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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-001-2015-00019-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-001-2015-00019-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR DE OFICIO la excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto de la demanda de reconvención promovida -en su momento- por el Hospital San Vicente de Paúl E.S.E. (liquidada), de conformidad con las razones desarrolladas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. En consecuencia, REVOCAR los ordinales primero, segundo, tercero y sexto, contenidos en la parte resolutiva de la sentencia del Treinta (30) de Agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de Decisión, por las razones expuestas en este proveído. TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia. QUINTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-001-2015-00019-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Siete (07) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 76001-23-33-001-2015-00019-01 (6850-2024)1
Demandante: Herman de Jesús Correa Roa y Miriam Ortega Samboní
(demandado en reconvención)
Demandado: Hospital San Vicente de Paul E.S.E. – Fiduprevisora S.A.
– Municipio de Palmira (demandantes en reconvención)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Situaciones administrativas (supresión del cargo)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Palmira, en
calidad de demandada (y sucesor procesal de la demandante en reconvención),
contra la sentencia del Treinta (30) de Agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024),
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de
Decisión, mediante la cual, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
de reconvención promovidas por el Hospital San Vicente de Paúl E.S.E. (quien tiene
como sucesor procesal al Municipio de Palmira) y, a su turno, denegó las
pretensiones incoadas por la parte demandante.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones2.

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

1
Expediente digitalizado del Tribunal de origen y, en esta instancia, se cuenta con expediente electrónico.
2
Índice 00046 del expediente del Tribunal de origen, Archivo 8, Certificado 45F55D89542C61F5 2A540B23911CBF91
07CC2102EFB4851B 153A1250B161F882.

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Número Interno: 6850-2024
Demandante: Herman de Jesús Correa Roa y otro
Demandada: Hospital San Vicente de Paul E.S.E. – Fiduprevisora S.A. – Municipio de
Palmira

derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad de los actos
administrativos contenidos en: (i) la Resolución Núm. 119 del Catorce (14) de Abril
de Dos Mil Catorce (2014), “por medio de la cual se establece y reconoce el monto de
liquidación de prestaciones sociales definitivas e indemnización de un servidor público de la ESE
Hospital San Vicente de Paúl en liquidación”; (ii) el acto ficto producto del silencio
administrativo negativo, derivado de la falta de respuesta frente al recurso de
reposición interpuesto contra la resolución anterior; (iii) y la Resolución Núm. 195
del Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil Catorce (2014), a través de la cual se
reajustó el monto de la liquidación de prestaciones sociales y de la indemnización,
en atención al incremento salarial de la vigencia correspondiente al 2014.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó se ordene a la entidad demandada: (i) a la reliquidación, reajuste
presupuestal y el pago de las prestaciones sociales definitivas e indemnización, con
ocasión de la supresión del cargo de carrera que ocupaba en el Hospital San
Vicente de Paúl E.S.E. -liquidado-; (ii) al pago de la indemnización prevista en el
artículo 44 de la Ley 909 de 2004, por la suma de $89.666.604, y de las prestaciones
sociales definitivas, por el valor de $40.649.250, teniendo en cuenta el salario
devengado durante el último año de servicios; (iii) al pago de doscientos (200)
salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de perjuicios morales, a
favor del demandante y su esposa, la señora Miriam Ortega Samboní; y (iv) al pago
de las costas y agencias en derecho en cabeza de la entidad demandada, y al
cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 y 195 del CPACA.

1.2. Los hechos.

3. En el escrito de la demanda inicial3, se explicó que, el señor Herman de Jesús
Correa Roa fue nombrado en el cargo de “estadístico” del Hospital San Vicente de
Paúl E.S.E., mediante la Resolución Núm. GP-247 del Primero (1º) de Octubre de
Mil Novecientos Noventa (1990), con un asignación básica de $70.000.

4. A través de la comunicación del Cinco (5) de Octubre de Mil Novecientos Noventa
y Dos (1992), el director del Hospital le informó que el cargo ocupado sería asimilado

3
Índice 00046 del expediente del Tribunal de origen, Archivo 8, págs. 19 y ss. Certificado 45F55D89542C61F5
2A540B23911CBF91 07CC2102EFB4851B 153A1250B161F882.

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Demandante: Herman de Jesús Correa Roa y otro
Demandada: Hospital San Vicente de Paul E.S.E. – Fiduprevisora S.A. – Municipio de
Palmira

al de “supervisor auxiliar”, sin ningún impacto en la remuneración percibida. Luego, en
virtud de la Resolución Núm. GP-469 del Primero (1º) de Agosto de Mil Novecientos
Noventa y Cinco (1995), fue nombrado como “supervisor auxiliar”, código 5115, con
una asignación básica mensual de $249.760, cargo del cual tomó posesión en
propiedad el Primero (1º) de Noviembre de la referida anualidad.

5. Por medio del Acuerdo Núm. 043 del Diecisiete (17) de Febrero del Dos Mil
(2000), se suprimió el cargo de “supervisor auxiliar”. En consecuencia, a través de la
Resolución Núm. SRHG-001 del Veintidós (22) de Mayo del Dos Mil (2000), fue
incorporado a la nueva planta de personal del Hospital, en el cargo de “ auxiliar de
administración”, con una asignación de $701.474, equivalente al del cargo de carrera

administrativa que venía ocupando como “supervisor auxiliar”.

6. Desde el Dos (2) de Mayo del Dos Mil Uno (2001), y hasta el Doce (12) de
Diciembre del Dos Mil Diez (2010), tomó posesión del cargo de “técnico, código 550”,
en encargo, con una asignación mensual de $757.597, correspondiente al del cargo
de “auxiliar de administración”, pero considerando el incremento para el año 2000.

7. Con ocasión de la Resolución Núm. SRH-357 del Trece (13) de Diciembre del
Dos Mil Diez (2010), el señor Correa Roa fue encargado por el término de tres (3)
años, en el cargo de “profesional universitario”. Posteriormente, mediante la Resolución
Núm. SGH-0195 del Veintiocho (28) de Febrero del Dos Mil Trece (2013), le fueron
asignadas funciones de “jefe de sección de recursos humanos” (entre el 4 de marzo y el
22 de mayo de dicho año), encargo que fue reiterado a través de la Resolución Núm.
SGH-0242 del Diecinueve (19) de Abril de la misma anualidad, y que concluyó en
virtud de la Resolución Núm. L-037 del Veintinueve (29) de Noviembre.

