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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-001-2017-00833-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-001-2017-00833-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 29 de febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. SEGUNDO. NO CONDENAR en costas de segunda instancia. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-001-2017-00833-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Magistrado ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001-23-33-001-2017-00833-01 (4943-2024)
Demandante: Isabelina Buenaventura
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

Tema: Pensión docente post mortem. Sustitución pensional. Pensión
de sobrevivientes.

Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la litisconsorte necesaria de
la parte demandada contra la sentencia de primera instancia del 29 de febrero de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La señora Isabelina Buenaventura, por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda1 en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el municipio
de Santiago de Cali2, con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones
4143.0.21.6961 del 19 de octubre de 2015 y 4143.0.21.2037 del 11 de marzo de
2016, mediante las cuales se negó el reconocimiento de una pensión post mortem
a su favor.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare que tiene
derecho sobre una pensión de sobreviviente en calidad de madre del señor Nelson
Palomeque Buenaventura (causante), condenar a la parte demandada al pago de
la mencionada prestación, su respectivo retroactivo e intereses moratorios.

3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, manifestó que el 16 de
noviembre de 2014, falleció el señor Nelson Palomeque Buenaventura, quien para
esa época se desempeñaba como docente municipal en la Institución Educativa
Marice Sinisterra de Cali.

1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2 Solo hasta la expedición de la Ley 1933 de 2018, se categorizó a Santiago de Cali como distrito

especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios.

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Demandante: Isabelina Buenaventura

4. El 16 de febrero de 2015, la señora Buenaventura se presentó a reclamar
el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, en calidad de madre del señor
Palomeque Buenaventura.

5. Que mediante Resolución 4143.0.21.6961 del 19 de octubre de 2015, el
FOMAG negó la solicitud mencionada, bajo el argumento que el causante no dejó
beneficiarios al no cumplir con el requisito de edad antes de su muerte, en los
términos del artículo 7 de Decreto 224 de 1972. Contra esta decisión, se presentó
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.

6. A través de Resolución 4143.0.21.2037 del 11 de marzo de 2016, la entidad
nuevamente negó la solicitud, al considerar que sobre aquella prestación existieron
2 reclamantes: la madre del causante y una compañera permanente del mismo.

7. Como fundamento de la vulneración3, tras hacer algunas consideraciones
generales sobre la pensión de sobrevivientes de docentes y el régimen de
beneficiarios de dicha prestación, alegó que convivió con su hijo, el señor Nelson
Palomeque Buenaventura, en una sola vivienda durante más de 8 años, tras el
abandono de su compañera permanente, la señora Mireya Marleny Ordóñez.

8. Adujo que es una mujer de 78 años de edad, sin los medios o recursos para
vivir dignamente y que dependía económicamente de su hijo. Por lo tanto, ostenta
la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes.

Contestación de la demanda4

9. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG indicó que el
régimen aplicable al señor Palomeque Buenaventura era el de los Decretos 1848
de 1969 y 1160 de 1989, pues al haber sido docente nacionalizado y estar afiliado
al fondo, estaba exceptuado de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

10. Sostuvo que no podía invocarse el principio de favorabilidad, pues ello
implicaría desconocer las normas que rigen el caso particular y, en ese sentido,
alegó que la señora Buenaventura, en calidad de madre del causante, no cumplía
con los requisitos para ser beneficiaria de la prestación pensional reclamada.

11. Invocó como excepciones las de (i) falta de legitimación por pasiva, porque
los actos administrativos enjuiciados contienen una manifestación de voluntad
atribuible a la Secretaría de Educación de Cali, entidad que, en caso de prosperar
las pretensiones, estaría llamada a responder por ellas; (ii) «indebida presentación

3 Como normas violadas se invocaron los artículos 1, 48 y 53 de la Constitución Política; 84, 85, 132

a 139, 206 y siguiente del Decreto 1 de 1984 (CCA); 47 y 141 de la Ley 100 de 1993; y 12 de la Ley
797 de 2003; así como la Ley 54 de 1990.
4 Mediante auto de 28 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió

la demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG. Posteriormente, a través
de auto de 16 de junio de 2021, se vinculó en calidad de litisconsorte necesario de la parte
demandada a la señora Mireya Marleny Ordóñez.

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Demandante: Isabelina Buenaventura

de la demanda», en tanto la competencia para reconocer la pensión no corresponde
a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG sino al respectivo ente
territorial; y (iii) prescripción.

12. La señora Mireya Marleny Ordóñez, a través de curador ad litem, solicitó
que se nieguen las pretensiones de la demanda y de acuerdo a las pruebas logre
determinarse quien tiene derecho sobre la pensión.

Sentencia apelada

13. Mediante sentencia de 29 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.

14. Concluyó que si bien, en principio, era procedente el reconocimiento de la
pensión post mortem prevista en el artículo 7 del Decreto 224 de 1972, dado que el
causante laboró por más de 18 años como docente estatal, lo cierto era que dicha
normatividad no contemplaba esa posibilidad respecto de los padres de fallecido,
pues se limitaba a la cónyuge e hijos menores.

15. Señaló que incluso si se aplicara por favorabilidad el régimen de
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de que trata el artículo 47 de la Ley
100 de 1993, en el proceso no logró acreditarse la dependencia económica de la
señora Buenaventura respecto del señor Palomeque Buenaventura.

