normas con fuerza material de ley y actos administrativos
identificado con el número único de radicación 2013-00310-01.
I.2.- Hechos
Aseveró que promovió medio de control de cumplimiento de normas
con fuerza material de ley y actos administrativos contra la
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE
DEL CAUCA S.A. E.S.P. (ACUAVALLE S.A. E.S.P.)3, con el
propósito de obtener el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en los literales a), b), c), d), f), g), e i) del artículo 5° del Decreto
3102 de 30 de diciembre de 19974.
Mencionó que el proceso fue identificado con el número único de
2
En adelante JUZGADO.
3
En adelante ACUAVALLE.
4
“Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de
equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua”.
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Actor: JAMES PEREA PEÑA
radicación 2013-00310-00 y le correspondió en primera instancia al
JUZGADO que, mediante sentencia de 21 de noviembre de 2013,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y ordenó al
representante legal de ACUAVALLE para que en el término de cuatro
meses adoptara medidas para dar cumplimiento a las obligaciones
establecidas en el artículo 5° del Decreto 3102 de 1997.
Advirtió que la decisión fue recurrida ante el TRIBUNAL que, en
providencia de 27 de febrero de 2014, confirmó la sentencia del a
quo.
Señaló que en el 2015 promovió sendos incidentes de desacato por
incumplimiento de las mencionadas providencias ante el JUZGADO
que, mediante proveído de 28 de junio de 2016 determinó su
cumplimiento.
Refirió que el 30 de septiembre de 2025 nuevamente promovió
incidente de desacato ante el JUZGADO, sin que a la fecha de la
presentación de la demanda se hubiere proferido decisión de fondo.
I.3. Fundamentos de derecho
La parte actora señaló que la mora judicial constituye una vulneración
al debido proceso, por cuanto la dilación excede los tiempos
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razonables para obtener un acceso efectivo a la administración de
justicia.
Mencionó que “[…] la sentencia lleva trece (13) años de promulgada
y diez (10) meses de haber sido requerido por el Señor Juez el nuevo
Gerente de ACUAVALLE Jorge Enrique Sánchez Giron para que
presente las acciones realizadas frente a la vigilancia y aplicación de
las acciones realizadas por la anterior administración en relación con
el cumplimiento de la sentencia de la referencia […]”.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] solicito muy respetuosamente al magistrado ponente
ORDENAR al Señor Juez 14 Administrativo Oral de Cali sin dilación
alguna, abrir incidente de desacato como en derecho corresponde
contra el Señor JORGE ENRIQUE SANCHEZ GIRON gerente actual
de ACUAVALLE para que a través de esta medida coactiva obligue
al infractor a hacer cumplir la Resolución 00100 de 2016 y las
medidas tomadas por su antecesor que den lugar al acatamiento
por todos los usuarios de lo estipulado el decreto 3102 de 1997
reglamentario del artículo 15 de la ley 373 de 1997, y de la
sentencia 205, acompañado de las sanciones que corresponden
[…]”. (Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO efectuó un recuento de las actuaciones
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desplegadas en el trámite incidental objeto de tutela, resaltando que
en aras de verificar el cumplimiento de las decisiones presuntamente
desatendidas el pasado 11 de agosto de 2026 requirió a la sociedad
ACUAVALLE, sin que dichas actuaciones pretendieran la terminación
del incidente de desacato; por el contrario, procuraron verificar las
reclamaciones presentadas por el actor.
I.5.2.- ACUAVALLE señaló que en el asunto no se acreditaron los
presupuestos excepcionales que habilitan la intervención del juez
constitucional. Además, adujo que el actor no acreditó la vulneración
de los derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial
accionada.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El TRIBUNAL, mediante sentencia de 19 de agosto de 2026, declaró
la carencia actual de objeto por hecho superado al constatar que el
JUZGADO mediante providencia de 19 de agosto de 2026, tras
analizar el trámite incidental resolvió señalar que ACUAVALLE no
incumplió la orden judicial impuesta en la sentencia de 21 de
noviembre de 2013 y, en consecuencia, ordenó su cierre.
Precisó que “[…] aunque el despacho judicial excedió ampliamente el
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término perentorio para tramitar y decidir la solicitud de apertura de
incidente de desacato propuesto por el señor James Perea Peña, esta
Sala de Decisión evidencia que durante este trámite constitucional
desplegó actuaciones claras y suficientes para satisfacer el objeto de
la acción, esto es, resolver la solicitud presentada por el accionante
[…]”.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL y
manifestó su desacuerdo, pues, a su juicio, el JUZGADO vulneró su
derecho al debido proceso e incurrió en mora judicial al exceder el
plazo razonable permitido para la apertura del incidente de desacato
contra ACUAVALLE que, insiste en incumplir la orden judicial
adoptada dentro del medio de control objeto del trámite incidental.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
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concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso Concreto
En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso
5
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima
vulnerados por el JUZGADO, por presunta mora judicial, toda vez
que al parecer no ha emitido pronunciamiento alguno frente a la
apertura del incidente de desacato adelantado dentro del medio de
control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley y actos
administrativos identificado con el número único de radicación 2013-
00310-01.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que, mediante sentencia de 19 de agosto de 2026,
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, esto en
razón a que, estando en curso el trámite constitucional la autoridad
judicial profirió auto mediante el cual resolvió el incidente de
desacato.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo, pues, a
su juicio, el JUZGADO vulneró el debido proceso e incurrió en mora
judicial al exceder el plazo razonable permitido para la apertura del
incidente de desacato contra ACUAVALLE que, insiste en incumplir
la decisión judicial.
