RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-001-2014-01019-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-001-2014-01019-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-001-2014-01019-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada. En su lugar: Segundo. A título de restablecimiento del derecho, establecer como liquidación del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2009 a cargo la demandante, la contenida en la parte motiva de la sentencia de segunda instancia y fijar la sanción por inexactitud en la suma de $57.862.000. 2. Sin condena en costas en esta instancia. 3. Reconocer personería a Diana Marcela Rojas Eraso, como abogada de la demandada, conforme al poder conferido (índice 13).

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 76001-23-33-001-2014-01019-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

12 de marzo de 2026

Radicado: 76001-23-33-001-2014-01019-01 (28662)
Demandante: Cimi S.A. En Liquidación

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-001-2014-01019-01 (28662)
Demandante: CIMI S.A. En Liquidación
Demandada: DIAN

Temas: Renta. 2009. Costo de ventas. Carga de la prueba.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia del
31 de octubre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
resolvió (índice 16):

Primero: Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión 052412013000018 del 20
de marzo de 2013, así como de la Resolución 900022 del 23 de abril de 2014, que la modificó …

Segundo: A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la demandada liquidar el impuesto
sobre la renta a cargo de la actora teniendo en cuenta el costo el originado en el servicio adquirido
por telefonía móvil … y, una vez obtenido el saldo por declarar, proceda a deducir el saldo declarado
por el contribuyente, de tal manera que, obtenida la diferencia, aplique la sanción por inexactitud en
porcentaje equivalente al 100%.

Tercero. Negar las demás pretensiones de la demanda, por las consideraciones expuestas.

Cuarto: Sin condena en costas, de conformidad con lo expuesto.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Liquidación Oficial de Revisión 052412013000018, del 20 de marzo de 2013
(ff. 342 a 379 caa1), la demandada modificó la autoliquidación del impuesto sobre la renta
del año gravable 2009 efectuada por la actora (f. 28 caa), para rechazar parcialmente el
costo de ventas y sancionar por inexactitud; decisión que modificó la Resolución 900022,
del 23 de abril de 2014 (ff. 438 a 455 vto. caa), mediante la cual se aceptaron como costo
las compras a una sociedad, lo que conllevó la disminución de la sanción impuesta.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la actora formuló las siguientes pretensiones (f. 160):

1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Liquidación Oficial de Revisión

1
El cuaderno de antecedentes administrativos lo aportó la demandada en los documentos digitales contenidos en el índice 16.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 76001-23-33-001-2014-01019-01 (28662)
Demandante: Cimi S.A. En Liquidación

052412013000018 del 20 de marzo de 2013, por medio de la cual la DIAN modificó la liquidación
privada del impuesto sobre la renta del año gravable 2009. (ii) Resolución que resuelve el recurso
de reconsideración 900022 del 23 de abril de 2014, notificada el día 21 de mayo de 2014.

2. Como consecuencia de la anterior declaratoria, restablecer en su derecho a la sociedad …
disponiendo que: (i) la declaración del impuesto sobre la renta del periodo gravable 2009 es correcta
y se ajusta a los lineamientos que prescribe el Estatuto Tributario para tal efecto, por lo tanto, la
sociedad no debe pagar el mayor impuesto ni la sanción por inexactitud determinados por la DIAN.
(ii) Se actualice de inmediato el estado de cuenta corriente de la sociedad … eliminando cualquier
obligación a su cargo por impuestos, sanciones y actualizaciones respecto del impuesto sobre la
renta del año gravable 2009.

3. Condenar a la demandada a pagar las costas del proceso, incluidas las agencias en derecho,
porque están demostrados los elementos fácticos y de derecho que prueban su irregularidad.

