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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-002-2015-01575-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 76001-23-33-002-2015-01575-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar el ordinal primero de la sentencia apelada. En su lugar se dispone: «Declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebido agotamiento de la vía administrativa. En consecuencia, inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo». 2. En lo demás, confirmar la sentencia de primera instancia. 3. Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia. En consecuencia, ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. 4. Reconocer personería al abogado Héctor Mario Valencia Arbeláez, como apoderado del Municipio de Santiago de Cali, en los términos y para los efectos del poder conferido.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 76001-23-33-002-2015-01575-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01575-01 (30506)
Demandante: Inversiones Rocazul S.A.S.
Demandado: Municipio de Santiago de Cali1
Temas: ICA. Agotamiento de la vía administrativa. Costas procesales.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 31 de mayo de 20212, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, que resolvió:

«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en
la parte considerativa del presente proveído.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en
las consideraciones de la presente sentencia (…)».

ANTECEDENTES

El 20 de mayo de 2014, la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales del
Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Santiago de Cali, expidió el
Emplazamiento Previo por No Declarar núm. 4131.1.12.6-0113, mediante la cual se
emplazó a la demandante para que presentara la declaración del Impuesto de Industria
y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros correspondiente al año gravable
2011 y liquidara la sanción por extemporaneidad prevista en el artículo 246 del Acuerdo
Municipal 0321 de 2011.

El 29 de julio de 2015, la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales del
Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Santiago de Cali, expidió la
Resolución núm. 4131.1.21.38864, mediante la cual se impuso a la demandante la
sanción por no presentar la declaración del impuesto de Industria y Comercio y su
complementario de Avisos y Tableros correspondiente al año gravable 2011, por valor
de $118.026.000. Contra este acto se interpuso recurso de reconsideración.

El 9 de noviembre de 2015, la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales del
Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Santiago de Cali, expidió el

1
Por medio de la Ley 1933 de 2018 se categorizó al municipio de Santiago de Cali como Distrito Especial, Deportivo, Cultural,
Turístico, Empresarial Y De Servicios.
2
Índice 026 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
3
Folios 45 a 47 de los antecedentes administrativos, índice 043 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
4
Folios 52 a 53 de los antecedentes administrativos, índice 043 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 76001-23-33-000-2015-01575-01 (30506)
Demandante: INVERSIONES ROCAZUL S.A.S.

Auto núm. 4131.1.21-62655, mediante el cual se inadmitió el recurso de reconsideración
presentado el 23 de octubre de 2015 contra la Resolución 4131.1.21.3886 del 29 de
julio de 2015, por haber sido interpuesto de manera extemporánea.

El 10 de marzo de 2016, la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales del
Departamento Administrativo de Hacienda del Municipio de Santiago de Cali, expidió la
Resolución núm. 4131.1.21.07376, mediante la cual se determinó Liquidación Oficial de
Aforo del Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros
a cargo de la demandante, correspondiente al año gravable 2011, determinó un
impuesto a cargo por valor de $5.226.000.

DEMANDA

Inversiones Rocazul S.A.S., en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho7, formularon las siguientes pretensiones:

« 5.1. Que es nula la Resolución Sanción por NO Declarar I.C.A. en CALI, AÑO
GRAVABLE 2011, No. 4131.1.21 - 3886 de Julio 29 de 2015, (…).

5.2. Que es nulo el Auto Inadmisorio No. 4131.1.21 - 6265 de Noviembre 9 de 2015, por
medio del cual se inadmite el Recurso de Reconsideración, con radicado No, 2015
41110-110592-2 (…).

5.3. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y, a título de
restablecimiento del derecho;

a) Se declare que la sociedad INVERSIONES ROCAZUL S.A.S., por el año
gravable 2011, vigencia fiscal 2012, NO se encuentra obligada a presentar
declaración del I.C.A., en Cali, por encontrarse en calidad diferente a la del sujeto
pasivo y ausencia del hecho generador que consiste en realizar actividades
mercantiles.

5.4. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones: se condene al Municipio
de Cali, al pago de costas y gastos procesales, incluidas las agencias en derecho.

