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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-001-2013-01276-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-001-2013-01276-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia del 31 de octubre 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral B. En su lugar: PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 052412012000049 del 15 de junio de 2012 y de la Resolución nro. 900.066 del 15 de julio de 2013, proferidas por la DIAN, por los motivos expuestos en la presente providencia. SEGUNDO: Téngase como liquidación del impuesto sobre la renta del año 2009 de William Campuzano Cárdenas la efectuada en la presente providencia. 2. No condenar en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 76001-23-33-001-2013-01276-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

13 de febrero de 2025

Radicado: 76001-23-33-001-2013-01276-01 (28659)
Demandante: William Campuzano Cárdenas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 76001-23-33-001-2013-01276-01 (28659)
Demandante WILLIAM CAMPUZANO CÁRDENAS
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Temas Impuesto sobre la renta. Año gravable 2009. Alcance del recurso
de apelación. Principio de congruencia. Notificación del
requerimiento especial. Deducción de costos y gastos.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y
demandada contra la sentencia del 31 de octubre 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral1, que resolvió lo
siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la liquidación oficial de revisión No.
052412012000049 del 15 de junio de 2012, así como de la Resolución No. 900.066 del 15 de
julio de 2013, que la modificó y confirmó, sólo respecto del costo y/o deducción por gasto
financiero y de la sanción de inexactitud en aplicación del principio de favorabilidad.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENASE a la U.A.E. DIRECCIÓN
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- que proceda a liquidar la declaración
teniendo en cuenta el costo proveniente del gasto financiero derivado de las obligaciones
adquiridas para el desarrollo de la actividad económica del contribuyente, estimadas en suma
de $34.645.041, y una vez obtenido el saldo real por declarar, proceda a deducir el saldo
declarado por el contribuyente ($11.489.000), de tal manera que obtenida la diferencia, aplique
la sanción por inexactitud en porcentaje equivalente al 100%.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las consideraciones
expuestas.
CUARTO Sin condena en costas, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de
la presente sentencia.
(…)”

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

El 26 de agosto de 2010, el señor William Campuzano Cárdenas presentó la
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año 2009, con saldo
a pagar.

Previo requerimiento especial y sin respuesta, la DIAN emitió la Liquidación Oficial
de Revisión nro. 052412012000049 del 15 de junio de 2012 que desconoció
pasivos, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y otros costos y
deducciones, impuso sanción por inexactitud, y reliquidó el saldo a pagar.

1 Samai Tribunal, índice 32, PDF: “6_SENTENCIA(.pdf) NroActua 32”

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-001-2013-01276-01 (28659)
Demandante: William Campuzano Cárdenas

El demandante interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto con la
Resolución nro.900.066 del 15 de julio de 2013 que aceptó parcialmente los pasivos
rechazados, confirmando en lo demás la liquidación oficial y reliquidó la sanción por
inexactitud y el saldo a pagar.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), el demandante formuló las siguientes
pretensiones2:
“Con fundamento en los hechos que se exponen y los conceptos de violación que se sustentan
adelante, previo los procedimientos que consagra la Ley, solicito a los Honorables Magistrados
efectuar las siguientes declaraciones:
A Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial Renta Naturales Revisión No.
052412012000049 del 15 de junio de 2012 proferida por la División de Gestión de
Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali.
b) Declarar la nulidad de la Resolución No. 900.066 del 15 de Julio de 2013 mediante la cual
se resolvió el Recurso Reconsideración, proferida por la Subdirectora de Gestión de
Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica y
c) Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del
derecho, se declare la firmeza de la declaración de renta presentada el 26 de agosto de
2010 radicada bajo No. 52119300105707 ante el Banco AV Villas sucursal Cali, por valor
a pagar de $11.489.000 al tenor de lo dispuesto en el artículo 714 del Estatuto Tributario,
y por tanto mi representado no está obligado a cancelar suma alguna por concepto del
mayor impuesto sobre la renta y sanción por inexactitud determinados oficialmente por el
año gravable 2009. (Anexo No. 5).
d) En el evento remoto que no se reconozca la firmeza de la declaración de renta de mi
representado correspondiente al año gravable 2009 con fecha de presentación Agosto
26 de 2010 y radicada bajo No. 52119300105707, solicito respetuosamente su señoría
se le dé aplicabilidad a lo consagrado en el artículo 82 del Estatuto Tributario, que sería
el de reconocer dentro del denuncio rentístico por el año 2009 de mi representado, el
75% sobre la venta de activos movibles, el cual correspondería a la suma de
$653.328.000 equivalente al 75% sobre $871.104.000.
Así mismo, se le reconozca las sumas $502.612.000 registrado en el renglón 33 por concepto
de deudas y $75.560.000 registrado en el renglón 40 por concepto de ingresos no constitutivos
de renta ni ganancia ocasional de la declaración de renta por el año gravable 2009, dando
como resultado una renta líquida gravable de $142.216.000 y por sustracción de materia
aplicar la sanción por inexactitud sobre la diferencia del mayor valor determinado, que para el
caso que nos ocupa sería de $37.536.000 equivalente al 160% sobre $23.460.000.
Para un total a pagar de $72.485.000.”

A los anteriores efectos, el demandante invocó la vulneración de los artículos 2, 6,
21, 29, 83, 95, 209, 228 y 363 de la Constitución Política; 46-1, 58, 59, 62, 283, 562-
1, 563, 565, 568, 647, 680, 683, 684, 703, 705, 707, 709, 710, 714, 730 numerales
2 y 3, 742, 743, 744, 745, 770 y 786 del Estatuto Tributario; 1, 3, 34 y 137 de la Ley
1437 de 2011; 10-1 numerales 1 y 2 y 17 del Decreto 2788 de 2004; 13 del Decreto
2245 de 2011; y 3 del Decreto 2645 de 2011.

El concepto de la violación de esas disposiciones se resume así:

2
Samai, índice 3, PDF: “10ED_ESCRITODE_06ESCRITODEDEMANDAPD(.pdf) NroActua 3”

2

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Radicado: 76001-23-33-001-2013-01276-01 (28659)
Demandante: William Campuzano Cárdenas

En primer lugar, alegó la vulneración del debido proceso y del derecho de defensa,
toda vez que el requerimiento especial no fue notificado en debida forma, y que la
resolución que resolvió el recurso de reconsideración confirmó lo expuesto en la
liquidación oficial, sin analizar sus fundamentos.3

Relató que los requerimientos ordinarios y el requerimiento especial se remitieron
por correo y fueron devueltos por la causal “no se estableció comunicación”, ante lo cual,
se notificaron por aviso en el periódico La República, conforme lo señalado por el
artículo 568 del Estatuto Tributario. Anotó que los actos no se notificaron a la
dirección prevista en el certificado de existencia y representación legal y que, pese
a la devolución de estos, se insistió en el envío a la dirección errónea.

Reprochó que la DIAN no hubiese actualizado la dirección del contribuyente, puesto
que, cuando se devuelve el correo por la imposibilidad de ubicarlo, la Administración
debe consultar al menos dos fuentes de información coincidentes para actualizar la
dirección o el uso de guías telefónicas, directorios o información oficial, como, por
ejemplo, el certificado de la cámara de comercio, en donde constaba la dirección
vigente para cualquier actuación administrativa o jurídica.