A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas los artículos 2.º, 4.º, 29, 95.9 y
209 de la Constitución; 107, 177, 481, 485, 488, 489, 638, 647, 815 y 850 del ET (Estatuto
Tributario); 188 del CPACA; y 39 y 40 del Decreto 2649 de 1993, bajo el siguiente
concepto de violación (ff. 162 a 188):

Sostuvo que los actos demandados contravinieron las normas en las que debían
fundarse, al aplicar indebidamente los requisitos para la procedencia de los impuestos
descontables en el IVA (impuesto sobre las ventas) como sustento del rechazo de costos
en el impuesto sobre la renta. Con todo, alegó que, contrario a lo afirmado por su
contraparte, como sociedad de comercialización internacional, en el IVA podía descontar
los impuestos pagados en la adquisición de bienes y servicios y, asimismo, reconocer
tales valores como costo o gastos para la depuración de la base gravable del impuesto
sobre la renta, pues cumplían los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad
previstos en el artículo 107 del ET y se realizaron en el respectivo año gravable.

En relación con el rechazo de los costos asociados a proveedores del régimen
simplificado del IVA que no contaban con dicha inscripción en el RUT (registro único
tributario), sostuvo que esa exigencia formal era insuficiente para su rechazo, habida
cuenta de que, en su calidad de adquirente, liquidó y pagó el IVA correspondiente a esas
operaciones. Frente a la falta de soportes de otras operaciones, afirmó que la factura de
venta no era la única prueba para acreditar la realidad de las transacciones que
originaban los costos, sino que esta podía demostrarse mediante otros medios
probatorios, i.e. documentos equivalentes, comprobantes de egreso y soportes de pago,
tal como lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia C-733 de 2003.

Por lo expuesto, se opuso a la sanción por inexactitud, porque, a su juicio, esta solo
procedía cuando se declaraban costos inexistentes, de modo que, al encontrarse
acreditada la realidad de los costos declarados –incluso reconocida por la demandada al
avalar las retenciones en la fuente del IVA practicadas–, no se configuraba la conducta
sancionable. Añadió que, en todo caso, habría lugar a exonerarla de la multa, por cuanto
incurrió en un error sobre la comprensión de las normas relativas al IVA descontable y su
aplicación para la determinación de los costos que aminoran la base gravable del
impuesto sobre la renta. Finalmente, alegó que la sanción impuesta infringía los principios
de proporcionalidad y lesividad previstos en el artículo 167 de la Ley 1607 de 2012.

Contestación de la demanda

La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 225 a 237 vto.) porque, en el
curso de la actuación administrativa adelantada con ocasión de la solicitud de devolución
del IVA correspondiente al 6.° bimestre de 2009, se detectaron inconsistencias en
algunas de las operaciones declaradas que, igualmente, impedían reconocer su
aminoración de la base gravable del impuesto sobre la renta como costo de ventas. En

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 76001-23-33-001-2014-01019-01 (28662)
Demandante: Cimi S.A. En Liquidación

particular, expuso que, si bien uno de los proveedores confirmó las transacciones
realizadas con la demandante, otro negó haber celebrado operaciones con esta, y otros
no atendieron los requerimientos de información formulados. Adicionalmente, indicó que
se evidenciaron transacciones con proveedores pertenecientes al régimen simplificado
del IVA que no se encontraban inscritos como tales en el RUT; algunos contratos, facturas
y documentos equivalentes omitían la descripción de las labores contratadas o
incumplían los requisitos legales; otras operaciones no se encontraban soportadas
mediante facturas o documentos equivalentes; una factura por servicios de telefonía
móvil estaba a nombre de un tercero, lo que impedía establecer su relación de causalidad
con la actividad productora de renta de la actora, y ese requisito tampoco se cumplía
respecto de las compras a una floristería y del servicio de diseño de arte contratado.

Por último, sostuvo que la actora incurrió en la conducta sancionable por inexactitud al
declarar costos improcedentes, lo que generó un menor impuesto a cargo, sin que esto
fuera consecuencia de un error sobre el derecho aplicable.