5.5. Se conmine a la Autoridad Tributaria Municipal y señores servidores públicos
adscritos a la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales de Santiago de Cali, a
cumplir con el artículo 10, Ley 1437, dado que en la práctica hacen caso omiso de la
línea jurisprudencial actual, consistente y uniforme del Consejo de Estado, en relación
con NO gravar con el I.C.A.

5.6. Se conmine a la Autoridad Tributaria Municipal y señores servidores públicos
adscritos a la Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales de Santiago de Cali, a
abstenerse de invocar o soportar al resolver los recursos o proferir liquidaciones de
revisión, sentencias de hace tres (3) lustros y en contradicción con la jurisprudencia
actual del Consejo de Estado».

Invocó como normas vulneradas los artículos 2, 13, 29, 83, y 95 de la Constitución
Política; 137 de la Ley 1437 de 2011; 717 del Código Civil; 6 del Acuerdo 35 de 1958;
Ley 14 de 1983; 21, 92 y 176 del Decreto 0523 de 1999; 2 y 53 del Decreto Especial
0139 de 2012. El concepto de la violación se resume, así:
5
Folio 59 de los antecedentes administrativos, Índice 043 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
6
Folios 55 a 57 de los antecedentes administrativos, índice 043 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
7
Índice 043 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2

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Radicado: 76001-23-33-000-2015-01575-01 (30506)
Demandante: INVERSIONES ROCAZUL S.A.S.

Los actos demandados se fundamentaron en el Acuerdo 0321 del 30 de diciembre de
2011, y no en el Acuerdo 0523 del 30 de junio de 1999, norma que se encontraba
vigente para el año gravable 2011. En efecto, la sanción por no declarar prevista en el
artículo 247 del Acuerdo 0321 de 2011 establece una tarifa del 20%, mientras que la
contemplada en el artículo 72 del Acuerdo 0523 de 1999 corresponde al 5%. En ese
sentido, la aplicación de la primera disposición comporta una violación del principio de
irretroactividad en materia tributaria.

No se configura el hecho generador del Impuesto de Industria y Comercio en el
municipio de Santiago de Cali para el año gravable 2011, en tanto: i) de los medios de
prueba recopilados por la entidad demandada se desprende que los ingresos
reportados en la declaración del Impuesto sobre la Renta corresponden a dividendos,
los cuales, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado8, no se encuentran
gravados; ii) la demandante es una sociedad familiar cuya única actividad es la de ser
accionista de varias sociedades, de las cuales percibe dividendos como accionista,
inversiones que conserva como activos fijos; por lo anterior, la demandante no
desarrolló actividades comerciales, industriales o de servicios en el municipio de
Santiago de Cali; iii) el tributo grava las actividades comerciales, entendidas como un
conjunto de actos vinculados con una finalidad económica de lucro, y no los actos de
comercio aislados, que por sí mismos no constituyen una actividad. En ese sentido, la
entrega de recursos o inversión que posteriormente genera dividendos constituye un
acto y no una actividad de comercio, mediante el cual el inversionista pone a
disposición de la sociedad receptora unos recursos para su aprovechamiento y, como
contraprestación, adquiere la calidad de socio o accionista; sin embargo, sobre la
misma no se desarrolla acción positiva alguna de inversión.

Asimismo, señaló que el valor determinado en los actos demandados conduce a una
doble tributación en materia del Impuesto de Industria y Comercio, en la medida en que
se somete dos veces al mismo gravamen un mismo ingreso, pues la demandante
percibe como dividendos utilidades que previamente fueron registradas contablemente
y gravadas con el ICA en cabeza de la sociedad que las genera.

Finalmente, sostuvo que, atendiendo a la naturaleza y finalidad de la sociedad -
caracterizada por no desarrollar actividades mercantiles y por carecer de colaboradores-,
debía otorgársele un tratamiento diferencial en relación con el término de dos meses
previsto para interponer el recurso de reconsideración, habida cuenta de que en la
dirección donde se notificó la resolución sanción no existen empleados vinculados
mediante contrato de trabajo o de prestación de servicios, lo que dificultaba la
recepción y gestión oportuna de las comunicaciones.