8. A partir del Dieciséis (16) de Enero del Dos Mil Catorce (2014), la entidad
demandada le pagó la asignación asociada al cargo de “auxiliar de administración”, sin
tener en cuenta que, a su juicio, le correspondía la prevista para el cargo de
“supervisor auxiliar”, de conformidad con la reincorporación efectuada mediante la
Resolución Núm. SRHG-001 del Veintidós (22) de Mayo del Dos Mil (2000).

9. Manifestó que, a raíz del proceso de liquidación ordenado mediante el Decreto
218 del Treinta (30) de Octubre del Dos Mil Trece (2013), se expidió el Decreto 028

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Demandante: Herman de Jesús Correa Roa y otro
Demandada: Hospital San Vicente de Paul E.S.E. – Fiduprevisora S.A. – Municipio de
Palmira

del Veintiocho (28) de Enero del Dos Mil Catorce (2014), con arreglo al cual se
dispuso la modificación de la planta de personal del Hospital. Precisó que, en virtud
del referido Decreto, se suprimió el cargo de “auxiliar de administración, código 407”, con
lo cual se produjo su retiro de la planta de personal de la entidad.

10. Expuso que, mediante la Resolución Núm. 119 del Catorce (14) de Abril de Dos
Mil Catorce (2014), se le reconoció la suma de $75.334.182 por concepto de
liquidación de prestaciones sociales definitivas e indemnización. Además, adujo
que, contra el acto en cita, se interpuso el recurso de reposición, sin que, para la
fecha de presentación de la demanda, la citada impugnación se hubiera resuelto.

11. Por último, señaló que, con la expedición de la Resolución Núm. 195 del
Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil Catorce (2014), el extinto Hospital modificó el
acto primigenio, “en un monto inferior al inicialmente reconocido y con posterioridad a la
interposición del recurso, sin emitir pronunciamiento respecto del mismo .”

1.3. Concepto de la violación.

12. La demandante alegó que, los actos administrativos enjuiciados desconocen los
artículos 2º, 25, 29, 51, 53, 55, 125 y 129 de la Constitución Política de Colombia;
el artículo 44 de la Ley 909 de 2004; y el artículo 90 del Decreto 1227 de 2005.

13. Arguyó que, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 44
de la Ley 909 de 2004, y del artículo 90 del Decreto Reglamentario 1227 del 2005,
es posible concluir que, para la liquidación de la indemnización, debió aplicarse la
fórmula (sic) equivalente a diez (10) años o más servicios continuos; cuarenta y
cinco (45) días de salario por el primer año; y cuarenta (40) días por cada uno de
los años subsiguientes al primero, y en proporción a los meses cumplidos, sobre la
base del tiempo se servicios prestados por el actor (24 años, 2 meses y 4 días).

14. Asimismo, resaltó que, con sujeción al artículo 90 del Decreto Reglamentario
1227 del 2005, la liquidación debió efectuarse con base en el salario devengado en
el último año de servicios, incluyendo el universo de factores salariales percibidos,
mientras desempeñó el cargo de “profesional universitario” y “auxiliar administrativo”.

1.4. La contestación de la demanda.

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Número Interno: 6850-2024
Demandante: Herman de Jesús Correa Roa y otro
Demandada: Hospital San Vicente de Paul E.S.E. – Fiduprevisora S.A. – Municipio de
Palmira

1.4.1. Hospital San Vicente de Paúl E.S.E. (liquidada)4.

15. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas por el demandante.
Para el efecto, explicó que, el señor Correa Roa fue liquidado conforme a los
lineamientos legales, y de acuerdo con el cargo inscrito en la CNSC. Indicó que, a
través de los actos acusados, se le reconoció la suma a la que tenía derecho por
concepto de la liquidación de las prestaciones sociales definitivas e indemnización.

16. Llamó la atención en que, mediante la Resolución Núm. 195 de mayo del 2014,
se efectuó un reajuste en la liquidación, al aplicar el incremento salarial de esa
anualidad (reconociéndole $2.034.099 sobre el valor inicialmente determinado).
Además, pidió tener en cuenta que, el señor Correa Roa estaba inscrito en carrera
administrativa como “supervisor” y que, en virtud de la reestructuración llevada a cabo
en el año 2000, le fue suprimido el cargo, siendo incorporado como “ auxiliar de
administración”, cargo con el que fue retirado del servicio en febrero del 2014.

17. Asimismo, adujo que, la indemnización por supresión del cargo de carrera
administrativa se liquidó teniendo en cuenta la asignación básica establecida para
el cargo “auxiliar de administración” toda vez que, la Ley 909 de 2004 establece que,
para la respectiva indemnización, se tendrá en cuenta la asignación básica
establecida para el cargo de carrera en el cual se encuentre inscrito el funcionario.

18. Anotó que, el demandante fue encargado en dos ocasiones, y que dicho encargo
sólo operó frente a las funciones de “jefe de sección de recursos humanos” mientras se
agotó el período de vacaciones del titular, sin que le fuera modificada la asignación
salarial que percibía. En esa línea, resaltó que, al momento de elaborar la
liquidación definitiva, se le efectuaron los descuentos de cesantías parciales.

19. Sobre el particular, expuso que, el valor reconocido por concepto de
prestaciones sociales e indemnización por supresión del cargo ascendió a la suma
de $51.437.940, y que las cesantías causadas eran de $62.342.341. Sin embargo,
se le realizaron pagos por concepto de cesantías por el valor de $146.412.000,
excediendo en $84.069.659 el monto de las cesantías que le correspondía.

4
Índice 00046 del expediente del Tribunal de origen, Archivo 06, págs. 19 y ss. Certificado 1A776FFB4D632F19
ECA5AF15ECD1B422 94B8161E4A77CB36 9CB36EE04EC73735.

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Demandante: Herman de Jesús Correa Roa y otro
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20. Con base en lo anterior, aseveró que, en caso de realizarse un cruce de cuentas
entre el valor de la indemnización y las prestaciones sociales, con los anticipos de
las cesantías, el señor Correa Roa quedaría con una deuda frente a la entidad, por
el valor de $32.631.719, en atención a las sumas en exceso que aquél recibió.

21. Finalmente, propuso como excepciones las siguientes: (i) caducidad de la
acción; (ii) inexistencia de la relación de causa a efecto (sic); (iii) inexistencia de
responsabilidad conforme a la ley; (iv) falta de derecho para accionar; (v) cobro de
lo no debido; (vi) falta de legitimación en la causa por pasiva; y (vii) la innominada.

