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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00627-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00627-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2026-00627-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2026-00627-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JAMES PEREA PEÑA

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ LA
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. DURANTE EL CURSO
DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL, EL JUZGADO PROFIRIÓ AUTO MEDIANTE EL
CUAL DECIDIÓ EL TRÁMITE INCIDENTAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 19 de agosto de 2026, mediante la cual el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1 declaró la carencia

actual de objeto por hecho superado.

I. ANTECEDENTES

El señor JAMES PEREA PEÑA, actuando en nombre propio, en

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

1
En adelante TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2026-00627-01
Actor: JAMES PEREA PEÑA

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO CATORCE

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI2, al haber incurrido

en una presunta mora judicial, toda vez que al parecer no ha emitido

pronunciamiento alguno frente a la apertura del incidente de

desacato adelantado dentro del medio de control de cumplimiento

de normas con fuerza material de ley y actos administrativos

identificado con el número único de radicación 2013-00310-01.

I.2.- Hechos

Aseveró que promovió medio de control de cumplimiento de normas

con fuerza material de ley y actos administrativos contra la

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE

DEL CAUCA S.A. E.S.P. (ACUAVALLE S.A. E.S.P.)3, con el

propósito de obtener el cumplimiento de las obligaciones establecidas

en los literales a), b), c), d), f), g), e i) del artículo 5° del Decreto

3102 de 30 de diciembre de 19974.

Mencionó que el proceso fue identificado con el número único de

2
En adelante JUZGADO.
3
En adelante ACUAVALLE.
4
“Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de
equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua”.

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Actor: JAMES PEREA PEÑA

radicación 2013-00310-00 y le correspondió en primera instancia al

JUZGADO que, mediante sentencia de 21 de noviembre de 2013,

accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y ordenó al

representante legal de ACUAVALLE para que en el término de cuatro

meses adoptara medidas para dar cumplimiento a las obligaciones

establecidas en el artículo 5° del Decreto 3102 de 1997.

Advirtió que la decisión fue recurrida ante el TRIBUNAL que, en

providencia de 27 de febrero de 2014, confirmó la sentencia del a

quo.

Señaló que en el 2015 promovió sendos incidentes de desacato por

incumplimiento de las mencionadas providencias ante el JUZGADO

que, mediante proveído de 28 de junio de 2016 determinó su

cumplimiento.

Refirió que el 30 de septiembre de 2025 nuevamente promovió

incidente de desacato ante el JUZGADO, sin que a la fecha de la

presentación de la demanda se hubiere proferido decisión de fondo.

I.3. Fundamentos de derecho

La parte actora señaló que la mora judicial constituye una vulneración

al debido proceso, por cuanto la dilación excede los tiempos

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razonables para obtener un acceso efectivo a la administración de

justicia.

Mencionó que “[…] la sentencia lleva trece (13) años de promulgada

y diez (10) meses de haber sido requerido por el Señor Juez el nuevo

Gerente de ACUAVALLE Jorge Enrique Sánchez Giron para que

presente las acciones realizadas frente a la vigilancia y aplicación de

las acciones realizadas por la anterior administración en relación con

el cumplimiento de la sentencia de la referencia […]”.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] solicito muy respetuosamente al magistrado ponente
ORDENAR al Señor Juez 14 Administrativo Oral de Cali sin dilación
alguna, abrir incidente de desacato como en derecho corresponde
contra el Señor JORGE ENRIQUE SANCHEZ GIRON gerente actual
de ACUAVALLE para que a través de esta medida coactiva obligue
al infractor a hacer cumplir la Resolución 00100 de 2016 y las
medidas tomadas por su antecesor que den lugar al acatamiento
por todos los usuarios de lo estipulado el decreto 3102 de 1997
reglamentario del artículo 15 de la ley 373 de 1997, y de la
sentencia 205, acompañado de las sanciones que corresponden
[…]”. (Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO efectuó un recuento de las actuaciones

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desplegadas en el trámite incidental objeto de tutela, resaltando que

en aras de verificar el cumplimiento de las decisiones presuntamente

desatendidas el pasado 11 de agosto de 2026 requirió a la sociedad

ACUAVALLE, sin que dichas actuaciones pretendieran la terminación

del incidente de desacato; por el contrario, procuraron verificar las

reclamaciones presentadas por el actor.

I.5.2.- ACUAVALLE señaló que en el asunto no se acreditaron los

presupuestos excepcionales que habilitan la intervención del juez

constitucional. Además, adujo que el actor no acreditó la vulneración

de los derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial

accionada.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL, mediante sentencia de 19 de agosto de 2026, declaró

la carencia actual de objeto por hecho superado al constatar que el

JUZGADO mediante providencia de 19 de agosto de 2026, tras

analizar el trámite incidental resolvió señalar que ACUAVALLE no

incumplió la orden judicial impuesta en la sentencia de 21 de

noviembre de 2013 y, en consecuencia, ordenó su cierre.

Precisó que “[…] aunque el despacho judicial excedió ampliamente el

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término perentorio para tramitar y decidir la solicitud de apertura de

incidente de desacato propuesto por el señor James Perea Peña, esta

Sala de Decisión evidencia que durante este trámite constitucional

desplegó actuaciones claras y suficientes para satisfacer el objeto de

la acción, esto es, resolver la solicitud presentada por el accionante

[…]”.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL y

manifestó su desacuerdo, pues, a su juicio, el JUZGADO vulneró su

derecho al debido proceso e incurrió en mora judicial al exceder el

plazo razonable permitido para la apertura del incidente de desacato

contra ACUAVALLE que, insiste en incumplir la orden judicial

adoptada dentro del medio de control objeto del trámite incidental.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

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concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, el actor instauró acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso

5
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima

vulnerados por el JUZGADO, por presunta mora judicial, toda vez

que al parecer no ha emitido pronunciamiento alguno frente a la

apertura del incidente de desacato adelantado dentro del medio de

control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley y actos

administrativos identificado con el número único de radicación 2013-

00310-01.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, mediante sentencia de 19 de agosto de 2026,

declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, esto en

razón a que, estando en curso el trámite constitucional la autoridad

judicial profirió auto mediante el cual resolvió el incidente de

desacato.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo, pues, a

su juicio, el JUZGADO vulneró el debido proceso e incurrió en mora

judicial al exceder el plazo razonable permitido para la apertura del

incidente de desacato contra ACUAVALLE que, insiste en incumplir

la decisión judicial.