OPOSICIÓN

El municipio de Santiago de Cali se opuso a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente9:

8
Sentencia del 29 de septiembre de 2011, rad. 18287, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, Sección Cuarta.
9
Índice 043 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
3

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Radicado: 76001-23-33-000-2015-01575-01 (30506)
Demandante: INVERSIONES ROCAZUL S.A.S.

El Acuerdo núm. 0321 de 2011 para el momento en que tuvieron cabida los hechos se
encontraba vigente y conforme a derecho, por cuanto las obligaciones correspondientes
al año gravable 2011 nacen en el año 2012. Asimismo, el Decreto extraordinario No.
411.0.20.0139 de 2012 constituye la norma especial que establece el procedimiento
tributario del municipio de Santiago de Cali, por lo que debe aplicarse de forma
preferente frente a la Ley 1437 de 2011.

La demandante sí es sujeto pasivo del Impuesto de Industria y Comercio en el
municipio de Santiago de Cali para el año gravable 2011, en tanto: i) conforme a la
jurisprudencia del Consejo de Estado10, la carga de la prueba corresponde al
contribuyente y no a la administración; ii) de acuerdo con el certificado de existencia y
representación legal, el objeto principal de la demandante es el ejercicio de cualquier
actividad lícita, por lo que se presume que los ingresos obtenidos por dividendos
derivados de participaciones en sociedades son gravables; iii) en la visita inicial
realizada a la demandante el 3 de abril de 2014, se constató que esta contaba con un
portafolio de servicios con Alianza Valores de Bogotá; iv) la demandante no aportó las
pruebas ni los soportes tributarios establecidos en el régimen probatorio, título V,
capítulo I, artículo 110 y siguientes del Decreto extraordinario 411.0.20.0139 de 2012,
para demostrar que no era sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio; v) del
cruce de información con la DIAN respecto de la declaración del Impuesto sobre la
Renta y Complementarios correspondiente al año gravable 2011, se registra un valor
de ingresos brutos por $590.130.000; y vi) la sociedad, pese a las visitas,
requerimientos y notificaciones efectuadas, omitió cumplir su obligación formal de
presentar la declaración privada y pagar el Impuesto de Industria y Comercio y su
complementario de Avisos y Tableros.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, negó
las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante 11, con
fundamento en lo siguiente:

La interposición de los recursos obligatorios en sede administrativa constituye un
presupuesto de procedibilidad para el ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 161
de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso se controvierte la sanción impuesta a la sociedad demandante por
no declarar el Impuesto de Industria y Comercio correspondiente al año gravable 2011,
cuya vigencia fiscal corresponde al año 2012. Para dicha época se encontraba vigente
el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0139 del 28 de febrero de 2012, normativa
aplicable al caso. En efecto, el artículo 89 de dicho decreto establece que el recurso
de reconsideración procede, entre otros eventos, contra las resoluciones que impongan
sanciones relacionadas con los tributos administrados por la Subdirección de
Impuestos y Rentas Municipales. A su vez, el artículo 91 ibídem prevé, entre los
requisitos para su interposición, que el recurso se presente dentro de la oportunidad

10
Sentencia del 7 de marzo de 2016, rad. 20933, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, Sección Cuarta.
11
Índice 026 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
4

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Radicado: 76001-23-33-000-2015-01575-01 (30506)
Demandante: INVERSIONES ROCAZUL S.A.S.

legal; y el artículo 96 ibídem dispone que la inadmisión por extemporaneidad no es
saneable.

Ahora bien, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado12, cuando se trata de
sanciones por no declarar impuestos no resulta aplicable la excepción prevista en el
parágrafo del artículo 720 del Estatuto Tributario Nacional, según la cual el
contribuyente puede prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente
ante la jurisdicción contencioso-administrativa cuando haya atendido en debida forma
el requerimiento especial. Ello se debe a que, en los procesos sancionatorios por no
declarar, no se expide el requerimiento especial al que alude dicha disposición. En
consecuencia, en estos casos es indispensable agotar previamente la vía
administrativa, lo que implica interponer en debida forma el recurso de reconsideración
en los términos del artículo 91 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0139 de 2012.