Sentencia apelada

El tribunal declaró la nulidad parcial de los actos demandados, a fin de admitir como costo
de ventas el originado en el servicio de telefonía y de reducir la sanción por inexactitud
en aplicación del principio de favorabilidad. Al efecto, ordenó a la demandada practicar
una nueva liquidación conforme a lo decidido y se abstuvo de condenar en costas (índice
16). En concreto, consideró que, contrario a lo sostenido por la demandada, el costo
aceptado guardaba relación de causalidad con la actividad económica de la actora,
consistente en la exportación a Venezuela de cajas de cartón corrugado, bolsas plásticas
y ligas de caucho, para cuyo desarrollo y seguimiento resultaba necesario el servicio de
telefonía móvil. En cambio, estimó que no se encontraba acreditado dicho requisito
respecto de los costos originados en las compras a una floristería, en los servicios de
diseño de arte y en los prestados por dos sociedades y dos personas naturales.

De otra parte, sostuvo que los artículos 506 del ET y 19 y 20 del Decreto 2788 de 2004
imponían a los proveedores de bienes y servicios pertenecientes al régimen simplificado
del IVA el deber de inscribirse como tales en el RUT, y que, en concordancia, el artículo
177-2 del ET obligaba a los adquirentes de tales bienes y servicios a verificar esa
inscripción como requisito para la procedencia fiscal de los costos y gastos. Por ende, al
no haberse cumplido dicha exigencia, consideró procedente el rechazo de los costos
derivados de los servicios prestados por dos personas naturales.

Finalmente, avaló la sanción impuesta, al corroborar la ocurrencia del hecho infractor
(consistente en la inclusión de costos improcedentes en la autoliquidación, que generaron
un menor impuesto a cargo), sin que se evidenciara un error en la comprensión del
derecho aplicable. No obstante, ordenó disminuir su cuantía en atención al cargo que
prosperó y en aplicación del principio de favorabilidad.

Recurso de apelación

La actora apeló la decisión del tribunal (índice 19) al considerar que, en su condición de
sociedad de comercialización internacional, tenía derecho, para efectos del IVA, a
descontar los impuestos pagados en la adquisición de bienes y servicios que, a su vez,
podían computarse para disminuir la base gravable del impuesto sobre la renta, en la
medida en que se incorporaban al costo de ventas de la mercancía exportada durante el
respectivo periodo gravable. Sostuvo que los costos rechazados se originaron en la
contratación de personal encargado del seguimiento de la mercancía, en asesorías
relacionadas con los trámites de exportación y en la adquisición de materia prima

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 76001-23-33-001-2014-01019-01 (28662)
Demandante: Cimi S.A. En Liquidación

destinada a la producción de los bienes exportados, de elementos de papelería y de
servicios de telefonía, todos asociados a la actividad productora de renta y debidamente
probados. Por ende, discutió que el a quo avalara la sanción por inexactitud, porque no
incurrió en la conducta sancionable, ya que, a su juicio, esta se configura solo cuando se
declaran costos inexistentes y no por el eventual incumplimiento de requisitos formales.
En consecuencia, al estar demostrada en el sub examine la realidad de los costos
declarados, alegó que era improcedente la imposición de la sanción.

Pronunciamientos finales

La demandada (índice 13) reiteró los argumentos expuestos en las anteriores etapas
procesales. A su vez, el ministerio público guardó silencio (índice 14).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1- Contando con cuórum para decidir2, la Sala juzga la legalidad de los actos acusados,
atendiendo a los cargos formulados por la actora, en calidad de apelante única, contra la
sentencia del tribunal que declaró su nulidad parcial, sin condenar en costas. Por tanto,
corresponde establecer si era improcedente el rechazo de los costos declarados. Si fuera
el caso, deberá decidirse sobre la juridicidad de la sanción por inexactitud impuesta.

