RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-001-2016-00710-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-001-2016-00710-01

Fecha
3 de junio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-001-2016-00710-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: 1º) Modifícase la sentencia del 29 de febrero de 2024 dictada por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual queda así: “PRIMERO: Declárase patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa- Policía Nacional, por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la muerte del señor Pedro Pablo Martínez, en hechos ocurridos el 22 de enero de 2015 en el Municipio de Candelaria -Valle del Cauca-, conforme a lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO: En consecuencia, condénese a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante (consolidado y futuro), a favor de la señora Dora Alicia Lozano Flórez la suma de seiscientos seis millones quinientos sesenta y ocho mil ochocientos noventa y seis pesos ($606.568.896). TERCERO: Condénese a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales a favor de los siguientes demandantes, los montos que se relacionan a continuación: Demandante Calidad Perjuicios morales DORA ALICIA LOZANO Compañera Perjuicios morales: FLÓREZ Permanente 100 SMLMV MARÍA ETELBINA MARTÍNEZ Madre de la Perjuicios morales: víctima directa 100 SMLMV MARTHA LUCILA MARTÍNEZ Hija de la Perjuicios morales: LOZANO víctima directa 100 SMLMV CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ Hijo de la Perjuicios morales: LOZANO víctima directa 100 SMLMV PEDRO PABLO MARTÍNEZ Hijo de la Perjuicios morales: VÁSQUEZ víctima directa 100 SMLMV YULL BREINER MARTÍNEZ Nieto de la Perjuicios morales: CHAZATAR víctima directa 50 SMLMV LEANDRO MARTÍNEZ Nieta de la Perjuicios morales: CHAZATAR víctima directa 50 SMLMV PAULA ISABELLA CHACÓN Nieto de la Perjuicios morales: MARTÍNEZ víctima directa 50 SMLMV SEBASTIÁN MARTÍNEZ Nieto de la Perjuicios morales: OSPINA víctima directa 50 SMLMV 22 Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643) Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros Reparación directa Apelación sentencia DAMIÁN MARTÍNEZ OSPINA Nieto de la Perjuicios morales: víctima directa 50 SMLMV DANY ALEJANDRO Nieto de la Perjuicios morales: […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-33-001-2016-00710-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

3 de junio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, tres (3) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 76001-23-33-001-2016-00710-01 (71.643)
Demandantes: DORA ALICIA LOZANO FLÓREZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA - CPACA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – MUERTE DE UN
CIUDADANO EN CRUCE DE DISPAROS

Síntesis del caso: los demandantes solicitan la declaración de responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional con ocasión de la
muerte sufrida por su familiar, el señor Pedro Pablo Martínez, durante un cruce de disparos
entre integrantes de la entidad y delincuentes que cometían un hurto. La Sala modifica la
sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional1 en contra de la sentencia proferida el 29 de febrero de 2024 por la
Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2 mediante la
cual se resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR Administrativa y Extracontractualmente
responsable a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA
NACIONAL, por los perjuicios causados a los demandantes como
consecuencia de la muerte del señor PEDRO PABLO MARTÍNEZ, en hechos
ocurridos el 22 de enero de 2015 en el Municipio de Candelaria -Valle del
Cauca-, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: En consecuencia, CONDENAR a la NACIÓN -MINISTERIO DE
DEFENSA - POLICÍA NACIONAL a pagar, por concepto de perjuicios
materiales, en la modalidad de lucro cesante (consolidado y futuro), a favor
de la señora DORA ALICIA LOZANO FLÓREZ la suma de QUINIENTOS
SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETENTA
Y CINCO PESOS ($569.403.075) M/CTE.

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA –
POLICÍA NACIONAL a pagar, por concepto de perjuicios morales a favor de
los siguientes demandantes, los montos que se relacionan a continuación:

1 Índice 57 SAMAI de la primera instancia.
2 Índice 54 SAMAI de la primera instancia.

2

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

Demandante Calidad Perjuicios morales
DORA ALICIA LOZANO Compañera Perjuicios morales:
FLÓREZ Permanente 100 SMLMV

ETELBINA MARTÍNEZ Madre de la Perjuicios morales:
víctima directa 100 SMLMV
MARTHA LUCILA MARTÍNEZ Hija de la Perjuicios morales:
LOZANO víctima directa 100 SMLMV
CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ Hijo de la Perjuicios morales:
LOZANO víctima directa 100 SMLMV
PEDRO PABLO MARTÍNE (sic) Hijo de la Perjuicios morales:
VÁSQUEZ víctima directa 100 SMLMV
YULL BRINER (sic) Nieto de la Perjuicios morales:
MARTÍNEZ CHAZATAR víctima directa 50 SMLMV
LEANDRO MARTÍNEZ Nieta de la Perjuicios morales:
CHAZATAR víctima directa 50 SMLMV
PAULA ISABELLA CHACÓN Nieto de la Perjuicios morales:
MARTÍNEZ víctima directa 50 SMLMV
SEBASTIÁN MARTÍNEZ Nieto de la Perjuicios morales:
OSPINA víctima directa 50 SMLMV
DAMIÁN MARTÍNEZ OSPINA Nieto de la Perjuicios morales:
víctima directa 50 SMLMV
DANY ALEJANDRO Nieto de la Perjuicios morales:
MARTÍNEZ MADOÑERO (sic) víctima directa 50 SMLMV
DUNKANT ANDRÉS Nieto de la Perjuicios morales:
MARTÍENEZ (sic) víctima directa 50 SMLMV
MADROÑERO

CUARTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: ORDÉNESE dar cumplimiento a la sentencia con observancia de lo
dispuesto en el artículo 192 del C.P.A.C.A.

SEXTO: CONDÉNESE en costas a la parte vencida conforme a lo dispuesto
en la parte motiva.

SÉPTIMO: Ejecutoriada esta sentencia, se entregará copia íntegra al
demandado para su ejecución y cumplimiento, de conformidad con el artículo
203 del C.P.A.C.A. inciso final.

OCTAVO: NOTIFÍQUESE la sentencia de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 203 del C.P.A.C.A. y contra ella procede el recurso de apelación de
conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 y teniendo en cuenta
lo reglado en el artículo 247 de la misma normatividad.” (fls. 13 a 16 del PDF
“20_SENTENCIA_20160071001” índice 54 SAMAI de la primera instancia –
mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 27 de mayo de 2016 (fl. 26 del PDF “001CONTRATO”
expediente digital, índice 39 SAMAI de la primera instancia), la señora Dora Alicia

3

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

Lozano Flórez junto con su grupo familiar3 por intermedio de apoderado judicial
ejercieron el medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional (fls. 1 a 40 cdno. 1 y fls. 1 a 74 cdno. 9), con las siguientes
pretensiones que se sintetizan:

“PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsables al Ministerio de
Defensa -Policía Nacional, de todos los daños y perjuicios materiales e
inmateriales que se le han ocasionado a cada uno de los demandantes.
SEGUNDO: CONDENAR al pago por perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales al Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por los daños
ocasionados a la señora DORA ALICIA LOZANO FLORES (sic) la suma de
1331 SMLMV; discriminados de la siguiente manera: 10 smlmv por daño
emergente, 1.221 smlmv por concepto de lucro cesante y 100 smlmv por daño
moral.
TERCERO a DÉCIMO SÉPTIMO: CONDENAR al pago por perjuicios
patrimoniales y extrapatrimoniales al Ministerio de Defensa-Policía Nacional,
por los daños ocasionados a los señores MARÍA ETELVINA (sic) MARTÍNEZ,
PEDRO PABLO MARTÍNEZ VÁSQUEZ, YULL BREINER MARTÍNEZ
CHAZATAR, LEANDRO MARTÍNEZ CHAZATAR, MARTHA LUCÍA
MARTÍNEZ LOZANO, ISABELA CHACÓN MARTÍNEZ, CARLOS ANDRÉS
MARTÍNEZ LOZANO, SEBASTIÁN MARTÍNEZ OSPINA, DAMIÁN
MARTÍNEZ OSPINA, DUNKANT ANDRÉS MARTÍNEZ MADROÑERO,
MARÍA LUISA MARTÍNEZ, MARÍA ESPERANZA MARTÍNEZ, DIEGO
CASTILLO, EPIFANÍA ABONIA CASTILLO y MARGARITA ABONIA
CASTILLO la suma de 100 SMLMV por concepto de daño moral, para cada
uno de ellos (fls. 8 a 12 cdno. del PDF “001CONTRATO” expediente digital,
índice 39 SAMAI de la primera instancia – mayúsculas sostenidas y negrillas
del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:

1) El 22 de enero de 2015, a las 9:30 am, el señor Pedro Pablo Martínez junto con su
compañera sentimental permanente Dora Alicia Lozano Flórez transitaban en una
motocicleta de su propiedad cerca del parque principal del municipio de Candelaria
(Valle del Cauca), momento en el cual se presentó un hurto a dos pobladores.

3 Junto con la señora Dora Alicia Lozano Flórez demandan 1) María Etelbina Martínez, 2) Pedro Pablo

Martínez Vásquez, 3) Martha Lucila Martínez Lozano, 4) Carlos Andrés Martínez Lozano, 5) María Luisa
Martínez, 6) María Esperanza Martínez, 7) Diego Castillo, 8) Epifanía Abonia Castillo, 9) Margarita Abonia
Castillo, 10) Yull Breiner Martínez Chazatar, 11) Leandro Martínez Chazatar, 12) Paula Isabella Chacón
Martínez, 13) Sebastián Martínez Ospina, 14) Damián Martínez Ospina, 15) Dany Alejandro Martínez
Madroñero y 16) Dunkant Andrés Martínez Madroñero. En relación con los nombres de los actores, es
pertinente poner de presente que si bien en la demanda se identificó a una demandante como “Etelvina”,
en el registro civil de nacimiento visible en folio 40 del del PDF “001CONTRATO” expediente digital,
índice 39 SAMAI de la primera instancia se le puso el nombre de “Etelbina”, siendo este el nombre por
el cual será identificada.

4

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

2) Cerca del lugar también se encontraba el alcalde del ente territorial junto con su
esquema de seguridad -el cual se componía de integrantes de la Policía Nacional-
quienes, al percatarse del hecho, persiguieron a los delincuentes y se generó un
intercambio de disparos.

3) Al ver lo anterior, el señor Pedro Pablo Martínez y su compañera detuvieron la
motocicleta en la que viajaban y buscaron refugio en un taller, sin embargo, un proyectil
de arma de fuego impactó al primero de los mencionados, quien, al finalizar el cruce de
disparos, fue trasladado por los uniformados al hospital local, lugar al que llegó sin
signos vitales.

4) Por lo anterior se inició una investigación penal en contra de los dos uniformados
que protagonizaron el intercambio de disparos.

5) La asiste responsabilidad a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
pues, si bien la actuación de los agentes fue legítima, lo cierto es que en el proceso se
expuso a la población civil y se configuró una ruptura del equilibrio de las cargas
públicas, la acción de los uniformados tendiente a mantener la seguridad ciudadana
implicó el sacrificio del familiar de las víctimas quienes no están llamadas a soportar la
misma; se generó un daño especial por el cual deben ser indemnizadas sin importar de
que bando provenía el proyectil que causó el deceso.

3. Contestación de la demanda

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la
demanda por estimar que el deceso del señor Pedro Pablo Martínez ocurrió por la
acción de dos malhechores, tanto así que el proyectil que acabó con la vida provenía
de un arma de aquellos, de modo que se configuró el hecho exclusivo de un tercero.

El fin principal del Estado es procurar el bien común y para lograrlo se debe velar por
la vida, honra y bienes de los ciudadanos, pero, estos no pueden ilimitados hasta el
punto de que no exista una mínima posibilidad de riesgo y menos cuando ocurren
situaciones que son imprevisibles, como lo fue el caso por el cual se demanda, los
uniformados se vieron obligados a usar sus armas de fuego por la acción de dos
personas ajenas a la entidad (fls. 69 a 83 del PDF “002Contrato 104 DE 2020 - SASI-
2020-09” expediente digital índice 39 SAMAI de la primera instancia).

5

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

4. Audiencia inicial

El 16 de julio de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de
la Ley 1437 de 2011 en la que el a quo definió que el litigio se circunscribía a lo
siguiente:

“El litigio consiste en establecer si la entidad demandada es
administrativamente responsable por los eventuales perjuicios materiales e
inmateriales que aducen haber sufrido los demandantes, con ocasión del
fallecimiento del señor PEDRO PABLO MARTÍNEZ en hechos ocurridos el
día 22 de enero de 2015 cuando se presentó un intercambio de disparos entre
agentes de la POLICÍA NACIONAL y unos delincuentes”. (fl. 90 del PDF
“002Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09” expediente digital índice 39
SAMAI de la primera instancia).

5. Sentencia de primera instancia

La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en
providencia del 29 de febrero de 20244 declaró la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y accedió a las
pretensiones de la demanda5, con sustento en el siguiente razonamiento:

1) La Constitución Política no privilegió ningún régimen de imputación para los casos
de responsabilidad del Estado, de modo que corresponde al juez definir, en cada caso
en concreto, el título que mejor lo solucione.

2) En ese sentido, tratándose de los daños originados por la acción de agentes estatales
en el desarrollo de actividades peligrosas, como lo es el uso de armas de fuego, el
Consejo de Estado ha explicado que la entidad responde por los perjuicios que se
ocasionen al realizarse el riego creado, salvo que se demuestre un eximente de
responsabilidad como la fuerza mayor o el hecho exclusivo y determinante de un tercero
o de la víctima.

3) En el caso objeto de análisis se encuentra acreditado que el señor Pedro Pablo
Martínez falleció luego de que un proyectil de arma de fuego impactara en su cuerpo,
en medio de un entrenamiento que tuvieron miembros de la Policía Nacional -los cuales

4
PDF “020SENTENCIA” expediente digital índice 39 SAMAI de la primera instancia.
5 El magistrado Jhon Erick Chaves Bravo salvó voto, por estimar que la prueba técnica demostró que el

proyectil no provenía de las armas de dotación de los uniformados, de modo que estos no fueron los
artífices del fallecimiento del señor Pedro Pablo Martínez en un contexto en el que no se trató de un
operativo policial y, por el contrario, se concluye que el deceso fue por un tercero (fl. 16 del PDF
“020SENTENCIA” expediente digital índice 39 SAMAI de la primera instancia).

6

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

a su vez eran escoltas- en contra de dos delincuentes que estaban cometiendo un hurto
en el mismo sector en el cual se encontraba el alcalde del municipio de Candelaria
(Valle del Cauda).

4) El familiar de los demandantes era una persona ajena al hecho delictuoso y, si bien
la actuación de los uniformados en repeler a los asaltantes fue legítima, se rompió el
principio de las cargas públicas y se generó un daño especial, en el cual la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional se encuentra llamada a responder, aun cuando
el proyectil que acabó con la vida del señor Pedro Pablo Martínez no pertenecía a un
arma de dotación oficial.