Precisó que la demandada tenía la facultad para actualizar la dirección de oficio,
toda vez que la información en el RUT estaba desactualizada al no ser posible la
ubicación del contribuyente y, al no hacerlo, vulneró los Decretos 2788 de 2004 y
2645 de 2011. Agregó que la Administración debe asegurarse de que la notificación
llegue y se entregue en forma efectiva, lo cual no ocurre ante la devolución del
correo. Insistió en que la DIAN no desplegó actividad tendiente a establecer la
dirección del contribuyente para garantizar su derecho de defensa.

Concluyó que la notificación por publicación en prensa solo procedía una vez
agotada la búsqueda para establecer la dirección del contribuyente. Recalcó que la
notificación solo se entiende cumplida con la entrega de copia del acto, que debe
intentarse que se reciba en forma eficiente y que, ante la ausencia de gestiones
para actualizar la dirección del contribuyente y al haberse acudido a la notificación
por prensa, no se notificó el acto preparatorio, el cual no produjo efectos legales.

Agregó que la indebida notificación del requerimiento especial deriva en la
pretermisión de términos pues este debía notificarse a más tardar el 23 de agosto
de 2012 y no lo fue, con lo cual la liquidación oficial de revisión deviene en nula.
Insistió en la excepcionalidad de la notificación por aviso.4 Agregó que, como no
tuvo conocimiento del requerimiento especial, no pudo oponerse al mismo.

En la reforma a la demanda, cuestionó que la DIAN hiciera uso de las amplias
facultades de fiscalización para contactar a la contadora del contribuyente en uno
de los requerimientos ordinarios y no en los demás actos, y reprochó nuevamente
que no se utilizara la dirección del certificado de cámara de comercio y de los
archivos en medios magnéticos.

Agregó que la DIAN manifestó en informe de 28 de septiembre de 2011 que no
había inconsistencia entre el certificado de cámara de comercio y la información del
RUT, lo cual no era cierto pues las direcciones allí registradas no eran coincidentes.

3 Citó las sentencias C-491 de 1993, C-007 de 1993 y C-599 de 1992 de la Corte Constitucional.
4 Invocó las sentencias de 6 de diciembre de 2006, exp. 15889, del 16 de marzo de 2001, exp. 11628, C.P.
Juan Ángel Palacio Hincapié, del 10 de junio de 2002, exp. 12546, C.P. María Inés Ortiz Barbosa y del 12
de septiembre de 2002, exp. 12583, C.P. Ligia López Díaz del Consejo de Estado.

3

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Demandante: William Campuzano Cárdenas

Reprochó que Servientrega hubiese establecido en el campo de dirección en la guía
de correo “sin dirección” y “dirección del dest. Incorrecta”, afirmaciones contrarias a la
realidad, ya que sí se registró correctamente la dirección del RUT. Sostuvo que la
demandada debió percatarse del error de la empresa de correo, y subsanarlo
enviando el correo a la dirección reportada en el RUT, que sí era la correcta.

Reprochó que la Administración adujera que la devolución del correo se dio por
dirección incompleta, pues lo que figura es “dirección del der. Incorrecta”. Puntualizó que
la liquidación oficial y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración
perdieron fuerza ejecutoria.

En segundo lugar, estimó que, dado que no se produjo el requerimiento especial
por falta de notificación, se generó la nulidad de la liquidación oficial por no estar
precedida de aquel y su respuesta, e insistió en que el acto preparatorio no produjo
efecto legal alguno. Invocó la firmeza de la declaración, con sustento en la ausencia
de notificación del requerimiento dentro del término legal de dos años que vencía el
26 de agosto de 2012, fecha en que quedó en firme la declaración, pese a la
interposición del recurso de reconsideración. Añadió que la liquidación no fue
notificada dentro del término legal y la DIAN la profirió cuando ya había prescrito la
facultad para ello.

En tercer lugar, planteó que las consideraciones de la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración quedaron sin asidero jurídico e insistió en la violación
del debido proceso. Reseñó que, una vez modificó la dirección en el RUT el 1 de
diciembre de 2011, pudo ejercer su derecho de defensa contra la liquidación oficial
e interpuso el recurso de reconsideración al cual anexó certificados bancarios y
cuentas por pagar, lo que llevó a la aceptación parcial de los pasivos. Solicitó tener
en cuenta las pruebas contables aportadas con el recurso de reconsideración que
acreditan las sumas adeudadas a Mónica Pedraza y Alimentos Campuz.

Frente al rechazo de costos y deducciones, sostuvo que anexó relación de compras
y facturas y que la DIAN no ejerció sus facultades de fiscalización, dado que no
adelantó verificaciones con terceros para establecer la realidad económica de las
transacciones comerciales y, que, de haberlo hecho, estas estarían probadas.
Adjuntó certificación contable que acredita que durante 2009 realizó ventas que se
registraron en el crédito de la cuenta 41352202, cifra que se incluyó en los ingresos
brutos operacionales, en el libro mayor y balance y en el balance general, así como
en las declaraciones de IVA.

Acotó que las compras tienen relación de causalidad con la actividad productora de
renta por cuanto son activos movibles adquiridos y vendidos durante el período
fiscal, siendo necesarias y proporcionales para poder realizar la venta de activos
movibles durante la vigencia. Dijo que, pese a no estar obligado, optó por expedir
facturas de venta del cerdo en canal. Reparó en que, si bien su actividad no era la
comercialización de carne de cerdo en canal, los ingresos generados por esta
actividad requirieron de costos. Clarificó que aportó copia de las facturas con el
recurso de reconsideración.

Señaló que la demandada debió demostrar que el contribuyente obtuvo los ingresos
declarados en desarrollo de su actividad económica u otra diferente a la de
comercialización del cerdo en canal, pero no lo hizo, pues esa fue su única actividad.
Hizo énfasis en que las facturas cumplen con los requisitos legales y son prueba
idónea para soportar los costos, que son documentos de fecha cierta y que el

4

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Demandante: William Campuzano Cárdenas

proveedor también declaró las ventas. En la reforma a la demanda, aclaró que una
cosa es la falta de actualización de la actividad económica en el RUT y otra la
deducibilidad de las expensas.

Trajo a colación los requisitos de deducibilidad del artículo 107 del Estatuto
Tributario, los cuales consideró cumplidos, tanto así que sin las compras no hubiese
obtenido ingresos.

Advirtió que aportó certificación bancaria de 10 de noviembre de 2009 que acredita
la aprobación por Finagro del pago de ICR a nombre del demandante, suma que
corresponde a indemnizaciones por la erradicación o renovación de cultivos o
control de plagas y que es ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.
Agregó que lo anterior corresponde al incentivo a la capitalización rural del artículo
52 del Estatuto Tributario. Con la reforma a la demanda aportó certificado de Finagro
en donde se evidencia el beneficio por el incentivo.