2- En el sub examine, el tribunal admitió como costo de ventas el originado en el servicio
de telefonía móvil contratado por la demandante, al constatar que guardaba relación de
causalidad con su actividad económica, consistente en la exportación a Venezuela de
cajas de cartón corrugado, bolsas plásticas y ligas de caucho. En contraste, consideró
que ese requisito no se encontraba acreditado respecto de los costos originados en las
compras a una floristería, en los servicios de diseño de arte y en los prestados por dos
sociedades y dos personas naturales. Asimismo, estimó procedente el rechazo de los
costos por los servicios profesionales prestados por otras dos personas naturales, por
cuanto se incumplió la exigencia según la cual la procedencia fiscal de los costos y gastos
originados en operaciones con proveedores del régimen simplificado se supedita a la
verificación de su inscripción como tales en el RUT.

Para oponerse a dicha decisión, la apelante única sostiene que, en su calidad de
sociedad de comercialización internacional, tiene derecho a disminuir la base gravable
del impuesto sobre la renta con las compras de bienes y servicios incorporados como
parte del costo de la mercancía exportada durante el respectivo periodo gravable. En
forma general, afirma que los costos rechazados se originaron en la contratación del
personal encargado del seguimiento de la mercancía y de asesorías relacionadas con los
trámites de exportación, así como en la adquisición de materia prima destinada a la
producción de los bienes exportados, de elementos de papelería y de servicios de
telefonía móvil, todos para el desarrollo de su actividad productora de renta y
debidamente acreditados en el plenario.

En esos términos, se precisa que no hay lugar a pronunciarse sobre el costo originado
en la adquisición de materia prima destinada a la producción de los bienes exportados,
como quiera que su discusión quedó superada en el procedimiento de revisión, con su

2
habiéndose desintegrado el quorum decisorio en relación con el proyecto inicialmente presentado por la consejera Myriam Stella
Gutiérrez Argüello, por acta del 26 de junio de 2025 (índice 16), fueron designados como conjueces Eleonora Lozano Rodríguez y
Julio Roberto Piza Rodríguez, tras lo cual, el proyecto inicial fue negado, debiendo pasar al despacho de la posición mayoritaria que
seguía en turno, cuya ponencia se concreta en la presente decisión (índice 17). Posteriormente, se posesionó como consejera de
Estado de la Sección Cuarta Claudia Rodríguez Velásquez, integrando el cuórum decisorio y, por consiguiente, desplaza a los
conjueces designados, conforme lo dispone el inciso 3.º del artículo 116 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 76001-23-33-001-2014-01019-01 (28662)
Demandante: Cimi S.A. En Liquidación

aceptación por parte de la Administración al resolver el recurso de reconsideración
interpuesto contra la liquidación oficial de revisión (f. 450 caa). Tampoco le corresponde
a la Sala pronunciarse sobre la procedencia fiscal del costo correspondiente al servicio
de telefonía móvil, por cuanto este fue admitido por el a quo, de modo que a la
demandante no le asistiría interés para apelarlo3. Asimismo, se advierte que la apelación
de la actora omitió controvertir el análisis efectuado por el a quo en la sentencia recurrida
en relación con la improcedencia del costo de los servicios prestados por dos personas
naturales pertenecientes al régimen simplificado del IVA. A ello se añade que, tratándose
de operaciones gravadas con dicho impuesto –como ocurre con la prestación de servicios
profesionales–, no resultan procedentes los costos incurridos con responsables del
régimen simplificado del IVA (vigente para la época de los hechos), cuando el contratante
no conserva copia del documento en el que conste la inscripción del prestador de
servicios en dicho régimen, conforme a lo previsto en la letra c) del artículo 177-2 del ET.

En consecuencia, el análisis en esta instancia se limitará a establecer si la actora acreditó
la relación de los demás costos rechazados con la actividad económica desarrollada en
el año gravable objeto de revisión y si dichas expensas se encontraban acreditadas.