5) No es posible declarar el eximente de responsabilidad del hecho de un tercero,
porque que se está en presencia de un criterio de imputación cuyo fundamento se
encuentra en la solidaridad y la equidad frente a las personas que han resultado
afectadas por una actuación lícita del Estado, en el marco de una acción desplegada
por sus agentes, en cumplimiento de un deber funcional.

6) Por lo anterior, se reconoce una indemnización de perjuicios morales y materiales en
las sumas transcritas al inicio de la presente providencia y en favor de los actores allí
mencionados, mientras que negó los perjuicios para aquellos que no acreditaron ser
familiares de la persona fallecida, para luego condenar en costas a la demandada.

6. Recurso de apelación

El 8 de abril de 20246, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicitó que
se revoque la sentencia apelada y se nieguen las pretensiones7, con base en el
siguiente razonamiento:

1) Si bien dentro se demostró que el hecho dañoso se produjo como consecuencia de
un intercambio de disparos entre miembros de la Policía Nacional y personas ajenas a
la institución, también está probado que las armas de fuego que causaron la lesión y
posterior muerte del señor Pedro Pablo Martínez no eran de dotación oficial, además,
la acción policial se adelantó teniendo presente el rol que desempeñaban los
funcionarios institucionales, quienes acataron los parámetros del decálogo de uso de
las armas de fuego y de uso de la fuerza de conformidad con lo establecido en el
Decreto 02903 del 23 de junio de 2017.

6 Índice 57 SAMAI de la primera instancia.
7 Fls. 1 a 7 11-ED-010APELACIONSENC (.PDF) – expediente digital – SAMAI índice 2.

7

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

2) No se incurrió en ninguna falla del servicio y, desde el punto de vista de un régimen
objetivo, se configuró el eximente de responsabilidad del hecho de un tercero. La
simple demostración del daño antijurídico no es suficiente para endilgar la
responsabilidad patrimonial del Estado.

3) No se podía aplicar el régimen de daño especial, pues, este solo se da cuando medie
el uso de las armas de dotación oficial y, para el caso de la referencia, no fue un arma
de la policía la que causó el deceso.

4) El tribunal de primera instancia la condenó en costas, no obstante, no existió
temeridad o mala fe, de modo que no hay lugar a las mismas.

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 30 de septiembre de 2024 (índice 9 SAMAI) se admitió el recurso de
apelación y el 6 de noviembre de 2024 (índice 14 SAMAI) ingresó el expediente al
despacho para dictar sentencia, según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 247 de
la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Durante el
término de ley las partes guardaron silencio (índice 14 SAMAI).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con
el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis
de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, 3) indemnización de
perjuicios, 4) conclusión y, 5) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna8, el objeto de la controversia consiste en
determinar si se reúnen los elementos para declarar extracontractual y

8
Como los hechos ocurrieron el 22 de enero de 2015 y la demanda se interpuso el 27 de mayo de 2016
(fl. 26 del PDF “001Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09” índice 39 SAMAI de la primera instancia), se
impone concluir que lo fue antes del vencimiento de los dos años de caducidad para impetrar el medio
de control de reparación directa de que trata el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, esto
sin contar que los términos se extendieron mientras se llevó a cabo el trámite de la conciliación prejudicial
(fls. 27 a 28 del PDF “001Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09” índice 39 SAMAI de la primera
instancia).

8

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
por el hecho de la muerte padecida por Pedro Pablo Martínez y los perjuicios sufridos
por los demandantes a raíz de ese hecho suscitado en un cruce de disparos el 22 de
enero de 2015.

El tribunal de primera instancia declaró extracontractual y patrimonialmente
responsable a la entidad demandada con apoyo en el régimen de daño especial,
consideró que, pese a que no se comprobó que la herida sufrida por la víctima directa
proviniera de un arma de la Policía Nacional, tal hecho ocurrió en desarrollo de un
operativo cuyo resultado los demandantes no tenían el deber jurídico de soportar; en la
apelación, el demandado consideró que el daño no le es imputable porque no existió
falla del servicio y se configuró el hecho de un tercero.

La sentencia de primera instancia será confirmada en relación con la declaración de
responsabilidad, por razón de que está acreditado que la entidad demandada sí
participó en la creación de una situación de peligro en ejercicio de una actuación
legítima mediante el uso de las armas, escenario que permite la aplicación del título de
imputación objetivo de riesgo excepcional, no de daño especial y, si bien es cierto el
proyectil que impactó a la víctima no pertenecía a un arma asignada a los miembros de
la Policía Nacional, no lo es menos que en los términos del referido título de imputación
no es indispensable atribuir el disparo de manera unívoca a la entidad demandada,
basta con la prueba de la existencia de la intervención armada que generó un riesgo
legítimo el cual se concretó con la muerte de la víctima; en todo caso, en el presente
asunto el nexo entre la actuación de la Policía Nacional y el daño también es posible
establecerlo mediante medios de prueba indirectos que son claros en señalar que el
comportamiento del ente estatal fue determinante para la producción del daño, todo ello
sumado al hecho de que la parte demandada no demostró de modo certero y puntual
la existencia de un factor eximente de responsabilidad.

De otro, en relación con la indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro
cesante, la Sala se limitará actualizar la condena reconocida en primera instancia;
asimismo, se confirmará la condena en costas dictada por el a quo.

2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

La Sala abordará el estudio del presente caso en el siguiente itinerario: 1) régimen de
responsabilidad aplicable, 2) hechos probados y, 3) Imputación de la responsabilidad.

9

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

2.1 Régimen de responsabilidad aplicable

1) La jurisprudencia de esta Corporación se ha apoyado en el criterio de imputación de
riesgo excepcional para asignarle responsabilidad al Estado cuando los daños son
causados en el ejercicio de una actividad legítima y lícita de la administración que
comporta un riesgo que excede razonablemente el asumido por las víctimas que
resultan afectadas; por tanto, si ese riesgo se materializa y produce un daño, este debe
ser reparado por la entidad pública, siempre que se demuestre la existencia de un nexo
causal entre su comportamiento y el desmedro alegado9. También debe agregarse que
el título de imputación de riesgo excepcional sustenta el rompimiento del principio de
igualdad frente a las cargas públicas siempre que ese riesgo se concrete, pues, reside
en el uso de las armas.

2) En este tipo de responsabilidad el Estado no se puede exonerar probando que actuó
con diligencia por cuanto, se sustenta, justamente, en el desempeño de una actividad
lícita y correcta, de suerte que la manera en que la administración se puede eximir es
acreditando la existencia de una causa extraña, tales como fuerza mayor, hecho
exclusivo de la víctima o de un tercero.

3) En ese contexto, el referido título de imputación ha sido utilizado por el Consejo de
Estado en casos en los que existe manejo de armas de fuego de dotación oficial10 de
las cuales se deriva la actividad generadora del riesgo11, circunstancia que, como se
explica más adelante, es aplicable en este caso concreto en el cual se hizo uso de

9 Una de las sentencias del Consejo de Estado que fundó la responsabilidad en dicho título de imputación

fue el fallo de la Sección Tercera del 2 de febrero de 1984, radicación no 2.744, MP Eduardo Suescún
Monroy, en la cual se expresó: “El caso en estudio corresponde precisamente a uno de los varios eventos
que comprende la responsabilidad sin falta, el denominado por algunos expositores riesgo excepcional.
Tiene ocurrencia cuando el Estado, en desarrollo de una obra de servicio público utiliza recursos o
medios que colocan a los particulares o a sus bienes en situación de quedar expuestos a "un riesgo de
naturaleza excepcional" (Laubadere) el cual dada su gravedad, excede las cargas que normalmente
deben soportar los mismos particulares como contrapartida de las ventajas que resultan de la existencia
de ese servicio público. Si el riesgo llega a realizarse y ocasiona un daño, sin culpa de la víctima, hay
lugar a responsabilidad de la Administración, así no haya habido falta o falla del servicio”, tesis reiterada
en la sentencia del 20 de febrero de 1989, expediente no. 4.655.
10 Vale aclarar que en este tipo de casos la jurisprudencia también ha considerado que es pertinente la

aplicación de un régimen subjetivo de falla del servicio siempre que esté debidamente acreditado.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de marzo de 2021, radicación no.
50001-23-31-000-2005-40308-01(49.491).
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de febrero de 2006, radicación no. 68001-23-