En el caso concreto, la resolución sanción fue notificada el 14 de agosto de 2015, por
lo que el término de dos meses para interponer el recurso de reconsideración vencía
el 14 de octubre de 2015. No obstante, el recurso fue radicado únicamente el 23 de
octubre de 2015, como consta en el Auto núm. 4131.1.21-6265 del 9 de noviembre de
2015, mediante el cual se inadmitió por extemporáneo.

De otra parte, el Tribunal no acoge el argumento de la parte demandante según el cual
la sociedad actora, por su carácter familiar y por carecer de personal administrativo,
merecía un trato diferencial. Tales circunstancias son ajenas a la función de recaudo
adelantada por la administración municipal y, en todo caso, no constituyen un evento
de caso fortuito o fuerza mayor que pudiera justificar la extemporaneidad del recurso.

En consecuencia, la demandante debió agotar oportunamente el recurso de
reconsideración procedente contra la resolución sanción, requisito indispensable para
acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Al no haberse cumplido dicho
presupuesto de procedibilidad, lo procedente es negar las pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante13 solicitó revocar la sentencia apelada, y en su lugar, acceder a las
pretensiones de la demanda, con sustento en lo siguiente:

El representante legal de la sociedad demandante, quien atiende directamente todos
los asuntos de la empresa, en especial los de carácter jurídico, salió del país el 4 de
agosto de 2015 y regresó el 7 de septiembre del mismo año. Esta circunstancia resulta
relevante para el análisis de la debida notificación del acto administrativo, así como
para la garantía del derecho de acceso a la administración de justicia, en la medida en
que, dada la naturaleza y dimensión de la sociedad, esta no cuenta con una estructura
administrativa que incluya personal de apoyo, como asistentes o secretarias, que
hubieran permitido el conocimiento oportuno de la decisión de la administración.

12
Sentencia del 10 de octubre de 2016, rad. 08001-23-31-000-2011-01252-01(20311), C.P. Jorge Octavio Ramirez Ramirez; y
sentencia del 20 de noviembre de 2020, rad. 50001-23-31-000-2009-00285-01(21033); C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
13
Índice 036 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
5

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Demandante: INVERSIONES ROCAZUL S.A.S.

Asimismo, precisa que el recurso de reconsideración fue interpuesto el 23 de octubre
de 2015 y no el 25 del mismo mes y año, como lo sostuvo el Tribunal.

De otra parte, sostiene que en el caso concreto no es procedente aplicar lo dispuesto
en el Acuerdo núm. 0321 de 2011, pues la vigencia de las normas tributarias debe
determinarse según el año o período en que se presentan los hechos susceptibles de
generar el impuesto y no con base en la vigencia fiscal, asociada a la obligación de
declarar y pagar.

Cuestiona el monto fijado por concepto de costas en primera instancia, al considerar
elevado el valor equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En lo demás, la demandante se limita a reiterar los argumentos de la demanda, sin
controvertir de manera concreta las consideraciones de la sentencia de primera
instancia.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

En auto del 15 de diciembre de 2025, se admitió14 el recurso de apelación y se otorgó
el plazo establecido en los numerales 4 a 6 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011
para que los sujetos procesales se pronunciaran. La demandada reiteró los argumentos
de defensa contenidos en la contestación de la demanda y el ministerio publico guardó
silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos administrativos demandados, por medio de los
cuales el Municipio de Santiago de Cali impuso a la demandante la sanción por no
presentar la declaración del impuesto de Industria y Comercio y su complementario de
Avisos y Tableros correspondiente al año gravable 2011.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
corresponde a la Sala determinar: i) si en el caso concreto la sociedad demandante
cumplió o no con el requisito de procedibilidad consistente en agotar los recursos
obligatorios en sede administrativa; ii) si resulta procedente la aplicación del Acuerdo
núm. 0321 de 2011 para sustentar la actuación administrativa; y iii) si la condena en
costas impuesta en primera instancia resulta ajustada a derecho.

i) Agotamiento de la vía administrativa

El numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 dispone que « cuando se pretenda
la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos
que, de acuerdo con la ley, fueren obligatorios». En ese sentido, corresponde al juez, en su
calidad de director del proceso, verificar que no se acuda a la jurisdicción contencioso-
administrativa sin haber agotado previamente la vía administrativa.