En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si la parte

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demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por la

actora, al incurrir en una presunta mora judicial injustificada dentro

del medio de control antes mencionado, al no emitir pronunciamiento

alguno frente a la apertura del incidente de desacato.

De la mora judicial

Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y

estructural […]”6 que impide el disfrute efectivo del derecho de

acceso a la administración de justicia y que se presenta como

resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la

capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la

solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional7 ha sostenido que el no

cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no

implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida

cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar

los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar

prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar

irrazonablemente la justicia como valor superior y principio

constitucional.

6
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.
7
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño

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En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para

determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que

concurran determinadas circunstancias para tenerla como

injustificada.

Al respecto, la Corte8 ha manifestado en forma reiterada que:

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo
que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y
la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable de la demora9. Advirtió, además, que (iv) el
funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos
los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de
acceso a la administración de justicia y debido proceso,
concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que
son estos los criterios que se deben analizar para determinar si
acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por
ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la
mora judicial se justifica cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que
los atiende.

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso
de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas
como imprevisibles e ineludibles.

8
Ibidem.
9
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».

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Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido
a una omisión sistemática de sus deberes.”10.

13.5. En la providencia T-230 de 201311, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema
de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso
ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución
pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los
derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i)
se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo
razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que, ante casos de
mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente
cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se
acreditara la existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo
que, (iii) el remedio, consistente en la alteración del turno, era
excepcional12.

También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional13, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de
especial protección y/o vulnerabilidad14; y, en otros, (iii) dispone
un amparo transitorio15.

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la
Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de
201616, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo

10
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
11
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
12
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
13
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
14
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
15
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
16
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».

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constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial
injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no
existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.

Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el

desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,

conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido

proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida

es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible

a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del

litigio.

Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que según la

información relacionada en la sede electrónica para la gestión judicial

SAMAI17, el JUZGADO profirió auto el 19 de agosto de 2026,

mediante el cual decidió el incidente de desacato objeto de tutela,

como se observa a continuación.

https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760013333014201300
17

310007600133

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En virtud de lo anterior, la Sala advierte que las circunstancias

fácticas que generaron la presunta vulneración desaparecieron y se

entiende que se ha configurado la carencia actual de objeto por hecho

superado, pues estando en trámite la presente solicitud de amparo18,

la autoridad judicial accionada profirió el auto de 19 de agosto de

2026, mediante el cual resolvió el incidente de desacato que

promovió el actor, así:

18
La Sala advierte que la acción de tutela de la referencia fue radicada el 6 de agosto de 2026.

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Así las cosas, comoquiera que la finalidad de la presente solicitud de

amparo era que la parte demandada se pronunciara frente al

incidente de desacato que promovió el pasado 30 de septiembre de

2025, y dado que dicho pronunciamiento fue emitido durante el

trámite de la presente acción constitucional, la Sala advierte que,

como bien lo consideró el a quo las circunstancias fácticas que dieron

lugar a la presunta vulneración desaparecieron; por tanto, se

configuró la carencia actual de objeto por hecho superado.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia

actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la

sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

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material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna

orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han

sido encomendados»19. Y en la misma sentencia se precisó que el

fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las

siguientes figuras:

“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la vulneración
que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que
con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez constitucional dé una
orden al respecto.

El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación
o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo es
procedente el resarcimiento del daño originado por la violación del
derecho. Cuando al momento de la interposición de la acción de
tutela el daño ya está consumado, por regla general, esta resulta
improcedente, puesto que dicha acción tiene una finalidad
preventiva y no indemnizatoria.

(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en el
que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo se evidencia que, como producto del obrar
de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los
derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la
conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por
tanto, se superó la afectación y resulta inocua cualquier
intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr
la protección de unos derechos que, en la actualidad, no se
encuentran afectados ni amenazados (regulada en el artículo 26
del Decreto 2591 de 1991) .

(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte

19
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque a
raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis, o por
cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la intervención del
juez de tutela […]”20. (Se resalta).

En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales

se ha dado cumplimiento a lo perseguido por la parte actora, ha

indicado lo siguiente:

“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite cesan o
desaparecen los motivos que generan la amenaza o la vulneración, o
su consumación impide el ejercicio del derecho, el objeto o la
pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde su efecto
necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que justifica la
intervención preferente del juez constitucional. Se sigue de lo dicho,
que la carencia actual de objeto se presenta a través de dos eventos,
a saber: el hecho superado y el daño consumado. El primero acaece
cuando se supera la afectación de tal manera que el pronunciamiento
del juez pierde su finalidad constitucional por cuanto la decisión que
pudiere adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento en
que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con ello no se
va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia constitucional lo
explica así: La carencia actual de objeto por hecho superado se da
cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y
el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida
en la demanda de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial
en tal sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”21.

20
Ibidem.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, providencia de 14 abril de 2016, expediente identificado con el número único de
radicación 2016-00061-01.

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Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido

superado, la Sala confirmará la decisión del a quo que declaró la

carencia actual de objeto y así se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de septiembre de 2026.

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18

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2026-00627-01
Actor: JAMES PEREA PEÑA

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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