1.4.2. Fiduprevisora S.A5.

22. La sociedad fiduciaria, como liquidador del Hospital San Vicente de Paúl E.S.E.,
se opuso a las pretensiones de la demanda, al sostener que, las mismas carecen
de fundamentos de hecho y de derecho que motiven su prosperidad.

23. Al pronunciarse sobre los hechos alegados en la demanda principal, aseguró
que los mismos no le constan, habida cuenta que se trata de sucesos que ocurrieron
con anterioridad al inicio del proceso liquidatorio, y que se inscriben en la órbita de
la historia laboral del demandante con el Hospital San Vicente de Paúl E.S.E.

24. Explicó que, mediante el Decreto Núm. 218 del Treinta (30) de Octubre del Dos
Mil Trece (2013), el alcalde del Municipio de Palmira, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, ordenó la supresión y liquidación del hospital en cita. Así,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5º del Decreto de la referencia, la
Fiduprevisora S.A. asumió las funciones encomendadas, las cuales concluyeron
con la suscripción del Acta de Liquidación del Veintiocho (29) de Octubre del Dos
Mil Catorce (2014), en la que se hizo constar la terminación del proceso.

25. Por último, formuló las siguientes excepciones previas: (i) falta de integración
del litisconsorcio necesario; y (ii) la falta de legitimación en la causa por pasiva. A
su turno, propuso como excepciones de fondo, las de: (iii) inexistencia del
demandado; e (iv) inexistencia de la obligación reclamada.

5
Índice 00046 del expediente del Tribunal de origen, Archivo 06, págs. 78 y siguientes. Certificado 1A776FFB4D632F19
ECA5AF15ECD1B422 94B8161E4A77CB36 9CB36EE04EC73735.

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1.5. La demanda de reconvención6.

1.5.1. Pretensiones.

26. El Hospital San Vicente de Paúl E.S.E. (liquidado), a través de apoderado
judicial, presentó demanda de reconvención en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de solicitar que se declare “la responsabilidad de carácter económico del señor Herman de
Jesús Correa Roa por concepto de pagos anticipados de cesantías parciales”, así como la

nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) la Resolución Núm. 119 del
Catorce (14) de Abril de Dos Mil Catorce (2014), “por medio de la cual se establece y
reconoce el monto de liquidación de prestaciones sociales definitivas e indemnización de un servidor
público de la ESE Hospital San Vicente de Paúl en liquidación ”; (ii) y la Resolución Núm. 195

del Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil Catorce (2014), a través de la cual se
reajustó el monto de la liquidación de prestaciones sociales y de la indemnización.

27. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, pretende que se condene
al señor Herman de Jesús Correa Roa a: (i) pagar a favor del Hospital la suma de
$84.069.659; (ii) efectuar el cruce de los valores reconocidos por concepto de
prestaciones sociales definitivas e indemnización por supresión del cargo, es decir,
de $51.437.940, como abono a los pagos de cesantías realizados en exceso; (iii)
realizar el pago de $32.631.719, por concepto de excedente adeudado por pagos
en exceso de las cesantías; (iv) actualizar las sumas reclamadas; y (v) a la condena
en costas y agencias en derecho a cargo del demandado en reconvención.

1.5.2. Los hechos7.

28. Narró que, mediante el Decreto Núm. 218 del Treinta (30) de Octubre del Dos
Mil Trece (2013), se ordenó la liquidación de la entidad y, dentro del mismo proceso,
se expidió el Decreto Núm. 024 del Veintiocho (28) de Enero del Dos Mil Catorce
(2014), en virtud del cual, se modificó la planta de personal del Hospital,
disponiéndose la supresión del cargo de “auxiliar de administración, código 407”, el cual
ostentaba el demandado en reconvención, lo cual derivó en su retiro.

6
Índice 00046 del expediente del Tribunal de origen, Archivo 01, págs. 49 y siguientes.
7
Índice 00046 del expediente del Tribunal de origen, Archivo 01, págs. 49-51.

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29. Sostuvo que, a través de la Resolución Núm. 119 del Catorce (14) de Abril del
Dos Mil Catorce (2014), se reconoció el monto de liquidación de prestaciones
sociales definitivas y la indemnización a favor del señor Herman de Jesús Correa
Roa, en cuantía de $71.834.132. Con ocasión de la autorización de la junta asesora,
por medio de la Resolución Núm. 195 del Diecinueve (19) de Mayo de la misma
anualidad, se aplicó el incremento salarial del 2014, por lo que, el valor a pagar se
incrementó en $2.034.099, en relación con la suma inicialmente reconocida.

30. Destacó que, el señor Correa Roa pertenecía al “régimen de retroactividad en
cesantías”, y que durante un tiempo se le realizaron diversos pagos anticipados, en

atención a las solicitudes elevadas por aquél. Aseveró que, dicha información, “de
manera malintencionada, (se) ocultó a los funcionarios al momento de solicitar su indemnización ”.

31. Explicó que, al momento de elaborarse la liquidación definitiva por parte de la
unidad de gestión, se le efectuaron los descuentos de cesantías parciales, “ de los
cuales reposaba copia o constancia dentro del expediente constitutivo de la hoja de vida ”, pero

que, previo a la aprobación del Ministerio de Salud, se exigió como requisito “ la
certificación expedida por el fondo de cesantías al cual se encontraba afiliado el servidor que
pertenecía al régimen de retroactividad.” Empero, la información, a pesar de haber sido

solicitada al fondo de cesantías Porvenir, no fue suministrada de manera oportuna.

32. Aseguró que, cuando se procedió a conciliar la información remitida por
Porvenir, con los archivos de la entidad, advirtieron que: a) el valor reconocido al
demandado por concepto de prestaciones sociales y la indemnización derivada de
la supresión del cargo, fue de $51.437.940; b) las cesantías causadas -para la fecha
de la mentada supresión- era de $62.342.341; y c) se corroboró que se habían
efectuado pagos parciales de cesantías por el valor de $146.412.000, “ excediendo el
monto de las cesantías causadas por el servidor en la suma de $84.069.659 ”, por lo que resaltó

que, de acudirse a un cruce de cuentas, el señor Correa Roa quedaría con una
deuda de $32.631.719, pagadera a favor de la entidad demandante.

33. Informó que, ante esa “variable jurídica”, no ha sido posible pagar el monto
reconocido como prestaciones sociales definitivas e indemnización por supresión
del cargo de carrera administrativa, “puesto que presenta un valor en contra superior al
reconocido y tiene un pendiente con el descuento de su liquidación, queda con un valor en contra de

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más de 35 millones de pesos a favor de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl liquidado”.