En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si la parte
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demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por la
actora, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada dentro
del medio de control antes mencionado, al no emitir pronunciamiento
alguno frente a la apertura del incidente de desacato.
De la mora judicial
Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y
estructural […]”6 que impide el disfrute efectivo del derecho de
acceso a la administración de justicia y que se presenta como
resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la
capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la
solución de los procesos.
Sobre este tema, la Corte Constitucional7 ha sostenido que el no
cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no
implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida
cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar
los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar
prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar
irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional.
6
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.
7
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño
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En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para
determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que
concurran determinadas circunstancias para tenerla como
injustificada.
Al respecto, la Corte8 ha manifestado en forma reiterada que:
“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo
que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y
la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable de la demora9. Advirtió, además, que (iv) el
funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos
los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de
acceso a la administración de justicia y debido proceso,
concluyendo que:
“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que
son estos los criterios que se deben analizar para determinar si
acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por
ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la
mora judicial se justifica cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que
los atiende.
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso
de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas
como imprevisibles e ineludibles.
8
Ibidem.
9
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».
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Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido
a una omisión sistemática de sus deberes.”10.
13.5. En la providencia T-230 de 201311, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema
de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso
ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución
pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los
derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i)
se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo
razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que, ante casos de
mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente
cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se
acreditara la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo
que, (iii) el remedio, consistente en la alteración del turno, era
excepcional12.
También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional13, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de
especial protección y/o vulnerabilidad14; y, en otros, (iii) dispone
un amparo transitorio15.
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la
Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de
201616, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo
10
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
11
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
12
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
13
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
14
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
15
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
16
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».
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constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial
injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no
existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.
Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el
desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,
conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido
proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida
es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible
a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del
litigio.
Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que según la
información relacionada en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI17, el JUZGADO profirió auto el 19 de agosto de 2026,
mediante el cual decidió el incidente de desacato objeto de tutela,
como se observa a continuación.
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760013333014201300
17
310007600133
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En virtud de lo anterior, la Sala advierte que las circunstancias
fácticas que generaron la presunta vulneración desaparecieron y se
entiende que se ha configurado la carencia actual de objeto por hecho
superado, pues estando en trámite la presente solicitud de amparo18,
la autoridad judicial accionada profirió el auto de 19 de agosto de
2026, mediante el cual resolvió el incidente de desacato que
promovió el actor, así:
18
La Sala advierte que la acción de tutela de la referencia fue radicada el 6 de agosto de 2026.
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Así las cosas, comoquiera que la finalidad de la presente solicitud de
amparo era que la parte demandada se pronunciara frente al
incidente de desacato que promovió el pasado 30 de septiembre de
2025, y dado que dicho pronunciamiento fue emitido durante el
trámite de la presente acción constitucional, la Sala advierte que,
como bien lo consideró el a quo las circunstancias fácticas que dieron
lugar a la presunta vulneración desaparecieron; por tanto, se
configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.
Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia
actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
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material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han
sido encomendados»19. Y en la misma sentencia se precisó que el
fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las
siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la vulneración
que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que
con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez constitucional dé una
orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación
o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo es
procedente el resarcimiento del daño originado por la violación del
derecho. Cuando al momento de la interposición de la acción de
tutela el daño ya está consumado, por regla general, esta resulta
improcedente, puesto que dicha acción tiene una finalidad
preventiva y no indemnizatoria.
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el
que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar
de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los
derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la
conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por
tanto, se superó la afectación y resulta inocua cualquier
intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr
la protección de unos derechos que, en la actualidad, no se
encuentran afectados ni amenazados (regulada en el artículo 26
del Decreto 2591 de 1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
19
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque a
raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis, o por
cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la intervención del
juez de tutela […]”20. (Se resalta).
En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales
se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la parte actora, ha
indicado lo siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite cesan o
desaparecen los motivos que generan la amenaza o la vulneración, o
su consumación impide el ejercicio del derecho, el objeto o la
pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde su efecto
necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que justifica la
intervención preferente del juez constitucional. Se sigue de lo dicho,
que la carencia actual de objeto se presenta a través de dos eventos,
a saber: el hecho superado y el daño consumado. El primero acaece
cuando se supera la afectación de tal manera que el pronunciamiento
del juez pierde su finalidad constitucional por cuanto la decisión que
pudiere adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento en
que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con ello no se
va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia constitucional lo
explica así: La carencia actual de objeto por hecho superado se da
cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y
el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida
en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial
en tal sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”21.
20
Ibidem.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, providencia de 14 abril de 2016, expediente identificado con el número único de
radicación 2016-00061-01.
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Actor: JAMES PEREA PEÑA
Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido
superado, la Sala confirmará la decisión del a quo que declaró la
carencia actual de objeto y así se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de septiembre de 2026.
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18
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2026-00627-01
Actor: JAMES PEREA PEÑA
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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