Frente a la sanción por inexactitud, alegó su improcedencia dado que la DIAN no
demostró el daño causado por el demandante y no existen datos o factores falsos,
como se demostró con las pruebas aportadas. Agregó que todos los valores
registrados son verdaderos.5 Agregó que la falta de prueba o el incumplimiento de
requisitos formales no deriva en la falsedad o inexistencia de los datos consignados
en la declaración.

De manera subsidiaria, solicitó la aplicación del artículo 82 del Estatuto Tributario,
esto es, la suma de $653.828.000, como costos presuntos, en caso de no admitirse
las pretensiones de la demanda. Estimó que el costo presunto parte de la
aceptación de que no puede existir ingreso que no apareje costos.

Oposición a la demanda

La DIAN controvirtió las pretensiones de la demanda con base en los siguientes
argumentos6:

Transcribió los artículos 568 y 555-2 del Estatuto Tributario para advertir que el RUT
es el único mecanismo de identificación y ubicación de los sujetos obligados ante la
DIAN, y que el requerimiento especial se notificó a la dirección allí informada, sin
que se hubiera registrado un correo electrónico. Reiteró que, como el correo fue
devuelto, se dio aplicación a la notificación por aviso en periódico de circulación
nacional el 17 de octubre de 2011.

Aclaró que, solo en el evento en que el contribuyente incumpla con la obligación de
informar una dirección en el RUT, la DIAN puede establecerla mediante verificación
directa o uso de guías telefónicas, directorios, información bancaria, entre otras.
Citó el Concepto DIAN 013326 de 2007 y concluyó que los requerimientos ordinarios
y el especial se notificaron a la dirección registrada en el RUT, que fue actualizada
posteriormente, y, ante su devolución se procedió a la publicación en el periódico.
Reparó en que la notificación se efectuó debidamente. Recalcó que la notificación
por aviso operó previa devolución del correo.

5 Citó el Concepto DIAN 124515 de 2000 y las sentencias de 18 de febrero de 2000, exp. 9715, de 7 de abril
de 2000, exp. 9852, de 6 de octubre de 2000, exp. 10577, de 13 de octubre de 2000, exp. 10673, de 6 de
abril de 2001, exp. 11839, de 18 de mayo de 2001, exp. 12040, de 7 de septiembre de 2001, exp. 12176,
de 29 de agosto de 2002, exp. 12697 y de 6 de marzo de 2003, exp. 13027 del Consejo de Estado.
6 Samai, índice 3, PDF: “21ED_CONTESTACI_17CONTESTACIONDEDEMA(.pdf) NroActua 3”

5

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Demandante: William Campuzano Cárdenas

Adujo que, dado que la notificación del requerimiento especial se efectuó en debida
forma, el contribuyente no puede alegar el desconocimiento del acto, dado que la
Administración actuó conforme con el procedimiento legal y el requerimiento
especial no se remitió a una dirección incompleta o distinta a la informada en el
RUT.
Explicó que la notificación de la liquidación oficial y la resolución que resolvió el
recurso de reconsideración se efectuó a la nueva dirección de notificación, previa
actualización del RUT por parte del demandante, de tal forma que la comunicación
de dichos actos se realizó en debida forma.
Respecto de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, relató que
como el contribuyente no se presentó a notificarse personalmente, se procedió a la
notificación por edicto el cual fue fijado el 20 de julio de 2013 y desfijado el 13 de
agosto de ese año, de manera que se notificó en término. Ilustró sobre el alcance
de los requerimientos ordinarios y la obligación de los contribuyentes de atenderlos
y conservar informaciones y pruebas. Clarificó que se otorgó un término de 15 días
al actor para que contestara los requerimientos y que copia de uno de ellos se
entregó a su contadora, sin que se hubiera dado respuesta, con lo cual dicha
omisión derivó en la emisión de los actos de determinación.
Frente a los pasivos, observó que las cuentas por pagar a los terceros no los
soportaban, dado que aquellos deben estar respaldados con documentos de fecha
cierta y dichos documentos no cumplen tal condición.
Sobre los costos y deducciones, se refirió a la carga de la prueba a partir de las
sentencias C-070 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz de la Corte
Constitucional y del 4 de marzo de 2010, exp. 16531 del Consejo de Estado, para
determinar que las facturas aportadas no reseñan el nombre del adquirente de los
bienes o servicios y, en consecuencia, no prueban los costos. Precisó que, frente a
las compras de carne en canal, estas no tienen relación de causalidad con la
actividad económica del contribuyente -cría especializada de ganado vacuno-.
Respecto a los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, anotó que
la certificación aportada “no es suficiente para demostrar dicho ingreso en la medida en que
indica un pago por concepto lCR de 'pagaré No. 587-13-00752-6 sin que exista certificación alguna
a nombre del contribuyente que permita establecer que efectivamente el ingreso no constitutivo de
renta ni ganancia ocasional se trató de una indemnización por destrucción o renovación de cultivos
o por control de plagas.” Enunció que no se allegaron pruebas adicionales al
expediente.
Consideró procedente la sanción por inexactitud dado que el actor registró costos y
deducciones no coincidentes con la realidad e improcedentes, que derivaron en un
menor valor a pagar.
Concluyó que el artículo 82 del Estatuto Tributario se refiere a la determinación del
costo de los activos, y no se puede extender analógicamente a los gastos de la
empresa. Diferenció entre costos y gastos para soportar dicha conclusión.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral,
declaró la nulidad parcial de los actos, con fundamento en las siguientes
consideraciones:7

7 Samai Tribunal, índice 32, PDF: “6_SENTENCIA(.pdf) NroActua 32”

6

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Reseñó las actuaciones del trámite administrativo, y se refirió a la notificación como
garantía del debido proceso para advertir que los requerimientos ordinarios y
requerimiento especial se notificaron a la dirección registrada en el RUT y, como las
notificaciones fueron devueltas, se procedió a la notificación por aviso. Advirtió que
las notificaciones debían realizarse a la dirección informada en el RUT, ante la
ausencia de cambios o dirección procesal, y que la posibilidad de acudir a guías
telefónicas, directorios e información oficial no es un deber cuando existe dirección
en el RUT, y solo opera si el contribuyente no informa una dirección a la
Administración, situación que no ocurrió en este caso.

Aseveró que el contribuyente no puede beneficiarse de su propia culpa al no haber
actualizado la dirección para notificaciones del RUT, y que la DIAN respetó el
procedimiento legal establecido para las notificaciones. Descartó la firmeza de la
declaración de renta dado que el requerimiento especial se notificó en término el 27
de octubre de 2011.

En cuanto a los pasivos, refrendó que las cuentas por pagar aportadas no son
documentos idóneos para demostrarlos dado que no estaban respaldados con
documento de fecha cierta, requisito aplicable para los sujetos no obligados a llevar
contabilidad. Sobre los costos y deducciones, manifestó que el demandante aportó
facturas irregulares, y que este tenía la carga de la prueba de demostrar la
erogación.

Anotó que la actividad del actor era la cría especializada de ganado, lo cual no
guarda relación con las expensas realizadas en el período gravable por compra de
carne en canal, y que tampoco se demostró la proporcionalidad y necesidad de las
expensas. Reparó en que el documento que pretendía soportar los ingresos no
constitutivos de renta tampoco acredita que el pago aplicado al crédito en el Banco
Popular se trata de una indemnización o compensación asumida por Finagro en
nombre del contribuyente. Con todo, reprochó que la DIAN hubiese guardado
silencio frente a los gastos financieros pagados por el actor por los pasivos
aceptados con entidades financieras, los cuales reconoció.