1.6. Contestación de la demanda de reconvención8.

34. El señor Herman de Jesús Correa Roa se opuso a las pretensiones de la
demanda de reconvención, salvo la segunda y tercera, referidas a la nulidad de los
actos administrativos cuya nulidad también se depreca en la demanda principal.

35. Alegó que, el Hospital San Vicente de Paúl E.S.E. liquidó las prestaciones
sociales sin apego a las normas aplicables. Agregó que, aunque fuese procedente
el descuento de los retiros parciales de cesantías, tendría un saldo a favor de
$34.432.000 y, en gracia de discusión, señaló que la entidad no podría solicitar
devoluciones, comoquiera que, a su juicio, “(…) la solicitud la hizo mediante demanda de
reconvención el 16 de julio de 2015 y que para efectos laborales solo es exigible los últimos tres (3)
años, lo que implicaría un lapso de tiempo (sic) desde el 16 de julio de 2012 ”.

36. Anotó que, el hecho que la entidad “negligentemente no haya controlado el giro de los
retiros parciales de cesantías”, es atribuible a su propia culpa, en el entendido que el

empleado no tiene cómo conocer los montos, ni se le puede castigar con el no pago
de las sumas a las que tiene derecho por haberse extinguido su vínculo laboral.

37. Propuso como excepciones: (i) indebida reclamación de devolución de los pagos
en exceso; (ii) presunción de legalidad de los pagos parciales de cesantías con
base en actos administrativos; (iii) mala fe en la liquidación final del contrato laboral
para evadir responsabilidades de pago; (iv) prescripción; (v) la imposibilidad de
alegar en su favor la propia culpa; (vi) buena fe; y (vii) la innominada y genérica.

1.7. La sentencia de primera instancia.

38. En la sentencia del Treinta (30) de Agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024)9, el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de Decisión, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda de reconvención incoada por el
Municipio de Palmira y, a su vez, denegó las pretensiones incoadas por la parte
demandante, sin condena en costas. Al respecto, en la parte resolutiva dispuso:

8
Índice 00046 del expediente del Tribunal de origen, Archivo 01, págs. 140-162.
9
Índice 00048 del expediente del Tribunal de origen.

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Demandante: Herman de Jesús Correa Roa y otro
Demandada: Hospital San Vicente de Paul E.S.E. – Fiduprevisora S.A. – Municipio de
Palmira

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD parcial de las Resoluciones Nos. 119 del 14 de abril
de 2014 y 195 del 19 de mayo de 2014, que en cada caso determinaron y reajustaron el
monto de la liquidación de prestaciones sociales e indemnización del señor HERNÁN DE
JESÚS CORREA ROA, conforme las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, ORDENAR al MUNICIPIO DE PALMIRA como sucesor procesal de la E.S.E. SAN
VICENTE DE PAÚL, pagar únicamente las sumas finales reconocidas en la Resolución No.
195 del 19 de mayo de 2014 debidamente indexadas, a excepción del valor determinado por
concepto remanente de cesantías estimado en suma de $22.430.341,oo pesos M/Cte.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda en reconvención.

CUARTO: DECLARAR probada la excepción de “cobro de lo no debido” en favor del sucesor
procesal MUNICIPIO DE PALMIRA, y en consecuencia NEGAR las pretensiones de la
demanda presentada por el señor HERNÁN DE JESÚS CORREA ROA, conforme a lo
indicado en la parte motiva.

QUINTO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia, de conformidad con lo expuesto
en las consideraciones de la presente sentencia.

SEXTO: ORDENAR el cumplimiento del presente fallo, bajo los términos del artículo 192 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SÉPTIMO: En firme esta providencia, archívense las diligencias una vez hechas las
anotaciones en el software de gestión.

39. De acuerdo con las pruebas valoradas, el Tribunal empezó por referirse a los
pagos efectuados en exceso por concepto de “retiro de cesantías retroactivas”, aspecto
frente al cual sostuvo que, la entidad no demostró haber emitido cuestionamiento
alguno respecto a los actos que autorizaron los emolumentos indebidamente
pagados. Destacó que, en efecto, sí se realizó una liquidación y pago en exceso por
el referido concepto, a favor del señor Herman de Jesús Correa Roa, para los años
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, generándose así un mayor valor.

40. En ese sentido, adujo que, la entidad cometió un yerro al haber liquidado un
total de $147.412.000, de los cuales se reportó un valor en exceso por $75.521.541,
y que tal circunstancia, a pesar de conocerse con anterioridad, sólo fue cuestionada
al momento de contestarse la demanda. Añadió que, en el caso de autos, la entidad
optó por reconvenir en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho (lesividad), al tener como fundamento la expedición de unos actos
administrativos que estimó eran la fuente generadora del daño.

41. Indicó que, a través de la demanda de reconvención incoada, la entidad intentó
revivir términos “ya afectados por el fenómeno jurídico de la caducidad”, toda vez que, los
actos que habían otorgado el derecho, y que desencadenaron el desplazamiento
patrimonial cuyo resarcimiento se reclama, fueron los que autorizaron el retiro de

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las cesantías parciales para el período comprendido entre el 2007 y el 2013, y no
las liquidaciones finales de desvinculación que estaban sometidas al aval del
Ministerio de Salud y de la Protección Social.

42. Bajo ese contexto, hizo énfasis en que, la entidad pretendió demandar en
reconvención los mismos actos cuestionados por la actora, a efectos de “hacerse a lo
pagado en exceso en todas las calendas mencionadas, esto es, las Resoluciones Nos. 119 del 14
de abril de 2014 y 195 del 19 de mayo de 2014 de las cuales se tiene, nunca se desencadenó
traslado patrimonial alguno en favor del señor Hernán de Jesús Correa Roa, más allá de la simple
proyección definitiva por concepto remanente de cesantías retroactivas en cuantía de $22.430.341”.

43. Precisado lo anterior, el A-quo pasó a abordar la procedencia del desembolso
de los valores reconocidos y proyectados por concepto de remanente de cesantías
en las Resoluciones Núm. 119 del Catorce (14) de Abril de Dos Mil Catorce (2014),
y 195 del Diecinueve (19) de mayo la misma anualidad, estimadas en la suma de
$22.430.341. Así pues, anotó que, si se permitiera que en los casos de error, los
particulares pudieran quedarse con recursos del Estado, “se estaría sin justificación legal
alguna defraudando el erario”, por lo que, la entidad podía “desarraigar de la liquidación

definitiva” la suma que no se derivaba de una labor efectivamente realizada.