15-1994-09961-01 (14.009) CP Germán Rodríguez Villamizar; sentencia del 22 de marzo de 2007,
radicación no. 13001-23-31-000-1995-00393-01 (15.555) CP Alier Eduardo Hernández Enríquez;
sentencia del 18 de junio de 2012 radicación no. 05001-23-31-000-1997-03462-01 (25.036) CP Ruth
Stella Correa Palacio, sentencia del 3 de abril de 2013, radicación no. 19001-23-31-000-2001-02186-1
(27.030), CP Mauricio Fajardo Gómez.

10

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

armamento por parte de integrantes pertenecientes a la Policía Nacional,
independientemente o al margen de que pudiera existir una falla del servicio.

2.2 Hechos probados

De los elementos de prueba aportados se resalta que al presente expediente se allegó
copia del proceso con radicación no. 1083-J56IPM tramitado en el Juzgado 156 de
Instrucción Penal Militar con ocasión de la muerte del señor Pedro Pablo Martínez12 (fls.
146 a 356 del PDF “002Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI), asimismo, se aportó
copia de algunas piezas de la investigación disciplinaria adelantada por la Inspección
Delegada Región Cuatro de la Policía Nacional (fls. 24 a 39 del PDF “002Contrato 104
DE 2020”, índice 39 SAMAI).

Al respecto, debe anotarse que las pruebas practicadas válidamente en un proceso
podrán trasladarse a otro siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a
petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella, estas también
pueden ser valoradas cuando son allegadas a petición de una de las partes y la otra
parte estructura su defensa con fundamento en aquella o cuando las dos partes lo
solicitan como prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestación 13.

Acorde con ello, en el presente caso se observa que lo relacionado con el proceso penal
fue solicitado por la parte demandante14 y las piezas de la investigación disciplinaria
fueron allegadas por la demandada en la contestación, ambas partes tuvieron
oportunidad de controvertir los elementos de prueba documentales y periciales en la
audiencia practicada en el presente trámite el 29 de octubre de 201915 (fls. 137 a 140
cdno. ppal.), igualmente, es viable la valoración de los testimonios allí recaudados ya

12 Es especialmente relevante anotar que para el momento en que se envió copia del proceso penal al

expediente de la referencia, aquel no había culminado de modo que se desconocen las resultas de aquel.
13 Ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013,

expediente no. 20.601, MP Danilo Rojas Betancourth.
14 En concreto la parte demandante solicitó unas piezas del proceso penal, no obstante, se remitió la

totalidad de este hasta la fecha del 27 de enero de 2017; es especialmente relevante anotar que el
proceso penal se surtió con audiencia de la parte demandada y, en ese sentido, el artículo 174 del Código
General del Proceso, aplicable al presente caso, que prevé: “Las pruebas practicadas válidamente en un
proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el
proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia
de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La
misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales (…)”.
15 Fls. 88 a 92 del PDF “001Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI de la primera instancia.

11

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

que no fue solicitada su ratificación según lo contempla el artículo 222 del Código
General del Proceso16.

De las pruebas recaudadas en el proceso y valoradas en su conjunto se encuentran
acreditados los siguientes hechos relevantes para la adopción de la decisión:

1) El 23 de enero de 2015, en horas de la mañana, mientras el señor Pedro Pablo
Martínez transitaba en su motocicleta en compañía de la señora Dora Alicia Lozano
Flórez, cerca al parque principal del municipio de Candelaria (Valle del Cauca), dos
sujetos mediante el uso de armas de fuego intimidaron a dos ciudadanos que también
conducían una motocicleta y les hurtaron doce millones de pesos ($12.000.000)17.

Sobre esto último, la señora Sofía Jaqueline Acosta Zambrano, en entrevista rendida
en el proceso no. 1083 de instrucción penal militar, relató lo siguiente:

“Para el día de hoy 22 de enero de 2015, siendo las 08:00 de la mañana yo
me desplazaba junto a mi esposo Humberto Zambrano Torres, en la
motocicleta de propiedad de placas XAQ 42A, nos dirigíamos hacia nuestra
casa la cual está ubicada en el barrio Santana, y cuando íbamos sobre la
carrera 9 con calle 9 del barrio San Cristóbal, exactamente antes de llegar a
la EPSA fuimos abordados por dos sujetos en una motocicleta de color negra,
el parrillero se baja y se dirige hacia mi esposo apuntándole con un arma de
fuego, y manifestándole que le entregara la plata, mi esposo quedó paralizado
del susto y no respondía nada, en ese instante este sujeto empieza a
esculcarlo, pero al observar que yo tenía un canguro en mi cintura, me dice
que se lo pasara, como yo no quería entregarlo el empieza a forcejear

16 El artículo 222 del Código General del Proceso preceptúa: “solo podrán ratificarse en un proceso las

declaraciones de testigos cuando se hayan rendido en otro o en forma anticipada sin citación o
intervención de la persona contra quien se aduzcan, siempre que esta lo solicite (…)”.
17 Lo anterior, tal como consta entre otros documentos, en oficio de novedad del 23 de enero de 2015

suscrito por el patrullero Diego Fernando Lareo Calero, integrante la patrulla del cuadrante 23-3 (fls. 48
a 49 del PDF “001Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI de la primera instancia), libro de minuta del
comando séptimo del distrito de Candelaria (fls. 51 a 54 del del PDF “001Contrato 104 DE 2020”, índice
39 SAMAI de la primera instancia), testimonio del patrullero Jonathan Alexis Escobar Martínez (audiencia
del 29 de octubre de 2016 índice 39 SAMAI de la primera instancia), declaración del señor Framuel
Cifuentes Orozco (audiencia del 29 de octubre de 2016 índice 39 SAMAI de la primera instancia), informe
judicial del 23 de enero de 2015 (fls. 148 a 149 del PDF “002Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI
de la primera instancia), entrevista de Sofía Jaqueline Acosta Zambrano en el interior del proceso no.
1083 de instrucción penal militar (fls. 222 a 223 del PDF “002Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI
de la primera instancia), testimonio de la señora Sofía Jaqueline Acosta Zambrano en el interior del
proceso no. 1083 de instrucción penal militar (fls. 334 a 336 del PDF “002Contrato 104 DE 2020”, índice
39 SAMAI de la primera instancia), entrevista de Humberto Zambrano Torres en el interior del proceso
no. 1083 de instrucción penal militar (fls. 224 a 225 del PDF “002Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI
de la primera instancia), testimomio de Humberto Zambrano Torres en el interior del proceso no. 1083
de instrucción penal militar (fls. 338 a 339 del PDF “002Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI de la
primera instancia), informe de novedad del 22 de enero de 2015 suscrito por el intendente Framuel
Cifuentes Orozco (fls. 261 a 262 del PDF “002Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI de la primera
instancia), oficio del 16 de marzo de 2015 del comandante de la estación de Policía Candelaria, en el
cual se da cuenta de los uniformados y armas asignados al esquema de protección del alcalde del
municipio de Candelaria (fl. 279 del PDF “002Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI de la primera
instancia).