Desestimó la procedencia de los costos presuntos, pues ello solo procede ante la
ausencia de pruebas de los costos, que, en este caso, sí existieron, pero no fueron
valoradas, en particular respecto de los costos financieros. Ordenó a la DIAN ajustar
la sanción por inexactitud y aplicó el principio de favorabilidad en virtud de la
modificación de la Ley 1819 de 2016.

No condenó en costas ante la prosperidad parcial de las pretensiones.
Recursos de apelación
El demandante apeló la decisión de primera instancia.8 Cuestionó que la sentencia
adujera que el requerimiento especial se envió por guía de correo del 10 de octubre
de 2012, cuando el requerimiento especial es del 10 de octubre de 2011. Expresó
que la DIAN indujo a error a Servientrega, al haberle suministrado los datos del actor
de manera incompleta, pues no plasmó los números telefónicos del contribuyente
registrados en el RUT, para que, en caso de no ubicar la dirección, se le contactara
telefónicamente.

Reparó en que la demandada, 82 días antes de emitir el requerimiento especial,

8 Samai Tribunal, índice 35. PDF: “7_MemorialWeb_RecursodeApelaciOn(.pdf) NroActua 35”

7

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Demandante: William Campuzano Cárdenas

contaba con el certificado de existencia y representación legal del demandante que
informaba una dirección distinta a la del RUT, la cual fue ignorada por la DIAN, pese
a que figuraba también en la hoja de ruta de la investigación. Tachó de negligente
la actitud de la Administración que ignoró el reporte en el RUT de la matrícula
mercantil y el inicio de la actividad económica.

Recalcó que, pese a que en el RUT constaban los teléfonos del contribuyente no se
hizo el mínimo esfuerzo para intentar ubicarlo y localizarlo, y que el único registro
fue una comunicación con la contadora, en la cual no se dejó constancia de haber
abordado si la dirección a la cual le había sido enviado y devuelto el acto aún estaba
vigente o actualizada, con el propósito de que, de ser necesario, se actualizara la
dirección en el RUT. Cuestionó que la DIAN no propiciara un ambiente de
acercamiento con el contribuyente.

Insistió en que la demandada cuenta con amplias facultades para actualizar
oficiosamente las direcciones de los contribuyentes, en los eventos en que los actos
hayan sido devueltos, y debió proceder a efectuar consulta por lo menos de dos
fuentes de información para establecer la dirección y notificar debidamente el
requerimiento, ante la devolución del correo. Sobre la notificación por prensa invocó
diversas sentencias del Consejo de Estado.9

Concluyó que dado que la Administración no intentó agotar todos los medios para
notificar efectivamente al contribuyente esta situación deriva en una violación al
derecho de defensa y en la nulidad de los actos posteriores.

Anotó que no pudo responder y objetar la modificación propuesta en el
requerimiento especial y que, así como la liquidación oficial se notificó a la dirección
actualizada, también pudo remitirse el requerimiento especial a ella, a partir de la
consulta en el certificado de existencia y representación legal.

Frente a la prueba de los pasivos, explicó que se encontraba debidamente inscrito
en el registro mercantil de la cámara de comercio, circunstancia informada en el
RUT y que, desde el 8 de agosto de 2009, optó por llevar su contabilidad en debida
forma, y con el lleno de todos los requisitos que exigen las normas legales. Por lo
cual, desde entonces los pasivos rechazados se encontraban reconocidos en la
contabilidad y respaldados con soportes internos y externos que demostraban su
contabilización. Acotó que estos no correspondían a obligaciones financieras por
préstamos de dinero, y no debían estar respaldados por documentos de fecha
cierta.

Indicó que de los registros contables podía concluirse la vigencia y existencia de los
pasivos y su procedencia fiscal, hechos desestimados y no desvirtuados por la
Administración, quien ignoró el hecho de que el contribuyente llevaba contabilidad.
Cuestionó que la DIAN no ordenara inspección contable ni tributaria para verificar
la idoneidad y autenticidad de las obligaciones causadas.

Añadió que la jurisprudencia ha establecido que la Administración puede acudir a
medios de prueba directos e indirectos para verificar la realidad de la operación,
pues el artículo 770 del Estatuto Tributario no limita la libertad probatoria que tiene
para ello. De manera que, si la DIAN logra probar la inexistencia de las deudas,
desvirtuando la prueba principal y/o supletoria, los pasivos pueden ser rechazados.

9 Sentencias del 23 de noviembre de 2001, exp. 12451 y del 6 de diciembre de 2006, exp. 15889.
8

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Demandante: William Campuzano Cárdenas

Con relación a los costos y deducciones, reconoció que algunas facturas no
identificaban al adquirente y que, por una omisión involuntaria, estas se incluyeron
en la declaración. No obstante, advirtió que estas solo ascendían a $865.066 y las
relacionó.

Estimó que la sentencia de primera instancia no acató la sentencia de unificación
del 26 de noviembre de 2020, exp. 21329, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez del
Consejo de Estado, vigente para cuando se adoptó el fallo, dado que la deducción
sí guarda relación de causalidad con la actividad generadora de renta, aunque no
se trate del objeto social principal del contribuyente, ya que con la compra de carne
en canal se amplió su actividad, pues pasó de la producción primaria a la
intermediación y comercialización de animales sacrificados.

Concluyó que tenía registrado un establecimiento de comercio identificado como
“PORCÍCOLA LA AURORA”; por lo tanto, el hecho de que en su momento no
tuviese la actividad de producción porcícola o la comercialización de carne, no
desvirtúa la realidad económica generadora de ingresos y la necesidad de incurrir
en erogaciones de los costos y gastos para generarlos.

La demandada también recurrió la decisión de primera instancia parcialmente.
Consideró que incurre la sentencia en error de derecho al considerar que la
deducción por gastos financieros por pasivo bancario es procedente de manera
directa.

El reconocimiento de los pasivos con los bancos Popular y Davivienda no conducen
automáticamente a que los intereses generados por dichas obligaciones sean
deducibles, dado que la demandante no acreditó que estos tuvieran relación de
causalidad con la renta. Definió los requisitos de causalidad, necesidad y
proporcionalidad. Insistió en que no se acreditó con pruebas que los intereses
beneficiaran la actividad económica, ni que fueran obligatorios para producir la
renta, lo que demostraría que no eran necesarios.

Acotó que la sentencia de primera instancia debió reliquidar el impuesto de renta y
la sanción por inexactitud, pues el Tribunal tiene competencia para modificar los
actos administrativos, y que las certificaciones prueban la existencia del pasivo, pero
no la deducibilidad de los intereses.

Oposición a la apelación

La demandante10 estimó que la aceptación de los pasivos llevaba implícito el
reconocimiento de los gastos financieros como expensas necesarias ya que fueron
realizadas durante el año o período gravable y, además, eran proporcionales.