2.1- El artículo 26 del ET prescribe las operaciones a adelantar para depurar la base
gravable del impuesto sobre la renta y, en cuanto al tratamiento fiscal dado al concepto
económico–contable de los «costos», precisa que, cuando la obtención de ingresos netos
en el periodo «implique la existencia de costos» se les restarán, «con lo cual se obtiene
la renta bruta». De ahí que, junto con el monto de los ingresos netos percibidos, se
requiera establecer los costos que los afectan (artículo 89 ibidem), conforme a las normas
específicas que regulan su reconocimiento fiscal en el capítulo II del libro I del ET. En
particular, el artículo 77 ibidem prevé que los costos originados en pagos o abonos en
cuenta respecto de los cuales se exige el cumplimiento de determinados requisitos para
su deducción deben satisfacer, en relación con tales pagos o abonos, las mismas
exigencias previstas para las deducciones.

Con fundamento en esa disposición, en el sub examine, la demandada consideró que la
actora debía comprobar la relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad entre las
expensas rechazadas y su actividad económica. Al respecto, la demandante, quien es la
apelante única, no controvierte la aplicación del artículo 107 del ET al caso concreto, sino
que se limita a afirmar que demostró que las erogaciones cuestionadas cumplían los
requisitos previstos en dicha norma.

Sobre este particular, en la sentencia de unificación 2020CE-SUJ-4-005, del 26 de
noviembre de 2020 (exp. 21329, CP: Julio Roberto Piza), la Sala estableció que «los
contribuyentes tienen la carga de poner en conocimiento de las autoridades
administrativas y judiciales las circunstancias fácticas y de mercado, demostraciones y
carga argumentativa, conforme a las cuales una determinada expensa guarda relación
causal con su actividad productora de renta, es necesaria y proporcional».

2.2- Asimismo, debe advertirse que el reconocimiento fiscal de las erogaciones pende de
su adecuada demostración por parte del obligado tributario, que es el interesado en que
eso suceda. De suerte que solo serían admisibles los costos mencionados por la apelante
única si los medios de prueba allegados llevan al fidedigno convencimiento de su
existencia y condiciones; todo en desarrollo del principio de responsabilidad probatoria
consagrado en el artículo 167 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012),
según el cual le corresponde a cada parte probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que persiguen.

3
Sentencia del 12 de diciembre de 2014, exp. 19121, CP: Jorge Octavio Ramírez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 76001-23-33-001-2014-01019-01 (28662)
Demandante: Cimi S.A. En Liquidación

Concretamente, en lo que respecta a las expensas que tienen la virtualidad de aminorar
la base gravable del impuesto sobre la renta, la Sección ha fijado un criterio de decisión
según el cual la factura o el documento equivalente, según el caso, es el medio
imprescindible para acreditar los costos y deducciones, ya que el artículo 771-2 del ET,
condicionó la procedencia de las erogaciones a que estén respaldadas en una factura
expedida «con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e),
f) y g) del artículo 617 y 618 del ET»; siempre que no se desvirtúe su realidad4.

2.3- En el caso analizado, la demandante registró en la declaración del impuesto sobre
la renta objeto de revisión un costo de ventas por valor de $4.024.149.000 (f. 28 caa). Al
respecto, mediante requerimiento especial (ff. 261 a 287 caa), la demandada propuso
rechazar la suma de $777.455.000, al considerar que dichos costos incumplían los
requisitos para su procedencia fiscal como factores de aminoración de la base gravable
del impuesto sobre la renta. En concreto, señaló que la compra de materia prima a una
sociedad no guardaba relación con la actividad económica de la actora, consistente en la
exportación –mas no en la producción– de cajas de cartón corrugado, bolsas plásticas y
ligas de caucho; que, respecto de dos personas naturales que prestaron servicios
profesionales gravados con el IVA, la demandante omitió verificar su inscripción en el
RUT como pertenecientes al régimen simplificado de dicho impuesto; que el documento
soporte del pago por servicios de telefonía móvil figuraba a nombre de un tercero; y que,
en relación con los pagos efectuados a una floristería, a dos sociedades, a una persona
natural por concepto de diseño de arte y a otras dos personas naturales, no se acreditó
su relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad económica
desarrollada. Adicionalmente, precisó que, respecto de los pagos a la floristería y a las
dos sociedades, no se aportaron los documentos soporte correspondientes. Por las
mismas razones, modificó la autoliquidación del impuesto mediante la liquidación oficial
de revisión demandada (ff. 342 a 379 caa).