12

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

conmigo, el cómo no puede quitármelo le apunta a mi esposo y me dice que
se lo entregara o si no lo mataba, yo al ver esto me quito el canguro y procedo
a entregarlo (…) el dinero que traíamos era procedente de una venta de papas
(…) tenía doce millones de pesos en efectivo y los cargaba en mi canguro el
cual lo tenía en mi cintura. PREGUNTADO: ¿le hurtaron este dinero?
CONTESTADO: si”. (fls. 222 a 223 del PDF “002Contrato 104 DE 2020”,
índice 39 SAMAI de la primera instancia).

2) En el momento en que lo anterior ocurría, agentes del orden que vestían de civil y
escoltaban al alcalde del ente territorial, al percatarse del hurto, en voz alta dieron el
aviso de ser policías con el fin de que los desconocidos se detuvieran, sin embargo,
estos estos últimos accionaron su arma de fuego en contra de los integrantes de la
policía y se produjo un intercambio de disparos18.

3) Durante el cruce de disparos y mientras buscaba refugio el señor Pedro Pablo
Martínez fue alcanzado por uno de los proyectiles que penetró en su tórax y abdomen19.

4) Tan pronto terminaron los hechos, los policías trasladaron al familiar de los aquí
demandantes al centro hospitalario del municipio de Candelaria (Valle del Cauca), no
obstante, ya había perdido la vida en el momento de su ingreso al hospital20.

5) En el informe de novedad del 23 de enero de 2015 se consignó lo siguiente, respecto
a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos:

“(…) en momentos cuando el señor Pedro Pablo, transitaba por el sitio de los
hechos, según refieren testigos presenciales, ocurría allí un flagrante caso de
fleteo que le estaba siendo cometido por dos sujetos que se movilizaban en
una motocicleta SUZUKI, AX 100 de color negro, quienes con arma de fuego
intimidaron a una ciudadana, la cual se movilizaba en una moto marca
Yamaha criptón 110, hurtándole una fuerte suma de dinero la cual traía desde
una de las bodegas de CAVASA, hasta el barrio Santa Ana, en ese preciso
instante los escoltas del señor alcalde de este municipio y ante la evidente
comisión del delito intervienen, según se pudo establecer en las labores de
vecindario efectuadas por la patrulla en el lugar de los hechos, que uno de los
delincuentes al notar la intervención de los policiales, quienes de manera
fuerte у enérgica, dan la vos de ‘alto, Policía!’, vistiendo de trajes de civil,
pretendían prevenir la comisión del delito, allí uno de los delincuentes acciona
su arma de fuego contra estos, quienes de manera inmediata responden para
defender su integridad, con sus armas de dotación para el servicio, de
propiedad de la Policía Nacional, siendo al parecer este el momento cuando
en medio del cruce de disparos resulta herido de muerte el señor Pedro Pablo

18 Ibidem.
19 Necropsia del Instituto Nacional de Medicina Legal (fls. 249 a 252 del PDF 002Contrato 104 DE 2020”,

índice 39 SAMAI de la primera instancia).
20 El ingreso del cuerpo del señor Pedro Pablo Martínez al Hospital Local de Candelaria y su deceso se

encuentra acreditado con la historia clínica, registro civil de defunción, necropsia del Instituto Nacional
de Medicina Legal, informe del 23 de enero de 2025 del Instituto Nacional de Medicina Legal sobre el
cotejo dactiloscópico de necrodáctilila (fls. 38, 58 a 64, 75 del PDF 001Contrato 104 DE 2020”, Índice 39
SAMAI de la primera instancia).

13

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

Martínez”. (fls. 48 a 49 del PDF “001Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI
de la primera instancia – mayúsculas del original).

6) Asimismo, en testimonio rendido en el proceso de la referencia, el patrullero Jonathan
Alexis Escobar Martínez narró lo siguiente:

“El día 22 de enero del 2015 me encontraba con mi compañero Framuel
Cifuentes Orozco y en custodia del señor alcalde del municipio de Candelaria.
Ese día nosotros salimos de la oficina de la gestora social y nos dirigimos
hacia el vehículo, cuando nos dirigimos hacia el vehículo vienen varias
personas gritando y solicitando auxilio cuando observamos nosotros, cuando
nosotros observamos una persona que tiene reducida a otras dos que están
andando en una motocicleta y el tipo, al parecer, yo en su momento o sea yo
sabía que era un ilícito porque los tenía reducidos, cuando al ver la situación
yo les grito alto policía y el tipo se voltea, empieza a dispararnos en repetidas
ocasiones tanto a mi compañero como a mí, por ese motivo, pues yo me veo
obligado a reaccionar como me faculta la Constitución en pro de la defensa
de un bien común de los bienes jurídicos, como la vida, etcétera, y, entonces
el tipo sale a correr y nosotros pues vamos a pie, el tipo está más adelante
que nosotros. Él vuelve y nos está disparando tanto a mi compañero como a
mí, y yo me veo obligado, pues como le ha dicho anteriormente a reaccionar
con mi arma de fuego de dotación de la Policía Nacional. Entonces el tipo
aborda una motocicleta y emprende la huida. Desafortunadamente nosotros
no, no pudimos dar captura a estos sujetos porque andaban en una
motocicleta, eso fue lo que sucedió ese día (…) Durante el intercambio, no
solo cuando se terminó todo, vimos que había una persona en la parte de allá
herida (…) precisamente el vehículo en el que nos movilizamos con el señor
alcalde, ese vehículo auxilió a la persona para llevarlo al Centro asistencial de
salud”. (minuto 6:55 a 12:26 de la audiencia del 29 de octubre de 2019 , índice
39 SAMAI de la primera instancia).

7) El señor Framuel Cifuentes Orozco, quien para el momento de los hechos laboraba
en la policía, en declaración rendida en el expediente de la referencia, refirió lo
siguiente:

“El día de los hechos, 22 de enero del año 2015 me encontraba para ese día
activo aún en la Policía Nacional, ejerciendo las funciones de hombre de
protección del señor alcalde de ese municipio, cerca al lugar de los hechos ya
conocidos, donde pierde la vida el señor Pedro Pablo Martínez, el señor
Alcalde, junto con el conductor, con compañero en ese entonces, el patrullero
Jonathan Escobar y yo nos dirigíamos hacia el vehículo cuando muy cerca
del lugar unas personas empiezan a gritar manifestando que iban a matar a
una persona dos personas, que estaba justamente en la calle novena con
carrera novena, cerca de nosotros nos encontrábamos, estaban tendidas en
el piso una pareja y un sujeto les apuntaba con un arma de fuego, seguido a
esos hechos alguien nos llama la atención, nos dicen que van a matar a
alguien y pues mi compañero se identifica como policía, el señor Patrullero
Jonathan Escobar, las palabras que dice en ese momento es alto policía y el
sujeto quien apuntaba a estas dos personas, a la señora que se encontraba
en el piso, acto seguido empieza a disparar en contra de nosotros y
posteriormente pues nosotros viéndonos agredidos, reaccionamos a ese a
ese hecho también accionando las armas de fuego de nosotros (…)
desafortunadamente esa persona logró huir en una motocicleta que lo
esperaba a una cuadra aproximadamente de eso (…) cuando el sujeto ya

14

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

aborda la motocicleta nos sigue disparando, yo lo primero una de las cosas
que hago es esconderme y ya posteriormente como yo portaba en
radiocomunicaciones, ya trato de seguirlo visualmente para poderle reportar
a las patrullas de la vigilancia del sector y, me percato, ya posteriormente al
hecho y después del reporte, es que veo que ya el vehículo donde nosotros
tanto el señor Alcalde como el esquema de seguridad nos movilizamos, veo
que estaban subiendo a una persona herida a ese vehículo para poderlos
llevar al hospital local de Candelaria”. (minuto 49:4 a 51:24 de la audiencia del
29 de octubre de 2019, índice 39 SAMAI de la primera instancia).