La demandada11 aclaró que el correo fue devuelto por las causales dirección
incompleta en el requerimiento ordinario, y dirección incorrecta en el requerimiento
especial, y que la DIAN no debía informar los teléfonos del contribuyente a la
empresa de correos pues no le corresponde realizar llamadas previas a la entrega
de los actos a notificar. Reiteró los argumentos frente a la debida notificación de los
actos.

10 Samai, índice 14, PDF:” 39_MemorialWeb_Constanciaenviomemorial-PONUNCIAMIENTORECUR(.pdf)
NroActua 14”
11 Samai, índice 13, PDF 38_MemorialWeb_PRONUNCIAMIENTOAPELACION(.pdf) NroActua 13”

9

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Demandante: William Campuzano Cárdenas

Consideró que la inscripción en el registro mercantil no es prueba de que el
demandante llevara contabilidad y dicha circunstancia debía probarse con el
registro de los libros en la cámara de comercio. Puntualizó que las compras
rechazadas de carne en canal no tienen relación de causalidad con la actividad del
contribuyente, quien tenía la carga de la prueba.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con los precisos cargos de apelación formulados por las partes
respecto de la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad parcial de los
actos, juzga la Sala la legalidad de los actos que modificaron la declaración del
impuesto sobre la renta del año 2009 presentada por el demandante.
Precisión preliminar
De forma previa al estudio de fondo de los cargos de la apelación, la Sala debe
reiterar el criterio expuesto en las sentencias del 11 de octubre de 2024, exp. 27637
y del 9 de mayo de 2024, exp. 28297, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, frente
al alcance del recurso de apelación.
En dichas providencias se indicó que, según el artículo 320 del Código General del
Proceso, el objeto del recurso de apelación consiste en que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente, respecto de los reparos concretos formulados por el
apelante. Esto es concordante con el artículo 328 ibidem, conforme con el cual la
competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos expuestos
por el recurrente.

Lo anterior, en la medida en que los argumentos con los que se pretende censurar
la sentencia apelada deben estar acordes con lo planteado en el concepto de
violación de la demanda (en el caso del demandante), con lo expuesto en la oposición a
la demanda (en el caso del demandando) y, en cualquier caso, con lo razonado por el
juez de primera instancia12. En esa medida, está prohibido que el apelante exponga
en el recurso de apelación hechos, cargos y pretensiones nuevas que no presentó
en la demanda o en la contestación, según el caso.

Un entendimiento contrario vulneraría el derecho de contradicción de las partes, el
principio de congruencia y la lealtad procesal y, además, implicaría que el recurso
de apelación pueda fundamentarse en hechos o argumentos que no pudo tener en
cuenta el juez de primera instancia por no haber sido puestos a su consideración en
la etapa procesal oportuna que, en este caso, era el escrito de oposición a la
demanda. Por esa razón, esta Sección ha señalado que «Invalidar una providencia con
base en hechos y/o argumentos completamente ajenos al debate procesal suscitado, que dio lugar
la decisión judicial impugnada, escapa a la lógica procesal del recurso de apelación» 13.

Al respecto, debe recordarse que ha sido constante la jurisprudencia en señalar que
no le es permitido a las partes la inclusión en sede de apelación de cargos ausentes
12 Ver sentencia del 16 de noviembre de 2023, exp. 27886, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 9 de mayo de
2013, Exp. 18847, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, reiterada en la sentencia del 28 de abril de 2022,
Exp. 25687. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

10

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Demandante: William Campuzano Cárdenas

a lo largo del debate judicial, pues ello supone el planteamiento de asuntos que no
han sido objeto de controversia, siendo este un requisito de las normas que regulan
el derecho procesal administrativo y las garantías del debido proceso 14.

Adicionalmente, frente al principio de congruencia de las sentencias y los fallos ultra
y extrapetita, esta Corporación ha señalado lo siguiente:
“(…) el principio de congruencia de la sentencia, en sus dos acepciones: como armonía entre
la parte motiva y la resolutiva del fallo (congruencia interna), y como conformidad entre la
decisión y lo pedido por las partes en la demanda y en la contestación (congruencia externa).
El principio así concebido persigue la protección del derecho de las partes a obtener una
decisión judicial certera sobre el asunto puesto a consideración del juez, al igual que la
salvaguarda del debido proceso y del derecho de defensa del demandado, cuya actuación
procesal se dirige a controvertir los argumentos y hechos expuestos en la demanda.
Igualmente, trae consigo los conceptos de fallo ultra y extrapetita, como decisiones que van
más allá de lo pedido, ya sea porque se otorgan cosas adicionales a las solicitadas en la
demanda (sentencia ultrapetita), o porque se reconoce algo que no se solicitó (sentencia
extrapetita)”15

Así, en virtud del principio de congruencia, el juez debe resolver la controversia
jurídica delimitada por las partes tanto en la demanda como en su contestación, de
tal manera que no le es dable pronunciarse sobre temas o asuntos no discutidos
por estas. Lo anterior, además armoniza con la aplicación del principio de justicia
rogada en materia administrativa que limita la actividad del funcionario judicial a lo
pedido en la demanda, esto es, impide que el juez vaya más allá de lo solicitado por
el demandante. Cuando quiera que la sentencia excede las peticiones de la
demanda, se está en presencia de un fallo extra petita, susceptible de revisión
incluso oficiosamente, en garantía de los derechos al debido proceso y el derecho
de defensa de las partes.16

En el presente evento, se advierte que en el recurso de apelación de la parte actora
se incluyeron argumentos que no fueron ventilados en la demanda y, en
consecuencia, no fueron objeto de pronunciamiento por parte del juez de primera
instancia, en particular, el que la DIAN estuviese en la obligación de intentar el
contacto telefónico con el contribuyente para notificar los actos, y el hecho de que
el demandante estaba obligado a llevar contabilidad y, por ende, los pasivos
estaban soportados en ella y podían ser verificados a través de inspección tributaria
y/o contable, pruebas que no se decretaron. Sobre este último punto, se evidencia
que la apelación del actor solo se dirige a discutir que llevaba contabilidad, que los
pasivos estaban allí registrados y que contaban con soportes internos y externos.
No obstante, dichos argumentos no fueron planteados en la demanda, ni soportados
oportunamente, para definir, a partir de ello, los parámetros para la debida
valoración probatoria de los pasivos en discusión en los términos del artículo 770
del Estatuto Tributario. Al respecto, la discusión en sede administrativa y judicial se
centró en cuestionar que las cuentas por pagar aportadas por el demandante no

14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencias del 22 de abril y 23 de septiembre de 2021, exp.25427 y
24987 respectivamente, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 3 de agosto de
2016, exp. 20865, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. En el mismo sentido, ver sentencias del 16 de
septiembre del 2010, exp. 16605, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, y del 30 de agosto de 2017,
exp. 20778, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Reiteradas en sentencias del 30 de julio de 2020, exp.
24179 C.P. Milton Chaves García y del 14 de julio de 2022, exp. 26024, C.P. Myriam Stella Gutiérrez
Argüello.
16 Al respecto véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia
del 8 de marzo de 2019, exp. 21295, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

11

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Demandante: William Campuzano Cárdenas

eran documentos idóneos para demostrarlos, dado que no estaban respaldados con
fecha cierta, y que este era un requisito aplicable para los sujetos no obligados a
llevar contabilidad. Para garantizar el derecho al debido proceso de la demandada,
la Sala se abstendrá de examinar dichos aspectos propuestos en la apelación.