Posteriormente, al decidir el recurso de reconsideración (ff. 438 a 455 vto.), la demandada
modificó la liquidación oficial de revisión para aceptar el costo originado en la compra de
materia prima destinada a la fabricación de cajas de cartón, al considerar demostrado
que se trataba de una erogación imputable a los ingresos percibidos por la actora con
ocasión de la exportación de dicho producto. En cambio, mantuvo el rechazo de costos
por $175.665.000, por las expensas derivadas de los servicios profesionales prestados
por dos personas naturales, porque no se verificó su inscripción en el RUT; de los
servicios de telefonía móvil facturados a un tercero, y de las compras efectuadas a una
floristería, del servicio de diseño de arte prestado por una persona natural y de los
servicios prestados por dos sociedades y dos personas naturales, al considerar que no
se encontraban acreditados los requisitos previstos en el artículo 107 del ET. E insistió
en que las compras hechas a la floristería y los servicios prestados por las dos sociedades
no estaban soportados en facturas de venta.

2.4- Como se indicó, en esta instancia no se encuentra en discusión el costo originado
en el servicio de telefonía móvil, por cuanto fue admitido por el tribunal. Tampoco hace
parte de la litis el rechazo de los costos correspondientes a los servicios prestados por
proveedores pertenecientes al régimen simplificado del IVA, porque la actora no formuló
reparos concretos contra la decisión del a quo, que lo avaló ante la falta de verificación
de su inscripción en el RUT ordenada en la la letra c) del artículo 177-2 del ET.

En cambio, mediante el recurso de apelación, la demandante controvirtió el rechazo de
las demás expensas, al sostener que, en su condición de sociedad de comercialización
internacional, tenía derecho a disminuir la base gravable del impuesto sobre la renta con

4
Sentencias del 28 de febrero de 2019, exp. 20844, CP: Milton Chaves García y del 19 de febrero de 2020, exp. 23296, CP: Julio
Roberto Piza.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 76001-23-33-001-2014-01019-01 (28662)
Demandante: Cimi S.A. En Liquidación

tales erogaciones y que se encontraba acreditada su relación de causalidad con la
actividad productora de renta, por haberse originado en la contratación de personal para
el seguimiento de la mercancía, en asesorías relacionadas con los trámites de
exportación y en la adquisición de elementos de papelería. Sin embargo, no aportó
pruebas que respaldaran tales afirmaciones, ni cumplió con la carga argumentativa
exigida para comprobar la relación causal entre dichas erogaciones con su actividad
productora de renta, así como que estas eran necesarias y proporcionales. Tampoco
allegó, ni en sede administrativa ni en el proceso judicial, los documentos soporte de las
operaciones realizadas con una floristería y con dos sociedades.

En esa medida, tal como lo consideró el tribunal, la actora no desvirtuó el sustento fáctico
ni jurídico expuesto por la Administración para el rechazo de las expensas controvertidas,
pues la sola afirmación sobre su calidad de sociedad de comercialización internacional
era insuficiente para el efecto. Esta conclusión es consistente con lo resuelto por la Sala
al examinar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la demandada
modificó las declaraciones del IVA presentadas por la contribuyente correspondientes a
los bimestres 4.° a 6.° de 2009, en las sentencias del 19 de febrero de 2020 (exps. 24146
y 22104, CP: Milton Chávez García) y del 24 de junio de 2021 (exp. 22385, CP: Julio
Roberto Piza), en las que se negó el descuento del IVA pagado en algunas de esas
operaciones, al no estar probada su procedencia fiscal como costo en el impuesto sobre
la renta ni estar debidamente soportadas. Por ende, no prospera el cargo de apelación.