8) Como consecuencia del deceso del señor Pedro Pablo Martínez se dio apertura a la
investigación penal no. 1083 en contra del intendente de la Policía Nacional Framuel
Cifuentes Orozco y el patrullero Jonathan Alexis Escobar Martínez por la supuesta
comisión del delito de homicidio, dicho proceso continuaba para el momento en que se
remitió copia de aquel al expediente de la referencia21.

9) En el curso de la investigación penal se comparó el proyectil que causó el deceso
del señor Pedro Pablo Martínez con las armas de dotación de los agentes que
participaron en el cruce de disparos; en informe de laboratorio JIPM SUMARIO 1083
de estudio balístico del 14 de junio de 2016 se determinó que no había uniprocedencia
entre el proyectil y las armas usadas por los uniformados22.

10) Además del proceso penal, también se inició la investigación disciplinaria no.
MECAL 2015-166 en contra de los agentes que participaron de los sucesos del 22 de
enero de 201523, la cual culminó con archivo24, pues, se determinó que los investigados
actuaron en cumplimiento de sus deberes, hicieron un correcto uso de sus armas de
fuego y no fueron quienes dispararon al señor Pedro Pablo Martínez.

11) La muerte del señor Pedro Pablo Martínez fue divulgada en el diario impreso “Extra”
del 24 de enero de 201525.

21 Fls. 146 a 636 del PDF “002Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI de la primera instancia.
22 Fls. 66 a 67 del PDF “002Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI de la primera instancia.
23 Auto de apertura de investigación disciplinaria número MECAL 2015-166 (fls. 24 a 28 del PDF
“001Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI de la primera instancia).
24 Auto del 1° de julio de 2016 de archivo de investigación disciplinaria MECAL 2015-166 (fls. 30 a 37 del

PDF “001Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI de la primera instancia).
25 Fls. 83 a 85 del PDF “001Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI de la primera instancia. Sobre los

recortes de prensa es importante precisar que estos solo dan cuenta de la noticia, pero no son suficientes
para demostrar la veracidad de la información allí publicada, al respecto, sobre el valor probatorio de las
publicaciones periodísticas, consultar providencia de 29 de mayo de 2012, exp. 11001-03-15-000-2011-
01378-00, MP Susana Buitrago Valencia; de 22 de febrero de 2018, exp. 00942, MP. Rafael Francisco
Suárez Vargas.

15

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

2.3 Imputación de la responsabilidad

1) De conformidad con los hechos probados, la Sala encuentra demostrado que el 22
de enero de 2015 dos agentes de la Policía Nacional acudieron al llamado de la
ciudadanía cuando se estaba presentando un hurto en el municipio de Candelaria (Valle
del Cauca), momento en el cual se produjo un cruce de disparos en el que falleció el
señor Pedro Pablo Martínez, quien era ajeno a los hechos.

2) En efecto, todas las pruebas obrantes en el plenario, incluidos los testimonios de los
dos uniformados, quienes declararon en el proceso de la referencia, dan cuenta que el
familiar de los aquí demandantes transitaba en su motocicleta en compañía de la
señora Dora Alicia Lozano Flórez, cuando se produjo el intercambio de disparos y fue
impactado por un proyectil de arma de fuego.

3) Ahora bien, todo indica que el disparo recibido por el ahora demandante provino del
arma de carácter privado percutida por el particular, tal como quedó consignado en en
el informe de laboratorio JIPM SUMARIO 1083 de estudio balístico del 14 de junio de
2016, en el cual se determinó que “una vez se verifican las características del proyectil
incriminado, se determina que este presenta cinco estrías y cinco macizos, al verificar
las características de las armas de fuego tipo pistola, se pudo determinar que los
cañones presentaban seis estrías y seis macizos, lo que solo por características da
lugar a determinar que el proyectil incriminado allegado para estudio no fue disparado
por ninguna de las armas de fuego allegadas para estudio”26, que corresponden a las
usadas por los uniformados.

4) El hecho de que la víctima no hubiere sido impactada con arma de dotación oficial y
que no se hubiere probado una actuación indiscriminada o desproporcionada por parte
de los agentes policiales no conlleva a la exoneración de la entidad demandada, pues,
dada la forma en que ocurrieron los hechos, la Sala encuentra acreditado que el daño
antijurídico -esto es, la muerte del señor Pedro Pablo Martínez- no era una carga que
sus familiares debían soportar y, en ese sentido, la Policía Nacional, en el momento en
que uso armas de fuego y en cumplimiento de sus funciones policiales, creó un riesgo
que se materializó con el deceso del señor Pedro Pablo Martínez.

26
Fls. 66 a 67 del PDF “002Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI de la primera instancia.

16

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

5) En efecto, el fallecimiento de aquel se produjo durante un intercambio de disparos
con agentes estatales, en este caso el riesgo excepcional es el fundamento de la
responsabilidad patrimonial extracontractual, creado en el desarrollo de un
procedimiento policial, de manera legítima en pro del orden público y de la lucha contra
la delincuencia, pero, en el cual falleció un tercero civil, familiar de los ahora
demandantes; motivo por el cual el Estado debe responder por el daño reclamado con
la demanda, debido a que las víctimas no estaban en el deber jurídico de soportarlo.

6) Esta Subsección ha explicado en oportunidades anteriores que el daño es imputable
al Estado en los casos en los cuales la lesión o la muerte se produce como
consecuencia de un enfrentamiento armado con agentes estatales, sin que sea
indispensable para ello que el proyectil provenga de un arma oficial o de un arma
particular; en una oportunidad específica se explicó que el daño es imputable a la
Policía Nacional porque participó en el enfrentamiento, sin que sea necesario acreditar
que las balas provienen de sus agentes, en aquella ocasión se hizo en los siguientes
términos:

“Al estar acreditado que la lesión al particular se produjo en un enfrentamiento
armado en el que participaban los agentes de la Policía Nacional, el daño se
estima causado por las dos partes que intervenían en el enfrentamiento y el
Estado debe reparar los perjuicios reclamados en la medida en que ellos
tienen la naturaleza de antijurídicos: son particulares, graves y no existe
justificación para que la víctima deba soportarlos. Tratándose de un
enfrentamiento en el que participan materialmente dos partes, los daños
causados a un tercero son imputables a las dos, sin que pueda considerarse
que para condenar al Estado sea necesario acreditar que las lesiones fueron
producidas por sus agentes y no por los miembros del grupo armado al
margen de la ley. La causa del daño al tercero es el enfrentamiento en el que
participan agentes estatales”27.

7) En este caso está probado que el señor Pedro Pablo Martínez recibió el impacto
durante el enfrentamiento entre agentes de la policía Nacional y unos particulares,
independientemente de que se hubiere acreditado que aquel haya provenido de los
particulares, el hecho se originó por el actuar policivo -legítimo- que provocó un riesgo
para él y, en ese orden de ideas, un daño antijurídico que debe ser reparado.

8) En suma, aunque no hay evidencia de una falla del servicio, porque los agentes
actuaron en de manera legítima si se tiene en cuenta que un civil los atacó con arma
de fuego cuando estos buscaban evitar un hurto, esto es, en cumplimiento de sus

27 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencia del 26 de enero de 2022, proceso

no. 730012331000200800362 01 (48.356), MP Martín Bermúdez Muñoz

17

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

deberes legales y constitucionales, la Sala encuentra probado el daño antijurídico por
la creación de un riesgo excepcional, razón por la cual confirmará la condena de la
entidad.