De otro lado, se evidencia que en la demanda no se plantearon argumentos
específicos frente al reconocimiento de la deducción de los intereses asociados a
los pasivos aceptados en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración,
ni dicho asunto fue objeto de discusión en los actos demandados. El Tribunal, de
forma oficiosa, reconoció su procedencia, lo cual deriva en que la sentencia excedió
las peticiones de la demanda y, en consecuencia, resulta violatoria de los principios
de congruencia y justicia rogada. En ese sentido, la providencia del a quo se
modificará en lo pertinente, con lo cual la Sala se abstendrá de estudiar de fondo la
apelación de la demandada.

Por último, no sobra advertir que, pese a que con la demanda el actor intentó
desvirtuar la glosa relativa al rechazo de ingresos no constitutivos de renta ni
ganancia ocasional derivados de indemnizaciones por la erradicación o renovación
de cultivos o control de plagas, y solicitó la aplicación de los costos presuntos del
artículo 82 del Estatuto Tributario, en esta instancia no presenta argumentos al
efecto, de tal forma que no es posible pronunciarse sobre el particular.

En consideración a lo expuesto, los problemas jurídicos por resolver consisten en
determinar: i) si el requerimiento especial y los requerimientos ordinarios se
notificaron en debida forma, y ii) si era procedente el rechazo de otros costos y
deducciones, ante la falta de identificación del adquirente en un grupo de facturas y
la ausencia de relación de causalidad con la actividad productora de renta.
1. Notificación de los requerimientos ordinarios y del requerimiento
especial
El demandante cuestionó que la sentencia de primera instancia adujera que el
requerimiento especial se envió por guía de correo del 10 de octubre de 2012,
cuando el requerimiento especial es del 10 de octubre de 2011. Expresó que la
demandada indujo a error a Servientrega, al haberle suministrado los datos del actor
de manera incompleta, pues no plasmó los números telefónicos del contribuyente
registrados en el RUT, para que, en caso de no ubicar la dirección, se le contactara.
Reparó en que la demandada, antes de emitir el requerimiento especial, contaba
con el certificado de existencia y representación legal del demandante que
informaba una dirección distinta a la del RUT, lo cual fue ignorado por la
demandada, pese a que figuraba también en la hoja de ruta de la investigación.
Tachó de negligente la actitud de la Administración que ignoró el reporte en el RUT
de la matrícula mercantil y el inicio de la actividad económica.
Insistió en que la demandada cuenta con amplias facultades para actualizar
oficiosamente las direcciones de los contribuyentes, en los eventos en que los actos
hayan sido devueltos y debió proceder a efectuar consulta por lo menos de dos
fuentes de información para establecer la dirección y notificar debidamente el
requerimiento, ante la devolución del correo.
Frente a lo planteado por el actor, es preciso tener en cuenta que, en materia fiscal,
el artículo 565 del Estatuto Tributario regula un régimen de notificaciones especial
para las actuaciones de la Administración de Impuestos, el cual es aplicable para

12

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los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias,
emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se impongan sanciones,
liquidaciones oficiales, y demás actuaciones administrativas.
La norma citada prevé como modalidades de notificación: la electrónica, personal,
por correo y, excepcionalmente, por edicto. En particular, el parágrafo primero de la
disposición establece que, cuando se trate de la notificación por correo, el acto debe
enviarse a la última dirección informada por el contribuyente, responsable, agente
retenedor o declarante en el RUT, el cual constituye el mecanismo único para
identificar y ubicar a los contribuyentes de tributos administrados por la DIAN, al
tenor de lo dispuesto en el artículo 555-2 del Estatuto Tributario. Esta Corporación
ha explicado que es responsabilidad del contribuyente mantener actualizada la
información del RUT, en los siguientes términos: “es un deber del contribuyente o
declarante registrar la información de ubicación en esa base de datos y mantenerla actualizada, sin
perjuicio de los casos en que reporte una dirección para efectos procesales, o deba notificar los actos
a la dirección del apoderado que aparece en el RUT, cuando se actúa a través de este.” 17

A partir de esto, la Sala evidencia que quien ostenta la carga de actualizar las
direcciones de notificación en el RUT es el contribuyente y no la Administración. De
hecho, los artículos 563 y 565 del Estatuto Tributario contemplan la posibilidad de
la Autoridad Tributaria de establecer una dirección de notificación en forma oficiosa,
mediante verificación directa o el uso de guías telefónicas, directorios e información
oficial, solo en el caso en el cual el contribuyente no hubiese informado una, lo cual
es coherente con el hecho de que mantener actualizada la información del RUT es
responsabilidad exclusiva del obligado tributario.
De otro lado, el artículo 568 del Estatuto Tributario, en su versión vigente para la
época de los hechos, disponía que los actos administrativos enviados por correo
que fueran devueltos, debían notificarse mediante aviso en un periódico de
circulación nacional o regional del lugar que correspondiera a la última dirección
informada en el RUT.

En el presente evento, se encuentra probado lo siguiente:

• A fl. 4 Caa obra copia del Registro Único Tributario (RUT) del demandante que registra como
dirección FCA LA SOLEDA VIA RIO CLARO CASERIO LA PARADA en el municipio de Jamundí,
Valle del Cauca.
• El 18 de mayo de 2011, la DIAN profirió el Requerimiento Ordinario nro. 052382011000203 (fls.
14 a 16 Caa), el cual se remitió a la dirección FCA LA SOLEDA VIA RIO CLARO CASERIO LA
PARADA en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca el 23 de mayo de 2011, según guía de
Servientrega 1043774111 (fl. 18 Caa). La comunicación fue devuelta al remitente por la causal
“FALTAN DATOS EN LA DIRECCION” (fl. 17 Caa) y el acto se notificó por aviso publicado el 28
de junio de 2011 en el Diario La República (fl. 26 Caa).
• El 01 de agosto de 2011, la Administración emitió el Requerimiento Ordinario nro.
052382011000348 (fl. 35 a 37 Caa), el cual se envió a la dirección FCA LA SOLEDA VIA RIO
CLARO CASERIO LA PARADA en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca el 5 de agosto de
2011, según guía de Servientrega 1048369060 (fl. 38 Caa). El correo fue devuelto bajo la causal
“FALTAN DATOS EN LA DIRECCION DEL DEST” (fl. 39 Caa) y el acto se notificó por aviso
publicado el 07 de septiembre de 2011 en el Diario La República (fl. 43 Caa).
• El 05 de octubre de 2011, la DIAN expidió el Requerimiento Especial Nro. 052382011000082
que se envió a la dirección FCA LA SOLEDA VIA RIO CLARO CASERIO LA PARADA del
municipio de Jamundí, Valle del Cauca el 12 de octubre de 2011, según guía de Servientrega
1050179317 (fl. 59 Caa). La comunicación fue devuelta bajo la causal “DIRECCION DEL DEST.