44. En esa línea, aseveró que, no era posible reconocer y pagar emolumentos y
prestaciones “sin fundamento legal o por servicios no prestados, pues ello implicaría un pago de
lo no debido y permitiría consolidar ahí sí un enriquecimiento sin justa causa en favor del servidor, lo
cual iría en detrimento del erario”. Por tal razón, estimó procedente la “abstención de pago”,

pero únicamente por el concepto de remanente de cesantías retroactivas,
proyectado en la liquidación definitiva por la suma de $22.430.341.

45. Consideró que, como el análisis de legalidad del acto no contempla la
consolidación de un pago efectivamente realizado que pudiera dar lugar al
enriquecimiento sin causa, no resultaba factible “analizar el elemento subjetivo y con ello
la posibilidad de recuperación de los emolumentos indebidamente consignados ”, máxime, si

sobre el particular, se impone acreditar el actuar temerario o la mala fe del actor.

46. En punto a la forma en que fueron liquidadas las prestaciones sociales y la
indemnización del demandante, anotó que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley 909 de 2004, y el Decreto 1227 de 2005, los únicos empleados

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que tienen derecho al reconocimiento y pago de una indemnización derivada de la
supresión del cargo, son aquellos de carrera administrativa, mientras que los de
libre nombramiento y remoción, y los que se encuentran en provisionalidad, tendrían
sólo el derecho a reconocérseles el pago de las prestaciones y salarios causados y
no pagados, como, según aseveró, ocurrió en el presente caso.

47. Explicó que, si bien el demandante adujo que, el agente liquidador no tuvo en
cuenta el verdadero promedio salarial para establecer el IBL con el que
correspondía efectuar la liquidación, lo cierto es que, con arreglo al artículo 90 del
Decreto 1227 de 2005, subrogado por el Decreto 1083 de 2015, para efectos de la
indemnización (prevista en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004), aquella debía ser
liquidada “teniendo en cuenta el salario promedio, pero con base en la asignación básica mensual
correspondiente al empleo de carrera del cual era titular el empleado a la fecha de su supresión,
motivo por el cual se tiene, la liquidación así efectuada por la entidad, se encontró acorde a derecho .”

48. Aunado a ello, expuso, que dicha regla sólo aplica para liquidar la
indemnización, “sin perjuicio de la operación que deba realizarse por concepto de prestaciones
sociales que claramente deben atender los mandatos del Decreto 1045 de 1978, en el cual se tiene
en cuenta la asignación básica mensual percibida por el funcionario al momento de su causación.”

49. Por último, el Tribunal puso de presente que, como los actos acusados, por
medio de los cuales se dispuso la liquidación y ajuste de las prestaciones sociales
definitivas y de la indemnización, infringieron las normas en las que debían
fundarse, se imponía acceder -parcialmente- a las pretensiones de la demanda de
reconvención. A su turno, negó las súplicas de la parte actora relacionadas con la
solicitud de reliquidación, “debiendo por lo tanto estarse a los nuevos valores que resulten del
ajuste que efectué (sic) la entidad territorial como sucesora procesal (…)”.

1.8. El recurso de apelación10.

50. Mediante memorial radicado el Primero (1º) de Octubre de Dos Mil Veinticuatro
(2024), el apoderado judicial del Municipio de Palmira 11 , en calidad de sucesor
procesal del Hospital San Vicente de Paúl E.S.E., solicitó que se accediera a la
totalidad de las pretensiones de la demanda de reconvención, en el sentido de hacer

10
Índice 00051 del expediente del Tribunal de origen.
11
Mediante el auto interlocutorio del 2 de octubre de 2017, el despacho ponente (del Tribunal de origen) admitió al Municipio
de Palmira como sucesor procesal del Hospital San Vicente de Paúl E.S.E. (liquidado).

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efectivo el cobro al señor Correa Roa por la suma de $32.631.719, valor
correspondiente a “compensaciones de saldos negativos de cesantías retroactivas sobre la
liquidación definitiva de las prestaciones sociales” que le fueron reconocidas por el Hospital

San Vicente de Paúl E.S.E. -en liquidación-, y el ente territorial como sucesor
procesal. Así las cosas, insistió en que, de acuerdo con la Resolución 662 del
Veintiocho (28) de Octubre de Dos Mil Catorce (2014), el señor Correa Roa recibió
una cantidad que no le correspondía, configurándose una obligación de reintegro.

51. Para sustentar el recurso, la entidad reprochó la “falta de congruencia” del fallo, al
no precisarse “cuáles son las partes nulas y cuáles son las válidas de las resoluciones
impugnadas”. Al respecto, indicó que la imprecisión en comento genera incertidumbre

jurídica e impide a las partes comprender adecuadamente el alcance de la decisión.

52. Reiteró que, en la Resolución Núm. 662 del Veintiocho (28) de Octubre de Dos
Mil Catorce (2014), se estableció con claridad meridiana que el Hospital San Vicente
de Paúl E.S.E. cumplió con el pago total de las obligaciones que le correspondían
al demandante, circunstancia de la cual se desprende la imposibilidad de acceder
al monto reclamado, por el valor de $146.412.000, máxime, si se trata de una suma
desproporcionada que excedió en $84.069.659 millones de pesos las cesantías
efectivamente causadas. En tal virtud, señaló que, se configuraron las excepciones
de cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación frente a la entidad
demandada, insistiendo en que el demandante no sólo recibió una suma que no le
correspondía, sino que, “al hacerlo ha provocado un perjuicio directo al erario público” (sic).

53. Por otro lado, hizo énfasis en que, al demandante se le reconoció un pago en
exceso que representó un enriquecimiento injustificado, sin que existiera una
justificación legal para dicho desplazamiento patrimonial. Recordó que, aunque el
hospital ya fue liquidado y cumplió con sus obligaciones, cualquier otro pago
reconocido al demandante al margen de los ya realizados al momento de la
liquidación, “no tiene fundamento jurídico y se traduce en un detrimento público.”

54. Por último, en el acápite denominado “sobre la reapertura de los términos judiciales en
las resoluciones”, explicó que, los actos acusados, expedidos el Catorce (14) de Abril

y el Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil Catorce (2014), fueron debidamente
notificados al interesado, y que “el proceso se cerró el 28 de octubre de 2014”, por lo que,

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“cualquier intento de cuestionar dichas resoluciones se encuentra irremediablemente sujeto a la
caducidad”. Arguyó que, de revivir los términos de las Resoluciones Núm. 119 y 195,

se desconocería el fenómeno jurídico-procesal de la caducidad y, de suyo, se
promovería la incertidumbre -jurídica- y se afectaría el orden público.