14
Índice 004 de SAMAI.
6

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Así, el estudio de fondo de los cargos de la demanda depende de que se hayan ejercido
los recursos previstos en el procedimiento administrativo respecto de los actos cuyo
control de legalidad se pretende. En efecto, esta Sección15 ha señalado que «el debido
agotamiento de la sede administrativa corresponde a un mandato de orden público que busca
que las autoridades administrativas tengan la oportunidad de revisar sus propias decisiones
para revocarlas, modificarlas o aclararlas, antes de que sean sometidas a control ante la
jurisdicción contencioso-administrativa».

En el caso particular, el artículo 89 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0139 de
2012 -que reproduce lo dispuesto en el artículo 720 del Estatuto Tributario- establece que
contra las resoluciones que imponen sanciones relacionadas con los tributos
administrados por la Subdirección de Impuestos y Rentas del Municipio de Santiago de
Cali procede el recurso de reconsideración, el cual debe interponerse dentro de los dos
meses siguientes a la notificación del acto administrativo correspondiente.

A su turno, el artículo 91 ibidem exige, entre otros requisitos, que el recurso de
reconsideración se interponga dentro del término legal previsto, esto es, dentro de los
dos meses siguientes a la notificación del acto.

De igual forma, el artículo 95 del citado decreto -que replica el contenido del artículo 726
del Estatuto Tributario- prevé que, cuando el recurso no cumpla con los requisitos
exigidos, procederá su inadmisión para que el contribuyente subsane la irregularidad.
No obstante, el artículo 98 ibidem -que reproduce lo señalado en el artículo 728 del Estatuto
Tributario- establece expresamente que la presentación extemporánea del recurso no
es subsanable.

En ese contexto normativo, el recurso de reconsideración constituye el mecanismo
ordinario para controvertir los actos administrativos tributarios en sede administrativa y,
por ende, resulta indispensable para agotar la vía administrativa como requisito previo
para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Ahora bien, en el caso concreto la Sala advierte que la demandante no cuestiona la
legalidad de la notificación de la resolución sanción, ni los términos para interponer el
recurso. Por el contrario, su inconformidad se limita a sostener que el término legal de
dos meses para interponer el recurso de reconsideración debía flexibilizarse debido a
las particularidades de la sociedad, la cual -según afirma- no desarrolla actividades
mercantiles y carece de colaboradores, circunstancia que, a su juicio, habilitaría un
tratamiento diferencial respecto del término de dos meses previsto para interponer
dicho recurso.

Sin embargo, para la Sala este argumento no tiene vocación de prosperidad. En efecto,
el término para interponer el recurso de reconsideración se encuentra expresamente
fijado por la ley y tiene carácter perentorio, razón por la cual no puede ser ampliado ni
modificado con fundamento en circunstancias particulares del contribuyente que no se
encuentren previstas en el ordenamiento jurídico.

En ese sentido, el Estatuto Municipal no contempla la naturaleza jurídica de la sociedad,
su objeto social o su estructura administrativa como criterios que permitan flexibilizar o
15
Sentencia del 12 de junio de 2025, exp 28009, C.P. Wilson Ramos Girón; y sentencias del 15 de julio de 2010 y 15 de octubre
de 2015, exps.,19690 y 16919, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
7

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extender el término legal para interponer el recurso de reconsideración. Por el contrario,
el legislador estableció un término objetivo para todos los contribuyentes, cuyo
vencimiento produce consecuencias jurídicas claras, entre ellas la inadmisión del
recurso cuando este se presenta de manera extemporánea.

De igual manera, es importante señalar que los términos previstos para interponer los
recursos administrativos son de obligatorio cumplimiento, por lo que su inobservancia
no puede ser subsanada con fundamento en circunstancias subjetivas de los
administrados. Admitir lo contrario implicaría desconocer los principios de legalidad y
seguridad jurídica que rigen el procedimiento administrativo tributario.

En consecuencia, la supuesta naturaleza o finalidad de la sociedad demandante no
constituye un supuesto previsto en la ley ni en la jurisprudencia que permita justificar el
incumplimiento del término legal para interponer el recurso de reconsideración. Por
tanto, al haber sido presentado de manera extemporánea, no puede entenderse
agotada la vía administrativa, requisito indispensable para acudir a la jurisdicción
contencioso-administrativa16, por ende, no prospera el cargo de apelación propuesto.