17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 9 de mayo de
2024, Exp. 27864. C.P. Milton Chaves García.

13

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INCORRECTA” (fls. 60 y 68 Caa) y el requerimiento se notificó mediante edicto publicado en el
diario La República el 27 de octubre de 2011 (fl. 69 Caa).
• El 1 de diciembre de 2011, el contribuyente actualizó la información consignada en el RUT a la
CL 19 9 A 06 en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca (fl.79 Caa).
• El 15 de junio de 2012, la Administración profirió la Liquidación Oficial de Revisión nro.
052412012000049.

El anterior recuento probatorio evidencia que, contrario a lo que afirma el apelante,
el procedimiento de notificación del requerimiento especial y de los requerimientos
ordinarios se surtió en debida forma, debido a que se siguieron los parámetros del
artículo 565 del Estatuto Tributario, esto es, el envío de la comunicación por correo
a la dirección informada en el RUT. Nótese que la actualización del registro ocurrió
solo hasta el 1 de diciembre de 2011, con lo cual el acto preparatorio y los
requerimientos ordinarios se remitieron a la dirección informada por el mismo
contribuyente en el RUT para la fecha de su expedición, conforme lo acredita la
certificación de la empresa de mensajería, y, ante su devolución, se publicó el aviso
respectivo en periódico de amplia circulación nacional, en los términos del artículo
568 del Estatuto Tributario.
En ese sentido, la DIAN siguió el procedimiento legal para notificar el acto, sin que
estuviera obligada a informar a la empresa de mensajería números de contacto
telefónico del contribuyente ni mucho menos a actualizar de oficio la información
contemplada en el RUT, mediante la consulta de otras fuentes de información. Se
insiste en que la carga de mantener al día la información en el registro es de
responsabilidad exclusiva del contribuyente y no de la Administración.
Adicionalmente, el hecho de que la dirección registrada en el certificado de la
cámara de comercio y en el RUT fueran distintas, y la Autoridad Tributaria no
hubiese advertido irregularidad ni hubiese tenido en cuenta los datos del registro
mercantil, en nada invalida que la notificación se hubiera efectuado debidamente.
En efecto, la información que debe tener en cuenta la demandada es la consignada
en el RUT que puede diferir de la del registro mercantil, sin que por ello la DIAN esté
obligada a tener en cuenta este último. Lo anterior, toda vez que el registro tributario
es el mecanismo por excelencia de ubicación e identificación de los contribuyentes
de los tributos administrados por la entidad, y es a la dirección en el informada que
deben notificarse los actos por expresa disposición legal.
En consecuencia, la Sala encuentra que la notificación se surtió conforme con el
procedimiento legal y se garantizó el derecho de defensa y el debido proceso, sin
que la Administración debiera realizar gestiones adicionales ni consultar información
adicional a la que estaba consignada en el RUT, dado que su actualización era
responsabilidad del demandante. Por último, se advierte que el yerro de la sentencia
frente a la fecha de notificación del requerimiento especial, según la guía de
Servientrega, no invalida la decisión ni incide en el fondo de esta y, en todo caso, el
acto se notificó debidamente y en término. En ese sentido, el cargo no prospera.
2. Rechazo de “Otros costos y deducciones”
Inicialmente, el requerimiento especial y la liquidación oficial desconocieron la suma
de $729.115.000 registrada en la declaración bajo “Otros costos y deducciones”,
debido a que el contribuyente no aportó los documentos soporte correspondientes.
Con ocasión del recurso de reconsideración y de las pruebas allegadas por el
demandante en dicha ocasión, el rechazo se mantuvo bajo el argumento de que,
parte de las facturas adjuntas al memorial no identificaban al adquirente, y el
14

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Demandante: William Campuzano Cárdenas

restante no cumplía con la relación de causalidad con la actividad productora de
renta, argumentos confirmados en la sentencia de primera instancia.
Con el recurso de apelación, frente a las facturas que no identifican al adquirente,
pese a que el actor admite que se incluyeron por una omisión involuntaria en la
declaración y que su deducción era improcedente, afirma que estas ascendían
únicamente a la suma de $865.066.
Verificadas las facturas en discusión, obrantes en los fls. 99 a 111 Caa, la Sala
evidencia que ninguna de ellas identifica al adquirente y que estas ascienden a
$1.132.815, contrario a lo que afirma el apelante, como se muestra a continuación:

Valor de la factura Folios (CAA) Valor de la factura Folios (CAA)
$ 13.275 99 $ 30.000 103
$ 55.000 99 $128.000 103
$ 29.910 100 $ 84.000 104
$ 20.010 100 $ 4.500 104
$ 30.015 100 $ 72.413 105
$ 10.050 100 $253.000 106
$ 47.672 101 $ 47.000 107
$ 61.000 101 $ 40.500 108
$ 70.000 102 $ 13.621 109
$ 50.000 102 $ 54.500 110
$ 8.005 102 $ 10.344 111
TOTAL $1.132.815

En esencia, las diferencias entre la relación incluida por el demandante en la
apelación y los valores verificados derivan de la factura obrante a fl. 106 que el
contribuyente registra por valor de $25.300 y de algunas que identifican como
proveedor a Enrique Olaya Rivera Muñoz que no figuran en las pruebas aportadas
(fls. 99 a 111 Caa). Así, la cifra mencionada por el recurrente no se ajusta a la
acreditada en el expediente y, en todo caso, dicha cuestión no fue objeto de debate,
sino el incumplimiento de requisitos formales -identificación del adquirente- respecto
de las facturas obrantes en los fls. 99 a 111 Caa.
De otro lado, frente a los demás soportes, la DIAN rechazó el remanente del renglón
“Otros costos y deducciones” por la ausencia de relación de causalidad respecto de
las facturas expedidas por Mónica Lorenza Pedraza. Para el caso, el apelante
estima que la decisión de primera instancia no acató la sentencia de unificación del
26 de noviembre de 2020, exp. 21329, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez del
Consejo de Estado, vigente para cuando se adoptó el fallo, dado que la erogación
en discusión sí guarda relación de causalidad con la actividad generadora de renta,
aunque no se trate del objeto social principal del contribuyente. Lo anterior, dado
que con la compra de carne en canal se amplió la actividad generadora de renta,
pues pasó de la producción primaria a la intermediación y comercialización de
animales sacrificados.
También agrega el apelante que tenía registrado un establecimiento de comercio
identificado como “PORCÍCOLA LA AURORA”; por lo tanto, el hecho de que en su
momento no tuviese la actividad de producción porcícola o la comercialización de
carne no desvirtúa la realidad económica generadora de ingresos, y la necesidad
de incurrir en costos y gastos para generarlos.