1.9. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.

55. Mediante el auto del Veintiuno (21) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)12,
el despacho sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
admitió el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Palmita contra el
fallo de primera instancia y, al no haber pruebas por practicar, el proceso ingresó al
despacho para fallo, con pronunciamiento del Ministerio Público13.

1.9.1. Concepto del Ministerio Público14.

56. La Procuraduría Delegada de Intervención 8 Tercera ante el Consejo de Estado
solicitó confirmar la sentencia apelada, habida cuenta que, en su criterio, no se
configuraron los elementos necesarios para la existencia del enriquecimiento sin
casusa, por lo que, resulta improcedente la solicitud de devolución de dineros que
pretende el recurrente, Municipio de Palmira, como sucesor procesal del Hospital
San Vicente de Paúl E.S.E. (liquidado). Sobre el particular, sostuvo que, la ausencia
de mala fe, y la legitimidad del título, desvirtúan la devolución reclamada.

56.1. Con respecto a los reparos expuestos por la apelante, señaló, en punto a la
alegada falta de congruencia, que el fallo recurrido fue claro en precisar que la
nulidad de los actos administrativos recae exclusivamente sobre el desembolso de
las cesantías parciales (estimado en $22.430.341), pues, en lo demás, la entidad
pretendió revivir términos afectados por el fenómeno de la caducidad.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

57. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de

12
Índice 00004 del expediente que reposa en el Samai.
13
Índice 00010 del expediente que reposa en el Samai.
14
Índice 00010 del expediente que reposa en el Samai.

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este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437
de 2011. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP) 15 , el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico.

58. En el asunto sub-examine, le corresponde a la Sala resolver los siguientes:

(i) ¿De acuerdo con los elementos identificados, es procedente declarar, de
oficio, la caducidad de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho incoadas por la entidad en la demanda de reconvención?

(ii) En caso contrario, y atendiendo a los reparos esgrimidos en el recurso de
apelación, deberá establecerse si: (a) ¿es procedente acceder a la
pretensión de la demandante en reconvención, encaminada a hacer
efectivo el cobro al señor Correa Roa por la suma de $32.631.719?; y (b)
¿el fallo apelado adolece de congruencia, al no precisarse las partes de
los actos administrativos acusados que fueron objeto de nulidad?

2.3. Análisis sobre el fenómeno de la caducidad.

59. La Sala no desconoce que, la competencia del juez de segunda instancia se
define por los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación, los cuales, en este
caso, no incluyen la discusión sobre el ejercicio oportuno del medio de control
intentado por la demandante en reconvención, como sí lo hizo la entidad apelante
frente a la demanda intentada por el señor Herman de Jesús Correa Roa. Sin
perjuicio de lo anterior, el inciso primero del artículo 328 del Código General del
Proceso16 dejó abierta la posibilidad para que se adopten, de oficio, las decisiones

15
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”
16
ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.

16

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que en derecho correspondan17.

60. Sumado a lo antes indicado, el inciso segundo del artículo 187 del CPACA
dispone que, en la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre
cualquiera otra que el fallador encuentre probada, y que el silencio del inferior no
impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no. Igualmente, es dable anotar que hace parte del objeto de esta
jurisdicción la preservación del orden jurídico, razones por las cuales, se pasará a
revisar oficiosamente si operó el fenómeno jurídico-procesal de la caducidad de las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas, en su
momento, por el Hospital San Vicente de Paúl E.S.E. (hoy liquidado).

61. Dicho lo anterior, debe precisarse que, de acuerdo con esta Corporación, la
caducidad ha sido concebida como un instituto procesal que encuentra su
fundamento en el artículo 228 de la Constitución Política, y con el cual se busca la
protección material de los derechos y la resolución definitiva de los conflictos que
surgen a diario en el complejo tejido social, garantizando el derecho de acceso a la
justicia dentro de los límites de su ejercicio razonable y proporcional18.

62. En ese sentido, corresponde a una figura de estricto orden público, de obligatorio
cumplimiento, innegociable e irrenunciable, en tanto y en cuanto, implica el
reconocimiento normativo de un término habilitador para el ejercicio de ciertas
acciones judiciales -o medios de control, para el caso-19. Así las cosas, la caducidad
se institucionaliza como un concepto temporal, perentorio y preclusivo, encaminado
a generar certidumbre y seguridad jurídica entre los asociados y la administración.

63. En línea con lo expuesto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-832 del
Ocho (8) de Agosto de Dos Mil Uno (2001) 20, explicó que la caducidad es una
“institución jurídico procesal a través del cual el legislador, en uso de su potestad de configuración
normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el
fin de obtener pronta y cumplida justicia.” Además, anotó que, “su fundamento se halla en la
necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 23 de octubre
de 2025, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad. 05001-23-33-000-2017-02911-01 (1915-2025).
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, Auto de 5 de septiembre de
2016, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. No. 05001-23-33-000-2016-00587-01 (57625).
19
Ibíd., pág. 4, párr. 2.2.
20
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

17

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del tráfico jurídico.”

64. En esta medida, la Corte puntualizó que, la caducidad no concede derechos
subjetivos, sino que, por el contrario, apunta a la protección de un interés general.
En la misma providencia, reafirmó que, el fenómeno jurídico-procesal de la
caducidad: “(…) es una figura de orden público, lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia .”21

65. En la sentencia C-115 de 1998, el Alto Tribunal Constitucional ya había hecho
énfasis en que, el fenómeno jurídico de la caducidad “es la consecuencia de la expiración
del término perentorio fijado en la ley para el ejercicio de ciertas acciones, cuando por un acto, hecho,
omisión u operación administrativa por parte de una autoridad pública, se lesiona un derecho
particular.”22 En el citado pronunciamiento, la Corte sostuvo lo siguiente:

“(…) Siempre se ha expresado que la caducidad es la extinción del derecho a la acción por
cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir
los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado
derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. De
esta manera, no sería dable alegar la carencia de medios de defensa en relación con el
acceso a la administración de justicia si el interesado tuvo la oportunidad de iniciar un
proceso dentro de los plazos preestablecidos, de los cuales por su propia incuria no hizo uso
para el efecto de ejercer la acción correspondiente y en consecuencia obtener la reparación
directa, frente a la responsabilidad patrimonial y como consecuencia de una conducta dolosa
o gravemente culposa de un agente del Estado.