En tales condiciones, se declarará probada de oficio la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda, por no haberse agotado los recursos obligatorios conforme
con lo dispuesto en los artículos 161 de la Ley 1437 de 2011 y 91 del Estatuto Tributario
de Cali, razón por la cual la Sala revocará el ordinal primero de la sentencia apelada
que negó las pretensiones y se inhibirá de realizar un pronunciamiento de fondo sobre
los cargos formulados, en particular, el relativo a la normativa local aplicable.

ii) Condena en costas primera instancia

En relación con el cargo de apelación mediante el cual la parte demandante cuestiona
el monto fijado por concepto de costas en primera instancia, al considerar
desproporcionado el valor equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
Al respecto, no hay lugar a revocar la condena impuesta en primera instancia, pues,
conforme al Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025, las agencias en
derecho pueden fijarse hasta un máximo de seis (6) SMLMV. En este caso, el a quo las
tasó en dos (2) SMLMV, monto que se encuentra dentro del límite permitido y resulta
proporcional. En consecuencia, no prospera el cargo de apelación.

Condena en costas

Recientemente, la sección17 precisó que la condición de parte vencida no se
circunscribe a que se acceda o nieguen las pretensiones, sino que también se configura
cuando se declara probada una excepción que pone fin al proceso y absuelve a la
demandada, aun sin examen de fondo; en tal evento, la parte vencida es la actora. En
consecuencia, para efectos de la condena en costas, lo determinante es que la decisión
resulte adversa a los intereses de una de las partes, con independencia de que se haya
realizado o no un análisis de fondo.

16
Es presupuesto de procedibilidad para el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
interposición de los recursos en sede administrativa, excepto en los casos en los que al administrado no se le otorgó la
oportunidad de interponerlos (art. 161, num. 2° del CPACA)
17
Entre otras ver la sentencia del 19 de marzo de 2026, exp. 29764 C.P. Wilson Ramos Girón
8

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Radicado: 76001-23-33-000-2015-01575-01 (30506)
Demandante: INVERSIONES ROCAZUL S.A.S.

Por ende, conforme con lo previsto en el numeral 1° del artículo 365 del CGP 18,
aplicable por remisión expresa del artículo 188 del CPACA19, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 202520, procede la
condena en costas en segunda instancia contra la parte demandante al haberse
declarado la excepción ineptitud sustantiva de la demanda. Al efecto, se tasan las
agencias en derecho a cargo de cada una de las entidades recurrentes en un (1)
SMMLV al momento de la ejecutoria de la providencia. Por lo tanto, se ordenará al
tribunal que trámite el incidente de liquidación de la condena en costas, conforme a las
reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

FALLA

1. Revocar el ordinal primero de la sentencia apelada. En su lugar se dispone:
«Declarar probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebido
agotamiento de la vía administrativa. En consecuencia, inhibirse de emitir pronunciamiento
de fondo».

2. En lo demás, confirmar la sentencia de primera instancia.

3. Condenar en costas a la parte demandante en esta instancia. En consecuencia,
ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta sentencia.

4. Reconocer personería al abogado Héctor Mario Valencia Arbeláez, como apoderado
del Municipio de Santiago de Cali, en los términos y para los efectos del poder conferido.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase. La presente
providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto parcial

18
«Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que conoce
ordinariamente la Sección Cuarta del Consejo de Estado, solo se impondrá la condena en costas cuando exista una parte vencida
en el proceso, independientemente de cuál sea la conducta de las partes. En este sentido, y conforme a la discrecionalidad que
confiere el ordinal 5.o del artículo 365 del CGP, no se impondrá la condena en costas cuando se declare la nulidad parcial de los
actos administrativos demandados».
19
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
20
“Por el cual se adiciona el artículo 5 del acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 que establece las tarifas de agencias
en derechos”
9

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Radicado: 76001-23-33-000-2015-01575-01 (30506)
Demandante: INVERSIONES ROCAZUL S.A.S.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Aclara voto

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