3- Resta decidir sobre la sanción por inexactitud impuesta a la demandante, quien
sostiene que no incurrió en la conducta sancionable, en tanto esta, a su juicio, se
configura solo cuando se declaran costos inexistentes y no por el eventual incumplimiento
de requisitos formales. Por ello, alega que, al encontrarse demostrada en el sub examine
la realidad de los costos declarados, resulta improcedente la imposición de la sanción.

Al respecto, precisa la Sala que el artículo 647 del ET tipifica como conducta sancionable
la inclusión de costos inexistentes o inexactos en la autoliquidación de los impuestos,
cuando de ello se derive un menor impuesto o saldo a pagar, o un mayor saldo a favor
para el contribuyente. En ese orden, no le asiste razón a la demandante al sostener que
la única conducta sancionable por inexactitud consiste en declarar costos inexistentes,
pues también integra el tipo infractor la inclusión de costos que no cumplen las exigencias
legales para su procedencia fiscal.

Así ocurre con lo previsto en el artículo 107 del ET, que exige que las erogaciones
guarden relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad productora
de renta, cuya demostración corresponde al contribuyente; con lo dispuesto en la letra c)
del artículo 177-2 ibidem, conforme al cual no pueden aceptarse como costo en el
impuesto sobre la renta las operaciones gravadas con el IVA realizadas por responsables
no inscritos en el régimen común, cuando el contratante no conserva copia del RUT en
el que conste la inscripción del vendedor o prestador de servicios en el régimen
simplificado; y con lo establecido en el artículo 771-2 del mismo estatuto, que condiciona
la procedencia de los costos a su respaldo en factura o documento equivalente. En el
presente caso, se acreditó que varias de las expensas declaradas como costo no
cumplían tales exigencias por no acreditarse su relación con la actividad económica
desarrollada, por omitirse la verificación del RUT del proveedor o por carecer de soporte.

En consecuencia, se encuentra demostrado que la demandante incurrió en la conducta
tipificada como inexactitud con la inclusión de costos improcedentes que conllevaron un
menor impuesto a su cargo. Además, en esta instancia no alegó ni acreditó alguna causal
de exoneración de responsabilidad, por lo cual la Sala avalará la imposición de la sanción,
para cuya tasación el tribunal reconoció la aplicación del principio de favorabilidad. No

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 76001-23-33-001-2014-01019-01 (28662)
Demandante: Cimi S.A. En Liquidación

prospera el cargo de apelación.

4- A partir de lo expuesto, sería del caso confirmar la sentencia apelada, en tanto no
prosperaron los cargos de apelación. Pero, se advierte que, como restablecimiento del
derecho, en el ordinal segundo de la parte resolutiva de dicho fallo, el a quo ordenó a la
demandada practicar una nueva liquidación del tributo conforme a lo decidido, siendo que
resulta procedente que sea la propia jurisdicción de lo contencioso-administrativo la que
efectúe dicha liquidación. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 187 del CPACA, la Sala ajustará el restablecimiento del derecho, para fijar
directamente la liquidación de la cuota tributaria a cargo de la actora correspondiente al
impuesto sobre la renta del año gravable 2009, así:

Concepto Demandante Demandada Sentencia
Total ingresos netos $ 6.876.450.000 $ 6.876.450.000 $ 6.876.450.000
Costo de ventas $ 4.024.149.000 $ 3.848.484.000 $ 3.848.809.000
Otros costos $0 $0 $0
Total costos $ 4.024.149.000 $ 3.848.484.000 $ 3.848.809.000
Total deducciones $ 2.591.435.000 $ 2.591.435.000 $ 2.591.435.000
Renta líquida ordinaria del ejercicio $ 260.866.000 $ 436.531.000 $ 436.206.000
O pérdida líquida del ejercicio $0 $0 $0
Compensaciones $0 $0 $0
Renta líquida $ 260.866.000 $ 436.531.000 $ 436.206.000
Renta presuntiva $ 29.403.000 $ 29.403.000 $ 29.403.000
Rentas exentas $0 $0 $0
Rentas gravables $0 $0 $0
Renta líquida gravable $ 260.866.000 $ 436.531.000 $ 436.206.000
Ganancias ocasionales gravables $0 $0 $0
Impuesto sobre la renta gravable $ 86.086.000 $ 144.055.000 $ 143.948.000
Descuentos tributarios $0 $0 $0
Impuesto neto de renta $ 86.086.000 $ 144.055.000 $ 143.948.000
Impuesto de ganancias ocasionales $0 $0 $0
Impuesto de remesas $0 $0 $0
Total impuesto a cargo $ 86.086.000 $ 144.055.000 $ 143.948.000
Anticipo año gravable 2009 $ 149.800.000 $ 149.800.000 $ 149.800.000
Saldo a favor año 2008 $0 $0 $0
Total retenciones año gravable 2009 $0 $0 $0
Anticipo año gravable 2010 $ 64.565.000 $ 64.565.000 $ 64.565.000
Saldo a pagar por impuesto $ 851.000 $ 58.820.000 $ 58.713.000
Sanciones $0 $ 92.750.000 $ 57.862.000
Total saldo a pagar $ 851.000 $ 151.570.000 $ 116.575.000

5- A su vez, la sanción por inexactitud se calcula así:

Factor Valor
Saldo a pagar autoliquidado antes de sanciones $ 851.000
Saldo a pagar determinado antes de sanciones $ 58.713.000
Base de la sanción por inexactitud $ 57.862.000
Porcentaje 100%
Sanción por inexactitud $ 57.862.000

Conclusión

6- Como contenido interpretativo de esta sentencia, la Sala reitera los contribuyentes
tienen la carga de poner en conocimiento de las autoridades administrativas y judiciales
las circunstancias fácticas y de mercado, así como las demostraciones y argumentos,
conforme a los cuales una determinada expensa guarda relación causal con su actividad
productora de renta, resulta necesaria y proporcional, atendiendo a criterios comerciales
y a las prácticas habituales en la respectiva actividad económica. Asimismo, precisa que
el reconocimiento fiscal de los costos está supeditado a su adecuada demostración
mediante facturas o documentos equivalentes, según el caso, que cumplan los requisitos
previstos en los artículos 617, 618 y 771-2 del ET. Finalmente, se reitera que constituye
conducta sancionable por inexactitud no solo la declaración de costos inexistentes, sino

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 76001-23-33-001-2014-01019-01 (28662)
Demandante: Cimi S.A. En Liquidación

también la inclusión de costos que no cumplen las exigencias legales para su procedencia
fiscal, cuando de ello se derive la determinación de un menor impuesto a cargo del sujeto
infractor.

Con arreglo a dichas pautas, procedería confirmar la sentencia del tribunal. No obstante,
corresponde modificar el ordinal segundo de esa decisión para, a título de
restablecimiento del derecho, establecer como liquidación del impuesto sobre la renta
correspondiente al año gravable 2009 a cargo de la demandante la determinada en la
parte motiva de esta providencia, así como fijar la sanción por inexactitud en la suma de
$57.862.000.

Costas

7- Como se confirmará la decisión de declarar la nulidad parcial de los actos acusados,
se constata que no hubo una parte vencida en el proceso, razón por la cual no se
impondrá condena en costas, de acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP
y con los criterios de decisión definidos por la Sala (sentencia del 23 de septiembre de
2025, exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar el ordinal segundo de la sentencia apelada. En su lugar:

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, establecer como liquidación del impuesto sobre
la renta y complementarios del año gravable 2009 a cargo la demandante, la contenida en la parte
motiva de la sentencia de segunda instancia y fijar la sanción por inexactitud en la suma de
$57.862.000.

2. Sin condena en costas en esta instancia.

3. Reconocer personería a Diana Marcela Rojas Eraso, como abogada de la
demandada, conforme al poder conferido (índice 13).

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo voto parcial y
Aclaro voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.