La ley establece un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas
(artículo 136 del CCA), de manera que al no promoverse la acción dentro del mismo, se
produce la caducidad. Ello surge a causa de la inactividad de los interesados para obtener
por los medios judiciales requeridos la defensa y el reconocimiento de los daños antijurídicos
imputables al Estado. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad
jurídica y el interés general.”

66. Esta Sala de Subsección, en reciente sentencia del Veintitrés (23) de Octubre
de Dos Mil Veinticinco (2025), recordó que, el fenómeno de la caducidad, no sólo
es un medio para garantizar la seguridad jurídica, el respeto por las situaciones
consolidadas y la paz social, sino que, además, se erige como una institución de
orden público, debido a su origen procesal y opera de pleno derecho, lo que impone
al operador jurídico el deber de declararla una vez se compruebe su ocurrencia.23

67. Ahora bien, por regla general, el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA, está sujeto al término de

21
Ibidem.
22
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-115 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 23 de octubre
de 2025, M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad. 05001-23-33-000-2017-02911-01 (1915-2025).

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caducidad de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente a la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el
caso, con sujeción a lo dispuesto en el numeral 2º, literal d), del artículo 164 ibidem.
Empero, el numeral 1º, literal c), del referido artículo, exceptúa la aplicación de la
caducidad cuando la demanda se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total
o parcialmente prestaciones periódicas, o, de acuerdo con el literal d) ejusdem,
cuando la demanda se dirija contra actos producto del silencio administrativo.

68. En punto al término de caducidad que regula las pretensiones contempladas en
las demandas de reconvención, debe decirse que, por tratarse de una demanda
autónoma, para su presentación se deben observar, además de los requisitos
señalados en el artículo 177 del CPACA, los presupuestos y formalidades generales
previstas en los artículos 162 y siguientes del referido estatuto procesal.

69. Esta Sala de Decisión, en auto del Tres (3) de Abril de Dos Mil Veinticinco
(2025)24, señaló que, al tratarse de una demanda autónoma, la reconvención debe
reunir todos los requisitos de fondo y forma, y no solamente los dispuestos en el
artículo 177 del CPACA. Así las cosas, puntualizó que, debe cumplir con “las
disposiciones del artículo 161 ibidem y siguientes”, incluyendo las relativas a la oportunidad

para presentar la demanda, desarrolladas en el artículo 164 de la norma en cita.

70. En la misma línea, esta Sala, en la providencia del Veintiocho (28) de Octubre
de Dos Mil Diecinueve (2019)25, precisó -en lo que toca a la caducidad- lo siguiente:

“Por consiguiente, para la admisión de la demanda de reconvención será preciso verificar
los siguientes requisitos formales: (i) que haya sido propuesta dentro del término de traslado
de la demanda o de su reforma, (ii) que el juez sea competente para tramitar la demanda
principal y la reconvención, (iii) que el procedimiento sea idéntico, es decir, que la
reconvención no se tenga que surtir mediante un procedimiento especial o diferente al
proceso primigenio, y (iv) que se haya interpuesto dentro del término de caducidad (…)”

71. En el sub judice, tanto el demandante principal, como la entidad que demanda
en reconvención, pretenden la nulidad de (i) la Resolución Núm. 119 del Catorce
(14) de Abril de Dos Mil Catorce (2014), “por medio de la cual se establece y reconoce el
monto de liquidación de prestaciones sociales definitivas e indemnización de un servidor público de
la ESE Hospital San Vicente de Paúl en liquidación”, y de (ii) la Resolución Núm. 195 del

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, auto del 3 de abril de 2025,
M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, Rad. 41001-2333-000-2020-00828-02 (3239-2022).
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, providencia

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Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil Catorce (2014), a través de la cual, se reajustó
el monto de la liquidación de prestaciones sociales y de la indemnización, en
atención al incremento salarial de la vigencia correspondiente al 2014. A diferencia
del señor Correa Roa, la entidad no invoca -ni reconoce- la existencia de un acto
ficto derivado del silencio administrativo negativo (pasible de control judicial).

72. No pasa inadvertido que, en el recurso de alzada, la entidad, en el acápite
denominado “sobre la reapertura de los términos judiciales en las resoluciones ”, explicó que,
los actos acusados, expedidos el Catorce (14) de Abril y el Diecinueve (19) de Mayo
de Dos Mil Catorce (2014), fueron debidamente notificados al interesado, y que “ el
proceso se cerró el 28 de octubre de 2014”, por lo que, “cualquier intento de cuestionar dichas

resoluciones se encuentra irremediablemente sujeto a la caducidad ”. Además, el apelante

único arguyó que, de revivir los términos de las resoluciones en cita, se
desconocería el fenómeno jurídico-procesal de la caducidad y, de suyo, se
promovería la incertidumbre -jurídica- y se afectaría el orden público.

73. Nótese que, en el fallo de instancia, el Tribunal hizo hincapié en que: (i) la
entidad optó en reconvención por el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho (en lesividad), al tener como fundamento la expedición de unos actos
administrativos como fuente generadora del daño alegado, “y de los cuales pretende su
resarcimiento por todo el pago adicional efectuado desde el año 2007 ”; (ii) y que la demanda,

así promovida, “pretendió revivir términos ya afectos por el fenómeno jurídico de la caducidad,
toda vez que los actos que habían otorgado el derecho al particular y que efectivamente habían
desencadenado el desplazamiento patrimonial ahora pretendido como resarcimiento, fueron los que
habían autorizado el retiro de las cesantías parciales ”, durante el período entre el 2007 y

2013, y no las liquidaciones derivadas de la supresión del cargo que ostentaba.
Aunado a ello, sostuvo lo siguiente sobre los actos acusados:

“Así, la entidad pretendió demandar en reconvención los mismos actos administrativos que
el demandante genitor cuestionaba estar revestidos de ilegalidad para efectos de hacerse a
lo pagado en exceso en todas las calendas mencionadas, esto es, las Resoluciones Nos.
119 del 14 de abril de 2014 y 195 del 19 de mayo de 2014 de las cuales se tiene, nunca se
desencadenó traslado patrimonial alguno en favor del señor HERNÁN (sic) DE JESÚS
CORREA ROA, más allá de la simple proyección definitiva por concepto remanente de
cesantías retroactivas en cuantía de $22.430.341,oo pesos M/Cte.”