16. Por el contrario, quedó demostrado que el causante tenía una unión marital
de hecho con la señora Ordóñez, fruto de la cual procrearon 2 hijas, ambas mayores
de edad para la época de la sentencia de primera instancia. A partir de lo anterior,
el tribunal determinó que era posible inferir que la dependencia económica era
predicable de estas últimas y no de la demandante.

17. Agregó que como quiera que los actos enjuiciados fueron aquellos que
negaron la pensión a la señora Buenaventura, no se haría pronunciamiento alguno
sobre el eventual reconocimiento pensional de la señora Ordóñez y sus hijas.

18. Finalmente, condenó en costas a la parte demandante y fijó las agencias en
derecho en 1 salario mínimo legal mensual vigente.

Recurso de apelación

19. La señora Mireya Marleny Ordóñez, a través de curador ad litem, manifestó
que de lo probado en el proceso, ella era la beneficiaria de la sustitución pensional
reclamada por la madre del causante. En tal sentido, solicitó que el juez de segunda
instancia se pronunciara sobre el particular, esto es, concediendo la pensión a su
favor.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

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Radicación: 76001-23-33-001-2017-00833-01 (4943-2024)
Demandante: Isabelina Buenaventura

20. Mediante auto de 1 de noviembre de 2024, se admitió el recurso de
apelación. Las partes guardaron silencio en esta etapa.

21. El Ministerio Público solicitó que se confirmara la decisión de primer grado.
Manifestó que el recurso de alzada era infundado, en tanto en este proceso no se
ventilaron los derechos de la señora Ordóñez, sino los de la señora Buenaventura.
En ese sentido, cualquier cuestionamiento a la legalidad o inconstitucionalidad del
acto particular que resolvió la situación jurídica de la apelante, debía haberse
planeado a través de los mecanismos judiciales idóneos, en este caso, el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues ello garantiza, entre otros,
el derecho al debido proceso de las partes, entre ellas, la Administración.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

22. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.

Problema jurídico

23. Corresponde a la Sala determinar si es o no procedente estudiar la situación
jurídica de la señora Mireya Marleny Ordóñez respecto de la pensión reclamada por
la señora Isabelina Buenaventura con ocasión de la muerte del señor Nelson
Palomeque Buenaventura.

Análisis del problema jurídico

24. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 29 de febrero de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, tras advertir que
los planteamientos formulados por el curador ad litem de la litisconsorte necesaria
desbordan el objeto de análisis delimitado en el proceso.

25. De acuerdo con la demanda, la controversia se contrajo al estudio de
legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la Administración negó el
reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes a favor de la señora
Isabelina Buenaventura, quien invocó su calidad de madre para ser tenida como
beneficiaria de la pensión causada por la muerte del señor Nelson Palomeque
Buenaventura, quien en vida se desempeñó como docente oficial afiliado al FOMAG
y completó más de 18 años de servicio.

26. No le corresponde al juez de lo contencioso administrativo pronunciarse
sobre la legalidad de actos administrativos distintos de los sometidos a su control,

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Demandante: Isabelina Buenaventura

ni de aquellos que definieron la situación jurídica de una persona diferente a la
demandante.

27. Un análisis de esa naturaleza no solo excede el marco material de
competencia del juez para el caso concreto, desbordando así los límites propios del
litigio que fue fijado en la audiencia inicial, sino también podría llevar, en esta etapa
del proceso, a la vulneración de las garantías del debido proceso de la autoridad
demandada.

28. Dicho de otro modo, admitir el examen sobre actos administrativos
diferentes de aquellos enjuiciados o de una situación jurídica ajena a los mismos
supondría alterar la fijación del litigio y desconocer el marco dentro del cual las
partes ejercieron sus derechos de contradicción y defensa.

29. De igual manera, debe tenerse en cuenta que la señora Mireya Marleny
Ordóñez fue vinculada al presente asunto en calidad de litisconsorte necesaria.
Dicha condición procesal que le permitía intervenir para exponer los argumentos
que estimara pertinentes en defensa de sus intereses, ya fuera para controvertir o
respaldar la legalidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes solicitada por la señora Buenaventura, pero
no para cuestionar la legalidad de aquellos que resolvieron su propia situación
jurídica.

30. Aunado a lo anterior, debe recordarse que una decisión en el sentido que lo
reclama la apelante conllevaría a vulnerar el principio de congruencia en los
términos del artículo 281 del Código General del Proceso5, así como el de justicia
rogado propio de esta jurisdicción.

31. En todo caso, la señora Ordóñez conserva la posibilidad de acudir a los
mecanismos judiciales pertinentes para controvertir los actos que definieron su
situación jurídica.

32. En consecuencia, como el recurso no cuestionó los fundamentos jurídicos
de la sentencia apelada, sino que pretendió obtener un pronunciamiento sobre una
situación jurídica distinta a la planteada en la fijación del litigio6, se confirmará la
decisión de primer grado.

Condena en costas en segunda instancia

33. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,

5 «La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la

demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. […]»
6 En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia 12 de junio

de 2025, Rad. 76001-23-33-000-2020-01417-01 (0528-2025).

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de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

34. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos.

35. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia impondrá condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se
regirán conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida
en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

36. En consecuencia, comoquiera que el recurso de apelación fue presentado
por el curador ad litem de la litisconsorte necesaria, la Sala se abstendrá de
condenar en costas a las partes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 29 de febrero de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO. NO CONDENAR en costas de segunda instancia.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

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Demandante: Isabelina Buenaventura

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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