9) Sobre esto último es importante resaltar que, si bien la investigación disciplinaria
culminó con archivo y pese que aún no se conoce el resultado final del proceso de la
justicia penal militar ello no implica que las decisiones allí tomadas deben incidir en el
presente proceso, máxime si se considera que en dichos expedientes se analiza la
culpa personal de los agentes, mientras que en el caso de la referencia se estudia la
responsabilidad extracontractual de la autoridad demandada desde un régimen
objetivo.

3. Indemnización de perjuicios

1) Toda vez que la parte demandada es la única apelante, es importante resaltar que
solicitó que se revoque toda la sentencia, por estimar que no le asiste responsabilidad
patrimonial extracontractual.

2) En esa perspectiva debe observarse que la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado28, en relación con los alcances del recurso de apelación determinó
que, si se impugna un aspecto general de la sentencia, como el de la responsabilidad,
el ad quem también adquiere competencia para analizar aspectos específicos que
guarden relación con el punto principal29, como es el caso de los perjuicios. En ese
orden de ideas, la apelación de responsabilidad de la entidad demandada habilita la
revisión de la indemnización, sin que el superior pueda agravar la situación de la entidad
pública que apeló30, pues, no se puede desmejorar al apelante único.

3.1 Perjuicios morales

El tribunal de primera instancia reconoció una indemnización de perjuicios morales a
quienes acreditaron ser la compañera permanente, progenitora, hijos y nietos del

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 abril de

2018, exp. 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
29 Al respecto, se pueden consultar las siguientes decisiones proferidas: i) sentencia del 4 de junio de

2021, CP: María Adriana Marín, exp: 45.667; ii) sentencia del 9 de abril de 2021, exp: 62.574, y, iii)
sentencia del 5 de febrero de 2021, exp: 63.130, entre otras. Asimismo, el artículo 328 del Código General
del Proceso dispone que “el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley”, sobre esto último, se entiende que si se apela la responsabilidad, la misma
implica los perjuicios.
30 Ibidem.

18

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

fallecido Pedro Pablo Martínez, la cual se ajusta a los criterios de la sentencia de
unificación de perjuicios morales para los casos de muerte31, de modo que la Sala
confirmará la misma, esto es, se reconocerán cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la señora Dora Alicia Lozano Flórez32, suma que igualmente será
reconocida para cada uno de los parientes en primer grado de consanguinidad, esto
es, los demandantes María Etelbina Martínez, Carlos Andrés Martínez Lozano, Pedro
Pablo Martínez Vásquez y Martha Lucila Martínez Lozano33; asimismo, se confirmará
la decisión que reconoció la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales
mensuales para cada uno de los actores, Yull Breinter Martínez Chazatar, Leandro
Martínez Chazatar, Paula Isabella Chacón Martínez, Sebastián Martínez Ospina,
Damián Martínez Ospina, Dany Alejandro Martínez Madroñero y Dunkant Andrés
Martínez Madroñero, quienes acreditaron ser nietos del fallecido Pedro Pablo
Martínez34.

3.2 Perjuicios materiales

1) En relación con el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, la Sala
modificará la indemnización reconocida en primera instancia y en beneficio de la parte
demandada -única apelante- la disminuirá, pues, lo otorgado en primera instancia no
se ajusta a los criterios de esta Corporación.

2) En efecto, el tribunal de primera instancia reconoció la suma de quinientos sesenta
y nueve millones cuatrocientos tres mil setenta y cinco pesos ($569.403.075) en favor
de la señora Dora Alicia Lozano Flórez y, para ello, tuvo en cuenta el reporte de
semanas cotizadas en pensión de Colpensiones del 20 de mayo de 2015 35 mediante el

31 Consejo de Estado – Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia proferida el 28 de agosto de 2014,

proceso no. 66001-23-31-000-2001-00731-01 (26251), MP Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
32 En el proceso penal la demandante fue identificada como compañera permanente del occiso (fls. 146

a 356 del PDF “002Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI de la primera instancia), de igual manera,
reposan los testimonios de María Luisa Gómez Minta (minuto 16:56 a 26:16 audiencia del 29 de octubre
de 2019, índice 39 SAMAI de la primera instancia), Jesús Jaimes Vives (minuto 28:55 a 34:38 audiencia
del 29 de octubre de 2019, índice 39 SAMAI de la primera instancia) y José Naín Torres Reyes (minuto
38:40 a 45:01 audiencia del 29 de octubre de 2019, índice 39 SAMAI de la primera instancia, vecinos del
señor Pedro Pablo Martínez, quienes refirieron que este convivía con la señora Dora Alicia Lozano Flórez,
la cual a su vez dependía económicamente de aquel.
33 Con los registros civiles de nacimiento aportados al expediente, se encuentra acreditado que María

Etelvina Martínez es la progenitora del señor Pedro Pablo Martínez, mientras que Pedro Pablo Martínez
Vásquez y Martha Lucila Martínez Lozano eran sus hijos, los cuales eran mayores de edad para el
momento del deceso de aquel (fls. 40, 45, 51 y 57 del PDF “001Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI
de la primera instancia).
34 Yull y Leandro Martínez Chazatar son hijos de Pedro Pablo Martínez, Paula Isabella Chacón Martínez

es hija de Martha Lucila Martínez Lozano y Sebastián, Damián, Dany y Dunkant Andrés son hijos de
Carlos Andrés Martínez Lozano (fls. 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63 del PDF “001Contrato 104 DE
2020”, índice 39 SAMAI de la primera instancia).
35 Fls. 78 a 81 del PDF “001Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI de la primera instancia.

19

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

cual se acredita que para el momento de su deceso el señor Pedro Pablo Martínez
laboraba para la empresa “Transportes Al Mundo” y recibía una salario mensual
$1.270.000, el tribunal de primera instancia calculó el lucro cesante tomando como base
dicho ingreso, al que le agregó el 25% por las prestaciones sociales que debía percibir
para luego sustraerle el 25% de los ingresos que se presume el difunto percibía para
sus gastos personales; sin embargo, el cálculo lo realizó tomando el 21 de julio de 1979
como fecha de nacimiento del fallecido cuando en realidad nació el 11 de julio de
196036.

3) Pese al yerro del tribunal, se observa que este último reconoció la suma de quinientos
sesenta y nueve millones cuatrocientos tres mil setenta y cinco pesos ($569.403.075)
en favor de la señora Dora Alicia Lozano Flórez, que actualizados corresponden al valor
de seiscientos seis millones quinientos sesenta y ocho mil ochocientos noventa y seis
pesos37 ($606.568.896); este monto de dinero es inferior al valor que debería
reconocerse a la demandante38 de realizar de nuevo la operación conforme los términos

36 La confusión del tribunal se puede explicar en el hecho de que tomó la fecha de nacimiento de uno de

los hijos de la persona fallecida, quien comparte el mismo nombre que su progenitor; en efecto, el señor
Pedro Pablo Martínez Vásquez (hijo) nació el 21 de julio de 1979 (fl. 45 del PDF “001Contrato 104 DE
2020”, índice 39 SAMAI de la primera instancia), mientras que su progenitor nació el 11 de julio de 1960
(fl. 40 del PDF “001Contrato 104 DE 2020”, índice 39 SAMAI de la primera instancia). De igual manera
se toma la expectativa de vida del fallecido (28.1 meses), pues, la señora Dora Alicia Lozano Flórez
contaba con 52 años en el momento del deceso de su compañero (fl. 221 del PDF” 002Contrato 104 DE
2020”, índice 39 SAMAI de la primera instancia) y, de conformidad con la Resolución número 1552 de
2010 de la Superfinanciera tenía una expectativa de vida de 34.3 años.
37 Para la actualización se toma el IPC de abril de 2025 (149,66), último publicado, junto con el IPC de

febrero de 2024 (140.49), el cual corresponde al IPC vigente para el momento en que se dictó el fallo de
primera instancia.
38
Arrojaría la suma de $649.662.843, para llegar a este último valor se realiza la siguiente operación:
a) Se toma el ingreso base de liquidación, esto es, $1.190.625 y se actualiza conforme la siguiente
fórmula:

Ra = Rh ($1.190.625) * índice final – abril /2025 (149.66) = $2.146.855
Índice inicial – enero/2015 (83,00)

Donde Ra es la renta actualizada a obtener, Rh es la renta histórica, el índice final es el índice de precios
al consumidor final, esto es, el de abril de 2025, mientras que el índice inicial corresponde al índice de
precios al consumidor vigente para el mes de enero de 2015.
b) Se debe tener en cuenta que el señor Pedro Pablo Martínez nació el 11 de julio de 1960, de modo que
para el momento de su deceso contaba con 54 años y tenía una expectativa de vida de 28.1 años o
337,2 meses de conformidad con la Resolución 1550 de 2010 de la Superintendencia Financiera de
Colombia, vigente para la época de los hechos. De los 337,2 meses se reconocerían como lucro cesante
consolidado 124,3 meses, mientras que el periodo de lucro cesante futuro sería de 212,9 meses.
c) Teniendo en cuenta lo anterior, el lucro cesante consolidado correspondería a la siguiente fórmula:

S = Ra (1+i)n – 1 = S = $2.146.855 (1+0.004867)124,3 - 1 = S = $365.458.776
i 0.004867
d) Mientras que el lucro cesante futuro sería el siguiente:

S = Ra x (1+ 0.004867)n – 1____ = $2.146.855 x (1+ 0.004867)212,9 1 = $ 284.204.067
0.004867 (1+0.004867) 0.004867 (1+0.004867)

20

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

de ley, no obstante, para no desmejorar al apelante único -Nación – Ministerio de
Defensa - Policía Nacional-, aquel se reconocerá en favor de la actora.

4) Sobre esto último, es especialmente relevante anotar que la actualización del dinero
no es desmejora del apelante único sino simplemente es el reconocimiento de la
disminución del poder adquisitivo del dinero por el paso del tiempo.

4. Conclusión

Se confirma la decisión que declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual de
la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por el título de riesgo excepcional
y se modifica la indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante
reconocida en favor de la señora Dora Alicia Lozano Flórez.

5. Condena en costas

1) Según lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, salvo en los procesos
en que se ventile un interés público se condenará en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil. En esta línea el
artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en costas “a
la parte vencida en el proceso (…)”.

2) En el presente asunto, en atención a que no prosperó el recurso de apelación de la
parte demandada, quien solicitó la revocatoria de la sentencia, la Sala condenará en
costas a la parte vencida, las cuales deben ser tasadas por el tribunal de primera
instancia de manera concentrada.

3) Sobre este punto, en la apelación la Policía Nacional manifestó que se oponía a la
prosperidad de la condena en costas, incluidas las agencias en derecho porque no
actuó de mala fe; sin embargo, no procede la revocatoria de la condena en costas

Sumados tanto el lucro cesante consolidado como futuro se tiene el valor de $649.662.843, el cual resulta
superior a la indemnización reconocida por el a quo.
38 Donde Ra es la renta actualizada a obtener, Rh es la renta histórica, el índice final es el índice de

precios al consumidor final, esto es, el de marzo de 2025, mientras que el índice inicial corresponde al
índice de precios al consumidor vigente para el mes de enero de 2015.
38 Donde S es la suma por obtener, Ra es la renta actualizada, es decir $1.421.864, i es la tasa mensual

de interés puro, esto es 0.004867, n es el número de meses transcurridos desde el momento del deceso
-22 de enero de 2015- hasta el 30 de mayo de 2025, fecha de la sentencia de segunda instancia, esto
es, 124,96 meses; 1 es una constante.

21

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

impuesta en primera instancia, pues, esta obedece a criterios meramente objetivos
según la adecuada aplicación de lo previsto en el artículo 365 del Código General del
Proceso, consistente en el hecho de haber sido vencida la parte en el proceso.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

1º) Modifícase la sentencia del 29 de febrero de 2024 dictada por la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual queda así:

“PRIMERO: Declárase patrimonial y extracontractualmente responsable a la
Nación - Ministerio de Defensa- Policía Nacional, por los perjuicios causados
a los demandantes como consecuencia de la muerte del señor Pedro Pablo
Martínez, en hechos ocurridos el 22 de enero de 2015 en el Municipio de
Candelaria -Valle del Cauca-, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: En consecuencia, condénese a la Nación - Ministerio de
Defensa - Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en
la modalidad de lucro cesante (consolidado y futuro), a favor de la señora
Dora Alicia Lozano Flórez la suma de seiscientos seis millones quinientos
sesenta y ocho mil ochocientos noventa y seis pesos ($606.568.896).

TERCERO: Condénese a la Nación - Ministerio de Defensa – Policía
Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales a favor de los siguientes
demandantes, los montos que se relacionan a continuación:

Demandante Calidad Perjuicios morales
DORA ALICIA LOZANO Compañera Perjuicios morales:
FLÓREZ Permanente 100 SMLMV

MARÍA ETELBINA MARTÍNEZ Madre de la Perjuicios morales:
víctima directa 100 SMLMV
MARTHA LUCILA MARTÍNEZ Hija de la Perjuicios morales:
LOZANO víctima directa 100 SMLMV
CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ Hijo de la Perjuicios morales:
LOZANO víctima directa 100 SMLMV
PEDRO PABLO MARTÍNEZ Hijo de la Perjuicios morales:
VÁSQUEZ víctima directa 100 SMLMV
YULL BREINER MARTÍNEZ Nieto de la Perjuicios morales:
CHAZATAR víctima directa 50 SMLMV
LEANDRO MARTÍNEZ Nieta de la Perjuicios morales:
CHAZATAR víctima directa 50 SMLMV
PAULA ISABELLA CHACÓN Nieto de la Perjuicios morales:
MARTÍNEZ víctima directa 50 SMLMV
SEBASTIÁN MARTÍNEZ Nieto de la Perjuicios morales:
OSPINA víctima directa 50 SMLMV

22

Expediente 76001-23-33-001-2016-00710-01(71.643)
Actor: Dora Alicia Lozano Flórez y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

DAMIÁN MARTÍNEZ OSPINA Nieto de la Perjuicios morales:
víctima directa 50 SMLMV
DANY ALEJANDRO Nieto de la Perjuicios morales:
MARTÍNEZ MADROÑERO víctima directa 50 SMLMV
DUNKANT ANDRÉS Nieto de la Perjuicios morales:
MARTÍNEZ MADROÑERO víctima directa 50 SMLMV

CUARTO: Niegánse las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Ordénese dar cumplimiento a la sentencia con observancia de lo
dispuesto en el artículo 192 del CPACA.

SEXTO: Condénese en costas de primera instancia a la parte vencida
conforme a lo dispuesto en la parte motiva.

SÉPTIMO: Ejecutoriada esta sentencia, se entregará copia íntegra al
demandado para su ejecución y cumplimiento, de conformidad con el artículo
203 del CPACA inciso final.

3º) Condénese en costas en esta instancia procesal a la parte demandada, las mismas
deben ser tasadas de manera concentrada por el tribunal de primera instancia.

4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal
de origen, previas las correspondientes constancias secretariales.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con aclaración de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.