73.1. A pesar de lo advertido en la sentencia recurrida, la sala de decisión
mayoritaria del Tribunal procedió con el estudio de las pretensiones formuladas por
la demandante en reconvención, sin acudir a un examen preliminar relacionado con

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la oportunidad en la que se ejerció el medio de control. Producto del análisis de
fondo, accedió a las súplicas de la reconvención, y despachó desfavorablemente
las del señor Herman de Jesús Correa Roa. En el salvamento de voto que dejó
consignado el magistrado Chaves Bravo, resaltó que, aunque compartía la negativa
de acceder a las pretensiones de la demanda principal, no ocurría lo propio con las
pretensiones de la reconvención, las cuales, a su juicio, habrían caducado.

74. De acuerdo con las pruebas documentales que reposan en el dosier procesal,
la Resolución Núm. 119 del Catorce (14) de Abril de Dos Mil Catorce (2014)26,“por
medio de la cual se establece y reconoce el monto de liquidación de prestaciones sociales definitivas
e indemnización de un servidor público de la ESE Hospital San Vicente de Paúl en liquidación ”, fue

notificada personalmente al señor Correa Roa, el Cinco (5) de Mayo de Dos Mil
Catorce (2014), motivo por el cual, el término de caducidad corrió desde el martes
seis (6) de mayo, hasta el lunes (8) de septiembre de la misma anualidad. Contra el
acto administrativo en cita, el señor Correa Roa interpuso el recurso de reposición,
medio de impugnación que, según sostuvo, no fue resuelto por la entidad
demandada, razón por la cual cuestionó la legalidad del acto ficto derivado de
silencio administrativo negativo, producto de la falta de respuesta frente al recurso.

75. Por su parte, la Resolución Núm. 195 del Diecinueve (19) de Mayo de Dos Mil
Catorce (2014)27, “por medio de la cual se reajusta el monto por concepto de liquidación de
prestaciones sociales definitivas e indemnización de un servidor público de la E.S.E. Hospital San
Vicente de Paúl en liquidación, de conformidad con el incremento salarial para la vigencia del 2014”,

fue notificada el Veintitrés (23) del mismo mes y año, por lo que el término de
caducidad se computó desde el día hábil siguiente, es decir, desde el lunes
Veintiséis (26) de Mayo, hasta el viernes Veintiséis (26) de Septiembre.

76. Mediante el auto del Quince (15) de Febrero de Dos Mil Quince (2015)28, el
despacho sustanciador admitió la demanda inicial y ordenó las notificaciones de
rigor. De conformidad con la constancia secretarial del Veintinueve (29) de Julio de
esa anualidad29, el traslado de la demanda inicial corrió entre el Seis (6) de Mayo y
el Diecinueve (19) de Junio de Dos Mil Quince (2015), término dentro del cual, el
Hospital San Vicente de Paúl E.S.E. presentó demanda de reconvención.

26
Índice 00046 del expediente del Tribunal de origen, Archivo 01, págs. 88 y siguientes.
27
Índice 00046 del expediente del Tribunal de origen, Archivo 01, págs. 93 y siguientes.
28
Índice 00046 del expediente del Tribunal de origen, Archivo 08, págs. 39 y siguientes.
29
Índice 00046 del expediente del Tribunal de origen, Archivo 05 págs. 23 y siguientes.

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Número Interno: 6850-2024
Demandante: Herman de Jesús Correa Roa y otro
Demandada: Hospital San Vicente de Paul E.S.E. – Fiduprevisora S.A. – Municipio de
Palmira

77. Vistas así las cosas, es claro que, para el momento en que se radicó la demanda
de reconvención (entre mayo y junio de 2015, sin que se especifique la fecha en el
expediente), ya había operado la caducidad de las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho, con las que se buscaba controvertir la legalidad de la
Resoluciones Núm. 119 del Catorce (14) de Abril y Núm. 195 del Diecinueve (19)
de Mayo de Dos Mil Catorce (2014), en los términos del artículo 164, numeral 2º,
literal d), del CPACA, y sin que fuera dable inscribir la pretensión en algunos de los
supuestos del artículo 164, numeral 1º, ibidem, comoquiera que, tales actos no
versan sobre el reconocimiento o la negación de prestaciones periódicas, sino sobre
el pago derivado de la supresión del cargo que ostentaba el señor Correa Roa.

78. Como consecuencia de lo antes expuesto, la Sala declarará de oficio la
excepción de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido -en su momento- por el Hospital San Vicente de Paúl E.S.E. Por
sustracción de materia, habiendo prosperado la excepción en comento, no resulta
procedente pronunciarse sobre los demás reparos del recurso de apelación.

79. La anterior declaración presupone que las pretensiones declarativas y de
condenas formuladas por la entidad, en la medida en que resultaron afectadas por
el fenómeno jurídico-procesal de la caducidad, no pueden tener vocación de
prosperidad, pues, sobre ellas no era dable acudir a un análisis de fondo. Por tal
motivo, no era posible acceder a la nulidad de los actos demandados por la entidad
que demanda en reconvención, ni a la consecuencia de dicha declaración, que se
tradujo en la orden de pago del valor reconocido en la Resolución Núm. 195 de
2014, con excepción de las sumas correspondientes al remanente de cesantías,
toda vez que, se insiste, tales pretensiones no se promovieron en la oportunidad
legal que prevé el CPACA.

80. En tal virtud, se revocará parcialmente la sentencia apelada, específicamente,
los ordinales primero, segundo, tercero y sexto, que se refieren a las pretensiones
de la demanda de reconvención, dejando incólumes los ordinales cuarto y quinto, a
través de los cuales, se negaron las pretensiones de la demanda principal intentada
por el señor Herman de Jesús Correa Roa (quien no interpuso recurso de
apelación), y se negó la condena en costas, por las razones anotadas ut supra.

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Número Interno: 6850-2024
Demandante: Herman de Jesús Correa Roa y otro
Demandada: Hospital San Vicente de Paul E.S.E. – Fiduprevisora S.A. – Municipio de
Palmira

2.4. Condena en costas.

81. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR DE OFICIO la excepción de caducidad del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto de la demanda de reconvención
promovida -en su momento- por el Hospital San Vicente de Paúl E.S.E. (liquidada),
de conformidad con las razones desarrolladas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. En consecuencia, REVOCAR los ordinales primero, segundo, tercero
y sexto, contenidos en la parte resolutiva de la sentencia del Treinta (30) de Agosto
de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca – Sala Segunda de Decisión, por las razones expuestas en este proveído.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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Número Interno: 6850-2024
Demandante: Herman de Jesús Correa Roa y otro
Demandada: Hospital San Vicente de Paul E.S.E. – Fiduprevisora S.A. – Municipio de
Palmira

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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