En efecto, como lo plantea el actor, la Sala estima que la Sentencia de Unificación
del 26 de noviembre de 2020, exp. 21329, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, debe
considerarse para analizar el caso concreto dado que se trata de un trámite
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Demandante: William Campuzano Cárdenas

pendiente de resolución en vía judicial. Dicha providencia estableció las reglas de
decisión frente al alcance del artículo 107 del Estatuto Tributario:
“1. Tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, todas las expensas
realizadas por el contribuyente en desarrollo o ejecución de la actividad productora de
renta. Para establecer el nexo causal entre el gasto y la actividad lucrativa, no es
determinante la obtención de ingresos ni el enunciado del objeto social del sujeto pasivo.
2. Las expensas necesarias son aquellas que realiza razonablemente un contribuyente en
una situación de mercado y que, real o potencialmente, permiten desarrollar, conservar
o mejorar la actividad generadora de renta. La razonabilidad comercial de la erogación
se puede valorar con criterios relativos a la situación financiera del contribuyente, las
condiciones del mercado donde se ejecuta la actividad lucrativa, el modelo de gestión de
negocios propio del contribuyente, entre otros. Salvo disposición en contrario, no son
necesarios los gastos efectuados con el mero objeto del lujo, del recreo o que no estén
encaminados a objetivos económicos sino al consumo particular o personal; las
donaciones que no estén relacionadas con un objetivo comercial; las multas causadas
por incurrir en infracciones administrativas; aquellos que representen retribución a los
accionistas, socios o partícipes; entre otros.
3. La proporcionalidad corresponde al aspecto cuantitativo de la expensa a la luz de un
criterio comercial. La razonabilidad comercial de la magnitud del gasto se valora
conforme a la situación económica del contribuyente y el entorno de mercado en el que
desarrolla su actividad productora de renta.
4. Los contribuyentes tienen la carga de poner en conocimiento de las autoridades
administrativas y judiciales las circunstancias fácticas y de mercado, demostraciones y
carga argumentativa, conforme a las cuales una determinada expensa guarda relación
causal con su actividad productora de renta, es necesaria y proporcional con un criterio
comercial y tomando en consideración lo acostumbrado en la concreta actividad
productora de renta.
5. Las anteriores reglas jurisprudenciales de unificación rigen para los trámites pendientes
de resolver en vía administrativa y judicial. No podrán aplicarse a conflictos previamente
decididos.”

Como se advierte, el contribuyente tiene la carga de la prueba para demostrar el
cumplimiento de los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. En el caso
objeto de análisis, se evidencia que el demandante, tal como lo señaló la DIAN,
tenía inscrito en el RUT, como actividad económica, el código CIIU “0121”, en la
clasificación vigente para 2009: “Cría especializada de ganado vacuno” y que las compras
que acreditaron las facturas emitidas por Mónica Pedraza correspondían a carnes
de res y cerdo en canal. No obstante, dicho hecho por sí solo no era óbice para
rechazar la expensa dado que el objeto social es meramente indicativo, con lo cual
las compras de carne en canal en principio tenían la potencialidad de reconocerse
como expensas, pese a que la actividad registrada fuera la cría de ganado, siempre
que se acreditaran los requisitos de causalidad, proporcionalidad y necesidad.

Con todo, en el expediente no obran pruebas de la efectiva o potencial realización
de la actividad de comercialización de animales sacrificados invocada por el
apelante y el hecho de tener un establecimiento de comercio no implica tampoco su
efectiva ejecución. Si bien el actor afirma que los bienes adquiridos fueron a su vez
comercializados obteniendo en retorno los ingresos que reportó en su declaración
de renta del mismo año, que sobre dichas ventas emitió las facturas de venta
respectivas y que las operaciones fueron reportadas en las declaraciones de IVA
del proveedor, nada de ello se encuentra soportado en el expediente, de tal forma
que se extrañan pruebas que demuestren la destinación de la compra de carne en
canal a una actividad productora de renta.

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En efecto, con el recurso de reconsideración el actor allegó informe de vencimientos
por edades, esto es la relación de las facturas de venta vencidas o por vencer,
firmada por Mónica Pedraza (fls. 220 y 221 Caa) y con la demanda adjuntó la
relación de compras (fls. 97 a 98 CP) y certificación de contador público (fl. 118 CP)
que afirma que:
“durante el período gravable 2009, la señora Mónica Lorenza Pedraza (…), efectuó al señor
William Campuzano Cárdenas, (…), ventas por valor total de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS MCTE ($681.131.000) las cuales
se encuentran debidamente registradas en la cuenta contable auxiliar No. 41352202. Además,
los valores correspondientes a dichas ventas fueron oportuna y debidamente reportadas (sic)
en los Formularios Oficiales correspondientes a las declaraciones bimestrales del Impuesto al
valor agregado – IVA- según formularios Nos (…), los cuales fueron presentados en Bancos.

Finalmente, todos los valores que se generaron con motivo de las ventas mencionados fueron
debidamente declarados en la Declaración Oficial del Impuesto de Renta y Complementarios
por el año gravable 2009(…)”

Con todo, ninguna de estas pruebas evidencia la efectiva o potencial realización de
la actividad comercial que aduce el apelante y no hay facturas expedidas por este
que sustenten su dicho, ya que los documentos que reposan acreditan la compra
de los bienes, más no su destino. Adicionalmente, la certificación de contador no
fue acompañada de los soportes internos y externos, ni de las declaraciones de IVA
que allí se mencionan y sus anexos, que permitan verificar la inclusión de los
ingresos en ellas. En todo caso, estas pruebas no evidencian la relación de
causalidad que extraña la DIAN y tampoco obra material que soporte la necesidad
y proporcionalidad de la expensa, con lo cual, no es dable aceptar las erogaciones
rechazadas y el cargo no está llamado a prosperar.

3. Costas

Conforme a lo previsto en el artículo 188 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y 365 (numeral 8) del Código
General del Proceso, no habrá condena en costas (gastos del proceso y agencias en
derecho) en esta instancia, por no encontrarse probadas en el expediente.

4. Decisión

En atención a la vulneración del principio de congruencia de las sentencias
advertida previamente, la Sala modificará la decisión de primera instancia que
aceptó la deducción de los intereses como gastos financieros asociados a los
pasivos reconocidos por la DIAN. En tal virtud, se reliquida la sanción por
inexactitud, aplicando la tarifa del 100% prevista en el artículo 288 de la Ley 1819
de 2016, como se muestra a continuación:

Sanción por inexactitud
Saldo a pagar declarado $ 11.489.000
Saldo a pagar determinado $ 275.482.000
Base sanción $ 263.993.000
Tarifa 100%
Sanción por inexactitud $ 263.993.000

En consecuencia, el total saldo a pagar se determina a continuación:

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LIQUIDACIÓN DEL TRIBUTO
Concepto Liquidación privada DIAN Consejo de Estado
Saldo a pagar por impuesto $ 11.489.000 $ 275.482.000 $ 275.482.000
Sanciones $0 $ 422.389.000 $ 263.993.000
Total saldo a pagar $ 11.489.000 $ 697.871.000 $ 539.475.000

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA

1. Modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia del 31 de octubre
2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda de Decisión Oral B. En su lugar:

PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión nro.
052412012000049 del 15 de junio de 2012 y de la Resolución nro. 900.066 del 15 de
julio de 2013, proferidas por la DIAN, por los motivos expuestos en la presente
providencia.
SEGUNDO: Téngase como liquidación del impuesto sobre la renta del año 2009 de
William Campuzano Cárdenas la efectuada en la presente providencia.

2. No condenar en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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